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RAPIDEZ NO ES SINÓNIMO DE EFICACIA

Escriben Luciano Ramirez y Emiliano Piccinini

Muchas veces pensamos que rapidez significa eficacia, puede ser que lo sea en algunos casos, pero en otros no, y el riesgo cuando esto último pasa es muy alto y más si hablamos de cuestiones referidas a legislación. Trabajar bajo presión, como la pandemia mundial del Covid19 provoca, a veces empuja a tomar decisiones que debieran tratarse con calma, dándole un tratamiento sustancial con más contenido, escuchar a los comerciantes (principalmente medianos y chicos) y tenerlos en cuenta para que realmente el proyecto sea funcional a la causa visualizando todas las aristas posibles.

El viernes (17/04) pasado el Concejo Deliberante de la ciudad sancionó un proyecto de ordenanza que regula la circulación de personas en la vía pública para el abastecimiento de alimentos y productos en los comercios autorizados. De esta forma el orden estipularía que, los días lunes, miércoles y viernes le corresponderían a los DNI que tengan el último número en impar; y martes, jueves y sábados a los pares. Una medida que ya está vigente en distintas ciudades del país. Ahora la decisión la tiene el ejecutivo.

El proyecto de ordenanza solo fue rechazada solo por las concejalas: Agustina Fernandez de Juntos Somos Rio Negro y Maria Eugenia Paillapí de Somos Villa Regina. Cabe aclarar que todavía no está en vigencia, para que ello ocurra debe ser promulgado y publicado en el Boletín Oficial, y a partir de allí, se determinará cuando entra en vigencia la misma.

Lo primero que hay que dejar en claro es que cada ciudadano – incluyendo los policías de calle que reciben órdenes arbitrarias – tienen que saber que quien es detenido solamente por la característica par o impar de su DNI es víctima de privación ilegítima de la libertad correspondiente a un abuso de autoridad.

El Art. 2 de dicho proyecto expresa “A los efectos del cumplimiento de dicho programa, el responsable del local comercial que se encuentre habilitado para atención al público y/o quien designe, deberá solicitar el DNI a los clientes, prohibiendo el ingreso de aquellos que no se encuentren en el día que les corresponde”.-

Que el comerciante (un ciudadano de a pie como cualquiera de nosotros) tenga la facultad de pedir el DNI al consumidor resulta totalmente irracional y arbitrario. Delegar este poder de policía en ellos, es un acto totalmente irresponsable si así lo decidieran. Que el comerciante pida el DNI cuando se realiza una compra con tarjeta de crédito no tiene la misma finalidad en el caso de que lo pida para verificar si a la persona le corresponde o no comprar ese día.

  En este punto hay que decir que si el Estado, en este caso el municipio, con la colaboración de la policía no cuenta con los recursos suficientes para hacer cumplir una medida (en este caso ordenanza) ya que no debería delegar la acción de control a un ciudadano común, no tendría que sancionarla.

Como sabemos es imposible controlar a toda la ciudad; si la finalidad es esa, darle facultades a una persona que NO debería tenerlas, no es la solución al problema de circulación de personas en las calles.   

A su vez el Art. 4 …“establece una multa de $150.000 aplicable al comercio habilitado y de $6.000 al consumidor que infrinja el cronograma de abastecimiento establecido”exponer a un comerciante ya golpeado económicamente a tener que prohibir ingreso de dinero a su caja es posicionarlo en una dicotomía arriesgada que bordearía constantemente la ruptura de la medida, y sabemos que no es lo mismo aplicar esta sanción a un gran comercio que a una pequeña despensa de barrio.

Y por ejemplo, ¿qué pasa con aquellas familias que viven el día a día, y van comprando sus alimentos a medida que van obteniendo dinero?, ¿cómo impacta esta medida en los comercios ya golpeados por las medidas de prevención? ¿Qué pasa con aquellas personas que trabajan todos los días y que tienen un día libre, y justo ese día no coincide con el que le corresponde para salir a comprar?.

Bien, estamos de acuerdo en que debemos seguir cumpliendo con el aislamiento porque es el mejor cuidado, que no está bien que haya gente en las calles sin necesidad ni obligación excepcional, inclusive luego del decreto que estipula la obligatoriedad del uso de tapabocas pareciera haber salido más gente a circular (en todo el país, no solo Regina), tampoco atacamos el corazón del proyecto de ordenanza ya que su objetivo es disminuir la circulación de la gente y es válido, pero realmente es inaplicable y de difícil control, lo que termina convirtiéndola en una medida demagógica y disfuncional.

  Debemos seguir apelando a la concientización y no subvalorar la inteligencia y responsabilidad del colectivo social, por eso nos volvemos a preguntar:

¿Por qué como sociedad tenemos que esperar a que salga una legislación para regular y sancionar a los que incumplen alguna medida, cuando en realidad si actuamos con conciencia social y empatía entre todos los ciudadanos, podemos evitar empujar al Estado a que haga uso de facultades punitivas que coartan derechos esenciales?       

Escriben Luciano Ramirez y Emiliano Piccinini.

Portada Ilustrativa: Germán Busín

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    La justicia cita a Elisa Carrió tras la denuncia de un fiscal por amenazas y presiones

     

    La líder de la Coalición Cívica deberá presentarse mañana ante la Justicia luego de que el fiscal Germán Camafreita denunciara haber sido intimidado tras ordenar allanamientos en una causa sensible. El expediente expone audios, llamados y un patrón de aprietes que vuelve a poner a Carrió en el centro de la escena judicial.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    La Justicia citó para este martes a Elisa Carrió para que dé explicaciones luego de la denuncia presentada por el fiscal Germán Camafreita, quien aseguró haber sido amenazado por la exdiputada nacional tras los allanamientos al domicilio de Matías Yofe, en el marco de una causa que investiga a una presunta banda dedicada a denuncias falsas y extorsiones.

    Según consta en el informe elevado por el funcionario judicial, Carrió lo llamó telefónicamente el 2 de enero, pocas horas después de los procedimientos realizados en una vivienda ubicada en Pilar, y lanzó una serie de advertencias que quedaron asentadas en el expediente.

    “No sabés en qué te estás metiendo”

    De acuerdo al relato de Camafreita, durante esa primera comunicación Carrió le dijo que “no sabía en qué me estaba metiendo”, que “iba a terminar preso” y que ella avanzaría “en forma despiadada” contra él. Incluso, según el fiscal, la exlegisladora aseguró que al día siguiente sería “portada de todos los medios nacionales”.

    En el mismo llamado, Carrió cuestionó el allanamiento, afirmó que “se violaban derechos fundamentales” y sostuvo que se trataba de una “causa armada”, en un tono que el fiscal describió como intimidante.

    Minutos después, siempre según el informe judicial, la dirigente de la Coalición Cívica volvió a comunicarse, esta vez a los gritos, para advertirle que lo denunciaría en el Juzgado Federal.

    Llamados, disculpas a medias y nuevas amenazas

    El episodio no terminó ahí. Dos horas más tarde, luego de que se le facilitara el número de expediente para que pudiera interiorizarse formalmente de la causa, Carrió volvió a llamar. En esa comunicación ensayó una especie de disculpa, pero inmediatamente retomó el tono confrontativo.

    Camafreita dejó asentado que la exdiputada le dijo que Prefectura Naval Argentina radicaría una denuncia por el allanamiento ilegal, insistiendo en la supuesta irregularidad del procedimiento y reforzando la presión sobre el fiscal interviniente.

    Denuncia formal y un posible “modus operandi”

    La escalada derivó en una presentación formal. La semana pasada, la Fiscalía de la Unidad Funcional de Instrucción N°3 de Pilar denunció a Elisa Carrió y a la abogada Albana Zoppolo ante el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de San Isidro, por las amenazas y presiones sufridas durante el desarrollo del procedimiento judicial.

    En el oficio, el fiscal puso a disposición todas las actuaciones labradas para que el Colegio evalúe la conducta profesional de ambas letradas durante los hechos denunciados.

    En paralelo, en tribunales se investiga algo todavía más delicado: la posible existencia de un “modus operandi” por parte de dirigentes políticos que, ante causas que los incomodan, recurrirían a amenazas, aprietes y denuncias cruzadas para condicionar el accionar de fiscales y jueces.

    La citación judicial a Carrió abre un capítulo incómodo para una dirigente que construyó su figura pública enarbolando banderas de ética y transparencia. Esta vez, sin discursos ni micrófonos, deberá responder ante la Justicia.

     

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  • En el gobierno cuestionan a los Menem por la caída del ajuste a las universidades: «este Presupuesto no nos sirve»

     

    El gobierno de Javier Milei sintió como nunca el cachetazo que le dio la Cámara de Diputados con el rechazo del Capítulo XI del Presupuesto, que entre otros puntos establecía el recorte de fondos a las universidades y discapacidad, y ya empezaron los pases de facturas internos por el fracaso de los acuerdos con los gobernadores aliados.

    Fuentes de la Casa Rosada consultadas por LPO fueron terminantes: «el Presupuesto así como está no nos sirve, busca forzar el déficit fiscal». En el aire queda la duda de si Milei vetará el Presupuesto en caso de que el Senado lo apruebe tal cual lo mandó Diputados. Aunque suene extraño que un gobierno rechace su propio proyecto, la posibilidad de un veto no está para nada descartada.

    Los primeros apuntados internamente son Martín y Lule Menem, a los que cuestionan porque se le escaparon los votos de los diputados que responden a los gobernadores a los que en la previa la Rosada intentó seducir con el envío de ATN, cargos en la AGN o el envío de proyectos como la derogación de la Ley de Glaciares.

    Tremendo golpe a Milei: la oposición salvó las universidades y la emergencia en discapacidad

    Pero a la hora de los votos, los tres diputados Raúl Jalil y los dos de Osvaldo Jaldo se acoplaron al peronismo y Provincias Unidas para rechazar el capítulo. En tanto, Gustavo Sáenz y Hugo Passalacqua repartieron respaldos y rechazos entre sus siete legisladores de Innovación Federal. 

    En la Rosada dicen que Menem manejó mal los acuerdos con esos gobernadores y también con el neuquino Rolo Figueroa que mandó a votar en contra a Karina Maureira. También se cayeron algunos radicales como el correntino Diógenes González, que votó en contra; el chaqueño Osvaldo Cipolini y el enterriano Darío Schneider, que se abstuvieron.

    El Presupuesto así como está no nos sirve, quieren forzar al Presidente a gobernar con déficit.

    La duda que quedó en el aire en Diputados es por qué Menem avanzó con la votación de los auditores de la AGN que eran parte de un acuerdo con el grupo de los gobernadores peronistas Sáenz, Jalil y Jaldo, cuando ya ese grupo le había fallado en la votación en particular del Presupueso y pudo haber dado por terminada la sesión. El riojano detonó la relación con el PRO, los radicales y Provincias Unidas para premiar a unos aliados que no le habían cumplido totalmente.

    En la previa, el tucumano Jaldo y los diputados catamarqueños habían avisado que no avalarían el recorte de fondos a las universidades y discapacidad; mientras que muchos radicales incluso los aliados a la Rosada estaban alertando que no podían acompañar ese artículo. Los libertarios apostaron al vericueto de atar esos temas a los fondos del Garrahan y las cajas previsionales para complicar a los diputados en duda y se terminaron chocando contra la pared.

    En un sector del oficialismo dicen que el manejo de las alianzas fue tan malo que al final de la sesión los supuestos aliados hicieron caer el capítulo de la polémica y Menem rompió la relación con el PRO, que siempre le cumplió. Además, en la previa la Rosada ninguneó a Provincias Unidas y no abrió una negociación con ellos hasta último momento que los necesitó para el quórum. Los diputados de ese bloque cumplieron dando quórum, votando en general la norma y absteniéndose en el capítulo XI.

    Otro de los apuntados en la interna oficial es Luis «Toto» Caputo, señalado como el ideólogo del Capítulo XI. En el oficialismo dicen que nadie del ala política se animó a decirle que no a Toto, pese a que era clara la posibilidad de perder. Como viene contando LPO, el ministro de Economía está empoderado y es el único funcionario que se mueve sin necesitar pedirle permiso a Karina Milei. 

     

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