La Municipalidad de Villa Regina adhiere a la Resolución N° 6723 del Ministerio de Salud de Río Negro que dispuso habilitar la circulación de personas sin restricciones horarias a partir de hoy y hasta el 1 de octubre. La medida, según se indicó, responde a la mejora registrada en la situación epidemiológica, que se suma al buen avance del Plan de Vacunación provincial contra el COVID-19.
Además, se unificó el aforo máximo del 70% para actividades en espacios cerrados y sin limitaciones al aire libre en el rubro gastronómico, entre otras medidas.
El Ministerio aclaró que se sostiene el monitoreo constante de la situación sanitaria en toda la provincia. En caso que las medidas deban ser ampliadas o incrementadas, se hará de acuerdo a la evolución epidemiológica y el análisis de casos.
Habilitaciones
*Las reuniones sociales en domicilios particulares de hasta 10 personas. Si el domicilio contare con espacio al aire libre y la reunión se realizare en el mismo, la concurrencia podrá alcanzar hasta 20 personas.
*Las actividades y reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de hasta 1.000 personas.
*Los locales gastronómicos funcionarán con un máximo del 70% del aforo en relación con la capacidad máxima habilitada, con adecuada y constante ventilación y con estricta sujeción a los protocolos aprobados. La limitación del aforo no regirá en espacios localizados al aire libre.
*La realización de actos públicos y protocolares, aniversarios y fiestas populares, sin aglomeración de personas y respetando el distanciamiento social.
*La práctica deportiva en espacios públicos y privados cerrados con el 70% del aforo.
*La realización de eventos, encuentros y competencias deportivas, profesionales o amateurs, podrá realizarse con público asistente hasta un 70% del aforo máximo, evitando toda aglomeración de personas.
*La realización de eventos religiosos en lugares cerrados, en los que deberá observarse, como máximo, un 70% de aforo.
*Las clases presenciales y ensayos de actividades artísticas, individuales o en grupos según protocolo y con un aforo máximo del 70% del espacio donde se realizan.
*La apertura de bibliotecas con entrega de libros y las salas de lectura de las bibliotecas con máximo de aforo de hasta el 70% de su capacidad.
*La realización de actividades en cines, teatros, museos, salas de espectáculos de centros culturales o salones de eventos a los efectos del desarrollo de artes escénicas o actividades culturales. En todos los casos se permite un 70% de aforo.
*La actividad de casinos y bingos con un aforo máximo del 70% del espacio disponible.
*La apertura de salones de eventos con un aforo máximo del 70% del espacio disponible, con adecuada y constante ventilación y con estricta sujeción a los protocolos aprobados.
El diputado provincial Facundo Tignanelli comparó -sin nombrarlo- a Axel Kicillof con el dirigente sindical Augusto Vandor, asesinado por cinco balazos en 1969 tras proponer un peronismo sin Perón.
«Soy de una familia peronista de La Matanza. Mis abuelos militaron la Resistencia Peronista creyendo y trabajando para que Perón vuelva, no para ver cómo encontraban una alternativa con Vandor», dijo el legislador de La Cámpora en una clara referencia a las tensiones entre Máximo y el gobernador bonaernese.
«Probablemente había compañeros que creían que ese posibilísimo iba a llevar a la Argentina a un buen lugar», agregó Tignanelli.
Cuando le preguntaron quiénes son quienes piensan en ese posibilismo esquivó señalar a Kicillof, pero dijo que son «quienes dicen que es una utopía pensar que Cristina pueda ser candidata» y remarcó que hay varios referentes del peronismo que se habían alejado de Cristina, pero hoy están volviendo a dialogar con ella. Quizás el caso más resonante es Miguel Ángel Pichetto.
La referencia de Tignanelli a Vandor es significativa toda vez que el dirigente de la UOM fue asesinado a balazos en su despacho del gremio tras plantear un distanciamiento con el líder del movimiento justicialista.
Soy de una familia peronista de La Matanza. Mis abuelos militaron la Resistencia Peronista creyendo y trabajando para que Perón vuelva, no para ver cómo encontraban una alternativa con Vandor.
Dos años después del asesinato, en 1971, los medios de comunicación recibieron una nota en la cual una organización autodenominada Ejército Nacional Revolucionario (ENR) se adjudicó el crimen, denominándolo «Operativo Judas»
En los últimos días, La Cámpora salió al ruedo con fuertes críticas hacia Kicillof por su estrategia electoral. El propio Máximo Kirchner fustigó al gobernador en un acto en Parque Lezama donde el kirchnerismo reclamó por la libertad de Cristina.
Allí, Máximo pidió por la libertad de la ex presidenta «porque es inocente» y dijo que quiere «tenerla a Cristina de candidata y no a candidatos por default».
El diputado apuntó contra Kicillof. «Los que todos los días hablan de la unidad ni siquiera son capaces de ir a verla a San José 1111 para ver cómo está y si necesita algo, esa es la verdad», reprochó.
La imputación contra seis policías de la ciudad de Santa Fe que según la fiscalía llevaron a la muerte a un detenido produjo impacto, controversia y alarma a nivel social e institucional. Este miércoles el fiscal actuante pidió medidas de prisión preventiva para los efectivos que, de mantenerse la acusación, se enfrentan a penas de prisión perpetua. El gobierno de Maximiliano Pullaro consideró precipitada la imputación preliminar y que la policía se puede sentir desguarnecida ante un proceder como el que lleva el fiscal interviniente. El ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, anunció que la cartera a su cargo pagará la defensa privada de los acusados.
La situación planteada por el fiscal Ezequiel Hernández es de una gravedad institucional apabullante. El funcionario adjudicó tortura seguida de muerte a seis policías por el hecho que en la comisaría 8ª de la ciudad de Santa Fe llevó al deceso a Mauro Daniel González, una persona bajo una aparente crisis psicológica, en enero pasado. Las medidas cautelares se discutieron este miércoles, cuando el fiscal pidió la prisión preventiva para los seis uniformados investigados. A ese reclamo se sumó el del abogado querellante que representa a los familiares de la víctima. Tras diez horas de trámite la audiencia entró en cuarto intermedio.
Esto se produce a dos meses de que siete policías terminaran condenados por la Justicia Federal por un allanamiento ilegal en una vivienda en Rosario concretado en agosto de 2024, donde efectivos de la Policía de Acción Táctica (PAT) llegaron a buscar droga, tras torturar a dos dealers con picana eléctrica.
Ahora, el fiscal Hernández acusa a cinco policías del Comando Radioeléctrico y a uno del Cuerpo Guardia de Infantería. Son cuatro hombres y dos mujeres. El sábado pasado, en la audiencia inicial, el fiscal dijo que «los policías investigados sometieron a la víctima a graves sufrimientos físicos y psíquicos que provocaron su fallecimiento». Al respecto, indicó que «los agresores crearon y aceptaron con total indiferencia el evidente riesgo letal de su conducta».
Este miércoles, familiares de los policías acusados se movilizaron en Santa Fe para indicar que la acusación es desmesurada y no se ajusta a lo que ocurrió. Estos fueron al mismo tiempo resguardados por el ministro de Seguridad de Santa Fe, quien sostuvo que la imputación produce un efecto «similar a una condena» a los implicados. Y dijo que se buscaba una defensa eficaz «para controlar barbaridades» de los fiscales. Lo hizo recordando dos casos recientes en Santa Fe de policías imputados durante años en causas semejante que, aunque los trámites no están cerrados, resultaron absueltos en primera instancia.
Esto se produce a dos meses de que siete policías terminaran condenados por la Justicia Federal por un allanamiento ilegal en una vivienda en Rosario concretado en agosto de 2024, donde efectivos de la Policía de Acción Táctica (PAT) llegaron a buscar droga, tras torturar a dos dealers con picana eléctrica.
El caso que está en audiencia este miércoles también genera un debate más amplio porque se trató de la intervención policial frente a un conflicto surgido con una persona que tenía una crisis relacionada con el consumo de algún tipo sustancia adictiva. Lo que recrea la pregunta si debe ser la policía, sin formación para eso, la que debe intervenir en circunstancias donde puede haber violencia no provocada en hechos delictivos, sino por cuestiones de salud mental.
El ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni.
El deceso de Mauro Daniel González fue el sábado 17 de enero pasado. Tenía 35 años y fue detenido en la puerta de su casa en el barrio Yapeyú de Santa Fe por una denuncia al 911 sobre disturbios. La detención la produjeron policías de calle que lo llevaron a la comisaría 8ª. Tras el arresto la fiscalía ordenó la liberación de González pero personal de la comisaría advirtió que había fallecido allí.
El ex juez penal Rodolfo Mingarini se convirtió en querellante por la familia del fallecido y denunció que había muerto por apremios ilegales. Eso lo tomó el fiscal Hernández, quien el sábado pasado dijo ante la jueza Cecilia Labanca que «los policías investigados sometieron a la víctima a graves sufrimientos físicos y psíquicos que provocaron su fallecimiento». Al respecto, indicó que «los agresores crearon y aceptaron con total indiferencia el evidente riesgo letal de su conducta».
El fiscal Hernández dijo en audiencia que dos policías fueron a buscar a González ya que tenía una «crisis subjetiva» y se había pedido presencia policial. «Los uniformados incumplieron los estándares de actuación que ordenan dar intervención a personal sanitario y privaron a la víctima de su libertad mediante un uso ilegítimo, excesivo y desproporcionado de la fuerza», aseveró el fiscal. «Los funcionarios policiales sujetaron a González violentamente, lo hicieron caer y le colocaron esposas», sostuvo y agregó que «luego llegaron los otros investigados y, entre todos, lo agredieron mientras estaba en el suelo».
Los policías investigados sometieron a la víctima a graves sufrimientos físicos y psíquicos que provocaron su fallecimiento. Los agresores crearon y aceptaron con total indiferencia el evidente riesgo letal de su conducta.
El fiscal también indicó que «los agentes de la fuerza de seguridad arrojaron a la víctima a la caja de una camioneta policial y allí siguieron aplicándole malos tratos». Mencionó que «un familiar del hombre atacado alertó a los agentes que González había tenido una cirugía abdominal pero, en vez de deponer su actitud, actuaron de forma coordinada para incrementarle el dolor».
«Algunos de los integrantes del Comando imputados trasladaron a la víctima en la camioneta a la que lo habían obligado a subir, el cual era seguido por otro vehículo oficial en el que iban los demás», afirmó Hernández. «Durante ese traslado, los policías agredieron nuevamente a González, quien tenía puestas esposas y no podía defenderse de ningún modo», manifestó.
«Dentro del auto, le dieron golpes con los puños y con un bastón o escopeta», enfatizó el fiscal en la audiencia. «Las sucesivas torturas le causaron a la víctima por lo menos veinte lesiones visibles en distintas partes del cuerpo, entre las que estaba la fractura de una costilla, lo que deterioró el funcionamiento de su organismo», especificó el fiscal.
«A sabiendas de que estaba en ese estado precario de salud y prácticamente inconsciente, en lugar de concurrir inmediatamente a un centro de salud, los uniformados fueron hasta una estación de servicios», puntualizó. «En la dependencia policial, ingresaron a González a un calabozo y lo dejaron solo y sin asistencia a pesar de su grave estado de salud», detalló.
A los cinco policías del Comando se les endilgó la coautoría de tortura seguida de muerte. Por su parte, el integrante de la Guardia de Infantería fue imputado como coautor de vejaciones calificadas, por el grave daño ocasionado a la salud de la víctima.
Fuentes del gobierno provincial indicaron a LPO que la actual acusación es desmesurada para los seis implicados, lo que no implica que no haya existido algún tipo de violencia. Deslizan que el médico habría visto al detenido y que la muerte fue porque se broncoaspiró. Al menos buscan que esta acusación inicial de Hernández quede matizada y por eso Cococcioni anunció que su cartera sufragará «hasta cierto monto» los honorarios de una defensa privada para los policías.
El ministro del elenco de Pullaro recordó las definiciones de dos casos donde hubo muertes en comisaría en Rosario que terminaron con absoluciones en primera instancia. Uno es el caso de Franco Casco, que apareció muerto en el río Paraná tras ser detenido en la comisaría 7. Un tribunal absolvio en fallo dividido a los 19 policías acusados en 2023, pero la Cámara Nacional de Casación ordenó después revisarlo, por lo que permanece sin definición firme.
El segundo caso es el de la muerte de la bibliotecaria María de los Angeles Paris en la comisaría 10ª en mayo de 2017. La fiscalía pidió cuatro años para cinco policías por destratos que según el planteo le causaron la muerte. Un tribunal de juicio absolvió a los policías por unanimidad.
«Uno puede ver cuántos casos hubo de funcionarios imputados. Se los detiene y el caso es exhibido de manera muy escandalosa, su carrera queda paralizada con enormes perjuicios que rara vez tienen una reparación adecuada y salen absueltos seis, siete u ocho años después», dijo el ministro Cococcioni al indicar que la provincia pagará las defensas de los ahora implicados en el caso de Santa Fe.
Uno puede ver cuántos casos hubo de funcionarios imputados. Se los detiene y el caso es exhibido de manera muy escandalosa, su carrera queda paralizada con enormes perjuicios que rara vez tienen una reparación adecuada y salen absueltos seis, siete u ocho años después.
Pullaro afirmó este martes que le había pedido a su máximo colaborador de seguridad que siguiera con mucha atención el caso. «No hago juicio de valor sobre esta situación porque sería imprudente de mi parte, pero sí hubo casos de estas características en donde posteriormente la investigación determinó la absolución de culpa y cargo de los policías», señaló el gobernador.
Frente al caso que terminó con condena por el allanamiento ilegal contra siete efectivos de las PAT, dos de los cuales fueron señalados por uso de picana eléctrica lo que admiten incluso en las conversaciones extraídas de sus celulares, el gobierno no se había pronunciado.
Desde el momento de asumir, Pullaro se dio una política manifiesta de apoyo a integrantes de fuerzas de seguridad que estuvieran implicados en situaciones de violencia en cumplimiento de servicio, lo que muy a menudo atribuyó a visiones desacertadas de los acusadores.
El punto más empinado de esta prédica fue con el caso de Maximiliano Nocelli, que estaba condenado a 25 años de prisión por matar a dos asaltantes en un robo, para revertir esa sentencia. Quedó acreditado que hubo un enfrentamiento donde el policía intervino en una acción de robo y luego hubo valoraciones diferentes sobre si al disparar actuó de manera legítima o produjo un doble homicidio agravado. Eso se saldó, tras una condena en doble instancia, con un tercer fallo que entiende que el policía fue condenado con arbitrariedad. Pero hubo una presión del Poder Ejecutivo de Santa Fe para llegar a este resultado ha sido manifiesta, donde un gobernador con supremacía legislativa indicó lo que tiene que hacer el Poder Judicial. Y el Poder Judicial lo siguió cuando había dos fallos previos en los que dos tribunales colegiados –seis jueces en total en doble instancia– habían llegado a una condena por unanimidad.
Este miércoles el ministro de Seguridad santafesino dijo que el que implica ahora a los seis policías merece un especial cuidado y que por eso el gobierno los asiste con una defensa particular. Dijo que eso no iba en contra del Ministerio Público de la Defensa. Pero recordó que esa institución del sistema penal en Santa Fe tuvo «un discurso profundamente antipolicía en los primeros seis años» de su desempeño al comenzar a funcionar en 2014. Y agregó que el defensor provincial en ese período, que era Gabriel Ganón, emitió dos resoluciones que prohibían asistir a los defensores públicos a policías acusados en casos de violencia institucional.
Cococcioni aseguró que no hubo medidas de parte del fiscal Hernández en este caso durante seis meses y que la primera medida fue ordenar las detenciones de los seis agentes por un delito que prevé la pena máxima. «Esta es una tipicidad penal que tiene requisitos muy estrictos. Todo muy lindo, pero después hay que probarlo», dijo el ministro.
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El gobierno de Javier Milei adjudicó formalmente la concesión de la Hidrovía a la empresa belga Jan de Nul asociada a la argentina Servimagnus y dio por finalizado el proceso licitatorio con una privatización de 30 años para la administración de la principal ruta de exportación del país.
La decisión fue oficializada este jueves por la Agencia Nacional de Puertos a pocas horas del desembarco del presidente a Rosario para la conmemoración del Día de la Bandera. La ciudad donde Belgrano izó por primera vez la insignia patria es el enclave del polo agroexportador y Milei llega al Monumento con el anuncio de la privatización de la Hidrovía bajo el brazo.
En ese marco, el gobierno aceleró y ratificó a la empresa belga como ganadora de la compulsa para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal.
La adjudicación llega después de una disputa picante impulsada por DEME que trató de empañar el proceso para tumbar a Jan de Nul. En el ambiente agroexportador, sospechaban que detrás de esta estrategia estaba Guillermo Dietrich, el ex ministro de Macri.
Mauricio Macri siempre quiso tener el control de la Hidrovía. Intentó hacerlo durante su gobierno y no pudo. Luego avanzó durante el gobierno de Javier Milei y eso generó un fuerte roce con Santiago Caputo, quien lo acusó de sabotear el primer intento de licitación, que logró detonar.
A pesar de los esfuerzos de Deme que llegó a acusar falsamente a Jan de Nul de operar con el gobierno chino, la AGP sostuvo la licitación y terminó resolviendo que Deme no acreditó los antecedentes técnicos necesarios en su oferta y fue superada por su competidora.
Ahora, el gobierno avanzará hacia la firma del contrato que se concretará en las próximas semanas. En Economía aseguran que el nuevo esquema permitirá reducir en un 13,5% los costos logísticos y habilitará una serie de obras destinadas a profundizar el canal, mejorar la navegación y aumentar la capacidad de carga de los buques.
Ahora, el gobierno avanzará hacia la firma del contrato que se concretará en las próximas semanas. En Economía aseguran que el nuevo esquema permitirá reducir en un 13,5% los costos logísticos y habilitará una serie de obras destinadas a profundizar el canal, mejorar la navegación y aumentar la capacidad de carga de los buques.
En un comunicado, el Ministerio de Economía sostuvo que el proceso contó con el respaldo de usuarios privados, cámaras empresarias y provincias ribereñas, y destacó que la licitación fue auditada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).
El cierre de la etapa estatal de gestión de la Hidrovía abre una nueva era de gestión privada y, según el comunicado oficial, el Estado se reserva únicamente funciones de regulación y control de la vía por donde sale el 80% del comercio exterior argentino.
La decisión le da la continuidad en el negocio a Jan de Nul que está al frente del dragado del Paraná desde la década del noventa, con la primera privatización impulsada por Carlos Menem.
Todos los contenidos de HISTORIA publicados en #LaTapa disponibles en el siguiente Link: https://latapa.com.ar/category/sociedad/historia/ En la semana del inmigrante compartimos relatos de nuestra historia narrados por protagonistas. En este fragmento «La Mujer». Antonia Marcó de Liberatti Juan Basilio Benedetti Francisco Galetta Entrevistas: Magalí Catriquir (Museóloga)Realización: Alencastre-Saldaña Producción realizada para el 90° aniversario de Villa Regina….
Como esos futbolistas que firman su primer contrato en Primera y salen a acomodarle la vida a toda la familia, Manuel Adorni intentó hacer lo mismo cuando se convirtió en funcionario del gobierno de Javier Milei y creyó que comenzaba su carrera al estrellato.
El problema es que lo hizo de forma tan desprolija que terminó complicando a todos; a sus hermanos, a la madre y ahora a uno de sus tíos, que quedó bajo la lupa judicial por el alquiler de una casa en un country, Fincas de Iraola II, en el partido de Berazategui.
A esa propiedad Adorni mudó a su madre, como anticipó LPO en exclusiva, y según comentan en el barrio, pidió pagar las expensas en efectivo. Ante la revelación de este medio, la justicia que investiga el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete de Javier Milei, le pidió a los administradores del country que confirmen que allí vive la madre de Adorni y le remitan toda la documentación de la operación.
De ese requerimiento surgió que el contrato no está a nombre de Silvia Pais sino de Juan Pais, tío del jefe de Gabinete y hermano de su madre. El acuerdo fue firmado por dos años con un valor mensual de 1.100 dólares. Pero lo más llamativo es que se habría pagado un año de alquiler por adelantado, con el desembolso de 12.000 dólares en efectivo, en lo que ya es una marca registrada de los movimientos de dinero de la familia Adorni.
El contrato no está a nombre de Silvia Pais, la madre de Adorni, sino de Juan Pais, tío del vocero y hermano de la mujer. El acuerdo fue firmado por dos años con un valor mensual de 1.100 dólares. El alquiler se habría pagado un año por adelantado con el desembolso de 12.000 dólares en efectivo.
La información fue remitida al juzgado junto con otros datos como el monto de las expensas, que rondan los 500 mil pesos mensuales, y la documentación vinculada a la ocupación de la vivienda.
Adorni formó parte de la comitiva que acompañó a Milei a Rosario el Día de la Bandera
La Justicia ya había comenzado a investigar la mudanza de la madre de Adorni al exclusivo barrio privado, concretada hace unas semanas atrás y ahora buscan saber cómo se financia su estadía en el lugar.
Los investigadores quieren determinar quien afronta los gastos y bajo qué condiciones se firmó el contrato de alquiler, bajo la hipótesis que la mudanza es parte del desbordado giro de gastos de Adorni desde que es funcionario público, un indicio muy claro de enriquecimiento ilícito, que se suma a su confesión de haber evadido impuestos por al menos medio millón de dólares, un delito por el que podrían inhibirlo de ocupar cargos de por vida.
La incorporación del tío de Adorni a esta operación arrastra a otro integrante de la familia al caso. La semana pasada, el fiscal Marijuan pidió la indagatoria de Francisco Adorni, hermano del vocero y legislador bonaerense, por las inconsistencias en su declaración juradas, que modificó dos veces, la última para bajar el monto del patrimonio que declaró inicialmente.
Francisco Adorni arrastra escándalos desde el inicio de la gestión de Milei, cuando como reveló LPO en exclusiva, el actual jefe de Gabinete hizo que lo nombraran en el Ministerio de Defensa en el preciso momento que se despedía a decenas de miles de empleados del Estado, y luego logró que lo ascendieran.
La Justicia analiza el destino de los dólares que los hermanos Adorni dicen haber encontrado años atrás en una caja de zapatos la casa de su padre, una de las coartadas elegidas junto con la aparición de Bitcoins en un pendrive, para justificar su desmesurado crecimiento patrimonial.
También se supo por esa época que la madre y la tía del jefe de Gabinete habían sido nombradas en la Legislatura bonaerense. Parecía una contradicción para quien se la pasaba despotricando contra el Estado y los ñoquis, pero luego vendría el escándalo interminable cuando subió a su esposa, Betina Angeletti al avión presidencial para pasear por Nueva York a expensas del erario público.
Ahora, la Justicia analiza el destino de los dólares que los hermanos Adorni dicen haber encontrado años atrás en una caja de zapatos la casa de su padre, una de las coartadas elegidas junto con la aparición de Bitcoins en un pendrive, para justificar su desmesurado crecimiento patrimonial. El problema es que la supuesta herencia contradice declaraciones del propio Adorni que dijo en los medios que sólo heredó deudas.
Con un agravante, como los dos hermanos Adorni no coordinaron bien sus declaraciones juradas y la supuesta herencia declarada no coincidía en ambas presentaciones, por eso se amontonan las rectificaciones.
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