La Municipalidad de Villa Regina, a través de la Dirección de Cultura, reconoció ayer a alumnos y docentes de la ESRN Nº 145 que realizaron una intervención artística en el anfiteatro del Militante en el marco del proyecto educativo denominado ‘Habitando espacios’.
En la oportunidad estuvo presente el Intendente Marcelo Orazi acompañado por la Directora de Cultura Silvia Alvarado.
El trabajo realizado por alumnos y docentes permitió trasladar el aprendizaje áulico al espacio público, logrando mediante dinámicas pictóricas participativas revalorizar el entorno y generar espacios de significación y producción de sentido.
En la tarde del lunes se les hizo entrega de un certificado a quienes desarrollaron la intervención artística.
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Julia Strada elaboró un pedido de informes al Banco Central para que Santiago Bausili informe si el gobierno argentino apeló a nueva deuda para cancelar el swap con Estados Unidos, pese a que sobran indicios acerca de que nunca hubo lo que técnicamente se considera un intercambio de monedas, tal como reveló LPO.
La diputada kirchnerista presentará el próximo lunes la resolución para que la autoridad monetaria comunique «qué operación u operaciones financieras se realizaron de manera simultánea o en fechas próximas que permitieron compensar el egreso (para cancelar el vencimiento de este 9 de enero), detallando montos, instrumentos utilizados, contrapartes, condiciones financieras y su impacto contable sobre las reservas internacionales».
La inquietud de la legisladora se funda en que el BCRA divulgó este viernes que la operación para cancelar la deuda «no se reflejó en una disminución de las reservas internacionales».
Por eso, reclama que se detallen condiciones financieras, incluyendo tasa de interés, plazos, costos asociados y organismo otorgante, de las operaciones que se hayan realizado para saldar la asistencia norteamericana.
Además, solicita que se indiquen «las razones por las cuales no fue oportunamente informada la activación del swap, habida cuenta de que el BCRA únicamente comunicó su firma, aclarando en qué momento, bajo qué condiciones y por qué instrumentos se consideró operativo un swap cuya activación no fue informada públicamente».
Y por último, pregunta «si la cancelación del swap guarda relación temporal o sustantiva con las gestiones, requerimientos o procesos de divulgación de información en curso en el Congreso de los Estados Unidos de América respecto del acuerdo celebrado en el marco del Fondo de Estabilización Cambiaria (FSE), y, en su caso, detallar el grado de vinculación existente».
Santiago Bausili.
En efecto, LPO informó esta semana que el Congreso norteamericano, a través de un ámbito equivalente a la Oficina del Presupuesto en la Cámara de Diputados, alertó que Argentina afrontaba riesgos de una devaluación o un default. Los técnicos estadounidenses, incluso, advirtieron que el swap debía pasar por el parlamento de su país y que sus legisladores podían limitar el monto, reducir los plazos y habilitarlo o no.
Strada señala en su proyecto que «la extrema falta de transparencia y la opacidad institucional con la que se ha manejado tanto la firma, como la activación y posterior cancelación del swap entre el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y el BCRA constituyen un hecho de inusitada gravedad». «Se trata de una operación financiera internacional de magnitud significativa, con impacto directo sobre las reservas internacionales, la política monetaria y la soberanía financiera del país, que fue instrumentada sin información pública suficiente, sin control parlamentario y sin explicaciones claras sobre su ejecución efectiva», agregó.
Se trata de una operación financiera internacional de magnitud significativa, con impacto directo sobre las reservas internacionales, la política monetaria y la soberanía financiera del país, que fue instrumentada sin información pública suficiente, sin control parlamentario y sin explicaciones claras sobre su ejecución efectiva.
La diputada recuerda que el 20 de octubre pasado, el BCRA informó «la suscripción de un Acuerdo de Estabilización Cambiaria con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por un monto total de hasta USD 20.000 millones, estableciendo los términos y condiciones para la realización de operaciones bilaterales de swap de monedas entre ambas partes».
Además, recordó las palabras del secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, quien sostuvo un mes antes: «Como indicó el Presidente Trump, estamos listos para hacer lo que sea necesario para apoyar a Argentina y al pueblo argentino». «El Tesoro de los Estados Unidos está listo para comprar bonos argentinos en dólares y lo hará cuando las condiciones lo justifiquen», planteó por aquellos días, y dijo que planeaba «otorgar un importante crédito stand-by a través del Fondo de Estabilización Cambiaria», para lo cual admitió se habían mantenido reuniones «con el equipo de Javier Milei».
Según Strada, «las declaraciones de Bessent indican que el programa financiero entre EEUU y la Argentina va mucho más allá de un swap de monedas». «Incluye la compra de bonos soberanos, un crédito de tipo Stand-By y condicionamientos sobre la política tributaria, todos ellos aspectos que implican una indebida injerencia en decisiones soberanas del Estado argentino y que, por su naturaleza, requieren tratamiento y aprobación del Congreso de la Nación», argumentó.
Las declaraciones de Bessent indican que el programa financiero entre EEUU y la Argentina va mucho más allá de un swap de monedas.
La diputada no dudó en calificar ese camino como el de una «injerencia», y resaltó que Bessent ya había expresado que Argentina debía cancelar el swap con China después que se avanzara en el acuerdo con el FMI, en abril de 2025.
LPO publicó en octubre que Strada también requirió información al BCRA en octubre pasado, antes de las elecciones de medio término, para que se publicaran los detalles del acuerdo con el gobierno de Donald Trump.
Sin embargo, la autoridad monetaria contestó con la Resolución RESOL-2025-13-E-GDEBCRA-GG#BCRA. Allí se declaró «la reserva parcial de la información solicitada y, con fundamento en los considerandos de dicha resolución, se denegó el acceso a los detalles específicos del acuerdo celebrado por esa Institución», precisó la diputada.
Esa maniobra incumple el artículo 10, inciso i, de la Carta Orgánica del BCRA, que establece «el deber de informar al Congreso sobre sus operaciones y de comparecer ante las comisiones competentes para dar cuenta de las políticas monetarias, cambiarias y financieras en ejecución». «La cancelación de operaciones por aproximadamente USD 2.500 millones en diciembre de 2025, bajo un Acuerdo de Estabilización Cambiaria de USD 20.000 millones, sin información pública suficiente sobre su activación, financiamiento, condiciones y efectos sobre las reservas, torna imprescindible que el BCRA brinde explicaciones claras y detalladas al Congreso de la Nación», concluyó Strada.
El Intendente Marcelo Orazi participó el sábado del acto académico de entrega de diplomas a 147 alumnos que finalizaron sus estudios en distintas disciplinas en el Instituto Crecer. En la oportunidad estuvo acompañado por la Legisladora Marcela Ávila, el Secretario de Coordinación Ariel Oliveros y la Secretaria de Desarrollo Social Luisa Ibarra, entre otros funcionarios….
La propia justicia estadounidense reconoció en las últimas horas que el llamado “Cártel de los Soles” nunca fue una organización real. La admisión dinamita uno de los pilares con los que Washington justificó la captura de Nicolás Maduro y deja en evidencia el seguidismo acrítico del Gobierno argentino, que llegó a declarar “terrorista” a un ente que hoy EE.UU. reconoce como inexistente.
Por Roque Pérez para NLI
Durante años, Estados Unidos construyó una narrativa judicial y mediática alrededor del supuesto Cártel de los Soles, presentado como una estructura narcoterrorista organizada, jerárquica y liderada por Nicolás Maduro. Esa figura fue utilizada para imponer sanciones, escalar la confrontación con Venezuela y, finalmente, respaldar la detención del mandatario venezolano.
Sin embargo, esa construcción empezó a derrumbarse desde adentro. En una acusación judicial revisada y difundida tras la captura de Maduro, el Departamento de Justicia de EE.UU. eliminó la afirmación de que el Cártel de los Soles sea una organización real, reconociendo de manera tácita lo que especialistas vienen señalando desde hace décadas.
Un invento periodístico reciclado como causa judicial
Según expertos en crimen organizado y narcotráfico en América Latina, el “Cártel de los Soles” nunca describió una organización concreta, sino que fue un término coloquial surgido en Venezuela en los años 90, utilizado por medios locales para aludir de manera genérica a funcionarios militares o civiles sospechados de corrupción vinculada al narcotráfico.
La nueva acusación estadounidense abandona la idea de un cartel estructurado y pasa a definirlo como un “sistema de clientelismo” y una “cultura de corrupción”, sostenida por el dinero de las drogas. Ya no hay jefes, ni organigrama, ni comando criminal: solo una descripción política y difusa, muy lejos de la figura de organización terrorista que se vendió durante años.
El contraste es brutal: donde antes el expediente mencionaba decenas de veces al Cártel de los Soles como entidad real, ahora apenas aparece como una referencia secundaria, sin entidad jurídica ni criminal autónoma.
El silencio incómodo tras la detención de Maduro
La rectificación llega después de la detención de Maduro, lo que expone la fragilidad del andamiaje legal con el que se justificó la operación. Aunque los fiscales estadounidenses mantienen acusaciones por narcotráfico y conspiración, el eje central que presentaba a Maduro como líder de una organización terrorista directamente se desmoronó.
En otras palabras: primero capturaron al presidente venezolano y después admitieron que la organización terrorista que decían combatir no existía.
Bullrich y el seguidismo automático
En este contexto, el papel del Gobierno argentino roza el bochorno. En 2025, la Argentina incluyó al “Cártel de los Soles” en su registro oficial de organizaciones terroristas, siguiendo casi de manera calcada la línea discursiva de la administración Trump.
La decisión fue impulsada por Patricia Bullrich, que se subió sin matices a la narrativa estadounidense y declaró terrorista a un “cartel” que hoy EE.UU. admite que nunca fue tal. No hubo investigación propia, ni evaluación independiente, ni fundamentos jurídicos sólidos: solo copia y obediencia.
Con la admisión del Departamento de Justicia estadounidense, la designación argentina queda completamente vaciada de sustento, dejando expuesta una política exterior subordinada, más preocupada por agradar a Washington que por sostener criterios legales serios.
Un precedente peligroso
El episodio abre interrogantes graves. ¿Cuántas decisiones en materia de seguridad, terrorismo y política internacional se toman en la Argentina replicando construcciones ajenas sin verificación propia? ¿Qué valor tienen las listas de “organizaciones terroristas” si se basan en conceptos que ni siquiera el país que los impulsó sostiene?
Mientras algunos funcionarios estadounidenses, como Marco Rubio, siguen repitiendo el libreto viejo, los propios documentos judiciales desmienten esa narrativa. La contradicción es evidente y deja al descubierto el uso político del derecho penal internacional.
Cuando la realidad alcanza al relato
La admisión de que el “Cártel de los Soles” no existe como organización real no limpia las acusaciones que EE.UU. mantiene contra dirigentes venezolanos, pero sí desnuda una construcción discursiva inflada, funcional a la geopolítica y carente de rigor.
Para la Argentina, el saldo es claro: otro papelón internacional, otra muestra de alineamiento automático y otra decisión que hoy queda en ridículo por haber seguido, sin chistar, una ficción que ya ni sus propios autores sostienen.
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