La Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Villa Regina informa que recientemente incorporó una nueva profesional veterinaria con el objetivo de aumentar el número de castraciones caninas y felinas que se realizan actualmente.
La profesional realizará las cirugías los días miércoles en el polideportivo Cumelen y en primera instancia se atenderá a quienes ya tienen un turno programado.
Al mismo tiempo se aclara que en ningún momento estuvo interrumpido este programa que es de gran importancia para la gestión municipal ya que, entre otros beneficios, es el método más efectivo para disminuir la sobrepoblación de perros y gatos.
El Gobierno descartó prorrogar el programa RenovAr, la principal política de promoción de energías renovables lanzada durante el macrismo, que encerró negociados como los parques eólicos en los que estuvo involucrado directamente el ex presidente y cargó al Estado la obligación de pagar tarifas delirantes y en dólares.
El giro libertario además de ahorrar recursos públicos apunta a que el mercado eléctrico funcione con menos Estado y más contratos privados. Pero en el sector reina una mezcla de entusiasmo y desconfianza. Nadie quiere quedarse afuera, pero tampoco todos están dispuestos a apostar fuerte.
La decisión implica cerrar el capítulo del programa de licitaciones públicas creado en 2016 por el entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren durante el gobierno de Mauricio Macri. RenovAr fue la herramienta con la que el macrismo buscó acelerar el desarrollo de parques eólicos y solares.
El Estado, a través de Cammesa, compraba la energía generada mediante contratos a largo plazo surgidos de licitaciones públicas. «El RenovAr se vendió como la gran puerta de entrada de las renovables modernas en Argentina. Y en parte lo fue: aceleró proyectos, trajo algunos players globales y ordenó un pipeline», explicó a LPO un constructor de parques fotovoltaicos. Pero enseguida agregó la otra cara del modelo: «El corazón financiero del programa quedó armado como un traje a medida de los financistas, no del sistema eléctrico argentino».
La estructura contractual explica buena parte de las críticas. Muchos proyectos se firmaron bajo esquemas de PPA en dólares, diseñados para reducir el llamado «riesgo argentino». Los contratos incluían cláusulas de default y cross-default que conectaban obligaciones financieras entre distintos instrumentos.
El corazón financiero del programa quedó armado como un traje a medida de los financistas, no del sistema eléctrico argentino.
En la práctica, un incumplimiento podía disparar consecuencias en cadena: aceleración de vencimientos, penalidades o cambios en el costo del financiamiento. Ese andamiaje convirtió al programa en una red contractual compleja. Cuando la macroeconomía se tensiona, el problema no queda encapsulado en un proyecto. Se expande.
Para sostener esa arquitectura financiera, RenovAr montó un sistema de garantías y seguros de cobro. El objetivo era desacoplar al inversor de la volatilidad argentina. El resultado fue distinto. El riesgo no desapareció: se trasladó. El inversor cobraba con protección contractual mientras el sistema eléctrico absorbía la prima. En términos económicos, la energía podía parecer barata en la licitación, pero el costo real incluía cobertura contra devaluación, contra iliquidez y contra inestabilidad política. El impacto se vio en el costo final del sistema.
Aunque algunas rondas exhibieron precios competitivos en los papeles, la combinación de dolarización, garantías internacionales y financiamiento externo terminó encareciendo el esquema. A eso se sumó un rasgo técnico clave: las renovables tienen prioridad de despacho en la red eléctrica.
El Gobierno ahora mira hacia otro modelo. La idea se acerca al esquema del MATER, el Mercado a Término de Energías Renovables, creado en 2017 como complemento de RenovAr.
En este sistema, el Estado deja de ser el comprador principal. Los generadores venden directamente a empresas privadas con alto consumo de electricidad. El mecanismo funciona mediante contratos bilaterales. Un parque eólico o solar firma un acuerdo de largo plazo con una compañía industrial.
El precio se negocia entre las partes y la electricidad se transporta por la red nacional administrada por CAMMESA. Los compradores suelen ser grandes consumidores: siderúrgicas, petroleras, mineras, cadenas industriales o empresas tecnológicas.
Solo pueden participar grandes usuarios del mercado eléctrico mayorista. En la jerga del sector se los conoce como GUMA y GUME. Los primeros consumen más de 1 megavatio de potencia. Los segundos entre 300 kilovatios y 2 megavatios.
El programa le exige a estas empresas cumplir con una cuota mínima de energía renovable fijada por la Ley 27.191, que estableció como objetivo que el 20% del consumo eléctrico provenga de fuentes renovables. La diferencia central entre ambos esquemas es quién compra la energía. En RenovAr el comprador era el Estado, con contratos garantizados. En el MATER, el comprador es una empresa privada y el precio se negocia libremente.
En teoría, el sistema reduce el peso fiscal y deja que el mercado defina las inversiones. Pero el modelo también tiene límites. El principal es físico. La red eléctrica argentina tiene capacidad de transporte limitada en varias regiones. Los proyectos compiten por espacio en las líneas de transmisión. Sin nuevas obras de infraestructura pública, el crecimiento del mercado queda restringido.
Además, el desarrollo renovable convive con desafíos técnicos. La generación eólica y solar es intermitente. Requiere respaldo térmico, flexibilidad operativa y planificación de la red. Si esos costos no se integran al diseño del sistema, el precio del parque puede ser competitivo pero el costo total del sistema aumenta.
En ese contexto, el clima en la industria es ambiguo. Celebran la desregulación, pero no terminan de confiar. Predomina el clásico wait and see. «Nos frenamos en 2019 y de ahí venimos en picada. Baja el costo, pero también baja la demanda. El negocio pierde rentabilidad», dijo a LPO un generador fotovoltaico que ahora apunta sus proyectos a Perú. «Este año van a licitar 70.000 megavatios. Y allá ni te enterás de lo que pasa en la política».
Un representante de la filial argentina de Fortescue, que desarrolla el Parque Eólico Cerro Policía de 300 MW, fue directo: «La demanda industrial está por el subsuelo. No tengo off takers». Según explicó, el potencial de consumo podría venir de la minería, pero ese escenario recién se vería dentro de varios años. «Y anda a saber en qué condiciones mundiales estamos en cinco años», agregó. El comentario circuló entre empresarios durante
la edición argentina del Future Energy Summit, realizada este miércoles en el Hotel Emperador
.
LPO habló también con un importador de paneles solares chinos, con una visión más optimista. «A mí me está yendo muy bien. La liberalización de las importaciones generó mucho movimiento», dijo. Pero incluso él marcó un dato que dejó pensando a varios. «Casi no hay presencia de empresas extranjeras. Ni en este foro ni invirtiendo en el país. Quizás haga falta un segundo mandato para que arranquen», deslizó.
Lo concreto es que la industria renovable advierte que, con el vencimiento del programa RenovAr, se viene un golpe fuerte para el sector. De alguna manera, lo reconoció el propio secretario de Energía, Damián Sanfilippo, al inaugurar el foro «El sector fotovoltaico es el que más crecimiento tuvo. Estamos trabajando para darle estabilidad fiscal al sector. No va a hacer prórroga de la 27191 pero sí tratar de alguna manera darle la estabilidad fiscal».
En el panel siguiente, las empresas pidieron que el RenovAr se prorrogue. PCR, Total e YPF Luz.
El peronismo tucumano sigue atravesado por la disputa por el manejo de la Caja Popular de Ahorros (CPA), una fenomenal fuente de recursos que semanas atrás el gobernador Osvaldo Jaldo le quitó al diputado Carlos Cisneros. Ahora, el también dirigente de La Bancaria apuesta a convertir a la CPA en un banco, aunque ya no tiene el manejo de la entidad.
Cisneros anunció que «el Banco Central está a días o semanas de firmar una autorización para que el Banco Caja Popular pueda funcionar con absoluta normalidad». El diputado dijo que el proyecto fue impulsado por la desplazada gestión que le respondía políticamente, pero que lo hicieron por instrucción de Jaldo.
Cisneros está peleado con Jaldo por lo que el anticipo del supuesto anuncio causó sorpresa en Tucumán. Fuentes del gobierno tucumano dijeron a LPO que no saben nada del tema y que es un asunto que corresponde a la Caja. Pero el tema es que la Caja está manejada por interventores designados por el propio Jaldo.
La Caja es una mega estructura que maneja los fondos del juego provincial y tiene entre sus finalidades la entrega créditos a empleados públicos, construcción de viviendas sociales, financiar la salud y el deporte. Pero en la realidad está lejos de eso. «No recuerdo que la Caja haya entregado una sola vivienda», dijo a LPO un dirigente tucumano. Lo mismo sucede con los créditos, abundan las quejas de trabajadores que no pudieron conseguir una ayuda.
La Caja está fundida, es imposible que el Banco Central apruebe convertirla en banco. Son años de desprolijidades, ni siquiera se sabe cuántos empleados tiene ni quiénes son. Imaginate si Milei le va a aprobar un banco a ellos.
En efecto, la Caja fue creada en 1915 para favorecer el crédito a los trabajadores e impulsar la construcción de viviendas sociales. Años más tarde fue la primera entidad del país en legalizar la quiniela. Es así un híbrido casi único en la Argentina que no es banco, pero supuestamente toma ahorros y da créditos y administra el juego.
En los hechos es una fenomenal caja política que desde los noventa maneja el
sindicato La Bancaria, que en Tucumán lidera Cisneros. El diputado nacional suele ser un aliado ineludible de los gobernadores peronistas, hasta que alguna disputa de poder los hace chocar. Una pelea similar a la que mantiene con Jaldo tuvo una década atrás con José Alperovich, que también le intervino la Caja. Con Juan Manzur logró convivir en paz.
Mientras en el gobierno tucumano hay cautela, en otros sectores del peronismo creen que el anuncio de su próxima conversión a banco es «humo».
«La Caja está fundida, es imposible que el Banco Central apruebe convertirla en banco. Son años de desprolijidades, ni siquiera se sabe cuántos empleados tiene ni quiénes son. Imaginate si Milei le va a aprobar un banco a ellos», agregó la fuente.
Tras la intervención de la Caja y el inicio de auditorías del Tribunal de Cuentas de la provincia, empezaron a aparecer denuncias sobre los supuestos desmanejos. Días atrás, el TdC denunció que la Caja incumplió durante más de veinte años el aporte obligatorio del 1% para financiar el Fondo Provincial del Deporte. Algo similar habría pasado con el Sistema Provincial de Salud, al que habría aportado una ínfima parte de lo que correspondía por ley.
No recuerdo que la Caja haya entregado una sola vivienda.
También en estos días trascendió que el Banco Central le impuso tiempo atrás una multa de 108 millones de pesos a la Caja por haber operado al margen de la normativa nacional de manejo de fondos. Concretamente, la Caja no separó contablemente sus recursos propios de los depósitos captados del público, lo que impidió determinar con certeza el origen de los fondos destinados a préstamos.
Sin embargo, en la oposición denuncian que Jaldo no va a fondo con el tema: «Le sacó el manejo a Cisneros, pero no profundizó en el desastre, no están haciendo nada», dijo a LPO un dirigente importante de la oposición tucumana.
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Cada yo es un universo particular por donde transcurren historias, sensaciones, pensamientos, modos de afrontar a la realidad, intereses, gustos y disgustos, traumas, ocupaciones y preocupaciones, geografías, alimentos y excrementos, roles, miedos y orgullos, logros y fracasos, escuelas y calles, sillas y medios de transporte, lógicas instaladas y absurdos del aquí y ahora, redes sociales…
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