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“Ratifico mi compromiso de trabajar fuerte y decididamente para que cada reginense viva cada día mejor”

El Intendente Marcelo Orazi brindó su mensaje en el marco del acto en el que quedó inaugurado el período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante en este 2021.

En su mensaje, el Intendente expresó que “es un honor compartir mi mensaje de las acciones proyectadas para este año para dejar inaugurado un nuevo período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante por una razón más que importante: esto significa continuar transitando por el camino de la institucionalidad del gobierno en Villa Regina”.

Tras hacer referencia a lo que significó el 2021, en el que todos los gobiernos, tanto nacional, provinciales como municipales debieron afrontar una crisis sanitaria sin precedentes, Orazi enumeró las obras que están en marcha y las proyectadas para los próximos meses.

Al respecto expresó:

“Hoy podemos ver cómo comienza a materializarse una obra anhelada y demandada por la comunidad: la remodelación de la estratégica calle Libertad, obra que como saben incluye la repavimentación y construcción de una bicisenda y un boulevard.

Cuando esté finalizada, en un plazo estipulado de 5 meses, esta obra no sólo dotará de mayor seguridad al transitar sino que le dará otra estética a la ciudad.

Este año dejaremos inaugurada otra obra de gran magnitud por su infraestructura y por los beneficios que traerá para la ciudad de los próximos 20 años: el plan director de cloacas que se construye en Alta Barda.

Esta obra, con una inversión de casi 300 millones de pesos, se diseñó a partir de la política hídrica provincial de mejorar la calidad del agua, que busca no volcar más residuos cloacales crudos al río Negro, para preservar los recursos naturales.

Estamos avanzando con la implementación del programa provincial Suelo Urbano, al cual adherimos a través de una ordenanza aprobada por este Concejo Deliberante. Este programa tiene por objeto facilitar el acceso a lotes con servicios a un amplio sector de la población y así satisfacer la demanda que plantea un sector importante de los habitantes de la ciudad que quedan afuera del mercado inmobiliario local.

En principio, estamos evaluando las tierras disponibles en la ciudad y también analizaremos la posibilidad de contemplar a privados.

En este mismo sentido, tenemos el compromiso del Gobierno Provincial de que Villa Regina tendrá una participación prioritaria en el plan ‘Casa Propia-Construir Futuro’ que contempla la construcción de 1.326 viviendas en todo el territorio provincial.

Además, y ratificando nuestro compromiso de no avanzar sobre tierras productivas para la generación de lotes, vamos a trabajar en forma conjunta con el Gobierno rionegrino y el Consejo Federal de Inversiones en el estudio de urbanización de las 4.500 hectáreas que el Municipio posee en Alta Barda.

Será fundamental la participación de este Concejo Deliberante con una herramienta que hasta el momento no sido debidamente aprovechada: el Consejo de Planificación y Desarrollo, COPLADE.

En este sentido, les cuento que la semana pasada estuvo en Villa Regina el Secretario General del Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Lamothe, profesional que se ha dedicado al estudio profundo de todo lo vinculado al urbanismo.

Fue la ocasión para ponerlo en conocimiento de nuestra visión de crecimiento y desarrollo hacia la barda norte, poniendo a disposición del Municipio todas las herramientas con las que cuenta el CFI para empezar a trabajar en este sentido.

Siguiendo con las obras, está próxima a iniciarse la construcción de las VEREDAS de las plazas de los barrios Belgrano y Gardín. Se realizará mediante la metodología de obra delegada al Municipio con aportes del gobierno provincial: un total de 6,7 millones de pesos. 

Un trabajo similar se realizará en las plazas de los barrios 25 de Mayo y 201 Viviendas, aunque en este caso será financiado con fondos del programa nacional ‘Argentina Hace’.

La semana pasada recibí la confirmación de que Villa Regina será una de las ciudades del país donde se construirá uno de los 300 nuevos CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL para niños y niñas de 45 días a 4 años de edad.

Se trata de una obra con una inversión estimada en 25 millones de pesos y será ejecutada por el Gobierno Nacional a través de los Ministerios de Obras Públicas y de Desarrollo Social.

En otro orden, quiero destacar también una obra importantísima en materia educativa. El 19 de febrero próximo se abrirán las ofertas para adjudicar la OBRA DE AMPLIACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO NEGRO en Villa Regina.

Contempla la construcción de espacios áulicos y de investigación sobre la Avenida 9 de Julio, con una inversión de casi 240 millones de pesos.

En los próximos días, recibiremos la totalidad del equipamiento para la gestión de los Residuos Sólidos Urbanos en los basurales y el equipamiento para potenciar la clasificación y separación de los mismos.

Esto es el producto, en principio, de una firme política ambiental y del trabajo y las gestiones realizadas por el Director de Ambiente y Desarrollo Sustentable Hugo Curzel junto al gobierno provincial ante Nación, que derivó en la firma del convenio respectivo con el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible Juan Cabandié.

La semana pasada arribaron la excavadora y el autoelevador eléctrico, que se suma a la primera tanda que llegó en diciembre: una trituradora de vidrio, una guillotina de neumáticos, 10 puntos verdes móviles de arrastre, chipeadora de ramas y un carrito recolector para recicladores urbanos.

Hoy arribó uno de los camiones y próximamente se completará el equipamiento con el camión restante.

En las próximas semanas iniciaremos el traslado de la COMISARIA DE LA FAMILIA desde las instalaciones del polideportivo Cumelen al edificio donde funcionaba el Juzgado de Garantías, ubicado en Ingeniero Bonoli e Italia.

El traslado fue acordado con la Secretaría de Estado de Seguridad y Justicia de la provincia y con la Jefatura de Policía y el espacio físico al que se mudará reúne condiciones más acordes para la atención de una problemática social tan sensible.

Por otro lado, luego de las gestiones realizadas en diciembre pasado en Viedma y de la visita de la Secretaria de Seguridad y Justicia Betiana Minor y del Jefe de la Policía Osvaldo Tellería a la ciudad obtuve la confirmación que se construirá un DESTACAMENTO ESPECIAL en calle Pedro Grattini, frente al ex Pago Chico.

Este asentamiento policial no sólo permitirá brindar un servicio de seguridad más eficiente sino que también significará para los vecinos de ese sector de la ciudad dejar de trasladarse a la zona céntrica para la realización de trámites vinculados a la institución”.

El Intendente también habló sobre la prestación de los servicios, el aumento de las tasas, las medidas tomadas por la administración municipal en beneficio del comercio local en el marco de la pandemia y la necesidad que tiene la Municipalidad en cuanto a la renovación del parque automotor.

“No vivimos otra realidad. Entiendo que cualquier tipo de incremento genera malestar, como los registrados en nafta, gasoil, alimentos y también hago la autocrítica de que la prestación de los servicios no es óptima. Les aseguro que esta gestión viene haciendo importantes inversiones para ir alcanzando ese nivel”, sostuvo.

Por otro lado Orazi hizo referencia al lugar destacado que la Gobernadora Arabela Carreras le ha dado a Villa Regina, con la realización de distintos encuentros provinciales que han tenido como sede a la ciudad, lo cual, indicó, “nos reposiciona en el contexto provincial y nos jerarquiza en todos sentidos porque pone en valor el trabajo que a diario realizan los reginenses”.

Nada se logra sin gestión y sin confianza. Desde el primer día me propuse como condición indispensable para llevar adelante la tarea de gobernar recuperar la confianza. Y así como éste es mi objetivo diario, me atrevo a decirles que debe ser el de toda la dirigencia política. Por ello humildemente convoco a quienes ocupan bancas en este Concejo Deliberante de las diferentes fuerzas políticas a que compartan este desafío. Desde nuestras ideologías y convicciones, debatamos, discutamos, confrontemos. Pero hagámoslo en forma transparente, de frente, honrando el lugar que nos otorgó la ciudadanía”, dijo.

El Intendente en el tramo final de su mensaje agradeció a la Gobernadora Arabela Carreras, al gobierno nacional, a los concejales, a su equipo de trabajo y al conjunto de los trabajadores municipales, a la comunidad toda y a los medios de comunicación.

Ratifico mi compromiso de trabajar fuerte y decididamente para que cada reginense viva cada día mejor y para que nuestra Villa Regina brille más que nunca”, finalizó.

La ceremonia se desarrolló en el Galpón de las Artes por cuestiones sanitarias y contó con la presencia de los 10 ediles que integran el cuerpo legislativo local. También acompañaron los legisladores Silvia Morales, Marcela Ávila y José Rivas, integrantes del Tribunal de Cuentas, secretarios del gabinete y medios de prensa.

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    Con modificaciones por decreto a la Ley de Migraciones, el gobierno de Milei profundiza su política de persecución contra los migrantes

     

    El Gobierno nacional modificó por Decreto de Necesidad y Urgencia la Ley de Migraciones e incorporó nuevas causales para impedir el ingreso, cancelar residencias y expulsar extranjeros del país. Bajo el argumento de combatir los «mensajes de odio» contra los argentinos y proteger los símbolos patrios, el DNU 681/2026 introduce conceptos amplios cuya interpretación queda en manos del Estado, abriendo interrogantes sobre sus alcances y el impacto que podría tener sobre la libertad de expresión y los derechos de la población migrante.

    Por Ignacio Álvez Alcorta para NLI

    El Gobierno amplía las causales para impedir el ingreso y expulsar extranjeros

    Con el DNU 681/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el gobierno de Milei volvió a modificar la Ley de Migraciones Nº 25.871 mediante un decreto de necesidad y urgencia, profundizando el endurecimiento de la política migratoria iniciado meses atrás. La norma incorpora un nuevo inciso al artículo 29 de la ley, que establece las causales para impedir el ingreso al país, y otro al artículo 62, referido a la cancelación de residencias ya otorgadas. A partir de ahora, podrán rechazarse solicitudes de ingreso o dejar sin efecto residencias cuando el Estado considere que un extranjero incurrió en determinadas conductas vinculadas con discursos de odio o actos contra los símbolos nacionales.

    El nuevo texto establece que no podrán ingresar ni permanecer en la Argentina quienes hayan dirigido mensajes de odio en forma oral o escrita, quienes inciten a la violencia contra el pueblo argentino o contra un ciudadano argentino por motivos de nacionalidad, quienes participen en actos de ultraje contra los símbolos patrios nacionales o quienes inciten a cometer cualquiera de esas acciones. Paralelamente, el decreto modifica el artículo 63 para establecer que la cancelación de la residencia por estas nuevas causales podrá derivar en la obligación de abandonar el país o directamente en la expulsión, según determine la autoridad migratoria.

    Conceptos abiertos que dejan amplios márgenes de interpretación

    Aunque el decreto incorpora una cláusula que aclara que no podrán considerarse comprendidas las expresiones de disenso ideológico ni la crítica política, académica o ciudadana, la redacción deja numerosos interrogantes abiertos que probablemente terminarán siendo objeto de discusión judicial.

    El primero de ellos es que la norma no define qué constituye exactamente un «mensaje de odio». No se establecen parámetros objetivos ni se remite a una tipificación penal específica. Tampoco se determina qué características debe reunir una manifestación para ser considerada incitación a la violencia contra los argentinos. Esa ausencia de definiciones deja un margen de interpretación muy amplio para la Dirección Nacional de Migraciones y, eventualmente, para los tribunales.

    Otro aspecto que permanece en una verdadera nebulosa jurídica es el concepto de «ultraje a los símbolos patrios». El decreto no enumera conductas concretas ni explica si el ultraje debe encontrarse previamente acreditado mediante una sentencia judicial o si bastará con una valoración administrativa. No queda claro, por ejemplo, si una intervención artística, una protesta pública, una performance, la quema de una bandera o una publicación en redes sociales podrían ser consideradas comprendidas dentro de esa figura, ya que el texto evita cualquier precisión.

    La misma incertidumbre aparece respecto de la prueba. El DNU no explica quién determinará que una persona emitió mensajes de odio ni cuál será el estándar probatorio exigido. Tampoco establece si será necesaria una condena penal previa, una resolución judicial, un expediente administrativo o simplemente informes elaborados por organismos estatales. En consecuencia, queda abierta la discusión sobre cuáles serán las garantías de defensa para los extranjeros alcanzados por la medida.

    Entre la libertad de expresión y las facultades discrecionales del Estado

    El propio decreto intenta anticiparse a esas objeciones al sostener que la medida no afecta la libertad de expresión, ya que excluye expresamente el disenso ideológico y la crítica política. Sin embargo, la delimitación entre una crítica protegida constitucionalmente y un supuesto mensaje de odio aparece como uno de los puntos más delicados de toda la reforma.

    La dificultad radica en que la decisión sobre dónde termina una opinión política y dónde comienza una conducta que habilite la expulsión quedará inicialmente en manos de la administración pública. Esa amplitud interpretativa podría derivar en cuestionamientos sobre el alcance de las facultades discrecionales del Estado y sobre el respeto de los principios de legalidad y seguridad jurídica.

    A ello se suma que la norma tampoco distingue si los hechos deben haber ocurrido dentro del territorio argentino o en el extranjero. La redacción permitiría, en principio, considerar publicaciones realizadas fuera del país o manifestaciones efectuadas años antes del ingreso, sin que el decreto establezca límites temporales ni criterios para valorar la gravedad de cada caso.

    Una nueva vuelta de tuerca en la política migratoria de Milei

    La modificación se inscribe dentro del endurecimiento de la política migratoria impulsada por la administración libertaria durante el último año. Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, el Ejecutivo avanzó mediante distintos decretos sobre el régimen migratorio, restringiendo derechos y ampliando las facultades de la Dirección Nacional de Migraciones, una estrategia que ya generó presentaciones judiciales y cuestionamientos por parte de organismos especializados en derechos humanos y asociaciones de migrantes.

    Con el DNU 681/2026, el Gobierno vuelve a recurrir al mecanismo del decreto para introducir modificaciones en una ley sancionada por el Congreso. Más allá del argumento oficial de proteger a los argentinos frente a expresiones violentas o discriminatorias, la incorporación de conceptos jurídicos abiertos y la ausencia de precisiones sobre su aplicación concreta anticipan un escenario de fuerte debate constitucional. El verdadero alcance de estas nuevas facultades dependerá, probablemente, de cómo las aplique la autoridad migratoria y de las decisiones que adopten los tribunales cuando comiencen a llegar los primeros casos.

     

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