Esta semana se aprobó por unanimidad la ordenanza que exige la implementación dentro del ámbito municipal de Villa Regina, de la presentación del “certificado de libre de deuda alimentaria” para la realización de distintos trámites y actos administrativos municipales.
Será obligatoria la consulta previa al Registro de Deudores Alimentarios (REDAM) dependiente del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Río Negro, Secretaría de Gobierno en coordinación con el Consejo Provincial de la Mujer. La ordenanza tiene una autoría compartida entre Iara Zapata y Maria Cecilia Guajardo, y fue la concejala Gabriela Figueroa del bloque del FdT quien gestionó el ingreso para el posible tratamiento en la comisión respectiva y en la sesión.
Para entender de qué hablamos debemos saber que al Registro de Deudores Alimentarios se incorporan, todos aquellos que adeuden total o parcialmente tres cuotas alimentarias consecutivas o cinco alternadas, ya sean alimentos provisorios o definitivos, fijados u homologados por sentencia firme. Dicho registro constituye una herramienta de protección para aquellos que pese a tener reconocido judicialmente su derecho alimentario, se ven imposibilitados de recibirlo.
El interés superior está puesto en los niños, niñas y adolescentes con la finalidad de prevenir y sancionar la falta de cumplimiento de la obligación alimentaria y obligar al deudor a regularizar su situación morosa. La violación al derecho de alimentos cercena la calidad de vida de los beneficiarios marginándolos al desamparo. La obligación alimentaria como aspecto de la responsabilidad parental consagrada en el Código Civil y Comercial, no solamente pesa sobre el progenitor conviviente con el hijo sino también sobre el progenitor no conviviente.
El formulario REDAM, se realiza de manera online en la página oficial del Registro Civil del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Rio Negro, y se retira en la oficina que se indique y abonando el sellado correspondiente, y es solicitado a su presentación con el objeto de acreditar que los interesados se hallan o no excluidos de los registros. Aquel considerado en estado moroso podrá darse baja del Registro por resolución judicial posterior al pago de la deuda existente.
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EL OBJETIVO DE LA NORMA ES PREVENTORIO Y REPARATORIO
En diálogo con Cecilia Guajardo, una de las autoras del proyecto nos explicaba que «en el país son varias las ciudades que ya aprobaron o que tienen en miras el tratamiento de un proyecto de estas características, como por ejemplo Concordia, Colón, Saladillo, Mar del Plata, Pinamar, e incluso acá mismo en Río Negro, Viedma y Allen. En éste último caso además se creó el Registro Municipal de Deudores, que esperamos en un futuro avanzar hacia esa concreción».
Respecto al objetivo de la Ord. Guajardo aclara que «la ordenanza claramente tiene un objetivo tuitivo, es decir, de prevención y reparación.No se pretende que se constituya en un impedimento burocrático, sino que el Estado Municipal tome medidas de acción positiva en consonancia con las que ya ha adoptado la provincia; que compulsen al deudor alimentario a cumplir, más allá de la existencia de una sentencia judicial al respecto».
Teniendo en cuenta su participación como ciudadanxs activos en el desarrollo y creación de la ordenanza nos cuenta que fueron interiorizándose en cada una de las ordenanzas o proyectos de diversas ciudades, para conocer en profundidad la fundamentación y a su vez, para analizar cómo se va dando la implementación y el funcionamiento en la realidad, «lo principal a tener en cuenta al crear un proyecto de ordenanza es que, ante una eventual sanción y promulgación, pueda realmente llevarse a cabo, ser fácilmente adaptable a la cotidianeidad y que no se convierte en algo engorroso».
Para finalizar expresó que dicha norma «pretende la asunción por parte del Municipio de responsabilidades que son internacionalmente reconocidas y que le exigen la adopción de disposiciones de este tipo tendientes a la protección del interés superior de las niñeces y adolescencias, con perspectiva de género, ya que la violación del derecho de alimentos es una de las manifestaciones más comunes de violencia económica y patrimonial sobre la mujer y la familia«.
Para remarcar es que el proyecto además de ser de autoría compartida (Iara Zapata y Cecilia Guajardo), fue realizado por conciudadanas y esto es un gran ejemplo de ciudadanía activa y de reconocimieto de herramientas que están a nuestro alcance para ser protagonistas en la construcción de una sociedad más justa y, porque no, empática.
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El Art. 5 define cuales son los trámites y actos administrativos que no va a poder llevar adelante el deudor
a) Obtención y/o renovación de licencia de conducir. b) Obtención de permisos de todo tipo. c) Obtención de concesiones para la explotación comercial o la prestación de servicios. d) Obtención de habilitaciones comerciales y/o industriales. e) Cambio de titularidad en la habilitación de una explotación comercial y/o industrial. f) Inscripción como proveedores municipales. g) Inscripción para acceder al otorgamiento o adjudicación de terrenos o viviendas sociales. h) Designación de agentes y funcionarios municipales.
A su vez la Ord. invita a los partidos políticos con representación en Villa Regina, a que requieran la certificación de libre de deuda alimentaria respecto de todos y todas las y los postulantes a cargos electivos de la ciudad como requisito para la habilitación de las candidaturas.
En algunos incisos hay consideraciones como por ejemplo para el supuesto del inciso A se exceptúan a quienes la soliciten con fines laborales y en este caso se le otorgará por única vez la licencia provisoria que caducará a los cuarenta y cinco (45) días de su otorgamiento, pasados los cuales y sin haber regularizado la situación, el solicitante no podrá acceder a la licencia definitiva.
En los casos previstos por los incisos b, c y d del artículo 5 la Autoridad requerida podrá conceder un permiso precario o licencia provisoria no renovable y por única vez que caducará a los 60 días desde su otorgamiento, plazo dentro del cual la persona deberá acreditar la regularización o libre deuda con el correspondiente certificado. Caso contrario, cumplido el plazo la habilitación, licencia, permiso y/o concesión provisoria caduca, procediéndose a la baja y suspensión de la actividad.
Quienes pretendan constituirse en proveedores municipales, deberán como condición para su inscripción, adjuntar a los demás requisitos una certificación de libre de deuda alimentaria. Para el supuesto de encontrarse inscriptos en el Registro de Deudores Alimentarios, se lo inscribirá como proveedor de manera provisoria por un plazo de 60 días a fin de que el interesado regularice su situación, no obstante, lo cual no percibirá pago alguno hasta la obtención del certificado correspondiente.
Cuando la explotación comercial y/o industrial con habilitación cambie de titularidad, el certificado de libre de deuda alimentaria será requerido tanto al enajenante como al adquirente, sean éstos personas humanas o jurídicas. De existir deuda, la transferencia no quedará finiquitada, hasta tanto se regularice la situación, teniendo para ello un plazo no mayor a 60 días.
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Estoy cargando. Sigo. Cargo hasta las 20.45. Después de esa hora también pero capaz no respondo muy rápido. Miren estos premios.
Captura de un comprobante de Mercado pago por $460.000.
Otra captura del Banco Galicia:transferencia enviada $121.000. Transferencia enviada por Carla.
Bono de bienvenida. Solo por hoy. , , , y . Joker´s, Jewels, hot.
Los mensajes, con colores estridentes de fondo, ilustraciones de duendes de la fortuna y gemas, pomposos faraones egipcios o diamantes fulgurantes, se intercalan entre la fugacidad de los estados de Whatsapp y el ritmo galopante del contenido epocal que promete, anclado en el presente, recompensa inmediata. Las cajeras de los casinos online no oficiales despliegan desde sus teléfonos y para sus contactos una estrategia de marketing artesanal en la que se mezclan emojis, eufemismos y comprobantes que intentan mostrar efectividad. Cargar es apostar y jugar, pero las palabras apuestas y juego nunca aparecen en sus publicaciones porque saben que se trata de una actividad ilegal que, en algunos casos, hasta los algoritmos de las redes sociales de mensajería instantánea penalizan. Ellas son el reverso del boom por las apuestas y el juego virtual: en su mayoría, mujeres, madres que crían y cuidan, algunas tienen trabajos con distintos grados de formalidad. Todas encontraron una forma de hacerle frente a la crisis económica y juntar un mango más para subsistir. Muchas de ellas son tías, mamás y hasta hermanas de los pibes que engrosan las estadísticas de adicción a las pantallas y al juego.
“Cuando empecé compré la cama para mis nenas, hice refacciones en la casa, cerré un techo del baño que no teníamos y pude hacer las cloacas —dice Carla por videollamada desde algún lugar del partido de La Matanza, al oeste del conurbano—. De las fichas vendidas, ganaba el 25 por ciento. En un día día cargaba 100.000 fichas. En ese entonces la carga mínima era de 100 pesos. Sacá las cuentas. Ahora bajó mucho la cantidad de fichas que vendo, apenas pichuleo para pañales y algo de comida pero me sigue ayudando bastante”. Carla no tiene problema en contar sobre su trabajo, “porque no tengo idea de quién está más arriba”. Sólo reporta a su “administradora”, Vanesa. De todos modos, pide que no salga su nombre verdadero y que se resguarden algunos datos de su identidad.
Hace tres años que Carla es cajera de casinos online. Tiene 40 años y dos hijas de dos y nueve años. Desde hace quince años, los fines de semana y feriados trabaja en un empleo formal con jornadas de doce horas en una clínica de salud en el oeste del conurbano. Su marido también trabaja allí como maestranza, pero los días de semana. Con los sueldos de ambos, la familia llega a fin de mes con lo justo. “En una semana de carga muy buena quizás llego a sacar $160.000. Eso sí: estás todo el día con el teléfono, eh. Ahora cobro el 35 por ciento, que es un poco más de cuando empecé, pero hay semanas que no comisiono nada”, advierte.
A Carla “cargar fichas” le permite seguir cuidando a sus hijas todos los días. Lo califica como «emprendimiento» y ve su tarea parecida a la de una revendedora, como las clásicas vecinas barriales que antes tocaban el timbre de otra vecina con el “librito” de Avon o los productos de Tupperware. Risueña, enumera los beneficios de ser cajera: “No se invierte nada de plata. Siempre dependes de cuánto juegan los usuarios. Antes tenía uno con el que zafaba siempre. También hay algunos que si ganan, te dejan propina”. Y agrega: “Cobro por semana todos los viernes. Le decimos comisionar. Una vez por semana, por chat, con mi administradora hacemos un reporte de lo que vendí. El premio más grande que pagué fue de 400 mil pesos”, cuenta orgullosa.
“Para mí es atención al cliente pero al estilo bot porque mandás mensajes automáticos, no tenés que interactuar demasiado, a menos que el cliente tenga un problema específico”, dice Romina, otra cajera de 36 años que es mamá y trabajadora de la salud. A pesar de que operan desde sus casas no lo llaman homeoffice. La cajera es una especie de involución precaria del teletrabajo y, a la vez, una forma de monetización del tiempo destinado a los cuidados.
“Es que mi mamá está todo el día con el casino”. Mauricio tiene 9 años y vive en Villa Luján, una barriada popular de Quilmes, al sur del conurbano. El año pasado empezó a faltar mucho a la escuela y cuando iba, llegaba tarde. El equipo de orientación junto con las profesionales del programa Envión activaron una intervención para saber qué pasaba y cómo podían acompañarlo. Se encontraron con que su mamá se quedaba dormida porque estaba “toda la noche cargando fichas”.
“Están dele que te dele cargar. No hay horarios, no se corta nunca ese trabajo entonces lo hacen todo el día o toda la noche. En Monte, en Villa Luján, casi todos los adultos son cajeros de casino. Están en la casa, pero como están con ese tema , no están al cuidado de los pibes o acompañando algunas cuestiones de cuidado. Están desconectadas”, dice Gisella Viñales, trabajadora social del Equipo Técnico en la subsecretaría de Niñez y Adolescencia del Municipio de Quilmes. “Los chicos te cuentan que su mamá está cargando o algunos te dicen que apuestan y que es la tía la que le carga las fichas. Entonces es muy difícil trabajar con ellos sobre este tema porque es un adulto de su familia el que les habilita esto”, detalla. En el último tiempo pusieron el foco en el cruce de la salud mental y las pantallas.
“Muchos de los chicos que cobran la beca del Envión apuestan la beca entera, que es de $35.000, o una parte. Dicen ‘si mi mamá es la cajera, yo apuesto’. Si ganan, vienen y te lo cuentan. Pero si pierden no te enterás”, agrega. “Para las mujeres el tema de los casinos es un ingreso extra quedándose en la casa. Y te dicen: ´porque con eso yo puedo comprarme tal cosa, pude comprar la comida´. Son estrategias de supervivencia”.
Ana Córdoba también es trabajadora social de ese Equipo Técnico. Cuenta esta anécdota: “La otra vez me encontré con una mamá que hacía tiempo no la cruzaba en el barrio y me dijo que ella solía salir con su pareja y con el carro a cartonear o a vender cobre. Me decía: ´ahora no estoy saliendo tanto con el carro, ¿vos viste? Estoy con lo del casino y puedo estar en la casa con los pibes ́. Me lo contaba como algo bueno y yo no sé qué es mejor… es poner el cuerpo de otra manera, claro. La calle es compleja, hay un montón de gente que también está haciendo la misma”.
Ganamos.net, Mistral, Solo apuestas, Bet 30, Jugabit, Magi, Zeus son algunos de los nombres de las webs para jugar en línea. Son tantas las que se crean todo el tiempo que es difícil mapearlas. Ahí se alojan distintos tipos de juegos: desde slots, del estilo máquinas tragamonedas, ruletas en vivo, pasando por blackjack, baccarat y póker. En 2025, según el informe Global Online Gambling Market, el tamaño de este mercado alcanzó los 130.200 millones de dólares, y aumentará hasta los 143.170 millones de dólares en 2026, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 10 por ciento.
“El juego del payasito es el más conocido”, dice Carla y asegura nunca haber jugado. Cajera y juego: asunto separado. En general, las páginas para las que operan son softwares que se compran enlatados. Los agentes y administradores son quienes alquilan ese software, crean los paneles y reclutan a las cajeras en grupos de Facebook y Telegram. La mayoría no están registradas en ningún lado, son franquicias de la ilegalidad.
—Y no tenés miedo de perder plata, ¿que la página te estafe y no te pague los premios?
—Una vez perdí 20 mil pesos porque me equivoqué de CBU y le transferí a otra persona, pero por suerte siempre tuve para pagar. Nunca me pasó de no tener para pagar un premio.
—Pero, ¿vos sabés que esta actividad es ilegal?
—No me meto con eso. Yo soy una intermediaria. Apenas tengo mi panel.
El mosaico del juego online es complejo porque no hay un único marco legal. Para que un casino sea reconocido en Argentina tiene que tener una licencia otorgada por la Lotería de su provincia. Es decir que el sistema está provincializado. De las 24 jurisdicciones que hay en el país, 17 reconocen el juego virtual y cada jurisdicción decide cómo regular la actividad: cuántos sitios se autorizan, bajo qué requerimientos y con qué controles. En líneas generales, para quienes son usuarios: el sello distintivo de la legalidad es el dominio .bet.ar. Si termina en .com o .net, es probable que sea ilegal.
El engranaje operativo de los casinos no oficiales tiene a las cajeras como el nexo humano entre el software de apuestas y el apostador. Ellas no son empleadas directas de una gran corporación, sino que trabajan para un «agente» o «distribuidor». “Mi administradora es Vanesa. Ella me armó un panel. Tenía que promocionar Zeus. Yo nunca la vi, no la conozco”, cuenta Carla. Los casinos ilegales operan con sistemas de “paneles de agentes”, que es otro concepto clave en la jerga. Los paneles son una parte interna de la web, de administración simple, donde sólo la cajera puede crear nombres de usuario y contraseñas para los jugadores, cargar créditos (fichas) a esos usuarios, ver cuánto dinero jugaron y cuánto ganaron y «retirar» los créditos del usuario cuando éste quiere cobrar. Es lo que permite llevar un registro de contabilidad pero el dinero real nunca entra al casino. Solo se mueve a través de las billeteras virtuales.
Las cajeras se ocupan del primer paso en la cadena: la captación. Quienes regentean estas páginas webs y plataformas necesitan un ejército de cajeras para difundir y captar potenciales clientes sin exponerse a ser perseguidos por los reguladores de esas plataformas o el sistema de administración de justicia. Estas cajeras promocionan en sus propias redes sociales: Instagram, WhatsApp y Facebook. A modo de anzuelo publican promos, bonos de bienvenida o capturas de pantalla de gente ganando.
El cliente/apostador les envía dinero por transferencia, usualmente a través de la billetera de Mercado Pago, y la cajera, que tiene un panel de administración del casino, le crea un usuario y contraseña para jugar, al que le asigna «fichas» o créditos equivalentes al pago. Una vez hecho este movimiento, el apostador puede acceder a los juegos. El usuario juega en una web o app que la cajera le proporcionó sin dejar huellas ni mostrar su identidad ni cuenta bancaria. Si el usuario gana y quiere retirar el dinero, le pide a la cajera que le canjee los puntos. Ella los descuenta del sistema y le transfiere el dinero real de su propia cuenta (o la del agente administrador).
¿Por qué alguien recurriría a una intermediaria para jugar? El anonimato es el incentivo. Muchos apostadores prefieren evitar dejar rastros por diferentes motivos: tienen deudas, aparecen en el Veraz, son menores de edad o simplemente no quieren arriesgarse. Las páginas oficiales cuentan con ciertos niveles de comprobación de identidad: piden foto del DNI, una selfie para validación biométrica y cruce de datos con RENAPER. La cajera no pide nada más que un nombre de fantasía para crear el usuario. La relación de cercanía con ellas se basa en el te conozco del barrio o en la red de contactos en común de Whatsapp que los une.
Por las regulaciones bancarias, el retiro de ganancias en las páginas oficiales puede tardar entre 24 y 72 horas hábiles. En el caso de las cajeras, el pago es instantáneo y su atención es casi 24×7. Si ganaste a las 2 de la mañana, le escribís, ella te debita los puntos y te transfiere por Mercado Pago en el acto. Esa gratificación inmediata es altamente adictiva y competitiva frente al sistema legal.
Además de la cooptación, las cajeras hacen un aporte fundamental para que los flujos de transferencia de dinero se dispersen: sus CBUS o CVUS. Basta con bucear apenas en la superficie de Internet por los grupos de Facebook o Telegram donde se reclutan cajeras. Ahí aparecen publicaciones en las que se usan eufemismos como Busco personas con cuenta activa o Alquilo CVU. Así como las aplicaciones de autos como Uber trasladan al chofer el riesgo del capital, el auto, el seguro, el choque, los casinos ilegales trasladan a la cajera el riesgo legal y financiero (la cuenta bloqueada, la denuncia penal, el reclamo del apostador).
El riesgo que enfrentan las cajeras es latente y tácito: si el agente desaparece o la plataforma cae, la cara visible frente al apostador son ellas. Ponen su CBU o CVU y su nombre en cada transacción. En Argentina, desde 2016 la facilitación de juego de azar ilegal está tipificada en el artículo 301 bis del Código Penal: “Será reprimido con prisión de tres años y seis meses a seis años el que explotare, administrare, operare o de cualquier manera organizare, por sí o a través de terceros, cualquier modalidad o sistema de captación de juegos de azar por medios digitales, sin contar con la autorización pertinente emanada de la autoridad jurisdiccional competente”.
Al igual que las mulas en el ámbito del narcotráfico, las mujeres que transportan sustancias ilegales entre sus ropas o en sus cuerpos, las mulas de los casinos online truchos ponen el cuerpo, sólo que, en los territorios digitales, ese poner el cuerpo es el CBU o CVU. Las cajeras arriesgan su identidad financiera al poner su cuenta personal (Mercado Pago, bancos digitales) para que circule dinero, en algunos casos de origen no declarado.
Si quedan pegadas en una investigación más grande que va detrás de los casinos ilegales, quedan marcadas en el sistema financiero y pierden su única herramienta de bancarización para su vida cotidiana.
Son el eslabón más débil de la cadena y el más fácil de rastrear para los investigadores judiciales de la Unidad de Información Financiera (UIF) y las fiscalías especializadas en ciberdelincuencia: en las denuncias el primer nombre que aparece es el de la dueña de la cuenta donde el apostador transfirió. Los dueños del software y los grandes distribuidores están ocultos tras servidores en el exterior. Al igual que en el mercado de venta de drogas, la mula es la que cae primero.
Desde la perspectiva de la investigación judicial y el ámbito de ciberseguridad, el rol de las cajeras se emparenta al término mulas bancarias o money mules y es el que aparece para describir su rol en el esquema financiero.
En la jerga de la industria bancaria y las investigaciones de lavado de activos, el movimiento de dinero que permiten las cajeras se conoce como pitufeo. O en inglés: smurfing. Consiste en dividir una gran transacción financiera en varias más pequeñas con ayuda de cómplices para pasar desapercibido del escrutinio por parte de los entes de regulación o la justicia. Muchas de estas mujeres que operan como cajeras para sobrevivir no saben que las billeteras virtuales tienen algoritmos que detectan cuando una cuenta de un particular empieza a recibir muchas transferencias diarias de montos chicos.
En los últimos dos años hubo algunos megaoperativos contra plataformas como «Celuapuestas» o «Ganamos.net» que tuvieron cobertura mediática. Estas investigaciones revelaron que detrás de la interfaz de colores estridentes, diamantes, duendes y brillos hay una arquitectura diseñada para el lavado de activos. En una causa reciente en la provincia de Buenos Aires, la Justicia detectó que una red de cajeras no sólo operaba el juego, sino que funcionaba como una gigantesca lavandería capilar: miles de transferencias diarias de montos bajos que, sumadas, permitían a los dueños del software blanquear millones de pesos a través de cuentas de mujeres de barrios populares que, a cambio de una comisión, entregaban su identidad financiera.
En operativos realizados en las provincias de Salta y Córdoba en 2025, la justicia ordenó el bloqueo de más de 250 cuentas bancarias y billeteras virtuales. Muchas de las imputadas declararon bajo la misma lógica que Carla: «Es un emprendimiento». Sin embargo, para el Código Penal, el flujo de dinero no declarado que pasa por sus cuentas las convierte en coautoras de una asociación ilícita, dejándolas inhabilitadas para tener una cuenta sueldo o acceder a un crédito formal.
El caso de la red «Las Únicas» en Salta, a mediados del 2025, es quizás el más didáctico para entender la jerarquía del delito. En esa causa judicial, la fiscalía describió una pirámide donde las cajeras eran reclutadas en grupos de Facebook bajo la promesa de «manejar tus propios horarios». Pero, eran el escudo humano de una organización que utilizaba sus nombres para diversificar los ingresos y evitar las alertas de la AFIP.
Cada crisis tiene su rebusque, sea una remisería, una cancha de paddle o un parripollo. Los escombros de esos negocios configuran los paisajes del conurbano. Si logran evadir las causas judiciales, estas formas de supervivencia tienen un tiempo perecedero, el de los estados de Whatsapp: Estoy cargando. Sigo.
El Intendente Marcelo Orazi firmó hoy con el gobierno provincial el convenio marco para la colaboración, cooperación y asistencia mutua, con el objetivo de fortalecer la implementación de políticas de género. El acuerdo se enmarca en el programa ‘Consolidarnos’ que busca fortalecer las áreas de género y diversidad municipales, a través de capacitación, asistencia técnica…
Por momentos, el Gobierno de Javier Milei se entusiasma con una narrativa que suena irresistible: la campaña agrícola 2025/26 cerraría con una de las mejores cosechas de la historia, con más de 110 millones de toneladas entre soja y maíz.
En la Casa Rosada repiten el número como si fuera un salvoconducto hacia la reelección presidencial. Pero debajo de ese volumen impactante asoma una pregunta incómoda: ¿cuánto de esa cosecha récord se traduce realmente en rentabilidad?
El dato no surge de un paper opositor ni de una entidad rural en pie de guerra. Al contrario. Proviene de un informe de la Fundación Mediterránea, con la firma de Juan Manuel Garzón -exfuncionario del propio Milei- y Franco Artusso. Es decir, números incómodos que nacen dentro del propio ecosistema técnico que suele orbitar el círculo rojo cordobés.
Los datos -plasmados en el informe «Rentabilidad agrícola 2018-2026: márgenes ajustados, volúmenes récord y una carga tributaria que no afloja»- dibujan un escenario de contrastes. El maíz podría alcanzar un récord histórico de 67 millones de toneladas, mientras que la soja se mantendría en torno a los 48 millones. A simple vista, el agro vuelve a ser la locomotora. Pero cuando se mira la rentabilidad por hectárea, el cuadro cambia drásticamente.
El problema no es la producción, sino el margen. En el primer trimestre de 2026, los números empezaron a deteriorarse. Los ingresos cayeron en términos reales, empujados por la baja del precio del maíz, mientras que los costos -especialmente el gasoil y los fertilizantes- subieron entre 6% y 8%. El resultado: «márgenes en retroceso después de una recuperación parcial durante 2025».
El dato más sensible es que, incluso con buenos rindes, producir granos dejó de ser negocio en algunas regiones. En la zona extrapampeana, los productores que alquilan campos directamente operan a pérdida: -78 dólares por hectárea. En la zona núcleo, el corazón productivo del país, los arrendatarios apenas raspan el equilibrio con márgenes de 26 dólares. Solo los propietarios logran sostener números positivos, aunque lejos de los niveles de años anteriores.
Incluso con buenos rindes, producir granos dejó de ser negocio en algunas regiones. En la zona extrapampeana, los productores que alquilan campos directamente operan a pérdida: -78 dólares por hectárea. En la zona núcleo, el corazón productivo del país, los arrendatarios apenas raspan el equilibrio con márgenes de 26 dólares. Solo los propietarios logran sostener números positivos.
Es un escenario que relativiza el optimismo oficial. Porque la «cosecha récord» convive con una ecuación económica cada vez más ajustada. Y en Córdoba, la rentabilidad derrama en la dinámica política, particularmente en el interior, bastiones de Milei en las últimas tres elecciones. El factor que termina de tensar el cuadro es la estructura impositiva.
En los últimos doce meses, el Estado se quedó con el 55% del excedente económico en la zona núcleo y con el 76% en la extrapampeana. En otras palabras, en las regiones menos productivas, tres de cada cuatro dólares generados por el campo terminan en manos del fisco.
Y ahí aparece otro contraste que incomoda al relato libertario. Mientras el Gobierno despliega el «cotillón» de la baja de algunos impuestos nacionales -con anuncios segmentados y reducción de alícuotas en tributos puntuales-, el corazón de la presión fiscal sobre el agro sigue prácticamente intacto.
Las retenciones, el impuesto más distorsivo según el propio Milei en campaña, continúan explicando la mayor parte de la carga tributaria efectiva.
El informe de la Mediterránea también explica que el peso de los Derechos de Exportación es clave para entender la distorsión. A diferencia de otros impuestos, no se ajustan a la rentabilidad: se aplican sobre el ingreso bruto. Eso genera una paradoja que incomoda incluso a economistas cercanos al oficialismo: cuando los márgenes caen, la presión fiscal efectiva sube.
Es el tipo de inconsistencia que el propio Milei había prometido eliminar durante la campaña, cuando hablaba de «dinamitar» el sistema impositivo y terminar con tributos que castigan la producción. Por ahora, esa promesa convive con una realidad más pragmática: la necesidad de sostener la recaudación.
En 2021 y 2022, los derechos de exportación sobre la soja eran del 33%, más altos que los actualmente vigentes (24%). Sin embargo, los precios internacionales de los granos eran excepcionalmente elevados (efecto postpandemia y guerra en Ucrania), lo que generaba mayores excedentes económicos.
El contraste con el período 2021-2022 es elocuente. En esos años, con precios internacionales en niveles excepcionales, los márgenes eran mucho más altos y la carga tributaria relativa, más baja, incluso con retenciones más elevadas. Hoy ocurre lo contrario: menores precios, mayores costos y una presión fiscal que pesa más.
El informe lo precisa así: «En 2021 y 2022, los derechos de exportación sobre la soja eran del 33%, más altos que los actualmente vigentes (24%). Sin embargo, los precios internacionales de los granos eran excepcionalmente elevados (efecto postpandemia y guerra en Ucrania), lo que generaba mayores excedentes económicos». No son años cualquiera, sino los de Alberto Fernández en la Casa Rosada.
A eso se suma otro elemento que empieza a preocupar en el sector: el financiamiento. Si parte de los insumos se paga con crédito -un escenario cada vez más frecuente-, los márgenes se deterioran aún más. En ese caso, incluso los arrendatarios de la zona núcleo entrarían en terreno negativo.
La conclusión es menos épica que el relato oficial. La campaña 2025/26 puede ser récord en volumen, pero no necesariamente en rentabilidad. Y eso tiene implicancias políticas y económicas.
Para el Gobierno, el agro sigue siendo una fuente clave de dólares en un contexto de fragilidad externa. Pero si los márgenes siguen comprimidos, la capacidad de reinversión del sector se reduce, y con ella, el potencial de crecimiento futuro.
En el fondo, el modelo enfrenta una tensión clásica de la economía argentina: la necesidad fiscal versus la competitividad productiva. Por ahora, la balanza sigue inclinándose hacia el primer lado.La pregunta que empieza a circular en el mercado es si el «veranito» de la cosecha récord alcanzará para tapar ese desequilibrio. O si, por el contrario, terminará exponiéndolo con más crudeza.
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