La crisis en la industria empieza a tornarse dramática y se cobró a uno de los jugadores locales más importantes: la histórica fábrica de neumáticos Fate anunció que cerrará de manera definitiva después de 80 años y dejará en la calle a 920 trabajadores.
La noticia sorprendió esta madrugada a los trabajadores que llegaron a la planta de San Fernando y se encontraron con un frío comunicado anunciando el cese de actividad por «los cambios en las condiciones de mercado».
«Tras haber realizado los mayores esfuerzos posibles para evitarlo, nos vemos obligados a extinguir todos los contratos de trabajo», sostiene la nota. «Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro de un plazo legal», agrega. La empresa buscó anticiparse a la reforma laboral y concretar los despidos con la actual ley que tiene un cálculo mayor de las indemnizaciones, en un intento por no agravar aún más el conflicto.
Los cambios mencionados por la empresa conducida por Javier Madanes Quintanilla tienen que ver con la apertura descontrolada de las importaciones y el masivo ingreso de neumáticos chinos, que rompieron un récord de ingreso en 2025 y desplomaron las ventas de Fate. «Es imposible competir con China», dicen en la empresa.
La decisión tiene que ver con la apertura descontrolada de las importaciones y el masivo ingreso de neumáticos chinos, que rompieron un récord de ingreso en 2025 y desplomaron las ventas de Fate. «Es imposible competir con China», dicen en la empresa
De acuerdo a los datos del mercado, actualmente entre el 85 y el 90 por ciento de los neumáticos en Argentina son importados. Fate estaba trabajando al 30 por ciento de su capacidad, en línea con el sector del caucho que según el Indec estaba al 33,4 por ciento en diciembre.
El caso de Fate también es una señal de alerta sobre los otros jugadores grandes del sector neumático: Pirelli y Bridgestone. La primera ya redujo considerablemente su planta de Merlo el año pasado con despidos y retiros voluntarios; mientras que la segunda aplicó una mayor tanda de despidos en 2024 cuando pidió el procedimiento preventivo de crisis.
Actualmente Fate tenía 920 trabajadores en su planta de San Fernando, un número que también revela la disminución que venía sufriendo la fábrica que llegó a tener alrededor de 1600 empleados. Los trabajadores afirma que a los 920 despedidos hay que sumar a los tercerizados de limpieza y comedores, que lleva el número final a más de mil.
La situación este miércoles por la mañana en Fate era de extrema tensión cuando los trabajadores quisieron ingresar a la planta, liderados por el secretario general de Sutna, Alejandro Crespo, que fue retenido unos minutos por la Policía. Un pequeño grupo accedió a la fábrica y mantenía una permanencia en los techos y denunciaba la «militarización» de la planta por parte de la Policía Bonaerense.
Alejandro Crespo
Fate mantuvo en 2022 un larguísimo conflicto salarial con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático de la Argentina (Sutna) liderado por Crespo y, más allá de que la tensión era habitual, actualmente no había ningún conflicto concreto con el gremio. La decisión del cierre es únicamente por cuestiones de mercado.
Una versión que circula por estas horas es que Madanes Quintanilla apostaría a una reconversión productiva y a un nuevo rubro en la mega planta de Virreyes que tiene un terreno de 40 hectáreas y 157 mil metros cuadrados cubiertos. La familia Madanes Quintanilla es también dueña de Aluar, el principal productor de aluminio de la Argentina.
La paralización de la modernización del Tanque Argentino Mediano y la compra de vehículos Stryker usados a Estados Unidos no es un hecho aislado: es una definición política que resigna industria nacional, transferencia tecnológica y autonomía estratégica en nombre del alineamiento automático con Washington.
Por la Redacción de NLI
La política de Defensa del gobierno de Milei volvió a encender alarmas. Mientras se congela el desarrollo y la actualización del histórico Tanque Argentino Mediano (TAM), se avanza en la adquisición de blindados Stryker usados provenientes del Ejército de Estados Unidos. La ecuación es simple y preocupante: menos industria nacional, menos trabajo argentino y más dependencia externa.
El TAM no es un simple vehículo militar, señala el periodista Walter Onorato. Es uno de los desarrollos más emblemáticos de la industria de defensa argentina, fruto de un esquema mixto que combinó ingeniería local con aportes tecnológicos extranjeros, permitiendo durante décadas sostener capacidades propias de producción, mantenimiento y modernización. La actualización del sistema no sólo implicaba mejorar la flota, sino preservar conocimiento acumulado y una cadena industrial estratégica.
Sin embargo, bajo la actual gestión, ese proceso quedó virtualmente paralizado. Las restricciones presupuestarias y administrativas impactaron de lleno en la operatividad: incluso la compra de insumos básicos para mantenimiento se vio afectada, dejando unidades fuera de servicio. No fue la obsolescencia lo que frenó al TAM, sino decisiones políticas concretas.
En paralelo, el entonces ministro de Defensa Luis Petri firmó una carta de intención para adquirir vehículos Stryker a Estados Unidos. El anuncio, realizado en el Pentágono, dejó en evidencia que la operación excede lo técnico y se inscribe en un alineamiento geopolítico explícito.
Los Stryker son vehículos diseñados para transporte de tropas y operaciones de movilidad táctica. No reemplazan al TAM, no cumplen la misma función y, además, llegan usados, con menor vida útil y mayores costos de mantenimiento. Según trascendió, la operación implicó alrededor de 100 millones de dólares por 27 unidades, una cifra significativa si se considera que se trata de material ya utilizado en conflictos como Irak y Afganistán.
El contraste con otras alternativas regionales resulta elocuente. El blindado Guaraní, desarrollado en Brasil, ofrecía unidades nuevas, posibilidad de transferencia tecnológica y participación de componentes argentinos en su fabricación. Además de resultar más conveniente desde el punto de vista industrial, fortalecía la integración regional. Aun así, fue descartado.
Como señala Walter Onorato en EnOrsai, la decisión de abandonar la modernización del TAM y optar por Stryker usados implica resignar una cadena industrial propia y profundizar la dependencia externa, incluso pagando más por menos. No se trata solamente de una compra militar: es un modelo de país.
La llegada de las primeras unidades fue presentada como un avance en la modernización del Ejército. Sin embargo, los límites son claros: no son anfibios —una característica clave en un país atravesado por ríos—, no generan producción local y no transfieren tecnología. La supuesta modernización no impacta en la industria argentina ni fortalece capacidades estratégicas propias.
La paradoja es evidente. Mientras se justifica el ajuste con el argumento de la austeridad, se desmantela un proyecto nacional y se desembolsan millones de dólares en equipamiento usado importado. El recorte cae sobre la producción argentina; la billetera se abre para compras externas alineadas con la agenda de Washington.
Este episodio se inscribe en un marco más amplio que incluye la compra de aviones F-16 y el acercamiento a la OTAN. La defensa deja de pensarse como política de Estado con perspectiva soberana y pasa a funcionar como señal ideológica de alineamiento automático.
La pregunta de fondo es inevitable: ¿qué autonomía estratégica puede sostener un país que abandona sus propios desarrollos para depender de material usado importado?
Lo que está en juego no es solamente un sistema de armas. Es el modelo de desarrollo. Y en ese terreno, el gobierno de Milei vuelve a elegir dependencia antes que soberanía.
En el gobierno agitan el fantasma de Sergio Massa para justificar el papelón de la renuncia de Marco Lavagna al Indec pero también le reprochan a Luis Caputo falta de muñeca para contener el escándalo.
En la Rosada apuntan al líder del Frente Renovador como el impulsor de una operación para dañar al gobierno por medio de su ex economista de cabecera. Lavagna fue parte del espacio de Massa durante años y ahora en la Rosada creen que nunca cortó esos vínculos. Sin embargo, en el entorno de Massa afirman que cuando el Frente Renovador cuestionó públicamente las toqueteadas mediciones de actividad para que no dieran recesión, el diálogo entre ambos se cortó de manera definitiva.
Fuentes del oficialismo confirmaron a LPO que hace más de dos meses que Milei venía discutiendo con Lavagna sobre cual era el momento más oportuno para lanzar el nuevo índice de inflación. Lavagna y Milei se conocen hace años, de antes que el ahora Presidente se dedicara a la política.
«Javier le dijo a Marco que no era momento de lanzar el nuevo índice, que había que esperar que se terminara de concretar el reacomodamiento tarifario», confirmó a LPO un dirigente libertario al tanto de lo ocurrido. En efecto, como en los próximos meses habrá fuertes subas de la luz y el gas por encima de la inflación, un nuevo índice que le otorgue más peso a ese rubro -acorde a la realidad que vive la gente-, necesariamente iba a empujar bastante hacia arriba el IPC, algo muy dañino para el relato libertario.
Toto se equivocó en dejar esto suelto, no estuvo encima del tema.
Lavagna no hizo caso y anunció que a partir de febrero se daría a conocer la inflación con el nuevo método. En rigor la discusión no es nueva. Ya durante la gestión de Massa el nuevo índice estaba elaborado. «Como en las mediciones de prueba siempre daba más alto, decidimos que mejor no implementarlo», recuerda un ex funcionario.
Como sea, el fantasma de Massa convive en la Casa Rosada con un dato más concreto: Caputo falló en no evitar que la situación con Lavagna se desbordara y ahora el gobierno paga un costo altísimo por destruir la credibilidad de las estadísticas oficiales y alimenta las sospechas que la baja de la inflación está exagerada. «Toto se equivocó en dejar esto suelto, no estuvo encima del tema», es el reproche que se repite contra el ministro de Economía.
El mercado no tomó bien el manoseo del IPC, clave para calcular la rentabilidad de los bonos que ajustan por CER: subió el riesgo país y se desplomaron los activos argentinos.
Pero ajenos a este problema, en las últimas horas un detalle técnico abonó las teorías conspirativas de los libertarios. En la Casa Rosada afirman que la ponderación nueva de los servicios está mal hecha y da un 50% arriba de lo que debería. Por eso, argumentan, la inflación que quería anunciar Lavagna marcaba por encima del 3 por ciento y ese índice que se trabajó durante años, ahora directamente se descartará. Una mala decisión que se suma a la pésima decisión de impedir a Lavagna difundir el nuevo índice.
Esto es Lavagna puro, esperar el momento justo para irse como un héroe.
Como sea, la teoría de la jugada de Massa y los reproches a Toto Caputo, conviven por estas horas en el oficialismo, con una lectura acaso más sensata: la renuncia de Lavagna fue una jugada de Lavagna para salir por la puerta grande de un cargo en el que ya estaba incómodo.
«Esto es Lavagna puro, esperar el momento justo para irse como un héroe», dijo a LPO un veterano funcionario que recordó que dos décadas atrás, Roberto Lavagna, padre de Marco, le hizo una jugada similar a Néstor Kirchner.
Cuando la inflación se le empezó a complicar, el entonces ministro de Economía se fue del gobierno denunciando la cartelización de la obra pública, que luego se comprobó que era verdad. Casualidad o no, esa jugada de Lavagna padre fue producto de su sintonía con Paolo Rocca, en medio de la pelea por un gasoducto. Esa salida le permitió mantener una buena valoración en la sociedad, que sin embargo nunca pudo traducir en un triunfo electoral.
Marco Lavagna durante la presentación del fallido censo de 2022.
«Marco venía complicado por las evidencias de manipulación de las estadísticas de actividad y pobreza, le habían renunciado técnicos claves de esas áreas y estaba perdiendo prestigio», recordó el funcionario consultado.
Y no sólo eso, Lavagna también arrastraba un episodio opaco durante su gestión albertista en el Indec. Los datos del censo de 2022 estuvieron secuestrados durante meses en medio de una oscura licitación ganada por el grupo Mazer, cercano a Daniel Scioli, que nunca había hecho un censo. En esa operación se lo mencionó al legislado Eugenio Casielles, en ese momento cercano a Lavagna y uno de los fundadores de La Libertad Avanza, que debió abandonar el espacio enfrentado a Karina Milei.
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