“Ratifico mi compromiso de trabajar fuerte y decididamente para que cada reginense viva cada día mejor”

“Ratifico mi compromiso de trabajar fuerte y decididamente para que cada reginense viva cada día mejor”

“Ratifico mi compromiso de trabajar fuerte y decididamente para que cada reginense viva cada día mejor”

El Intendente Marcelo Orazi brindó su mensaje en el marco del acto en el que quedó inaugurado el período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante en este 2021.

En su mensaje, el Intendente expresó que “es un honor compartir mi mensaje de las acciones proyectadas para este año para dejar inaugurado un nuevo período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante por una razón más que importante: esto significa continuar transitando por el camino de la institucionalidad del gobierno en Villa Regina”.

Tras hacer referencia a lo que significó el 2021, en el que todos los gobiernos, tanto nacional, provinciales como municipales debieron afrontar una crisis sanitaria sin precedentes, Orazi enumeró las obras que están en marcha y las proyectadas para los próximos meses.

Al respecto expresó:

“Hoy podemos ver cómo comienza a materializarse una obra anhelada y demandada por la comunidad: la remodelación de la estratégica calle Libertad, obra que como saben incluye la repavimentación y construcción de una bicisenda y un boulevard.

Cuando esté finalizada, en un plazo estipulado de 5 meses, esta obra no sólo dotará de mayor seguridad al transitar sino que le dará otra estética a la ciudad.

Este año dejaremos inaugurada otra obra de gran magnitud por su infraestructura y por los beneficios que traerá para la ciudad de los próximos 20 años: el plan director de cloacas que se construye en Alta Barda.

Esta obra, con una inversión de casi 300 millones de pesos, se diseñó a partir de la política hídrica provincial de mejorar la calidad del agua, que busca no volcar más residuos cloacales crudos al río Negro, para preservar los recursos naturales.

Estamos avanzando con la implementación del programa provincial Suelo Urbano, al cual adherimos a través de una ordenanza aprobada por este Concejo Deliberante. Este programa tiene por objeto facilitar el acceso a lotes con servicios a un amplio sector de la población y así satisfacer la demanda que plantea un sector importante de los habitantes de la ciudad que quedan afuera del mercado inmobiliario local.

En principio, estamos evaluando las tierras disponibles en la ciudad y también analizaremos la posibilidad de contemplar a privados.

En este mismo sentido, tenemos el compromiso del Gobierno Provincial de que Villa Regina tendrá una participación prioritaria en el plan ‘Casa Propia-Construir Futuro’ que contempla la construcción de 1.326 viviendas en todo el territorio provincial.

Además, y ratificando nuestro compromiso de no avanzar sobre tierras productivas para la generación de lotes, vamos a trabajar en forma conjunta con el Gobierno rionegrino y el Consejo Federal de Inversiones en el estudio de urbanización de las 4.500 hectáreas que el Municipio posee en Alta Barda.

Será fundamental la participación de este Concejo Deliberante con una herramienta que hasta el momento no sido debidamente aprovechada: el Consejo de Planificación y Desarrollo, COPLADE.

En este sentido, les cuento que la semana pasada estuvo en Villa Regina el Secretario General del Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Lamothe, profesional que se ha dedicado al estudio profundo de todo lo vinculado al urbanismo.

Fue la ocasión para ponerlo en conocimiento de nuestra visión de crecimiento y desarrollo hacia la barda norte, poniendo a disposición del Municipio todas las herramientas con las que cuenta el CFI para empezar a trabajar en este sentido.

Siguiendo con las obras, está próxima a iniciarse la construcción de las VEREDAS de las plazas de los barrios Belgrano y Gardín. Se realizará mediante la metodología de obra delegada al Municipio con aportes del gobierno provincial: un total de 6,7 millones de pesos. 

Un trabajo similar se realizará en las plazas de los barrios 25 de Mayo y 201 Viviendas, aunque en este caso será financiado con fondos del programa nacional ‘Argentina Hace’.

La semana pasada recibí la confirmación de que Villa Regina será una de las ciudades del país donde se construirá uno de los 300 nuevos CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL para niños y niñas de 45 días a 4 años de edad.

Se trata de una obra con una inversión estimada en 25 millones de pesos y será ejecutada por el Gobierno Nacional a través de los Ministerios de Obras Públicas y de Desarrollo Social.

En otro orden, quiero destacar también una obra importantísima en materia educativa. El 19 de febrero próximo se abrirán las ofertas para adjudicar la OBRA DE AMPLIACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO NEGRO en Villa Regina.

Contempla la construcción de espacios áulicos y de investigación sobre la Avenida 9 de Julio, con una inversión de casi 240 millones de pesos.

En los próximos días, recibiremos la totalidad del equipamiento para la gestión de los Residuos Sólidos Urbanos en los basurales y el equipamiento para potenciar la clasificación y separación de los mismos.

Esto es el producto, en principio, de una firme política ambiental y del trabajo y las gestiones realizadas por el Director de Ambiente y Desarrollo Sustentable Hugo Curzel junto al gobierno provincial ante Nación, que derivó en la firma del convenio respectivo con el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible Juan Cabandié.

La semana pasada arribaron la excavadora y el autoelevador eléctrico, que se suma a la primera tanda que llegó en diciembre: una trituradora de vidrio, una guillotina de neumáticos, 10 puntos verdes móviles de arrastre, chipeadora de ramas y un carrito recolector para recicladores urbanos.

Hoy arribó uno de los camiones y próximamente se completará el equipamiento con el camión restante.

En las próximas semanas iniciaremos el traslado de la COMISARIA DE LA FAMILIA desde las instalaciones del polideportivo Cumelen al edificio donde funcionaba el Juzgado de Garantías, ubicado en Ingeniero Bonoli e Italia.

El traslado fue acordado con la Secretaría de Estado de Seguridad y Justicia de la provincia y con la Jefatura de Policía y el espacio físico al que se mudará reúne condiciones más acordes para la atención de una problemática social tan sensible.

Por otro lado, luego de las gestiones realizadas en diciembre pasado en Viedma y de la visita de la Secretaria de Seguridad y Justicia Betiana Minor y del Jefe de la Policía Osvaldo Tellería a la ciudad obtuve la confirmación que se construirá un DESTACAMENTO ESPECIAL en calle Pedro Grattini, frente al ex Pago Chico.

Este asentamiento policial no sólo permitirá brindar un servicio de seguridad más eficiente sino que también significará para los vecinos de ese sector de la ciudad dejar de trasladarse a la zona céntrica para la realización de trámites vinculados a la institución”.

El Intendente también habló sobre la prestación de los servicios, el aumento de las tasas, las medidas tomadas por la administración municipal en beneficio del comercio local en el marco de la pandemia y la necesidad que tiene la Municipalidad en cuanto a la renovación del parque automotor.

“No vivimos otra realidad. Entiendo que cualquier tipo de incremento genera malestar, como los registrados en nafta, gasoil, alimentos y también hago la autocrítica de que la prestación de los servicios no es óptima. Les aseguro que esta gestión viene haciendo importantes inversiones para ir alcanzando ese nivel”, sostuvo.

Por otro lado Orazi hizo referencia al lugar destacado que la Gobernadora Arabela Carreras le ha dado a Villa Regina, con la realización de distintos encuentros provinciales que han tenido como sede a la ciudad, lo cual, indicó, “nos reposiciona en el contexto provincial y nos jerarquiza en todos sentidos porque pone en valor el trabajo que a diario realizan los reginenses”.

“Nada se logra sin gestión y sin confianza. Desde el primer día me propuse como condición indispensable para llevar adelante la tarea de gobernar recuperar la confianza. Y así como éste es mi objetivo diario, me atrevo a decirles que debe ser el de toda la dirigencia política. Por ello humildemente convoco a quienes ocupan bancas en este Concejo Deliberante de las diferentes fuerzas políticas a que compartan este desafío. Desde nuestras ideologías y convicciones, debatamos, discutamos, confrontemos. Pero hagámoslo en forma transparente, de frente, honrando el lugar que nos otorgó la ciudadanía”, dijo.

El Intendente en el tramo final de su mensaje agradeció a la Gobernadora Arabela Carreras, al gobierno nacional, a los concejales, a su equipo de trabajo y al conjunto de los trabajadores municipales, a la comunidad toda y a los medios de comunicación.

“Ratifico mi compromiso de trabajar fuerte y decididamente para que cada reginense viva cada día mejor y para que nuestra Villa Regina brille más que nunca”, finalizó.

La ceremonia se desarrolló en el Galpón de las Artes por cuestiones sanitarias y contó con la presencia de los 10 ediles que integran el cuerpo legislativo local. También acompañaron los legisladores Silvia Morales, Marcela Ávila y José Rivas, integrantes del Tribunal de Cuentas, secretarios del gabinete y medios de prensa.

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  • Echaron al economista que cuestionó el proyecto Vicuña y crece la polémica por el RIGI

     

    El costo de discutir el modelo minero apareció antes que el cobre. El economista Hugo Berozzi, que trabajó durante seis años en el Fondo de Garantías de San Juan, fue despedido esta semana, pocos días después de poner la lupa sobre las 57 páginas del acuerdo que el gobierno de San Juan firmó con el proyecto de cobre Vicuña. Elaboró un informe que presentó un calculo de cuánto puede dejar de recaudar la provincia en las próximas décadas. 

    Berozzi analizó el acta compromiso que San Juan y Vicuña firmaron el 5 de agosto y que luego fue ratificada por la Legislatura provincial por 27 votos contra nueve. El gobernador Orrego presentó como uno de los principales logros del acuerdo un aporte de 250 millones de dólares para financiar obras. Los desembolsos serán progresivos y estarán sujetos a certificados de avance. La lectura del economista fue bastante menos celebratoria. Según su análisis, los 250 millones funcionan como un adelanto vinculado al impacto ambiental y sustituyen contribuciones futuras. 

    Argumentó que el acta considera saldadas con ese aporte las obligaciones económicas adicionales que la provincia podría imponer durante la vida útil contemplada para el emprendimiento, estimada en 71 años. 

    Desde el gobierno de Orrego desmintieron estos cálculos. «No es correcto plantear que San Juan cambió USD 250 millones por regalías futuras. Son dos conceptos distintos. Los USD 250 millones son un aporte cierto y no reembolsable que comienza a estar disponible desde 2026 para financiar infraestructura. Las regalías son independientes: Vicuña deberá pagar el 3% sobre el valor bruto de comercialización cuando comience la explotación. Además, desde el sexto año de producción deberá pagar el aporte adicional del 1,5% acordado con la Provincia», explicaron a LPO desde el gobierno provincial. 

    Y defendieron el cobro anticipado. «No es correcto comparar directamente USD 250 millones de hoy contra ingresos potenciales que recién existirían cuando la mina produzca. Durante los años de construcción San Juan todavía no tiene producción ni exportaciones de Vicuña sobre las cuales cobrar regalías. En cambio, la Provincia consiguió USD 250 millones ciertos y anticipados, que comienzan a estar disponibles desde 2026». 

    «La estimación de que el 1,5% durante los primeros cinco años podría representar unos USD 309 millones depende de cuándo comience la producción y de cuánto efectivamente produzca. Comparar USD 309 millones futuros y contingentes contra USD 250 millones anticipados sin considerar tiempo y riesgo no demuestra una pérdida para San Juan», agregaron las autoridades.

    La discusión también se extendió a las regalías. Berozzi afirmó que la legislación nacional habilita a las provincias a cobrar hasta el 5% del valor boca de mina para proyectos nuevos, pero el esquema acordado para Vicuña fija el 3% durante toda la vida del proyecto. 

    El caso Vicuña destapó el lado oscuro del RIGI: beneficios fiscales para subsidiar importaciones

    Berozzi calculó cuánto representa esa diferencia. Según su estimación, cada punto adicional de regalías que San Juan deja de cobrar equivale a unos 491,2 millones de dólares en valor presente, tomando como referencia las reservas proyectadas y una tasa de descuento del 9,2%. Días después de difundir su análisis, fue despedido del Fondo de Garantías provincial, donde trabajaba desde hacía seis años, tal como reveló El Destape. 

    La legislación nacional habilita a las provincias a cobrar hasta el 5% del valor boca de mina para proyectos nuevos. El esquema acordado para Vicuña fija el 3% durante toda la vida útil. Berozzi calculó cuánto representa esa diferencia. Según su estimación, cada punto adicional de regalías que San Juan deja de cobrar equivale a unos 491,2 millones de dólares. Días después de difundir su análisis, fue despedido del Fondo de Garantías provincial, donde trabajaba desde hacía seis años.

    Desde el gobierno de Orrego lo desmintieron: «San Juan no renuncia al 1,5% durante toda la vida del proyecto. El esquema acordado reemplaza ese aporte durante los primeros cinco años de producción por los USD 250 millones anticipados. A partir del sexto año de explotación, Vicuña paga el 1,5% durante el resto de la vida útil del proyecto, además de las regalías correspondientes», explicaron.

    Y aportaron un dato relevante sobre que llevó a tomar la decisión del pago anticipado. «Los antecedentes muestran por qué es importante que los USD 250 millones no dependan de que la mina empiece a producir. Con Pascua-Lama se habían comprometido USD 70 millones en 20 cuotas y sujetos al avance del proyecto. Cuando la construcción se paralizó, los pagos también se interrumpieron y terminaron ingresando aproximadamente USD 17 millones. Con Vicuña se buscó evitar ese riesgo: asegurar USD 250 millones antes de depender de la producción futura».

    En el centro de toda esta discusión está Vicuña Corp, la sociedad formada por BHP y Lundin Mining para desarrollar Josemaría y Filo del Sol. La compañía proyecta una inversión inicial de 9.700 millones de dólares. Se trata del mayor proyecto de cobre del país, ubicado en el norte sanjuanino, cerca de la frontera con Chile. El gobierno de Javier Milei lo exhibe como una de las grandes vidrieras del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). 

    Escándalo en San Juan: Caputo le regaló una línea de alta tensión a la minera Vicuña

    La electricidad abrió otro frente alrededor del proyecto. Vicuña necesita 260 MW para la primera fase de Josemaría y obtuvo prioridad sobre el 90% de la capacidad de transporte remanente de la línea Nueva San Juan-Rodeo. De acuerdo con cálculos de Cammesa, representa alrededor del 71% de la capacidad total de una infraestructura de 854 MVA. La prioridad alcanza además a la futura línea Rodeo-Chaparro y a la estación transformadora Chaparro. El horizonte previsto es de 25 años. 

    Hay una particularidad difícil de esconder detrás de los números: la línea Nueva San Juan-Rodeo no fue construida por Vicuña. Tiene unos 162 kilómetros, fue diseñada para operar en 500 kV y recibió financiamiento nacional, provincial y de los usuarios sanjuaninos mediante fondos específicos. Sobre una infraestructura levantada durante años con recursos públicos se monta ahora una prioridad privada para abastecer a uno de los proyectos del RIGI. 

    La decisión provocó la reacción de otros jugadores mineros. Barrick, Los Azules, Gualcamayo y Hualilán objetaron distintos aspectos del esquema. Los Azules cuestionó especialmente que una prioridad durante 25 años sobre infraestructura existente pueda convertirse, en los hechos, en una exclusividad sobre un corredor estratégico. El ente regulador provincial también advirtió que la capacidad eléctrica disponible debe contemplar la demanda futura de San Juan y no solamente la expansión minera. 

    El campamento de Vicuña en San Juan.

    No hay altruismo en esa guerra. Cada minera pelea por la energía que necesita para su propio proyecto. Pero detrás de esa pulseada aparece un problema que excede a las compañías. Una infraestructura financiada colectivamente se vuelve escasa justo cuando llegan las inversiones que prometen transformar la provincia. Si un solo jugador captura buena parte de esa capacidad, el límite puede alcanzar después a otros emprendimientos mineros, industrias, productores agrícolas y localidades del norte sanjuanino. 

    El caso del campamento Batidero agregó otra pieza. Vicuña adjudicó la obra a un consorcio encabezado por PowerChina, junto con Beijing Chengdong y la santafesina RAFA. El proyecto contempla importar desde China una ciudad modular para alojar inicialmente unas 2.500 camas. Por la rotación de trabajadores podría atender entre 3.500 y 5.000 personas y, cuando el proyecto alcance otra escala, la demanda podría llegar a 12.000 trabajadores. 

    El caso del campamento Batidero agregó otra pieza. Vicuña adjudicó la obra a un consorcio encabezado por PowerChina, que importará desde China una ciudad modular para alojar unas 2.500 camas. Los fabricantes argentinos calcularon que producir los módulos en el país habría generado unos 500 empleos directos.

    Los fabricantes argentinos calcularon que la obra supone alrededor de 45.000 metros cuadrados de construcción y más de 4.500 toneladas de acero. Sostienen que producir los módulos en el país habría generado entre 400 y 500 empleos directos. El armado de las estructuras importadas dejaría cerca de 50 puestos vinculados al montaje y la logística. 

    La diferencia estuvo en el precio. La oferta china habría rondado los 52 millones de dólares, contra unos 70 millones de la propuesta local. Son 18 millones de diferencia en un emprendimiento cuya inversión inicial alcanza los 9.700 millones. Para la minera es ahorro. Para los proveedores argentinos, la cuenta incluye también acero, trabajo, salarios e impuestos que podrían haberse generado dentro del país. 

    Desde la provincia se cuidaron de aclarar que «se habla de 400 a500 empleos que «se podrían haber generado en Argentina, pero es una estimación de los fabricantes que perdieron la licitación, no empleos existentes que hayan sido eliminados» y agregar que «según los datos informados por Vicuña, actualmente existen más de 2.500 empleos directos e indirectos: 95% de los trabajadores son argentinos y 83% sanjuaninos» para el proyecto.

    Y además, siempre según el gobierno provincial, «alrededor del 60% de los proveedores activos son empresas de San Juan y, para el montaje de esta etapa del campamento, más del 90% de la mano de obra será sanjuanina».

    Ahí el caso Vicuña se conecta con un fenómeno mucho más grande. El RIGI acumula 22 proyectos aprobados con inversiones anunciadas por 47.073 millones de dólares. Hay además 18 iniciativas en evaluación y una rechazada. Los proyectos aprobados y en análisis informaron inversiones potenciales por 186.195 millones. Sin embargo, los activos computables de las iniciativas ya autorizadas suman sólo 30.799 millones y los compromisos para ejecutar durante los primeros dos años alcanzan 11.807 millones. Entre el anuncio y el desembolso todavía corre un río ancho. 

    Ahora, es cierto que la minería genera los dólares que la Argentina necesita. En los primeros siete meses de 2026 las exportaciones minerales alcanzaron los 5.340 millones de dólares, contra 3.200 millones del mismo período de 2025. El superávit comercial minero saltó de 3.088 millones a 5.227 millones de dólares, un crecimiento del 69,2%. Es el argumento más sólido de quienes sostienen que el sector puede convertirse en uno de los grandes proveedores de divisas de la próxima década. 

    Pero los primeros movimientos concretos del RIGI muestran la otra cara. Hasta julio, los proyectos adheridos habían importado bienes por unos 171 millones de dólares. Sólo en agosto ingresaron otros 140 millones, más del doble del récord mensual anterior y equivalentes al 43% de todo lo importado hasta julio. 

    Esta semana el Gobierno dio otro paso en esa dirección. Una resolución de la Secretaría de Minería reemplazó certificados de importación por declaraciones juradas digitales y simplificó el acceso a las exenciones previstas por la Ley de Inversiones Mineras. Podrán ingresar equipos especiales usados o reacondicionados y una misma máquina podrá utilizarse en distintos proyectos del mismo beneficiario. La medida no pertenece formalmente al RIGI, que ya dispone de sus propias exenciones aduaneras. Sin embargo, contempla específicamente a los Vehículos de Proyecto Único incluidos dentro del régimen. 

    El resultado es una autopista cada vez más ancha para importar maquinaria, equipos e insumos con ventajas fiscales mientras los proveedores argentinos reclaman una barrera de contención para no mirar la inversión desde la banquina. 

     

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