Esta semana se aprobó por unanimidad la ordenanza que exige la implementación dentro del ámbito municipal de Villa Regina, de la presentación del “certificado de libre de deuda alimentaria” para la realización de distintos trámites y actos administrativos municipales.
Será obligatoria la consulta previa al Registro de Deudores Alimentarios (REDAM) dependiente del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Río Negro, Secretaría de Gobierno en coordinación con el Consejo Provincial de la Mujer. La ordenanza tiene una autoría compartida entre Iara Zapata y Maria Cecilia Guajardo, y fue la concejala Gabriela Figueroa del bloque del FdT quien gestionó el ingreso para el posible tratamiento en la comisión respectiva y en la sesión.
Para entender de qué hablamos debemos saber que al Registro de Deudores Alimentarios se incorporan, todos aquellos que adeuden total o parcialmente tres cuotas alimentarias consecutivas o cinco alternadas, ya sean alimentos provisorios o definitivos, fijados u homologados por sentencia firme. Dicho registro constituye una herramienta de protección para aquellos que pese a tener reconocido judicialmente su derecho alimentario, se ven imposibilitados de recibirlo.
El interés superior está puesto en los niños, niñas y adolescentes con la finalidad de prevenir y sancionar la falta de cumplimiento de la obligación alimentaria y obligar al deudor a regularizar su situación morosa. La violación al derecho de alimentos cercena la calidad de vida de los beneficiarios marginándolos al desamparo. La obligación alimentaria como aspecto de la responsabilidad parental consagrada en el Código Civil y Comercial, no solamente pesa sobre el progenitor conviviente con el hijo sino también sobre el progenitor no conviviente.
El formulario REDAM, se realiza de manera online en la página oficial del Registro Civil del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Rio Negro, y se retira en la oficina que se indique y abonando el sellado correspondiente, y es solicitado a su presentación con el objeto de acreditar que los interesados se hallan o no excluidos de los registros. Aquel considerado en estado moroso podrá darse baja del Registro por resolución judicial posterior al pago de la deuda existente.
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EL OBJETIVO DE LA NORMA ES PREVENTORIO Y REPARATORIO
En diálogo con Cecilia Guajardo, una de las autoras del proyecto nos explicaba que «en el país son varias las ciudades que ya aprobaron o que tienen en miras el tratamiento de un proyecto de estas características, como por ejemplo Concordia, Colón, Saladillo, Mar del Plata, Pinamar, e incluso acá mismo en Río Negro, Viedma y Allen. En éste último caso además se creó el Registro Municipal de Deudores, que esperamos en un futuro avanzar hacia esa concreción».
Respecto al objetivo de la Ord. Guajardo aclara que «la ordenanza claramente tiene un objetivo tuitivo, es decir, de prevención y reparación.No se pretende que se constituya en un impedimento burocrático, sino que el Estado Municipal tome medidas de acción positiva en consonancia con las que ya ha adoptado la provincia; que compulsen al deudor alimentario a cumplir, más allá de la existencia de una sentencia judicial al respecto».
Teniendo en cuenta su participación como ciudadanxs activos en el desarrollo y creación de la ordenanza nos cuenta que fueron interiorizándose en cada una de las ordenanzas o proyectos de diversas ciudades, para conocer en profundidad la fundamentación y a su vez, para analizar cómo se va dando la implementación y el funcionamiento en la realidad, «lo principal a tener en cuenta al crear un proyecto de ordenanza es que, ante una eventual sanción y promulgación, pueda realmente llevarse a cabo, ser fácilmente adaptable a la cotidianeidad y que no se convierte en algo engorroso».
Para finalizar expresó que dicha norma «pretende la asunción por parte del Municipio de responsabilidades que son internacionalmente reconocidas y que le exigen la adopción de disposiciones de este tipo tendientes a la protección del interés superior de las niñeces y adolescencias, con perspectiva de género, ya que la violación del derecho de alimentos es una de las manifestaciones más comunes de violencia económica y patrimonial sobre la mujer y la familia«.
Para remarcar es que el proyecto además de ser de autoría compartida (Iara Zapata y Cecilia Guajardo), fue realizado por conciudadanas y esto es un gran ejemplo de ciudadanía activa y de reconocimieto de herramientas que están a nuestro alcance para ser protagonistas en la construcción de una sociedad más justa y, porque no, empática.
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El Art. 5 define cuales son los trámites y actos administrativos que no va a poder llevar adelante el deudor
a) Obtención y/o renovación de licencia de conducir. b) Obtención de permisos de todo tipo. c) Obtención de concesiones para la explotación comercial o la prestación de servicios. d) Obtención de habilitaciones comerciales y/o industriales. e) Cambio de titularidad en la habilitación de una explotación comercial y/o industrial. f) Inscripción como proveedores municipales. g) Inscripción para acceder al otorgamiento o adjudicación de terrenos o viviendas sociales. h) Designación de agentes y funcionarios municipales.
A su vez la Ord. invita a los partidos políticos con representación en Villa Regina, a que requieran la certificación de libre de deuda alimentaria respecto de todos y todas las y los postulantes a cargos electivos de la ciudad como requisito para la habilitación de las candidaturas.
En algunos incisos hay consideraciones como por ejemplo para el supuesto del inciso A se exceptúan a quienes la soliciten con fines laborales y en este caso se le otorgará por única vez la licencia provisoria que caducará a los cuarenta y cinco (45) días de su otorgamiento, pasados los cuales y sin haber regularizado la situación, el solicitante no podrá acceder a la licencia definitiva.
En los casos previstos por los incisos b, c y d del artículo 5 la Autoridad requerida podrá conceder un permiso precario o licencia provisoria no renovable y por única vez que caducará a los 60 días desde su otorgamiento, plazo dentro del cual la persona deberá acreditar la regularización o libre deuda con el correspondiente certificado. Caso contrario, cumplido el plazo la habilitación, licencia, permiso y/o concesión provisoria caduca, procediéndose a la baja y suspensión de la actividad.
Quienes pretendan constituirse en proveedores municipales, deberán como condición para su inscripción, adjuntar a los demás requisitos una certificación de libre de deuda alimentaria. Para el supuesto de encontrarse inscriptos en el Registro de Deudores Alimentarios, se lo inscribirá como proveedor de manera provisoria por un plazo de 60 días a fin de que el interesado regularice su situación, no obstante, lo cual no percibirá pago alguno hasta la obtención del certificado correspondiente.
Cuando la explotación comercial y/o industrial con habilitación cambie de titularidad, el certificado de libre de deuda alimentaria será requerido tanto al enajenante como al adquirente, sean éstos personas humanas o jurídicas. De existir deuda, la transferencia no quedará finiquitada, hasta tanto se regularice la situación, teniendo para ello un plazo no mayor a 60 días.
El fragmento que publicamos pertenece al artículo: “La nueva cruzada. Derecha radical versus democracia, derechos, ONU y cooperación internacional”.
Introducción
El autoritarismo, el conservadurismo y la crisis de la democracia representativa están hoy en el centro de un debate crucial sobre la naturaleza del Estado y el futuro de la política, las sociedades y las instituciones nacionales e internacionales.
La aparición, el fortalecimiento gradual y, por último, la aceptación y la normalización de los partidos y movimientos políticos de extrema derecha en las sociedades democráticas se han convertido en elementos fundamentales para cualquier debate sobre gobernanza y sistemas políticos. Se trata de un fenómeno global que abarca las Américas (las presidencias de Donald Trump en Estados Unidos, Javier Milei en la Argentina, Nayib Bukele en El Salvador, José Antonio Kast en Chile y Jair Bolsonaro en Brasil, entre otras) y Europa (con el avance de los partidos de extrema derecha en las elecciones al Parlamento Europeo en 2024, el gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni en Italia, el firme control de Viktor Orban sobre el poder en Hungría (1), la fuerza creciente de los partidos de extrema derecha RN en Francia, AfD en Alemania, Vox en España y Reform UK en el Reino Unido, etcétera), pero también Medio Oriente (con la ampliación de la coalición de Benjamin Netanyahu para crear el gobierno más extremista de derecha en la historia de Israel) y Asia (con la reelección de Recep Erdoğan en Turquía y la consolidación del dominio del partido BJP, de Narendra Modi, en India).
Las fronteras entre la derecha tradicional, que aceptaba las reglas de la democracia liberal, y la nueva y agresiva extrema derecha se hicieron cada vez más tenues. Los discursos racistas, xenófobos, supremacistas y homófobos se han vuelto cada vez más comunes, mientras que las agendas autoritarias son ahora abiertamente perseguidas por actores políticos que ya ocupan posiciones de poder o que pronto pueden conquistarlas (Mudde, 2019). Como en todo el mundo, la mayoría de los partidos progresistas y de izquierda abrazaron hace tiempo la democracia y la agenda económica liberal, mientras que la extrema derecha se transformó gradualmente en el principal espacio social de rebelión política y desafío al statu quo (Stefanoni, 2021). Al explorar los sentimientos de miedo, ansiedad e inseguridad que impregnan cada vez más nuestras sociedades –alimentados por incertidumbres económicas, cambios étnicos y demográficos, crisis climática, violencia, inestabilidad social, cambios en las reglas sociales y la imprevisibilidad del futuro–, las fuerzas de extrema derecha ocupan espacios cada vez mayores en la arena política global. Como los actores políticos tradicionales parecen incapaces de ofrecer una perspectiva creíble del futuro basada en la expansión de los derechos y la inclusión (Danowiski y Castro, 2019), la extrema derecha desafía de forma agresiva los mecanismos establecidos de límites y contrapesos, la participación política y las instituciones representativas. Aspectos críticos de la democracia liberal son atacados hoy, tales como la libertad de prensa y la independencia de los sistemas judiciales. Tanto en el ámbito nacional como en el internacional, las políticas de protección o de ampliación de los derechos humanos son activamente buscadas.
El esfuerzo para destruir las instituciones que representan el debate colectivo, las negociaciones y los procesos de toma de decisiones comienza a nivel nacional, pero tiene claras y peligrosas implicaciones que trascienden las fronteras, a medida que se desarrolla en la arena global. Las organizaciones y las instituciones internacionales se ven directamente afectadas en este proceso. Cuando los actores de extrema derecha asumen responsabilidades gubernamentales, tienden a socavar el sistema multilateral.
El ascenso de la extrema derecha fue objeto de extensa investigación académica en la última década, así como foco de contraposición activa por parte de movimientos políticos, think tank y organizaciones de la sociedad civil (Estrada Campos, 2023; Löwy, 2019). Este intenso escrutinio dejó claro que los actores de extrema derecha en todo el mundo siguen patrones típicos de comportamiento y discurso público.
Además, fortalecen constantemente su red y la coordinación política global, hasta el punto de que podemos referirnos a un movimiento transnacional de extrema derecha (Forti, 2024; Abrahamsen et al., 2024) o una auténtica “internacional reaccionaria” (Goldstein, 2024). Como sugiere Musharbash (2021), los actores políticos de extrema derecha “se imaginan a sí mismos como participantes en una lucha global contra un enemigo global”.
Los actores de extrema derecha en todo el mundo siguen patrones típicos de comportamiento y discurso público.
A pesar de las importantes especificidades nacionales o regionales, este es sin duda un fenómeno global con fuertes vínculos transnacionales que, por ese motivo, debe ser estudiado y tratado como tal.
Los vínculos transnacionales de la extrema derecha se formaron a través de referencias intelectuales comunes y una red creciente de espacios internacionales: como el Foro de Madrid (creado en 2020 por el partido español de extrema derecha Vox y muy activo en América Latina con el objetivo de promover la “iberoesfera”), Atlas Network (que reúne a más de 500 think tank e institutos que promueven agresivamente políticas públicas neoliberales y antiambientales en un centenar de países), y los capítulos nacionales de la Conservative Political Action Conference (CPAC), creada originalmente en los Estados Unidos, que ya presentó conferencias en Brasil, México, Argentina, Paraguay, Hungría, Polonia, Israel, Corea del Sur, Japón y Australia. A través de los años, las reuniones de la CPAC fueron oportunidades para que líderes y operadores de extrema derecha se conocieran y establecieran conexiones personales (entre otros, Orbán, Meloni, Trump, Bolsonaro, Milei y Kast ya asistieron a reuniones de la CPAC).
Un análisis preliminar de las interacciones transnacionales de los actores de este espectro político indica que ya tuvieron un impacto significativo en la agenda y en los procedimientos del sistema multilateral, influyendo así en la política internacional. La visión de mundo de la extrema derecha entra en conflicto directo con uno de los principales pilares del sistema de gobernanza luego de la Segunda Guerra Mundial: la cooperación entre los Estados miembros en el sistema de las Naciones Unidas y en otras organizaciones regionales e internacionales, que producen normas comunes, bienes públicos globales y foros de negociación de conflictos. El principio subyacente de esta colaboración es que se necesita una pérdida relativa, mutuamente acordada y negociada, de la soberanía nacional para hacer frente a los desafíos globales (como la crisis climática) y para lograr bienes públicos internacionales y objetivos compartidos (como la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible promovidos por la ONU).
En sentido contrario, en los últimos años, la acción diplomática de los gobiernos nacionales liderados por actores de extrema derecha se concentró en crear obstáculos a cuestiones y agendas específicas (como la igualdad de género o la eliminación gradual de los combustibles fósiles) y en el intento de rediseñar sectores enteros del sistema multilateral considerados contrarios a determinados valores morales o a una visión estrecha de los intereses nacionales. Los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas son uno de los principales objetivos de estos actores.
Los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas son uno de los principales objetivos de estos actores.
Con este texto, buscamos contribuir a la creciente literatura sobre el impacto de la extrema derecha en las relaciones internacionales y en la política global (Estrada Campos, 2023), analizando de manera específica cómo esta tendencia transnacional tiene efectos concretos en el sistema multilateral. Para esto, dividimos el capítulo en dos partes. En la primera, discutimos un tipo ideal de actores de extrema derecha como una lente analítica que nos permite investigar este fenómeno global. En la segunda parte, analizamos cómo los elementos de estos tipos ideales weberianos interactúan con el sistema multilateral. Nuestro enfoque son las tensiones entre el discurso y las prácticas de la extrema derecha y los elementos centrales de la arquitectura multilateral, como las normas internacionales, la flexibilización del concepto de soberanía, los valores de inclusión y derechos.
Todos los tonos de la derecha
(…)
Tras analizar material empírico e histórico, así como la bibliografía sobre el tema, sugerimos que algunas estructuras cognitivas son comunes en la actual tendencia global de la extrema derecha. En términos weberianos, estas estructuras pueden componer un tipo ideal, lo suficientemente abstracto como para dar cabida a las numerosas diferencias entre los actores políticos de extrema derecha en diferentes regiones del mundo. De este modo, podemos comprender mejor la lógica de experiencias históricas específicas. Además del desprecio o la actitud negativa hacia las instituciones democráticas liberales, tal y como subraya Mudde, proponemos destacar otras cinco características comunes que son especialmente relevantes para analizar las implicaciones del fortalecimiento global de la extrema derecha para la gobernanza internacional y el futuro del orden mundial multilateral (2). Son las siguientes:
1. El rechazo de la asociación entre derechos (políticos, sociales, económicos, ambientales, de género, sexuales, reproductivos, religiosos, etcétera) y la igualdad, la inclusión y el progreso.
2. La exaltación del nativismo y el patriotismo como resultado de la búsqueda de una comunidad homogénea idealizada y la exigencia de lealtad al Estado como representante legítimo de la comunidad homogénea.
3. La lógica amigo-enemigo.
4. Tradicionalismo, con la exaltación de un pasado idílico y mítico, cuando prevalecían las jerarquías sociales y los valores morales claros.
5. La aceptación de la violencia como instrumento legítimo de interacción social y política.
Existe un consenso en que parte de la explicación del auge global de la extrema derecha reside en la crisis cada vez más profunda de la democracia liberal. Por lo tanto, no es de extrañar que una característica común a todos los actores autoritarios sea la crítica o el rechazo de esta forma de organización de la vida política. Sanahuja y López Burian (2020) sugirieron que los cambios estructurales en el funcionamiento del capitalismo globalizado hegemónico explican esta tendencia. Especialmente después de la crisis financiera mundial de 2008, la progresiva precarización del trabajo, el empeoramiento de las condiciones de vida (y de las expectativas) tanto de la nueva clase trabajadora informal de las plataformas digitales como de la clase media tradicional y la degradación de los servicios públicos provocada por las políticas económicas y de austeridad neoliberales minaron la cohesión social en Europa y América. El resentimiento generalizado hacia las elites políticas, culturales y económicas establecidas y su aislamiento de la vida de la gente común alimentan la crisis de legitimidad de las democracias liberales, de la que se aprovechan los actores políticos de extrema derecha (Levitsky y Ziblatt, 2018).
Cuando logran llegar al gobierno, los partidos de extrema derecha degradan activamente la democracia y las instituciones de sus países. A medida que se rechazan los valores pluralistas de la democracia liberal, se atacan las instituciones que permiten que estos florezcan. La libertad de expresión y los derechos de las minorías están bajo constante ataque. El equilibrio de poderes se ve atacado, se favorece el poder ejecutivo en detrimento del judicial y del legislativo, lo que genera una fuerte concentración de poder. El conformismo social, el convencionalismo y la sumisión a las autoridades establecidas son los pilares del autoritarismo (Mudde, 2010). Por lo tanto, es posible detectar una clara tendencia autoritaria.
A medida que se rechazan los valores pluralistas de la democracia liberal, se atacan las instituciones que permiten que estos florezcan.
La extrema derecha contra los derechos
La era posterior a la Segunda Guerra Mundial, especialmente desde finales de la década de 1940 hasta principios de la de 2000, fue llamada a menudo “la edad de oro de los derechos humanos” o, según la definición del académico estadounidense Louis Henkin (2019), “la era de los derechos”. El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH). En las seis décadas siguientes, la ONU aprobó nueve tratados fundamentales que abarcan una amplia gama de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y que constituyen los fundamentos del derecho internacional de los derechos humanos. En 1993, la Asamblea General de la ONU estableció la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y definió su mandato para promover y proteger los derechos humanos a nivel mundial.
Aunque las violaciones de estos derechos hayan persistido y, a menudo, las grandes potencias hayan sido políticamente selectivas (y abiertamente cínicas) a la hora de elegir qué abusos denunciar o, por el contrario, ignorar, desde hace tiempo hay un reconocimiento creciente de la importancia de proteger y promover los derechos humanos como fundamentales para la dignidad humana, la igualdad y la paz. El establecimiento de instituciones y mecanismos internacionales (como el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas) y órganos regionales (como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos) contribuyó al avance de las normas y los estándares de derechos humanos. Además, la lucha contra el colonialismo y los movimientos por los derechos civiles promovieron de manera significativa los principios de los derechos humanos, la igualdad racial y el derecho a la autodeterminación. La búsqueda de derechos se ha expandido en los ámbitos nacional e internacional e incluye los derechos de las mujeres, de la comunidad LGBTQIA+, de las comunidades indígenas, de los sectores racialmente oprimidos de la sociedad, de las víctimas de la opresión del Estado, así como los derechos sexuales y reproductivos y los derechos ambientales.
En el siglo XXI, sin embargo, los ataques contra las instituciones de derechos humanos y de inclusión se han multiplicado, ya que un número creciente de actores (tanto del Sur Global como de los países desarrollados) ha comenzado a cuestionar el concepto de universalidad de los derechos humanos y está utilizando su poder político para erosionar lo que Hannah Arendt (1951) definió como “el derecho a tener derechos”. Los gobiernos de extrema derecha forjaron alianzas de facto con otros actores autoritarios y religiosos que comparten una visión del mundo basada en la aspiración de volver a una supuesta edad de oro de jerarquías sociales, raciales y geográficas claramente definidas y de dominio patriarcal indiscutible. El orden, la tradición, la familia, la religión, la patria y la lealtad son los pilares del discurso público de estos grupos. Como observa Teitelbaum (2020), estos actores también coinciden en criticar la difusión del secularismo, la democracia y la globalización. Así, tienden a centrarse en la defensa de los derechos de propiedad y religión en oposición a los derechos basados en la igualdad y la dignidad humana (Leigh, Zulver y Escoffier, 2023, pp. 1-28).
Los gobiernos de extrema derecha forjaron alianzas de facto con otros actores autoritarios y religiosos que comparten una visión del mundo basada en la aspiración de volver a una supuesta edad de oro de jerarquías sociales, raciales y geográficas claramente definidas y de dominio patriarcal indiscutible.
En oposición al “derecho a tener derechos” y al impulso hacia los derechos sociales y civiles que, en términos generales, caracterizan los procesos de democratización y apertura de las sociedades, la extrema derecha se centra casi exclusivamente en las libertades individuales –una concepción restrictiva basada en la idea de libertad económica sin interferencia del Estado– y en la defensa de los “valores” conservadores dentro del núcleo fundamental de la sociedad, es decir, la familia tradicional. Desde esta perspectiva, los resultados de la competencia económica ilimitada y no regulada –la desigualdad, el deterioro de las condiciones de vida de las clases populares y medias, la creciente influencia política de los multimillonarios– se consideran naturales y funcionales para el orden social. Por el contrario, las políticas sociales, la planificación económica y la justicia administradas por el Estado contrastan con la libertad. La elección de la píldora roja (libertad) en la película Matrix (1999) se ha convertido en un icono del mundo cultural online de la extrema derecha. La libertad se busca contra la “catedral”, es decir, las elites intelectuales liberales, que tienen una visión cosmopolita y “globalista” del mundo, opuesta a los valores tradicionales.
Según esta lógica, los actores políticos de extrema derecha tienden a considerar las instituciones democráticas liberales, los movimientos feministas y LGBTQIA+ y las burocracias nacionales e internacionales como amenazas a las libertades individuales y obstáculos para la implementación de políticas “fuertes” contra las personas ajenas que amenazan los valores tradicionales (Norris e Inglehart, 2019). El análisis de Wendy Brown (2019) abre la puerta a la comprensión del desprecio por las instituciones, las leyes y las normas que se describen como limitadoras de la libertad individual. Se involucró en el debate sobre el tema y conectó las discusiones sobre visiones autoritarias del mundo, neoliberalismo y tradicionalismo. Brown investiga la interacción entre las formulaciones neoliberales de libertad y resentimiento; argumenta que la asociación del nacionalismo con una versión del liberalismo centrada en la defensa de la soberanía y el antiestatismo nos permite hacer referencia a la “libertad autoritaria”.
La visión neoliberal del mundo, basada en los escritos de Friedrich Hayek (2001) y ampliamente implementada en todo el mundo desde los gobiernos de Reagan y Thatcher, a principios de la década de 1980, demolió el tejido colectivo de las sociedades y basa el nuevo orden social en los mercados y la moralidad. El neoliberalismo defiende la distopía de un orden no igualitario en el que los individuos y las familias serían pacificados políticamente por los mercados y la moral, y sometidos a un Estado autónomo, autoritario, pero despolitizado (Brown, 2019, p. 17). Así, los valores tradicionales se presentan como un complemento esencial de los mercados libres, y se enfatiza la capacidad de la tradición para producir armonía social, conformidad e integración. La inclusión, los derechos civiles, el constitucionalismo, la justicia social y la distribución de recursos a través de políticas estatales son atacadas por grupos sociales que se aferraron a un concepto de libertad basado en la expansión de la racionalidad del mercado a todas las esferas de la vida y que está despojado de las valencias políticas que lo vinculan a la soberanía popular (Brown, 2019, p. 13).
El neoliberalismo defiende la distopía de un orden no igualitario en el que los individuos y las familias serían pacificados políticamente por los mercados y la moral, y sometidos a un Estado autónomo, autoritario, pero despolitizado.
La difusión global de las teorías económicas de Hayek, Ludwig Von Mises, Milton Friedman y la llamada Escuela Austriaca de Economía se ha propagado durante décadas a través de una densa y sofisticada red de institutos de investigación y think tank, cuyos orígenes se remontan a la creación de la Mont Pelerin Society en 1947 (Mirowski y Plehwe, 2015) y de la que Atlas Network representa hoy la cara más visible e influyente.
La búsqueda de una comunidad homogénea idealizada
La defensa y reivindicación de la tradición es una de las normas cruciales invocadas por los actores políticos de extrema derecha. Los principios del sufragio universal, la libertad de participación política y la separación de poderes llegan a ser cuestionados y considerados valores extraños, impuestos desde afuera. Esta es también una tendencia de otras perspectivas conservadoras, pero en este caso observamos la reivindicación de una agencia y una postura voluntarista peculiares (Abrahamsen et al., 2024, p. 24). Esta idea es destacada en las políticas adoptadas por Rusia durante el gobierno de Vladimir Putin, pero también está presente en muchos otros países. Un concepto es el nativismo, que, según Mudde (2019, p. 33), es una combinación de nacionalismo y xenofobia. Las tradiciones nacionales se sitúan en el centro del discurso público, alimentan la búsqueda de un grupo original, que suele basarse en núcleos étnicos, raciales o religiosos. El humanismo, la lógica del cuidado y la empatía por los seres humanos en general se tratan como una amenaza para la comunidad nacional homogénea idealizada. La búsqueda de una comunidad uniforme tiene efectos profundos sobre la disposición a negociar, crear y mantener instituciones que permitan un proceso constante de conciliación de diferencias y normas de coexistencia o, en otras palabras, que abran un espacio social para la resolución pacífica de conflictos o para la transformación política: las bases conceptuales del sistema multilateral.
La idealización de una comunidad homogénea basada en valores tradicionales y “nacionales” expresa un profundo desprecio por la pluralidad y se traduce en resistencia a los derechos de las minorías. Las amenazas imaginarias contra esta sociedad idealizada le dan sentido a la existencia de la extrema derecha y son el gran combustible político de estos movimientos. En muchos casos, la inmigración se vincula con el temor a la delincuencia, el terrorismo o la dilución de la identidad nacional. Es habitual encontrarse con la manipulación de las preocupaciones del público en materia de seguridad y la defensa de políticas de inmigración más estrictas, controles fronterizos y, en ocasiones, la expulsión de determinados grupos. Este discurso basado en el miedo resulta muy atractivo para las personas que se sienten vulnerables ante los cambios demográficos o que perciben a los inmigrantes como una amenaza económica o para la seguridad (Helbling y Meierrieks, 2022; Edo y Giesing, 2020). El miedo, justificado o no, al aumento de la delincuencia en una determinada zona o país lleva a solicitar una intervención fuerte del Estado para aumentar la percepción de seguridad, que casi siempre tiene un componente nativista, ya que los “extranjeros” son vistos como la fuente fundamental de inseguridad para los “nativos”. La seguridad se refiere a individuos y colectivos, principalmente a la nación o la raza, y tiene un componente cultural, económico y físico. Por lo tanto, casi todas las cuestiones políticas se perciben a través del prisma de una amenaza al orden natural que crea inseguridad, y esta debe tratarse con mano dura. El discurso sobre la seguridad y la lucha contra la inmigración fue fundamental, por ejemplo, para el éxito electoral de José Antonio Kast y de otros candidatos de extrema derecha en las elecciones presidenciales de Chile en 2025. Invocar el “método Bukele” para hacer frente a la delincuencia, en detrimento del estado de derecho y de los principios del debido proceso, se convirtió en el lema de todos los actores políticos de extrema derecha en las Américas.
El lema adoptado por los líderes autoritarios de todo el mundo –mi país por encima de todo, ignorando las normas y las leyes– expresa una visión de la soberanía en la que los conceptos de nación y patria se priorizan en términos absolutos. Esto se deriva del valor atribuido a la nación homogénea, de la comprensión del entorno internacional en términos competitivos y vacíos desde el punto de vista moral, y del desprecio por las visiones cosmopolitas. Una visión del mundo basada en la concepción anacrónica “vestfaliana” de la soberanía absoluta de los Estados-nación se opone directamente al acuerdo sobre cesiones parciales y negociadas de la soberanía nacional, que son la base del sistema multilateral construido después de 1945.
Invocar el “método Bukele” para hacer frente a la delincuencia, en detrimento del estado de derecho y de los principios del debido proceso, se convirtió en el lema de todos los actores políticos de extrema derecha en las Américas.
Esta diferencia ontológica en relación con las relaciones internacionales quedó patente en la sesión inaugural de la Asamblea General de las Naciones Unidas celebrada el 24 de septiembre de 2019. El primero en intervenir, el secretario general de la ONU, António Guterres, pronunció un discurso preocupado por los retos globales contemporáneos y la necesidad de “hacer todo lo posible para evitar la gran fractura y mantener un sistema universal: una economía universal con respeto universal por el derecho internacional; un mundo multipolar con instituciones multilaterales fuertes”. Inmediatamente después de él, como manda el protocolo de la ONU, hablaron Bolsonaro y, a continuación, Trump. En el discurso de Guterres, las palabras más recurrentes fueron “personas”, “derechos”, “mundo” y “humanidad”. Bolsonaro repitió “Brasil” 41 veces. Los términos más utilizados por Trump fueron “naciones”, “países”, “América” y “americanos”; se refirió 18 veces a los Estados Unidos. Ambos presidentes mencionaron a Dios cinco veces. Con el lenguaje de la Guerra Fría, evocaron el “espectro del socialismo” (Trump) y la “crueldad del socialismo” (Bolsonaro) como grandes amenazas para el orden mundial (Summa, 2020, p. 23). Trump presentó un manifiesto apasionado por el nacionalismo: “El futuro no pertenece a los globalistas. El futuro pertenece a los patriotas. El futuro pertenece a las naciones soberanas e independientes que protegen a sus ciudadanos”. También despreció abiertamente el papel de las Naciones Unidas en la definición de normas comunes: “No hay ninguna circunstancia en la que Estados Unidos permita que entidades internacionales pisoteen los derechos de nuestros ciudadanos” (Trump, 2019).
Ya en su segundo mandato, en otro discurso ante la Asamblea General, el 23 de septiembre de 2025, Trump no solo descartó a la ONU por irrelevante, sino que también cuestionó los propios principios de la Organización: mantenimiento de la paz, organización de respuestas a los desafíos globales, promoción de la cooperación internacional y financiación del desarrollo. Volvió a evocar una política centrada exclusivamente en los intereses nacionales y dejó claro su desprecio por la Organización: “La mayoría de las veces […] lo único que parecen hacer [en la ONU] es escribir una carta con palabras muy duras y luego no darle ningún seguimiento”. (…).
(Nota de Anfibia): Este texto se escribió antes de la derrota de Viktor Orbán en Hungría, frente a Péter Magyar.
Preferimos no utilizar la definición de orden mundial liberal, ya que muchos de los principales Estados miembros de las Naciones Unidas, incluso miembros permanentes del Consejo de Seguridad, nunca fueron democracias liberales.
En esta oportunidad les acerco un vino de Cervantes, que no indica añada en etiqueta pero es cosecha 2017 y exportado casi en su totalidad a Brasil. Es un corte compuesto por 70% de Malbec y 30% de Merlot, vinificado de manera tradicional y con levaduras indígenas; finalmente una parte del vino es pasado por…
La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina invita a presenciar el concierto de la Orquesta Filarmónica de Río Negro este viernes 10 a partir de las 21 horas en el cine teatro Círculo Italiano. Bajo la batuta de su director artístico y musical Martín Fraile, la Orquesta abordará un repertorio que incluye…
Donald Trump anunció como «terminadas las hostilidades con Irán» en una carta enviada al Congreso que le permitió evitar el plazo legal que lo obligaba a buscar autorización legislativa para continuar el conflicto iniciado el 28 de febrero.
El mensaje fue dirigido al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y al presidente pro tempore del Senado, Chuck Grassley, justo cuando se cumplían los 60 días desde la notificación formal del inicio de las operaciones militares, el límite fijado por la Resolución de Poderes de Guerra de 1973.
Esa normativa establece que el presidente debe cesar el uso de las Fuerzas Armadas pasado ese plazo, salvo que el Congreso autorice la intervención o habilite una prórroga para la retirada de tropas.
Sin embargo, ninguna de esas opciones se concretó: el Senado volvió a rechazar un nuevo intento de los demócratas para frenar el conflicto y los legisladores se retiraron de Washington por una semana.
De todas formas, la Casa Blanca sostuvo que el plazo no corresponde porque las hostilidades ya habían cesado con el cese al fuego alcanzado a comienzos de abril. «No ha habido intercambio de disparos entre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos e Irán desde el 7 de abril de 2026. Las hostilidades que comenzaron el 28 de febrero de 2026 han cesado», afirmó Trump en la carta.
No ha habido intercambio de disparos entre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos e Irán desde el 7 de abril de 2026. Las hostilidades que comenzaron el 28 de febrero de 2026 han cesado
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, respaldó esa postura al señalar que el cese al fuego implica que el «reloj de 60 días se pausa o se detiene».
Chuck Grassley, preisdente protempore del Senado de EEUU.
Desde la oposición, el senador demócrata Tim Kaine advirtió que el estatuto no respalda esa lectura, mientras que su colega Richard Blumenthal sostuvo que «no hay botón de pausa en la Constitución ni en la Ley de Poderes de Guerra».
No obstante, mas allá de declarar el fin de las hostilidades, la propia carta reconoce que la amenaza iraní «sigue siendo significativa» y que las operaciones buscan «asegurar una paz duradera».
En paralelo, la Armada de Estados Unidos mantiene un bloqueo naval para impedir la salida de petroleros iraníes, mientras Teherán conserva el control del estratégico estrecho de Ormuz.
Antes de viajar a Florida, Trump descartó pedir autorización al Congreso y reprochó que «ningún otro presidente lo ha pedido antes. Nunca se ha usado antes. ¿Por qué deberíamos ser diferentes?». Además, volvió a calificar la norma como «totalmente inconstitucional», una postura que ya habían sostenido mandatarios como Bill Clinton y Barack Obama.
Es un triller de suspenso, oscuro de a momentos. Donde ejecutivos de una empresa de alto nivel compiten por la silla de mando para desarrollar un programa de poco compromiso social. En su argumento esta serie pone en relevancia la crueldad y la desigualdad del sistema laboral. Como en la novela original de Pierre Lemeitre,…
No sé si notaron que la gran mayoría de les que ocupan el papel de comisario en las series actuales son mujeres. investigo un poco y resulta lo que sospechaba: eso no es cierto si se coteja con las estadísticas. ¿Que la ficción mainstream sea así de políticamente correcta es un triunfo del discurso feminista? ¿O el asunto debería indicarnos algo más?
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