Reparación del desagüe de Villa Antártida

La investigación judicial por la estafa con la criptomoneda Libra marcha rumbo al olvido. La Cámara Federal confirmó el apartamiento de los querellantes y el único impulso que le queda a la causa es el fiscal Eduardo Taiano, que hasta ahora no ha mostrado interés en avanzar.

El pacto de impunidad entre el gobierno de los hermanos Milei y Comodoro Py sumó un nuevo capítulo, acaso el que más le interesaba a la Casa Rosada. La causa por la estafa cripto va rumbo a terminar cajoneada en los tribunales de Retiro.

En un fallo firmado por los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, al que el Senado le acaba de aprobar el pliego para continuar en ese cargo, quedó firma la exclusión de las querellas que representaban a los damnificados por la estafa. La decisión se tomó antes de la llegada a la Cámara del nuevo integrante, el juez Pablo Yadarola.

Pacto de impunidad: tras la renuncia de Adorni, corren a los querellantes de la causa Libra

La Cámara intervino ante la apelación de los querellantes al fallo del juez Marcelo Martínez De Giorgi, que en julio hizo lugar a un planteo del lobista Mauricio Novelli, amigo de Milei, y apartó a cinco querellas. Esta medida implica que se quedan sin acceso al expediente ni pueden pedir pedir medidas de prueba, con lo cual la investigación queda únicamente con impulso del fiscal.

El camarista Pablo Bertuzzi

En el fallo al que accedió LPO, Llorens y Bertuzzi dicen que está «diluida» la hipótesis de «un plan organizado desde las altas esferas gubernamentales» para llevar a cabo una estafa junto a un grupo de actores del mundo cripto. La realidad es que la pesquisa de Taiano y Martínez De Giorgi nunca avanzó seriamente con esa hipótesis, ni ninguna otra.

El texto de los camaristas parece centrar toda la culpa en los estafados, que dice «decidieron invertir fondos a través de instrumentos cuya volatilidad y riesgo es mayor». «Ninguno de los aquí apelantes ha logrado demostrar, a los fines de su legitimación, el ardid o la afirmación falsa concreta que los hubiera determinado a adquirir el token», sostienen. «Los apelantes solo se han limitado a describir una sucesión de eventos sin identificar la falsedad concreta que los impulsó a efectuar la compra», agregan para despegar a Milei por su tuit en el que promocionó Libra.

Como ya hizo Martínez De Giorgi, Bertuzzi y Llorens parecen establecer los argumentos para que la causa termine en la nulidad. Dicen que el lanzamiento de Libra fue en un contexto «de un negocio de por sí volátil, caracterizado por la ausencia de regulación financiera y una fuerte exposición al riesgo» y que quienes invirtieron sabían eso. Los camaristas dicen que los inversores «asumieron voluntariamente los riesgos inherentes a esa clase de compra» y el dinero que perdieron fue «consecuencia de ese riesgo».

Mariano Llorens

La causa Libra ha estado atravesada por la discusión entre la Casa Rosada, una pelea que se vio más descarnadamente en la investigación judicial contra Manuel Adorni y que quedó atrás cuando el ministro Juan Bautista Mahiques empezó a agilizar el envío de pliegos de jueces y fiscales.

El fallo de primera instancia de Martínez De Giorgi fue la primera señal del pacto de impunidad, concretado luego con una sucesión de fallos favorables para el gobierno como el que firmaron ahora Llorens y Bertuzzi. En el medio, la causa Adorni se ralentizó casi por completo.

Los pliegos de Bertuzzi y Yadarola para la Sala I de la Cámara Federal porteña fueron la garantía que Mahiques le ofreció a Karina Milei para garantizarse la impunidad en la causa Libra, aunque en este caso ni siquiera hizo falta la intervención de Yadarola. Esta sala también debe intervenir en la investigación de la corrupción en Andis.

Una de las pocas causas por corrupción durante el gobierno de Javier Milei que avanza en la justicia tiene como escenario Tandanor, el estátegico astillero estatal. 

La Policía Federal realizó cinco allanamientos por orden del juez federal Sebastián Casanello, cuatro en la Ciudad de Buenos Aires y uno en Mar del Plata. En los procedimientos fueron secuestrados exactamente 367.110 dólares, encontrados entre un domicilio particular y una caja de seguridad ubicada en el microcentro porteño. El principal investigado es Julio Eduardo Gallé, que se desempeñaba como gerente comercial de Tandanor. 

La Justicia intenta determinar si Gallé le exigió dinero al empresario Antonio Alejandro Napoleone, titular de Lucrimar SA, a cambio de condonarle una deuda que su compañía mantenía con el astillero estatal. La deuda rondaba los 200 mil dólares. 

Según la hipótesis que reconstruyen los investigadores, Gallé habría ofrecido hacerla desaparecer a cambio de un pago. La maniobra investigada alcanza al menos los 220 mil dólares. Pero los allanamientos dejaron una pista todavía más comprometedora. Los investigadores encontraron un recibo manuscrito entre los involucrados por 100 mil dólares y 12,7 millones de pesos. También secuestraron cartas documento, extractos bancarios, comprobantes de transferencias, contratos, una notebook, una computadora, una tablet y tres teléfonos celulares. 

La Cámara confirmó la exclusión de los querellantes de Libra y se cae la causa

La causa nació de una auditoría interna realizada en Tandanor luego del recambio de autoridades. Las irregularidades detectadas terminaron en una denuncia de la propia empresa y Casanello delegó en mayo la investigación en la unidad especializada contra la corrupción de la Policía Federal. 

El episodio atraviesa una empresa que LPO viene siguiendo desde el comienzo del gobierno libertario. Ana Laura Hernández había desembarcado en la presidencia de Tandanor durante la gestión de Nicolás Posse. 

Ana Laura Hernández había desembarcado en la presidencia de Tandanor durante la gestión de Nicolás Posse. Su llegada estuvo acompañada por una fuerte reestructuración. Despidió trabajadores, incorporó directores y asesores con salarios elevados. En ese proceso también fue desarticulada la Gerencia de Control de Gestión. 

Su llegada estuvo acompañada por una fuerte reestructuración. Hernández despidió trabajadores, incorporó directores y asesores con salarios elevados y contrató a BDO para realizar una auditoría. En ese proceso también fue desarticulada la Gerencia de Control de Gestión, precisamente el área que concentraba información sensible sobre el funcionamiento de la compañía. 

La decisión generó una crisis interna. Silvia Martínez, presidenta de la Cámara de la Industria Naval Argentina y una de las integrantes del directorio, terminó alejándose de la empresa en medio de diferencias con el rumbo que había tomado la conducción. 

La gestión de Hernández ocurrió además mientras dentro de Tandanor crecían las sospechas de que el gobierno preparaba el terreno para rematar activos de la empresa. El astillero no solamente tiene capacidad industrial estratégica: ocupa más de 30 hectáreas en uno de los terrenos más codiciados de Buenos Aires. 

El interés inmobiliario siempre sobrevoló la discusión. Frente a Tandanor se encuentra el gigantesco desarrollo Solares de Santa María en la ex Ciudad Deportiva de La Boca. La posibilidad de liberar las tierras del astillero multiplicó las sospechas sobre qué había realmente detrás del interés libertario por desprenderse de la compañía. 

Hernández finalmente dejó el cargo y en su lugar desembarcó Mauricio González Botto, otro hombre directamente vinculado a Posse. Antes de llegar a Tandanor, González Botto había tenido bajo su órbita el universo de las empresas públicas y participado del diseño inicial de las privatizaciones del gobierno. 

Ahora, mientras el gobierno vuelve a mover las fichas alrededor del futuro del astillero, la Justicia reconstruye qué ocurrió puertas adentro durante aquella etapa. Los 367 mil dólares, el recibo escrito a mano y los movimientos bancarios secuestrados dejaron de ser una auditoría administrativa para convertirse en una causa federal por cohecho.