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¿PUEDE RÍO NEGRO SER POTENCIA GRACIAS AL CANNABIS?

                El consumo de marihuana se ha expandido a lo largo del planeta en los últimos siglos. Una gran cantidad de países del “primer mundo” han legalizado su consumo, con distintas restricciones. Río Negro tiene todo para ser potencia en la materia.

                Nuestra provincia cuenta con innumerables riquezas, sin embargo, los problemas sociales persisten. La decadencia de la fruticultura y la expansión del fracking se ven reflejadas en la merma de áreas productivas y la creciente contaminación. Es acá que la producción de cannabis emerge como una potencial herramienta para el futuro de la provincia.

                En primer lugar, es importante contextualizar. Para los poco informados, como mencioné al comienzo, la marihuana es legal en una gran cantidad de países. Hasta la OMS pidió sacarla de la lista de drogas peligrosas. Numerosos estudios dan cuenta de los efectos menos nocivos para la salud, comparado con el alcohol, el tabaco o los psicofármacos. En la región, Uruguay fue pionero en legislación que regula la producción, distribución y venta de cannabis por parte del propio Estado. Otros países como Canadá, EEUU, Alemania, España, Bélgica o Israel también han legalizado el consumo, con ciertas variables. En algunos casos se legalizó el consumo medicinal, mientras que en otros también se legalizó el uso recreativo.  Por ejemplo, en California (EEUU), el consumo medicinal está legalizado desde 1996 y el consumo recreativo desde 2018. Además, la regulación de la producción terminó con la violencia que generaba el mercado negro, sin contar los ingresos por impuestos a la producción y comercialización.

                Por su parte, en nuestro país recientemente el gobierno de Jujuy comenzó un proyecto que llevará a cultivar entre 500 y 1000 hectáreas de cannabis en tierras fiscales. El proyecto se encuadra dentro de un plan de investigación científica. Lo producido se enviará a Chile, donde se fabricará aceite que será importado nuevamente a Jujuy. Capitales extranjeros ya han invertido varios millones en el proyecto. La iniciativa avanza y hasta el Instituto Nacional de Semillas publicó en el Boletín oficial la resolución 59/2019 que establece “las condiciones para las actividades de producción, difusión, manejo y acondicionamiento que se lleven a cabo en invernáculos y/o predios de seguridad con Cannabis sp en la Republica Argentina”.

                ¿Por qué Río Negro no puede hacer lo mismo que Jujuy? La respuesta es simple, por inacción política. Ésta provincia cuenta con toda la capacidad para el desarrollo de la industria cannábica en sus distintas etapas, repasemos.

1° etapa: Producción

Las características geográficas del Alto Valle y Valle Medio son perfectas para la producción en exterior. Sumado esto a la infraestructura para la producción agrícola, las condiciones parecen inmejorables. La zona andina, de reconocida fama popular por la producción de cannabis, también es adecuada para la plantación, aunque en menor escala.

Pros: Revitalización de la producción agrícola. Alternativa ecológica a la expansión del fracking y desmontes causados por desarrollos inmobiliarios. Producto con un alto valor internacional (6 dólares el gramo en Toronto o Barcelona). Fuentes de trabajo e inversiones legítimas.

2° etapa: Industrialización

Entre la gran variedad de usos que se le puede dar, el farmacéutico es el más prometedor y el único habilitado hasta el momento. El Prozome, laboratorio estatal productor de medicamentos, desde 2017 está interesado en la producción de aceite de marihuana. Con producción propia y proyectando el desarrollo estratégico, este laboratorio estatal podría convertirse en líder a nivel regional, sumando un valor agregado importante. Por dar un ejemplo, la provincia de Chubut en 2017 pagaba alrededor de 300 dólares por cada frasquito de 100ml importado desde EEUU.

3° etapa: Comercialización

El Estado provincial tendría la exclusividad de la comercialización, evitando la interferencia de actores económicos que concentren las ganancias, asfixiando a los productores, como ocurre actualmente con la fruticultura. Los efectos en áreas como el turismo se verían inmediatamente, como demuestran los distintos ejemplos en el mundo.

                Los tiempos cambian, el que no cambia con los tiempos corre con desventaja. La oportunidad para que Río Negro se convierta en vanguardia a nivel regional es ahora. El desprecio a la marihuana ha estado siempre cargado de prejuicios y ha perseguido fines económicos y políticos a lo largo de la historia. La legislación nacional, prohibitiva, actúa como un limitante. No obstante, existen argumentos sólidos para dar la discusión, como lo han otras sociedades que hoy gozan de sus beneficios. Nadie muere de sobredosis de marihuana, no ocurre lo mismo con el alcohol, por ejemplo.

La posibilidad de producir cannabis de manera legal abre un mundo de oportunidades al desarrollo de una industria, acompañado de una continuidad de la cultura productiva de la región. ¿Cuántos jóvenes han dejado la chacra de sus abuelos? ¿Cuántos decidieron lotear antes de seguir subsistiendo? ¿Cuántas chacras fueron rematadas? Hasta tuvieron que sacar una ley para impedirlo. Como cualquier proyecto debe ser abordado con seriedad, con reglas claras y un objetivo común. En éste caso, ese objetivo sería potenciar el desarrollo productivo, social y económico de la sociedad rionegrina.

 Actualmente se plantea la posibilidad del desarrollo minero, petrolero y de energía nuclear ¿Necesitamos eso viviendo en la Patagonia? Tenemos el recurso más preciado de los próximos siglos, agua dulce, y la estamos contaminando ¿hasta cuándo? ¿quién dice que la fractura hidráulica del subsuelo es buena y producir una planta medicinal no lo es? ¿Por qué permitimos que multinacionales exploten y contaminen nuestro suelo, pero no podemos imaginarnos una producción cooperativa regulada por el Estado?

En conclusión, una provincia mejor es posible. Suena a eslogan y podría serlo, pero la idea se basa en la concepción del gran Eduardo Galeano, quién decía que la utopía es el horizonte, caminamos hacia ella y ella se aleja. Nos sirve para caminar, decía él. Imaginemos esa provincia y caminemos hacía ella. Quién sabe, quizás la utopía algún día deje de serlo.

VIDEO:
El cáñamo industrial: cultivo y aplicaciones

Colaboración: Emiliano Piccinini / Germán Busin
Portada: Germán Busin


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  • Lunghi acusó al intendente de Azul de abandonar en Tandil a personas vulnerables y amenaza con denunciarlo

     

     Una fuerte tensión se desató entre dos municipios vecinos de la provincia. El intendente radical de Tandil, Miguel Lunghi, acusó a su par de Azul, el camporista Nelson Sombra por el «traslado compulsivo e irregular» de personas en grado de extrema vulnerabilidad social y económica.

    Concretamente, el tandilense denunció que 11 personas de un mismo grupo familiar fueron transportadas en un vehículo municipal de Azul «y abandonadas en una estación de trenes en desuso» de Tandil «con el evidente propósito de transferir de manera fáctica y desarticulada la asistencia integral de los mismos a este municipio».

    En una dura carta, Lunghi intimó a Sombra a reparar la situación denunciada en el plazo de 48 horas, con el regreso a Azul de la familia en cuestión y resarciendo económicamente al municipio de Tandil por los gastos destinados a atender a estas personas.

     «Ante la emergencia social provocada por la imprudencia de su administración, la Municipalidad de Tandil debió desplegar de forma inmediata sus recursos humanos, logísticos y financieros para resguardar la integridad psicofísica de las once personas», acusó Lunghi a Sombra 

    «Dicha conducta, desplegada por funcionarios dependientes de su Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, no solo vulnera los principios elementales de la solidaridad y el federalismo municipal, sino que configura una flagrante violación al marco normativo vigente», agregó el intendente radical en la nota a Sombra.

    Antes, desde la gestión municipal de Azul, el secretario de Desarrollo, Omar Seoane dijo que la familia en cuestión se presentó en el Municipio y solicitó voluntariamente ser trasladada a Tandil.

    «Obramos de buena fe. Lo que hicimos fue aportarle el transporte a una familia que se quería radicar en otra localidad», dijo Seoane.

    Lunghi habló de incumplimiento de la ley provincial de Protección de los Derechos del Niño y de infracciones administrativas en las que puso de relieve la ausencia de comunicación institucional y protocolo social entre ambas gestiones locales.

    «Ante la emergencia social provocada por la imprudencia de su administración, la Municipalidad de Tandil debió desplegar de forma inmediata sus recursos humanos, logísticos y financieros para resguardar la integridad psicofísica de las once personas», acusó Lunghi, que pasó factura de la «erogación presupuestaria extraordinaria» que le demandó a su comuna la atención de esa familia.

     Obramos de buena fe. Lo que hicimos fue aportarle el transporte a una familia que se quería radicar en otra localidad 

    Por todo eso, además del resarcimiento financiero, intimó al intendente de Azul a remitir un «informe técnico detallado» donde se justifiquen los fundamentos jurídicos y sociales que motivaron el traslado.

    También, Lunghi reclamó identificar a los funcionarios que ordenaron y ejecutaron el operativo y «arbitrar los medios urgentes para coordinar el retorno seguro y la asunción definitiva de la asistencia de la familia en su jurisdicción de origen».

    En caso de «silencio, negativa o respuesta evasiva», Lunghi amenazó con iniciar acciones civiles por cobro de gastos, promover las denuncias pertinentes ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia «y evaluar la radicación de denuncias penales».

     Según consta en la denuncia a la que tuvo acceso LPO, Puyou sostuvo que uno de los trasladados le informó que «fueron dejados en la estación». Se trata de una familia que reside en el predio «Los Piletones», un asentamiento de Azul cuyas familias se encuentran en situación de vulnerabilidad. 

    Previo a eso, el concejal radical Agustín Puyou denunció a Omar Seoane, de «incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, agravado por la presencia de menores y adultos en situación de vulnerabilidad».

    Según consta en la denuncia a la que tuvo acceso LPO, Puyou sostuvo que uno de los trasladados le informó que «fueron dejados en la estación». Se trata de una familia que reside en el predio «Los Piletones», un asentamiento de Azul cuyas familias se encuentran en situación de vulnerabilidad.

    Kicillof tuvo que ayudar a un intendente de La Cámpora a pagar el aguinaldo 

    Días atrás esa familia atravesó una situación de violencia. El concejal radical dijo haberse comunicado con el secretario de Gobierno local, Xavier Cabrera Cisneros, solicitando custodia policial para que la familia pueda reingresar en su hogar, que abandonó tras el conflicto intrafamiliar.

    Al día siguiente, el padre de la familia le contó al concejal que estaba en Tandil, que no habían hablado con el municipio tandilense y que «los dejaron tirados como perros».

    Ante esa denuncia, Seoane rechazó las acusaciones abandono de persona y sostuvo sobre la presentación del edil radical: «Me parece una mala maniobra política», sostuvo.

     

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  • Mal dato para Caputo: la inflación volvió a subir en Córdoba

     

    El dato de la inflación de julio de Córdoba confirma el anticipo de las principales consultoras, en julio se frenó la baja de la inflación que registró junio. Según los datos de la provincia la inflación volvió a ubicarse en el 2% en julio, revirtiendfo la baja a 1,9% del mes anterior. 

    Ese dato se combina con otros registros muy malos que hablan de una economía exhausta por el ajuste: la caída del consumo, el endeudamiento para comprar alimentos y el deterioro de la situación social se agravaron, consolidando un escenario de fuerte fragilidad que golpea a las familias y a los pequeños comercios. 

    El relevamiento del Centro de Almaceneros, que funciona como un anticipo del registro oficial, determinó una inflación mensual del 2,05%, con un acumulado del 19,3% en los primeros siete meses del año y una variación interanual del 33,8%. 

    Sin embargo, la Canasta Básica Alimentaria aumentó un 37,3% en doce meses, por encima del índice general, una diferencia que explica por qué la desaceleración de los precios todavía no se traduce en una mejora del poder adquisitivo. Para una familia tipo de cuatro integrantes, no caer debajo de la línea de pobreza ya exige ingresos por $1.997.833, mientras que evitar la indigencia demanda $1.090.624 mensuales. 

    Las consultoras anticipan que pese a la baja de junio, la inflación volverá a acelerarse

    El dato que más preocupa al sector comercial es que el consumo continúa desplomándose. Las ventas en los comercios de proximidad dedicados a alimentos registraron una caída interanual del 8,3%, una tendencia que ya lleva varios meses consecutivos y que ni siquiera el movimiento extraordinario generado por el Mundial de fútbol logró revertir. La consecuencia empieza a trasladarse directamente a la supervivencia de los negocios. 

    El relevamiento del Centro de Almaceneros de Córdoba revela que el12,5% de los comerciantes considera que, si el nivel actual de ventas continúa, su comercio será económicamente inviable dentro de los próximos seis meses. Es decir, uno de cada ocho almacenes, autoservicios o pequeños negocios ya observa un horizonte de cierre antes de terminar el año.

    El 12,5% de los comerciantes considera que, si el nivel actual de ventas continúa, su comercio será económicamente inviable dentro de los próximos seis meses. Es decir, uno de cada ocho almacenes, autoservicios o pequeños negocios ya observa un horizonte de cierre antes de terminar el año. 

    El deterioro comercial tiene un correlato directo en la situación social. El informe muestra que el 76,1% de las familias considera que hoy se alimenta peor que hace un año, mientras que el 57,1% reconoce que durante julio no pudo cubrir satisfactoriamente la Canasta Básica Alimentaria. 

    Jumbo y las tarjetas aprovechan la necesidad de la gente para «financiar» la comida con tasas cercanas al 100%

    Incluso entre quienes sí lograron alcanzarla, siete de cada diez necesitaron algún tipo de asistencia estatal para hacerlo. La inseguridad alimentaria también dejó de expresarse únicamente en el reemplazo de productos por otros más baratos. Ahora impacta directamente sobre la cantidad de comida consumida. 

    El 38,3% de los hogares admite que algún adulto redujo sus porciones para priorizar al resto de la familia. Y en el 27,8% de las viviendas donde viven niños, alguno de ellos tuvo que comer menos por falta de dinero. El otro gran fenómeno que detecta el informe es el endeudamiento para sobrevivir. 

    El 88,5% de los hogares tuvo que financiar la compra de alimentos durante el último mes. El mecanismo más utilizado fue el fiado en comercios de barrio (39,3%), seguido muy de cerca por las tarjetas de crédito (37,9%). Un mecanismo que deja a las famialias a merced de las tasas usurarias que cobran tarjetas e hipermercados y que en los hechos hace que el precio d ela comida está muy por arriba de lo que marca el precio de góndola, como reveló LPO.

    El crédito dejó de utilizarse para consumos extraordinarios y pasó a financiar necesidades básicas. El panorama financiero de las familias tampoco ofrece margen para absorber nuevos golpes. El 92% de los hogares asegura que podría sostener sus gastos durante menos de un mes si perdiera sus ingresos, y dentro de ese universo, el 58% apenas resistiría una semana. A su vez, el 87% no podría afrontar con recursos propios un gasto extraordinario de $150.000.

     

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  • La justicia federal de Córdoba cruje por su propio caso Adorni

     

    La Justicia Federal de Córdoba atraviesa la mayor crisis institucional de las últimas décadas. En menos de cuatro meses, los camaristas Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi (pareja entre sí) quedaron en el centro de dos investigaciones penales que, combinadas, amenazan con sacudir el funcionamiento del principal tribunal federal de la provincia y con exponer un presunto entramado de favores entre la pareja de magistrados y el poder económico.

    La última ofensiva llegó este viernes, cuando los fiscales Pablo Turano, de la Procuración General de la Nación, y Maximiliano Hairabedián, titular de la Fiscalía Federal N° 3 de Córdoba, promovieron una nueva acción penal contra ambos jueces por el presunto delito de admisión de dádivas.

    El expediente sostiene que la pareja de magistrados habría recibido un vuelo privado a Punta del Este, valuado en unos 34.000 dólares, mientras intervenían en expedientes vinculados con empresarios que aparecen relacionados con la aeronave utilizada para el viaje.

    La nueva causa se suma a otra investigación, iniciada en abril, en la que Sánchez Torres y Montesi ya están siendo investigados por supuestamente manipular la integración de las salas de la Cámara Federal de Córdoba para intervenir en expedientes de alto impacto económico, especialmente causas tributarias y penales contra empresarios.

    La hipótesis de los fiscales apunta a un mismo patrón de comportamiento: la utilización de la estructura interna de la Cámara Federal para influir en causas sensibles y la posible existencia de contraprestaciones indebidas provenientes de sectores empresarios beneficiados por algunas resoluciones judiciales.

    La investigación más reciente reconstruyó un viaje realizado entre el 29 de marzo y el 2 de abril de 2024. Según los registros migratorios incorporados al expediente, Sánchez Torres y Montesi viajaron desde Córdoba hacia Punta del Este en un avión privado matrícula LV-WTP y regresaron cuatro días después en la misma aeronave.

    Los fiscales calcularon que un vuelo de esas características tiene un costo cercano a los 17.000 dólares por tramo, por lo que el beneficio económico recibido rondaría los 34.000 dólares.

    El principal interrogante de la investigación es quién pagó ese viaje.

    Los allanamientos realizados hasta el momento no permitieron identificar al supuesto financista, pero la fiscalía encontró una serie de vínculos societarios que conducen hacia dos grupos empresarios con fuerte presencia en Córdoba: Porta Hermanos y el Grupo Astori.

    La aeronave pertenece a Airjet S.A., una sociedad que durante años fue presidida por José Vicente Ramón Porta. La investigación sostiene además que integrantes de la familia Porta continuaron utilizando ese avión aun después de dejar formalmente la conducción de la compañía.

    Ese dato adquirió relevancia porque Montesi intervino durante años en el expediente ambiental iniciado por vecinos de barrio San Antonio, de la ciudad de Córdoba, contra Porta Hermanos por la actividad de su planta de bioetanol.

    En varias oportunidades la camarista votó en disidencia respecto del resto de sus colegas para rechazar medidas reclamadas por los vecinos, entre ellas la exigencia de una evaluación de impacto ambiental.

    Más recientemente, en septiembre de 2025, Sánchez Torres y Montesi integraron la mayoría que dejó sin efecto una multa tributaria aplicada a Porta por la entonces AFIP, hoy ARCA.

    La segunda línea investigativa conduce al Grupo Astori.

    Según la reconstrucción realizada por los fiscales, los camaristas habrían compartido el viaje a Uruguay con María Pía Astori y Guillermo Alberto Assales, presidente de Astori Estructuras S.A.

    Esa empresa aparece vinculada al Fideicomiso Barrio Ampliación Palmar, protagonista de una larga disputa judicial contra el Estado Nacional y la Fuerza Aérea por terrenos ubicados en Córdoba.

    Lo que llamó la atención de los investigadores es que Sánchez Torres y Montesi continuaron interviniendo en esos expedientes antes y después del viaje sin excusarse pese a la presunta relación personal con empresarios ligados al litigio.

    Los fiscales consideran que esos elementos son suficientes para sospechar que los jueces aceptaron una dádiva de personas con intereses concretos en causas bajo su competencia.

    Pero el expediente por el vuelo privado no es el único problema judicial de los camaristas.

    En abril, Hairabedián y Turano impulsaron otra investigación que puso bajo la lupa el funcionamiento interno de la Cámara Federal de Córdoba.

    En esa causa se denuncia que Sánchez Torres habría alterado deliberadamente la integración de las salas para asegurarse intervenir en expedientes específicos, particularmente investigaciones por evasión tributaria vinculadas a ejecutivos de la cerealera Bunge y otros procesos de gran impacto económico.

    La denuncia sostiene que el mecanismo consistía en modificar las integraciones naturales de las salas de la Cámara que ambos magistrados integran, lo que podría haber beneficiado a grandes empresarios en casos de evasión.

    Ese expediente incorporó además un capítulo especialmente delicado: una secretaria judicial denunció haber sufrido violencia laboral por negarse a participar de esas maniobras administrativas.

    En los tribunales federales nadie recuerda un escenario semejante.

    La Cámara Federal de Córdoba es el órgano revisor de todas las decisiones adoptadas por los juzgados federales de la provincia. Allí se resuelven causas por narcotráfico, corrupción, delitos tributarios, lavado de dinero y conflictos con los principales grupos económicos del centro del país.

    Fuentes judiciales no descartan que las próximas medidas incluyan un análisis patrimonial de ambos magistrados y la profundización de las pericias sobre los vínculos societarios entre Airjet, Porta y el Grupo Astori.

    Las investigaciones acabaron con la estrategia de Sánchez Torres de convertirse en ministro de la Corte Suprema de la Nación, con el aval de Martín Llaryora y otros gobernadores. El propio Sánchez Torres le expuso su plan a Roberto Urquía en un bar de Córdoba meses atrás. Allí, Sánchez Torres intentó convencer al dueño de General Deheza de que lo avale en el círculo rojo para destrabar cualquier resistencia a su llegada al máximo tribunal. La jugada fue coincidente con la caída de Ariel Lijo.

     

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    SOMOS LOCALES OTRA VEZ

    Ya pasó una semana de la Fiesta Provincial de la Vendimia 2020 y todavía se habla, se comparten fotos y videos de aquellas noches que tuvieron como principales actores al público local que se acercó en gran número durante todo el finde, como también a los artistas reginenses que le pusieron el color y el…

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