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¿QUIÉN CUIDA A LOS QUE NOS CUIDAN?

La muerte de la enfermera Mariela Romero del Hospital de Villa Regina comenzará a ser investigada, tal como lo pidieron los gremios ATE y Upcn, para determinar responsabilidades en la atención que recibió.

Al momento de escribir este artículo el ministro de salud Fabián Zgaib no brindó precisiones del caso encontrándose a la espera del informe oficial del Hospital pero deslizó tímidamente en el canal oficial de la provincia que la derivación de la paciente no se demoró mucho.

Por el contrario, no es eso lo que afirman los trabajadores de la salud que en voz de Rosa Ñanco, secretaria general de la seccional de ATE en Villa Regina, expresaron que Mariela estuvo 18 horas esperando la derivación a una cama de terapia ya que requería oxígeno por su cuadro de salud agravado por el covid19.

Recordemos que la enfermera ingresó al hospital el viernes por la noche alrededor de las 23hs al notar poco movimiento fetal en su vientre se comunicó al hospital para ser trasladada desde su casa, luego de toda una noche de espera en la guardia sentada en una camilla, recién a las 7 de la mañana del sábado ingresó a quirófano para una cesárea no programada donde dio a luz a su hijo, a quien no pudo conocer. El pos operatorio lo transitó también en la guardia con un cuadro de covid con una neumonía grave, acá está el punto de inflexión en la atención recibida y el vacío informativo, hasta las 18hs que fue derivada a Roca (18 horas sin la atención que necesitaba, ya que no debería haber sido restituida a la guardia).

Sin embargo, colegas de la enfermera afirman que no le faltó cama a su compañera, sino que lamentablemente le negaron la cama en el servicio de maternidad por ser Covid+ a sabiendas que tenían dos camas libres con oxígeno. De confirmarse esto, se agravaría la culpabilidad de los responsables, siempre es el médico el que toma decisiones y es el que deberá responder en la justicia. 

Asimismo los trabajadores de la salud hacen hincapié en que esta dramática situación vivenciada estos días expone que el sistema de derivaciones no está tan aceitado como dice el oficialismo.

En asamblea entre trabajadores del hospital reginense, el director Ruiz Díaz y el secretario de relaciones institucionales de Río Negro Miguel Ledesma escucharon a los trabajadores, claramente tristes, preocupados y estresados. Se percibió el desamparo en el que se encuentran, y entre otras cosas exigieron mayor organización, mejor infraestructura, más empatía para con ellos y la ciudadanía, solucionar la sobrecarga de trabajo para alivianar el estrés actual, la preparación de un espacio que pueda albergar los casos positivos para terminar con la internación domiciliaria que es incontrolable, a su vez Rosa Ñanco solicitó el acceso de Freddy Fernandez marido de Mariela para que ingrese como empleado estatal. Y la pregunta puntual en el caso Mariela fue ¿por qué la bajaron a la guardia negándole una cama en terapia? Nadie supo contestar.

El director del hospital aclaró, que las decisiones son de los médicos. Según el Dr Vega, jefe del área de maternidad esa decisión no estaba detallada en el historial médico, por lo que no supo explicar porque no se la aceptó en internación y se la bajó a la guardia. Este fue el momento de mayor tensión donde existieron acusaciones cruzadas frente a la culpabilidad por el destrató que recibió Mariela, se dijo que a veces las camas se consiguen más rápidamente dependiendo del peso del apellido del paciente, y se afirmó la falsedad de la prioridad para la atención de los trabajadores de salud.

“Denunciamos esto para que no vuelva a ocurrir. Es difícil encuadrarlo, pero hay una situación de abandono por parte del Estado, y se debe investigar esta situación para que los responsables se hagan cargo de lo que ocurrió”, enfatizó Ñanco.

También agregó, “Pedimos justicia por Mariela, porque no queremos que haya otra Mariela en ningún hospital. Más seguridad para los trabajadores de salud, más personal, mejor infraestructura, acorde a las necesidades del momento. Esto ya tendría que estar previsto. En las guardias no hay camas “frias”. Y que se investigue a los responsables siendo el estado provincial el primer responsable. Pedimos la renuncia de los responsables. No culpamos a los trabajadores. Que esta muerte no quede impune”.

El caso Mariela fue denunciado públicamente por trabajadores del hospital de Villa Regina el miércoles durante la marcha que realizaron en la ciudad. En la misma, en notas brindadas a medios reginenses los profesionales de la salud potenciaron el pedido a la sociedad para que extremen los cuidados, para que entiendan que ante el abandono estatal y la falta de medidas y controles que contengan el alto nivel de contagios que hay en la provincia hizo que la responsabilidad social pase a ser protagonista en esta pandemia tal como se vive hoy en la provincia.

Todo esta trágica situación (con 29 fallecidos en Regina, 20 en los últimos 30 días) se da en medio de la lucha por un salario digno, con una paritaria mezquina de tira y afloje, al igual que la de los docentes, pero opuesta a la de la seguridad provincial (qué mensaje claro baja el Gobierno Provincial). Sin salario digno, con infraestructuras que no se mejoraron ni en 5 meses de pandemia, con falta de insumos, con precariedad laboral, sin UTI libre en la región, con las guardias saturadas y con profesionales desgastados cubriendo horas extras ante la falta de personal durante ya medio año. Los denominados esenciales, los verdaderamente esenciales,  están a la deriva.  

¿Quién cuida a los que nos cuidan?

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    Los vuelos del lavado: el caso Machado, la DEA y los vínculos con el macrismo

     

    Informes secretos del Ministerio de Seguridad y del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos revelan una trama de narcotráfico, lavado de activos y financiamiento político en la Argentina. El empresario aeronáutico Federico “Fred” Machado, acusado en Texas por tráfico internacional de drogas, aparece vinculado con sociedades locales, vuelos sospechosos y el entorno del Grupo Socma.

    Por Celina Fraticiangi para Noticias La Insuperable


    Una red que volaba bajo el radar

    Los documentos clasificados del Ministerio de Seguridad argentino, elaborados junto al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de los Estados Unidos y a los que accedió La Nación —según publicó la periodista Camila Dolabjian—, describen una red internacional que combina narcotráfico, lavado de dinero y vínculos con figuras políticas locales.

    El protagonista de esa trama es Federico Andrés “Fred” Machado, empresario aeronáutico argentino acusado en Texas por lavado de activos y tráfico internacional de drogas. El informe norteamericano, fechado en 2021, advertía que el DHS había solicitado información a la Argentina “sobre el ciudadano Federico Andrés Machado por sus presuntas vinculaciones con una organización criminal dedicada al narcotráfico y al lavado de activos”.


    Del “Narco Jet” al financiamiento político

    Machado, piloto y dueño de la empresa South Aviation, ya había sido mencionado en el histórico caso del “Narco Jet”: en 2010, uno de sus aviones alquilado a los hermanos Juliá fue interceptado en Barcelona con casi una tonelada de cocaína.

    Pero el expediente norteamericano revela mucho más. El fiscal federal de Texas lo acusó formalmente el 24 de febrero de 2021 de “violar las reglamentaciones de aviación para poner en manos de narcotraficantes una cantidad indeterminada de aviones para el tráfico de cocaína”. En esa misma causa se detalla que Machado y sus socios habrían montado una estafa piramidal (esquema Ponzi) que les permitió lavar alrededor de 550 millones de dólares provenientes del narcotráfico.


    Cuatro aviones, miles de kilos de cocaína

    Los investigadores del DHS rastrearon al menos cuatro aeronaves vinculadas a Machado con registros adulterados. Entre 2018 y 2020, esas naves fueron interceptadas en Venezuela, México, Guatemala y Belice, transportando entre 1.200 y 2.300 kilos de cocaína cada una.

    Uno de los episodios más oscuros se produjo en diciembre de 2019, en Petén, Guatemala, donde fue hallado un avión de Machado con 2.500 kilos de cocaína. Dos de los detenidos en ese operativo se fugaron tras obtener la libertad condicional, y poco después el juez que los había liberado fue asesinado por un sicario.


    Vínculos con el macrismo y el negocio aéreo

    Según los informes secretos citados por La Nación, Machado mantuvo estrechos lazos con el empresario argentino Sergio Daniel Mastropietro, ligado a la aviación comercial. Ambos fundaron en 2010 la sociedad SO VAIN S.A., dedicada al alquiler de aeronaves. Mastropietro es nada menos que presidente de Avian Líneas Aéreas, continuadora de MacAir Jet, empresa del Grupo Socma de la familia Macri.

    El documento oficial destaca que “los ejecutivos de MacAir continuaron cumpliendo funciones en Avian” y recuerda que durante el gobierno de Mauricio Macri —entre 2015 y 2019— las empresas vinculadas a Socma fueron beneficiadas con la redistribución de los hangares de Aeroparque, en perjuicio de Aerolíneas Argentinas.

    Machado y Mastropietro compartieron domicilio en la calle Juez Tedín 2860 de la Ciudad de Buenos Aires y varios vuelos privados: uno a Estados Unidos en 2016 y otro a Perú en 2019, junto a pasajeros de diversas nacionalidades. Para los investigadores, esa relación le habría permitido a Machado operar dentro del sistema aeronáutico argentino con respaldo local y acceso a infraestructura clave.


    La pata política: aportes a Espert

    Los documentos también mencionan un dato político explosivo: “De fuentes abiertas surge que Machado financió la campaña presidencial de José Luis Espert, aportando fondos y transporte en aviones para la campaña de las elecciones 2019”.

    Si bien no existen imputaciones judiciales en la Argentina sobre ese financiamiento, la mención fue incorporada en los reportes como un indicio del alcance político y económico del empresario, que habría intentado insertarse en circuitos partidarios aprovechando su estructura aeronáutica y sus recursos financieros.


    Argentina, terreno fértil

    El Ministerio de Seguridad argentino advirtió en sus propias conclusiones que “independientemente de los delitos por los que Machado es acusado en Estados Unidos, resulta probable que haya cometido delitos en nuestro país”.

    Los funcionarios subrayaron que, teniendo en cuenta el incremento de sus vuelos desde 2016 y sus vínculos con empresarios ligados al macrismo, el empresario pudo haber extendido sus operaciones ilegales dentro de la Argentina.

    Las recomendaciones de los informes son contundentes: profundizar la investigación sobre Machado, sus vínculos personales y comerciales, coordinar con el DHS para ejecutar su captura internacional y analizar la responsabilidad de los organismos de control argentinos —ANAC, PSA, Aduana, UIF y ORSNA— que “debieron haber actuado”.


    Más que un empresario: un engranaje

    El caso Machado, que combina narcotráfico, lavado, política y negocios aeronáuticos, deja al descubierto una zona gris entre el dinero sucio y la política argentina, donde los mismos apellidos aparecen una y otra vez.

    Mientras el empresario continúa prófugo y la justicia estadounidense busca su extradición, los documentos secretos filtrados exponen algo más profundo: la facilidad con la que las estructuras del poder económico y político local abren la puerta a operadores del crimen internacional.

     

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