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¿PUEDE RÍO NEGRO SER POTENCIA GRACIAS AL CANNABIS?

                El consumo de marihuana se ha expandido a lo largo del planeta en los últimos siglos. Una gran cantidad de países del “primer mundo” han legalizado su consumo, con distintas restricciones. Río Negro tiene todo para ser potencia en la materia.

                Nuestra provincia cuenta con innumerables riquezas, sin embargo, los problemas sociales persisten. La decadencia de la fruticultura y la expansión del fracking se ven reflejadas en la merma de áreas productivas y la creciente contaminación. Es acá que la producción de cannabis emerge como una potencial herramienta para el futuro de la provincia.

                En primer lugar, es importante contextualizar. Para los poco informados, como mencioné al comienzo, la marihuana es legal en una gran cantidad de países. Hasta la OMS pidió sacarla de la lista de drogas peligrosas. Numerosos estudios dan cuenta de los efectos menos nocivos para la salud, comparado con el alcohol, el tabaco o los psicofármacos. En la región, Uruguay fue pionero en legislación que regula la producción, distribución y venta de cannabis por parte del propio Estado. Otros países como Canadá, EEUU, Alemania, España, Bélgica o Israel también han legalizado el consumo, con ciertas variables. En algunos casos se legalizó el consumo medicinal, mientras que en otros también se legalizó el uso recreativo.  Por ejemplo, en California (EEUU), el consumo medicinal está legalizado desde 1996 y el consumo recreativo desde 2018. Además, la regulación de la producción terminó con la violencia que generaba el mercado negro, sin contar los ingresos por impuestos a la producción y comercialización.

                Por su parte, en nuestro país recientemente el gobierno de Jujuy comenzó un proyecto que llevará a cultivar entre 500 y 1000 hectáreas de cannabis en tierras fiscales. El proyecto se encuadra dentro de un plan de investigación científica. Lo producido se enviará a Chile, donde se fabricará aceite que será importado nuevamente a Jujuy. Capitales extranjeros ya han invertido varios millones en el proyecto. La iniciativa avanza y hasta el Instituto Nacional de Semillas publicó en el Boletín oficial la resolución 59/2019 que establece “las condiciones para las actividades de producción, difusión, manejo y acondicionamiento que se lleven a cabo en invernáculos y/o predios de seguridad con Cannabis sp en la Republica Argentina”.

                ¿Por qué Río Negro no puede hacer lo mismo que Jujuy? La respuesta es simple, por inacción política. Ésta provincia cuenta con toda la capacidad para el desarrollo de la industria cannábica en sus distintas etapas, repasemos.

1° etapa: Producción

Las características geográficas del Alto Valle y Valle Medio son perfectas para la producción en exterior. Sumado esto a la infraestructura para la producción agrícola, las condiciones parecen inmejorables. La zona andina, de reconocida fama popular por la producción de cannabis, también es adecuada para la plantación, aunque en menor escala.

Pros: Revitalización de la producción agrícola. Alternativa ecológica a la expansión del fracking y desmontes causados por desarrollos inmobiliarios. Producto con un alto valor internacional (6 dólares el gramo en Toronto o Barcelona). Fuentes de trabajo e inversiones legítimas.

2° etapa: Industrialización

Entre la gran variedad de usos que se le puede dar, el farmacéutico es el más prometedor y el único habilitado hasta el momento. El Prozome, laboratorio estatal productor de medicamentos, desde 2017 está interesado en la producción de aceite de marihuana. Con producción propia y proyectando el desarrollo estratégico, este laboratorio estatal podría convertirse en líder a nivel regional, sumando un valor agregado importante. Por dar un ejemplo, la provincia de Chubut en 2017 pagaba alrededor de 300 dólares por cada frasquito de 100ml importado desde EEUU.

3° etapa: Comercialización

El Estado provincial tendría la exclusividad de la comercialización, evitando la interferencia de actores económicos que concentren las ganancias, asfixiando a los productores, como ocurre actualmente con la fruticultura. Los efectos en áreas como el turismo se verían inmediatamente, como demuestran los distintos ejemplos en el mundo.

                Los tiempos cambian, el que no cambia con los tiempos corre con desventaja. La oportunidad para que Río Negro se convierta en vanguardia a nivel regional es ahora. El desprecio a la marihuana ha estado siempre cargado de prejuicios y ha perseguido fines económicos y políticos a lo largo de la historia. La legislación nacional, prohibitiva, actúa como un limitante. No obstante, existen argumentos sólidos para dar la discusión, como lo han otras sociedades que hoy gozan de sus beneficios. Nadie muere de sobredosis de marihuana, no ocurre lo mismo con el alcohol, por ejemplo.

La posibilidad de producir cannabis de manera legal abre un mundo de oportunidades al desarrollo de una industria, acompañado de una continuidad de la cultura productiva de la región. ¿Cuántos jóvenes han dejado la chacra de sus abuelos? ¿Cuántos decidieron lotear antes de seguir subsistiendo? ¿Cuántas chacras fueron rematadas? Hasta tuvieron que sacar una ley para impedirlo. Como cualquier proyecto debe ser abordado con seriedad, con reglas claras y un objetivo común. En éste caso, ese objetivo sería potenciar el desarrollo productivo, social y económico de la sociedad rionegrina.

 Actualmente se plantea la posibilidad del desarrollo minero, petrolero y de energía nuclear ¿Necesitamos eso viviendo en la Patagonia? Tenemos el recurso más preciado de los próximos siglos, agua dulce, y la estamos contaminando ¿hasta cuándo? ¿quién dice que la fractura hidráulica del subsuelo es buena y producir una planta medicinal no lo es? ¿Por qué permitimos que multinacionales exploten y contaminen nuestro suelo, pero no podemos imaginarnos una producción cooperativa regulada por el Estado?

En conclusión, una provincia mejor es posible. Suena a eslogan y podría serlo, pero la idea se basa en la concepción del gran Eduardo Galeano, quién decía que la utopía es el horizonte, caminamos hacia ella y ella se aleja. Nos sirve para caminar, decía él. Imaginemos esa provincia y caminemos hacía ella. Quién sabe, quizás la utopía algún día deje de serlo.

VIDEO:
El cáñamo industrial: cultivo y aplicaciones

Colaboración: Emiliano Piccinini / Germán Busin
Portada: Germán Busin


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    Desde una mirada democrática y progresista que asume que las sociedades son por naturaleza diversas, en cambio, la igualdad es algo a construir. Pero esa perspectiva hoy está a la defensiva. A través de una serie de subterfugios de ingenieros del caos, la posición histórica que conjuga liberalismo cultural, pluralismo político y justicia social ha sido estigmatizada como “woke” o “progresista”. La expresión “woke” surgió en Estados Unidos, un territorio de alta intensidad en la batalla cultural, en referencia a “despertar” (awake) ante la discriminación (“despierto” en el sentido de “concientizado”); pero hoy se usa de modo despectivo, que es la connotación que le dio Milei en su discurso en Davos. Como si las personas que descienden de esclavos o de pueblos originarios, como si las mujeres, que hasta hace setenta años no podían votar, hoy, justamente porque se reconocieron algunas de esas desigualdades, contaran con privilegios.

    La derecha conservadora está presente en distintas corrientes políticas, del mismo modo que la corriente que defiende las diversidades está presente –aunque no de modo uniforme– en partidos distintos. En Argentina, el peronismo, el radicalismo, el socialismo y la izquierda cuentan entre sus integrantes con personas que defienden este punto de vista. Se trata de una corriente que busca principalmente dos metas: que las personas y los grupos sean cada vez más libres, y que esa libertad se sostenga en formas igualitarias que la hagan real y no puramente declarativa o formal. Es una corriente de opinión que pone en escena grandes tradiciones culturales de la modernidad, heredadas de la Revolución Francesa y la Estadounidense, y que no tiene una única posición en materia de desarrollo económico, justicia distributiva o lucha por la igualdad. Ese “progresismo” no está en contra de ninguna religión, pero sí lucha por una separación completa de cualquier religión y del Estado. Ninguna ley puede sustentarse en creencias religiosas. Pero sí debe haber leyes que, por motivos universalistas, exijan el respeto de todas las religiones. Esta perspectiva, sometida hoy a una fuerte ofensiva, merece una reflexión autocrítica.

    Acerca de la autocrítica

    La hegemonía cultural de la extrema derecha impacta en el campo progresista. ¿Los movimientos por la libertad de las diversidades se “pasaron de rosca”? La ofensiva cultural de Milei y las derechas extremas, la derrota electoral del peronismo y los niveles de inflación y pobreza que dejó el gobierno de Alberto Fernández han planteado ese debate. ¿Hay una incidencia de la lucha por las diversidades en el oscurantismo que estamos viviendo hoy? ¿No habremos ido demasiado lejos? ¿Se puede seguir sosteniendo la defensa del colectivo LGTBQi+ en el contexto actual?

    Los procesos sociales y políticos siempre son imperfectos. Conocer esas imperfecciones, practicar la autorreflexión, es clave para mejorarlos. Por otro lado, se trata de movimientos profundos y de larga duración. En Argentina, por ejemplo, el movimiento masivo de mujeres de los últimos años comenzó en 2015 con el “Ni Una Menos”, una gigantesca movilización contra la violencia de género. ¿Frenar el reclamo contra los asesinatos de mujeres hubiera sido “menos radicalizado”? Y hoy, ¿qué está más vigente? ¿El reclamo de que no mueran más mujeres por el hecho de ser mujeres o la propuesta oficial de retirar del Código Penal el agravante por femicidio?

    La autocrítica no equivale a autoflagelación; debe ser una reflexión sobre prácticas y políticas que nos implican. Entre las múltiples causas que produjeron esta nueva etapa histórica global de las derechas extremas están, en efecto, los profundos déficits de la izquierda, la centroizquierda y los partidos tradicionales. Pero no coincido con quienes, subidos a la marea reaccionaria, afirman que la culpa es del progresismo, de un supuesto “wokismo” o de una “excesiva” ampliación de derechos civiles. Ese argumento puede terminar en diputados que voten con Milei regresiones culturales o puede llevar a un catolicismo de gobierno en contra de la libertad de las personas y los grupos. Empieza cuestionando el DNI no binario y termina aboliendo el divorcio.

    Pero entonces, ¿cuáles son esos errores de la izquierda? Si hubiera que elegir uno, diría lo siguiente: mientras las vocaciones igualitarias y de justicia social se tornaban cada vez más difíciles de lograr, en gran parte por no tener una alternativa concreta al capitalismo neoliberal, la izquierda avanzó con leyes y políticas tendientes a garantizar derechos civiles. Dependiendo de los países, se avanzó en materia de identidad de género, aborto, discriminación positiva, educación sexual, matrimonio igualitario, derechos de los pueblos originarios y los migrantes. Cuantas más dificultades aparecían en materia económica y social, cuanto más complicado se hacía sostener el horizonte de movilidad social, más se acentuaron estos derechos como compensación.

    La autocrítica no equivale a autoflagelación: debe ser una reflexión sobre prácticas y políticas que nos implican.

    Ese fue el gran problema. Las libertades civiles no pueden compensar el fracaso económico o social. Si son las únicas banderas que se agitan cuando se desfinancia el Estado de Bienestar, se retiran regulaciones públicas o se producen escaladas inflacionarias, como en el caso argentino, se corre el riesgo de que las fuerzas democráticas queden reducidas y debilitadas. Los límites para corregir o superar el neoliberalismo los terminan pagando los avances en materia de diversidad o pluralismo.

    Mi primera tesis es que, frente a quienes creen que la ampliación de libertades favoreció a la derecha extrema, creo que su causa es el fracaso económico.

    En segundo lugar, la cuestión de los particularismos. Mientras Martin Luther King buscó cambios que mejoraran la desigualdad estructural de la sociedad norteamericana, muchas políticas de la identidad del siglo XXI se concentraron en derechos particulares. Y es difícil pedirles algo más que simpatía pasiva o inactividad a quienes no están directamente involucrados en la conquista de un derecho. Esto no implica que movimientos como “Ni Una Menos”, “Black Lives Matter” o la “Marcha anti-fascista” de febrero de 2025 no hayan sido señales contundentes en la dirección correcta, sino simplemente llamar la atención sobre cuál puede ser el alcance de esas convocatorias.

    Algo similar ocurre con el “lenguaje inclusivo”. Se trata de un cambio cultural crucial, que busca ampliar libertades e incluir diversidades. Pero debe expandirse a partir de la posibilidad, no como imposición. Los mayores fracasos del cambio cultural ocurrieron cuando se pretendió imponer a través de prescripciones. El liberalismo cultural busca ampliar, no restringir, las posibilidades de las personas.

    El caso de las cuotas

    Muchas veces, en lugar de luchar por cambiar una legislación, una política o un presupuesto, las reivindicaciones progresistas se enfocaron en personas concretas: los varones blancos, incluyendo casos de punitivismo extra-judicial, como escraches a adolescentes, altamente polémicos. En aquellos casos, hubo voces feministas potentes que alertaron que el feminismo no surgió para cambiar al dueño del poder del patriarcado, sino para modificar un tipo de poder y de dominación. El punitivismo y la cultura de la cancelación fueron algunos de los errores más graves. Pero no es verdad que sean inherentes a los reclamos por la diversidad y la libertad: fueron casos minoritarios en causas justas.

    Detrás de este tipo de cuestiones aparece un problema que vale la pena debatir a futuro: la tensión entre lo particular y lo universal. Si cada uno de los grupos discriminados reclamara sólo para sí mismo, si todo se tradujera en una simple cuota por grupo, a largo plazo se terminarían socavando algunos de los consensos culturales necesarios para mantener las políticas de acción afirmativa. Un ejemplo es el de las universidades. En la mayoría de los países del mundo existe un sistema de examen de ingreso a la universidad y cupos por carrera. Al observar las universidades se hacía evidente que la abrumadora mayoría de los alumnos eran varones blancos. Eso llevó a reclamar políticas de cuotas raciales, étnicas y nacionales, como las que se terminaron concretando en Estados Unidos y Brasil. Este sistema garantizaba una mayor presencia de diversidades, restando lugares a los blancos. Pero, ¿qué quedaba, por ejemplo, para los blancos pobres? ¿Quién se preocupó de su situación? En muchos casos fueron los grandes olvidados, lo que contribuyó a que volcaran su respaldo a fuerzas políticas conservadoras que dicen defenderlos. ¿Qué hubiera ocurrido si se hubiera incluido una cuota general para los estudiantes de colegios públicos de bajos recursos en el ingreso a la universidad? Mientras en un terreno puramente cultural la especificidad por grupo es adecuada, en cuotas vinculadas a desigualdades puede no producir las consecuencias buscadas.

    En un mundo dominado por la incertidumbre económica, en el que se achican los recursos públicos, muchos países optaron por un modelo de cuotas para asegurar la presencia de los grupos discriminados no sólo en el acceso a la universidad sino también al empleo público –y en ocasiones al empleo privado–. Esto implica que los logros de la ampliación hacia los sectores discriminados se hicieron sobre la base de una reducción relevante de la participación de los sectores anteriormente privilegiados. Y esta estrategia, correcta desde un punto de vista filosófico, se topa con un problema político. Las personas de carne y hueso que se ven afectadas, que no logran ingresar a la universidad o no consiguen empleo, se van pasando en masa al ejército del “contragolpe cultural”, esperando el surgimiento de un Trump, un Milei o cualquier otro líder que proponga revertir la situación.

    Se trata de un error recurrente del progresismo: no percibir el dolor de las víctimas de sus políticas, y no elaborar una respuesta. Mi punto es sencillo: si se presuponen las restricciones económicas, como de hecho las aceptaron la mayoría de las fuerzas de centroizquierda en Europa y América, que los perdedores de la discriminación positiva pasen al otro lado es inexorable. Pero si se cuestiona un modelo que reduce los impuestos a la riqueza y desfinancia al Estado, y se usa ese dinero para ampliar el acceso a la universidad y el empleo, logrando mejorar la diversidad sin afectar drásticamente los espacios previos, la base política de la derecha extrema quedará reducida. Es cierto que esto no es posible para los varones privilegiados, que inexorablemente se verán afectados: será necesario pensar una política cultural específica para ellos.

    La defensa de la libertad

    Estamos ante un feroz ajuste a las libertades y es urgente emprender una fuerte defensa de políticas por la libertad basada en igualdades. La libertad, convertida en el eslogan hueco de la extrema derecha, no puede ser resignada por las fuerzas democráticas y progresistas. El principio básico de la lucha por la libertad es maravilloso: que las personas y los grupos puedan autorrealizarse en todas las dimensiones de la vida. Esto incluye su identidad de género, étnica, nacional, local, religiosa, así como su libertad de expresión, en la familia, en el trabajo…

    Esas libertades tienen un requisito: un piso de igualdad, porque quien sufre desnutrición no puede ser libre, quien no puede acceder a la escuela no puede ser libre. Una comunidad libre es aquella que garantiza un piso de igualdad para todos sus miembros.

    Los libertarios conservadores de la extrema derecha afirman que ser iguales es que cada uno se las arregle como pueda. Es una propaganda basada en la negación de la historia tal como sucedió. Los esclavos existieron hasta el siglo XIX bajo el imperio de la ley, y los afrodescendientes continúan siendo discriminados en prácticamente todos los países de América y Europa hasta hoy. La conquista colonial existió. El patriarcado y la desigualdad de géneros existieron… y todavía existen. En muchos países las mujeres votan recién desde hace algunas décadas. Y en la mayoría de los países europeos y americanos jamás hubo una presidenta o una primera ministra mujer. El capitalismo, por su parte, tiene mecanismos poderosos para reproducir la desigualdad de clases entre generaciones: a través de la herencia y también de la “herencia de clase”. La mayoría de los hijos de personas pobres son pobres. La movilidad social ascendente está en crisis en la mayoría de los países, y los mecanismos sociales que la hacían posible se están debilitando a un ritmo vertiginoso. Los libertarios conservadores quieren liquidar esos mecanismos, del mismo modo que se proponen atacar las leyes que tienden a asegurar libertades vinculadas a la diversidad y la disidencia. Esto implicará también contrarrestar su ofensiva individualista poniendo en valor la solidaridad, lo común y lo público. Enfrentar políticamente aquel proyecto exige autorreflexión y determinación.

     

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