Pullaro logró el fallo que esperaba para dar un mensaje clave de su política hacia la policía

Pullaro logró el fallo que esperaba para dar un mensaje clave de su política hacia la policía

 

 A la hora de asumir como gobernador Maximiliano Pullaro dijo que buscaría que se revisara el caso de un policía, Maximiliano Nocelli, que estaba condenado a 25 años de prisión por matar a dos asaltantes en un robo, para revertir esa sentencia. Finalmente eso pasó veintidós meses después, esta semana, cuando un nuevo tribunal analizó el trámite y por unanimidad absolvió al uniformado.

El caso es de auténtica complejidad porque está acreditado que hubo un enfrentamiento donde el policía intervino en una acción de robo y luego hubo valoraciones diferentes sobre si al disparar actuó de manera legítima o produjo un doble homicidio agravado. Eso es lo que se saldó este miércoles con un fallo del nuevo tribunal que entiende que el policía fue condenado con arbitrariedad.

Pero hay un planteo que excede el debate jurídico y escala a la política. Ocurre que la presión que ejerció el Poder Ejecutivo de Santa Fe para llegar a este resultado ha sido manifiesta. No tiene que ver con la racionalidad del debate ni del fallo. Sino más bien con el caso donde un gobernador con supremacía legislativa le indica lo que tiene que hacer el Poder Judicial. Y el Poder Judicial lo sigue cuando había dos fallos previos en los que dos tribunales colegiados -seis jueces en total en doble instancia-habían llegado a una condena por unanimidad.

Es un hecho de análisis nada apto para simplificaciones ni miradas binarias. Un policía que actúa en una escena donde le dispararon a un camarada, que responde en un momento de altísima adrenalina mientras los agresores están en el piso con lo que hay dificultades para observarlos. Contra esto los fiscales exhiben lo que se vio claramente: una ejecución filmada. Y un policía que estaba con Nocelli que dice al tribunal no entender por qué su colega mató a la mujer que acompañó al asaltante cuando ya no mediaba peligro.

El procurador avala el plan de Pullaro para empoderar a la Policía

El día que juró en la Legislatura Pullaro señaló a la policía de Santa Fe que en un contexto de violencia feroz le daría un respaldo manifiesto. Remarcó que un uniformado tenía un arma en la cintura para usarla y que impulsaría el juicio por jurados para que fueran ciudadanos comunes los que definieran la suerte de efectivos juzgados. También dijo que buscaría la revisión del caso Nocelli.

La inseguridad de la que hablaba Pullaro tenía que ver con una desbocada suba de homicidios pero no de casos de enfrentamientos entre policías y delincuentes y tampoco por casos de robo. El caso de Nocelli sí lo había sido. Si había sido gatillo fácil no era de ninguna manera un caso típico. Porque lo que se advirtió históricamente en los Tribunales de Rosario fue que los casos de ejecuciones sumarias eran, mayormente, hechos donde no había enfrentamiento, sino abuso extremo de armas de uniformados contra civiles desarmados.

En mayo de 2019 Luciano Nocelli, policía del Comando Radioeléctrico de Rosario, les disparó a Jimena Gramajo y Maximiliano Rosasco tras un intento de robo a una mujer a metros de un parque. Las defensas señalaron que Nocelli intervino en el transcurso de un delito en el que incluso uno de los delincuentes atacó a balazos a otro policía, lo que fue probado. La fiscalía sostuvo que la acción de Nocelli fue a quemarropa y cuando los asaltantes ya estaban neutralizados, lo que la convertía en un doble homicidio agravado.

Antes de asumir dijimos que uno de nuestros compromisos era respaldar y conducir a la Policía que todos los días protege a los santafesinos.Hoy se confirmó la absolución de Luciano Nocelli. Nunca más un agente va a ser condenado por cumplir con su deber.En Santa Fe, el que… pic.twitter.com/W2bNbdkwbL

— Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) October 8, 2025

Dos tribunales de jueces concluyeron en largos procesos que se había tratado de asesinato intencional. Se probó en juicio que el asaltante había intentado robar el bolso a una mujer que resistió y fue golpeada. La mujer esperaba a su cómplice en moto. Allí intervinieron Nocelli y un colega que patrullaban la zona. Allí hubo un cambio de disparos en una secuencia de 14 segundos que terminó con Rosasco y Gramajo muertos.

Lo que se estableció para la condena fue que cuando Jimena Gramajo fue baleada mortalmente ya había terminado la situación de peligro y que Nocelli siguió tirando. Esto fue lo puesto en discusión por Pullaro explícitamente lo que coincidía, también, con la posición de la defensa del policía. A partir del planteo del gobernador, el procurador de la Corte dictaminó por revisar el fallo, la Corte Suprema lo aceptó y se integró la nueva sala que ahora, por unanimidad, absolvió al policía.

A todas las posiciones que cambian la vieja resolución no les falta lógica. El procurador Jorge Barraguirre indicó que Nocelli accionó mientras habían baleado a su compañero y que se encontraba en el piso en una perspectiva distinta a la cámara de vigilancia que registró la acción a tres metros de altura y que fue determinannte para las condenas. «Este no es el caso Chocobar, donde el agresor se iba y es baleado de espaldas. Acá el policía reacciona desde el piso en una secuencia muy rápida cuando no puede saber si los que tiraban, aunque hubieran cesado, seguirían tirando», le dijo en su momento Barraguirre a LPO.

Después la Corte Suprema de Santa Fe ordenó por unanimidad de cinco miembros revisar el caso excluyendo el doble homicidio armado y bajo dos opciones diferentes y residuales: homicidio justificado por cumplimiento del deber y exceso en el cumplimiento del deber. La Cámara Penal lo hizo ahora con tres nuevos jueces. La decisiva es Gabriela Sansó para quien sus colegas valoraron deficientemente al condenarlo el factor subjetivo. Sansó se enfoca en «la reacción del agente en un contexto de violencia, el temor experimentado, la percepción del peligro concreto» lo que hizo que no tuvieran en cuenta factores relevantes. También tuvo en cuenta indicios unívocos de algo que siempre dijo el policía: que no sabía si su compañero Leone estaba vivo o muerto cuando lo vio tendido y creyó que la situación de riesgo no estaba terminada.

Pullaro obtiene de la Corte Provincial un fallo clave para su política hacia la policía

Dos tribunales de jueces concluyeron en largos procesos que se había tratado de asesinato intencional. Se probó en juicio que el asaltante había intentado robar el bolso a una mujer que resistió y fue golpeada. La mujer esperaba a su cómplice en moto. Allí intervinieron Nocelli y un colega que patrullaban la zona. Allí hubo un cambio de disparos en una secuencia de 14 segundos que terminó con Rosasco y Gramajo muertos.

Lo que se estableció para la condena fue que cuando Jimena Gramajo fue baleada mortalmente ya había terminado la situación de peligro y que Nocelli siguió tirando. Esto fue lo puesto en discusión por Pullaro explícitamente lo que coincidía, también, con la posición de la defensa del policía. A partir del planteo del gobernador, el procurador de la Corte dictaminó por revisar el fallo, la Corte Suprema lo aceptó y se integró la nueva sala que ahora, por unanimidad, absolvió al policía.

A todas las posiciones que cambian la vieja resolución no les falta lógica. El procurador Jorge Barraguirre indicó que Nocelli accionó mientras habían baleado a su compañero y que se encontraba en el piso en una perspectiva distinta a la cámara de vigilancia que registró la acción a tres metros de altura y que fue determinannte para las condenas. «Este no es el caso Chocobar, donde el agresor se iba y es baleado de espaldas. Acá el policía reacciona desde el piso en una secuencia muy rápida cuando no puede saber si los que tiraban, aunque hubieran cesado, seguirían tirando», le dijo en su momento Barraguirre a LPO.

Después la Corte Suprema de Santa Fe ordenó por unanimidad de cinco miembros revisar el caso excluyendo el doble homicidio armado y bajo dos opciones diferentes y residuales: homicidio justificado por cumplimiento del deber y exceso en el cumplimiento del deber. La Cámara Penal lo hizo ahora con tres nuevos jueces. La decisiva es Gabriela Sansó para quien sus colegas valoraron deficientemente al condenarlo el factor subjetivo. Sansó se enfoca en «la reacción del agente en un contexto de violencia, el temor experimentado, la percepción del peligro concreto» lo que hizo que no tuvieran en cuenta factores relevantes. También tuvo en cuenta indicios unívocos de algo que siempre dijo el policía: que no sabía si su compañero Leone estaba vivo o muerto cuando lo vio tendido y creyó que la situación de riesgo no estaba terminada.

Lo que genera copiosos comentarios institucionales entre funcionarios judiciales es que el Poder Judicial hizo lo que Pullaro pidió explícitamente cuando había dos fallos unánimes previos que condenaban al policía de magistrados reconocidos por su probidad. Los jueces Román Lanzón, Mariano Aliau, Carlos Leiva, Bibiana Alonso, Carolina Hernández, Guillermo Llaudet son muchos de ellos magistrados con años de trayectoria y docentes universitarios. Todos dijeron que correspondía la pena y la justificaron.

Pullaro desde una posición de poder político obtiene el fallo que pide. Desde el primer día como gobernador hizo cosas para modificar un Poder Judicial con notorias deficiencias, favoritismos políticos y arbitrariedades. Pero también Pullaro le da curso a sus preferencias y sin buscar disimularlo. Por ejemplo al designar una Cámara Penitenciaria que no existe en otros distritos para emitir resoluciones ligadas a las prisiones integrada por personas de su afinidad política, según dijo el mismo ministro de Seguridad y Justicia Pablo Cococcioni, para lo que se eliminó el orden de mérito en los concursos y se lo justificó. Impulsar una reforma procesal que tiene un fuerte antagonismo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Frente a este poder del que pide, ¿hay un Poder Judicial que produce el nuevo fallo por convicción o por sumisión debido al miedo de contrariar a alguien poderoso?

Las preguntas acompañaron toda la revisión y resonaban tras el nuevo fallo ¿Hubo acá una intromisión inaceptable del Poder Ejecutivo más allá de lo razonable que puede ser rediscutir este caso? ¿Qué pasa si el día de mañana se impulsa lo mismo frente a un caso enteramente arbitrario? ¿Se forzó un fallo para dar un mensaje? Es muy difícil que frente a esa presión explícita la respuesta sea diferente a la que se dio.

En la audiencia en la que le dieron la libertad a Nocelli en noviembre pasado, el propio ministro Cococcioni lo fue a buscar en persona al lugar donde estaba detenido para salir caminando con él. Y después su ministerio dijo que le darían cursos a los jueces para que supieran cómo resolver casos donde se produjeran enfrentamientos. Ahora Pullaro y Cococcioni celebraron por redes sociales la salida institucional afín a sus expectativas que tuvo el caso.

Luciano Nocelli fue absuelto. Un policía que a las 10 de la noche se enfrentó a tiros con delincuentes y tuvo que decidir en 14 segundos como actuaba. Si protegía su vida, la de su compañero tirado en el suelo y los bienes de la víctima; o nada de eso. Hoy fue absuelto y como… pic.twitter.com/Z5AJvPfvAT

— Pablo Cococcioni (@PabloCocoX) October 8, 2025

Un argumento jurídico es que esta persona ahora favorecidos tuvo por motivos ideológicos y por una selectividad una alternativa excepcional que si el Derecho fuera igual para todos no se podría aplicar. Pullaro convirtió a este en un caso testigo de su política de respaldo a la fuerza de seguridad a partir de una desaprobación de sus primeros juzgadores en base a una visión en la que cree genuinamente pero que concedió como una excepción para dar un mensaje político.

Un mensaje hacia una policía hecha de paradojas. Nocelli enfrentaba a los dos asaltantes de una mujer en moto en un delito común contra la propiedad. Pero la delincuencia que implicó el alza de los delitos graves casi nunca se enfrentó con la policía en el último decenio. En Rosario hasta fines de 2023 el 70 por ciento de los hechos de alta lesividad provinieron de actores de economías delictivas o grupos criminales. No había policías en enfrentamientos, por ejemplo, con personas que comercializaban drogas. Sí hubo, al revés, permanentes casos de complicidad llevados a juicio.

 

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  • Scrollear para mirarse a uno mismo

     

    —Internet no puede ser una tierra sin ley. 

    Parado detrás de su atril, Lula Da Silva mira a un lado y al otro. No sonríe, pero tampoco está enojado. Su discurso en la Asamblea General de la ONU viene cargado de convicción: defiende la necesidad de regular las redes sociales. El gran sobreviviente de la oleada de gobiernos populares de América del Sur ha decidido enfrentar a las big tech. Aunque la afirmación del presidente de Brasil plantea, en verdad, un interrogante: ¿son las plataformas una tierra sin ley?

    Cuando se habla de las redes sociales, suele pensarse en el tiempo. En la duración de un scrolleo, en la brevedad de los reels. Lula, ante los presidentes del mundo, presenta a las plataformas como un espacio. Más aún: como un espacio por fuera del derecho. No es el primero en pensar la regulación de las redes en términos geográficos. Benjamin Bratton, en The Stack, advierte que la programación y el diseño de las plataformas cumplen una función arquitectónica: crean un espacio que organiza las interacciones. Si esto es así, se impone una pregunta: quién ejerce el poder de soberanía sobre ese espacio y quién lo gobierna.

    El capitalismo occidental, en las últimas dos décadas, se ha mimetizado con las caras de Elon Musk, Mark Zuckerberg y Jeff Bezos. Lula sugiere que las redes sociales no pueden ser una tierra sin ley del Estado. Se posiciona en contra de la autorregulación, de que sean los dueños quienes legislen el territorio digital que se superpone con el espacio soberano de las naciones. ¿Qué hace el presidente de Brasil, entonces? Envía un paquete de leyes al Congreso para regular a las plataformas. Confronta a las big tech y a Trump, cuyos intereses se han fusionado desde que asumió su segundo mandato.

    Transformar es mejor que aprender

    La intervención de Lula en el mayor órgano de la diplomacia mundial parece ajena a la coyuntura argentina. Pero no lo es. Sobre todo, en tiempos electorales. Los partidos políticos invierten millones en publicidad y diagraman sus campañas digitales. Se suele concebir a las redes sociales como un espacio disponible para la aplicación instrumental de estrategias destinadas a capturar el voto, en especial de los jóvenes. El éxito de las derechas radicalizadas se ha atribuido, en más de una ocasión, a su presunta sabiduría en el manejo de estas plataformas. 

    Trump, Bolsonaro y Milei navegan con comodidad estas aguas porque se les parecen: la viralización premia a los que gritan y a los que se niegan a enfrentar aquello que los contradice. Las redes sociales no solo pertenecen a empresarios de derecha, sino que también contribuyen a una vida de derecha. Más que aprender a utilizarlas, el desafío consiste en transformar sus reglas de juego para incidir en la conformación algorítmica de la experiencia social.

    Esa es la convicción que Lula le ofrece al mundo. El ejemplo al que la región puede abrazar para trazar una imaginación de futuro en torno a la regulación de las plataformas. El líder del Partido de los Trabajadores entendió que la decisión unilateral de un empresario estadounidense influye en las maneras en que cualquier ciudadano se informa. Así ocurrió en enero, después de la asunción de Trump, cuando Zuckerberg relajó la moderación de contenidos vinculados con inmigración y género en Instagram y Facebook bajo el argumento de proteger la “libertad de expresión”.

    La ley de las redes sociales va mucho más allá de la moderación de contenidos: se entromete con los modos en que cada uno ve el mundo y en que la sociedad se imagina a sí misma. ¿Por qué se puede considerar a las redes sociales como espacios de derecha, más allá de pertenecer a las derechas? ¿Qué relación hay entre el acto tan naturalizado de scrollear y el empobrecimiento de la vida en común? La discusión sobre las redes sociales, en el debate público, empieza por el problema del tiempo.

    Un espacio para dominar el tiempo

    Las plataformas despiertan preocupación por la cantidad de horas que las nuevas generaciones pasan en ellas. Se habla de una “epidemia” de padecimientos mentales y de una “generación ansiosa” que se habría vuelto “adicta” a las pantallas. Estos planteos dan cuenta de una situación real: la experiencia social se desplaza hacia las redes sociales.

    La terminología —epidemia, ansiedad, adicción—, sin embargo, patologiza la relación con estas plataformas y la circunscribe a un asunto de administración individual. Desde esta perspectiva, habría que focalizarse en la crianza y en la prohibición del uso de smartphones y plataformas hasta los dieciséis años. Eliminada la causa de la “adicción”, la infancia volvería a ser el tiempo del “juego libre”, sin pantallas.

    La discusión se centra en las infancias y las adolescencias, pero las redes sociales se entrometen con el tiempo de cualquier usuario. ¿Por qué scrolleamos? ¿Lo hacemos por la dopamina, por los mecanismos de recompensa que producen placer en el cerebro? Hay que cuidarse de las respuestas apresuradas, que traducen una transformación histórica surgida desde las entrañas del capitalismo estadounidense —Facebook se fundó en 2004; TikTok, en 2016— como un asunto de las neurociencias y la psiquis individual.

    La ley de las redes sociales se propone dominar el tiempo subjetivo. Lo que vemos durante el scrolleo se nos parece demasiado. Y esto es un problema político.

    El montaje algorítmico

    Toda sucesión de imágenes implica una operación de montaje. El director de una película, por ejemplo, selecciona, ordena y edita las secuencias grabadas para ofrecérselas al espectador en un producto acabado. El scrolleo también depende de un montaje que lo antecede. Cuando un usuario entra a una red social, se encuentra con una serie de contenidos. Termina el primer reel y ya está listo el siguiente.

    En las redes no hay director. El montaje lo realizan los algoritmos, que bucean en el océano de contenidos digitales y eligen aquellos con mayores chances de atraer la mirada. Realizan un trabajo incesante de perfilización publicitaria a partir de los datos que registran: identifican correlaciones, clasifican a los sujetos y les muestran contenidos acordes a sus patrones de interacción.

    En Argentina, se consolidó una migración del consumo de noticias desde los medios tradicionales a las redes sociales, que ya desplazaron a la televisión. Los criterios periodísticos de construcción de lo noticiable conviven con algoritmos que regulan el acceso a la información, la cultura y el entretenimiento. 

    En el caso de los reels de gatitos y contenidos similares, el montaje algorítmico parece inocuo. En el de las técnicas publicitarias, tal vez asistamos al sueño húmedo de los dueños de la industria cultural del siglo XX. Pero si el 59 por ciento de los argentinos acceden a noticias en redes sociales, están en juego asuntos serios: el derecho a la comunicación, la convivencia democrática y la construcción de una vida en común que sea capaz de soportar el encuentro de lo contradictorio.

    Aún debemos insistir con una pregunta: ¿por qué miramos, por qué nos quedamos?

    ¿Musk y Zuckerberg manipulan las conductas a través del scrolleo? Si así fuera, la respuesta política sería sencilla. A fin de cuentas, nadie se enorgullece de que lo manipulen. Pero el problema es otro: nos gusta lo que vemos. En el montaje algorítmico, las inclinaciones personales se incorporan a priori. Cuando el usuario se dispone a mirar, sus deseos ya han sido órdenes: los algoritmos derrumban la distancia entre las imágenes del mundo y la subjetividad de quien mira. Scrollear es mirarse a uno mismo.

    Por supuesto que algo de este orden ocurría con los medios tradicionales. Cada uno elige el diario o la señal televisiva más acorde a sus intereses y opiniones. Pero las redes sociales disgregan la “opinión pública” en campos de visión más estrechos, que prometen adaptarse a los deseos de cada usuario a cada segundo.

    Mi preciado mundo tautológico

    Si un usuario, por ejemplo, consume contenidos del influencer británico Andrew Tate, ex luchador de kick boxing, famoso por sus comentarios misóginos y homofóbicos, los algoritmos le mostrarán publicaciones relacionadas con el consumo digital de sus fanáticos. Así se compone una constelación tautológica de contenidos que se remiten unos a otros, con un efecto confirmatorio. “Yo soy yo. Y yo soy esto que veo”. 

    El montaje algorítmico, sin embargo, no reconoce distinciones partidarias: es el propio escenario de la interlocución social y política el que se moviliza hacia la tautología. La información y la cultura se muestran siempre ya particularizadas. El reel se traga veloz y se digiere aún más rápido: ¿por qué alguien se preguntaría si lo que está viendo en su preciado mundo tautológico es falso?

    Esta transformación en la experiencia y en la percepción alcanza a los criterios sociales que distinguen lo verdadero de lo falso. El montaje algorítmico favorece la pérdida de legitimidad de los procedimientos institucionales que establecen la validez y la jerarquía de una opinión por sobre otra, como los de la ciencia y el periodismo profesional. La verdad se aleja de una pregunta por lo justo y se define por criterios personales, que no requieren de argumentos ni explicaciones: viva la libertad, carajo.

    La experiencia del scrolleo se lleva mejor con los trolls, que se encuentran inmersos en circuitos de contenidos en los que siempre tienen la razón. A Milei, los algoritmos le confirman que el kuka es chorro, corrupto, casta, sodomita o lo que su mente se disponga a imaginar sobre el objeto de su resentimiento.

    Las redes sociales les permitieron a las derechas correr los límites de lo decible y lo tolerable. Han hecho de la “libertad de expresión” un instrumento para el daño. Así lo atestiguan las agresiones recientes contra figuras como la periodista Julia Mengolini, el diputado y activista LGBT, Esteban Paulón, y el niño que defiende los derechos del espectro autista, Ian Moche.

    La libertad (de expresión) es fiebre

    —Le propongo un ejercicio. Se determinó que el deepfake de Macri llamando a votar por Adorni tuvo un alcance de catorce millones de reproducciones. Si eso se lo hacen a usted, ¿qué diría? —pregunta Luis Majul a un Milei victorioso, aunque por margen estrecho: su candidato ganó las elecciones legislativas porteñas por dos puntos y medio.

    —La libertad de expresión está por encima de todo eso. Es una locura perseguir a los que están en las redes sociales —dice el presidente en un pasaje de su respuesta.

    El Supremo Tribunal de Justicia de Brasil opina distinto. Dictaminó que las plataformas son responsables por las publicaciones que implican, por ejemplo, un daño al honor, acciones antidemocráticas y terrorismo. Esta postura contradice a las big tech, que se presentan como meras intermediarias sin relación con los contenidos.

    La discusión es relevante para Argentina. Milei es el usuario “no troll” que más insultos publica en X. En el caso $LIBRA, la defensa oficial argumentó que se expresaba como ciudadano y no como presidente en esa plataforma. ¿La banda presidencial se deja en la puerta de las redes sociales?

    Los dueños de las big tech y las derechas radicalizadas, con Trump a la cabeza, atacan a los periodistas y a las figuras opositoras. Pero cuando se trata de la circulación de informaciones y opiniones en redes sociales se amparan bajo los parámetros de la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Esta normativa es citada para defender una concepción casi absoluta del derecho a la libertad de expresión y enfrentarse a los intentos regulatorios de los poderes públicos. La ley de las redes sociales se enmarca en un imperialismo digital: la legislación y la jurisprudencia estadounidenses prevalecen donde las plataformas operan.

    —Intentan imponer a Brasil la idea de que no podemos regular a las big tech. Es nuestra obligación regular lo que queramos de acuerdo con los intereses y la cultura del pueblo brasileño. Si no quieren la regulación, que se vayan de Brasil —dijo Lula en una entrevista con SBT Brasil.

    La convicción del presidente de Brasil se sustenta en hechos. El 17 de septiembre promulgó el Estatuto Digital del Niño y Adolescente, también conocido como “Ley de adultización”. La norma promueve funciones de supervisión parental, determina mecanismos más expeditivos para eliminar contenidos, limita el scrolleo automático y prohíbe el uso de técnicas de perfilado con fines publicitarios dirigidas a niños, niñas y adolescentes.

    La ley se posiciona como un modelo regulatorio para la región, que empieza por el eslabón más débil: las infancias y las adolescencias. El texto no se refiere a patologías ni ansiedades. Señala la preeminencia del interés superior de niños, niñas y adolescentes y sus derechos por sobre las big tech.

    Ahora, el Congreso de Brasil tratará un proyecto de ley para regular los mercados digitales, con el fin de identificar plataformas de relevancia sistémica y someterlas a regulaciones antimonopólicas.

    La pelea contra las big tech parece un asunto de supervivencia. Del Partido de los Trabajadores, pero también de la democracia brasileña, que enfrenta una guerra comercial declarada unilateralmente por Trump.

    El presidente republicano firmó el 30 de julio una orden ejecutiva que impuso un arancel del 50 por cierto a la importación de productos brasileños. El texto menciona cuatro veces a Alexandre de Moraes, el juez del Supremo Tribunal de Justicia que bloqueó X cuando Musk desobedeció la orden judicial de suspender cuentas vinculadas al intento de golpe de Estado.

    Además de la “persecución” a Bolsonaro, Trump denuncia que el gobierno de Brasil ha violado la Primera Enmienda por el intento de modificar los algoritmos y las políticas de moderación de contenido de las plataformas estadounidenses. Así llegó Lula a la ONU. Asediado por la intimidad que existe entre las big tech y las derechas. 

    La geopolítica de las plataformas

    Las disputas geopolíticas y partidarias de los próximos años incluirán la regulación de las plataformas. Estados Unidos, por ejemplo, ha sido el país más activo en enfrentar a TikTok, en imponerle su soberanía. Hace algunos días, se anunció un acuerdo con China para que ByteDance, propietaria de la red social, ceda las operaciones en suelo estadounidense a empresarios locales. 

    Trump pelea con China, pero no se olvida de sus amigos sureños. Encabeza la defensa internacional de Bolsonaro y promete miles de millones de dólares a Milei. Aunque puede que el experimento libertario tenga los días contados, el caso de Brasil demuestra que la discusión regulatoria excede a los vaivenes electorales, porque las big tech se entrometen con la potencia emancipatoria de las democracias. A través de sus algoritmos, imprimen a las relaciones sociales formas afines a una vida de derecha: mientras infancias y adolescencias crecen en un territorio publicitario, el sedimento histórico de la memoria cultural y de las luchas políticas se disuelven en las aguas de la personalización.

    América Latina es un continente privilegiado en las disputas por el derecho a la comunicación. La memoria está fresca. Entre 2004 y 2014, hubo una oleada de leyes que se propusieron regular el mercado de los medios tradicionales. En Argentina se aprobó por amplias mayorías la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que apuntó sus cañones contra el Grupo Clarín.

    Las big tech presentan un grado de concentración y monopolización aún mayores. Sus dueños son los hombres más ricos del planeta y defienden los intereses de las potencias a las que pertenecen. Argentina cuenta con MercadoLibre, su propio gigante regional. Medido por nivel de ingresos, su dueño es el troll libertario número uno.

    Desde la coyuntura nacional, la alianza internacional entre las derechas y las plataformas parece inquebrantable. Pero hay que mirar a Brasil. El presidente que perdió tres elecciones en el siglo XX y ganó otras tantas en este milenio insiste:

    —Queremos regular y vamos a regular, le duela a quien le duela.

    La entrada Scrollear para mirarse a uno mismo se publicó primero en Revista Anfibia.

     

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