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Regina es parte de ‘Río Rosa’

Villa Regina es parte del programa provincial ‘Río Rosa. Remamos por el cáncer de mama’, iniciativa que brinda acceso a prácticas de remo para todas las personas que hayan atravesado un tratamiento de cáncer de mama.

El Intendente Marcelo Orazi y la Ministra de Turismo y Deporte Martha Vélez firmaron un convenio mediante el cual la Provincia da en comodato al Muncipio una canoa Rabaska para destinarse al uso en la actividad de remo de mujeres en rehabilitación de cáncer de mama.

Hay que destacar que Regina es pionera en este tipo de actividad a partir del trabajo que el grupo Valkirias Rosas viene desarrollando desde 2019. Precisamente, como reconocimiento, la Legisladora Marcela Ávila, hizo entrega al grupo del certificado de la Legislatura de Río Negro que acredita la declaración provincial de interés sanitario, deportivo y social de la actividad náutica remo por la vida.

Durante la firma del convenio que se desarrolló en la Isla 58 estuvieron presentes la Legisladora Silvia Morales, el Secretario de Deporte de Río Negro Diego Rosati, los concejales Silvio Rodríguez, Agustina Fernández y Carlos Rodríguez, funcionarios municipales y vecinos.

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  • Preocupado por contener intendentes, De Loredo ofrece una salida de tercera vía con Macri

     

     Por fuera de los movimientos que hace el cordobesismo con los intendentes para despegarlos del Gobierno de Milei con argumentos como la crisis de Pami o la salida de Córdoba del mapa de zonas frías, el último hit del PJ mediterráneo para confrontar con Casa Rosada, la oposición local tiene su propia disputa. 

    Porque hay una guerra subterránea entre los libertarios y el radicalismo de Rodrigo de Loredo para que los alcaldes de la UCR no terminen en la canasta violeta en las elecciones provinciales del 2027.

     Hay una guerra subterránea entre los libertarios y el radicalismo de Rodrigo de Loredo para que los alcaldes de la UCR no terminen en la canasta violeta en las elecciones provinciales del 2027 

    Cierto es que con más promesas que certezas, y subidos a la ola violeta que en Córdoba sostiene su tendencia de moda, algunos hablan directo con el karinista Gabriel Bornoroni y están los que llegan a través de la exdiputada de la UCR, Soledad Carrizo. Hoy, los dos rivales directos que tiene De Loredo en su operativo contención de alcaldes que son opositores al PJ.

    Pero, a esta se suma la presión que hace el llaryorismo con fondos y fotos. Mucho más sobre los intendentes del radicalismo y el PRO que se sumaron el año pasado al esquema de Provincias Unidas y luego terminaron marginados por la peronización que Llaryora decidió imprimirle a la gestión en la primera parte de este 2026.

    Peronización que se plasma en el reseteo del gabinete y en lo marginado que se sienten los alcaldes que acompañaron el año pasado y hoy hacen la fila detrás de los del PJ para llegar a la Casa de Gobierno.

    Al tanto de esto, De Loredo armó una cena en la que les bajó a los intendentes radicales la opción de fortalecer la tercera vía para salir de la grieta que en Córdoba protagonizan el cordobesismo y los libertarios; y así apostar por un armado que a nivel nacional liderará Mauricio Macri.

     De Loredo armó una cena en la que les bajó a los intendentes radicales la opción de fortalecer la tercera vía para salir de la grieta que en Córdoba protagonizan el cordobesismo y los libertarios; y así apostar por un armado que a nivel nacional liderará Mauricio Macri. 

    Varios intendentes salieron de la comida sin verse seducidos por la opción del esquema de alianza con los amarillos para reconstruir Juntos por el Cambio y les preocupa quedar encorsetados entre el peronismo de Llaryora y la pata libertaria que conduce Bornoroni. Mucho más porque un distanciamiento con el primero condiciona la llegada de fondos para la última parte de la gestión en cada pueblo; y porque, un enfriamiento en el vínculo con los libertarios tiene como consecuencia la amenaza de Bornoroni y Juez de salir a plantar un candidato en cada localidad gobernada por un radical que ose ignorar una alianza violeta.

    Toda esta incertidumbre del radicalismo cordobés tiene un ingrediente más que, probablemente, sea la que menos preocupa a los intendentes en sus localidades: la interna partidaria. El mandato de Marcos Ferrer, intendente de Río Tercero y aliado de De Loredo en la conducción de la UCR cordobesa, vence en septiembre.

    Y el plazo para convocar a elecciones vence ahora en junio. Por lo que ya se habla de una prórroga que tendrá, casi con seguridad, la furia de los sectores opositores a De Loredo porque admiten que la extensión del mandato sería por un año. De manera tal que esa extensión hasta septiembre del 2027 tendrá el año electoral con un radicalismo conducido por los mismos jugadores que no presentaron listas en las Legislativas del 2025. Principal motivo de rechazo entre los detractores de De Loredo y Ferrer.

     

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  • Mautone desembarca en el casino de Necochea junto al empresario que compró el mega edificio

     

    Luego de postergaciones judiciales, finalmente este miércoles el municipio de Necochea realizó la subasta del emblemático edificio del casino local, que fue adquirido por el precio base de $4.878 millones por parte del empresario Oscar Merlo, que posee numerosas unidades de negocios en Necochea y la región.

    De la mano de ese gravitante empresario regional -que ya ganó otras concesiones clave durante la actual gestión del intendente axelista Artutro Rojas- se conoció el desembarco de Casino Victoria.

    La empresa de Daniel Mautone tomará el control del paño, concretándose así la alianza estratégica que LPO había adelantado hace más de un año, cuando en el sector había trascendido la posibilidad de que, bajo ese esquema, Casino Victoria ingrese en Necochea, plaza por la que ya había mostrado interés años atrás.

    Rojas al firmar este miércoles la adjudicación del complejo del casino de Necochea. Detrás, el comprador del predio, Oscar Merlo.

    «Buscamos gente que tenga expertise para la parte de los juegos y por eso nos unimos junto a Casino Victoria», reveló Merlo en declaraciones a medios locales minutos después de firmar la adquisición del amplio edificio donde la sala de juegos abarca apenas un bloque.

    El edificio inaugurado durante la década del 70 presenta sectores con niveles de deterioro superlativos y en el municipio ya venían advirtiendo su incapacidad financiera para mantenerlo. Hoy, además del casino, funcionan oficinas de la Policía.

     Actualmente, en Necochea solo funciona el paño ya que la licitación de las máquinas tragamonedas quedó desierta recientemente. Sin embargo, con la llegada de Casino Victoria, en el sector descartan que la situación relativa a los slots se destrabará. 

    Más allá de las eventuales reconversiones que el nuevo dueño haga en este complejo frente a la costa necochense, Merlo expuso que la prioridad estará puesta en el casino.

    Actualmente, en Necochea solo funciona el paño ya que la licitación de las máquinas tragamonedas quedó desierta recientemente. Sin embargo, con la llegada de Casino Victoria, en el sector descartan que la situación relativa a los slots se destrabará.

    Propietario de la concesionaria Ford en Balcarce y dueño de las cadena de heladerías Cyrano, Oscar Merlo cuenta fuertes inversiones en Necochea. Ahora, se quedó con el casino bajo la firma «A Toda Vela Mar S.A», creada hace un par de años.

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    Fuentes de la oposición local señalaron a LPO que Merlo es el empresario «al que mejor le fue» durante la gestión Rojas, al quedarse con la concesión del ex balneario ACA y un espacio dentro de otra concesión en el balneario La Hélice de Quequén.

    Con esa radiografía de Merlo, voces opositoras en el Concejo advirtieron que Rojas «debería haber ampliado las posibilidades de inversores», expandiendo la convocatoria a la subasta mediante la publicación de edictos e información en CABA, La Plata, Córdoba y otras grandes ciudades.

    «No se hizo lo necesario para que se levante la oferta final», dijo a LPO un concejal opositor, crítico de la subasta en la que Merlo fue el único oferente, por lo que el valor no se movió de la base fijada hace seis meses, cuando se tomó un intermedio entre la tasación del Banco Provincia (3.700 millones) y el valor del futuro potencial (6.000 millones).

    Sobre el destino de los casi 4.900 millones, se estableció una distribución del 70% para obras públicas y el 30% restante como recursos de libre disponibilidad. Por lo pronto, el municipio no especificó las obras a realizar con esos fondos que Merlo pagará en tres cuotas y solo la primera entrará bajo la actual administración. 

     

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  • Inédita rebelión de jueces en Córdoba contra un recorte salarial

     

    La tensión entre el gobierno provincial y los tribunales cordobeses alcanzó su punto de máxima ebullición. En una movida inédita, que quiebra la histórica diplomacia subterránea entre el poder político y el judicial, cerca de un millar de jueces, camaristas y fiscales presentaron formalmente una batería de recursos administrativos ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

    La jugada es el paso previo y obligatorio para activar una ola de amparos constitucionales que amenaza con dinamitar el esquema de ajuste fiscal que diseñó Martín Llaryora. El malestar en los pasillos de Tribunales I debe leerse en clave de resistencia ante la avanzada de Llaryora sobre el Poder Judicial. 

    La ofensiva de los magistrados apunta al corazón de la motosierra provincial: el incremento de los aportes personales destinados a sostener la deficitaria Caja de Jubilaciones y el salto en las alícuotas de la Administración Provincial de Seguro de Salud (Apross), la obra social estatal.

    De acuerdo con el cálculo de los camaristas, jueces y altos funcionarios judiciales, el salario real de los magistrados cordobeses es equivalente al 50% de los que paga la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

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    El incremento de los aportes puso la equivalencia en el 77% respecto de los federales. Pero como la carga horaria es mayor en la Justicia provincial, el cálculo es que el salario provincial está en un 50% en relación al federal. 

    La ofensiva de los magistrados apunta al corazón de la motosierra provincial: el incremento de los aportes personales destinados a sostener la deficitaria Caja de Jubilaciones y el salto en las alícuotas de la Administración Provincial de Seguro de Salud (Apross), la obra social estatal

    Para El Panal asoma un problema fiscal: que la Justicia tumbe la emergencia previsional que Llaryora hizo sancionar en diciembre del año pasado: el TSJ ya obligó al Ejecutivo provincial a morigerar del 8% al 6% la alícuota extra que fijó la ley previsional para los aportes personales. Aunque es un planteo individual, el fallo marca el GPS judicial. 

    La presentación masiva de estos recursos administrativos colocó al TSJ en una posición de máxima presión política. El alto cuerpo, habituado a surfear las crisis con el peronismo cordobés sin romper platos, se encuentra ahora desbordado por sus propias bases. Si la cúpula judicial rechaza los recursos, habilitará de inmediato la vía judicial.

    La guerra está declarada. Aunque la presentación de este millar de recursos administrativos no quemó las naves, sí debilitó los puentes y dejó expuesta la factura entre el poder político y los magistrados provinciales. 

    Para dialogar, camaristas y jueces reclaman un cronograma por escrito de devoluciones para recuperar en un plazo razonable el 90% de equiparación con los salarios que fija la Corte Suprema. Envalentonados, quieren, además, que se caiga el límite de 30 años de antigüedad para la liquidación de haberes

     

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