Qué hay detrás de la «estatización» de grandes empresas que empuja Caputo con la Anses

Qué hay detrás de la «estatización» de grandes empresas que empuja Caputo con la Anses

 

El fuerte incremento de la participación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), el fondo soberano de la Anses, en las principales empresas argentinas abrió preguntas en el mercado, que se preguntan los motivos de este giro «estatizador» del gobierno libertario. Sobre todo porque ocurre en medio del rally financiero, la remonetización que impulsa Luis Caputo y la necesidad oficial de conseguir más crédito sin volver a emitir pesos. 

Los datos surgieron de las presentaciones que las empresas hicieron ante la SEC en Estados Unidos y fueron revelados por la periodista Florencia Donovan en La Nación. Galicia informó que la participación estatal en el grupo pasó de 16,8% a 22,5%. En Loma Negra de Mindlin saltó de 5,33% a 9,2%. En TGS avanzó de 24% a 25,33%. En Banco Macro pasó de 28,8% a 29,75%. En Byma trepó de 3,34% a 8%. Y en YPF la tenencia de acciones subió de 1,46% a 8% del paquete que está en manos del mercado.

Detrás de esos números aparece un dato relevante. Entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025 el FGS realizó compras de acciones por el equivalente a USD 1.426 millones al contado con liquidación. Más de la mitad de esas adquisiciones se concentraron en YPF. Otro 27% fue a Galicia. El resto se repartió entre once compañías. 

La trampa del dólar estable consolida una economía dual

El cuadro que publicó la consultora 1816 muestra la magnitud de las tenencias. Galicia representa hoy USD 1.507 millones valorizados al CCL dentro del FGS. Banco Macro otros USD 1.415 millones. YPF USD 1.362 millones. TGS USD 1.206 millones y Pampa Energía USD 1.048 millones. El FGS concentra así una porción decisiva de su cartera accionaria en bancos y energía. Justamente los sectores que el mercado cree que podrían liderar el próximo ciclo exportador argentino.

El FGS concentra una porción decisiva de su cartera accionaria en bancos y energía. Sectores que el mercado cree que podrían liderar el próximo ciclo exportador argentino.

En algunas mesas lo leen como una señal alcista para las acciones argentinas. Interpretan que el FGS está aprovechando precios todavía bajos para acumular equity en sectores estratégicos. «Cuando un jugador de este tamaño compra, manda una señal», resumió un operador bursátil. 

La movida se produce en medio de las tensiones entre el ministro de Economía, Toto Caputo, y su par de Capital Humano, Sandra Pettovello, por el manejo de la Anses, que reveló LPO.

Pero al mismo tiempo apareció una inquietud política. Varias empresas buscan recomprar parte de esas tenencias porque temen que, ante una eventual derrota de Milei en el 2027 y el regreso del peronismo, el Estado vuelva a ganar influencia dentro de los directorios.

La explicación que circula afuera tiene otra profundidad. Fuentes financieras de Wall Street hablan directamente de un «arbitraje temporal». La lógica es que el equity argentino sigue barato medido en dólares, sobre todo en minería, energía y utilities. Entonces el FGS compra hoy activos castigados con una estrategia de salida prácticamente definida de antemano. «Si sabés quién te va a comprar mañana y a qué precio, reducís muchísimo el riesgo», explicó a LPO una fuente que sigue la operatoria desde Nueva York.

Caputo quiere mover los fondos de la Anses y crece la tensión con Pettovello

Ahí aparece el concepto de «exit strategy». Financieramente implica una acumulación contracíclica con salida predefinida para capturar renta en moneda extranjera. En otras palabras, afuera ya hablan de promesas o pactos futuros sobre determinados activos argentinos. Como si el Estado estuviera juntando fichas antes de abrir la puerta de salida.

Wall Street hablan directamente de un «arbitraje temporal». La lógica es que el equity argentino sigue barato medido en dólares. Entonces el FGS compra hoy activos castigados con una estrategia de salida. «Si sabés quién te va a comprar mañana y a qué precio, reducís muchísimo el riesgo», explicó a LPO una fuente que sigue la operatoria desde Nueva York.

En Buenos Aires la versión es distinta. «Es espalda financiera para sostener la remonetización y expandir préstamos», dijo a LPO una fuente con acceso a despachos oficiales. El Gobierno necesita más pesos circulando sin volver a disparar la emisión y el FGS aparece como una caja capaz de empujar crédito y liquidez desde abajo.

El propio informe estadístico del FGS muestra otro movimiento interesante. El fondo pasó de 106,1 billones de pesos en diciembre de 2025 a 112,6 billones en marzo de 2026. El incremento fue de 6,1% trimestral. Pero quedó por debajo de la inflación acumulada del período, que rondó 9,4%. 

Aun así, medido en dólares el panorama cambia. Según el informe oficial, si el stock en pesos, que representa el 83% de la cartera, se convirtiera al tipo de cambio oficial, el FGS equivaldría a USD 76.356 millones. Eso implicaría una suba de 9,7% en moneda dura. El fenómeno explica parte del entusiasmo oficial con la valorización financiera de la cartera.

La composición también se movió. Los títulos públicos nacionales siguen representando cerca del 77% del total del fondo, pero en acciones el FGS aumentó peso en energéticas y redujo participación relativa en servicios financieros respecto de 2024. Las principales posiciones incluyen Ternium, Banco Macro, Transener, Pampa, Galicia e YPF.

La consultora Delphos Investment calculó que el FGS ya representa cerca del 13% del mercado accionario argentino. Tiene participaciones en más de 40 compañías y posiciones especialmente fuertes en bancos, energía y utilities. También señaló que el 75,6% de los activos sigue invertido en títulos públicos del Tesoro y que la valorización reciente estuvo impulsada por el rally de bonos soberanos.

En paralelo, en las mesas financieras circula otra hipótesis: que el FGS use parte de la valorización de acciones para rotar hacia ON corporativas hard dollar. Ahí aparece otro arbitraje posible. Vender equity caro para comprar deuda privada con rendimientos del 7% al 9% en dólares y riesgo percibido menor al soberano argentino.

Van a usar el FGS para darle bid al mercado.

El comentario que más se escucha ni siquiera es técnico. «Van a usar el FGS para darle bid al mercado», dijo otro de los operadores consultados. Otros hablan de convertirlo en un comprador estructural de obligaciones negociables. La jugada ayudaría a financiar empresas, profundizar el mercado de capitales y evitar emisión monetaria directa.

La lista de compañías donde ese esquema podría apoyarse coincide casi perfectamente con las empresas donde la Anses ya tiene presencia relevante: Galicia, Supervielle, BBVA, Pampa, TGS, Edenor, Transener y otras firmas energéticas. El propio FGS ya tiene antecedentes de inversión en ON, fideicomisos, deuda privada y fondos corporativos.

Lo concreto es que Milei, que se construyó cuestionando la intervención estatal y el uso político de los fondos públicos; busca dólares, crédito y liquidez,  parece utilizar al FGS como una pieza central de ese armado. Un actor que compra, sostiene precios y aumenta su participación en las empresas mientras el mercado mira la pantalla esperando descubrir cuál es, en realidad, el plan de salida.

 

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    El episodio generó temor entre exportadores por posibles rechazos y un endurecimiento de controles que termine afectando el acuerdo comercial entre el Mercosur y la UE que después de décadas comenzaba a formalizarse.

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     [Toto Caputo le dio el control de los puertos a un ex funcionario de Dietrich señalado por permitir un festival de empresas fantasmas]

    El problema salta en medio del desguace de los controles estatales impulsado por el ministro de desregulación Federico Sturzenegger. Por ello, el SENASA dejó de realizar los controles físicos en puertos y buques y las tareas fueron delegadas a empresas privadas sin ningún tipo de auditoría.

    En rigor, desde el gobierno de Mauricio Macri que se comenzó con el plan de desregulación estatal se le fue reduciendo el campo de acción al SENASA. En ese momento aparecieron en la zona portuaria muchas empresas privadas que buscaban entrar en el jugoso negocio donde la tarifa por la inspección de cada bodega de barco supera los cuatro mil dólares.

     Desde el gobierno de Mauricio Macri que se comenzó con el plan de desregulación estatal se le fue reduciendo el campo de acción al SENASA. En ese momento aparecieron en la zona portuaria muchas empresas privadas que buscaban entrar en el jugoso negocio donde la tarifa por la inspección de cada bodega de barco supera los cuatro mil dólares 

    En el gobierno de Alberto Fernández el SENASA recuperó las tareas de supervisión y se obligó a los privados a inscribirse en el RITE -Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y Entidades- dependiente de la Oficina Anticorrupción. El registro era obligatorio para todas las operadoras en puertos que realizaban tareas de control, certificación o asistencia sanitarias.

    Pero con la panacea libertaria se profundizó el vaciamiento de organismos de controles y «el Estado terminó convertido en un convidado de piedra», resumió un especialista en comercio exterior que habló con LPO.

    Previo al desguace, los inspectores del SENASA subían a las bodegas de los buques y verificaban las condiciones sanitarias de las bodegas, los olores, restos de mercadería, contaminación, limpieza y estado general del compartimiento. Todo quedaba asentado en actas oficiales y registrado en el sistema del organismo.

    En caso de controversias entre el capitán del barco, exportadores y el inspector estatal, las diferencias se resolvían en instancias administrativas con documentación respaldatoria y trazabilidad de cada inspección: «Si una bodega estaba sucia, tenía restos o no cumplía condiciones, quedaba asentado. Hoy eso prácticamente desapareció», sostuvo una fuente del organismo.

    Ahora, el problema es que el Estado emite certificados sobre controles que ya no realiza en un esquema donde los controladores son empresas privadas contratadas por quienes deben ser auditados.

    En el complejo agroexportador temen que el episodio HB4 podría convertirse en un caso testigo sobre los riesgos de flexibilizar controles en un mercado internacional cada vez más exigente.

     

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