El área Mujer y Diversidad de la Municipalidad de Villa Regina informa que 20 personas se ven beneficiadas con la implementación del programa ‘Potenciar trabajo’ que alcanza a mujeres en situación de violencia y del colectivo LGBT.
Para llevar adelante este programa, el Municipio firmó un convenio de cooperación con el área de Políticas de Género y Diversidad Sexual de Nación con la finalidad de llevar adelante proyectos socio-productivos, socio-laborales y/o socio-comunitarios. Esto significa garantizar un ingreso de base generando una salida laboral.
En el último año se triplicó la cantidad de hogares argentinos que no llegan a pagar sus créditos. La morosidad bate récords. El dato importa y genera una preocupación obvia y compartida. Pero mirar solo las deudas impagas es confundir el síntoma con el problema.
Esta es la segunda nota publicada en Anfibia que retoma y profundiza la investigación del libro Una historia de cómo nos endeudamos (Siglo XXI editores) para analizar lo que sucede un poco más allá del ruido de la coyuntura.
El primer texto explicaba por qué no todas las deudas son iguales y por qué es fundamental prestarle atención a cómo se experimentan, toman sentido y son vividas. Para una parte importante de la sociedad, las deudas que cargan no son el precio de algo —no son el escalón hacia ningún lugar. Son simplemente el precio de permanecer en el lugar. Para no caer. Eso es la deuda de sacrificio: una deuda sin aspiración. Una deuda que es el precio de sobrevivir.
Ahora vamos a dar un paso más allá, y cambiar el foco: abandonamos las experiencias y analizamos las estructuras.
Las deudas de sacrificio pasaron de ser amortiguadores transitorios de las crisis a un rasgo estructural de la desigualdad de la sociedad argentina.
La mora es el árbol. Esa transformación social es el bosque.
En nuestro país no hay una serie de largo plazo sobre prácticas financieras de los hogares. Y las encuestas que preguntan si alguien está «endeudado» no alcanzan: para medir la desocupación no se consulta «¿usted está desocupado?». El problema es el mismo: no sabemos qué entiende cada quien por esa palabra y cuántas realidades se ocultan o distorsionan en las respuestas.
La pregunta que importa no es si hay deuda. Es para qué fue tomada: ¿para crecer o para no caer? Le sigue otra pregunta, derivada de la anterior: ¿qué nos dice el cambio de las dinámicas de endeudamiento de las familias sobre la desigualdad social de un país?
La Encuesta Permanente de Hogares brinda información que ayuda a resolver, aunque no del todo, estas preguntas. En Una historia de cómo nos endeudamos (Siglo XXI editores) nos apoyamos en algunos indicadores de la encuesta periódica del INDEC para trazar los rasgos de una transformación social que tiene a las deudas de los hogares como driver principal. Podemos ver la evolución de los que tomaron crédito y, al mismo tiempo, «sacrificaron» ahorros y/o bienes, entre 2003 y 2025. Un proxy de acceso al crédito bajo estrés financiero, no de deuda en general.
La serie completa muestra dos Argentinas, y no se diferencian por el volumen de la deuda sino por la función que cumple y para quién.
Primera etapa (2003-2014). Con la crisis de 2007-2009, estos hogares subieron de 12,9% a 17,2% y, cuando la crisis pasó, casi volvieron a su nivel previo. La deuda amortiguó. Y en esta etapa no hubo un patrón de clase estable: el 20% más rico estuvo tan expuesto como el 20% más pobre.
Segunda crisis (2016-2019). El indicador volvió a subir. Pero esta vez no volvió a bajar. El piso posterior quedó casi 70% por encima del período previo. Ahí arrancó el segundo tiempo de la historia, y es donde la función empezó a cambiar de manos.
Al analizar el indicador en sus dos partes -gastar ahorros y vender pertenencias- aparece el mecanismo exacto de esa transformación.
Vender pertenencias nunca fue parejo. El 20% más pobre se deshizo de sus cosas siempre más que el 20% más rico, desde 2003. Esto no se volvió desigual: siempre lo fue. Lo que cambió después de 2016 fue la magnitud de esa desigualdad, que se agrandó con fuerza. Gastar ahorros sí era parejo, y con signo opuesto: hasta 2016, quien más los gastaba era el rico, no el pobre —los doce años de esa etapa, sin excepción. Después de 2016, se invirtió: pasó a ser predominantemente el pobre.
Dos historias distintas que terminan en el mismo lugar: una que siempre fue desigual y se agrava; otra que cambia de manos por completo.
Al sumar las dos series se ve que hasta 2016, ricos y pobres corrieron parecido en la deuda de sacrificio agregada. Desde entonces, el 20% más pobre se despegó y quedó sistemáticamente arriba del 20% más rico.
La desigualdad no nació en 2016. Ya estaba ahí, escondida en el componente de venta de bienes —que siempre fue más común entre los sectores de menos ingresos. Lo que cambió en 2016 fue que se recurrió a esa forma de capitalizarse más que a gastar ahorros, y pasó a pesar más en el promedio. Por eso el indicador agregado, que antes no distinguía por clase, terminó arrastrado hacia el grupo más expuesto a tomar créditos y vender sus bienes: los sectores de menos ingresos.
En 2024 las deudas de sacrificio tocaron su máximo histórico: más del doble que al comienzo de la serie. Lo excepcional se volvió estructural, y siguió impactando sobre todo en los que menos tienen.
Al mismo tiempo cambió la composición del endeudamiento. El crédito bancario formal fue la fuente que más creció en 22 años en general, y en los sectores de menos ingresos en particular. Y desde la salida de la pandemia, no paró de aumentar. Los préstamos entre familiares cayeron hasta 2023, pero repuntaron en los últimos dos años. Las dos fuentes aún conviven no se reemplazaron.
Lo que sí revela un desfasaje de clase es el ritmo de bancarización. A nivel país, el peso del préstamo bancario alcanzó y superó al préstamo familiar alrededor de 2011: ambas fuentes se cruzaron en torno al 15,6% cada una. En el 20% más pobre eso nunca llega a pasar: el préstamo familiar siguió siendo, en 2025, la fuente más importante de las dos (32,9% contra 20,9% del crédito bancario). Lo que sí ocurrió es una convergencia: la brecha entre ambas fuentes, que era de 43 puntos en 2003, se achicó a 12 puntos en 2025 —y esa convergencia se aceleró justo en la ventana en que la deuda de sacrificiose volvía estructural y desigual. Los hogares de menores ingresos se acercaron al patrón de bancarización que el resto de la sociedad ya tenía hace más de una década, sin terminar de alcanzarlo.
La mora aparece justo ahí. No es coincidencia, aunque tampoco alcanza con mirar cuánto creció el crédito: hay que preguntar a quién llegó, y cuándo.
Dos desigualdades viejas se confirman: inquilinos y hogares con menores de edad ya estaban más expuestos antes de 2016, y ahora lo están más. Pero aparece un tercer y nuevo factor de desigualdad: la precariedad labora. La inestabilidad del trabajo se suma a la lista de lo que empuja a los hogares hacia ladeuda de sacrificio.
Por eso la morosidad récord de 2025-2026 no aparece sobre una sociedad que se quebró de repente. Aparece sobre una sociedad donde la deuda venía cambiando de función, y de manos, desde hacía casi una década.
Si el problema es la mora, discutimos tasas y refinanciaciones. Si el problema es que las deudas de sacrificiodejaron de amortiguar las crisis para organizar la desigualdad, la pregunta es otra: por qué una parte creciente de los hogares solo logra reproducir su vida cotidiana endeudándose y sacrificando ahorros y bienes.
Donde falla un derecho —laboral, social— no nace una necesidad. Nace una deuda de sacrificio.
En la noche de ayer, alrededor de las 21.30 horas, se produjo un incidente en el sector de los baños del ingreso a la Isla 58. Dos personas que merodearon por el lugar durante la tarde ingresaron en el sector masculino y sustrajeron un inodoro para luego retirarse con el objeto robado. En el lugar…
Al intento de Javier Milei de eliminar el régimen de tarifas diferenciales de gas por Zona Fría se expuso un fuerte rechazo en la provincia de Buenos Aires, donde el peronismo logró que hasta el bloque del PRO ponga de manifiesto su repudio al proyecto del Gobierno nacional que pretende dar de baja ese beneficio.
El proyecto de declaración aprobado por mayoría este miércoles en el Senado bonaerense (solo el bloque de La Libertad Avanza lo rechazó) fue presentado por la camporista Fernanda Raverta.
«En el capítulo uno eliminan la Zona Fría y en el capítulo dos les condonan una deuda multimillonaria a las empresas energéticas. Entonces no se trata de que nos ajustemos todos. Se ajustan siempre los mismos», dijo Raverta al asegurar existe una decisión política en el proyecto del Gobierno que tiene media sanción en el Congreso.
La senadora y ex candidata a la intendencia de Mar del Plata advirtió que miles de familias de esa ciudad balnearia dependen de este régimen para afrontar el costo de la calefacción durante el invierno.
Para este proyecto de declaración, se solicitó una votación nominal que deje en claro el posicionamiento de cada senador.
«Hay un particular ensañamiento con Mar del Plata. Cuando a la Argentina le va mal, a los marplatenses nos va peor. Tenemos una matriz productiva muy diversa y hoy todos los sectores están siendo golpeados por este modelo económico «, añadió Raverta.
Para este proyecto de declaración, se solicitó una votación nominal que deje en claro el posicionamiento de cada senador.
Ahí, se expuso que el apoyo a la iniciativa por parte de todos los senadores del PRO, incluido el intendente en uso de licencia de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, que muestra distancia política de los libertarios luego de quedar afuera del gabinete de Milei. También acompañaron el proyecto de Raverta el bloque de Carlos Kikuchi, la UCR y Hechos.
«Estamos a tiempo de revertir algo que es profundamente injusto. Espero que los legisladores nacionales hagan lo suyo para que en Mar del Plata podamos sufrir un poquitito menos», dijo Raverta.
Por su parte, este miércoles Axel Kicillof reiteró su rechazo a la avanzada de Milei para eliminar Zona Fría. Lo hizo al visitar Bahía Blanca, una de las ciudades que se vería fuertemente afectada de concretarse la eliminación de este beneficio.
«Es difícil comprender cómo el Gobierno nacional no tiene ni siquiera un termómetro», dijo Kicillof junto al intendente bahiense Federico Susbielles.
En ese sentido, sostuvo que la decisión de quitar la zona fría es absurda. «Va a ser un invierno para discutir este tipo de cosas que tienen que ver con los costos en general de la energía», dijo.
Estoy a fines de los noventa, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, parado en una esquina donde asoma una armería imponente que parece tener cien años. En la entrada, un cañón alemán de la primera guerra y una armadura medieval hacen de oficial de migraciones. Dicen que la curiosidad es insubordinación en…
Con el objetivo de reforzar la concientización sobre las medidas preventivas frente al COVID-19, un grupo de personas coordinado por el Departamento de Protección Civil de la Municipalidad de Villa Regina recorrerá nuevamente espacios públicos de la ciudad entregando folletería, recordando el uso del tapabocas, la importancia del lavado de manos o el uso de…
El gobierno de Javier Milei apura la entrega de nuevos permisos para expandir la pesca del calamar, actualmente la especie más rentable. Busca hacerlo en tiempo récord, lo que desató sospechas de actores del sector sobre la transparencia del proceso y el rechazo del gobierno de Axel Kicillof, que acusa discriminación.
En el Consejo Federal Pesquero (CFP) que integra con las provincias del litoral marítimo, Nación informó a mediados de mayo que estaba elaborando una propuesta para sumar nuevos buques poteros y expandir la explotación del calamar.
Dos semanas más tarde ya tenía listo el texto de 21 artículos y seis anexos. Ahí, se estableció un plazo exprés de 20 días hábiles para la presentación de proyectos para obtener alguno de los 18 nuevos permisos de explotación por hasta 30 años.
La celeridad fue tal que la resolución fue aprobada en votación directa en la misma sesión del CFP en la que se presentó. Eso, a pesar de no encontrarse en el orden del día previamente establecido.
En el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas señalaron que el plazo exiguo que se determinó para presentar propuestas «solo determina que, no todas, sino algunas empresas que hayan tenido conocimiento de la medida implementada con anterioridad se encontrarán en condiciones de realizar la presentación».
Pero la aprobación no fue por unanimidad. El representante de la provincia de Buenos Aires, Carlos Liberman, advirtió sobre la inexistencia de instancias previas de análisis del proyecto, alertó sobre el impacto que esa expansión podría tener el stock de calamar y denunció una situación de «gravedad inusitada».
Ahí, sostuvo que, en las condiciones que estableció Nación para la selección de propuestas, aquellos interesados que propongan descargar el calamar en la provincia de Buenos Aires tienen solo por esa razón un puntaje inferior al de aquellos que propongan hacer sus descargas en otro puerto del país.
«Esta discriminación es injustificada, choca con la Ley Federal de Pesca, es arbitraria e inconstitucional», denunció Liberman, según consta en las actas de la sesión del CFP donde se debatió el proyecto.
En esa disparidad, el mayor perjuicio lo focalizan en Mar del Plata, donde este jueves el gremio Supa y la Federación de Cooperativas Portuarias presentaron una demanda contra la resolución que definieron como una «acción de gobierno que aparece deliberadamente en contra de los intereses marítimos de los marplatenses».
El apuro por sacar los nuevos permisos fue tal que la resolución fue aprobada en votación directa en la misma sesión del CFP en la que se presentó. Eso, a pesar de no encontrarse en el orden del día previamente establecido.
Más directo fue el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA), la entidad empresaria del sector más fuerte de Mar del Plata, que apuntó contra los tiempos acotados para presentarse por uno de los 18 permisos y reclamó modificar los plazos para llevarlo a un periodo no menor a los 180 días corridos.
«El exiguo plazo contenido en esta normativa viola el principio de concurrencia y hace pensar que la misma podría estar dirigida», dijo la gerenta del Cepa, María Fernanda Grimaldi, en una nota dirigida al subsecretario de Pesca nacional y titular de CFP, Juan Antonio López Cazorla a la que tuvo acceso LPO.
El subsecretario de Pesca y titular del Consejo Federal Pesquero, Juan López Cazorla.
Y agregó: «Dicho plazo solo determina que, no todas, sino algunas empresas que hayan tenido conocimiento de la medida implementada con anterioridad se encontrarán en condiciones de realizar la presentación, mientras que el resto no».
Algunas fuentes del sector consultadas por LPO ven el fantasma de lo sucedido hace dos años, cuando este medio dio cuenta de las versiones de coimas que sobrevolaron la cuotificación de la merluza hubbsi.
Ahora, en el entramado portuario hay quienes señalan que este proceso habilitará una mayor presencia de intereses chinos en la pesca nacional, reforzando lo que ya sucede con la pesca de calamar.
Un informe reciente del investigador especializado en pesca ilegal y conservación marina Milko Schvartzman reveló que, de los 84 barcos poteros (especializados en captura de calamar) que operan dentro de las 200 millas marinas de jurisdicción argentina, 53 (más de un 63% el total) están controlados por firmas de origen chino.
Se trata de empresas constituidas en el país, que operan con buques de bandera argentina -como todos los que pescan en la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA)- pero que tienen origen de capital chino.
En el sector que advierten que lo correcto hubiese sido medir en sendos informes científicos el impacto de esta medida sobre las cuatro poblaciones de calamar que pueden ser capturados en el mar argentino y no la nota de dos carillas del Inidep.
Para sumar 18 barcos a los 84 existentes, en Nación se ampararon en una nota de una página y media del Inidep, el Instituto de Desarrollo Pesquero que asesora en el uso racional de los recursos.
En esas dos carillas, el Inidep expuso que la flota potera nacional llegó a tener 150 buques, por lo que sumar hasta 20 más no implicaría un riesgo para el recurso.
Ese argumento fue tajantemente objetado por la Provincia de Buenos Aires, donde expusieron que los buques actuales tienen una capacidad promedio de 550 toneladas, mientras que los 18 que se sumarían pueden llegar a pescar hasta 900.
En Nación argumentaron que el calamar que no se pesca en la ZEEA es capturado por buques extranjeros en la milla 201. Pero en el gobierno bonaerense señalaron que las dos poblaciones de calamar que más se pescan, no salen de la ZEEA.
Los buques poteros que hoy operan tienen una capacidad promedio de 550 toneladas, mientras que los 18 que se sumarían pueden llegar a contener hasta 900 tn.
Hay actores del sector que advierten sobre el riesgo para el recurso y reclamaron que lo correcto hubiese sido medir en sendos informes científicos el impacto de esta medida sobre las cuatro poblaciones de calamar que pueden ser capturados por estos buques, y no la nota de dos carillas del Inidep.
Por eso, el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense a cargo de Javier Rodríguez interpuso un recurso de reconsideración ante el CFP que entró en la sesión de este jueves. El planteo fue girado para su análisis, pero en la Provincia no se hacen demasiadas expectativas y, de ser rechazado el planteo, analizan ir a la Justicia.
No queda mucho tiempo. El plazo establecido por el CFP para presentar propuestas vence en los primeros días de julio. «Quieren hacer todo antes de que termine el Mundial», dijo una fuente del sector que alertó que, de avanzar el otorgamiento de estos permisos, una mecánica similar tendrá la cuotificación del langostino.
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