La Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Villa Regina informa que recientemente incorporó una nueva profesional veterinaria con el objetivo de aumentar el número de castraciones caninas y felinas que se realizan actualmente.
La profesional realizará las cirugías los días miércoles en el polideportivo Cumelen y en primera instancia se atenderá a quienes ya tienen un turno programado.
Al mismo tiempo se aclara que en ningún momento estuvo interrumpido este programa que es de gran importancia para la gestión municipal ya que, entre otros beneficios, es el método más efectivo para disminuir la sobrepoblación de perros y gatos.
Son 72 los puntos limpios activos en la ciudad de Villa Regina con proyección a llegar a 100 antes de fin de año, hace menos de un mes se despacharon 8 toneladas de residuos sólidos y ya se acopiaron unos 2.500ks más, además se trabaja en 2 edificios un proyecto piloto de separación y clasificación…
El Intendente Marcelo Orazi recibió al responsable de la empresa Recipetrol de General Roca, Alejandro Andion, con el objetivo de evaluar la incorporación de una planta de acopio y reciclado de residuos urbanos. Acompañados por Hugo Curzel, a cargo del sector de Medio Ambiente del Municipio, los presentes conversaron acerca de otras propuestas y proyecciones…
Los pozos de fracking se instalan en medio de las chacras y pegado a zonas urbanas. Los vecinos que conviven con esta actividad se quejan de: el ruido las 24 hs, vibraciones que rompen sus casas, problemas de salud, agua contaminada, gases en el ambiente, infertilidad del suelo. También cuentan de enfermedades que empezaron después de la llegada de las torres, como enfermedades en la piel, en el sistema digestivo y respiratorio.
Axel Kicillof demora el envío al Senado de tres pliegos de candidatos a jueces de la Suprema Corte. Los nombres ya están en manos del gobernador y corresponden a los tres sectores mayoritarios del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Eos sectores afirman que el gobernador se comprometió a enviarlos en diciembre pasado.
En los primeros días de diciembre pasado, Kicillof selló un acuerdo con el kirchnerismo, el massismo, al que se sumó el radicalismo que conduce el senador Maxi Abad. En una oficina de la Ciudad de Buenos Aires llegaron Gabriel Katopodis y Mariano Cascallares, como negociadores de Kicillof. Facundo Tignanelli y Federico Otermin, por el kirchnerismo. Alexis Guerrera, por el massismo. Y Maxi Abad y Diego Garciarena por el radicalismo. «Kicillof participó vía teléfono en altavoz», afirmó a LPO un dirigente al tanto de las negociaciones.
Allí se acordó enviar al Senado bonaerense tres pliegos para que sean aprobados a fines de diciembre junto con el presupuesto 2026 y las autorizaciones de endeudamiento. Esos pliegos correspondían a los tres sectores del peronismo. En el entorno del gobernador consideraron en ese momento que mezclar las dos discusiones iba a terminar trabando la sanción del presupuesto y limitaron el reparto de cargos al directorio del Bapro.
Respecto de los nombres existe total hermetismo. Por el lado del gobernador suena el nombre de Santiago Pérez Teruel, hoy titular de la Asesoría General de Gobierno. En tanto, en las últimas semanas trascendió que el presidente del Honorable Tribunal de Cuentas, Federico Thea, también quiere ser.
En el massismo guardan hermetismo sobre su candidata para la Corte bonaerense, pero esta semana comenzó a sonar en despachos judiciales el nombre de Micaela Morán, una ex diputada nacional cercana a Malena Galmarini y siempre muy cuidada por el Frente Renovador.
Kicillof designó a Thea al frente de un cargo vitalicio por lo que resulta extraño que desista de ese asiento para pasar a la Suprema Corte. En tanto, el ala más progresista del gobierno bonaerense promueve que se elija a una mujer.
En el massismo hay algunos nombres. Esta semana comenzó a sonar en despachos judiciales el nombre de Micaela Morán, una ex diputada nacional cercana a Malena Galmarini y siempre muy cuidada por el massismo. Además de Morán, siempre estuvo en carpeta el nombre del diputado nacional Ramiro Gutiérrez, quizás el principal asesor de Massa en temas judiciales.
Micaela Morán y Ramiro Gutiérrez.
En el kirchnerismo el hermetismo es total. Desde el inicio de la gestión Kicillof, cuando se generaron las primeras vacancias en el Máximo Tribunal, el nombre que trascendió fue el de Marisa Herrera, autora de tratados de referencia en derecho de familia.
En el peronismo no están conformes con la decisión de Kicillof de postergar las designaciones. «El gobernador lleva más dos meses demorando el acuerdo», confió a LPO un dirigente involucrado en las decisiones.
Como sea, en la reunión de diciembre se acordó además que el cuarto pliego se enviará al Senado antes de la feria judicial de julio. Ese lugar debe ser para el radicalismo y todo indica que el sector de Abad impondrá el nombre de la vicerrectora de la Universidad de Mar del Plata, Marina Sánchez Herrero.
En el kirchnerismo el hermetismo es total. Desde el inicio de la gestión Kicillof, cuando se generaron las primeras vacancias en el Máximo Tribunal, el nombre que trascendió fue el de Marisa Herrera, autora de tratados de referencia en derecho de familia.
Pero a ese cuarto pliego se le podría sumar un quinto. Es que en el gobierno bonaerense dan por hecho la decisión de la jueza Hilda Kogan de jubilarse.
LPO había adelantado en noviembre pasado las versiones de salida de la jueza. Kogan tuvo que presidir la Junta Electoral de la provincia cuando Kicillof desdobló la elección provincial y fue la responsable de garantizar una elección casi inédita en la historia reciente de la provincia. «Hasta acá llegué», dijo tras el recuento definitivo de los votos.
La jueza bonaerense Hilda Kogan.
Todo indica que ese quinto lugar también quedará para el peronismo, que niega la posibilidad de que el PRO o La Libertad Avanza se quede con ese asiento en la Corte.
Argumentan que por un lado tienen los votos en el Senado para quedarse con todos los lugares, pero están decididos a respetar el acuerdo con el radicalismo que ocupa distintas posiciones de poder de la provincia. Además, sostienen que el último juez en sumarse al Tribunal fue Sergio Torres en 2019 y fue elegido por la entonces gobernadora, María Eugenia Vidal, de manera que el PRO ya tendría su magistrado
Hoy, la Suprema Corte funciona con apenas tres de los siete jueces que la componen, una anormalidad institucional que preocupa en todos los ámbitos políticos.
En los últimos años la Corte fue acumulando vacancias. En junio del año pasado se retiró Luis Genoud, antes habían renunciado Eduardo De Lázzari y Juan Carlos Hitters. También falleció en su cargo el juez Héctor Negri, en 2020. Kicillof siempre postergó el momento de cubrir esas vacancias. «Así como está funciona muy bien», repetían en el gobierno provincial.
La Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Villa Regina informa que debido a la confirmación de casos positivos de Covid-19 y de manera preventiva las oficinas ubicadas en Uspallata Sur 169 permanecerán cerradas hasta nuevo aviso. Difunde esta nota
La Justicia federal de Córdoba está en estado de shock. Fiscales ordenaron investigar a Abel Sánchez Torres y su pareja, Graciela Montesi, ambos camaristas sospechados de manipular la conformación de las salas para intervenir en dos expedientes por evasión tributaria que involucran a ejecutivos de la cerealera Bunge.
El planteo promovido por los fiscales Nicolás Turano y Maximiliano Hairabedián incluye delitos como abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público, falsedad ideológica y coacción.
El juez Alejandro Sánchez Freytes, a cargo del caso, ya decretó el secreto de sumario y deberá definir si avanza con las indagatorias. El punto neurálgico del caso remite a una práctica tan técnica como decisiva: quiénes integran el tribunal que juzga.
En la estructura de la Justicia Federal, las cámaras de apelaciones se dividen en salas que deben conformarse con sorteos y subrogancias reguladas por ley. Ese mecanismo busca garantizar imparcialidad y evitar que los jueces elijan -o sean elegidos- para fallar en determinados expedientes.
Según los fiscales, Montesi y Sánchez Torres habrían retenido o hecho circular expedientes hasta que la rotación de subrogancias les permitiera coincidir en la misma sala y votar en los casos «Padilla» y «Humanes», que tenían en común su conexión con la causa Bunge .
Sin embargo, la denuncia sostiene que esas reglas habrían sido alteradas en 2023 aprovechando vacantes en la Cámara. Según los fiscales, Montesi y Sánchez Torres habrían retenido o hecho circular expedientes hasta que la rotación de subrogancias les permitiera coincidir en la misma sala y votar en los casos «Padilla» y «Humanes».
Ambos expedientes, radicados en Río Cuarto y Villa María respectivamente, tenían en común su conexión con la causa Bunge y su alto contenido económico.
En una de las causas, Sánchez Torres habría emitido su voto en apenas un minuto, en coincidencia plena con el criterio de Montesi, lo que derivó en una falta de mérito para el imputado.
El dato que más ruido genera en Tribunales es la velocidad con la que se resolvió uno de esos expedientes.
En la causa «Padilla», Sánchez Torres habría emitido su voto en apenas un minuto, en coincidencia plena con el criterio de Montesi, lo que derivó en una falta de mérito para el imputado.
Para los investigadores, ese nivel de sincronización refuerza la sospecha de que la integración del tribunal no fue azarosa. La gravedad institucional del caso radica en las consecuencias de una eventual manipulación.
En la cabecera, Abel Sánchez Torres y, a su derecha, su pareja y también camarista Graciela Montesi. Ambos, están sospechados de ejecutar maniobras para favorecer a la cerealera Bunge.
Si se altera la composición de una sala, se rompe el principio del juez natural. En un expediente como el de Bunge, esa distorsión puede traducirse en beneficios concretos para los imputados, desde demoras hasta resoluciones favorables.
La existencia de vocalías sin cubrir en la Cámara Federal de Córdoba habría facilitado -según los fiscales- una concentración de poder interno a la pareja Sánchez Torres-Montesi que permitió estas maniobras.
La denuncia original fue presentada por la secretaria de Cámara Celina Laje Anaya, quien se habría negado a convalidar la integración de salas que consideraba irregular. A partir de allí, según el relato fiscal, comenzó una escalada de hostigamiento atribuida a Sánchez Torres.
En los últimos meses, Sánchez Torres hizo un fuerte lobby para meterse en la lista corta de candidatos para la Corte Suprema de Justicia de la Nación
El expediente describe un cuadro de presión sistemática que incluyó gritos, humillaciones y decisiones administrativas que afectaron la carrera de la funcionaria.
Incluso se detalla que fue forzada a aceptar un cambio de cargo que implicó una degradación salarial y profesional. Los fiscales encuadraron estos hechos como lesiones graves en un contexto de violencia de género.
En paralelo, la investigación sumó a otros actores del tribunal. El secretario penal Mario Olmedo fue señalado por su presunta participación necesaria en las maniobras, mientras que el secretario de superintendencia Gustavo Flores fue imputado por falso testimonio, ante inconsistencias detectadas en su declaración.
La denuncia original fue presentada por la secretaria de Cámara Celina Laje Anaya, quien se habría negado a convalidar la integración de salas que consideraba irregular. A partir de allí, según el relato fiscal, comenzó una escalada de hostigamiento atribuida a Sánchez Torres.
En los últimos meses, Sánchez Torres hizo un fuerte lobby para meterse en la lista corta de candidatos para la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Según le contó a un importante empresario con el que se reunió en un bar de Nueva Córdoba, su plan A era que los gobernadores de Provincias Unidas lo propongan.
El resultado electoral tiró por tierra la estrategia. Entonces, «el Gordo Abel» recurrió a sus contactos con importantes empresarios para que hagan fuerza por él.
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