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Regina adhiere a resolución provincial y habilita la circulación sin límites horarios

La Municipalidad de Villa Regina adhiere a la Resolución N° 6723 del Ministerio de Salud de Río Negro que dispuso habilitar la circulación de personas sin restricciones horarias a partir de hoy y hasta el 1 de octubre. La medida, según se indicó, responde a la mejora registrada en la situación epidemiológica, que se suma al buen avance del Plan de Vacunación provincial contra el COVID-19.

Además, se unificó el aforo máximo del 70% para actividades en espacios cerrados y sin limitaciones al aire libre en el rubro gastronómico, entre otras medidas.

El Ministerio aclaró que se sostiene el monitoreo constante de la situación sanitaria en toda la provincia. En caso que las medidas deban ser ampliadas o incrementadas, se hará de acuerdo a la evolución epidemiológica y el análisis de casos.

Habilitaciones

*Las reuniones sociales en domicilios particulares de hasta 10 personas. Si el domicilio contare con espacio al aire libre y la reunión se realizare en el mismo, la concurrencia podrá alcanzar hasta 20 personas.

*Las actividades y reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de hasta 1.000 personas.

*Los locales gastronómicos funcionarán con un máximo del 70% del aforo en relación con la capacidad máxima habilitada, con adecuada y constante ventilación y con estricta sujeción a los protocolos aprobados. La limitación del aforo no regirá en espacios localizados al aire libre.

*La realización de actos públicos y protocolares, aniversarios y fiestas populares, sin aglomeración de personas y respetando el distanciamiento social.

*La práctica deportiva en espacios públicos y privados cerrados con el 70% del aforo.

*La realización de eventos, encuentros y competencias deportivas, profesionales o amateurs, podrá realizarse con público asistente hasta un 70% del aforo máximo, evitando toda aglomeración de personas.

*La realización de eventos religiosos en lugares cerrados, en los que deberá observarse, como máximo, un 70% de aforo.

*Las clases presenciales y ensayos de actividades artísticas, individuales o en grupos según protocolo y con un aforo máximo del 70% del espacio donde se realizan.

*La apertura de bibliotecas con entrega de libros y las salas de lectura de las bibliotecas con máximo de aforo de hasta el 70% de su capacidad.

*La realización de actividades en cines, teatros, museos, salas de espectáculos de centros culturales o salones de eventos a los efectos del desarrollo de artes escénicas o actividades culturales. En todos los casos se permite un 70% de aforo.

*La actividad de casinos y bingos con un aforo máximo del 70% del espacio disponible.

*La apertura de salones de eventos con un aforo máximo del 70% del espacio disponible, con adecuada y constante ventilación y con estricta sujeción a los protocolos aprobados.

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    Del protocolo antipiquetes a Tribuna Segura: el Gobierno consolida un modelo de control permanente

     

    El gobierno libertario pone cada vez más restricciones.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    El paquete de resoluciones publicado este miércoles por el Ministerio de Seguridad Nacional en el Boletín Oficial volvió a dejar expuesta una orientación política cada vez más definida del gobierno de Javier Milei: ampliar mecanismos de vigilancia, reforzar restricciones administrativas y consolidar herramientas de control preventivo sobre la vida social. Detrás de medidas que en apariencia aparecen fragmentadas —estadios, bases de datos, restricciones de concurrencia y sistemas federales de información— se perfila una arquitectura estatal donde el concepto de “seguridad” empieza a extenderse mucho más allá del delito consumado.

    La resolución más significativa del día fue la ampliación del programa Tribuna Segura, un sistema que originalmente había sido presentado para controlar el ingreso de barras bravas y personas con antecedentes violentos en espectáculos deportivos. La nueva normativa incorpora ahora la posibilidad de aplicar restricciones vinculadas a incumplimientos civiles, como los registros de deudores alimentarios, y profundiza el uso de mecanismos administrativos para impedir accesos sin necesidad de condenas penales firmes.

    Detrás de la narrativa oficial sobre “orden” y “protección”, lo que aparece es otra cosa: el avance de un esquema de prevención estatal basado en el monitoreo permanente y la ampliación de facultades discrecionales del Ejecutivo. El cambio no es solamente operativo. Es político.

    De la protesta social al control de conductas

    Desde la implementación del protocolo antipiquetes, el Gobierno viene construyendo una lógica donde la protesta social dejó de ser tratada como un fenómeno político para pasar a encuadrarse dentro de la órbita de la seguridad interior. El corrimiento conceptual fue gradual, pero constante.

    Las resoluciones publicadas este 13 de mayo profundizan ese camino. En los fundamentos administrativos del nuevo esquema de Tribuna Segura aparecen referencias a controles preventivos sobre manifestaciones y concentraciones públicas, consolidando la idea de que el Estado debe intervenir antes de que exista delito alguno.

    No se trata solamente de impedir hechos violentos en una cancha. Se trata de construir herramientas permanentes de identificación, seguimiento y restricción de circulación aplicables a distintos ámbitos de la vida pública.

    Ese punto es central porque modifica el paradigma histórico de actuación estatal. El foco ya no está únicamente en castigar delitos comprobados, sino en administrar riesgos potenciales mediante bases de datos, controles cruzados y sanciones preventivas.

    Bases de datos, vigilancia y centralización

    Otra de las resoluciones relevantes del día fue la vinculada al SIFCOP, el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales. Aunque presentada como una actualización técnica y administrativa, la medida refuerza la centralización de información criminal, pedidos de captura, secuestros y alertas judiciales entre fuerzas federales y provinciales.

    En términos prácticos, el Ministerio sigue avanzando en la integración nacional de sistemas de vigilancia e identificación. La interoperabilidad de datos permite acelerar operativos y controles, pero también incrementa el poder estatal sobre la circulación de información sensible de millones de personas.

    El argumento oficial es la eficiencia. La discusión política, en cambio, pasa por otro lado: qué controles institucionales existen sobre estas herramientas y hasta dónde puede expandirse su utilización.

    La preocupación no es abstracta. En los últimos meses el Gobierno ya había endurecido políticas sobre protestas, operativos callejeros y control de movilizaciones, en un contexto social marcado por despidos, ajuste económico y creciente conflictividad.

    El orden como narrativa de gobierno

    Las medidas difundidas este miércoles también revelan otro aspecto central del modelo Milei: el uso político de la seguridad como construcción discursiva. Deudores alimentarios impedidos de ingresar a estadios, barrabravas bloqueados, presos sin celulares y sistemas federales de monitoreo son decisiones diseñadas para generar impacto mediático inmediato y construir una narrativa de autoridad estatal.

    La lógica es clara: instalar la idea de un Gobierno que “pone orden” frente a una sociedad presentada como caótica o fuera de control.

    Pero detrás de esa construcción comunicacional aparece una tendencia más profunda y persistente: la expansión de mecanismos administrativos que permiten restringir derechos y movimientos sin intervención judicial plena ni condena firme.

    La discusión de fondo recién empieza. Porque mientras el Gobierno presenta estas herramientas como medidas de seguridad modernas y eficientes, crecen las advertencias sobre el riesgo de consolidar un modelo de vigilancia permanente donde cada vez más aspectos de la vida social quedan bajo monitoreo estatal.

     

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    La Comisión Nacional de Valores (CNV) lanzó un paquete de reformas que promete cambiar de raíz el funcionamiento del mercado de capitales. El organismo, junto al Ministerio de Desregulación, impulsa un esquema que elimina en gran parte la aprobación previa de emisiones y la reemplaza por un modelo basado en la presentación de información. En la práctica, se trata de un giro profundo: menos control antes de salir al mercado y más responsabilidad posterior.

    El propio Gobierno lo presenta como un «Big Bang» financiero. La iniciativa se materializa a través de seis resoluciones (de la 1132 a la 1137) que fueron sometidas a consulta pública y que apuntan a agilizar la emisión de instrumentos. El objetivo oficial es reducir tiempos y facilitar el acceso al financiamiento, en un mercado históricamente chico y con baja profundidad.

    Uno de los cambios más significativos es que los Fondos Comunes de Inversión abiertos dejarán de requerir autorización previa. En la misma línea, instrumentos como fideicomisos financieros, obligaciones negociables y fondos cerrados podrán contar con autorización automática bajo ciertos umbrales. La lógica es simple: menos trámites, más velocidad.

    Caputo quiere mover los fondos de la Anses y crece la tensión con Pettovello

    Pero detrás de esa promesa de dinamismo aparece una tensión central. La CNV se corre del mostrador y deja de filtrar qué sale al mercado. En lugar de revisar cada emisión antes de su lanzamiento, el organismo pasará a concentrarse en la supervisión posterior, lo que modifica el equilibrio entre regulación y autorregulación.

    En el propio mercado reconocen el cambio de lógica. «No va a estar más el confort de la autorización de la CNV», señalan operadores, que advierten que el nuevo esquema exige mayor responsabilidad por parte de los actores privados. Estudios jurídicos, estructuradores e intermediarios deberán asumir un rol más activo en la validación de las operaciones.

    No va a estar más el confort de la autorización de la CNV.

    Ese corrimiento implica, en los hechos, un traslado del riesgo. Si antes existía una instancia que podía detectar inconsistencias antes de que un instrumento llegara al público, ahora ese filtro desaparece. El sistema pasa a depender más de la calidad de la información y del comportamiento de quienes participan del mercado.

    Al mismo tiempo, la reforma amplía el universo de inversores que pueden acceder a estos instrumentos, al reducir los requisitos para ser considerado inversor calificado. Esto puede aportar volumen, pero también implica que más personas queden expuestas a productos complejos en un entorno donde no siempre cuentan con la información o la formación necesaria.

    No es la primera vez que la CNV avanza en flexibilizaciones que amplían el universo de participantes sin un refuerzo equivalente en materia de educación financiera. Meses atrás, el organismo habilitó a adolescentes desde los 13 años a operar en una gama más amplia de fondos comunes de inversión, una decisión que generó cuestionamientos desde distintos sectores por la exposición temprana a instrumentos financieros más complejos.

    En ese momento, especialistas advirtieron sobre los riesgos de confundir inversión con juego, en un contexto marcado por el crecimiento de la ludopatía online entre menores. El ex titular de la CNV, Alejandro Vanoli, llegó a calificar la medida como «un acto de irresponsabilidad» si no está acompañada por una política masiva de educación financiera. El antecedente vuelve a poner en discusión el enfoque actual del organismo: mayor acceso y desregulación, pero con interrogantes sobre la capacidad real de los nuevos participantes para evaluar riesgos.

    El enfoque actual de la CNV es mayor acceso y desregulación, pero abre interrogantes sobre la capacidad real de los nuevos participantes para evaluar riesgos.

    No es un punto menor en un contexto en el que se multiplican las promesas de rentas rápidas, esquemas poco transparentes y ofertas difíciles de auditar. Con menos filtros previos, el riesgo de que circulen instrumentos de calidad dudosa crece, especialmente si la supervisión posterior no logra ser efectiva.

    La apuesta oficial es que la velocidad compense la falta de control. El interrogante es si acelerar los tiempos alcanza cuando el problema de fondo no es el trámite, sino la confianza. En los hechos, el esquema descansa en que el mercado se discipline solo, algo que en economías con mayor desarrollo puede funcionar, pero que en Argentina tiene antecedentes más frágiles.

    La discusión de fondo, sin embargo, excede lo regulatorio. En un contexto donde el ingreso real sigue tensionado y el ahorro es limitado, crece la tentación de buscar rendimientos rápidos. Esa combinación -más oferta de instrumentos, menos control previo y necesidad de hacer rendir la plata- puede ser terreno fértil para promesas exageradas o engañosas.

     

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