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RAPIDEZ NO ES SINÓNIMO DE EFICACIA

Escriben Luciano Ramirez y Emiliano Piccinini

Muchas veces pensamos que rapidez significa eficacia, puede ser que lo sea en algunos casos, pero en otros no, y el riesgo cuando esto último pasa es muy alto y más si hablamos de cuestiones referidas a legislación. Trabajar bajo presión, como la pandemia mundial del Covid19 provoca, a veces empuja a tomar decisiones que debieran tratarse con calma, dándole un tratamiento sustancial con más contenido, escuchar a los comerciantes (principalmente medianos y chicos) y tenerlos en cuenta para que realmente el proyecto sea funcional a la causa visualizando todas las aristas posibles.

El viernes (17/04) pasado el Concejo Deliberante de la ciudad sancionó un proyecto de ordenanza que regula la circulación de personas en la vía pública para el abastecimiento de alimentos y productos en los comercios autorizados. De esta forma el orden estipularía que, los días lunes, miércoles y viernes le corresponderían a los DNI que tengan el último número en impar; y martes, jueves y sábados a los pares. Una medida que ya está vigente en distintas ciudades del país. Ahora la decisión la tiene el ejecutivo.

El proyecto de ordenanza solo fue rechazada solo por las concejalas: Agustina Fernandez de Juntos Somos Rio Negro y Maria Eugenia Paillapí de Somos Villa Regina. Cabe aclarar que todavía no está en vigencia, para que ello ocurra debe ser promulgado y publicado en el Boletín Oficial, y a partir de allí, se determinará cuando entra en vigencia la misma.

Lo primero que hay que dejar en claro es que cada ciudadano – incluyendo los policías de calle que reciben órdenes arbitrarias – tienen que saber que quien es detenido solamente por la característica par o impar de su DNI es víctima de privación ilegítima de la libertad correspondiente a un abuso de autoridad.

El Art. 2 de dicho proyecto expresa “A los efectos del cumplimiento de dicho programa, el responsable del local comercial que se encuentre habilitado para atención al público y/o quien designe, deberá solicitar el DNI a los clientes, prohibiendo el ingreso de aquellos que no se encuentren en el día que les corresponde”.-

Que el comerciante (un ciudadano de a pie como cualquiera de nosotros) tenga la facultad de pedir el DNI al consumidor resulta totalmente irracional y arbitrario. Delegar este poder de policía en ellos, es un acto totalmente irresponsable si así lo decidieran. Que el comerciante pida el DNI cuando se realiza una compra con tarjeta de crédito no tiene la misma finalidad en el caso de que lo pida para verificar si a la persona le corresponde o no comprar ese día.

  En este punto hay que decir que si el Estado, en este caso el municipio, con la colaboración de la policía no cuenta con los recursos suficientes para hacer cumplir una medida (en este caso ordenanza) ya que no debería delegar la acción de control a un ciudadano común, no tendría que sancionarla.

Como sabemos es imposible controlar a toda la ciudad; si la finalidad es esa, darle facultades a una persona que NO debería tenerlas, no es la solución al problema de circulación de personas en las calles.   

A su vez el Art. 4 …“establece una multa de $150.000 aplicable al comercio habilitado y de $6.000 al consumidor que infrinja el cronograma de abastecimiento establecido”exponer a un comerciante ya golpeado económicamente a tener que prohibir ingreso de dinero a su caja es posicionarlo en una dicotomía arriesgada que bordearía constantemente la ruptura de la medida, y sabemos que no es lo mismo aplicar esta sanción a un gran comercio que a una pequeña despensa de barrio.

Y por ejemplo, ¿qué pasa con aquellas familias que viven el día a día, y van comprando sus alimentos a medida que van obteniendo dinero?, ¿cómo impacta esta medida en los comercios ya golpeados por las medidas de prevención? ¿Qué pasa con aquellas personas que trabajan todos los días y que tienen un día libre, y justo ese día no coincide con el que le corresponde para salir a comprar?.

Bien, estamos de acuerdo en que debemos seguir cumpliendo con el aislamiento porque es el mejor cuidado, que no está bien que haya gente en las calles sin necesidad ni obligación excepcional, inclusive luego del decreto que estipula la obligatoriedad del uso de tapabocas pareciera haber salido más gente a circular (en todo el país, no solo Regina), tampoco atacamos el corazón del proyecto de ordenanza ya que su objetivo es disminuir la circulación de la gente y es válido, pero realmente es inaplicable y de difícil control, lo que termina convirtiéndola en una medida demagógica y disfuncional.

  Debemos seguir apelando a la concientización y no subvalorar la inteligencia y responsabilidad del colectivo social, por eso nos volvemos a preguntar:

¿Por qué como sociedad tenemos que esperar a que salga una legislación para regular y sancionar a los que incumplen alguna medida, cuando en realidad si actuamos con conciencia social y empatía entre todos los ciudadanos, podemos evitar empujar al Estado a que haga uso de facultades punitivas que coartan derechos esenciales?       

Escriben Luciano Ramirez y Emiliano Piccinini.

Portada Ilustrativa: Germán Busín

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    En absoluta guerra contras gobierno, Lara aseguró que «los tiranos van a caer» y en un video difundido en TikTok pidió a los sectores movilizados «que no se rindan, que no bajen la moral y la guardia».

    «Son momentos duros y Dios sabe por qué pasan las cosas. Y los tiranos al final van a caer y van a caer en el mismo pozo que ellos están generando», sostuvo el también expolicía.

    Lara acusó a su compañero de fórmula de haberse «puesto del lado de los ricos» y calificó de «decreto del hambre, del desempleo, de la desesperanza» la norma que retiró la subvención a los combustibles y que rige desde hace más de una semana. El vicepresidente pidió a los sectores movilizados que sean «fuertes» y les dijo que «se vienen días mejores».

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    «Sabíamos que no iba a ser fácil, sabíamos que los corruptos iban a resistir, pero hemos abierto una puerta, ahí estoy yo para defenderlos, ahí estoy yo para estar al lado del pueblo», aseguró Lara y lanzó una advertencia que roza el golpismo: «Los días de los tiranos están contados».

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    Son momentos duros y Dios sabe por qué pasan las cosas. Y los tiranos al final van a caer y van a caer en el mismo pozo que ellos están generando

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    Además, Lara acusó a los parlamentarios de aprobar créditos a cambio de cupos en entidades estatales, aunque no presentó pruebas, ante lo cual, las cámaras de Diputados y Senadores le exigieron que se retracte y advirtieron con iniciarle procesos penales.

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    Esta decisión va acompañada por otras medidas, como el incremento del salario mínimo, de 2.750 a 3.300 bolivianos (395 a 474 dólares) y el aumento de los bonos para los estudiantes del sistema público y de la renta para adultos mayores sin aportes a la seguridad social.

    El Gobierno señaló que el retiro de la subvención garantizó la provisión de diésel y gasolina que fue escasa durante casi un año y medio y permite un ahorro diario al Estado de 10 millones de dólares.

     

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    ¿Defensa industrial o gesto geopolítico? el Gobierno abre una investigación antidumping contra China

     

    La Secretaría de Industria y Comercio abrió una investigación por presunto dumping en lavarropas importados desde China. Aunque el expediente se apoya en datos técnicos sólidos, la decisión despierta una pregunta inevitable: ¿protección de la industria nacional o señal política hacia Estados Unidos en medio de la presión de Donald Trump para aislar a Beijing?

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    El Gobierno nacional dispuso la apertura de una investigación antidumping contra las importaciones de lavarropas de origen chino, a partir de un pedido de la empresa Drean S.A.. La medida, formalizada a través de la resolución 10/2026 del Ministerio de Economía, se apoya en informes técnicos que detectan precios artificialmente bajos y una amenaza concreta de daño a la producción local.

    Sin embargo, en el contexto político actual, la decisión no puede leerse de manera aislada ni ingenua. Mucho menos cuando proviene de una administración que ha demostrado escaso interés en defender la industria nacional y que ha hecho del alineamiento automático con Estados Unidos una de sus banderas internacionales.


    Dumping probado y una amenaza en ascenso

    Desde el punto de vista técnico, el expediente es consistente. La Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE) determinó la existencia de un margen de dumping del 10,43 % en las exportaciones chinas de lavarropas hacia la Argentina. En términos simples, los productos ingresan al país a precios más bajos que los considerados normales, incluso por debajo de los valores del propio mercado chino.

    Al mismo tiempo, la CNCE aclaró que todavía no existe un daño importante consumado a la industria nacional. Las dificultades atravesadas por la empresa solicitante se explican, en buena medida, por la caída del consumo interno y no exclusivamente por el ingreso de importaciones.

    El problema aparece cuando se observa la dinámica reciente. China pasó de representar el 50 % del total importado en 2022 al 66 % en 2024, y durante los primeros nueve meses de 2025 los envíos hacia la Argentina se dispararon un 590 %. La amenaza ya no es teórica: es estadística.


    Precios bajos, stocks acumulados y presión futura

    China no es un actor más en el comercio global. Concentra casi la mitad de las exportaciones mundiales de lavarropas, posee una capacidad productiva descomunal y enfrenta medidas antidumping en otros mercados relevantes. En ese contexto, la Argentina aparece como un destino cada vez más atractivo para colocar excedentes a bajo precio.

    La CNCE detectó además que los lavarropas chinos ingresaron al país a precios inferiores a los nacionales, incluso luego de su nacionalización. Esa subvaloración presiona directamente sobre la industria local, que compite en condiciones claramente desiguales.

    Más inquietante aún es otro dato del informe: más del 60 % de los lavarropas importados desde China en 2025 no se vendieron, sino que quedaron acumulados como stock. Esto sugiere una presión latente sobre el mercado interno, con riesgo de caída de precios y deterioro de la producción nacional en el corto plazo.


    Milei, Trump y el trasfondo geopolítico

    Hasta aquí, los datos técnicos. Pero la política nunca es neutra.

    La apertura de la investigación se produce en un momento en el que Donald Trump vuelve a presionar a terceros países para que limiten su vínculo comercial con China, y cuando el Gobierno argentino busca respaldo externo, financiamiento y aval político. En ese marco, activar un expediente antidumping contra China resulta funcional: no implica ruptura ni sanción inmediata, pero envía una señal clara.

    La paradoja es evidente. Un Gobierno que promueve la apertura importadora, la desregulación y el repliegue del Estado termina habilitando una herramienta clásica de defensa del mercado interno. No lo hace desde un discurso industrialista ni desde la protección del empleo, sino desde una combinación de obligación técnica y conveniencia política.

    La pregunta que queda flotando es incómoda: si el caso no involucrara a China, y si no existiera este contexto geopolítico, ¿la investigación se habría abierto igual? La experiencia reciente invita a dudar.

     

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  • Se solicita a los vecinos hacer un uso correcto de los Puntos Limpios

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  • Advertencia de Rosatti a la Justicia Federal de Rosario: «Que definan de qué lado están»

     

    El presidente de la Corte Suprema de la Nación, Horacio Rosatti, dijo que desde lo más alto del Poder Judicial tienen en foco los escándalos en Rosario, donde este año hay en curso causas penales por corrupción contra dos magistrados, en una jurisdicción que se distingue por las tramas entre factores de poder que mezclan a empresarios, medios de comunicación y algunos jueces.

    Con el planteo de Rosatti resonando, el Consejo de la Magistratura decidió este miércoles avanzar en medidas contra el juez federal de Rosario Gastón Salmain, que está imputado de haber pedido un soborno para ordenar al BCRA que le vendiera 10 millones de dólares a un fideicomiso para pagar una deuda con una empresa del exterior, cuando regía el cepo cambiario.

    Ese fideicomiso lo administraba el financista Fernando Whpei, quien a la vez está imputado junto al ex juez federal de Rosario Marcelo Bailaque por una extorsión contra un agente de Bolsa, que tiene además como partícipes señalados al ex director regional de la AFIP de Santa Fe Carlos Vaudagna y al lobista judicial Santiago Busaniche, conectado al mundo de los servicios de inteligencia.

    En el marco de estas causas en pleno trámite, el hecho de que el presidente del máximo tribunal argentino hablara de esto fue un mensaje contundente para toda la Justicia Federal de Rosario que durante mucho tiempo tuvo un proceder opaco y omisivo, en especial contra el comercio de drogas que convirtió a la ciudad a partir de 2013 en la más violenta de la Argentina. El ministro de la Corte dijo que ante este proceso cada uno debe definir «de qué lado está».

    Rosatti recordó que hace tres años estuvo en Rosario en un acto de abrazo a magistrados de la Justicia Federal donde estuvieron referentes judiciales de todo el país, junto al gobernador, senadores y diputados. «Estaba toda la política, toda la Justicia, estaban las universidades. Ahí yo dije: «Quiero saber de qué lado está cada uno porque esto es un entramado muy muy complejo y no hay neutrales, el que se dice neutral es cómplice». Y dije también ahí que me llamaba mucho la atención que no lleguen casos de narcotráfico a la Corte, es como que todo el mundo estuviera conforme con las sentencias de primero o de segunda instancia».

    Afirmó que desde entonces empezó a verse un cambio y que hubo en los últimos dos años unas cien condenas contra actores del narcotráfico. «Y empezó a verse una investigación del propio Poder Judicial respecto de una trama que involucraba jueces». Rosatti indicó que desde la Corte se colocó un reflector sobre esa red donde están «el empresariado, algunos decían medios de comunicación, eventualmente jueces» y probablemente con alguna protección de afuera de la provincia.

    Quiero saber de qué lado está cada uno porque esto es un entramado muy muy complejo y no hay neutrales, el que se dice neutral es cómplice

    El problema del narcotráfico, siguió Rosatti, es básicamente el tema del lavado de activos y de la trazabilidad del dinero que produce. Y reiteró que el Poder Judicial está echando luz «sobre influyentes, operadores, y ciertos servicios que no quiero llamar de inteligencia, servicios de información, todo mezclado ahí».

    La trama de investigaciones que se acrecentó desde noviembre de 2024 dejó ver que el ex juez Bailaque tenía el mismo contador que algunas empresas del narcotraficante Esteban Alvarado al que él mismo investigaba. Las acciones omisivas de Bailaque hacia Alvarado fueron denunciadas por fiscales santafesinos al Consejo de la Magistratura en 2020 pero el órgano que investiga el proceder de los jueces tuvo cuatro años congelado ese expediente. 

    En una de las causas de Bailaque está imputado Santiago Busaniche, un lobista muy conocido en Comodoro Py. Según el ex jefe de la AFIP Vaudagna, también imputado, el que estaba interesado en concretar el chantaje contra el agente de Bolsa de Rosario Claudio Iglesias era Sergio Marchi, administrador general de la Corte. Ante la pregunta de si podían estar implicados en estas tramas actores de afuera de Santa Fe, Rosatti dijo: «puede ser».

    La Justicia acorrala a Salmain: le imputan un nuevo delito y mandan el caso a Magistratura

    El Consejo de la Magistratura ahora avanza contra Salmain en varios expedientes. La medida de hoy la resolvió la Comisión de Acusación que preside Luis Juez, que es el instructor del caso. Salmain fue imputado además este martes por abuso de autoridad ya que cuando en octubre fue requisado por orden judicial y le secuestraron su teléfono celular utilizó su condición de magistrado para pedir de modo oficial información detallada sobre quién ordenaba la medida, quiénes la concretaban y quién fue el juez interviniente.

    Además Salmain tiene un expediente en la Comisión de Disciplina del Consejo que instruye la jueza Alejandra Provítola. Ahí lo investigan por haber omitido en su currículum para juez en 2016 que la Corte Suprema por unanimidad lo había echado del Poder Judicial en 2002, cuando era empleado, por ofrecer una coima a una funcionaria para eludir el sorteo de un expediente laboral y direccionarlo al juzgado donde él trabajaba.

    Pese a estar imputado e investigado en varias causas por el órgano que examina el comportamiento de jueces, actualmente Salmain está a cargo de uno de los dos juzgados que hay en Rosario del fuero civil y comercial en la Justicia Federal.

     

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  • Karina suma a La Tatuada, el Fisura Liberal y otros influencers a su propio ejército digital

     

    Karina Milei llevó a un grupo de influencers a una reunión con Javier Milei con la idea de tener su propio ejército digital, un terreno que hasta ahora le era ajeno.

    La hermana del Presdiente tenía algunos influencers sueltos como el caso de Fran Fijap y Los Iñakis, pero su peso en las redes esta lejísimos del entramado que se referencia en Santiago Caputo.

    Karina aprovechó su influencia sobre Milei y logró que, en medio d elos incendios de la Patagonia, se haga un tiempo para recibir a unos 15 tuiteros en la Casa Rosada. El grupo esta coordinado por el cineasta karino Santiago Oría, que sueña con ser el nuevo estratega de comunicación del gobierno.

    En la reunión del jueves por la tarde aparecieron las principales figuras de este nuevo grupo, como «La Tatuada» Geraldine Prais, que fue candidata a concejal en Esteban Echeverría y tomó relevancia pública por los tatuajes que tiene en la cara. El más reconocido es el que dice «castrate».

    También estuvo Graciela Travaglini, la «Mabel liberal», que es retuiteada con frecuencia por Milei y defenestrada por el kirchnerismo, que acusa a su esposo fallecido de haber sido encarcelado por pirata del asfalto en los ochenta.

    Del nuevo grupo karinista también forma parte Flavio Arenales, bautizado peyorativamente como «El Fisura liberal» y el Pulpo César, que se define como «anti comunista en todas sus formas».

    El «ministerio de trolls» es otro de los grupos de tuiteros karinistas que asegura manejar un grupo de Whatsapp de alrededor de 300 participantes en el que se bajan las direcciones para tuitear.

     

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