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PONIENDO ESTABA EL GANSO

Esta semana se aprobó por unanimidad la ordenanza que exige la implementación dentro del ámbito municipal de Villa Regina, de la presentación del “certificado de libre de deuda alimentaria” para la realización de distintos trámites y actos administrativos municipales.

Será obligatoria la consulta previa al Registro de Deudores Alimentarios (REDAM) dependiente del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Río Negro, Secretaría de Gobierno en coordinación con el Consejo Provincial de la Mujer. La ordenanza tiene una autoría compartida entre Iara Zapata y Maria Cecilia Guajardo, y fue la concejala Gabriela Figueroa del bloque del FdT quien gestionó el ingreso para el posible tratamiento en la comisión respectiva y en la sesión.

Para entender de qué hablamos debemos saber que al Registro de Deudores Alimentarios se incorporan, todos aquellos que adeuden total o parcialmente tres cuotas alimentarias consecutivas o cinco alternadas, ya sean alimentos provisorios o definitivos, fijados u homologados por sentencia firme. Dicho registro constituye una herramienta de protección para aquellos que pese a tener reconocido judicialmente su derecho alimentario, se ven imposibilitados de recibirlo.

El interés superior está puesto en los niños, niñas y adolescentes con la finalidad de prevenir y sancionar la falta de cumplimiento de la obligación alimentaria y obligar al deudor a regularizar su situación morosa. La violación al derecho de alimentos cercena la calidad de vida de los beneficiarios marginándolos al desamparo. La obligación alimentaria como aspecto de la responsabilidad parental consagrada en el Código Civil y Comercial, no solamente pesa sobre el progenitor conviviente con el hijo sino también sobre el progenitor no conviviente.

El formulario REDAM, se realiza de manera online en la página oficial del Registro Civil del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Rio Negro, y se retira en la oficina que se indique y abonando el sellado correspondiente, y es solicitado a su presentación con el objeto de acreditar que los interesados se hallan o no excluidos de los registros. Aquel considerado en estado moroso podrá darse baja del Registro por resolución judicial posterior al pago de la deuda existente.

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EL OBJETIVO DE LA NORMA ES PREVENTORIO Y REPARATORIO

En diálogo con Cecilia Guajardo, una de las autoras del proyecto nos explicaba que «en el país son varias las ciudades que ya aprobaron o que tienen en miras el tratamiento de un proyecto de estas características, como por ejemplo Concordia, Colón, Saladillo, Mar del Plata, Pinamar, e incluso acá mismo en Río Negro, Viedma y Allen. En éste último caso además se creó el Registro Municipal de Deudores, que esperamos en un futuro avanzar hacia esa concreción».

Respecto al objetivo de la Ord. Guajardo aclara que «la ordenanza claramente tiene un objetivo tuitivo, es decir, de prevención y reparación. No se pretende que se constituya en un impedimento burocrático, sino que el Estado Municipal tome medidas de acción positiva en consonancia con las que ya ha adoptado la provincia; que compulsen al deudor alimentario a cumplir, más allá de la existencia de una sentencia judicial al respecto».

Teniendo en cuenta su participación como ciudadanxs activos en el desarrollo y creación de la ordenanza nos cuenta que fueron interiorizándose en cada una de las ordenanzas o proyectos de diversas ciudades, para conocer en profundidad la fundamentación y a su vez, para analizar cómo se va dando la implementación y el funcionamiento en la realidad, «lo principal a tener en cuenta al crear un proyecto de ordenanza es que, ante una eventual sanción y promulgación, pueda realmente llevarse a cabo, ser fácilmente adaptable a la cotidianeidad y que no se convierte en algo engorroso».

Para finalizar expresó que dicha norma «pretende la asunción por parte del Municipio de responsabilidades que son internacionalmente reconocidas y que le exigen la adopción de disposiciones de este tipo tendientes a la protección del interés superior de las niñeces y adolescencias, con perspectiva de género, ya que la violación del derecho de alimentos es una de las manifestaciones más comunes de violencia económica y patrimonial sobre la mujer y la familia«.

Para remarcar es que el proyecto además de ser de autoría compartida (Iara Zapata y Cecilia Guajardo), fue realizado por conciudadanas y esto es un gran ejemplo de ciudadanía activa y de reconocimieto de herramientas que están a nuestro alcance para ser protagonistas en la construcción de una sociedad más justa y, porque no, empática.

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El Art. 5 define cuales son los trámites y actos administrativos que no va a poder llevar adelante el deudor

a) Obtención y/o renovación de licencia de conducir.
b) Obtención de permisos de todo tipo.
c) Obtención de concesiones para la explotación comercial o la prestación de servicios.
d) Obtención de habilitaciones comerciales y/o industriales.
e) Cambio de titularidad en la habilitación de una explotación comercial y/o industrial.
f) Inscripción como proveedores municipales.
g) Inscripción para acceder al otorgamiento o adjudicación de terrenos o viviendas sociales.
h) Designación de agentes y funcionarios municipales.

A su vez la Ord. invita a los partidos políticos con representación en Villa Regina, a que requieran la certificación de libre de deuda alimentaria respecto de todos y todas las y los postulantes a cargos electivos de la ciudad como requisito para la habilitación de las candidaturas.

En algunos incisos hay consideraciones como por ejemplo para el supuesto del inciso A se exceptúan a quienes la soliciten con fines laborales y en este caso se le otorgará por única vez la licencia provisoria que caducará a los cuarenta y cinco (45) días de su otorgamiento, pasados los cuales y sin haber regularizado la situación, el solicitante no podrá acceder a la licencia definitiva.

En los casos previstos por los incisos b, c y d del artículo 5 la Autoridad requerida podrá conceder un permiso precario o licencia provisoria no renovable y por única vez que caducará a los 60 días desde su otorgamiento, plazo dentro del cual la persona deberá acreditar la regularización o libre deuda con el correspondiente certificado. Caso contrario, cumplido el plazo la habilitación, licencia, permiso y/o concesión provisoria caduca, procediéndose a la baja y suspensión de la actividad.

Quienes pretendan constituirse en proveedores municipales, deberán como condición para su inscripción, adjuntar a los demás requisitos una certificación de libre de deuda alimentaria. Para el supuesto de encontrarse inscriptos en el Registro de Deudores Alimentarios, se lo inscribirá como proveedor de manera provisoria por un plazo de 60 días a fin de que el interesado regularice su situación, no obstante, lo cual no percibirá pago alguno hasta la obtención del certificado correspondiente.

Cuando la explotación comercial y/o industrial con habilitación cambie de titularidad, el certificado de libre de deuda alimentaria será requerido tanto al enajenante como al adquirente, sean éstos personas humanas o jurídicas. De existir deuda, la transferencia no quedará finiquitada, hasta tanto se regularice la situación, teniendo para ello un plazo no mayor a 60 días.

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    Cuando le sonó el celular, Soledad acababa de retirar a su hijo de la escuela, en Rosario. Siempre se alternaban con su compañero Carlos, nunca iban los dos a buscarlo. Pero ese día por suerte fueron juntos porque también tenían que retirar a una amiguita de Emiliano. Como en cualquier salida de colegio, la calle era un despelote de autos, bocinas, gritos de pibes y pibas. Cruzaron. Ya en la vereda, Soledad miró el teléfono: el que llamaba era su abogado, Ramiro Fresneda. Atendió, no hubo respuesta. Se habrá confundido, pensó. Era el mediodía del martes 10 de marzo de 2026. Yo sabía que ese día él tenía la audiencia con el juez. Pero, te juro, en ningún momento pensé en eso. Ni un ojalá, ni nada. El teléfono volvió a sonar. Fresneda, otra vez.

    —¿Podés hablar?     

    —Sí.

    —Sole, encontraron los restos de tu viejo— le dijo en un perfecto cordobés. 

    Soledad apoyó la espalda en una pared justo detrás suyo y se largó a llorar. Lo miró a Carlos, todavía con el teléfono en la mano. Él me hizo la cara de entiendo todo, sé lo que te están diciendo. 

    —¿Qué pasó, mamá? —preguntó su hijo. 

    —Encontraron al abuelo.

    A Emiliano se le iluminó la cara y dijo: 

    —¡Sus huesitos!

    Mario Nívoli fue el primero de los doce cuerpos identificados la semana pasada en el excentro clandestino La Perla, de Córdoba. 

    ***

    Fernando no sabía muy bien con qué se iba a encontrar. O, mejor dicho, con cuánto se iba a encontrar. La noche anterior había subido a un micro en Retiro para recorrer los 1250 kilómetros que lo separaban de los restos de su padre. Unas 18 horas después llegó a San Miguel de Tucumán. Fue directo a la dirección que le habían pasado. Una especie de depósito o galpón de color amarillo. Lo recibió Selva, del Equipo Argentino de Antropología Forense. Cruzaron un patio y llegaron a un anexo. Sobre una mesa, un esqueleto. Fue muy shockeante ver que mi viejo estaba entero.

    La primera reacción de Fernando fue buscar alguna señal. Una marca, algo que pudiera reconocer. Cuando de chico le contaban de su papá sentía que le estaban hablando de alguien muy lejano. Él no tenía una tumba donde llevarle una flor, sentarse a llorar y decir acá está. Ahora, casi pegado a esos huesos, rodeado de cajas con otros restos que esperan, Fernando lo ve, lo toca, lo siente.

    —¿Te dejo solo? — pregunta Selva.

    —No, por favor. Solo, no. Quiero saber.

    Y ahí Selva le empieza a contar: este orificio es un disparo, en este otro se ve que la bala rozó pero no entró, este hueso está así y este otro asá. 

    Mientras se enteraba de cómo y dónde mataron a su padre, con cuántas balas, acompañado de quiénes, Fernando lo supo: Este es mi viejo.   

    Raúl Ernesto Araldi fue identificado en 2010. Fue encontrado en el Cementerio Norte de Tucumán.

    ***

    Mucho antes de que Soledad Nívoli recibiera la noticia del hallazgo de los restos de su padre —49 años después de desaparecido— y de que Fernando Araldi Oesterheld pudiera tocar los huesos del suyo —35 años después—, hubo una investigación preliminar, una exhumación, un análisis de laboratorio y un análisis genético. Detrás de todas esas etapas está el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que desde 1984 trabaja en la búsqueda, identificación y restitución de personas desaparecidas. Es un proceso largo. En muchos casos, como los de Nívoli y Araldi, puede llevar muchos años.

    Virginia Urquizu es coordinadora de la Unidad de Casos, el área que se encarga del vínculo con las familias. Es decir: son quienes están en contacto permanente con el pariente, desde que lo llaman para explicarle el proceso hasta la restitución de los restos. En medio de todo eso, los de Casos hacen la llamada tan esperada, la que confirma la identificación.

    Desde 1984, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) trabaja en la búsqueda, identificación y restitución de personas desaparecidas.

    “Los familiares tienen la noticia de primera mano —dice Urquizu— Intentamos por todos los medios que esa noticia no sea de manera telefónica.” Lo que les dicen es que hay avances y los convocan a una reunión presencial, que puede ser en las oficinas del EAFF o en la casa del familiar. 

    El teléfono de Manuel Miguel sonó a fines de abril de 2011, a 33 años de la desaparición de su mamá, Lilia Mabel Venegas Ballarini. Le dijeron que iban a viajar a Mar del Plata y que querían charlar con él y su hermano para conocerlos. El encuentro fue el 2 de mayo, en la casa de Manuel. Nos reunimos con mi hermano y nuestras familias. Estuvimos charlando un rato largo de cómo es el trabajo de ellos… sin tener idea de lo que estaba pasando realmente. Y bueno, después de varios mates y cafés, nos dicen que habían encontrado los restos de mi vieja, y nos trajeron un expediente enorme. 

    El caso de Fernando Araldi Oesterheld fue distinto. Cuando recibió la llamada, lo supo. Me dijeron si podía pasar con mi primo por el EAAF, y yo les dije: Lo encontraron.  

    “Hay familiares a los que le anunciás que tenés novedades y te responden ok, cuándo nos vemos. Hay otros que te hacen preguntas e intentan sacarte información. Y hay otros que se dan cuenta enseguida”, dice Urquizu. Por eso ese vínculo es tan particular y cercano. “Al llamar, tampoco sabés con qué te vas a encontrar, en qué situación y en qué momento está la persona”, agrega.

    Manuel Miguel tenía seis meses y su hermano un año y medio cuando la triple A secuestró a su padre, Carlos Miguel. Fue en octubre de 1974, aún no había comenzado la dictadura militar. Lo interceptaron en La Plata, iba en un auto hacia Buenos Aires junto a su compañero Rodolfo Francisco “El turco” Achem. Ese mismo día sus cuerpos aparecieron acribillados en Sarandí, Avellaneda. 

    Cuatro años después, el 4 de mayo de 1978, secuestraron a Lilia Mabel en Mar del Plata. Y de ella no se supo nada más, hasta que el EAAF logró identificar sus restos.   

    Manuel y su hermano se criaron con sus abuelos maternos. No recuerda en qué momento le contaron que su mamá era una desaparecida. Lo supo siempre. Pero hasta el día que le dijeron apareció, sentía que no tenía un cierre de la historia. Había logrado reconstruir algo de su vida a través de lo que le contaban sus abuelos, otros familiares y sobrevivientes. Sabíamos que había sido desaparecida, pero nunca más supimos nada sobre qué había pasado con ella. Entonces haberla encontrado fue como encontrar la pieza del rompecabezas que nos faltaba. Y a mí ese día fue como que se me abrió la cabeza por completo. 

    Manuel es docente de Ciencias Naturales y preceptor en escuelas secundarias. En 2012, un año después de haberse encontrado con los restos de su mamá, sus alumnos le propusieron contar la historia en un trabajo de investigación que presentaron en Jóvenes y Memoria, un programa de la Provincia de Buenos Aires. A partir de ahí, cada año, para el aniversario del Golpe, recorren escuelas dando charlas. Todo lo que no había podido decir antes, lo pude expresar a partir de ese día. Es como una terapia para mí poder compartir lo que significó haber encontrado los restos. 

    Manuel no recuerda en qué momento le contaron que su mamá era una desaparecida. Lo supo siempre.

    “Para cualquier sujeto el problema de la muerte está anudado directamente al problema de la inscripción simbólica de esa muerte”, dice la psicoanalista Fabiana Rousseaux. Frente a la muerte los seres humanos necesitamos hacer una ritualización, un proceso simbólico en torno a ese acontecimiento. Pero para eso, se necesita la certificación. La certeza. “Cuando estamos ante una desaparición, el proceso es inverso, porque vos tenés que construir psíquicamente esa pérdida sin ninguna certificación que venga de la realidad”, explica Rousseau quien, además, coordinó el Plan Nacional de Acompañamiento a Testigos y Víctimas del Terrorismo de Estado y fundó el Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos Dr. Fernando Ulloa.

    Lo dijo el genocida Rafael Videla en esa famosa conferencia de prensa de 1979: los desaparecidos “son una incógnita, no tienen entidad, no están ni vivos ni muertos».

    “Es muy tortuoso para los familiares, porque ¿cuándo es el momento donde uno dice bueno, no lo espero más, o dice bueno, se murió?”, explica Rousseaux.

    Fernando tenía 1 año al momento en que los militares secuestraron a su madre, Diana Irene Oesterheld, el 7 de agosto de 1976. A él lo dejaron en la Casa Cuna de Tucumán, de donde luego lo rescataron sus abuelos paternos. Diana es una de las cuatro hijas desaparecidas de Héctor Oesterheld, también desaparecido. 

    Lo dijo el genocida Rafael Videla en esa famosa conferencia de prensa de 1979: los desaparecidos “son una incógnita, no tienen entidad, no están ni vivos ni muertos».

    El papá de Fernando, Raúl Araldi, cayó un año después, también en Tucumán. Fernando es hijo, nieto y sobrino de desaparecidos. 

    Cuando la secuestraron, la mamá estaba embarazada de seis meses, por lo que busca a un hermano. También  a un primo.    

    Hasta los 9 años, Fernando pensaba que sus papás habían muerto en un accidente. Pero un día encontró, en una revista Humor, una entrevista que le habían hecho a su abuela materna, Elsa Sánchez de Oesterheld, reconocida abuela de Plaza de Mayo. Ahí ella contaba que toda su familia estaba desaparecida. Un tiempo después, en unas vacaciones en Villa Gesell con ella, Fernando se lo preguntó. Y ella le contó toda la historia.

    Mis abuelos paternos me parece que no asimilaron ni reconocieron nunca la muerte de su hijo. Pero supongo que era también un mecanismo de defensa, propio de un padre que inclusive hasta le han dicho que el desaparecido es una figura, no se sabe, no está ni muerto ni vivo, es un desaparecido. Ellos siempre pensaban que mi viejo podía estar en otro lado y que no quería volver.

    Ambos murieron unos años antes de que el EAAF identificara los restos de Raúl. De sus nueve desaparecidos, Fernando sólo recuperó los restos de uno, su papá.

    Soledad estaba dormida en brazos de su mamá Graciela cuando el 14 de febrero de 1977 un grupo de militares entró a la casa de Córdoba y se llevó a su papá, Mario Nívoli. A Graciela la sentaron en la cama con la bebé a upa y le dijeron:

    —Usted críe a sus hijos.

    Para Graciela, eso fue la sentencia de muerte de su compañero Mario.

    Cuando volvió la democracia, Soledad tenía 6 años. Su mamá los juntó a ella y a su hermano en una pieza y les contó la historia. Les dijo que a su papá se lo habían llevado, que estaba muerto pero no sabían dónde estaban sus restos. 

    Mi mamá tomó una decisión que no sé si fue sabia o no, pero fue su decisión, que fue la de comunicarnos siempre que mi papá estaba muerto. Y luego, cuando ella entendió que era el momento en que nosotros podíamos recibir la palabra desaparecidos, sí nos habló de eso. 

    Soledad cree que les transmitió la certeza de la muerte para que pudieran vivir en paz. Por supuesto que uno puede transmitir discursivamente esto y expresarlo racionalmente. Pero cada vez que sonaba un timbre en la madrugada, ella se sobresaltaba. Yo sé que ella lo esperó, yo sé que lo esperaba. 

    Su mamá los juntó a ella y a su hermano en una pieza y les contó la historia. Les dijo que a su papá se lo habían llevado, que estaba muerto pero no sabían dónde estaban sus restos.

    Para Rousseaux, “con la desaparición se produjo una cuestión interesante que es la presencia permanente. No es que se produjo la desaparición. Esos padres, esas madres o esos hijos, esas hijas se constituyeron en una presencia permanente”.

    ¿Pero qué pasa cuando lo incorpóreo, lo que para muchos sólo estuvo en fotos o en las historias de los otros, se materializa? ¿Qué ven los familiares en ese esqueleto o en esos huesos amontonados en una urna?

    Urquizu dice: “Es el momento de encuentro después de casi 50 años con la materialidad, sabiendo que esos restos pertenecen a su familiar”. 

    Es una mamá que se acuesta al lado del esqueleto de su hijo. Otra que agarra el cráneo y lo tiene un rato a upa. Es un nieto que saca la guitarra y le canta una canción a su abuelo. Es Fernando buscando señales, marcas, pero sabiendo que ese es su viejo. Es Manuel llorando ante lo poco que quedó de su mamá porque a ella la mataron con un explosivo. 

    Es también una hija que no quiso saber nada con los restos de su papá. Pero el día de la inhumación, un instante antes de enterrarlo, necesitó verlos. Entonces alguien del EAAF abrió la urna con un destornillador, ese que siempre llevan en la mochila por si acaso.  

    Para Soledad era casi imposible que en las excavaciones de La Perla encontraran a su papá, porque, según su propio razonamiento, la fecha del secuestro no coincidía con los entierros que se hicieron allí. Por eso la llamada de su abogado la tomó por sorpresa. Pero la razón y lo discursivo muchas veces no coinciden con lo corporal: hace un mes que Soledad está ordenando su casa como nunca antes. Haciendo lugar, dice ella. ¿Haciendo lugar para qué? ¿O para quién?

    El lunes 16, Soledad viajó a Córdoba con su compañero, su hijo y su tía, la hermana de su papá, a la audiencia oficial de notificación. Para encontrarse con los restos, todavía falta. Según los testimonios de la investigación preliminar, en ese lugar había fosas comunes que fueron removidas y los cuerpos, trasladados a otro lugar. Por eso lo que se encontró en las excavaciones fueron restos dispersos y desarticulados en sedimento de relleno. Queda a la espera ver qué cajita, qué algo, qué sobrecito nos entregarán de él, más allá de tener la certeza de que está, de que estuvo ahí. 

    Hace un mes que Soledad está ordenando su casa como nunca antes. Haciendo lugar, dice ella. ¿Haciendo lugar para qué? ¿O para quién?

    El camino de la Justicia es paralelo al del EAAF. Cuando a los familiares se les comunica la identificación y tienen la posibilidad de ver los restos, no se los pueden llevar en el momento. “La Justicia nos permite a nosotros este primer acercamiento, por ser quienes mantuvimos toda la comunicación con el familiar”, detalla Urquizu. El EAAF los pone en contacto con la dependencia judicial correspondiente, donde los familiares tienen que notificarse oficialmente. Es un trámite presencial que no tiene una duración estipulada. Y que muchas veces queda parado, porque los familiares no avanzan. No todos tienen los mismos tiempos.

    En el mientras tanto, pueden visitar los restos todas las veces que quieran. Como los huesos de su papá estaban en Tucumán, Fernando pidió que los envíen a Buenos Aires, donde él vive. Antes de poder llevárselos, lo fue a ver algunas veces más. Siempre ves un esqueleto y vos mentalmente le pones la carne a ese esqueleto y le pones el rostro, le pones todo. Me hubiera encantado ponerle una voz, pero no pude.

    Una vez que sale la notificación oficial, la que certifica el vínculo entre el familiar y el cuerpo, el EAAF le restituye los restos a la familia. Se los entrega en una urna. Las personas pueden elegir entre inhumarlos o cremarlos. En cualquier caso, no pueden llevárselos a sus casas. La mayoría de las veces, se entierran los huesos o se esparcen las cenizas en espacios específicos que tienen algunos cementerios para homenajear a los desaparecidos, como el de la Chacarita, el de Avellaneda o el de Lanús. O en parques, como el Bosque de la Memoria en Tucumán. También pueden enterrarse en nichos privados familiares. Muchas cenizas fueron esparcidas en parroquias, iglesias y también en el Río de la Plata.  

    “En la mayoría de las restituciones y de las inhumaciones que hemos tenido, tanto en cementerios como acompañando a familiares al Parque de la Memoria para esparcir las cenizas, todo el ritual se vive de una manera celebratoria”, dice Urquizu. La alegría es poder tener respuestas, certezas. Durante las ceremonias se leen poemas, se canta, se toca algún instrumento, se llevan fotos. Y en muchos casos funcionan también como reencuentro familiar o se suman compañeros de militancia, sobrevivientes, amigos de la infancia. Como esa despedida final, ese entierro simbólico en el cementerio de Flores que describe Sebastián Hacher en Cómo enterrar a un padre desaparecido (2012). 

    El porcentaje de desaparecidos identificados es muy bajo en relación a la cantidad de denuncias registradas. El EAAF logró recuperar 1652 restos o cuerpos, de los cuales más de 800 aún no pudieron ser identificados, porque ninguna muestra coincide con su perfil genético. Por eso es tan importante que quienes sospechan que pueden tener un familiar desaparecido entreguen una muestra de sangre. Con una gota, basta.

    La alegría es poder tener respuestas, certezas. Durante las ceremonias se leen poemas, se canta, se toca algún instrumento, se llevan fotos.

    ¿Qué pasa con la gran mayoría de familiares que aún no pueden encontrarse con los restos de sus desaparecidos? “Pienso que en estos casos, habrán buscado otras vías de ritualización”, dice Rousseaux y recuerda un acto histórico, en 2014, el día que Néstor Kirchner convirtió en casa de memoria a la ESMA. Esa mañana algunos familiares se acercaron y dejaron coronas de flores en las escalinatas con los nombres de sus desaparecidos. 

    Hace 20 años, cuando la idea de encontrar el cuerpo de Mario Nívoli era incierta, Soledad y su familia plantaron un lapacho rosado en el Bosque de la Memoria de Rosario. Florece cada primavera y es lugar de encuentro, de mates, de visita. Hasta le festejaron ahí un cumpleaños a su hijo. Cuando lleguen los restos de Mario hallados en la Perla, a los huesitos, como dijo Emiliano, los enterrarán ahí. 

    La entrada Reaparecidos se publicó primero en Revista Anfibia.

     

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  • Pablo Moyano cruzó a un intendente de Kicillof por el manejo de residuos y le plantó una protesta frente al municipio

     

    Pablo Moyano le plantó una fuerte protesta a uno de los intendentes más cercanos a Axel Kicillof, el geselino Gustavo Barrera, a quien acusó de provocar el despido de más de 40 trabajadores afiliados a Camioneros por el corte del contrato con una empresa de barrido y recolección de residuos.

    El conflicto suma tensión a la interna del peronismo y amaga con espiralizarse a otros municipios, también gobernados por dirigentes del axelismo. Por eso, Moyano hizo un pedido expreso a Kicillof para que interceda.

    Fuentes al tanto del conflicto señalaron a LPO que el Ministerio de Trabajo bonaerense dictará la conciliación obligatoria para acercar las partes, a la vez que está la posibilidad de que Kicillof y Moyano se reúnan en el transcurso de la semana.

     Ha llegado a la intendencia con los votos del peronismo, los compañeros trabajadores le han hecho campaña para que sea intendente y lo primero que hace es cagarlos, traicionarlos 

    Al liderar la protesta con quema de neumáticos frente al municipio, Moyano cruzó en duros términos a Barrera. «Este mamarracho es presidente del PJ de Villa Gesell, fíjate la incongruencia», dijo.

    Y agregó: «Ha llegado a la intendencia con los votos del peronismo, de los trabajadores, los compañeros le han hecho campaña para que sea intendente y lo primero que hace es cagarlos, traicionarlos».

    El estallido surge a raíz del corte del contrato que el municipio hizo con la empresa Santa Elena, a cargo de parte del barrido y recolección de residuos en la ciudad balnearia, medida que afectó a casi 45 trabajadores afiliados a Camioneros.

    Recientemente, la gestión de Barrera anunció que se hacía cargo de la recolección de residuos «ante el incumplimiento de la empresa Santa Elena».

    «Se realizarán las intimaciones correspondientes, aplicando sanciones en caso de persistir el incumplimiento», había informado la comuna días atrás. Con el corte del contrato, el conflicto estalló.

    «Parece que el intendente se olvidó que los recolectores fueron esenciales en pandemia, muchos murieron y hoy los traiciona de esta manera», dijo Moyano, que sostuvo: «Le pediremos al gobernador Axel Kicillof, que interceda».

    Además, advirtió que esta situación está a punto de estallar en otros municipios a cargo de intendentes del peronismo. «La Plata quiere echar a 150 compañeros de recolección», acusó en dirección a la gestión de Julio Alak. Ante eso, Moyano advirtió: «No vamos a permitir un solo despido».

    Pablo Moyano se agrupa en el ala de dirigentes sindicales cercanos al kirchnerismo, lo que le valió una fuerte interna con su padre Hugo.

    Ahora, las tensiones escalan y se visibilizan en cruces con administraciones locales del peronismo por contratos relativos a la recolección de residuos, área históricamente controlada por Camioneros.

     

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    INFORME EXCLUSIVO – Ciencia y salud: menos presupuesto, más aranceles — el nuevo modelo que redefine al Estado

     

    En apenas tres días, dos resoluciones del INCUCAI dejaron al descubierto un cambio profundo: mientras el financiamiento público de la ciencia y la salud cae de manera sostenida, el propio Estado empieza a cobrarle más caro —y sin excepciones— a sus propias instituciones. El giro no es aislado: se inscribe en una lógica más amplia que atraviesa organismos regulatorios, sistema científico y hospitales públicos.

    Por Amparo Lestienne para NLI

    El caso INCUCAI: de la excepción al cobro universal

    El punto de partida es la Resolución INCUCAI 84/2026, publicada el 27 de marzo. La norma actualiza los aranceles para la evaluación de protocolos de investigación clínica vinculados a trasplantes y uso de órganos, tejidos y células, con el objetivo explícito de “asegurar los recursos operativos y técnicos” del organismo.

    Pero el dato clave estaba en su artículo 2°: mantenía la lógica histórica del sistema argentino al eximir del pago a hospitales públicos, universidades nacionales y Fuerzas Armadas.

    Esa excepción no era un detalle menor, sino la continuidad de un principio consolidado en normativas previas. Por ejemplo, ya en la Resolución 128/2019 del propio INCUCAI se establecía exactamente la misma exención para el sector público, en línea con la idea de que la investigación sanitaria estatal no debía ser tratada como una actividad comercial.

    Sin embargo, apenas tres días después, el 30 de marzo, llegó la Resolución INCUCAI 95/2026, que directamente eliminó esa excepción. El resultado es contundente: el Estado empezó a cobrarle a sus propios hospitales y universidades por investigar.


    Un cambio de lógica: del financiamiento a la autofinanciación

    El argumento oficial es técnico: los protocolos requieren financiamiento y, por lo tanto, deben cubrir los costos regulatorios. Pero detrás de esa justificación aparece una transformación más profunda.

    Históricamente, el sistema funcionaba bajo una premisa clara: la investigación pública en salud es parte del sistema sanitario y, por lo tanto, es financiada por el Estado. Eso implicaba que los organismos regulatorios podían cobrar aranceles, pero hacían excepciones cuando el actor era público.

    Hoy esa lógica se invierte: todos los actores —incluso los públicos— deben pagar por el servicio estatal. Este cambio no surge en el vacío. Está directamente vinculado con el deterioro del financiamiento general del sistema científico.


    El telón de fondo: caída del presupuesto científico

    Según distintos informes y análisis del sistema nacional de ciencia y tecnología, el financiamiento público del sector atraviesa una contracción sostenida. Entre 2023 y 2026, la inversión estatal acumula una caída real estimada entre el 30% y el 40%, como resultado de la combinación entre recortes presupuestarios y el efecto de la inflación. En paralelo, la participación de la ciencia en el producto bruto interno se redujo a niveles por debajo del 0,3%, cuando en años anteriores se ubicaba en torno al 0,5%.

    En términos concretos, el deterioro no es homogéneo sino que golpea con mayor intensidad en áreas clave del sistema. Las transferencias a universidades nacionales y organismos públicos muestran recortes que, en términos reales, se ubican entre el 25% y el 35%, afectando el funcionamiento cotidiano de institutos, laboratorios y proyectos en curso. A esto se suma el deterioro sostenido de los ingresos del personal científico y técnico, cuyos salarios perdieron aproximadamente entre un 20% y un 30% de su poder adquisitivo, mientras que la inversión en equipamiento —fundamental para sostener la capacidad experimental— registra caídas aún más pronunciadas, que en algunos casos superan el 50% en términos reales.

    En este escenario, organismos como el CONICET ven afectada su capacidad de sostener proyectos, becas y estructuras de investigación, lo que introduce tensiones crecientes en todo el sistema científico.


    ANMAT y el modelo de tasas: el antecedente silencioso

    Este viraje tampoco es nuevo en la administración pública. La ANMAT funciona desde hace años con un sistema de aranceles para trámites regulatorios, donde cada procedimiento tiene un costo asociado.

    Lo que cambia ahora no es la existencia de aranceles, sino su alcance: antes aplicaban principalmente a actores privados; ahora tienden a universalizarse. Es decir, el modelo basado en tasas por servicio empieza a expandirse a otros organismos, pero sin las protecciones históricas para el sector público.


    La tensión central: menos presupuesto, más costos

    La combinación de estas dos dinámicas —menor financiamiento y mayor carga arancelaria— configura una tensión estructural difícil de sostener en el tiempo. Por un lado, el Estado reduce su inversión directa en ciencia y salud; por otro, incrementa los costos que deben afrontar sus propias instituciones para desarrollar investigaciones.

    Esto implica que universidades públicas, hospitales y centros de investigación no sólo cuentan con menos recursos, sino que además deben destinar parte de esos fondos a cubrir aranceles regulatorios que antes no existían para ellos. La consecuencia es una presión creciente sobre estructuras ya debilitadas.

    El resultado es una paradoja evidente: el Estado se retrae como financiador, pero se consolida como cobrador.


    Especialistas y debate: el riesgo de mercantilización

    En el ámbito científico y sanitario, este tipo de transformaciones suele encender señales de alerta. Diversos análisis en políticas públicas advierten que, cuando se reducen los recursos estatales y se trasladan costos a los propios actores del sistema, tienden a producirse efectos previsibles: disminución en la cantidad de proyectos, mayor dependencia de financiamiento externo y desplazamiento de investigaciones hacia áreas con retorno económico más inmediato.

    La investigación clínica en hospitales públicos suele estar orientada a necesidades sanitarias concretas de la población y no a intereses de mercado

    En el caso de la salud, el impacto puede ser aún más sensible, porque la investigación clínica en hospitales públicos suele estar orientada a necesidades sanitarias concretas de la población y no a intereses de mercado. Buena parte de la producción científica argentina en salud se genera en estos ámbitos, donde la práctica asistencial se articula con la investigación sobre pacientes reales y problemáticas locales.

    Ese rasgo tiene antecedentes históricos claros. La Misión de Estudios de Patología Regional Argentina, impulsada por Salvador Mazza, desarrolló en el siglo XX investigaciones clave sobre enfermedades como el Chagas, a partir del trabajo territorial en regiones postergadas del país. Difícilmente ese tipo de investigación hubiera sido financiado por el sector privado, dado que su lógica no era la rentabilidad sino la respuesta a una problemática sanitaria concreta.

    Ese mismo patrón se replica, con otras formas, en la actualidad. Hospitales públicos de referencia como el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas combinan atención médica, formación profesional e investigación clínica orientada a enfermedades prevalentes en su población, muchas veces vinculadas a sectores sociales vulnerables y sin atractivo comercial para la industria.

    El problema es que este tipo de investigación —centrada en necesidades reales y no en retornos económicos— depende estructuralmente del financiamiento público. Cuando ese financiamiento se reduce y, al mismo tiempo, se introducen costos adicionales para investigar, el riesgo no es sólo cuantitativo sino cualitativo: no sólo se investiga menos, sino que se empieza a investigar otra cosa.


    Conclusión: un cambio silencioso pero estructural

    Lo ocurrido entre el 27 y el 30 de marzo con el INCUCAI no es un episodio aislado ni meramente administrativo. Es la expresión concreta de un cambio más amplio en la forma en que el Estado se vincula con la ciencia y la salud: menos financiamiento directo, eliminación de excepciones históricas y expansión de esquemas de arancelamiento.

    En ese nuevo escenario, el sistema deja de apoyarse en la lógica de política pública para acercarse a un modelo de servicios, donde investigar ya no sólo depende del conocimiento y la capacidad técnica, sino también de la disponibilidad de recursos para pagar por ello.

    La incógnita que queda abierta es tan estructural como urgente: hasta qué punto puede sostenerse un sistema científico y sanitario público cuando se le exige autofinanciarse en un contexto de retracción presupuestaria.

     

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