El área Mujer y Diversidad de la Municipalidad de Villa Regina informa que 20 personas se ven beneficiadas con la implementación del programa ‘Potenciar trabajo’ que alcanza a mujeres en situación de violencia y del colectivo LGBT.
Para llevar adelante este programa, el Municipio firmó un convenio de cooperación con el área de Políticas de Género y Diversidad Sexual de Nación con la finalidad de llevar adelante proyectos socio-productivos, socio-laborales y/o socio-comunitarios. Esto significa garantizar un ingreso de base generando una salida laboral.
La Secretaría de Obras y Servicios de la Municipalidad de Villa Regina informa que, por tareas de mantenimiento, el lunes 29 no operará la balsa de la Isla 58. El servicio se retomará el martes en el horario habitual de 8 a 15.
La Dirección de Tránsito y Protección Civil de la Municipalidad de Villa Regina agradece al señor Luis Santos, responsable del área de semáforos dependiente de esa área municipal, por la donación de tres controladores de semáforos que fueron colocados en la intersección de las calles Cipolletti, Pioneros y Juan XXIII; Cipolletti y Yapeyú Sur; Mitre…
Sobre la denuncia del intendente reginense, Marcelo Orazi (JSRN) presentada ante el Concejo Deliberante (CD) contra Domingo Vallejos y Gimena Cerda, vocales del Frente de Todos (FdT) en el Tribunal de Cuentas (TC), que derivó en la comisión de juicio político contra ambos funcionarios, ya que el legislativo municipal consideró con 6 votos contra 4 que dicha denuncia reunía los requisitos para…
La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina invita a la presentación de la pieza ‘Inodoro Pereyra, el renegau’ a cargo del Teatro de la Comedia de la Fundación Cultural Patagonia. La cita es el sábado 17 de abril a las 21 horas en el Galpón de las Artes. La entrada es al…
La historia de Federación, la ciudad entrerriana que fue demolida y trasladada en 1979 para construir la represa de Salto Grande y terminó bajo las aguas del embalse.
Por Alcides Blanco para NLI
Hay una ciudad argentina que existe y, al mismo tiempo, dejó de existir. Tiene habitantes, calles, escuelas, comercios, una plaza, edificios públicos y una identidad propia, pero el lugar donde durante más de un siglo se desarrolló su vida cotidiana permanece bajo las aguas de un enorme lago artificial. No se trata de una leyenda ni de un pueblo abandonado: Federación, en Entre Ríos, fue literalmente trasladada para permitir la construcción del complejo hidroeléctrico de Salto Grande y su antiguo emplazamiento terminó inundado. Lo extraordinario es que antes de que llegara el agua, la vieja ciudad fue desmontada y demolida, mientras sus habitantes eran obligados a comenzar nuevamente sus vidas en una ciudad construida desde cero a pocos kilómetros de distancia.
La historia comenzó mucho antes de que las topadoras entraran en escena. En 1946, los gobiernos de Argentina y Uruguay firmaron el tratado binacional que estableció las bases para aprovechar los rápidos del río Uruguay en la zona de Salto Grande mediante una represa hidroeléctrica. La decisión tenía un objetivo estratégico: producir energía y aprovechar el potencial del río, pero también implicaba una consecuencia enorme para una comunidad entrerriana. La construcción del embalse significaba que la ciudad de Federación desaparecería bajo las aguas. Sin embargo, la obra no comenzó inmediatamente. Durante casi tres décadas, los habitantes vivieron con la certeza de que algún día deberían abandonar su ciudad, pero sin saber exactamente cuándo ni cómo sería el traslado.
Una ciudad condenada a desaparecer
La vieja Federación tenía una historia mucho más extensa de la que permite imaginar su actual aspecto turístico. Su origen se remontaba a los antiguos asentamientos de la zona y, después de una primera relocalización en el siglo XIX, el pueblo había crecido alrededor de la explotación forestal y de su posición estratégica sobre el río Uruguay. Durante décadas desarrolló una vida urbana propia, con escuelas, comercios, clubes, bancos, estación ferroviaria, iglesia, hospital, instituciones públicas y una intensa actividad vinculada a la madera. No era una aldea improvisada que pudiera abandonarse sin consecuencias: era una comunidad consolidada, con generaciones enteras que habían nacido, trabajado y muerto allí.
La incertidumbre se hizo cada vez más concreta cuando comenzó finalmente la construcción del Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande, en 1974. Para entonces, unas 5.000 personas vivían en Federación y el destino de la ciudad estaba decidido. La futura represa necesitaba un enorme embalse y el casco urbano quedaba dentro de la superficie que sería cubierta por el agua. La alternativa fue construir una nueva ciudad en un terreno situado varios kilómetros al norte. Pero trasladar una comunidad no significa simplemente entregar nuevas casas: implicaba romper una trama urbana, separar vecinos, abandonar lugares cargados de recuerdos y decidir qué podía conservarse y qué debía desaparecer.
La construcción de la nueva Federación comenzó finalmente en 1977 y avanzó a una velocidad extraordinaria. En apenas un par de años surgió una ciudad completamente nueva, diseñada con criterios urbanísticos modernos para la época. Se construyeron más de mil viviendas y se trazaron nuevas calles, espacios públicos y servicios. Pero aquella modernidad tenía una contracara: muchas familias debieron abandonar barrios donde habían vivido durante décadas y adaptarse a una ciudad que todavía parecía un enorme obrador. Las investigaciones sobre la relocalización muestran que incluso la distribución de las viviendas produjo conflictos y transformó las relaciones sociales de la comunidad.
Antes del agua llegaron las topadoras
El episodio más impresionante ocurrió durante los últimos meses de la vieja ciudad. Federación no fue simplemente abandonada para que el agua hiciera el resto. Antes de la inundación se demolieron buena parte de sus edificios y se desmontó el antiguo casco urbano. La investigación académica sobre el proceso enumera entre las construcciones que quedaron bajo las aguas a la sede de la Gendarmería, la plaza 9 de Julio, la Jefatura de Policía, la Municipalidad, el correo, la central telefónica, las escuelas, los bancos, los comercios tradicionales, los clubes, el cine, la estación ferroviaria y numerosos edificios que habían formado parte de la vida cotidiana de varias generaciones.
La imagen es difícil de imaginar hoy: una ciudad entera siendo desarmada antes de que llegara el lago. Casas, comercios y edificios públicos fueron desapareciendo mientras sus habitantes se preparaban para mudarse. La documentación oficial de la época y posteriores investigaciones describen un proceso de relocalización complejo y traumático, en el que las cuestiones legales sobre la propiedad, la adjudicación de las nuevas viviendas y la distribución de los habitantes generaron numerosos problemas. La nueva ciudad debía estar lista antes de que el embalse comenzara a cubrir definitivamente el antiguo territorio.
El 25 de marzo de 1979 fue inaugurada oficialmente la Nueva Federación. El acto estuvo encabezado por el dictador Jorge Rafael Videla, en pleno terrorismo de Estado. Apenas unos días después, el 1° de abril, comenzó el llenado del embalse y el agua empezó a ocupar el territorio de la vieja ciudad. El lugar que había albergado a generaciones de federaenses quedó progresivamente cubierto por el lago de Salto Grande. La vieja Federación había dejado de existir como ciudad y la nueva comenzaba una historia completamente diferente.
Una ciudad que todavía aparece debajo del lago
La historia tiene una última vuelta extraordinaria: la vieja Federación no desapareció completamente de la memoria ni del paisaje. Cuando el nivel del embalse baja lo suficiente, pueden volver a observarse restos del antiguo asentamiento: calles, cimientos y ruinas que permanecen debajo del lago. En julio de 2026, una bajante preventiva del embalse volvió a dejar visibles sectores de la ciudad desaparecida, permitiendo que quienes conocen su historia contemplaran nuevamente fragmentos de aquel lugar que había sido demolido décadas atrás.
La propia existencia actual de Federación contiene una paradoja histórica todavía más profunda. La ciudad que nació como consecuencia de una relocalización traumática terminó convirtiéndose décadas después en uno de los principales destinos turísticos de Entre Ríos. El descubrimiento de aguas termales en el subsuelo de la nueva ciudad, en la década de 1990, transformó completamente su economía y abrió una etapa de crecimiento basada en el turismo. El mismo territorio que había sido creado para reemplazar una ciudad desaparecida encontró una nueva identidad gracias a un recurso natural que nadie había previsto cuando se diseñó la nueva Federación.
Por eso Federación es mucho más que una curiosidad histórica sobre una ciudad inundada. Su historia permite observar una de las grandes contradicciones del desarrollo argentino del siglo XX: una obra de infraestructura capaz de generar energía para millones de personas también podía significar que una comunidad entera perdiera su territorio, sus edificios y buena parte de los lugares que constituían su memoria colectiva. La vieja Federación no fue destruida por una catástrofe natural: fue deliberadamente demolida para hacer posible una obra considerada estratégica, y miles de personas tuvieron que reconstruir su vida en otro lugar. Hoy, cuando el agua baja y vuelven a aparecer sus calles y cimientos, aquella ciudad que oficialmente dejó de existir en 1979 demuestra que algunas ciudades pueden desaparecer del mapa sin desaparecer completamente de la historia.
El juez federal Ernesto Kreplak procesó a las ex funcionarias Agustina Bisio y Gabriela Mantecón Fumadó en la causa que investiga unas 90 muertes por la administración hospitalaria de fentanilo contaminado producido en los laboratorios HLB y Ramallo.
El magistrado impuso una inhibición y embargo sobre los bienes de la directora de la ANMAT y la ex titular del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) hasta cubrir los 500.000 millones de pesos, y también dictó una serie de medidas que las imputadas deberán cumplir para permanecer en libertad, entre ellas, no salir del país y presentarse ante las autoridades una vez al mes.
Para la investigación penal, Bisio y Mantecón Fumadó fueron «partícipes necesarias penalmente responsables del delito de adulteración de sustancias medicinales».
«A partir de las probanzas colectadas a lo largo de la pesquisa, es posible concluir que las imputadas Mantecón Fumadó y Bisio realizaron un aporte concreto y necesario a la lesión del bien jurídico salud pública protegido por los artículos. 200 y 201 bis CP así como al bien jurídico integridad personal resguardado por el delito de lesiones leves previsto por el art. 89 CP, a raíz de su decisión de no adoptar las medidas preventivas y correctivas oportunas y eficaces contempladas por la normativa aplicable ya explicadas», explicó Kreplak en su resolución, a la que accedió LPO.
En la resolución aparece el rol del ministro de Salud Mario Lugones en el entramado que terminó con un escándalo. «A lo largo de la investigación llevada adelante, diversos elementos de convicción permiten poner en escena al Dr. Lugones», dice Kreplak y destaca los descargos efectuados por Mantecón y Bisio donde asoman coincidencias respecto del rol del ministro.
Por caso, Bisio afirmó que «Lugones hacía reuniones de gabinete y de los institutos venían todos los que de él dependíamos. Allí contábamos las situaciones. Esto era un tema que fue llevado permanentemente, de la situación de los laboratorios e incumplidores. En este caso, estos se llevaban. Y la idea fue siempre que Lugones me daba la instrucción y yo daba la instrucción de cerrar».
Al ser indagada respecto de una reunión realizada en la sede de la ANMAT el 14 de enero pasado, Bisio dijo: «Yo le avisé al Ministro, ‘van a venir, ¿qué hago?, ¿sigo con lo mismo?’, ‘sí, cerrá, cerrá'».
Ese día, Bisio y Fumadó mantuvieron un encuentro con Ariel García Furfaro y otras dos personas de la empresa en «Avenida de Mayo», tal como se la denomina a la sede de la ANMAT. Para esa fecha, Bisio y Fumadó contaban con un informe realizado por inspectoras de la ANMAT en los últimos días de 2025. En el texto alertaban sobre la situación del laboratorio y recomiendan prohibir la producción y retirar del mercado las drogas elaboradas.
Las dos funcionarias le ofrecen no avanzar contra los laboratorios a cambio de que presenten un plan de acción.
En el gobierno existe extrema preocupación por el caso. Saben que Lugones podría quedar formalmente involucrado en el expediente durante el transcurso de la investigación. Incluso trascendió que su hijo, Rodrigo Lugones, le habría sugerido que renuncie a su cargo de ministro.
En una estrategia insólita, desde el gobierno libertario buscaron culpar a los ministros de Salud del gobierno de Alberto Fernández -Carla Vizzoti y Ginés González García- argumentando que tanto Bisio como Mantecón Fumadó ya eran funcionarias por entonces. El problema es que los hechos ocurrieron durante la presidencia de Javier Milei.
Mantecón Fumadó dijo que previo a firmar la carta de advertencia dirigida a los laboratorios lo consultó a Bisio. «Como todas las decisiones que se toman en esta gestión, hay que consultarlas, porque no había independencia resolutiva de parte de la administración nacional, sin consultar con el Ministerio. Le pedí a Agustina (Bisio) que consultara con el Ministro cómo quería manejar esta situación, en función de si se inhibe por carta de advertencia todo el laboratorio o si inhibían otras líneas productivas. Y el Ministro, después de unos días, informó a Agustina que contestó ‘vaya para adelante pero con cautela'».
Bisio contó además que en las reuniones de gabinete convocadas por Lugones intervenían activamente abogados penalistas.
En marzo de 2025 Lugones ya estaba al tanto de los incumplimientos de HBL. La titular del Iname envía un informe sobre el laboratorio y en un chat, Bisio le consulta si ese texto es suficiente para cerrar las instalaciones. «Solo en dos palabras decime si esto da para cierre porque Mario pregunta. ¿Sólo eso o aún falta?», pregunta la titular de la ANMAT.
A fines de marzo, Mantecón Fumadó mantiene otra reunión con Furfaro. Tras ese encuentro Bisio le pide información precisa sobre la situación del laboratorio: «¿Podrías mandarme para que le dé al Ministro cuál es la implicancia de esto? Traducción a la práctica. Ej: No puede vender más. Insistir o informarnos sobre el retiro de mercado».
Kreplak advierte una discrepancia entre el sentido de la decisión política que bajaba del Ministerio con lo que efectivamente ocurría en el seno de ANMAT e INAME. «Si bien considero probado que el Ministro tenía conocimiento al menos de las generalidades relevantes de lo que ocurría con los laboratorios, no menos cierto resulta que todos los elementos de convicción apuntan a que su intervención, lejos de permitir un funcionamiento en tales condiciones, tendía lisa y llanamente a su cierre, esto es, a impedir su operación», dice el juez en su resolución.
El magistrado destaca que distinta es la situación de Bisio, quien «tenía la responsabilidad máxima sobre el cumplimiento de los cometidos legales y reglamentarios de ANMAT y sus órganos internos y, además, había sido investida políticamente como polea de transmisión de esas directrices políticas».
El obrar de la funcionaria fue el contrario. A pesar de que tenía conocimiento de las irregularidades de los laboratorios y que había recibido la decisión política de obrar, mantuvo una actitud pasiva y permisiva que culminó favoreciendo el accionar criminal de los laboratorios.
No sólo eso, sino que participó activamente en algunas de las acciones decisivas que permitieron al laboratorio continuar operando cuando lo correcto hubiese sido impedirlo.
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