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Programa de castración canina y felina: se suma una profesional

La Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Villa Regina informa que recientemente incorporó una nueva profesional veterinaria con el objetivo de aumentar el número de castraciones caninas y felinas que se realizan actualmente.

La profesional realizará las cirugías los días miércoles en el polideportivo Cumelen y en primera instancia se atenderá a quienes ya tienen un turno programado.

Al mismo tiempo se aclara que en ningún momento estuvo interrumpido este programa que es de gran importancia para la gestión municipal ya que, entre otros beneficios, es el método más efectivo para disminuir la sobrepoblación de perros y gatos.

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    La SIDE y los archivos del silencio: qué revela la desclasificación sobre el espionaje en la Argentina

     

    La apertura de documentos de la Secretaría de Inteligencia del Estado vuelve a exponer el funcionamiento interno de uno de los organismos más oscuros del país. Infiltración, persecución ideológica y burocracia del espionaje: claves para entender el rol de la SIDE en la historia reciente.

    Por Alcides Blanco para NLI

    El origen de un aparato pensado para vigilar

    La reciente desclasificación de archivos de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), difundida a través del portal oficial del Estado argentino, reabre una discusión de fondo sobre el papel que jugó —y en muchos sentidos aún proyecta— el sistema de inteligencia en la vida política del país. Lejos de ser un simple organismo técnico, la SIDE fue, desde su consolidación en la segunda mitad del siglo XX, una herramienta central en la construcción de poder estatal, con capacidad para observar, registrar y clasificar a amplios sectores de la sociedad.

    En sus orígenes, la inteligencia estatal se estructuró bajo la influencia de la llamada doctrina de la seguridad nacional, que redefinió el concepto de amenaza. El enemigo dejó de ser exclusivamente externo para convertirse en interno, una categoría amplia y difusa que incluía no solo a organizaciones armadas sino también a militantes políticos, sindicalistas, estudiantes, periodistas e incluso actores culturales. Este cambio no fue menor: implicó que el espionaje dejara de estar orientado a la defensa frente a potencias extranjeras para centrarse en el control de la propia población.


    La lógica del enemigo interno y la obsesión anticomunista

    Los documentos recientemente publicados confirman con crudeza una característica ya señalada por múltiples investigaciones: la obsesión anticomunista como motor del aparato de inteligencia. La SIDE construyó durante años un mapa ideológico del país en el que prácticamente cualquier actor con capacidad de incidencia podía ser catalogado como sospechoso.

    Lo que emerge de estos archivos no es solo la vigilancia sobre organizaciones específicas, sino una lógica mucho más amplia de control social sistemático, donde universidades, sindicatos, medios de comunicación y espacios culturales eran objeto de seguimiento permanente. En ese esquema, la producción de inteligencia no se limitaba a recolectar información, sino que implicaba clasificar, jerarquizar y construir perfiles ideológicos, en una dinámica que preparaba el terreno para la represión.

    La amplitud del concepto de “subversión” resulta clave para comprender la magnitud del fenómeno: no se trataba únicamente de combatir a grupos armados, sino de disciplinar a toda una sociedad a partir de la sospecha.


    La SIDE durante la dictadura: engranaje del terrorismo de Estado

    Durante la última dictadura cívico-militar iniciada en 1976, la SIDE se consolidó como un actor central dentro del aparato represivo. Su función no fue secundaria ni meramente administrativa, sino estratégica: producir la información que permitía identificar objetivos, planificar operativos y coordinar acciones entre distintas fuerzas.

    Antes del golpe del 24 de marzo de 1976, el organismo empezó a adecuarse a las tareas clandestinas que se extenderían a gran escala. El 30 de diciembre de 1975, el vicealmirante Aldo Alberto Peyronel –al frente de la SIDE– firmó la resolución secreta 835. Allí disponía que el 1 de febrero de 1976 comenzaría el encubrimiento del personal: toda autoridad debía firmar con nombre de encubrimiento y todos los agentes civiles debían ser mencionados por su nombre de encubrimiento. Quedaba excluido el personal en actividad de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad.

    Las investigaciones del Centro de Estudios Legales y Sociales han demostrado que la inteligencia estatal fue un componente estructural del terrorismo de Estado. La SIDE operaba como un nodo que concentraba datos provenientes de distintas agencias y los redistribuía en función de las necesidades represivas, en un circuito donde la información podía convertirse rápidamente en persecución, secuestro o desaparición.

    En ese contexto, la inteligencia no era un paso previo aislado, sino una parte constitutiva del sistema represivo. Sin esa producción sistemática de información, el despliegue de la maquinaria clandestina hubiera sido, en términos operativos, mucho más limitado.


    La burocracia del espionaje: cómo funcionaba el control cotidiano

    Uno de los aspectos más reveladores de los documentos desclasificados es la dimensión burocrática del espionaje. Lejos de las imágenes espectaculares asociadas al mundo de la inteligencia, lo que aparece es una trama de informes, fichas, seguimientos y registros que dan cuenta de una práctica sostenida en el tiempo.

    La SIDE funcionaba a partir de una lógica de acumulación constante de información, alimentada por redes de informantes y por la infiltración en distintos ámbitos sociales. Cada dato, por mínimo que fuera, podía integrarse en un sistema mayor de clasificación, donde las personas eran evaluadas en función de sus vínculos, ideas y actividades.

    Este carácter burocrático no le quitaba peligrosidad al sistema; por el contrario, lo hacía más eficaz. La repetición, la sistematicidad y la persistencia en el registro permitían construir perfiles detallados que luego podían ser utilizados por las fuerzas represivas. La inteligencia, en ese sentido, era tanto un archivo como una herramienta activa de persecución.


    La larga lucha por abrir los archivos

    La publicación de estos documentos es también el resultado de una disputa histórica. Desde el retorno de la democracia, los organismos de derechos humanos reclamaron insistentemente el acceso a los archivos de inteligencia, entendiendo que allí se encontraba una parte esencial de la verdad sobre lo ocurrido durante la dictadura.

    Durante décadas, ese acceso fue parcial o directamente negado. Si bien hubo avances, como la desclasificación de documentos militares o la incorporación de archivos provenientes del exterior, los archivos de la SIDE permanecieron como uno de los núcleos más cerrados del Estado.

    La apertura actual, aunque significativa, llega entonces como parte de un proceso largo y todavía incompleto. La ausencia de nombres propios en los documentos difundidos y la publicación fragmentaria plantean interrogantes sobre la profundidad real de la desclasificación y sobre cuánto material continúa sin ver la luz.


    Memoria, verdad y los límites de la desclasificación

    La importancia de estos archivos excede el interés histórico. Su apertura tiene implicancias directas en el proceso de memoria, verdad y justicia, ya que pueden aportar elementos para reconstruir el funcionamiento del aparato represivo y, eventualmente, contribuir a causas judiciales.

    Sin embargo, la desclasificación por sí sola no garantiza esos resultados. Los documentos requieren un trabajo de análisis, contextualización y cruce con otras fuentes para transformarse en evidencia útil. De lo contrario, corren el riesgo de quedar atrapados en su propio lenguaje técnico, inaccesibles para la sociedad y limitados en su impacto.

    En ese sentido, la discusión no es solo qué se publica, sino cómo se publica y para qué.


    Un pasado que sigue interpelando al presente

    A casi cincuenta años del golpe de Estado, la apertura de los archivos de la SIDE vuelve a mostrar que el pasado no está cerrado. La historia del espionaje en la Argentina no es simplemente un capítulo archivado, sino una dimensión activa en la comprensión del presente.

    La SIDE, como institución, encarna esa continuidad entre secreto, poder y política. Sus archivos, aún incompletos, permiten vislumbrar apenas una parte de su funcionamiento, pero alcanzan para confirmar algo fundamental: que el espionaje interno y la persecución ideológica no fueron desviaciones aisladas, sino prácticas estructurales del Estado.

    Lo que queda por delante es, quizás, lo más importante. Porque en esos documentos que todavía no se conocen, en esos nombres que aún no aparecen y en esas historias que siguen sin reconstruirse, se juega una parte decisiva de la memoria colectiva argentina.

     

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  • Denuncian que Furiase usó el crédito del Nación para comprarse una tercera casa en un country

     

    El escándalo de los créditos hipotecarios del Banco Nación sigue creciendo y la lupa está especialmente puesta en el que recibió el secretario de Finanzas, Federico Furiase, que lo habría utilizado para comprar una tercera propiedad pese a que la entidad establece que los préstamos son para primera y segunda vivienda.

    El periodista Alejandro Bercovich reveló en C5N que Furiase utilizó el crédito del BNA para comprarse una casa de 300 mil dólares en el country Los Pilares, en la localidad de Pilar. La vivienda, de 200 metros cubiertos, está edificada sobre un terreno de 880 metros cuadrados y tiene una amplia pileta.

    «Esta línea de crédito habilitaba no solo primeras viviendas sino también segundas viviendas. Hay gente que cree que es ético que un funcionario político se compre una casa en un country si la línea de crédito lo permite. Pero en este caso, Furiase no sólo tenía una vivienda a su nombre en Ramos Mejía, que está en su declaración jurada, sino que tenía dos casas. O sea que este préstamo fue para la tercera vivienda», denunció Bercovich.

    De ser así, Furiase no podría haber conseguido un crédito para otra casa y acaso por eso en los últimos días había trascendido que no era un préstamo hipotecario. Pero no hay ninguna línea personal del BNA por semejantes montos. El caso confirmaría la injerencia política detrás de la ola de créditos a funcionarios y diputados libertarios.

    Sospechan conflicto de intereses por el rol de Furiase en el Central cuando recibió los 300 millones del Nación

    En agosto de 2025, cuando era director del Banco Central, Furiase obtuvo

    un crédito hipotecario por unos 280 mil dólares, equivalentes a cerca de 367 millones de pesos. El BCRA es el encargado de regular la actividad de todos los bancos, incluido el Nación, por lo que una de las denuncias que hay en Comodoro Py apunta al rol de esa entidad, como contó LPO.

    La posibilidad de un conflicto de intereses además está dada porque la tramitación del crédito habría comenzado entre junio y julio de 2025, justo cuando el BCRA liberó las LEFI, una medida que desató un proceso de fuerte volatilidad financiera y un descalabro en las tasas de interés. Tras eso, el BCRA el endurecimiento monetario con una suba de encajes y las tasas hipotecarias se dispararon. 

    Además de que el sueldo de funcionario está lejos de ser suficiente para un crédito de ese monto, Furiase ya había tomado un crédito hipotecario en 2017, en el Banco Ciudad, por un equivalente a unos 106 mil dólares. Es decir que tiene espalda para pagar los dos préstamos al mismo tiempo.

    Esta línea de crédito habilitaba la compra de primeras y segundas viviendas. Furiase no sólo tenía una vivienda a su nombre en Ramos Mejía, que está en su declaración jurada, sino que tenía dos casas. O sea que este préstamo fue para la tercera vivienda

    Aunque el escándalo sigue creciendo, Javier Milei salió a defender a los tomadores de créditos con un argumento insólito: no mataron a nadie. 

    «Si un funcionario toma un crédito en el Banco Nación, la pregunta es ¿haber tomado ese crédito mató gente? O sea, ¿violenta el derecho a la vida? ¿mató gente?», preguntó el presidente en una entrevista con el albertista Antonio Aracre. «Primer punto de nuestros valores morales que definen la moral como política de Estado, no está vulnerado», argumentó Milei. 

    «Vamos al segundo punto: la libertad. ¿Alguien perdió la libertad por eso? Es decir, vos te podés seguir expresando, podés seguir caminando por tu calle, podés seguir haciendo negocios», continuó Milei, que agregó que tampoco se afectó «la propiedad» porque los créditos fueron con tasas a precios del mercado.

     

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