La Municipalidad de Villa Regina, a través de la Dirección de Cultura, reconoció ayer a alumnos y docentes de la ESRN Nº 145 que realizaron una intervención artística en el anfiteatro del Militante en el marco del proyecto educativo denominado ‘Habitando espacios’.
En la oportunidad estuvo presente el Intendente Marcelo Orazi acompañado por la Directora de Cultura Silvia Alvarado.
El trabajo realizado por alumnos y docentes permitió trasladar el aprendizaje áulico al espacio público, logrando mediante dinámicas pictóricas participativas revalorizar el entorno y generar espacios de significación y producción de sentido.
En la tarde del lunes se les hizo entrega de un certificado a quienes desarrollaron la intervención artística.
El gobierno provincial presenta al Plan Castello como una oportunidad histórica para las ciudades para poder contraer crédito sin interferencia de entidades financieras, con el objeto de realizar obras de infraestructura y permitir el acceso a maquinarias para el mantenimiento del ejido municipal. Sin embargo, la situación financiera nacional y la fluctuación del dólar significan…
El sábado 17 de mayo de 2025 a las 18:00 horas, en la sede de la Biblioteca Popular Mariano Moreno de Villa Regina, ubicada en Monseñor Esandi 44, se realizara la Asamblea General Ordinaria (Fuera de Término) para considerar la aprobación de los Ejercicios N° 88 (2022-2023) y N° 89 (2023-2024). Difunde esta nota
La primera frase que aparece es: ¡esto es el colmo! No necesitamos vivir en Estocolmo para padecer el síndrome de esta ciudad. Sindrome que fue llamado así luego de un robo en un banco. Para que este síndrome sea considerado como tal, la víctima debe identificarse con el agresor, y lo concreta de una forma…
En Bahía Blanca se está gestando un fuerte conflicto entre las empresas del poderoso Polo Petroquímico local y el municipio a cargo del peronista Federico Susbielles, que anunció su intención de cobrarles una tasa extraordinaria para financiar obras hidráulicas que la gestión local no le reclama a la Nación.
Con ese perfil, y eludiendo un choque con el Presidente por obras hidráulicas que la ciudad necesita tras el trágico temporal de marzo pasado, el intendente bahiense anunció días atrás un plan de construcción hidráulica de $27 mil millones, financiado, entre otras cosas, por una nueva tasa a cobrar al Polo Petroquímico.
Fuentes con llegada a las empresas más fuertes del Polo señalaron a LPO que existe un fuerte malestar por una decisión de la que muchos se enteraron con el anuncio de la semana pasada.
Puntualmente, la fiscal-impositiva de Susbielles propone un aumento de la alícuota de la tasa de seguridad e higiene del 8.1 al 20% a las empresas del Polo, una suba de la alícuota sobre la facturación (que pasaría del 0,8% al 2,0%), el incremento del 75% en el resto de las tasas municipales y la creación de una «tasa solidaria».
«Estamos pensando en judicializar estas medidas que van en contra del desarrollo de nuestra ciudad y facturar en nuestras oficinas de otras localidades, donde no tengamos tantas tasas municipales», señalaron en el Polo petroquímico.
En el propio municipio admiten que los recursos que pretenden buscar en el Polo son los que no llegaron de Nación. «Pensamos que con lo que pasó acá iba a haber un tipo de excepción, pero no lo hubo», dijo a Radio Provincia el jefe del bloque peronista Álvaro Díaz en relación a la no llegada de obras de Nación.
Más allá de esas declaraciones, Susbielles esquivó salir fuerte al cruce de Milei y optó por buscar los recursos en las empresas del Polo que, a pocos días del primer temporal fuerte que sufrió la ciudad, en diciembre de 2023, habían hecho importantes aportes de fondos.
«El intendente nos compró anticipadamente seis meses de sueldo, y ahora nos desayunamos esta tasa solidaria», dijo un empresario molesto por el anuncio.
«Tenemos un complejo industrial, portuario y logístico con uno de los puertos más importantes de Sudamérica», dijo el jefe de bloque de Susbielles, para justificar la imposición de la nueva tasa a las empresas del Polo, donde se quejan que ya están pagando una tasa, una sobretasa y una tasa ambiental.
Así, en el Polo calculan que, de materializarse el proyecto de Susbielles, la presión impositiva trepará a más de 3% de lo facturado.
Por eso, hay empresas que analizan llevar el tema a la Justicia y, también, dejar de facturar en Bahía: «Son medidas que atentan contra la inversión. Nos cuesta mucho seguir en estas condiciones. Estamos pensando en judicializar estas medidas que van en contra del desarrollo de nuestra ciudad y facturar en nuestras oficinas de otras localidades, donde no tengamos tantas tasas municipales», señalaron.
En la oposición local califican la tasa solidaria de Susbielles como «un anti RIGI» y acusaron al intendente de «querer cambiar las reglas y generar sobrecostos cuando ya se hizo la inversión».
En esa línea, el concejal PRO Adrián Jouglard dijo en X: «»Con la Tasa al Polo Petroquímico encubre un fuerte incremento para todos los bahienses».
Al marcar que «es inconstitucional aumentar una tasa destinada a un fin específico, como seguridad e higiene, para aplicarla a otro, como obras públicas», Jouglard acusó: «Es una medida inaceptable que encarece directamente la vida de todos los bahienses en un momento especialmente difícil».
El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) trasladaba esta tarde a distintos hospitales al menos a 20 adultos mayores de un geriátrico del barrio porteño de San Cristóbal que dieron positivo del nuevo coronavirus. El SAME comenzó a trasladar después de las 19 al menos a 20 adultos mayores del Hogar Geriátrico Catamarca, ubicado…
El Gobierno publicó el Decreto 864/2025, donde define la “Política de Inteligencia Nacional”. Entre diagnósticos grandilocuentes, advertencias geopolíticas y un discurso de colapso institucional, Milei restituye la SIDE, concentra poder bajo la órbita presidencial y amplía la noción de amenaza. El resultado: un sistema de inteligencia más centralizado, con mayores atribuciones y con un marcado sesgo político.
La vuelta de la SIDE y el relato del derrumbe permanente
Entre referencias a los atentados de la AMIA y la Embajada de Israel, la muerte del fiscal Nisman y el “deterioro acumulado de más de treinta años”, el Gobierno construye una narrativa destinada a justificar un viraje político profundo: la disolución de la AFI y el retorno pleno de la SIDE.
El Anexo I del decreto afirma que la Argentina vive bajo “un proceso de vulnerabilidad permanente”, producto de decisiones erradas y de un aparato estatal incapaz de anticipar amenazas. Esa lógica funciona como fundamento para concentrar el sistema de inteligencia en la órbita directa del Ejecutivo. Milei plantea que la única manera de “proteger la República” es recentralizar el espionaje.
El texto sostiene que la AFI creada en 2015 habría fracasado y que las intervenciones sucesivas entre 2019 y 2024 no revirtieron la crisis. Esa línea argumental habilita el rediseño completo del Sistema de Inteligencia Nacional, bajo un nuevo paraguas institucional: SIDE, SIA, ASN, AFC y DAI, una arquitectura verticalista donde cada agencia tiene funciones específicas, pero todas dependen del poder político central.
Un diagnóstico internacional que habilita un Estado de excepción permanente
El Anexo introduce un mapa global donde conviven potencias en pugna, guerras híbridas, ciberataques, operaciones de influencia y disputas informacionales. En ese contexto, la Argentina sería un país vulnerable, sin músculo institucional para enfrentar amenazas externas.
Bajo ese diagnóstico, la inteligencia pasa a ser un instrumento estratégico, no sólo para prevenir riesgos, sino para moldear la política interna y externa. El documento afirma que la “superioridad de la información” es condición para la soberanía y que la “batalla por la subjetividad” —es decir, la disputa por el sentido común— forma parte del conflicto global. Dicho en criollo: el Gobierno coloca a la comunicación, a los medios y a las redes como terreno de disputa estratégica, lo cual abre la puerta a interpretaciones peligrosamente amplias.
En un país con la historia argentina en materia de espionaje, la mención explícita a la “contra-influencia” y a la manipulación informativa como amenazas internas genera preocupación. Más aún cuando el organismo encargado de evaluar esas “influencias” es la SIDE, nuevamente bajo mando directo de la Casa Rosada.
Los intereses estratégicos: un listado amplio que incluye desde recursos hasta subjetividades
El Anexo fija cinco “intereses vitales” del Estado: soberanía, integridad territorial, seguridad de la población, sistema democrático y recursos naturales. Los objetivos parecen razonables, pero la definición de amenazas es tan amplia que abarca desde potencias extranjeras hasta operadores económicos, grupos criminales, actores tecnológicos, influencias regulatorias, presiones informacionales y hasta condicionamientos al desarrollo nacional.
En ese marco, el sistema de inteligencia queda habilitado para monitorear actores públicos y privados, movimientos geopolíticos, dinámicas económicas, operaciones digitales e incluso procesos culturales. Cuanto más abarcativa es la definición de amenaza, más discrecional es su aplicación.
El Anexo establece diez grandes líneas estratégicas: comunicación estratégica, contra-influencia, ciberseguridad, crimen organizado, defensa de recursos naturales, presencia extranjera en el Atlántico Sur, terrorismo y competencia tecnológica, entre otras. La mezcla de objetivos militares, económicos, comunicacionales y territoriales muestra un sistema de inteligencia que se proyecta sobre todos los planos de la vida nacional.
Una política de inteligencia que amplía poder sin ampliar controles
El texto habla de profesionalización, modernización y capacidades técnicas. Sin embargo, no menciona nuevos mecanismos de control civil, parlamentario o judicial, ni herramientas para limitar excesos. El rediseño institucional se construye desde arriba hacia abajo, no desde la transparencia hacia la eficiencia.
El punto más problemático no es la creación de nuevas áreas especializadas —algo que otros países también hacen—, sino que la estructura queda totalmente centralizada en la SIDE bajo mando presidencial directo, en un gobierno que ha dado señales de intolerancia ante voces críticas, universidades, sindicatos y organizaciones sociales.
En ese marco, la noción de “influencia” o “manipulación informacional” como amenaza estratégica puede convertirse en un arma política, sobre todo cuando el texto asocia la disputa comunicacional con la seguridad nacional.
Más poder para la Casa Rosada, menos controles democráticos
El Anexo I del Decreto 864/2025 no es un documento técnico inocente: es la hoja de ruta de un sistema de inteligencia que vuelve a concentrarse, que opera sobre una definición amplísima de amenaza y que se apoya en un relato de crisis permanente para justificar un poder estatal extraordinario.
Mientras Milei dice defender la “libertad”, la reconstrucción de la SIDE bajo su autoridad directa consolida un modelo donde la inteligencia vuelve a ser un instrumento político. En tiempos de ajuste, conflictividad social y persecución a organizaciones populares, ese rediseño no es menor: se convierte en una pieza clave del proyecto de disciplinamiento.
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