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¿PUEDE RÍO NEGRO SER POTENCIA GRACIAS AL CANNABIS?

                El consumo de marihuana se ha expandido a lo largo del planeta en los últimos siglos. Una gran cantidad de países del “primer mundo” han legalizado su consumo, con distintas restricciones. Río Negro tiene todo para ser potencia en la materia.

                Nuestra provincia cuenta con innumerables riquezas, sin embargo, los problemas sociales persisten. La decadencia de la fruticultura y la expansión del fracking se ven reflejadas en la merma de áreas productivas y la creciente contaminación. Es acá que la producción de cannabis emerge como una potencial herramienta para el futuro de la provincia.

                En primer lugar, es importante contextualizar. Para los poco informados, como mencioné al comienzo, la marihuana es legal en una gran cantidad de países. Hasta la OMS pidió sacarla de la lista de drogas peligrosas. Numerosos estudios dan cuenta de los efectos menos nocivos para la salud, comparado con el alcohol, el tabaco o los psicofármacos. En la región, Uruguay fue pionero en legislación que regula la producción, distribución y venta de cannabis por parte del propio Estado. Otros países como Canadá, EEUU, Alemania, España, Bélgica o Israel también han legalizado el consumo, con ciertas variables. En algunos casos se legalizó el consumo medicinal, mientras que en otros también se legalizó el uso recreativo.  Por ejemplo, en California (EEUU), el consumo medicinal está legalizado desde 1996 y el consumo recreativo desde 2018. Además, la regulación de la producción terminó con la violencia que generaba el mercado negro, sin contar los ingresos por impuestos a la producción y comercialización.

                Por su parte, en nuestro país recientemente el gobierno de Jujuy comenzó un proyecto que llevará a cultivar entre 500 y 1000 hectáreas de cannabis en tierras fiscales. El proyecto se encuadra dentro de un plan de investigación científica. Lo producido se enviará a Chile, donde se fabricará aceite que será importado nuevamente a Jujuy. Capitales extranjeros ya han invertido varios millones en el proyecto. La iniciativa avanza y hasta el Instituto Nacional de Semillas publicó en el Boletín oficial la resolución 59/2019 que establece “las condiciones para las actividades de producción, difusión, manejo y acondicionamiento que se lleven a cabo en invernáculos y/o predios de seguridad con Cannabis sp en la Republica Argentina”.

                ¿Por qué Río Negro no puede hacer lo mismo que Jujuy? La respuesta es simple, por inacción política. Ésta provincia cuenta con toda la capacidad para el desarrollo de la industria cannábica en sus distintas etapas, repasemos.

1° etapa: Producción

Las características geográficas del Alto Valle y Valle Medio son perfectas para la producción en exterior. Sumado esto a la infraestructura para la producción agrícola, las condiciones parecen inmejorables. La zona andina, de reconocida fama popular por la producción de cannabis, también es adecuada para la plantación, aunque en menor escala.

Pros: Revitalización de la producción agrícola. Alternativa ecológica a la expansión del fracking y desmontes causados por desarrollos inmobiliarios. Producto con un alto valor internacional (6 dólares el gramo en Toronto o Barcelona). Fuentes de trabajo e inversiones legítimas.

2° etapa: Industrialización

Entre la gran variedad de usos que se le puede dar, el farmacéutico es el más prometedor y el único habilitado hasta el momento. El Prozome, laboratorio estatal productor de medicamentos, desde 2017 está interesado en la producción de aceite de marihuana. Con producción propia y proyectando el desarrollo estratégico, este laboratorio estatal podría convertirse en líder a nivel regional, sumando un valor agregado importante. Por dar un ejemplo, la provincia de Chubut en 2017 pagaba alrededor de 300 dólares por cada frasquito de 100ml importado desde EEUU.

3° etapa: Comercialización

El Estado provincial tendría la exclusividad de la comercialización, evitando la interferencia de actores económicos que concentren las ganancias, asfixiando a los productores, como ocurre actualmente con la fruticultura. Los efectos en áreas como el turismo se verían inmediatamente, como demuestran los distintos ejemplos en el mundo.

                Los tiempos cambian, el que no cambia con los tiempos corre con desventaja. La oportunidad para que Río Negro se convierta en vanguardia a nivel regional es ahora. El desprecio a la marihuana ha estado siempre cargado de prejuicios y ha perseguido fines económicos y políticos a lo largo de la historia. La legislación nacional, prohibitiva, actúa como un limitante. No obstante, existen argumentos sólidos para dar la discusión, como lo han otras sociedades que hoy gozan de sus beneficios. Nadie muere de sobredosis de marihuana, no ocurre lo mismo con el alcohol, por ejemplo.

La posibilidad de producir cannabis de manera legal abre un mundo de oportunidades al desarrollo de una industria, acompañado de una continuidad de la cultura productiva de la región. ¿Cuántos jóvenes han dejado la chacra de sus abuelos? ¿Cuántos decidieron lotear antes de seguir subsistiendo? ¿Cuántas chacras fueron rematadas? Hasta tuvieron que sacar una ley para impedirlo. Como cualquier proyecto debe ser abordado con seriedad, con reglas claras y un objetivo común. En éste caso, ese objetivo sería potenciar el desarrollo productivo, social y económico de la sociedad rionegrina.

 Actualmente se plantea la posibilidad del desarrollo minero, petrolero y de energía nuclear ¿Necesitamos eso viviendo en la Patagonia? Tenemos el recurso más preciado de los próximos siglos, agua dulce, y la estamos contaminando ¿hasta cuándo? ¿quién dice que la fractura hidráulica del subsuelo es buena y producir una planta medicinal no lo es? ¿Por qué permitimos que multinacionales exploten y contaminen nuestro suelo, pero no podemos imaginarnos una producción cooperativa regulada por el Estado?

En conclusión, una provincia mejor es posible. Suena a eslogan y podría serlo, pero la idea se basa en la concepción del gran Eduardo Galeano, quién decía que la utopía es el horizonte, caminamos hacia ella y ella se aleja. Nos sirve para caminar, decía él. Imaginemos esa provincia y caminemos hacía ella. Quién sabe, quizás la utopía algún día deje de serlo.

VIDEO:
El cáñamo industrial: cultivo y aplicaciones

Colaboración: Emiliano Piccinini / Germán Busin
Portada: Germán Busin


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    El magistrado impuso una inhibición y embargo sobre los bienes de la directora de la ANMAT y la ex titular del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) hasta cubrir los 500.000 millones de pesos, y también dictó una serie de medidas que las imputadas deberán cumplir para permanecer en libertad, entre ellas, no salir del país y presentarse ante las autoridades una vez al mes.

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    «A partir de las probanzas colectadas a lo largo de la pesquisa, es posible concluir que las imputadas Mantecón Fumadó y Bisio realizaron un aporte concreto y necesario a la lesión del bien jurídico salud pública protegido por los artículos. 200 y 201 bis CP así como al bien jurídico integridad personal resguardado por el delito de lesiones leves previsto por el art. 89 CP, a raíz de su decisión de no adoptar las medidas preventivas y correctivas oportunas y eficaces contempladas por la normativa aplicable ya explicadas», explicó Kreplak en su resolución, a la que accedió LPO.

    En la resolución aparece el rol del ministro de Salud Mario Lugones en el entramado que terminó con un escándalo. «A lo largo de la investigación llevada adelante, diversos elementos de convicción permiten poner en escena al Dr. Lugones», dice Kreplak y destaca los descargos efectuados por Mantecón y Bisio donde asoman coincidencias respecto del rol del ministro.

    Por caso, Bisio afirmó que «Lugones hacía reuniones de gabinete y de los institutos venían todos los que de él dependíamos. Allí contábamos las situaciones. Esto era un tema que fue llevado permanentemente, de la situación de los laboratorios e incumplidores. En este caso, estos se llevaban. Y la idea fue siempre que Lugones me daba la instrucción y yo daba la instrucción de cerrar».

    Al ser indagada respecto de una reunión realizada en la sede de la ANMAT el 14 de enero pasado, Bisio dijo: «Yo le avisé al Ministro, ‘van a venir, ¿qué hago?, ¿sigo con lo mismo?’, ‘sí, cerrá, cerrá'».

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    Ese día, Bisio y Fumadó mantuvieron un encuentro con Ariel García Furfaro y otras dos personas de la empresa en «Avenida de Mayo», tal como se la denomina a la sede de la ANMAT. Para esa fecha, Bisio y Fumadó contaban con un informe realizado por inspectoras de la ANMAT en los últimos días de 2025. En el texto alertaban sobre la situación del laboratorio y recomiendan prohibir la producción y retirar del mercado las drogas elaboradas.

    Las dos funcionarias le ofrecen no avanzar contra los laboratorios a cambio de que presenten un plan de acción.

    En el gobierno existe extrema preocupación por el caso. Saben que Lugones podría quedar formalmente involucrado en el expediente durante el transcurso de la investigación. Incluso trascendió que su hijo, Rodrigo Lugones, le habría sugerido que renuncie a su cargo de ministro.

    En una estrategia insólita, desde el gobierno libertario buscaron culpar a los ministros de Salud del gobierno de Alberto Fernández -Carla Vizzoti y Ginés González García- argumentando que tanto Bisio como Mantecón Fumadó ya eran funcionarias por entonces. El problema es que los hechos ocurrieron durante la presidencia de Javier Milei.

    Mantecón Fumadó dijo que previo a firmar la carta de advertencia dirigida a los laboratorios lo consultó a Bisio. «Como todas las decisiones que se toman en esta gestión, hay que consultarlas, porque no había independencia resolutiva de parte de la administración nacional, sin consultar con el Ministerio. Le pedí a Agustina (Bisio) que consultara con el Ministro cómo quería manejar esta situación, en función de si se inhibe por carta de advertencia todo el laboratorio o si inhibían otras líneas productivas. Y el Ministro, después de unos días, informó a Agustina que contestó ‘vaya para adelante pero con cautela'».

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    Bisio contó además que en las reuniones de gabinete convocadas por Lugones intervenían activamente abogados penalistas.

    En marzo de 2025 Lugones ya estaba al tanto de los incumplimientos de HBL. La titular del Iname envía un informe sobre el laboratorio y en un chat, Bisio le consulta si ese texto es suficiente para cerrar las instalaciones. «Solo en dos palabras decime si esto da para cierre porque Mario pregunta. ¿Sólo eso o aún falta?», pregunta la titular de la ANMAT.

    A fines de marzo, Mantecón Fumadó mantiene otra reunión con Furfaro. Tras ese encuentro Bisio le pide información precisa sobre la situación del laboratorio: «¿Podrías mandarme para que le dé al Ministro cuál es la implicancia de esto? Traducción a la práctica. Ej: No puede vender más. Insistir o informarnos sobre el retiro de mercado».

    Kreplak advierte una discrepancia entre el sentido de la decisión política que bajaba del Ministerio con lo que efectivamente ocurría en el seno de ANMAT e INAME. «Si bien considero probado que el Ministro tenía conocimiento al menos de las generalidades relevantes de lo que ocurría con los laboratorios, no menos cierto resulta que todos los elementos de convicción apuntan a que su intervención, lejos de permitir un funcionamiento en tales condiciones, tendía lisa y llanamente a su cierre, esto es, a impedir su operación», dice el juez en su resolución.

    El magistrado destaca que distinta es la situación de Bisio, quien «tenía la responsabilidad máxima sobre el cumplimiento de los cometidos legales y reglamentarios de ANMAT y sus órganos internos y, además, había sido investida políticamente como polea de transmisión de esas directrices políticas».

    El obrar de la funcionaria fue el contrario. A pesar de que tenía conocimiento de las irregularidades de los laboratorios y que había recibido la decisión política de obrar, mantuvo una actitud pasiva y permisiva que culminó favoreciendo el accionar criminal de los laboratorios.

    No sólo eso, sino que participó activamente en algunas de las acciones decisivas que permitieron al laboratorio continuar operando cuando lo correcto hubiese sido impedirlo.

     

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