La Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Villa Regina pone en marcha una campaña de forestación para plantar 1000 árboles en la ciudad.
Por esta razón se convoca a las juntas vecinales, instituciones, entidades intermedias y vecinos en general a acercarse a la oficina de la Dirección, Fray Luis Beltrán 218, para solicitar estacas de sauce llorón o podos de rosas.
Al respecto, el Director de Ambiente y Desarrollo Sustentable Hugo Curzel manifestó que “los árboles juegan un papel esencial en la conservación del medio ambiente por sus múltiples funciones en el ciclo de la naturaleza”.
Además destacó la importancia de hacer partícipes de esta campaña a los vecinos, a través de las juntas vecinales o distintas instituciones porque, sostuvo, “las acciones individuales y comunitarias contribuyen a lograr una mejor calidad ambiental”.
Europa avanzó con una restricción que en la práctica deja afuera de sus importaciones al biodiesel argentino que se produce en polo agroindustrial de Santa Fe. La decisión de clasificar a la soja como materia prima de «alto riesgo ambiental» implica una exclusión del biocombustible local del sistema europeo de energías renovables y amenaza con recortar exportaciones por unos USD 390 millones anuales.
El impacto encendió alarmas en la provincia donde se concentra el 80% de la producción y el gobernador Maximiliano Pullaro se reunió de urgencia con ministro de Relaciones Exteriores Pablo Quirno para evaluar una estrategia que incluye escalar el conflicto a la Organización Mundial del Comercio.
Es que la Comisión Europea incluyó a la soja dentro de las materias primas con «alto riesgo de cambio indirecto del uso del suelo» (ILUC por sus siglas en inglés), una categoría que aunque suene ambiental termina funcionando como una barrera paraarancelaria. Como consecuencia, el biodiesel elaborado con aceite de soja deja de computar como energía renovable dentro de la UE, lo que lo vuelve inviable para ese mercado.
La Comisión Europea incluyó a la soja dentro de las materias primas con «alto riesgo de cambio indirecto del uso del suelo» (ILUC por sus siglas en inglés), una categoría que aunque suene ambiental termina funcionando como una barrera paraarancelaria
En ese marco, Pullaro llevó el planteo a la Cancillería. En una reunión en Buenos Aires con Pablo Quirno, el gobernador entregó un dossier técnico elaborado por el Ministerio de Desarrollo Productivo que busca respaldar la posición argentina frente a Bruselas.
El documento reúne evidencia científica, productiva y económica y, según explicó el ministro Gustavo Puccini, «refuta la posición de la UE de considerar a la soja un insumo de alto riesgo».
Según detallaron fuentes provinciales, el informe será incorporado a la presentación que la Cancillería realizará la próxima semana en Europa, en un intento por frenar el endurecimiento de las restricciones y evitar el cierre definitivo del mercado para el biodiesel argentino.
El punto es que ese criterio es duramente cuestionado por Argentina. Los argumentos de la provincia de Santa Fe sostienen que el concepto de ILUC no se basa en impactos medibles sino en modelos teóricos con altos niveles de incertidumbre:
«No existe evidencia científica verificable que demuestre una relación causal entre la producción de biodiesel de soja en Argentina y cambios indirectos en el uso del suelo», advierte el informe.
No existe evidencia científica verificable que demuestre una relación causal entre la producción de biodiesel de soja en Argentina y cambios indirectos en el uso del suelo
El documento señala que las sospechas europeas no tienen sustento real porque la superficie sembrada con soja en el país se mantiene estable o incluso en retroceso desde hace más de una década.
En Santa Fe, por ejemplo, los datos muestran que la proporción de bosques se mantuvo prácticamente sin cambios entre 2008 y 2024, lo que refuerza la idea de que no hubo expansión sobre áreas de alto valor ambiental.
Otro de los cuestionamientos apunta a lo que consideran un sesgo metodológico. Mientras la UE penaliza a la soja importada por un supuesto riesgo ambiental, mantiene fuera de esa categoría a cultivos producidos dentro del propio bloque, como la colza y esa discriminación vulnera los principios del comercio internacional.
El mercado europeo es el más importante para la exportación de del biocombustible. Entre 2018 y 2025, el 97% de la venta de biodiesel tuvieron como destino la UE, llegando al 100% el último año y la restricción pone a la industria en la cornisa
El mercado europeo es el más importante para la exportación de del biocombustible. Entre 2018 y 2025, el 97% de la venta de biodiesel tuvieron como destino la UE, llegando al 100% el último año y la restricción pone a la industria en la cornisa.
En Santa Fe se concentra el polo industrial del biodiesel donde se fabrica el 80% de la producción y genera una red de empresas que incluye puertos, aceiteras, plantas químicas y logística. El valor promedio de la producción en los últimos cinco años supera los 1.100 millones de dólares anuales, lo que da dimensión del impacto potencial.
A eso se suma el efecto fiscal y laboral. Solo por la caída del comercio con Europa, la provincia podría perder más de USD 100 millones en recaudación. En paralelo, están en riesgo casi 2.000 puestos de trabajo entre empleos directos, indirectos e inducidos, en un sector que se caracteriza por altos niveles de formalidad y salarios por encima del promedio.
En Santa Fe advierten que el impacto puede ir más allá del biodiésel. La clasificación de la soja como insumo de «alto riesgo ILUC» podría extenderse a toda la cadena de valor y complicar la exportación al mercado europeo de otros productos como aceite, harina y poroto. «No se trata solo de un biocombustible, sino de un complejo exportador estratégico», señaló Pullaro.
En ese contexto, el Gobierno nacional y la provincia comenzaron a coordinar una respuesta diplomática. No es la primera vez que Argentina enfrenta a la Unión Europea por el biodiesel y en 2016 la OMC ya había obligado a reabrir el mercado europeo.
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Con la imposición de Juan Bautista Mahiques en el Ministerio de Justicia, Karina Milei le cerró en la cara a Guillermo Montenegro el acceso al gabinete, algo que -como contó LPO- ya daba por descontado con beneplácito una porción gravitante del poder judicial.
La frustrada incorporación no solo generó desconcierto y malestar en los pasillos de Comodoro Py, también disparó reacciones en el plano político que empiezan a jugar en el particular microclima interno del gobierno municipal de Mar del Plata.
De ser uno de los principales promotores de la alianza con los libertarios dentro del PRO -algo que lo llevó a liderar la boleta de La Libertad Avanza en la Quinta sección-, Montenegro ahora vuelve a mostrarse fuertemente alineado a Mauricio Macri y esta semana dio algunas señales en esa línea.
Un dato que parece menor pero que en la escena política marplatense no pasó de largo fue la orden de Montenegro de cambiarle el nombre a su bloque de concejales, que pasó de «Vamos Juntos» a PRO.
La decisión se notificó en el Concejo Deliberante al día siguiente de la cumbre del PRO bonaerense en la sede de Balcarce en la que participó Mauricio Macri y se planteó una «reconstrucción» del partido amarillo y delinear una estrategia al 27.
La disputa del año que viene ya empieza a generar fricciones. Hay sectores de la interna del PRO marplatense que quieren que el candidato sea el actual intendente interino, Agustín Neme.
Como base para eso, resulta imprescindible que Neme llegue al año electoral al frente del municipio, algo que no tiene garantizado ya que Montenegro no renunció a su cargo de intendente, solo está en uso de licencia a partir de haber asumido en el Senado. Además, todos los concejales del ahora bloque PRO, le responden.
Consumada su frustrada designación en Justicia, circularon versiones que hablaban de un regreso de Montenegro al municipio.
Un dato que parece menor pero que en la escena política marplatense no pasó de largo fue la orden de Montenegro de cambiarle el nombre a su bloque de concejales, que pasó de «Vamos Juntos» a PRO.
Por entonces, ante la consulta de LPO, en el entorno del hoy senador provincial negaron esa posibilidad y se limitaron a señalar que trabajarán por la candidatura bonaerense de Diego Santilli que vaya atada de «una propuesta para Mar del Plata».
Lo que omiten señalar es qué persona encarnará esa propuesta. En un primer momento, había quienes veían a Neme como el candidato natural a bendecir por Montenegro. Pero las cosas cambiaron.
Fuentes que recorren los pasillos del municipio marplatense sostienen que Montenegro ahora «está buscando abrazar al PRO cuando nunca le interesó», al ver que del lado libertario «no es el elegido».
Y si de predilecciones se trata, en La Libertad Avanza se muestra un fuerte respaldo a la gestión de Neme, que sumó a los libertarios al gabinete, algunos en organismos municipales clave, como Obras Sanitarias.
Hay quienes observan que está creciendo un vínculo político entre Neme y los libertarios por fuera de Montenegro.
«Hablamos con los libertarios desde hace dos años pero no nos pusimos el buzo violeta», dijo una fuente cercana al municipio que trazó con esa mención una diferencia con Montenegro que, en campaña hacia las legislativas de septiembre pasado, posó con el buzo violeta con el resto de los candidatos seccionales.
Cerca del interino se apuran a ratificar su pertenencia PRO y, en redes, Neme sostiene un perfil alineado con Montenegro. En la interna leen ese posicionamiento como un movimiento lógico de alguien que puede llegar a salir eyectado del sillón municipal de un día para el otro si Montenegro define volver.
Más allá de quien sea el candidato, en Mar del Plata sostienen que Montenegro no le entregará el municipio a los libertarios y recuerdan los cortocircuitos que, antaño, tuvo con el actual referente de LLA en el distrito, el diputado Alejandro Carrancio, quien, en su etapa de concejal, supo romper con el bloque de Montenegro.
Ahora, en el Concejo también existen tensiones dentro del amplio espectro oficialista. Como contó LPO, los radicales alineados a Maximiliano Abad presentaron un proyecto para presionar al Gobierno a que pase los hoteles de Chapadmalal a la órbita de la Universidad de Mar del Plata.
Ese proyecto fue tildado de «demagogia» por los concejales de Milei y lo definieron como un «ataque al gobierno nacional». «No le encuentro a esta comunicación ningún tipo de oscuridad o conspiración», dijo el radical Ariel Bordaisco. Como fuere, la iniciativa abrió un foco de tensión a la interna oficialista que entró en un proceso de fuerte discusión hacia 2027.
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