Se corrió este sábado la primera etapa de la tercera fecha del Campeonato Regional de Rally denominada ‘Ciudad de Villa Regina’.
El piloto local Rauly Martínez, navegado por Matías Giménez, terminaron al frente de la clasificación general y de su divisional la A6.
Dentro de la N2 manda Mauro Debassa – Ángel Rivero, en la A7 Claudio Simonelli – Matías Aman y en la A1 a los hermanos Manuel y Aylen Cappetta.
Fueron cuatro intensas pruebas especiales y la gran convocatoria de binomios participantes determinaron que la última prueba culminara con las últimas luces del día.
Los caminos de Cervantes y Villa Regina se comportaron en buena forma y permitieron tener luchas intensas en los relojes.
Hoy, la segunda etapa
Hoy dos pruebas especiales que serán recorridas en dos oportunidades conforman la segunda etapa:
PE5 / Ing. Huergo – Gral. E. Godoy / 12kms / 10:58hs
PE6 / Parque Industrial – Villa Regina (bajada Mario Franco) / 12,3kms / 11:36hs
Parque de Asistencia
PE7 / Ing. Huergo – Gral. E. Godoy / 12kms / 13:29hs
PE8 / Parque Industrial – Villa Regina (bajada Mario Franco) / 12,3kms / 14:07hs
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El lunes se dio inicio a la Colonia de Vacaciones de Niños que organiza la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa Regina. Esta semana es el turno de los Barrios Don Bosco, Borgatti, Del Trabajo, Cívora, Matadero, Este, Provincial, Namuncurá, Belgrano y 201 viviendas. En este primer día, hubo una sorpresa ya que…
Horas antes de la marcha en defensa de la Salud Pública, Axel Kicillof reunió en La Plata a más de 60 intendentes de la provincia y trazó un duro diagnóstico de la situación sanitaria. El gobernador calificó a las políticas de Javier Milei como «criminales» y habló de una «catástrofe sanitaria que era absolutamente evitable».
«No es una cuestión opinable o de apreciación: en muy poco tiempo, el ajuste y la eliminación de programas generaron un aumento sin precedentes en la mortalidad infantil», dijo.
El gobernador explicó que debido a la crisis económica, la pérdida de empleos y la desregulación de la medicina prepaga, más de 742 mil personas perdieron su cobertura. Esto, explicó, sobrecargó el sistema público provincial y municipal.
«Mientras alertamos y señalamos al responsable, no nos quedamos de brazos cruzados: junto a los intendentes estamos una vez más haciéndonos cargo de la situación y brindando todas las respuestas que están a nuestro alcance», dijo Kicillof. Pareció una respuesta al planteó que hizo el lunes Mario Ishii a través de un proyecto de ley presentado en la Legislatura.
En la apertura del acto, Kreplak hizo un desarrollo de la situación con cifras y datos. Precisó que como consecuencias del ajuste nacional, aumentaron 35% las internaciones en hospitales públicos, se dispararon las internaciones por causas prevenibles como la influencia y neumonías -60%- diabetes -40%- y cardíacas, 37%. Las obras sociales, señaló, reducen sus coberturas por lo que también sube la cantidad de afiliados que terminan por pedir medicamentos en hospitales.
El ministro repasó una variedad de programas que están siendo recortados e hizo especial énfasis en el Remediar, que entregada medicamentos a 8 mil centros asistenciales. Y apuntó a las consecuencias: amento de las internaciones evitables, de la mortalidad infantil (+6,25%) y la materna (+37%); suba del 71% de los casos de sífilis. Dijo que la saturación hospitalaria es grande -especialmente en las guardias- y que 20 millones de personas tiene la salud en riesgo.
«Vamos a seguir haciendo un esfuerzo inmenso para sostener programas como ‘Medicamentos Bonaerenses’, intentando sustituir en la medida de nuestras posibilidades a un Estado nacional que cortó totalmente el envío de remedios a las provincias», concluyó Kicillof. «Nuestro compromiso se ve en la gestión y en las calles: mañana la Provincia de Buenos Aires estará presente en la marcha federal que se convocó para defender el derecho a la salud», anunció.
La votación sobre el régimen de Zona Fría incluyó un articulado que busca compensa las deudas que las compañías eléctricas arrastran con la mayorista Cammesa, desde la época en la que las tarifas estaban congeladas. El avance de este mecanismo podría disparar las cotizaciones de Edenor y Edesur, las dos eléctricas que cotizan en la Bolsa.
La compensación es una idea de la secretaria de Energía, Martía Tettamanti, que entiende que los años de tarifas congeladas son un «activo regulatorio» de las distribuidoras que no tenían otra alternativa que dejar de pagarle a Cammesa, para no quebrar. «Las eléctricas no iba a pagar esa deuda y el Gobiero no se la iba a pagar, pero hacer esta compensación es importante porque le mejora el balance en los libros y ahora las compañías valen mucho más, si algún grupo las quiere comprar», explicó a LPO un directivo del sector.
El corazón de la discusión está en el artículo 4 del proyecto 03/PE-2026 enviado por Javier Milei bajo el título «Autosuficiencia económico financiera del Mercado Eléctrico Mayorista». Detrás del lenguaje técnico, la iniciativa habilita al Estado a reconocerles a las distribuidoras eléctricas «ingresos no percibidos» durante los años de congelamiento tarifario entre 2002 y 2015.
La idea es sencilla pero su implementación no tanto. La idea es que el Estado calculará cuánto dinero habrían dejado de ganar las empresas durante los años de tarifas pisadas y luego utilizaría ese monto para compensar las deudas que mantienen con Cammesa por compra de energía. Pero todavía no hay acuerdo sobre las cifras.
Según los balances de las propias compañías, Edenor mantiene una deuda con Cammesa de 395.698 millones de pesos al 31 de marzo de 2026. Pero la empresa reclama un «activo regulatorio» de 3,65 billones de pesos a valores de septiembre de 2024, presentado en la Revisión Quinquenal Tarifaria 2025. Es decir: el reclamo empresario supera más de diez veces la deuda que mantiene con Cammesa.
Para el mercado esto es potencialmente enorme. Si el Estado reconoce aunque sea parte de esos activos regulatorios, Edenor y eventualmente Edesur mejoran fuertemente patrimonio y resultados. Eso después se traduce en valuación bursátil.
Por eso, durante el tratamiento de la ley la oposición cuestionó que el articulado deja abierta una zona gris: qué ocurre con el excedente entre el «activo regulatorio» y la deuda con Cammesa. En efecto, el texto establece que el eventual crédito se utilizará «hasta el límite» de las obligaciones con Cammesa. Pero no aclara qué pasa con el saldo restante.
Como sea, un operador del mercado que sigue de cerca a las energéticas explicó a LPO que la lectura en la City es muy clara: «Si el Gobierno termina validando la compensación, las distribuidoras podrían mostrar una mejora patrimonial muy importante en sus balances y esto debería empujar las acciones», afirmó.
La secretaria de Energía, María Tettamanti.
«Para el mercado esto es potencialmente enorme. Si el Estado reconoce aunque sea parte de esos activos regulatorios, Edenor y eventualmente Edesur mejoran fuertemente patrimonio y resultados», explicó.
«El mercado interpreta que el Gobierno está dispuesto a ordenarles los balances a las distribuidoras y eso normalmente termina impactando en la cotización de las acciones», agregó.
El proyecto también establece que las sumas resultantes quedarían exentas del Impuesto a las Ganancias para las distribuidoras y transportistas eléctricas de jurisdicción federal.
Por eso, los críticos sostienen que el Gobierno está construyendo un privilegio fiscal y regulatorio para las distribuidoras, pero lo cierto es que en la City entienden que la combinación de reorganización tarifaria y compensación de deudas, no sólo limpia el balance de las empresas, si no que además las deja en condiciones objetivas para que mejore de manera importante su cotización bursátil.
Manuel Adorni apostó a formalismos, generalidades y a la supuesta «confidencialidad» para no dar explicaciones sobre el escándalo de los viajes y las propiedades en el informe escrito que envió a la Cámara de Diputados antes de su presencia en el recinto.
Después de las quejas de los diputados opositores por la demora en enviar las respuestas escritas, el jefe de Gabinete lo mandó este miércoles a las 8 de la mañana. Fue una forma de complicarle el trabajo a los opositores, que apenas tuvieron dos horas para leer las 1936 páginas del informe.
En las 2151 preguntas que enviaron los diputados, hubo una enorme cantidad vinculada a los escándalos vinculados con el supuesto enriquecimiento ilícito de Adorni que investiga la justicia federal. El jefe de Gabinete contestó muy pocas y, en un anticipo de lo que podría pasar en el recinto, y reiteró el recurso de mandar a los opositores a buscar la información en determinada respuestas. El problema es que esas respuestas son vagas y sin explicaciones concretas.
Las preguntas sobre las omisiones en sus declaraciones juradas Adorni las respondió escudándose en la confidencialidad que beneficia a su esposa Bettina Angeletti. «El Jefe de Gabinete presentó la Declaración Jurada Patrimonial Integral (Cap. III de la Ley 25.188) en la que surge el detalle de evolución patrimonial y es información disponible para consulta pública. Los bienes que componen el patrimonio de la cónyuge o del grupo familiar del Jefe de Gabinete se incluyen en el Anexo Reservado del Formulario 1246 (conf. art. 6, inc. e, in fine, de la Ley 25.188 y art. 19 del Decreto 164/99) que obra ante la Oficina Anticorrupción y contienen información confidencial de acuerdo con el régimen normativo vigente», dice la respuesta 1780.
Adorni tampoco quiso responder si su amigo y socio Marcelo Grandío le pagó el viaje en avión privado a Punta del Este, si lo declaró como tal y si le pidió a la Oficina Anticorrupción que evalúe el posible conflicto de intereses. «No existen registros de Viajes Financiados por Terceros ante la Oficina Anticorrupción», dice la respuesta 559.
Respecto a las contrataciones de la TV Pública y Radio Nacional -que dependían de Adorni- a Grandío, el jefe de Gabinete respondió con un formalismo casi una chicana. «El señor Marcelo Grandío no fue contratado por RTA», dice la respuesta 1655. Se sabe que los contratos no fueron a nivel personal sino con su productora Imhouse, que se sospecha también sería del funcionario. Adorni admitió la existencia de seis contratos con Imhouse, pero dice que RTA no le pagó nada.
Por otro lado, Adorni también apostó al formalismo de responder que «no se registran contrataciones» de la firma de su esposa, +BE, con el Estado nacional. Pero la sospecha es que esos contratos se triangularon con empresas y organismos estatales y también con proveedoras que súbitamente requirieron de los servicios de coaching de Angeletti.
Las vaguedades que respondió Adorni requerirán mayor seriedad para responder ante la Justicia que, según reveló Clarín, tiene documentado que el jefe de Gabinete movió en efectivo 104.640 dólares en menos de un año. Además, tiene deudas por 335.000 dólares que debe cancelar en seis meses. Unos números imposibles de justificar con un sueldo que hasta hace tres meses era de 3,5 millones de pesos.
La denuncia fue elevada por el estudio de abogados Burwick Law. Varios damnificados exigen una compensación. El estudio de abogados Burwick Law, uno de los más poderosos de Nueva York, presentó ante la Corte Suprema de ese estado una demanda colectiva por el criptofraude con $LIBRA. La denuncia apunta contra Kelsier, KIP, Meteora y las demás proveedores, y…
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