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Regina adhiere a resolución provincial y habilita la circulación sin límites horarios

La Municipalidad de Villa Regina adhiere a la Resolución N° 6723 del Ministerio de Salud de Río Negro que dispuso habilitar la circulación de personas sin restricciones horarias a partir de hoy y hasta el 1 de octubre. La medida, según se indicó, responde a la mejora registrada en la situación epidemiológica, que se suma al buen avance del Plan de Vacunación provincial contra el COVID-19.

Además, se unificó el aforo máximo del 70% para actividades en espacios cerrados y sin limitaciones al aire libre en el rubro gastronómico, entre otras medidas.

El Ministerio aclaró que se sostiene el monitoreo constante de la situación sanitaria en toda la provincia. En caso que las medidas deban ser ampliadas o incrementadas, se hará de acuerdo a la evolución epidemiológica y el análisis de casos.

Habilitaciones

*Las reuniones sociales en domicilios particulares de hasta 10 personas. Si el domicilio contare con espacio al aire libre y la reunión se realizare en el mismo, la concurrencia podrá alcanzar hasta 20 personas.

*Las actividades y reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de hasta 1.000 personas.

*Los locales gastronómicos funcionarán con un máximo del 70% del aforo en relación con la capacidad máxima habilitada, con adecuada y constante ventilación y con estricta sujeción a los protocolos aprobados. La limitación del aforo no regirá en espacios localizados al aire libre.

*La realización de actos públicos y protocolares, aniversarios y fiestas populares, sin aglomeración de personas y respetando el distanciamiento social.

*La práctica deportiva en espacios públicos y privados cerrados con el 70% del aforo.

*La realización de eventos, encuentros y competencias deportivas, profesionales o amateurs, podrá realizarse con público asistente hasta un 70% del aforo máximo, evitando toda aglomeración de personas.

*La realización de eventos religiosos en lugares cerrados, en los que deberá observarse, como máximo, un 70% de aforo.

*Las clases presenciales y ensayos de actividades artísticas, individuales o en grupos según protocolo y con un aforo máximo del 70% del espacio donde se realizan.

*La apertura de bibliotecas con entrega de libros y las salas de lectura de las bibliotecas con máximo de aforo de hasta el 70% de su capacidad.

*La realización de actividades en cines, teatros, museos, salas de espectáculos de centros culturales o salones de eventos a los efectos del desarrollo de artes escénicas o actividades culturales. En todos los casos se permite un 70% de aforo.

*La actividad de casinos y bingos con un aforo máximo del 70% del espacio disponible.

*La apertura de salones de eventos con un aforo máximo del 70% del espacio disponible, con adecuada y constante ventilación y con estricta sujeción a los protocolos aprobados.

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    «No hay más secundario»: empresas de colectivos descargan la crisis sobre los estudiantes y ponen en jaque un derecho conquistado

     

    La escena se repite cada vez con más frecuencia y expone una realidad alarmante. Este mediodía, estudiantes que intentaban viajar con el boleto estudiantil secundario en la línea 8 recibieron una respuesta tan contundente como preocupante: «No hay más secundario», les dijo el chofer del interno 722. A partir de allí, los jóvenes quedaron ante una disyuntiva imposible: pagar una tarifa que muchos no pueden afrontar o descender de la unidad y perder la posibilidad de llegar a la escuela o retornar a sus hogares.

    Por Tomás Palazzo para NLI

    El episodio no aparece como un hecho aislado. Según denuncian usuarios y familias, situaciones similares comienzan a multiplicarse en distintas líneas de transporte, en un contexto marcado por el aumento permanente de los combustibles, la crisis financiera que atraviesa el sector y la reducción de la asistencia estatal. Sin embargo, detrás de cada estudiante obligado a pagar o a bajarse de un colectivo existe una pregunta de fondo: ¿quién debe garantizar el acceso a la educación, las empresas privadas o el Estado?

    Cuando la crisis la pagan los estudiantes

    El boleto estudiantil no es un beneficio comercial ni una concesión graciosa de las empresas. Se trata de una herramienta destinada a garantizar el acceso a la educación pública, evitando que el costo del transporte se transforme en una barrera para miles de familias trabajadoras.

    Cuando una empresa decide desconocer ese derecho o limitar su aplicación, el impacto no recae sobre balances empresariales ni sobre funcionarios. Lo sufren directamente los estudiantes. Cada viaje que deja de estar cubierto implica un gasto adicional para hogares que ya enfrentan aumentos constantes en alimentos, tarifas, alquileres y servicios.

    La consecuencia es tan sencilla como brutal: estudiar se vuelve más caro. Y cuando la educación pública comienza a incorporar costos que antes estaban garantizados por políticas estatales, quienes terminan pagando son los sectores populares.

    La situación remite inevitablemente a una larga historia de luchas estudiantiles. El reclamo por el boleto estudiantil forma parte de una tradición de organización juvenil que tuvo uno de sus capítulos más trágicos durante la dictadura con la recordada Noche de los Lápices, cuando estudiantes secundarios fueron secuestrados, torturados y desaparecidos tras participar, entre otras reivindicaciones, de la defensa de ese derecho. Por eso, cada retroceso en esta materia tiene una carga simbólica que trasciende la discusión económica.

    El Estado se corre y los derechos quedan a merced de privados

    La situación también expone una tendencia cada vez más visible durante la gestión de Milei: la retirada del Estado de áreas sensibles y la transferencia de responsabilidades públicas hacia actores privados.

    Desde NLI ya habíamos advertido sobre este fenómeno el pasado 26 de mayo, cuando se conoció la eliminación de compensaciones para los pasajes gratuitos de personas con discapacidad, en una decisión que no tuvo la trascendencia necesaria ni la dimensión esperada, oculta tras el mando de discusiones internas o Declaracines Juradas no presentadas. En aquel caso, el Gobierno dejó de financiar una política pública y trasladó la carga económica a las empresas, convirtiéndolas de hecho en administradoras de un derecho que debería estar garantizado por el Estado.

    Ahora el mecanismo parece repetirse. Mientras el transporte enfrenta aumentos de costos y problemas de financiamiento, los controles estatales brillan por su ausencia y los usuarios quedan atrapados en el medio. En lugar de garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos adquiridos, el Gobierno parece optar por correrse y dejar que cada empresa resuelva la situación como considere conveniente.

    El resultado es previsible: cuando los números no cierran, quienes primero sufren las consecuencias son los sectores más vulnerables.

    Un nuevo golpe contra la educación pública

    La negativa a reconocer el boleto estudiantil no puede analizarse únicamente como un conflicto de transporte. También constituye un nuevo capítulo en el deterioro de las condiciones de acceso a la educación pública.

    Durante los últimos meses, estudiantes, docentes y universidades protagonizaron múltiples reclamos frente a recortes presupuestarios, pérdida salarial y reducción de programas de asistencia. Ahora, a ese escenario se suma la incertidumbre sobre una herramienta fundamental para que miles de jóvenes puedan asistir a clases.

    Detrás de cada estudiante obligado a pagar un pasaje que antes estaba cubierto existe una definición política. Porque cuando el Estado abandona su rol de garante y permite que derechos básicos queden sujetos a la capacidad económica de empresas privadas, lo que está en discusión ya no es solamente una tarifa de colectivo. Lo que está en juego es la igualdad de oportunidades.

    Y una vez más, quienes terminan soportando el peso del ajuste son aquellos que menos tienen y más necesitan de la presencia estatal para ejercer derechos que deberían estar fuera de cualquier discusión.

     

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    Manuel Adorni le entregó al fiscal Gerardo Pollicita una lista de billeteras virtuales para justificar su crecimiento patrimonial y ahora podría complicar a Javier Milei con el caso Libra.

    Según anticiparon a LPO en exclusiva fuentes con acceso a la causa, el jefe de Gabinete presentó una lista de billeteras que tenía antes y otras que abrió después de la criptoestafa de febrero del año pasado.

    El juzgado de Ariel Lijo entró en ebullición con la presentación de Adorni, que podría ramificarse en el caso más urticante para los Milei. El caso Libra lo tiene en su poder el juez Marcelo Martínez di Giorgi, que es muy cercano a Lijo y con esta nueva información se vería obligado a incomodar al primer mandatario.  

    Las razones de Adorni para no renunciar: «Afuera es peor»

    La información que acercó Adorni ya es de por sí una controversia legal. El funcionario demora la presentación de su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción y su contacto informal con el juzgado de Lijo sugiere que lo estan queriendo ayudar, aunque no está fácil cuadrar sus gastos y sus ingresos.

    El contacto informal de Adorni con el juzgado de Lijo sugiere que lo estan queriendo ayudar, aunque no está fácil cuadrar sus gastos y sus ingresos.

    «Soy un hombre de Estados no voy a afectar la gobernabilidad», dicen en la Casa Rosada que les dijo el juez Lijo cuando lo sondearon sobre como avanzará la causa contra Adorni.

    Pero en el mundillo judicial se comenta que el jefe de Gabinete no se está dejando ayudar y que ahora le abrió un foco de incendio al propio presidente Milei. La otra interpretación es que Adorni mandó un mensaje envenenado a los hermanos Milei con la entrega de datos sobre billeteras virtuales.

    El juez federal Ariel Lijo.

    En el propio gobierno se comenta desde el inicio del escándalo patrimonial de Adorni que los Milei no lo entregan porque conoce al detalle los costados más escabroso del caso Libra porque fue parte.  El entonces vocero fue uno de los invitados al Tech Forum 2024 donde se gestó el lanzamiento de Libra y además iba a ser figura estelar de la frustrada edición 2025.

     «Pegarme a mí es lastimarlo a él», dijo Adorni sobre Milei el mes pasado, en un mensaje envenenado que ahora cobra aún más sentido.  

    LPO reveló que el jefe de Gabinete no quiere renunciar por un especulación absolutamente personal, que no incluye una lectura política sobre el daño que le causa al gobierno y al presidente. «Afuera es peor», argumenta el jefe de Gabinete.

     

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