‘Quinteto de vientos’ en el Galpón de las Artes

Natalia de la Sota ya no disimula su malestar con Martín Llaryora. La posibilidad de confrontarlo abiertamente empieza a tomar forma, movilizada por el acuerdo cada vez más evidente entre el gobernador cordobés y la Casa Rosada. Más ahora que el jefe de Gabinete es Diego Santilli, con una larga amistad desde hace más de un cuarto de siglo, cuando los dos se formaban en el «orteguismo», el efímero plan de Ramón Ortega para ser presidente.   

En el Frente Renovador también empieza a instalarse una idea similar a la que leuda en el campamento delasotista: marcarle la cancha a Llaryora, sobre todo para dejarlo expuesto cuando el gobernador mediterráneo «sea útil» con la intención del Gobierno nacional de suspender/eliminar las Paso. Una jugada de Llaryora en contra del peronismo nacional sería el punto de no retorno. 

En este sentido, Tania Kishakevich, la jefa del Frente Renovador en Córdoba, señaló: «El gobernador debe decidir si quiere priorizar los intereses de Córdoba por encima de cualquier alineamiento automático con la Nación y de cualquier especulación electoral». En el delasotismo, el análisis es similar: «Llaryora es el que se alejó del peronismo». 

Una encuesta de Carlos Sichhar durante el mes de junio, de 1070 casos, encargada por el propio Gobierno, dice que Llaryora no logró acumular más allá de su núcleo duro: 34,5%, es decir 8% menos que en junio de 2023. Los números demuestran que una ruptura del peronismo podría complicar al gobernador. 

Llaryora confía en que la oposición no logrará ponerse de acuerdo el año que viene. Algo similar sospecha Luis Juez. Aunque el jefe del Frente Cívico sostiene su acuerdo con La Libertad Avanza, también recuerda que el PRO de Mauricio Macri nunca quiso destronar al peronismo cordobés. La pertenencia de Santilli al PRO y la amistad con Llaryora potencian la hipótesis de una oposición nuevamente fragmentada en 2027

«Presiento que la oposición va a ir dividida en tres; y en ese punto, a los tres les va a convenir que la única reelección posible la gane Lleryora», dice un ministro, ya en plena guerra psicológica a dos bandas: con la oposición y con el polo De la Sota-Massa. Siembra que en ese escenario hipotético, el sello del PJ que tendrá Llaryora será suficiente para retener el núcleo duro y, con él, lograr la reelección.   

La llegada de Santilli al poder le da a Llaryora otra expectativa respecto de la llegada de fondos nacionales y de la autorización para la toma de préstamos, dos puntales para remontar una gestión que viene atravesada por la crisis de las cuentas de la Municipalidad, una situación en la que LLaryora tiene su cuota parte de responsabilidad por haber pateado el pago de la deuda en dólares que tomó el radical Ramón Mestre. El pago de esa deuda externa acorrala a Daniel Passerni. 

«La política es importante, pero la gestión será la clave: si la gestión está aprobada, el votante pendular acompañará», es la estrategia de El Panal con estas encuestas sobre la mesa: una diferencia mínima y condicionada a la división opositora.   

Respecto de qué hará Llaryora al momento de que se debate la eliminación de las Paso, históricamente el peronismo de Córdoba rechazó ese mecanismo de selección de candidatos. Sería una explicación lógica, aunque probablemente inaceptable para el peronismo bonaerense. 

Frente a la desesperación de los municipios para enfrentar los gastos diarios por la caída de la recaudación, el peronismo empuja en la Legislatura bonaerense proyectos para auxiliar las exigidas arcas municipales mediante el alquiler de banquinas para siembra.

Hoy, la ley 10.342 de 1985 le da a los municipios la potestad de arrendar las franjas adyacentes a las rutas provinciales, pero excluye a las banquinas. Además, lo recaudado no es de libre disponibilidad, sino que debe ser afectado al Consejo Escolar (60%), Bomberos (20%) y caminos rurales (20%).

La iniciativa más reciente, presentada por la diputada massista Ayelén Rasquetti busca incluir a las banquinas, al advertir que su actual exclusión genera «el desperdicio de recursos productivos» y «priva de manera sistémica a los municipios de una fuente legítima de recaudación».

Para la diputada del Frente Renovador, la puesta en valor de esa tierra «no solo dinamizará el empleo local en los sectores rurales y semiurbanos, sino que fortalecerá las finanzas municipales en un contexto donde se requiere optimizar la recaudación fiscal autónoma».

Municipios en rojo le piden a Kicillof adelantos de coparticipación para pagar aguinaldos

Como contó LPO, es crítica la situación que atraviesan numerosos municipios a raíz del derrumbe de la coparticipación y de la cobrabilidad de las tasas locales. Eso, incluso, llevó a que algunos intendentes le pidan a la Provincia adelantos de coparticipación para cumplir con los aguinaldos.

El proyecto de Rasquetti estipula un Registro de Usufructuarios de Banquinas Municipales con eje en la seguridad vial, ya que plantea que Vialidad bonaerense junto con los organismos competentes en la materia, deberán determinar qué sectores son aptos para sembrar.

En la actualidad, varios municipios aplican el sistema de arrendamientos de franjas adyacentes a las rutas provinciales, pero intendentes consultados por LPO dieron cuenta de las limitaciones que tienen a la hora de hacer uso de los recursos.

«Son momentos donde necesitamos que los fondos que llegan sean de libre disponibilidad», sintetizó un jefe comunal consultado que recordó también la discusión en torno al Fondo de Fortalecimiento que llega de la provincia y que los intendentes piden que estén encorsetados a destinos afectados. 

El proyecto de Rasquetti estipula un Registro de Usufructuarios de Banquinas Municipales con eje en la seguridad vial, ya que plantea que Vialidad bonaerense junto con los organismos competentes en la materia, deberán determinar qué sectores son aptos para sembrar.

Por su parte, también dentro del bloque de Fuerza Patria, el diputado y ex intendente de Daireaux Alejandro Acerbo presentó un proyecto para modificar las condiciones de arrendamiento de las tierras adyacentes a las rutas provinciales.

En este caso, Acerbo elimina las pautas de distribución de los recursos que contempla la ley vigente y estipula que las sumas percibidas por este concepto deberán «destinarse a gastos o inversiones determinados por ordenanza» y que, «al menos un tercio del total de esos recursos deberá ser asignado al mantenimiento de caminos y/o banquinas de las rutas».

También, ese proyecto amplía los plazos de explotación, que pasaría de un año a tres y con posibilidad de renovación.