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“Ratifico mi compromiso de trabajar fuerte y decididamente para que cada reginense viva cada día mejor”

El Intendente Marcelo Orazi brindó su mensaje en el marco del acto en el que quedó inaugurado el período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante en este 2021.

En su mensaje, el Intendente expresó que “es un honor compartir mi mensaje de las acciones proyectadas para este año para dejar inaugurado un nuevo período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante por una razón más que importante: esto significa continuar transitando por el camino de la institucionalidad del gobierno en Villa Regina”.

Tras hacer referencia a lo que significó el 2021, en el que todos los gobiernos, tanto nacional, provinciales como municipales debieron afrontar una crisis sanitaria sin precedentes, Orazi enumeró las obras que están en marcha y las proyectadas para los próximos meses.

Al respecto expresó:

“Hoy podemos ver cómo comienza a materializarse una obra anhelada y demandada por la comunidad: la remodelación de la estratégica calle Libertad, obra que como saben incluye la repavimentación y construcción de una bicisenda y un boulevard.

Cuando esté finalizada, en un plazo estipulado de 5 meses, esta obra no sólo dotará de mayor seguridad al transitar sino que le dará otra estética a la ciudad.

Este año dejaremos inaugurada otra obra de gran magnitud por su infraestructura y por los beneficios que traerá para la ciudad de los próximos 20 años: el plan director de cloacas que se construye en Alta Barda.

Esta obra, con una inversión de casi 300 millones de pesos, se diseñó a partir de la política hídrica provincial de mejorar la calidad del agua, que busca no volcar más residuos cloacales crudos al río Negro, para preservar los recursos naturales.

Estamos avanzando con la implementación del programa provincial Suelo Urbano, al cual adherimos a través de una ordenanza aprobada por este Concejo Deliberante. Este programa tiene por objeto facilitar el acceso a lotes con servicios a un amplio sector de la población y así satisfacer la demanda que plantea un sector importante de los habitantes de la ciudad que quedan afuera del mercado inmobiliario local.

En principio, estamos evaluando las tierras disponibles en la ciudad y también analizaremos la posibilidad de contemplar a privados.

En este mismo sentido, tenemos el compromiso del Gobierno Provincial de que Villa Regina tendrá una participación prioritaria en el plan ‘Casa Propia-Construir Futuro’ que contempla la construcción de 1.326 viviendas en todo el territorio provincial.

Además, y ratificando nuestro compromiso de no avanzar sobre tierras productivas para la generación de lotes, vamos a trabajar en forma conjunta con el Gobierno rionegrino y el Consejo Federal de Inversiones en el estudio de urbanización de las 4.500 hectáreas que el Municipio posee en Alta Barda.

Será fundamental la participación de este Concejo Deliberante con una herramienta que hasta el momento no sido debidamente aprovechada: el Consejo de Planificación y Desarrollo, COPLADE.

En este sentido, les cuento que la semana pasada estuvo en Villa Regina el Secretario General del Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Lamothe, profesional que se ha dedicado al estudio profundo de todo lo vinculado al urbanismo.

Fue la ocasión para ponerlo en conocimiento de nuestra visión de crecimiento y desarrollo hacia la barda norte, poniendo a disposición del Municipio todas las herramientas con las que cuenta el CFI para empezar a trabajar en este sentido.

Siguiendo con las obras, está próxima a iniciarse la construcción de las VEREDAS de las plazas de los barrios Belgrano y Gardín. Se realizará mediante la metodología de obra delegada al Municipio con aportes del gobierno provincial: un total de 6,7 millones de pesos. 

Un trabajo similar se realizará en las plazas de los barrios 25 de Mayo y 201 Viviendas, aunque en este caso será financiado con fondos del programa nacional ‘Argentina Hace’.

La semana pasada recibí la confirmación de que Villa Regina será una de las ciudades del país donde se construirá uno de los 300 nuevos CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL para niños y niñas de 45 días a 4 años de edad.

Se trata de una obra con una inversión estimada en 25 millones de pesos y será ejecutada por el Gobierno Nacional a través de los Ministerios de Obras Públicas y de Desarrollo Social.

En otro orden, quiero destacar también una obra importantísima en materia educativa. El 19 de febrero próximo se abrirán las ofertas para adjudicar la OBRA DE AMPLIACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO NEGRO en Villa Regina.

Contempla la construcción de espacios áulicos y de investigación sobre la Avenida 9 de Julio, con una inversión de casi 240 millones de pesos.

En los próximos días, recibiremos la totalidad del equipamiento para la gestión de los Residuos Sólidos Urbanos en los basurales y el equipamiento para potenciar la clasificación y separación de los mismos.

Esto es el producto, en principio, de una firme política ambiental y del trabajo y las gestiones realizadas por el Director de Ambiente y Desarrollo Sustentable Hugo Curzel junto al gobierno provincial ante Nación, que derivó en la firma del convenio respectivo con el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible Juan Cabandié.

La semana pasada arribaron la excavadora y el autoelevador eléctrico, que se suma a la primera tanda que llegó en diciembre: una trituradora de vidrio, una guillotina de neumáticos, 10 puntos verdes móviles de arrastre, chipeadora de ramas y un carrito recolector para recicladores urbanos.

Hoy arribó uno de los camiones y próximamente se completará el equipamiento con el camión restante.

En las próximas semanas iniciaremos el traslado de la COMISARIA DE LA FAMILIA desde las instalaciones del polideportivo Cumelen al edificio donde funcionaba el Juzgado de Garantías, ubicado en Ingeniero Bonoli e Italia.

El traslado fue acordado con la Secretaría de Estado de Seguridad y Justicia de la provincia y con la Jefatura de Policía y el espacio físico al que se mudará reúne condiciones más acordes para la atención de una problemática social tan sensible.

Por otro lado, luego de las gestiones realizadas en diciembre pasado en Viedma y de la visita de la Secretaria de Seguridad y Justicia Betiana Minor y del Jefe de la Policía Osvaldo Tellería a la ciudad obtuve la confirmación que se construirá un DESTACAMENTO ESPECIAL en calle Pedro Grattini, frente al ex Pago Chico.

Este asentamiento policial no sólo permitirá brindar un servicio de seguridad más eficiente sino que también significará para los vecinos de ese sector de la ciudad dejar de trasladarse a la zona céntrica para la realización de trámites vinculados a la institución”.

El Intendente también habló sobre la prestación de los servicios, el aumento de las tasas, las medidas tomadas por la administración municipal en beneficio del comercio local en el marco de la pandemia y la necesidad que tiene la Municipalidad en cuanto a la renovación del parque automotor.

“No vivimos otra realidad. Entiendo que cualquier tipo de incremento genera malestar, como los registrados en nafta, gasoil, alimentos y también hago la autocrítica de que la prestación de los servicios no es óptima. Les aseguro que esta gestión viene haciendo importantes inversiones para ir alcanzando ese nivel”, sostuvo.

Por otro lado Orazi hizo referencia al lugar destacado que la Gobernadora Arabela Carreras le ha dado a Villa Regina, con la realización de distintos encuentros provinciales que han tenido como sede a la ciudad, lo cual, indicó, “nos reposiciona en el contexto provincial y nos jerarquiza en todos sentidos porque pone en valor el trabajo que a diario realizan los reginenses”.

Nada se logra sin gestión y sin confianza. Desde el primer día me propuse como condición indispensable para llevar adelante la tarea de gobernar recuperar la confianza. Y así como éste es mi objetivo diario, me atrevo a decirles que debe ser el de toda la dirigencia política. Por ello humildemente convoco a quienes ocupan bancas en este Concejo Deliberante de las diferentes fuerzas políticas a que compartan este desafío. Desde nuestras ideologías y convicciones, debatamos, discutamos, confrontemos. Pero hagámoslo en forma transparente, de frente, honrando el lugar que nos otorgó la ciudadanía”, dijo.

El Intendente en el tramo final de su mensaje agradeció a la Gobernadora Arabela Carreras, al gobierno nacional, a los concejales, a su equipo de trabajo y al conjunto de los trabajadores municipales, a la comunidad toda y a los medios de comunicación.

Ratifico mi compromiso de trabajar fuerte y decididamente para que cada reginense viva cada día mejor y para que nuestra Villa Regina brille más que nunca”, finalizó.

La ceremonia se desarrolló en el Galpón de las Artes por cuestiones sanitarias y contó con la presencia de los 10 ediles que integran el cuerpo legislativo local. También acompañaron los legisladores Silvia Morales, Marcela Ávila y José Rivas, integrantes del Tribunal de Cuentas, secretarios del gabinete y medios de prensa.

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    Pablo Quirno esperó que la Scaloneta gane de manera histórica contra Inglaterra en la semifinal de la Copa del Mundo para sacar un comunicado de repudio por el ingreso de un buque inglés en aguas argentinas. 

    La Selección sacó una bandera de reivindicación de la soberanía de las islas al finalizar el partido y expuso al Gobierno que se había alineado con la FIFAY el FBI y mandó a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, a repudiar la presencia de banderas reivindicativas de las Malvinas en el partido. 

    Además, como adelantó LPO, la Armada informó al ministro de Defensa de la presencia inglesa en aguas argentinas pero Carlos Presti decidió no decir nada al respecto. 

    En ese marco, el resultado del partido terminó obligando a la Cancillería a informar que  se presentó una nota formal de protesta ante la Embajada del Reino Unido por los movimientos del patrullero HMS Medway hacia la costa continental argentina. 

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    Según el Gobierno argentino, esos desplazamientos se realizaron desde las Islas Malvinas, cuya presencia británica considera ilegal, no fueron debidamente notificados, como establecen los acuerdos y declaraciones bilaterales vigentes e involucraron el tránsito del buque por el Mar Territorial argentino.

    El comunicado sostiene que esta acción constituye una violación de los compromisos bilaterales asumidos por ambos países como la Declaración Conjunta del 25 de septiembre de 1991, sobre medidas de confianza, la Declaración de Madrid del 15 de febrero de 1990 y  la actualización de esas medidas acordada en la Declaración Conjunta de Buenos Aires-Londres del 12 de julio de 1993, especialmente el apartado referido a las «Medidas de fortalecimiento de la confianza».

    En otro tramo, el comunicado rechaza «con firmeza» esta incursión militar británica en espacios bajo jurisdicción argentina,  considera que forma parte de una política sostenida de actos unilaterales incompatibles con las resoluciones de las Naciones Unidas y señala que esas acciones violan el deber de ambas partes de abstenerse de modificar la situación mientras la disputa de soberanía permanezca pendiente de solución.  

    El comunicado rechaza «con firmeza» esta incursión militar británica en espacios bajo jurisdicción argentina, considera que forma parte de una política sostenida de actos unilaterales incompatibles con las resoluciones de las Naciones Unidas y señala que esas acciones violan el deber de ambas partes de abstenerse de modificar la situación mientras la disputa de soberanía permanezca pendiente de solución

    La Cancillería sostiene además que los movimientos del HMS Medway contravienen los acuerdos bilaterales sobre medidas de confianza militar, se suman a una serie de acciones unilaterales del Reino Unido que son incompatibles con la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que exhorta a ambas partes a no introducir modificaciones unilaterales en la situación de las Islas Malvinas mientras continúe la controversia sobre la soberanía. 

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    El comunicado concluye que estas acciones profundizan las tensiones en el Atlántico Sur, desconocen el mandato reiterado de la comunidad internacional y obstaculizan los esfuerzos argentinos para avanzar hacia una solución pacífica y negociada de la disputa. 

    «La República Argentina reafirma sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía» sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, y cierra con la frase: «Por historia, por derecho y por convicción, las Malvinas son argentinas», concluye. 

     

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  • Preocupado porque la economía no levanta, el gobierno quiere que los bancos reactiven los créditos hipotecarios

     

    El Gobierno avanza en el diseño de un nuevo esquema para reactivar el crédito hipotecario utilizando recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS como fuente de financiamiento de largo plazo. La iniciativa ya comenzó a discutirse con los principales bancos del sistema y busca resolver el principal problema que enfrenta hoy el mercado: la falta de fondeo para sostener préstamos a 20 y 30 años.

    El tema fue uno de los ejes de la reunión que mantuvieron la semana pasada en la sede de ADEBA el viceministro de Economía, José Luis Daza; el secretario de Finanzas, Federico Furiase; el subdirector ejecutivo de Operación del FGS, Raúl Osvaldo Benítez; y representantes de las principales entidades financieras. Allí comenzaron a delinearse las condiciones de un esquema que permitiría reducir el costo del financiamiento para la vivienda.

    La alternativa que hoy concentra el mayor consenso consiste en que el FGS licite depósitos a plazo fijo en UVA de largo plazo entre los bancos. El organismo ofrecería fondos a una tasa cercana a UVA más 4% anual, permitiendo que las entidades otorguen créditos hipotecarios alrededor de UVA más 6%, por debajo de los niveles actuales.

    La utilización del FGS como herramienta para expandir el crédito hipotecario comenzó a tomar forma públicamente durante la exposición BATEV, cuando el ministro de Economía planteó ante desarrolladores y empresarios de la construcción la necesidad de encontrar nuevos mecanismos de financiamiento para el sector. «Para los desarrollos, el crédito es fundamental y tenemos dos opciones: los bancos y el mercado de capitales. Estamos intentando con las dos», sostuvo en ese momento.

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    En aquella oportunidad, Caputo propuso que bancos y sociedades de bolsa conformaran un fondo destinado a financiar hipotecas y aseguró que el Gobierno buscaría potenciarlo con recursos de organismos multilaterales y del propio Fondo de Garantía de Sustentabilidad. «Júntense, armen un fondo inmobiliario entre seis o siete bancos o sociedades de bolsa. Si hacen eso, puedo conseguir multiplicarlo con plata de organismos multilaterales o del FGS», les dijo a los empresarios.

    El esquema que hoy negocia el equipo económico conserva ese objetivo de ampliar el financiamiento de largo plazo, aunque con una ingeniería diferente. En lugar de crear un fondo específico, la alternativa que ganó terreno consiste en que el FGS aporte directamente liquidez a los bancos mediante depósitos UVA de largo plazo, una herramienta que permitiría acelerar la implementación del programa y expandir nuevamente la oferta de créditos hipotecarios.

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    La discusión representa un cambio respecto de las primeras alternativas que analizaba el mercado. Meses atrás se evaluaba que el FGS comprara carteras hipotecarias ya otorgadas para devolver liquidez a los bancos. Ahora, en cambio, Economía parece inclinarse por un mecanismo más simple: fondear directamente a las entidades para que vuelvan a prestar.

    El diagnóstico es compartido por el Gobierno y los bancos. El problema ya no pasa por la demanda de créditos sino por la escasez de recursos de largo plazo para financiarlos.

    «El crédito hipotecario empezó a crecer con la baja de la inflación, que es una condición necesaria pero no suficiente», explicó a LPO un especialista en crédito de uno de los principales bancos privados. «Además de una inflación más baja, también tienen que disminuir las tasas de interés. Como eso no ocurrió, muchas familias dejaron de calificar para acceder al préstamo», sostuvo.

    El mismo ejecutivo señaló que el principal cuello de botella es el fondeo. «Para crecer en préstamos UVA también tienen que crecer los depósitos UVA, y eso es difícil porque el plazo mínimo es de 90 días y los ahorristas no suelen elegir inversiones tan largas en pesos. Sin financiamiento de largo plazo, los bancos tampoco pueden prestar a 20 o 30 años», resumió.

    Para crecer en préstamos UVA también tienen que crecer los depósitos UVA, y eso es difícil porque el plazo mínimo es de 90 días y los ahorristas no suelen elegir inversiones tan largas en pesos. Sin financiamiento de largo plazo, los bancos tampoco pueden prestar a 20 o 30 años

    Los datos muestran que el mercado perdió dinamismo. Luego de un mayo muy flojo, en junio los desembolsos hipotecarios mostraron una leve recuperación y alcanzaron alrededor de US$150 millones, equivalentes a unos 1.850 créditos, según estimaciones privadas. Sin embargo, el volumen todavía representa menos de la mitad del registrado en junio de 2025, cuando el mercado atravesaba su mejor momento desde la reaparición de este tipo de préstamos.

    El freno preocupa también por su impacto sobre la economía real. Según el Observatorio Federal de Acceso a la Vivienda, Argentina registra un déficit habitacional cercano a los 5,74 millones de hogares, mientras que el Gobierno considera que una recuperación del crédito podría transformarse en uno de los motores de la construcción y del empleo durante la segunda parte del año.

    Se frenan las hipotecas y el mercado financiero ya mira los fondos de la ANSES para sostener los créditos 

    El proyecto, sin embargo, también abre interrogantes. Uno de ellos es por qué el FGS aceptaría colocar recursos a una tasa cercana al 26% anual cuando podría invertirlos en títulos públicos ajustados por inflación con rendimientos superiores, aunque a plazos mucho más cortos. Esa diferencia es uno de los aspectos que Economía todavía debe terminar de definir antes del lanzamiento.

    Entre quienes respaldan la iniciativa aparece el economista Miguel Kiguel, quien sostiene desde hace tiempo que el FGS es prácticamente el único inversor institucional argentino con capacidad para financiar activos de largo plazo. Según sus estimaciones, un fondo del orden de los US$5.000 millones permitiría financiar unas 72.000 hipotecas de US$70.000 cada una, generando un fuerte impulso sobre el mercado inmobiliario.

    No obstante, especialistas también advierten que el diseño deberá preservar el patrimonio del FGS, cuyos recursos pertenecen al sistema previsional. Cualquier esquema deberá evitar que el organismo termine absorbiendo riesgos excesivos sin una adecuada evaluación de los créditos financiados.

     

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  • COVID-19: Se solicita a los comerciantes reforzar las medidas de prevención

    El Departamento de Bromatología de la Municipalidad de Villa Regina solicita a los comerciantes reforzar las medidas de prevención establecidas en los protocolos respectivos en el marco de la pandemia COVID-19. Al respecto, recuerda la importancia de respetar en los diferentes locales el uso obligatorio de tapabocas, el distanciamiento social de 2 metros y la…

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  • Santa Fe: Imputan a 6 policías por la muerte de un preso y el gobierno objeta al fiscal

     

    La imputación contra seis policías de la ciudad de Santa Fe que según la fiscalía llevaron a la muerte a un detenido produjo impacto, controversia y alarma a nivel social e institucional. Este miércoles el fiscal actuante pidió medidas de prisión preventiva para los efectivos que, de mantenerse la acusación, se enfrentan a penas de prisión perpetua. El gobierno de Maximiliano Pullaro consideró precipitada la imputación preliminar y que la policía se puede sentir desguarnecida ante un proceder como el que lleva el fiscal interviniente. El ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, anunció que la cartera a su cargo pagará la defensa privada de los acusados.

    La situación planteada por el fiscal Ezequiel Hernández es de una gravedad institucional apabullante. El funcionario adjudicó tortura seguida de muerte a seis policías por el hecho que en la comisaría 8ª de la ciudad de Santa Fe llevó al deceso a Mauro Daniel González, una persona bajo una aparente crisis psicológica, en enero pasado. Las medidas cautelares se discutieron este miércoles, cuando el fiscal pidió la prisión preventiva para los seis uniformados investigados. A ese reclamo se sumó el del abogado querellante que representa a los familiares de la víctima. Tras diez horas de trámite la audiencia entró en cuarto intermedio.

    Esto se produce a dos meses de que siete policías terminaran condenados por la Justicia Federal por un allanamiento ilegal en una vivienda en Rosario concretado en agosto de 2024, donde efectivos de la Policía de Acción Táctica (PAT) llegaron a buscar droga, tras torturar a dos dealers con picana eléctrica.

    Ahora, el fiscal Hernández acusa a cinco policías del Comando Radioeléctrico y a uno del Cuerpo Guardia de Infantería. Son cuatro hombres y dos mujeres. El sábado pasado, en la audiencia inicial, el fiscal dijo que «los policías investigados sometieron a la víctima a graves sufrimientos físicos y psíquicos que provocaron su fallecimiento». Al respecto, indicó que «los agresores crearon y aceptaron con total indiferencia el evidente riesgo letal de su conducta».

    Intriga en el gobierno por el asesinato de un policía que mandó Monteoliva para reforzar la seguridad de Rosario

    Este miércoles, familiares de los policías acusados se movilizaron en Santa Fe para indicar que la acusación es desmesurada y no se ajusta a lo que ocurrió. Estos fueron al mismo tiempo resguardados por el ministro de Seguridad de Santa Fe, quien sostuvo que la imputación produce un efecto «similar a una condena» a los implicados. Y dijo que se buscaba una defensa eficaz «para controlar barbaridades» de los fiscales. Lo hizo recordando dos casos recientes en Santa Fe de policías imputados durante años en causas semejante que, aunque los trámites no están cerrados, resultaron absueltos en primera instancia.

    Esto se produce a dos meses de que siete policías terminaran condenados por la Justicia Federal por un allanamiento ilegal en una vivienda en Rosario concretado en agosto de 2024, donde efectivos de la Policía de Acción Táctica (PAT) llegaron a buscar droga, tras torturar a dos dealers con picana eléctrica.

    El caso que está en audiencia este miércoles también genera un debate más amplio porque se trató de la intervención policial frente a un conflicto surgido con una persona que tenía una crisis relacionada con el consumo de algún tipo sustancia adictiva. Lo que recrea la pregunta si debe ser la policía, sin formación para eso, la que debe intervenir en circunstancias donde puede haber violencia no provocada en hechos delictivos, sino por cuestiones de salud mental.

     El ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni. 

    El deceso de Mauro Daniel González fue el sábado 17 de enero pasado. Tenía 35 años y fue detenido en la puerta de su casa en el barrio Yapeyú de Santa Fe por una denuncia al 911 sobre disturbios. La detención la produjeron policías de calle que lo llevaron a la comisaría 8ª. Tras el arresto la fiscalía ordenó la liberación de González pero personal de la comisaría advirtió que había fallecido allí.

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    El ex juez penal Rodolfo Mingarini se convirtió en querellante por la familia del fallecido y denunció que había muerto por apremios ilegales. Eso lo tomó el fiscal Hernández, quien el sábado pasado dijo ante la jueza Cecilia Labanca que «los policías investigados sometieron a la víctima a graves sufrimientos físicos y psíquicos que provocaron su fallecimiento». Al respecto, indicó que «los agresores crearon y aceptaron con total indiferencia el evidente riesgo letal de su conducta».

    El fiscal Hernández dijo en audiencia que dos policías fueron a buscar a González ya que tenía una «crisis subjetiva» y se había pedido presencia policial. «Los uniformados incumplieron los estándares de actuación que ordenan dar intervención a personal sanitario y privaron a la víctima de su libertad mediante un uso ilegítimo, excesivo y desproporcionado de la fuerza», aseveró el fiscal. «Los funcionarios policiales sujetaron a González violentamente, lo hicieron caer y le colocaron esposas», sostuvo y agregó que «luego llegaron los otros investigados y, entre todos, lo agredieron mientras estaba en el suelo».

    Los policías investigados sometieron a la víctima a graves sufrimientos físicos y psíquicos que provocaron su fallecimiento. Los agresores crearon y aceptaron con total indiferencia el evidente riesgo letal de su conducta.

    El fiscal también indicó que «los agentes de la fuerza de seguridad arrojaron a la víctima a la caja de una camioneta policial y allí siguieron aplicándole malos tratos». Mencionó que «un familiar del hombre atacado alertó a los agentes que González había tenido una cirugía abdominal pero, en vez de deponer su actitud, actuaron de forma coordinada para incrementarle el dolor».

    «Algunos de los integrantes del Comando imputados trasladaron a la víctima en la camioneta a la que lo habían obligado a subir, el cual era seguido por otro vehículo oficial en el que iban los demás», afirmó Hernández. «Durante ese traslado, los policías agredieron nuevamente a González, quien tenía puestas esposas y no podía defenderse de ningún modo», manifestó.

    «Dentro del auto, le dieron golpes con los puños y con un bastón o escopeta», enfatizó el fiscal en la audiencia. «Las sucesivas torturas le causaron a la víctima por lo menos veinte lesiones visibles en distintas partes del cuerpo, entre las que estaba la fractura de una costilla, lo que deterioró el funcionamiento de su organismo», especificó el fiscal.

    «A sabiendas de que estaba en ese estado precario de salud y prácticamente inconsciente, en lugar de concurrir inmediatamente a un centro de salud, los uniformados fueron hasta una estación de servicios», puntualizó. «En la dependencia policial, ingresaron a González a un calabozo y lo dejaron solo y sin asistencia a pesar de su grave estado de salud», detalló.

    A los cinco policías del Comando se les endilgó la coautoría de tortura seguida de muerte. Por su parte, el integrante de la Guardia de Infantería fue imputado como coautor de vejaciones calificadas, por el grave daño ocasionado a la salud de la víctima.

    Fuentes del gobierno provincial indicaron a LPO que la actual acusación es desmesurada para los seis implicados, lo que no implica que no haya existido algún tipo de violencia. Deslizan que el médico habría visto al detenido y que la muerte fue porque se broncoaspiró. Al menos buscan que esta acusación inicial de Hernández quede matizada y por eso Cococcioni anunció que su cartera sufragará «hasta cierto monto» los honorarios de una defensa privada para los policías.

    El ministro del elenco de Pullaro recordó las definiciones de dos casos donde hubo muertes en comisaría en Rosario que terminaron con absoluciones en primera instancia. Uno es el caso de Franco Casco, que apareció muerto en el río Paraná tras ser detenido en la comisaría 7. Un tribunal absolvio en fallo dividido a los 19 policías acusados en 2023, pero la Cámara Nacional de Casación ordenó después revisarlo, por lo que permanece sin definición firme.

    El segundo caso es el de la muerte de la bibliotecaria María de los Angeles Paris en la comisaría 10ª en mayo de 2017. La fiscalía pidió cuatro años para cinco policías por destratos que según el planteo le causaron la muerte. Un tribunal de juicio absolvió a los policías por unanimidad.

    «Uno puede ver cuántos casos hubo de funcionarios imputados. Se los detiene y el caso es exhibido de manera muy escandalosa, su carrera queda paralizada con enormes perjuicios que rara vez tienen una reparación adecuada y salen absueltos seis, siete u ocho años después», dijo el ministro Cococcioni al indicar que la provincia pagará las defensas de los ahora implicados en el caso de Santa Fe.

    Uno puede ver cuántos casos hubo de funcionarios imputados. Se los detiene y el caso es exhibido de manera muy escandalosa, su carrera queda paralizada con enormes perjuicios que rara vez tienen una reparación adecuada y salen absueltos seis, siete u ocho años después.

    Pullaro afirmó este martes que le había pedido a su máximo colaborador de seguridad que siguiera con mucha atención el caso. «No hago juicio de valor sobre esta situación porque sería imprudente de mi parte, pero sí hubo casos de estas características en donde posteriormente la investigación determinó la absolución de culpa y cargo de los policías», señaló el gobernador.

    Frente al caso que terminó con condena por el allanamiento ilegal contra siete efectivos de las PAT, dos de los cuales fueron señalados por uso de picana eléctrica lo que admiten incluso en las conversaciones extraídas de sus celulares, el gobierno no se había pronunciado.

    Desde el momento de asumir, Pullaro se dio una política manifiesta de apoyo a integrantes de fuerzas de seguridad que estuvieran implicados en situaciones de violencia en cumplimiento de servicio, lo que muy a menudo atribuyó a visiones desacertadas de los acusadores.

    El punto más empinado de esta prédica fue con el caso de Maximiliano Nocelli, que estaba condenado a 25 años de prisión por matar a dos asaltantes en un robo, para revertir esa sentencia. Quedó acreditado que hubo un enfrentamiento donde el policía intervino en una acción de robo y luego hubo valoraciones diferentes sobre si al disparar actuó de manera legítima o produjo un doble homicidio agravado. Eso se saldó, tras una condena en doble instancia, con un tercer fallo que entiende que el policía fue condenado con arbitrariedad. Pero hubo una presión del Poder Ejecutivo de Santa Fe para llegar a este resultado ha sido manifiesta, donde un gobernador con supremacía legislativa indicó lo que tiene que hacer el Poder Judicial. Y el Poder Judicial lo siguió cuando había dos fallos previos en los que dos tribunales colegiados –seis jueces en total en doble instancia– habían llegado a una condena por unanimidad.

    Este miércoles el ministro de Seguridad santafesino dijo que el que implica ahora a los seis policías merece un especial cuidado y que por eso el gobierno los asiste con una defensa particular. Dijo que eso no iba en contra del Ministerio Público de la Defensa. Pero recordó que esa institución del sistema penal en Santa Fe tuvo «un discurso profundamente antipolicía en los primeros seis años» de su desempeño al comenzar a funcionar en 2014. Y agregó que el defensor provincial en ese período, que era Gabriel Ganón, emitió dos resoluciones que prohibían asistir a los defensores públicos a policías acusados en casos de violencia institucional.

    Cococcioni aseguró que no hubo medidas de parte del fiscal Hernández en este caso durante seis meses y que la primera medida fue ordenar las detenciones de los seis agentes por un delito que prevé la pena máxima. «Esta es una tipicidad penal que tiene requisitos muy estrictos. Todo muy lindo, pero después hay que probarlo», dijo el ministro.

     

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