Villa Regina es parte del programa provincial ‘Río Rosa. Remamos por el cáncer de mama’, iniciativa que brinda acceso a prácticas de remo para todas las personas que hayan atravesado un tratamiento de cáncer de mama.
El Intendente Marcelo Orazi y la Ministra de Turismo y Deporte Martha Vélez firmaron un convenio mediante el cual la Provincia da en comodato al Muncipio una canoa Rabaska para destinarse al uso en la actividad de remo de mujeres en rehabilitación de cáncer de mama.
Hay que destacar que Regina es pionera en este tipo de actividad a partir del trabajo que el grupo Valkirias Rosas viene desarrollando desde 2019. Precisamente, como reconocimiento, la Legisladora Marcela Ávila, hizo entrega al grupo del certificado de la Legislatura de Río Negro que acredita la declaración provincial de interés sanitario, deportivo y social de la actividad náutica remo por la vida.
Durante la firma del convenio que se desarrolló en la Isla 58 estuvieron presentes la Legisladora Silvia Morales, el Secretario de Deporte de Río Negro Diego Rosati, los concejales Silvio Rodríguez, Agustina Fernández y Carlos Rodríguez, funcionarios municipales y vecinos.
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La secretaria de Energía, María Tettamanti, intentó defender en el Congreso uno de los capítulos más sensibles del proyecto de «medidas energéticas» del gobierno. El texto combina dos decisiones explosivas: eliminar beneficios tarifarios para provincias con temperaturas extremas y avanzar con un esquema de perdón de deuda para las distribuidoras eléctricas privadas.
El corazón de la discusión pasa por Cammesa. Según informó la Jefatura de Gabinete al Congreso, las distribuidoras eléctricas acumulan una deuda total de USD 1.842 millones con la administradora del mercado eléctrico mayorista. Y el 69% de ese monto se concentra en Edenor, Edesur y el Grupo DESA.
La lista la encabeza Edenor con USD 438 millones. Le sigue Edesur, de la italiana Enel, con USD 345 millones. En tercer lugar aparecen Eden, Edes, Edelap, Edea y Edesa, todas pertenecientes al Grupo DESA con USD 474 millones acumulados entre todas.
El proyecto oficial busca permitir que esas empresas descuenten de sus deudas con Cammesa los supuestos ingresos que dejaron de percibir durante años de congelamiento tarifario. Es decir: el Estado dejaría de reclamar parte de la deuda a cambio de que las empresas renuncien a futuros juicios por «activos regulatorios».
La discusión tiene una carga política enorme porque el gobierno ya había intentado introducir una medida similar dentro del frustrado Presupuesto 2026, específicamente en el capítulo XI. En aquel momento no consiguió respaldo legislativo. Muchos diputados resistieron la idea de perdonar deuda multimillonaria a empresas privadas mientras se avanzaba con recortes de subsidios sobre usuarios residenciales.
El reclamo empresario viene atravesando todos los gobiernos desde hace dos décadas. Edenor y Edesur se lo reclamaron a Macri, incluso después de aumentos tarifarios que en algunos casos superaron el 2000% entre 2016 y 2019. Lo volvieron a plantear durante el congelamiento del gobierno de Alberto Fernández y ahora reaparece con Milei.
Además, el diseño del mecanismo volvió a encender suspicacias dentro del sector energético. La implementación quedaría bajo la órbita de Damián Sanfilippo, subsecretario de Energía Eléctrica muy cercano a los hermanos Neuss, los grandes ganadores del dector durante el gobierno libertario.
En su exposición ante el plenario de las comisiones de Energía y de Presupuesto y Hacienda de Diputados, Tettamanti defendió el proyecto asegurando que durante las últimas dos décadas las distribuidoras operaron bajo emergencia tarifaria, con tarifas pesificadas y congeladas que les impidieron cubrir costos operativos, pagar energía a Cammesa e invertir para sostener la calidad del servicio.
La funcionaria argumentó que, frente a esa situación, las compañías sólo tuvieron una alternativa: endeudarse con Cammesa. «Se acumularon deudas millonarias», sostuvo. También recordó que el año pasado se firmaron acuerdos de refinanciación a 72 cuotas con períodos de gracia, pero advirtió que las tarifas actuales todavía «no permiten reconocer costos no recuperados del pasado».
El ex secretario de Energía, Gustavo Lopetegui.
El problema es que ese reclamo empresario viene atravesando prácticamente todos los gobiernos desde hace dos décadas. Edenor y Edesur se lo reclamaron a Macri incluso después de aumentos tarifarios que en algunos casos superaron el 2000% entre 2016 y 2019. Lo volvieron a plantear durante el congelamiento del gobierno de Alberto Fernández y ahora reaparece con Milei, justamente después de que esta gestión impulsara una nueva revisión tarifaria que en teoría buscaba «normalizar» definitivamente el esquema de ingresos.
La escena tiene algo de rueda infinita. Cada revisión tarifaria promete cerrar el conflicto histórico. Pero el expediente vuelve siempre al mismo lugar: las empresas sostienen que las tarifas no alcanzan y reclaman compensaciones adicionales, mientras la deuda con Cammesa sigue creciendo como una bola de nieve que el propio Estado termina financiando.
Esa discusión además quedó golpeada por antecedentes incómodos. Durante la intervención del ENRE encabezada por Federico Basualdo, una auditoría sobre los acuerdos firmados en tiempos de Gustavo Lopetegui argumentó irregularidades en el cálculo de los «activos regulatorios». Según esa investigación, las valuaciones favorecían artificialmente a las distribuidoras, al punto de transformar empresas deudoras en acreedoras del Estado.
Como sea, en el sector energético muchos interpretan que el nuevo proyecto barre incluso con el argumento político que justificó la última revisión tarifaria impulsada por Milei. Si aquella recomposición extraordinaria de ingresos no alcanzó para cerrar el reclamo histórico de las distribuidoras, entonces la discusión ya no parece tener punto final.
Donald Trump anunció como «terminadas las hostilidades con Irán» en una carta enviada al Congreso que le permitió evitar el plazo legal que lo obligaba a buscar autorización legislativa para continuar el conflicto iniciado el 28 de febrero.
El mensaje fue dirigido al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y al presidente pro tempore del Senado, Chuck Grassley, justo cuando se cumplían los 60 días desde la notificación formal del inicio de las operaciones militares, el límite fijado por la Resolución de Poderes de Guerra de 1973.
Esa normativa establece que el presidente debe cesar el uso de las Fuerzas Armadas pasado ese plazo, salvo que el Congreso autorice la intervención o habilite una prórroga para la retirada de tropas.
Sin embargo, ninguna de esas opciones se concretó: el Senado volvió a rechazar un nuevo intento de los demócratas para frenar el conflicto y los legisladores se retiraron de Washington por una semana.
De todas formas, la Casa Blanca sostuvo que el plazo no corresponde porque las hostilidades ya habían cesado con el cese al fuego alcanzado a comienzos de abril. «No ha habido intercambio de disparos entre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos e Irán desde el 7 de abril de 2026. Las hostilidades que comenzaron el 28 de febrero de 2026 han cesado», afirmó Trump en la carta.
No ha habido intercambio de disparos entre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos e Irán desde el 7 de abril de 2026. Las hostilidades que comenzaron el 28 de febrero de 2026 han cesado
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, respaldó esa postura al señalar que el cese al fuego implica que el «reloj de 60 días se pausa o se detiene».
Chuck Grassley, preisdente protempore del Senado de EEUU.
Desde la oposición, el senador demócrata Tim Kaine advirtió que el estatuto no respalda esa lectura, mientras que su colega Richard Blumenthal sostuvo que «no hay botón de pausa en la Constitución ni en la Ley de Poderes de Guerra».
No obstante, mas allá de declarar el fin de las hostilidades, la propia carta reconoce que la amenaza iraní «sigue siendo significativa» y que las operaciones buscan «asegurar una paz duradera».
En paralelo, la Armada de Estados Unidos mantiene un bloqueo naval para impedir la salida de petroleros iraníes, mientras Teherán conserva el control del estratégico estrecho de Ormuz.
Antes de viajar a Florida, Trump descartó pedir autorización al Congreso y reprochó que «ningún otro presidente lo ha pedido antes. Nunca se ha usado antes. ¿Por qué deberíamos ser diferentes?». Además, volvió a calificar la norma como «totalmente inconstitucional», una postura que ya habían sostenido mandatarios como Bill Clinton y Barack Obama.
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