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Reconocimiento a alumnos y docentes de la ESRN 145

La Municipalidad de Villa Regina, a través de la Dirección de Cultura, reconoció ayer a alumnos y docentes de la ESRN Nº 145 que realizaron una intervención artística en el anfiteatro del Militante en el marco del proyecto educativo denominado ‘Habitando espacios’.

En la oportunidad estuvo presente el Intendente Marcelo Orazi acompañado por la Directora de Cultura Silvia Alvarado.

El trabajo realizado por alumnos y docentes permitió trasladar el aprendizaje áulico al espacio público, logrando mediante dinámicas pictóricas participativas revalorizar el entorno y generar espacios de significación y producción de sentido.

En la tarde del lunes se les hizo entrega de un certificado a quienes desarrollaron la intervención artística.

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    El 10 de julio de 1816: cuando empezó el trabajo más difícil de la Independencia

     

    La Independencia no terminó el 9 de julio de 1816. Al día siguiente, las Provincias Unidas seguían rodeadas por guerras, divisiones internas, amenazas externas y un futuro completamente incierto. La historia del verdadero «día después».

    Por Alcides Blanco para Noticias La Insuperable

    Durante generaciones, la historia argentina enseñó a imaginar el 9 de julio de 1816 como una especie de punto de llegada, una jornada en la que un grupo de congresales reunidos en Tucumán declaró la Independencia y, desde ese momento, nació la Argentina tal como hoy la conocemos. Sin embargo, la investigación histórica desarrollada durante las últimas décadas permite reconstruir un escenario muy diferente, mucho más complejo y profundamente humano, porque el verdadero desafío comenzó precisamente al día siguiente, cuando aquella declaración solemne debía convertirse en una realidad política, militar, económica y diplomática en un territorio atravesado por guerras, disputas internas y enormes incertidumbres.

    Lo que ocurrió el 10 de julio de 1816 fue, justamente, el comienzo del trabajo más difícil. La emoción de haber proclamado la ruptura con la monarquía española convivía con una pregunta inevitable que nadie podía responder con certeza: ¿cómo sostener esa independencia frente a un imperio que todavía conservaba ejércitos poderosos, frente a provincias enfrentadas entre sí y frente a un mundo que, lejos de celebrar las revoluciones americanas, buscaba restaurar el viejo orden monárquico?

    Una declaración que todavía debía hacerse realidad

    La sesión del 9 de julio no había resuelto los principales problemas de las Provincias Unidas. El Congreso seguía reunido porque quedaban por discutir cuestiones fundamentales como la forma de gobierno, la organización institucional, la administración de los recursos públicos, la representación política de los distintos territorios y la estrategia diplomática para obtener reconocimiento internacional, un aspecto indispensable para garantizar la supervivencia del nuevo Estado.

    En otras palabras, existía una declaración de independencia, pero todavía no existía una nación plenamente organizada. No había Constitución, tampoco un consenso definitivo sobre el modelo político, y las diferencias entre proyectos centralistas y federales seguían atravesando toda la vida pública.

    La imagen de un país unido detrás de un mismo objetivo pertenece mucho más a la construcción posterior de la memoria nacional que a la realidad de aquellos días, porque el Congreso de Tucumán representaba solamente a una parte de las antiguas jurisdicciones del Virreinato del Río de la Plata, mientras otras regiones permanecían alejadas del proceso político o directamente enfrentadas con el Directorio instalado en Buenos Aires.

    Una independencia rodeada por todos los frentes

    Si el mapa político resultaba complejo, el militar era todavía más preocupante.

    Al norte, las tropas realistas continuaban ocupando buena parte del Alto Perú y mantenían capacidad suficiente para intentar una nueva invasión sobre el actual territorio argentino. La resistencia dependía casi exclusivamente de la extraordinaria guerra de recursos organizada por Martín Miguel de Güemes, cuyos gauchos sostenían una frontera militar mediante tácticas de desgaste que impedían el avance español, aunque a un costo humano enorme para la población del noroeste.

    Mientras tanto, en Mendoza, José de San Martín aceleraba la preparación del Ejército de los Andes, consciente de que la defensa permanente resultaba insuficiente y de que la única posibilidad estratégica consistía en trasladar la guerra hacia Chile y posteriormente hacia el Perú, donde se encontraba el principal centro del poder español en Sudamérica. Aquella expedición todavía era un proyecto que demandaba recursos, hombres, armamento, animales, alimentos y una organización logística sin precedentes para la región.

    En simultáneo, la Banda Oriental se encontraba sometida a la invasión portuguesa iniciada meses antes, mientras las tensiones entre el Directorio y la Liga de los Pueblos Libres encabezada por José Gervasio Artigas impedían construir una estrategia común frente a los enemigos externos. Paradójicamente, el mismo territorio que acababa de proclamarse independiente enfrentaba conflictos militares tanto contra las fuerzas de la Corona española como entre los propios proyectos políticos surgidos de la Revolución de Mayo.

    La independencia, entonces, no eliminó los peligros. Simplemente cambió la naturaleza de la lucha.

    El mundo tampoco jugaba a favor

    A menudo se olvida que la declaración de Tucumán ocurrió en uno de los momentos más adversos para cualquier revolución americana.

    Tras la derrota definitiva de Napoleón en 1815, las principales potencias europeas impulsaban la restauración de las monarquías tradicionales mediante el Congreso de Viena y la posterior Santa Alianza, un sistema internacional diseñado precisamente para impedir la expansión de los movimientos revolucionarios que habían sacudido Europa y América durante las décadas anteriores.

    Desde esa perspectiva, la independencia declarada en Tucumán no contaba con un escenario internacional favorable. España pretendía recuperar sus colonias y buena parte de Europa compartía ese objetivo, mientras las Provincias Unidas carecían todavía del reconocimiento diplomático necesario para consolidarse como un Estado soberano.

    No resulta casual que apenas diez días después, el 19 de julio de 1816, el Congreso decidiera ampliar el texto original agregando la expresión «y de toda otra dominación extranjera», una aclaración destinada a despejar cualquier sospecha de que la ruptura con España pudiera desembocar en la dependencia respecto de otra potencia europea.

    Aquella modificación demuestra que los diputados seguían pensando la independencia como un proceso abierto, susceptible de ajustes conforme evolucionaban las circunstancias políticas y diplomáticas.

    Lejos de la imagen de una obra terminada, el Congreso trabajaba casi diariamente para fortalecer una construcción institucional que todavía era extremadamente frágil.

    La historia suele recordar el 9 de julio como el día en que nació la Independencia argentina, pero el 10 de julio de 1816 recuerda algo igualmente importante y quizá más cercano a la experiencia humana: las grandes transformaciones nunca concluyen con una firma ni con una proclamación solemne, sino que recién empiezan cuando llega el momento de sostenerlas frente a la realidad. Aquellos hombres salieron de la histórica casa de Tucumán sabiendo que no habían llegado a la meta, sino que acababan de asumir una responsabilidad inmensa cuyo resultado todavía era incierto, porque la libertad recién declarada debía defenderse en los campos de batalla, consolidarse en las instituciones, financiarse con una economía devastada y legitimarse ante un mundo que todavía no estaba dispuesto a reconocerla.

     

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  • La justicia federal de Córdoba cruje por su propio caso Adorni

     

    La Justicia Federal de Córdoba atraviesa la mayor crisis institucional de las últimas décadas. En menos de cuatro meses, los camaristas Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi (pareja entre sí) quedaron en el centro de dos investigaciones penales que, combinadas, amenazan con sacudir el funcionamiento del principal tribunal federal de la provincia y con exponer un presunto entramado de favores entre la pareja de magistrados y el poder económico.

    La última ofensiva llegó este viernes, cuando los fiscales Pablo Turano, de la Procuración General de la Nación, y Maximiliano Hairabedián, titular de la Fiscalía Federal N° 3 de Córdoba, promovieron una nueva acción penal contra ambos jueces por el presunto delito de admisión de dádivas.

    El expediente sostiene que la pareja de magistrados habría recibido un vuelo privado a Punta del Este, valuado en unos 34.000 dólares, mientras intervenían en expedientes vinculados con empresarios que aparecen relacionados con la aeronave utilizada para el viaje.

    La nueva causa se suma a otra investigación, iniciada en abril, en la que Sánchez Torres y Montesi ya están siendo investigados por supuestamente manipular la integración de las salas de la Cámara Federal de Córdoba para intervenir en expedientes de alto impacto económico, especialmente causas tributarias y penales contra empresarios.

    La hipótesis de los fiscales apunta a un mismo patrón de comportamiento: la utilización de la estructura interna de la Cámara Federal para influir en causas sensibles y la posible existencia de contraprestaciones indebidas provenientes de sectores empresarios beneficiados por algunas resoluciones judiciales.

    La investigación más reciente reconstruyó un viaje realizado entre el 29 de marzo y el 2 de abril de 2024. Según los registros migratorios incorporados al expediente, Sánchez Torres y Montesi viajaron desde Córdoba hacia Punta del Este en un avión privado matrícula LV-WTP y regresaron cuatro días después en la misma aeronave.

    Los fiscales calcularon que un vuelo de esas características tiene un costo cercano a los 17.000 dólares por tramo, por lo que el beneficio económico recibido rondaría los 34.000 dólares.

    El principal interrogante de la investigación es quién pagó ese viaje.

    Los allanamientos realizados hasta el momento no permitieron identificar al supuesto financista, pero la fiscalía encontró una serie de vínculos societarios que conducen hacia dos grupos empresarios con fuerte presencia en Córdoba: Porta Hermanos y el Grupo Astori.

    La aeronave pertenece a Airjet S.A., una sociedad que durante años fue presidida por José Vicente Ramón Porta. La investigación sostiene además que integrantes de la familia Porta continuaron utilizando ese avión aun después de dejar formalmente la conducción de la compañía.

    Ese dato adquirió relevancia porque Montesi intervino durante años en el expediente ambiental iniciado por vecinos de barrio San Antonio, de la ciudad de Córdoba, contra Porta Hermanos por la actividad de su planta de bioetanol.

    En varias oportunidades la camarista votó en disidencia respecto del resto de sus colegas para rechazar medidas reclamadas por los vecinos, entre ellas la exigencia de una evaluación de impacto ambiental.

    Más recientemente, en septiembre de 2025, Sánchez Torres y Montesi integraron la mayoría que dejó sin efecto una multa tributaria aplicada a Porta por la entonces AFIP, hoy ARCA.

    La segunda línea investigativa conduce al Grupo Astori.

    Según la reconstrucción realizada por los fiscales, los camaristas habrían compartido el viaje a Uruguay con María Pía Astori y Guillermo Alberto Assales, presidente de Astori Estructuras S.A.

    Esa empresa aparece vinculada al Fideicomiso Barrio Ampliación Palmar, protagonista de una larga disputa judicial contra el Estado Nacional y la Fuerza Aérea por terrenos ubicados en Córdoba.

    Lo que llamó la atención de los investigadores es que Sánchez Torres y Montesi continuaron interviniendo en esos expedientes antes y después del viaje sin excusarse pese a la presunta relación personal con empresarios ligados al litigio.

    Los fiscales consideran que esos elementos son suficientes para sospechar que los jueces aceptaron una dádiva de personas con intereses concretos en causas bajo su competencia.

    Pero el expediente por el vuelo privado no es el único problema judicial de los camaristas.

    En abril, Hairabedián y Turano impulsaron otra investigación que puso bajo la lupa el funcionamiento interno de la Cámara Federal de Córdoba.

    En esa causa se denuncia que Sánchez Torres habría alterado deliberadamente la integración de las salas para asegurarse intervenir en expedientes específicos, particularmente investigaciones por evasión tributaria vinculadas a ejecutivos de la cerealera Bunge y otros procesos de gran impacto económico.

    La denuncia sostiene que el mecanismo consistía en modificar las integraciones naturales de las salas de la Cámara que ambos magistrados integran, lo que podría haber beneficiado a grandes empresarios en casos de evasión.

    Ese expediente incorporó además un capítulo especialmente delicado: una secretaria judicial denunció haber sufrido violencia laboral por negarse a participar de esas maniobras administrativas.

    En los tribunales federales nadie recuerda un escenario semejante.

    La Cámara Federal de Córdoba es el órgano revisor de todas las decisiones adoptadas por los juzgados federales de la provincia. Allí se resuelven causas por narcotráfico, corrupción, delitos tributarios, lavado de dinero y conflictos con los principales grupos económicos del centro del país.

    Fuentes judiciales no descartan que las próximas medidas incluyan un análisis patrimonial de ambos magistrados y la profundización de las pericias sobre los vínculos societarios entre Airjet, Porta y el Grupo Astori.

    Las investigaciones acabaron con la estrategia de Sánchez Torres de convertirse en ministro de la Corte Suprema de la Nación, con el aval de Martín Llaryora y otros gobernadores. El propio Sánchez Torres le expuso su plan a Roberto Urquía en un bar de Córdoba meses atrás. Allí, Sánchez Torres intentó convencer al dueño de General Deheza de que lo avale en el círculo rojo para destrabar cualquier resistencia a su llegada al máximo tribunal. La jugada fue coincidente con la caída de Ariel Lijo.

     

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