Las ciudades hoy en su diseños urbanísticos también se caracterizan por considerar en circulación interna a todos los actores que se mueven dentro de su ejido. Establece así, prioridades equilibradas y diseños estructurales, haciendo hincapié en considerar hasta el potencial visitante a las localidades y su forma de recorrerla. En esta apreciación, nuestra ciudad tiene varios elementos para trabajar de cara al futuro. Comenzando con las propias barreras urbanas.
Villa Regina tiene sus nodos, sus puntos de concentración de tráfico asociados a husos horarios que coinciden con ciertas actividades de la comunidad, y se desarrollan en espacios geográficos precisos. Horarios de tiendas comerciales. Oficinas con servicios asociados a la tecnología o a servicios de parte de profesionales. Frigoríficos y galpones de empaque que quedaron dentro del ejido. Escuelas y colegios estatales y públicos de gestión privada, oficinas de gobierno provincial, local y del poder judicial; entre otras.
Estos se formularon con el paso del tiempo y generaron centros de movimiento en toda la ciudad de Villa Regina, estableciendo patrones de actividades y tipo de circulación en sus arterias principales de distribución.
Esta forma de organización y distribución se fue configurando desde las diferentes asociaciones y organismos de la ciudad por mano de sus propios vecinos que son los actores reales, con la particularidad de que este diseño fue pensado desde la circulación vehicular.
Para poner esto en relevancia, imaginen que la ciudad no tiene calles comunes y corrientes pensadas para egresar la producción desde o hacia la zona de chacras y hoy solo tendría peatonales o senderos para bicicletas. (Esta imagen casi absurda y obvia sirve para hablar del tema en cuestión).
Pero la afirmación que quiero poner en relevancia es que todos los actores principales (los de gobierno activo), en su gran mayoría, configuraron la circulación y comportamiento del movimiento de las personas con la premisa de que todos lo hacen desde arriba de un auto y este, es el problema principal para el abordaje de hoy. Teniéndolo en cuenta como una carencia dentro del punto de vista y no de una falla. (Ya que la circulación funciona todos los días)
Dentro de ese diseño histórico y cultural no todos los actores son tenidos en cuenta hoy, no solo por la parte estructural y de diseño, sino que tampoco se lo observa en pautas de comportamiento propias. Ya que una cosa defininiría a la otra, en el campo real del movimiento, el ejemplo para destacar es la figura del peatón y como se piensa este actor en la circulación cotidiana.
Pensemos en la Ruta Nacional 22 que comunica en ingreso a la ciudad y también es la gran arteria que la divide. Sumando las avenidas que la atraviesan y comunican dos grandes aéreas, una más comercial y de administración local y la otra donde se concentran los núcleos más numerosos de la población.
Los pasos habilitados para peatones son principalmente los puentes elevados que atraviesan la ruta, en primera medida una solución segura para evitar que dos canales de circulación se interpongan, pero esos puentes elevados son soluciones que están en la mente de un ingeniero que no tiene otro tipo de consideraciones. Por ejemplo que no fue considerada la accesibilidad real de estos puentes. Los que caminamos por estos pasos elevados podemos asegurar la dificultad de caminarlos por la inclinación y la fuerza que uno tiene que imprimir para sortear estos arcos de cemento.
Los adultos mayores, ¿Pueden caminar con nuestro mismo ímpetu?. Las personas con movilidad reducida, ¿Pueden subir estas rampas a “x” grados por la distancia de 50 metros?. ¿Hay buena predisposición a caminar 100 metros más que supone subir a un puente?. En el trayecto de pocos kilómetros que cruza la ruta a nuestra ciudad, ¿Puede plantearse una sincronización de los semáforos para que puedas atravesar Villa Regina a 60 km por horas sin que se tenga que detener la marcha? En los pasos peatonales a la altura de la ruta, que son pocos pero existen, ¿No se piensa en indicaciones visuales para los peatones de cuánto tiempo dispone para atravesar una ruta con 5 carriles?
El aporte a nuestro diseño urbano desde esta nota intenta contribuir a repensarnos y rediseñar nuestras pautas y formas de circulación. No se trata de construir en la imagen del peatón a un mártir de las bocinas, sino que pone en relevancia que se debe respetar a este actor, ya que esto habla de nuestra idea sobre la sociedad, la convivencia comunitaria y nuestra consideración de nosotros mismos, y como pensamos a nuestros propios vecinos.
Un consejo sano, si manejás un vehículo dentro de la ciudad, en la esquina o donde haya una cebra pintada, dale paso al peatón.
La condena por cobro de sobornos al jefe de fiscales de Rosario Patricio Serjal, dictada hace tres semanas, hizo pasar casi desapercibida una sentencia que lo favoreció en otro acto de corrupción aparente, en la que de manera incomprensible perdonó al empresario Sergio Taselli por uno de los mayores casos de contaminación ambiental en la provincia de Santa Fe, el envenenamiento de 23 hectáreas por derramamiento de gas cloro comprobado a Petroquímica Capitán Bermúdez.
Es un asunto sensible y estratégico para Santa Fe, en tanto implica un daño del ecosistema constatado por múltiples pericias en una zona densamente poblada, a cinco kilómetros de Rosario, donde está en juego además de la salud pública el destino de tierras multimillonarias sobre el río, que el Estado provincial podría recuperar.
Pero es muy sensible también para las instituciones de Santa Fe que hicieron todo para que este caso quedara impune con resoluciones polémicas, de dudoso valor jurídico y hasta inentendibles, que involucra a actores de peso. Hasta el día que asumió como ministro de Justicia de la Nación, el abogado de Taselli, acusado por la contaminación, fue Mariano Cuneo Libarona. Los fiscales de este caso dijeron en audiencia no tener dudas de cuál fue el motivo por el cual Serjal, condenado por cobrar coimas para proteger a un capitalista de juego clandestino, ordenó el fin de la investigación a este grupo empresario ni bien comenzaba.
Taselli dirigió desde 2004 una veintena de empresas que explotan la generación de energía, metalurgia como Aceros Zapla, maquinaria agrícola y sector agropecuario La situación que termina con el perdón al empresario y al ex fiscal regional Serjal, que había dado la orden de renunciar a perseguirlo, fue una batalla a cielo abierto en el que la Corte Suprema de Santa Fe tuvo un papel controvertido en extremo que sigue en discusión.
Petroquímica Capitán Bermúdez.
Lo que pasó ahora es que el camarista penal Tomás Orso resolvió que el caso estaba prescripto. Esto en concordancia con el fallo de la Corte Santafesina que de una manera muy polémica aceptó un recurso de los nuevos defensores de Taselli, que de manera temprana, sin que hubiera lo que se llama gravamen irreparable porque la causa estaba empezando, dijo que correspondía revisar el caso y sostuvo luego que el tema no podía avanzar porque era cosa juzgada, contra todos los tribunales inferiores que opinaron lo contrario. Todo eso la Corte lo hizo dirimiendo un empate con un conjuez convocado en forma oscura.
La discusión judicial de este caso derrapó al bochorno y el escándalo. Pero lo que no resuelve la estructura jurídica que perdona a todos es el problema real, extraordinariamente grave, que es el de la contaminación comprobada que dejó la empresa de Taselli, el derrame del gas cloro. El caso judicial termina, nadie es culpable. Pero la grave crisis ambiental con acuíferos comprometidos perdura como problema escasamente atendido por las autoridades.
Los estudios de suelo realizados hace algo más de un año, pasados casi nueve de que una organización civil advirtiera el derrame, confirman niveles de polución graves originados por el tratamiento negligente de químicos altamente contaminantes en Petroquímica Capitán Bermúdez. Lo realizaron ingenieros de la UTN de San Nicolás.
El dictamen consta en el expediente 02102 0010468-8 de la cartera provincial de Medio Ambiente. Se consignan en el tomo quinto los exámenes sobre las muestras tomadas los días 16 al 31 de agosto de 2023 y las conclusiones de expertos de esa universidad. Indica que la fábrica elaboró durante años una gran cantidad de productos en base a cloro, solo o combinado, lo que en este caso último recibe el nombre genérico de compuestos organoclorados, que son muy persistentes para el medio ambiente y con altos niveles de toxicidad para el ser humano y el ecosistema.
El informe que recoge el dictamen técnico indica que el acuífero Pampeano, que se encuentra a una profundidad de 20 metros, «se encuentra severamente comprometido por presencia de compuestos organoclorados en concentraciones que superan lo reglamentado».
Petroquímica Capitán Bermúdez.
Esto es un problema actual que no resuelve el definitivo despegue de responsabilidad que realiza el camarista Orso. Que también favoreció a Patricio Serjal al desvincularlo del delito de encubrimiento, por el cual también estaba acusado el fiscal de Estado adjunto del gobierno del socialista Miguel Lifschitz, Gustavo Luzzini. Esto porque Luzzini consintió el cierre de la causa sin protestarla cuando tenía órdenes de Lifschitz de investigar a fondo e impulsar acciones contra los responsables del desastre ambiental.
Mariano Cuneo Libarona fue hasta asumir como ministro el abogado de Taselli, favorecido por la Justicia de Santa Fe.
Lo que dijo Orso básicamente es que no puede proseguir la investigación contra los tres responsables de Petroquímica-Sergio Taselli, su hijo Máximo Taselli y el directivo Matías Gallegos- ya que el fiscal Serjal ordenó archivarla lo que lo convirtió en cosa juzgada. Sin embargo jamás fueron juzgados los empresarios ni tampoco los funcionarios acusados de encubridores. Nunca nadie fue imputado ni hubo una investigación agotada. Y la sospecha es que eso, una contaminación enorme que persiste que le fue comprobada a una empresa poderosa, es porque como dijeron los fiscales en las audiencias corrió dinero para eso.
El camarista entendió que como hay una propuesta para remediar el daño ambiental en base a una conciliación entre la empresa denunciada y la provincia de Santa Fe la respuesta no debe ser meramente punitiva como pretendieron los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery.
Orso tomó como válida la salida que dio Serjal al caso que es cerrarla con un principio de oportunidad que significa prescindir de la persecución penal. Es polémico porque Serjal tuvo esa discrecionalidad cuando está, como en este caso, comprometido el interés público, lo que prohíbe esa salida. Pero el camarista lo avaló cuando había un decreto de un gobernador que pedía investigar el caso hasta las últimas consecuencias.
En 2015 una organización no gubernamental y el gobierno santafesino advirtieron que Petroquímica Capitán Bermúdez operaba en instalaciones deterioradas, no aptas para la manipulación de esos químicos. Hubo inspecciones que evidenciaron falta de mantenimiento en accesorios, cañerías y tanques de almacenamiento de sustancias peligrosas que se derramaron. Detectaron bombonas de cloro desgastadas a la intemperie, estructuras que contenían material peligroso para la salud deterioradas, tanques rotos donde se guardaban sustancias químicas como benceno, amianto y mercurio, y derramamiento de estos elementos químicos en tierra.
Un daño que no cesa
La compañía fabricaba gas cloro como principal producto, un gas venenoso con cualidades muy corrosivas. Su inhalación en pequeñas cantidades afecta las vías respiratorias. En el predio había presencia de sustancias altamente tóxicas en niveles 50 veces más altos que los tolerables para la salud de las personas. Un perito oficial, el ingeniero Andrés Salum, verificó bombonas de cloro desgastadas a la intemperie, estructuras que contenían material peligroso para la salud deterioradas, tanques rotos donde se guardaban sustancias químicas como benceno, amianto y mercurio, y derramamiento de estos elementos químicos en tierra.
Serjal ordenó renunciar a la persecución al fiscal actuante para dar a los empresarios un criterio de oportunidad, lo que el juez Juan José Tutau, ante ese pedido, concedió. Otro magistrado, Carlos Gazza, consideró más tarde que ese fallo fue injustificable y lo anuló, lo que resultó avalado después por unanimidad por los camaristas rosarinos Georgina Depetris, Alfredo Ivaldi y Carolina Hernández.
Pero la Corte de Santa Fe consideró que la orden de Serjal de favorecer a Taselli con un criterio de oportunidad significaba una salida justificada al trámite penal. La situación quedó trabada con tres votos por lado: los ministros Rafael Gutiérrez, María Angélica Gastaldi y Eduardo Spuler a favor del pedido de Taselli. Y sus colegas Mario Netri, Daniel Erbetta y Roberto Falistocco en disidencia. Hubo que convocar a un conjuez mediante un sorteo a puertas cerradas para dirimirlo. Se llamó al camarista Fernando Gentile Bersano. Con eso se desniveló en favor de lo que quería la empresa. La fiscalía que llevaba el caso no fue notificada ni de que se agregaba un votante al caso ni tampoco de lo resuelto.
Orso ahora dice que para el fiscal general Jorge Baclini, máxima autoridad al momento en que Taselli fue favorecido, le interesaba la remediación del ambiente más que la persecución penal. Esto generó la reacción en la apelación a la Corte Nacional del fiscal Schiappa Pietra. Este dice que no es cierto que para Baclini lo principal era la remediación y que no se puede omitir investigar a cambio de nada.
El hecho de que Orso destaque que el artículo 46 de la Constitución Nacional indica que el delito de daño ambiental genera prioritariamente la obligación de recomponer el ecosistema genera rechazo en los fiscales. Estos recordaron que un gobernador ordenó a los fiscales de Estado que denuncien un delito de contaminación ambiental en 2015. Que como consecuencia de eso se probó con técnicos del Ministerio de Medio Ambiente que el de Petroquímica Bermúdez es el pasivo ambiental más importante de la provincia y compromete el suelo, el agua y el aire de 23 hectáreas a la vera del río Paraná en una zona pre portuaria de alto valor geopolítico económico. Que esto está probado por lo que son hechos y que todas las remediaciones fueron fallidas por lo que fracasó cualquier intento de solución del caso por medios alternativos a la cuestión penal.
Ese fracaso, dicen, implicó la imposibilidad de arribar a un acuerdo remediatorio de las consecuencias dañinas para la salud que la contaminación del predio causa. Dicen los fiscales que unos artículos más arriba del que cita el camarista Orso la Constitución Nacional indica que los delitos de corrupción son equiparables a delitos de lesa humanidad. Y que por ello irán hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos si a nivel nacional el caso queda cerrado.
«Propuestas de remediación hubo en varios planes, lo que implicará trabajos de más de una década para intervenir en las vertientes del predio para que no desemboquen en el río, y también limpiar el terreno. Es algo muy costoso que es si duda fundamental para la solución del caso», le dijo a LPO el fiscal Schiappa Pietra. «Pero acá hay otro principio que es la reparación, económica y cómo es la salida punitiva. Nada de esto se discutió por lo que es irrelevante y equivocado jurídicamente pensar que porque hay remediación no se impulse la acción penal», dijo el fiscal contra el fallo del camarista Orso.
En la provincia de Santa Fe no están claras las acciones ni menos la energía política para resolver este pasivo ambiental que es el más importante en décadas. Desde la cartera de Medio Ambiente del gobierno de Maximiliano Pullaro, a cargo de Enrique Estévez indicaron a LPO que hay tres líneas de reparación ambiental en este momento que son el desmantelamiento edilicio en Petroquímica Capitán Bermúdez, el saneamiento del suelo y de las vertientes de agua en el terreno de la empresa.
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Donald Trump dio un paso más para la escalda militar entre Estados Unidos y Venezuela. A través de red social, el líder republicano anunció que el régimen de Maduro «está completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica».
«Esta solo crecerá, y la conmoción para ellos será como nunca antes la han visto, hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron previamente», amenzó Trump.
El texto del presidente de Estados Unidos continuó y dijo que «el régimen ilegítimo de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse, el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro».
«Por el robo de nuestros activos, y por muchas otras razones, incluyendo el terrorismo, el narcotráfico y la trata de personas, el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera», agregó.
Por lo tanto, afirmó, «hoy ordeno un bloqueo total y completo de todos los petroleros autorizados que entran y salen de Venezuela. Los inmigrantes ilegales y criminales que el régimen de Maduro ha enviado a Estados Unidos durante la débil e inepta administración de Biden están siendo devueltos a Venezuela a un ritmo acelerado».
«Estados Unidos no permitirá que criminales, terroristas ni otros países roben, amenacen o dañen a nuestra nación, ni permitirá que un régimen hostil se apodere de nuestro petróleo, tierras ni ningún otro activo, todo lo cual debe ser devuelto a Estados Unidos inmediatamente», cerró.
Esta solo crecerá, y la conmoción para ellos será como nunca antes la han visto, hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron previamente
La semana pasada, la Marina y la Guardia Costera de Estados Unidos tomaron control de un buque cisterna que transportaba petróleo venezolano, en violación de las sanciones impuestas al régimen de Nicolás Maduro. La operación ocurrió en aguas internacionales, a corta distancia de la costa nororiental de Venezuela.
El buque, parte de la conocida «flota fantasma» que el Gobierno de Nicolás Maduro utiliza para evadir restricciones, navegaba con bandera no identificada y cargamento procedente de terminales de PDVSA.
Estados Unidos no permitirá que criminales, terroristas ni otros países roben, amenacen o dañen a nuestra nación, ni permitirá que un régimen hostil se apodere de nuestro petróleo, tierras ni ningún otro activo, todo lo cual debe ser devuelto a Estados Unidos inmediatamente
La interceptación representa la primera incautación directa de un tanquero venezolano desde el endurecimiento de las sanciones en 2019 y se produce apenas 48 horas después de que el presidente Donald Trump declarara en una entrevista con Político que «los días de Maduro están contados».
El operativo, además, se enmarca en una serie de operaciones navales estadounidenses en el Caribe. El último antecedente similar fue cuando el destructor USS Stockdale bloqueó en noviembre, en dos ocasiones, al petrolero ruso Seahorse cuando intentaba entregar hidrocarburos procedentes de Venezuela, forzándolo a desviarse hacia Cuba.
Sin embargo, como reveló en exclusivo LPO, Chevron logró eludir el bloqueo y sus buques sostienen operación en Venezuela. A su vez, el convenio con Chevron sigue vigente en una confirmación de la ambigüedad de Trump en este escenario de tensión que explica las razones de porqué no termina de definir si interviene para sacar a Maduro e imponer un gobierno de la oposición o negociar para una transición dentro del chavismo.
LPO adelantó también en exclusivo que el sector petrolero ya hace números sobre un posible cambio de gobierno en Venezuela. Ejecutivos con oficina en la CDMX de empresas tanto nacionales como extranjeras entienden que si Venezuela logra operar sin sanciones y con nuevos socios globales, el país podría generar hasta 4 millones de barriles de crudo por día. Se trata de la producción que tenía el país sudamericano a inicios de los 2000, cuando el chavismo recién comenzaba.
Asimismo, en Chevron creen que Trump podría atacar infraestructura de PDVSA y por eso la petrolera renegoció sus acuerdos con Caracas en el medio al temor a una situación límite.
