La Municipalidad de Villa Regina adhiere a la Resolución N° 6723 del Ministerio de Salud de Río Negro que dispuso habilitar la circulación de personas sin restricciones horarias a partir de hoy y hasta el 1 de octubre. La medida, según se indicó, responde a la mejora registrada en la situación epidemiológica, que se suma al buen avance del Plan de Vacunación provincial contra el COVID-19.
Además, se unificó el aforo máximo del 70% para actividades en espacios cerrados y sin limitaciones al aire libre en el rubro gastronómico, entre otras medidas.
El Ministerio aclaró que se sostiene el monitoreo constante de la situación sanitaria en toda la provincia. En caso que las medidas deban ser ampliadas o incrementadas, se hará de acuerdo a la evolución epidemiológica y el análisis de casos.
Habilitaciones
*Las reuniones sociales en domicilios particulares de hasta 10 personas. Si el domicilio contare con espacio al aire libre y la reunión se realizare en el mismo, la concurrencia podrá alcanzar hasta 20 personas.
*Las actividades y reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de hasta 1.000 personas.
*Los locales gastronómicos funcionarán con un máximo del 70% del aforo en relación con la capacidad máxima habilitada, con adecuada y constante ventilación y con estricta sujeción a los protocolos aprobados. La limitación del aforo no regirá en espacios localizados al aire libre.
*La realización de actos públicos y protocolares, aniversarios y fiestas populares, sin aglomeración de personas y respetando el distanciamiento social.
*La práctica deportiva en espacios públicos y privados cerrados con el 70% del aforo.
*La realización de eventos, encuentros y competencias deportivas, profesionales o amateurs, podrá realizarse con público asistente hasta un 70% del aforo máximo, evitando toda aglomeración de personas.
*La realización de eventos religiosos en lugares cerrados, en los que deberá observarse, como máximo, un 70% de aforo.
*Las clases presenciales y ensayos de actividades artísticas, individuales o en grupos según protocolo y con un aforo máximo del 70% del espacio donde se realizan.
*La apertura de bibliotecas con entrega de libros y las salas de lectura de las bibliotecas con máximo de aforo de hasta el 70% de su capacidad.
*La realización de actividades en cines, teatros, museos, salas de espectáculos de centros culturales o salones de eventos a los efectos del desarrollo de artes escénicas o actividades culturales. En todos los casos se permite un 70% de aforo.
*La actividad de casinos y bingos con un aforo máximo del 70% del espacio disponible.
*La apertura de salones de eventos con un aforo máximo del 70% del espacio disponible, con adecuada y constante ventilación y con estricta sujeción a los protocolos aprobados.
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El Senado le dio estado parlamentario este jueves a los más de 60 pliegos de jueces que envió Javier Milei al Congreso la semana pasada, entre los cuales se cuentan los nombres de Emilio Rosatti, el hijo del presidente de la Corte Suprema, y Ana Juan, la esposa de Marcelo Martínez de Giorgi, el magistrado que investiga la causa Libra.
Además, se habilitaron los pliegos de María Julia Sosa, secretaria del juez Julián Ercolini, y Laura Kvitko y Jessica Sircovich, secretarias del camarista Mariano Borinsky. El plan del oficialismo es aprobar esos dictámenes en comisión y convocar a audiencias públicas para mediados de mayo.
Por otra parte, la ex senadora Lucila Crexell obtuvo la aprobación de su pliego como embajadora argentina en Canadá con 45 votos a favor, 26 en contra y la abstención de Pablo Cervi. La neuquina se llevó el rechazo del interbloque peronista en pleno, junto al de su colega Julieta Corroza, quien se opuso por instrucción del gobernador Rolando Figueroa.
Pero mientras la sesión no tenía mayor atractivo que los discursos de los senadores contra la presentación de Federico Sturzenegger este miércoles, cuando defendió el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, la mirada ya está puesta en la audiencia por la que deberá pasar Carlos «Coco» Mahiques, padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, el próximo 16 de abril.
En ese sentido, el pliego de la prórroga que Mahiques consiguió de parte de Milei para continuar en su cargo en la Cámara de Casación, después que cumpla 75 años en noviembre próximo, ya cosechó las impugnaciones de ACIJ e INECIP (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales). Las organizaciones solicitaron que se rechace el pliego porque «no se puede otorgar un nuevo nombramiento a quien no fue nombrado con anterioridad».
En efecto, Mahiques llegó a la Casación Federal luego de un traslado efectuado en 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri, desde su cargo original en un fuero de la Justicia ordinaria.
Juan Carlos Pagotto y Anabel Fernández Sagasti.
Sin embargo, la Corte Suprema declaró inconstitucional ese tipo de traslados en 2020, en el fallo «Bertuzzi», otro juez trasladado por Macri. «Validar un nuevo nombramiento implicaría perpetuar una situación inconstitucional que debe ser corregida inmediatamente por el Senado de la Nación», advierten las organizaciones.
El fallo del máximo tribunal estableció que los traslados no pueden equipararse a los nombramientos y, por eso, sus detractores alegan que «no se puede prorrogar un cargo al que se accedió de manera provisoria». «La única vía constitucional para que Carlos Mahiques pueda continuar en la Cámara Federal de Casación Penal luego de los 75 años es presentarse al concurso que el Consejo de la Magistratura inicie cuando se produzca la vacante», desafían ACIJ e INECIP.
Hija de un funcionario clave del Cabildo, viuda de un comerciante y luego esposa de un militar ligado al poder virreinal, María Mercedes Sarasa no sólo administró negocios en la Buenos Aires colonial sino que también se movió con precisión dentro de las redes políticas y económicas de su tiempo. Su historia, reconstruida a partir de documentos y estudios académicos, revela cómo las mujeres podían intervenir activamente en un sistema que no estaba pensado para ellas.
Por Alcides Blanco para NLI
Una mujer dentro del circuito comercial colonial
María Mercedes Sarasa nació en el seno de una familia estrechamente vinculada al poder político de Buenos Aires. Su padre, Javier Saturnino de Saraza y Mador, ocupó cargos reiterados en el Cabildo —regidor, alcalde en distintos niveles y defensor de pobres—, lo que situaba a la familia en el núcleo de la administración colonial. En 1784 se casó con Casimiro Francisco Necochea Boronte, comerciante y también regidor, integrándose de lleno en el circuito mercantil del puerto, con quien tuvo varios hijos.
Ese entorno no era meramente social. Buenos Aires, hacia fines del siglo XVIII, funcionaba como un nodo clave del comercio atlántico, articulando exportaciones de cueros y productos ganaderos con importaciones europeas y circuitos internos hacia el Alto Perú. Las familias que ocupaban el Cabildo no sólo gobernaban: también comerciaban.
La viudez y la continuidad del negocio
La muerte de Necochea en 1802 no implicó la disolución de la actividad económica. Por el contrario, la documentación muestra que Sarasa continuó operando dentro de ese circuito. Investigaciones académicas basadas en fuentes comerciales y notariales indican que integró la sociedad “Vda. de Necochea y Larravide”, lo que demuestra una continuidad empresarial concreta y no meramente formal.
Durante al menos ocho años, según reconstrucciones basadas en registros comerciales, participó en operaciones de importación y exportación, utilizando mecanismos habituales del comercio colonial como la consignación de mercancías a cuenta y riesgo propio. Esto implicaba asumir costos, riesgos y decisiones sobre la circulación de bienes en una red que conectaba Buenos Aires con Montevideo y la península ibérica.
El documento que lo prueba todo
El dato más contundente aparece en un acuerdo fechado en 1805, conservado en el Archivo Histórico. Allí, María Mercedes Sarasa figura explícitamente como parte en la venta de una porción de la fragata “La Primera”.
El documento detalla que la operación se realiza en su condición de viuda de Necochea y en acuerdo con el comerciante Manuel de Larravide, con intervención de autoridades del Cabildo encabezadas por Martín de Álzaga. La otra parte de la embarcación pertenecía a una casa comercial radicada en Cádiz, lo que evidencia la inserción directa en redes atlánticas.
Una fragata como La Primera no era un bien accesorio. Era el instrumento central del comercio de larga distancia. A través de embarcaciones de este tipo circulaban: cueros y derivados ganaderos desde el Río de la Plata hacia Europa, manufacturas europeas hacia el puerto de Buenos Aires, y mercancías que luego se redistribuían hacia el interior del virreinato.
Ser propietaria —aunque fuera parcialmente— de una embarcación implicaba invertir capital, asumir riesgos marítimos, participar en redes comerciales internacionales y negociar con actores de alto nivel económico. La operación documentada en 1805 muestra a Sarasa actuando dentro de ese esquema con plena capacidad jurídica y económica.
Como detalla la historiadora Marcela Aguirrezabala, «Entre los años 1778 y 1810 se ve claramente que el número de mujeres vinculadas a la exportación fue mucho mayor que las que optaron por la importación (…) Esa tendencia fue así incluso en el caso de una comerciante de la talla de María Mercedes Sarasa, la viuda de Necochea, quien desde que empezó a operar en 1802 hasta 1810 exportó en 13 oportunidades según nuestros datos e importó efectos sólo en cinco ocasiones, entre 1803 y 1805«.
Redes comerciales y poder político
La presencia de figuras como Martín de Álzaga en la operación no es un detalle menor. Álzaga era uno de los principales comerciantes de Buenos Aires y una figura clave del poder económico local. Su intervención como autoridad en el acuerdo indica que Sarasa operaba en un nivel donde comercio y política estaban profundamente entrelazados.
Ese entramado se refuerza con otro dato documental: el 9 de diciembre de 1805, Sarasa contrajo matrimonio con José María del Pino (con quien también tendrá descendencia), capitán del Cuerpo de Artillería e hijo de Joaquín del Pino. Este vínculo la conectó directamente con la élite virreinal, consolidando su inserción en redes de poder que excedían lo estrictamente económico.
Una comerciante, no una excepción
La documentación disponible permite afirmar sin ambigüedades que María Mercedes Sarasa no fue una figura pasiva ni un caso aislado de administración doméstica. Fue una comerciante activa que participó en una sociedad mercantil, operó en circuitos de importación y exportación, consignó mercancías a cuenta propia y fue copropietaria de al menos una embarcación utilizada en el comercio atlántico.
Estos datos, respaldados por fuentes documentales y estudios académicos, obligan a revisar la imagen tradicional de las mujeres en la colonia. No se trata de afirmar que el sistema era igualitario, sino de reconocer que existían márgenes de acción que algunas mujeres ocuparon de manera efectiva y documentable.
Del archivo a la historia
La reconstrucción de esta trayectoria se apoya en documentos conservados en repositorios históricos y en investigaciones desarrolladas en ámbitos como el CONICET y la Universidad de Buenos Aires. Estos trabajos, inscriptos en la historia social, permiten recuperar experiencias que durante mucho tiempo quedaron fuera del relato dominante.
Fuentes y referencias
Archivo Histórico de la Nación, acuerdo de 1805 sobre la fragata La Primera.
Investigaciones de Marcela Aguirrezabala sobre comercio y género en el Río de la Plata.
Estudios del Instituto de Historia Argentina sobre redes mercantiles coloniales.
Documentación comercial y notarial del período conservada en repositorios públicos.
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