El área Mujer y Diversidad de la Municipalidad de Villa Regina informa que 20 personas se ven beneficiadas con la implementación del programa ‘Potenciar trabajo’ que alcanza a mujeres en situación de violencia y del colectivo LGBT.
Para llevar adelante este programa, el Municipio firmó un convenio de cooperación con el área de Políticas de Género y Diversidad Sexual de Nación con la finalidad de llevar adelante proyectos socio-productivos, socio-laborales y/o socio-comunitarios. Esto significa garantizar un ingreso de base generando una salida laboral.
Más de un centenar de ballenas francas registradas en Brasil llegan hasta Península Valdés para tener sus crías, según una reciente investigación del Instituto de Conservación de Ballenas (ICB) que concluye que ambos grupos integran una gran población de la costa este de Sudamérica. De acuerdo al estudio, al menos 124 ballenas que fueron fotografiadas…
En la tarde del martes se hizo entrega de los certificados del curso de auxiliar de cuidados gerontológicos. El mismo se enmarcó en el Programa Nacional de Políticas para Adultos Mayores, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en convenio con la Municipalidad de Villa Regina….
En apenas tres días, dos resoluciones del INCUCAI dejaron al descubierto un cambio profundo: mientras el financiamiento público de la ciencia y la salud cae de manera sostenida, el propio Estado empieza a cobrarle más caro —y sin excepciones— a sus propias instituciones. El giro no es aislado: se inscribe en una lógica más amplia que atraviesa organismos regulatorios, sistema científico y hospitales públicos.
Por Amparo Lestienne para NLI
El caso INCUCAI: de la excepción al cobro universal
El punto de partida es la Resolución INCUCAI 84/2026, publicada el 27 de marzo. La norma actualiza los aranceles para la evaluación de protocolos de investigación clínica vinculados a trasplantes y uso de órganos, tejidos y células, con el objetivo explícito de “asegurar los recursos operativos y técnicos” del organismo.
Pero el dato clave estaba en su artículo 2°: mantenía la lógica histórica del sistema argentino al eximir del pago a hospitales públicos, universidades nacionales y Fuerzas Armadas.
Esa excepción no era un detalle menor, sino la continuidad de un principio consolidado en normativas previas. Por ejemplo, ya en la Resolución 128/2019 del propio INCUCAI se establecía exactamente la misma exención para el sector público, en línea con la idea de que la investigación sanitaria estatal no debía ser tratada como una actividad comercial.
Sin embargo, apenas tres días después, el 30 de marzo, llegó la Resolución INCUCAI 95/2026, que directamente eliminó esa excepción. El resultado es contundente: el Estado empezó a cobrarle a sus propios hospitales y universidades por investigar.
Un cambio de lógica: del financiamiento a la autofinanciación
El argumento oficial es técnico: los protocolos requieren financiamiento y, por lo tanto, deben cubrir los costos regulatorios. Pero detrás de esa justificación aparece una transformación más profunda.
Históricamente, el sistema funcionaba bajo una premisa clara: la investigación pública en salud es parte del sistema sanitario y, por lo tanto, es financiada por el Estado. Eso implicaba que los organismos regulatorios podían cobrar aranceles, pero hacían excepciones cuando el actor era público.
Hoy esa lógica se invierte: todos los actores —incluso los públicos— deben pagar por el servicio estatal. Este cambio no surge en el vacío. Está directamente vinculado con el deterioro del financiamiento general del sistema científico.
El telón de fondo: caída del presupuesto científico
Según distintos informes y análisis del sistema nacional de ciencia y tecnología, el financiamiento público del sector atraviesa una contracción sostenida. Entre 2023 y 2026, la inversión estatal acumula una caída real estimada entre el 30% y el 40%, como resultado de la combinación entre recortes presupuestarios y el efecto de la inflación. En paralelo, la participación de la ciencia en el producto bruto interno se redujo a niveles por debajo del 0,3%, cuando en años anteriores se ubicaba en torno al 0,5%.
En términos concretos, el deterioro no es homogéneo sino que golpea con mayor intensidad en áreas clave del sistema. Las transferencias a universidades nacionales y organismos públicos muestran recortes que, en términos reales, se ubican entre el 25% y el 35%, afectando el funcionamiento cotidiano de institutos, laboratorios y proyectos en curso. A esto se suma el deterioro sostenido de los ingresos del personal científico y técnico, cuyos salarios perdieron aproximadamente entre un 20% y un 30% de su poder adquisitivo, mientras que la inversión en equipamiento —fundamental para sostener la capacidad experimental— registra caídas aún más pronunciadas, que en algunos casos superan el 50% en términos reales.
En este escenario, organismos como el CONICET ven afectada su capacidad de sostener proyectos, becas y estructuras de investigación, lo que introduce tensiones crecientes en todo el sistema científico.
ANMAT y el modelo de tasas: el antecedente silencioso
Este viraje tampoco es nuevo en la administración pública. La ANMAT funciona desde hace años con un sistema de aranceles para trámites regulatorios, donde cada procedimiento tiene un costo asociado.
Lo que cambia ahora no es la existencia de aranceles, sino su alcance: antes aplicaban principalmente a actores privados; ahora tienden a universalizarse. Es decir, el modelo basado en tasas por servicio empieza a expandirse a otros organismos, pero sin las protecciones históricas para el sector público.
La tensión central: menos presupuesto, más costos
La combinación de estas dos dinámicas —menor financiamiento y mayor carga arancelaria— configura una tensión estructural difícil de sostener en el tiempo. Por un lado, el Estado reduce su inversión directa en ciencia y salud; por otro, incrementa los costos que deben afrontar sus propias instituciones para desarrollar investigaciones.
Esto implica que universidades públicas, hospitales y centros de investigación no sólo cuentan con menos recursos, sino que además deben destinar parte de esos fondos a cubrir aranceles regulatorios que antes no existían para ellos. La consecuencia es una presión creciente sobre estructuras ya debilitadas.
El resultado es una paradoja evidente: el Estado se retrae como financiador, pero se consolida como cobrador.
Especialistas y debate: el riesgo de mercantilización
En el ámbito científico y sanitario, este tipo de transformaciones suele encender señales de alerta. Diversos análisis en políticas públicas advierten que, cuando se reducen los recursos estatales y se trasladan costos a los propios actores del sistema, tienden a producirse efectos previsibles: disminución en la cantidad de proyectos, mayor dependencia de financiamiento externo y desplazamiento de investigaciones hacia áreas con retorno económico más inmediato.
La investigación clínica en hospitales públicos suele estar orientada a necesidades sanitarias concretas de la población y no a intereses de mercado
En el caso de la salud, el impacto puede ser aún más sensible, porque la investigación clínica en hospitales públicos suele estar orientada a necesidades sanitarias concretas de la población y no a intereses de mercado. Buena parte de la producción científica argentina en salud se genera en estos ámbitos, donde la práctica asistencial se articula con la investigación sobre pacientes reales y problemáticas locales.
Ese rasgo tiene antecedentes históricos claros. La Misión de Estudios de Patología Regional Argentina, impulsada por Salvador Mazza, desarrolló en el siglo XX investigaciones clave sobre enfermedades como el Chagas, a partir del trabajo territorial en regiones postergadas del país. Difícilmente ese tipo de investigación hubiera sido financiado por el sector privado, dado que su lógica no era la rentabilidad sino la respuesta a una problemática sanitaria concreta.
Ese mismo patrón se replica, con otras formas, en la actualidad. Hospitales públicos de referencia como el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas combinan atención médica, formación profesional e investigación clínica orientada a enfermedades prevalentes en su población, muchas veces vinculadas a sectores sociales vulnerables y sin atractivo comercial para la industria.
El problema es que este tipo de investigación —centrada en necesidades reales y no en retornos económicos— depende estructuralmente del financiamiento público. Cuando ese financiamiento se reduce y, al mismo tiempo, se introducen costos adicionales para investigar, el riesgo no es sólo cuantitativo sino cualitativo: no sólo se investiga menos, sino que se empieza a investigar otra cosa.
Conclusión: un cambio silencioso pero estructural
Lo ocurrido entre el 27 y el 30 de marzo con el INCUCAI no es un episodio aislado ni meramente administrativo. Es la expresión concreta de un cambio más amplio en la forma en que el Estado se vincula con la ciencia y la salud: menos financiamiento directo, eliminación de excepciones históricas y expansión de esquemas de arancelamiento.
En ese nuevo escenario, el sistema deja de apoyarse en la lógica de política pública para acercarse a un modelo de servicios, donde investigar ya no sólo depende del conocimiento y la capacidad técnica, sino también de la disponibilidad de recursos para pagar por ello.
La incógnita que queda abierta es tan estructural como urgente: hasta qué punto puede sostenerse un sistema científico y sanitario público cuando se le exige autofinanciarse en un contexto de retracción presupuestaria.
Seis policías de un grupo táctico de la provincia de Santa Fe fueron condenados a penas de prisión efectiva por una secuencia demencial de delitos que los delatan en tres facetas: mejicanear partidas de cocaína a distribuidores para después venderlas, realizar allanamientos ilegales que hacían pasar como actos regulares para descubrir la droga, y también torturar con picana eléctrica a un par de dealers para que estos cantaran quiénes eran sus proveedores.
La secuencia se asemeja a una película hardcore donde efectivos de la policía rosarina se burlan de los fiscales, asaltan una casa donde saben que hay droga y se la llevan después de someter a una pesadilla a los que estaban en la vivienda. Lo que pasó en esa casa fue contado hasta por un nene de ocho años que estaba durante el allanamiento ilegal, que declaró en cámara Gesell desde una ciudad del norte del país donde se encontraba, porque después de sufrir esta brutalidad las personas involucradas como víctimas fueron sacadas de Rosario.
Los condenados pertenecen a un escuadrón especializado de la policía de Santa Fe, el Grupo Alfa de la Policía de Acción Táctica de la Regional Rosario. Abrumados por las pruebas estos aceptaron su responsabilidad en distintos hechos en juicios abreviados donde reconocieron ser culpables de torturas, allanamiento ilegal, falsificación de actas y venta de drogas. Queda con destino a juicio oral y público pendiente el jefe de todos ellos. Los fiscales federales actuantes consideraron que por la gravedad institucional del caso el máximo responsable del grupo, que es un oficial con solo ocho años de antigüedad en la fuerza, debe comparecer en una audiencia abierta.
Algunos detalles de lo ya probado entran en el terreno del delirio. El máximo jefe habla y se ríe de cómo el grupo acechó con el paso de electricidad a dos pequeños distribuidores para que delataran a los que les suministraban la droga. Disfrutan contando cómo les arrancaron la información con un sadismo naturalizado. Comentan entre risas lo que le hicieron a una persona a la que llevaron a un baldío. «Jajaja. Cómo lloraba el de la vía» dice uno de los policías. «No tiene desperdicio», le responde su colega. Finalmente el primero dice que necesita «dar otra sesión de masajes eléctricos».
Los hechos que motivan las condenas son tres. El primero ocurrió el 13 de agosto de 2024 cuando seis suboficiales del grupo ALFA fueron en dos móviles -los 10.065 y 10.533-a una casa de calle Forest 5624. Llegaron sin orden judicial ni motivo que lo justifique. Allí redujeron a Diego Andrés Inturias y José Luis Linares y los retuvieron a éstos junto con Perla Requejo y dos nenes de 8 años y un año. Fue durante 50 minutos sin dar aviso a ninguna autoridad judicial para apropiarse, según Inturias de más de una decena de panes de cocaína que había en el lugar, que eran entre 12 y 15 kilos de sustancia. También se llevaron armas de fuego y cuchillos de colección, cincuenta mil dólares e indumentaria que los ocupantes de la vivienda tenían para la venta.
El segundo hecho es que los mismos que participaron de ese allanamiento trucho y violento se ocuparon de vender al menos cuatro de esos ladrillos de cocaína días después en la ciudad de Santa Fe según consta en sus propios teléfonos. Por este hecho tres familiares del jefe del grupo policial -su esposa y dos cuñados- también fueron condenados.
El tercer incidente, el más negro de una secuencia impactante, fue el de los tormentos con picana y golpes contra Daniel Yufra y Jonatan Leiva. A quienes los policías le pasaron electricidad en el cuerpo para obtener datos del proveedor del ladrillo de cocaína que tenían. Yufra y Leiva fueron detenidos en la vía pública el 13 de agosto de 2024, en la calle Jean Jaures 5526 de Rosario. Tras conseguir de esa manera los datos que buscaban una hora después irrumpieron sin conocimiento judicial en la casa donde encontrarían la mayor partida de cocaína, y hacia donde según el seguimiento por GPS los móviles se trasladaron sin detenerse después de apretar a los dealers.
El único que después de estas condenas queda con un juicio oral pendiente es el aludido jefe del grupo, el oficial Guillermo Toledo. Que en una pormenorizada crónica de gangsters le cuenta a su colega Juan Angel Balais cómo obtuvieron la información para encontrar los 15 ladrillos de cocaína.
Encontramos a un loco en la puerta de un búnker. Le entramos a revisar el celular y tenía fotos de una metra, fierros. Lo secuestramos. Lo llevamos al medio del campo. Se llevó una cagada a palos.
«Encontramos a un loco en la puerta de un búnker. Le entramos a revisar el celular y tenía fotos de una metra, fierros. Lo secuestramos. Lo llevamos al medio del campo. Se llevó una cagada a palos. Con todo lo que le hicimos, no dijo ni una palabra. Le rompimos la cabeza a pistolazos, lo cagamos a palos con un fierro, lo meamos, lo ahorcamos. No sabés todo lo que le hicimos. Lo dejamos tirado en el medio de la nada, medio en pelotas. No dijo una palabra. Alto soldado era», dice Toledo.
Este audio está en un intercambio del 17 de septiembre de 2024. Unos meses antes, en abril del año pasado, Toledo le explica a un subalterno cómo obtener información en forma ilícita. «Los fierros que metimos la guardia pasada en el oeste, paramos a uno que tenía droga, a ver el teléfono… y es esa foto con los fierros. Y así es, ya le vas a encontrar la vuelta. Depende la dotación que te toque. Tenés que ir viendo cómo laburan los que están con vos», explica Toledo. Al imputar el caso el año pasado la fiscal María Virginia Sosa dijo de Toledo y la metodología de los operativos contada por él mismo: «Un verdadero pedagogo de la ilegalidad».
La reconstrucción de estos hechos surge a partir de que un equipo fiscal conducido por Javier Arzubi Calvo encontrara a los dos dealers torturados por los hombres de la PAT, a partir de testigos que dijeron que el día de los hechos vieron llorando a dos hombres adentro de una camioneta. Allí se estableció que habían sido torturados con picana eléctrica, hasta escupir lo que pedían, con el fin de llegar hasta el proveedor. Torturaban para obtener datos para llegar «al pescado gordo»
Que tenían una picana eléctrica quedó probado por las propias conversaciones de los policías. En un momento en que producían operativos efectivos del mismo grupo mencionaron la dirección de un lugar donde «volvieron a activar». Un integrante pregunta dónde es la acción y otro le responde: «Donde Balais hizo el secuestro de la picana». Ese lugar era un bunker y de allí lo robaron. ¿Dónde se encontró la picana? «En la mochila de suboficial Balais cuando fue allanado», dijeron los fiscales en la audiencia judicial del año pasado.
Un dato relevante es la juventud de los efectivos condenados. Son viejas prácticas de la policía, remarcaron los fiscales, encarnadas por uniformados nuevos. El que más trayectoria tenía en la fuerza santafesina al momento de los hechos llevaba ocho años de servicio. Ninguno era al momento de los hechos mayor de 36 años.
Ellos nos agarraron en la vía pública, en Jean Jaures, esa calle era una cortadita. Eran un montón… eran como cuatro patrulleros, tres seguro. Ahí nomás nos empezaron a picanear.
El testimonio en la causa de uno de los dealers torturados por la policía está volcado en las actas de acusación. «Ellos nos agarraron en la vía pública, en Jean Jaures, esa calle era una cortadita. Eran un montón… eran como cuatro patrulleros, tres seguro. Ahí nomás nos empezaron a picanear. A sacar la remera ¿viste? y a mostrarle acá la parte de la cola, a picanearnos. El primero fue un toquecito y ya de afuera, continuo nos dejaban y nosotros decíamos ¿por qué nos están haciendo eso? Si nosotros no estamos ni resistiendo a la autoridad ni faltando el respeto. Nos hacían agachar la cabeza, nosotros agachamos la cabeza y se reían. Se reían y a mi compañero después lo agarraron aparte. Y le dijeron a dónde había sacado. Nos pedían que les dijéramos dónde estaba el pescado gordo».
Los relatos de los que tenían la droga son impactantes y transparentes. La admisión de que tenían droga en su casa no les merecerá condena a raíz de la completa ilegalidad de los operativos policiales que son nulos para un trámite judicial. Quizá por eso hablaron con tanta elocuencia.
Uno de los tenedores de la cocaína, Diego Inturias, reveló lo que pasó cuando la brigada le tiró la puerta abajo en su casa de la calle Forest. «A los diez minutos que entraron pedí hablar con el jefe. Y ahí me sientan en la mesa con un policía gordito y me dice que él es el jefe». «Tenes huevo negrito eh, para hablar conmigo»…
Lo que sigue contado por el distribuidor es una película de mercenarios. «Ahí me sacaron del piso, me sentaron en la mesa de la cocina, el gordito se sentó en frente mío, cara descubierta, mía y de él, ahí yo le dije que ya perdí, dejá de lado mi familia, te entrego todo. Me dijo «¿pero qué tenes?» Hay de todo le dije, hay droga, dólares y pesos. Ahí ya habían encontrado las armas que estaban en el placard empotrado. Me dijo «tenes un montón de armas, ya estás re complicado con esto, me llevo una parte de las armas, lo otro lo dejo en la mesa, te dejo medio kilo de droga en la mesa así te dan poco tiempo, como mucho un año preso y vos le sacas toda culpa y todo cargo a tu familia». Le pregunté si estaba seguro si podía salir así, y me dijo que estaba seguro y que él sabía que como mucho en un año me daban la libertad. Me dijo «confía en mí que yo sé de esto». Ahí el gordito me dijo por qué habían llegado, «me dijo un amigo tuyo al que lo agarramos con un kilo te vendió. Tenía una camioneta gris. Lo agarramos con un kilo, cantó como un pajarito tu amigo»».
El equipo de investigación fue liderado por los fiscales federales Javier Arzubi Calvo y María Virginia Sosa. En el juicio abreviado aceptaron condena el policía Jesús Angel Balais a 7 años de prisión efectiva e inhabilitación absoluta por vejaciones y apremios ilegales, violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, sustracción de elementos, falsificación de instrumento público y comercio de estupefacientes agravado.
También Fernando Nicolás Ferreira a seis años y medio por violación de domicilio y comercio de estupefacientes. Iván Severino Schneider a 4 años y seis meses por iguales delitos. Gerardo Sebastián Pérez a igual pena por mismos delitos. Sergio Nicolás Robledo a tres años y seis meses por la violación de domicilio y comercio de estupefacientes y Miguel Alberto Aguilar a dos años de prisión por incumplimiento de deberes de funcionario público. Todas las penas son de cumplimiento efectivo. Asimismo fueron sentenciadas a tres años de prisión tres familiares de Guillermo Toledo que participaron de la comercialización de la droga llevada de Rosario a Santa Fe.
Guillermo Toledo negocia el cierre de su caso con un acuerdo parcial de reconocimiento de culpa aunque habrá con él, jefe del operativo, lo que se llama un juicio de cesura donde la pena se discutirá en una audiencia oral y pública.
Los detalles que dieron los fiscales en las audiencias preliminares fueron increíbles. «La preocupación de Toledo no era que se descubriera su accionar ilegal. Queda muy claro en su teléfono que lo que más temía era que le robaran la droga que él había robado», dijo uno de los acusadores.
Las revelaciones surgidas de lo que contaron los involucrados en esta historia son abrumadores. Resalta lo que terminó de contar Inturias cuando llegaron a su casa a sacarle la droga y lo interrogaron por la plata que tuviera en la casa.
«Fui a buscar los dólares en una vitrina donde había fotos y demás, los dólares estaban entre unos libros de esa vitrina, los había guardado ese mismo día. Los escondí apenas tocaron el timbre los policías. Eran más de cincuenta mil dólares. Fui ahí mismo a buscarlos para entregárselos y no estaban. Ahí el gordito ya me empezó a decir que le mentía, que no había nada ahí. En ese momento se acerca el policía que tenía cara de viejo, lo codea al gordito y le dice que se calle en voz baja, que ya tenía la plata él, que ya la había agarrado. Ahí el gordito me dice a mí que me quede en el molde».
Sobre la cocaína que tenía en la vivienda, dijo Inturias sobre los policías. «Me llevaron a buscar la droga, todos estaban buscando, pero no habían encontrado droga todavía. Habían buscado hasta en las ventanas, fui a la pieza y les mostré dónde estaba la droga debajo de la cama. Estaban todos los policías ahí. Cuando vieron la droga, el gordito dice «Ya estamos chicos, ya estamos. Coronamos».
Clubes, instituciones, entidades intermedias, escuelas deportivas y culturales, talleres, fuerzas vivas de la ciudad. Todos fueron parte del desfile por los 97 años de Villa Regina que se realizó en la tarde del domingo y que fue, sin dudas, la máxima expresión de demostración de quienes día a día trabajan por el crecimiento de la…
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