Toto Caputo le detonó a Giudici una negociación con los aliados por la emergencia en discapacidad
Luis «Toto» Caputo les estropeó a Gabriel Bornoroni, Silvana Giudici y Laura Rodríguez Machado la negociación que habían iniciado con los bloques dialoguistas en el Salón de Honor la semana pasada, antes de la sesión en la que se terminó emplazando a las comisiones para dictaminar la prórroga de la emergencia en discapacidad.
El plan de la bancada libertaria había sido ofrecerles a los aliados del PRO, la UCR y los misioneros y los salteños de Argentina Federal un proyecto por fuera del presupuesto que garantizara la actualización de las prestaciones para las personas con discapacidad, para desactivar la iniciativa de los opositores del peronismo, la izquierda, un sector del radicalismo y los integrantes de Provincias Unidas.
Sin embargo, el gobierno envió este martes al Congreso un proyecto de Presupuesto que ajusta sin piedad sobre derechos de los discapacitados. Desde la bancada del PRO dijeron a LPO que «hay bronca porque prometieron un proyecto y no tenían nada pero, además, preparaban un recorte».
Una diputada de LLA respondió que «el presupuesto se hizo mucho antes que la negociación en curso», aunque no supo qué responder ante la furia de los dialoguistas acerca de que ni siquiera les avisaron que Caputo preparaba un guadañazo. Como mínimo, hubo falta de coordinación entre el Poder Ejecutivo y la tropa libertaria que lidera Bornoroni junto a Martín Menem.
Según el diputado Juan Marino, «busca desmantelar la emergencia en discapacidad». «Se elimina por ley el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía legal y directa de acceso a la pensión» y se barre con «la compatibilidad con el empleo registrado o monotributo hasta dos salarios mínimos», explicó, y agregó: «a los aliados les venían prometiendo la propuesta superadora de Giudici, y se desayunaron hoy con la eutanasia social de Toto Caputo y Javier Milei en el Presupuesto».
Además, advirtió que el proyecto de Caputo y Javier Milei «elimina el arancel único: cada obra social, prepaga o provincia fijará valores diferenciados, desatando una presión a la baja y fragmentando la atención médica y terapéutica».
Por otro lado, Marino considera que la maniobra es «ilegal e inconstitucional». «Meter modificaciones permanentes de leyes de fondo en una ley de presupuesto viola el artículo 20 de la Ley de Administración Financiera (Ley 24.156). A su vez, viola el principio de progresividad y no regresividad en Derechos Humanos (arts. 75 inc. 22 y 23 de la CN)», indicó.
El legislador Maximiliano Ferraro planteó que el gobierno exime de «que los aranceles sean iguales para todas las obras sociales, prepagas y el Estado», «que esos aranceles se actualicen automáticamente mediante el índice de movilidad jubilatoria» y que se elimina el criterio de arancel único para todo el sistema y reemplazan una regla objetiva por un esquema fragmentado, discrecional e incierto para prestadores y personas con discapacidad».
En el plenario de comisiones de Presupuesto y Discapacidad se podía ver la incomodidad de Giudici y Rodríguez Machado, las dos voceras del oficialismo en la reunión con los presidentes de bloques amigables que se realizó la semana pasada. «Estaban re calientes», deslizó ante LPO un legislador de Provincias Unidas.
