POCO CIELO MUCHOS CABLES

G. debe once millones de pesos en la tarjeta. Durante meses pagó el mínimo, después se atrasó y tuvo que refinanciar. Una de sus hijas perdió el trabajo y también quedó endeudada. A las dos las llaman los acreedores. “Tenemos una persecución ahí”, cuenta. Maestra de San Miguel, en el conurbano bonaerense, y dueña de un pequeño emprendimiento familiar, usó la tarjeta para sostener el colegio de sus hijas y el auto con el que va a trabajar: el nivel de vida. Hoy el pago mensual de la deuda equivale a la mitad de su sueldo.

La situación le produce angustia, pero no modifica su apoyo a Javier Milei ni la lleva a reclamar que el Estado intervenga. “A mí nadie me puso una pistola en la cabeza y me dijo que pida préstamos o me financie”, dice, retomando casi literalmente la respuesta del presidente cuando le preguntaron por las familias endeudadas. Reconoce que “el problema base es que uno no llega a fin de mes”, pero se responsabiliza por haber usado demasiado la tarjeta y confía en que Milei arreglará una economía destruida por los gobiernos anteriores: “El presidente no tiene la culpa, el Estado no tiene la culpa. Sé que se está arreglando este desastre en el que estábamos todos hundidos”.

A muchos de ellos, según nos contaron a fines de agosto, la deuda los afecta, a veces de manera dramática. ¿Cómo impacta esto en su adhesión política?

La historia de G. condensa una paradoja que atraviesa a una parte de los votantes del “núcleo duro”, es decir, quienes eligieron a Milei en primera y segunda vuelta. Esta conversación es parte de una investigación que iniciamos en julio de 2024. Seguimos a cinco grupos de estos votantes mediante contactos periódicos a través de grupos de Whatsapp. A muchos de ellos, según nos contaron a fines de agosto, la deuda los afecta, a veces de manera dramática. Reconocen que dejó de ser una decisión excepcional para convertirse en el recurso con el que se pagan alimentos, servicios y gastos cotidianos. Pero ese reconocimiento no conduce necesariamente a pedir una regulación estatal ni a revisar su adhesión política.

No se trata de votantes indiferentes a lo que ocurre. En los grupos hablan de salarios que no alcanzan, de clientes que dejan de pagar, de familiares perseguidos por financieras y de préstamos digitales tomados para cubrir otros préstamos. La novedad está en cómo ordenan esas experiencias. Un mismo participante puede describir una economía que empuja a las familias a endeudarse y, pocos minutos después, defender que cada deudor se haga cargo de esa situación sin ayuda pública. Muchos de estos votantes cruzaron un puente: dejaron atrás la expectativa de que el Estado se ocupe y llegaron a la orilla de una crítica radical a su intervención. Del otro lado, la deuda aprieta pero no basta para desandar el cruce.

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La morosidad de los hogares creció con rapidez y el tema se instaló en la agenda pública. El Banco Central informó que la mora de las financiaciones a las familias pasó del 2,94% en febrero de 2025 al 12,8% en junio de 2026. En el Congreso se acumularon proyectos de refinanciación, regulación del crédito y desendeudamiento. El Gobierno rechazó intervenir: “¿Les pusieron una pistola en la cabeza?”, preguntó Milei. Para el presidente, las deudas son acuerdos entre privados, y asistir a quienes no pueden pagarlas significaría trasladarles el costo a los demás.

La Argentina conoció otras coyunturas en las que las deudas ingresaron en la esfera pública. Durante la expansión del consumo de 2003–2015, el crédito fue vivido principalmente como una vía de acceso a bienes y bienestar. Mientras las cuotas pudieran integrarse al presupuesto doméstico, la deuda se narraba como inclusión y movilidad, no como agravio, y no produjo un movimiento nacional de deudores de consumo, como investigaron Mariana Luzzi y Ariel Wilkis.

Los hipotecados UVA muestran una trayectoria diferente. Aunque la mora se mantuvo comparativamente baja, la indexación del capital, la pérdida salarial y la sensación de pagar sin dejar de deber alimentaron una organización nacional. La politización se apoyó en una figura moralmente legítima, el deudor que seguía pagando; un bien socialmente valioso como es la vivienda única y una responsabilidad identificable: haber confiado en una política estatal cuyas condiciones se volvieron insostenibles. La politización feminista realizó otra operación. La consigna “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos” reunió obligaciones heterogéneas como tarjetas, alquileres, servicios, créditos informales y deudas familiares para mostrar sus efectos comunes sobre la autonomía y los cuidados. Su intervención buscó “sacar la deuda del clóset”: volver colectiva y narrable una experiencia habitualmente procesada mediante vergüenza y culpa, como investigaron Luci Cavallero y Verónica Gago en Una lectura feminista de la deuda: ¡Vivas, libres y desendeudadas nos queremos! (Tinta Limón)..

Estos antecedentes muestran que endeudarse no conduce por sí mismo a la politización. Es necesario que la experiencia se desprivatice, que aparezca una interpretación compartida de sus causas, que se identifiquen actores responsables y que alguna organización traduzca la experiencia en una demanda. La coyuntura actual combina una extensión potencialmente mayor con una articulación más difícil: no existe un único contrato ni un bien visible que defender, sino tarjetas, préstamos personales, billeteras virtuales, servicios impagos y deudas informales destinadas, cada vez más, a sostener gastos corrientes. Esta dispersión dificulta la construcción de una identidad común, pero también vuelve menos plausible que todas las deudas puedan explicarse como decisiones plenamente libres.

Gobierno y oposición suelen extraer conclusiones opuestas de esta situación. El oficialismo confía en que la deuda es un asunto individual que no erosiona su base. Parte de la oposición imagina que las cuotas impagas y los resúmenes de tarjeta contienen el principio de un desencanto. Nuestro seguimiento longitudinal de votantes mileístas muestra un panorama menos lineal. El Gobierno subestima la preocupación: la mayoría considera que el endeudamiento es un problema, lo padezca directamente o no. Pero la oposición saca conclusiones apresuradas: reconocer un problema común no implica compartir sus soluciones.

Endeudarse para vivir

De las respuestas de los participantes surgen tres maneras de experimentar y juzgar la deuda. No son perfiles sociales rígidos, sino posiciones construidas a partir de la situación material, la experiencia del entorno y ciertas ideas sobre responsabilidad y justicia.

Diez de las veintinueve personas que respondieron sobre su experiencia personal o cercana describieron una situación crítica. Para ellas, el crédito dejó de financiar mejoras o consumos extraordinarios: sirve para comprar comida, pagar servicios o sostener aspectos básicos de la vida familiar.

S, una enfermera sanjuanina de 50 años que realiza cuidados a domicilio, lo cuenta sin rodeos: “En mi familia la estamos pasando todos bastante mal: endeudados, no llegamos a fin de mes con el sueldo, hay cuentas que no se terminan de pagar, porque alcanza para comer y hasta ahí”. Para poner un plato en la mesa recurren a la tarjeta, a Mercado Pago, a préstamos y a aplicaciones de cuotas como Goucuotas.com..

Entre estos participantes se repiten las quejas por las tarifas (que además tienen grandes diferencias regionales en el país) y por los salarios, muy por debajo del costo de vida. Un empleado chaqueño pide adelantos para pagar facturas de electricidad de 260.000 o 300.000 pesos. Una trabajadora informal de Villa María, Córdoba, resume: “Hay poco empleo, el poco empleo que hay te lo pagan chirolas y la luz te viene una fortuna”. La deuda no aparece como un contrato abstracto elegido en libertad, sino como la consecuencia de ingresos insuficientes.

G., la docente citada al comienzo de la nota, explica esto con cifras. Durante meses pagó el mínimo de una deuda de cinco millones de pesos. Cuando dejó de hacerlo, refinanció y el monto ascendió a once millones. El crédito, que primero le permitió sostener consumos cotidianos, comenzó a absorber sus ingresos. Aun así conserva expectativas sobre el futuro: “Sí, me preocupa, pero tenemos la fe y la esperanza de que esto va a mejorar. Queremos que el país mejore”. La esperanza política no elimina la angustia económica; convive con ella.

La Argentina conoció otras coyunturas en las que las deudas ingresaron en la esfera pública. La deuda se narraba como inclusión y movilidad, no como agravio.

Un segundo grupo (ocho de los veintinueve) no atraviesa deudas críticas, pero observa el problema y lo considera grave. Algunos lo conocen por su trabajo: comerciantes que escuchan a sus clientes, empleados de agencias de cobro o profesionales en contacto con hogares morosos. “Sé de mucha gente que tiene que comprar comida con tarjeta o sacar crédito para pagar luz y gas”, dice una comerciante de Alta Gracia,  Córdoba.

V., una joven trabajadora freelance, no conoce personalmente a nadie en esa situación, pero no la atribuye sólo a malas decisiones: “Se endeudan simplemente para llegar a fin de mes con los gastos cotidianos. Creo que es un problema más estructural”. En varias respuestas aparece también la preocupación por los préstamos ofrecidos desde billeteras virtuales. La rapidez y la escasa burocracia facilitan el acceso, vuelven más sencillo tomar deudas sin comprender sus tasas y condiciones.

El tercer grupo (once de los veintinueve) interpreta el endeudamiento desde una moral de la responsabilidad individual. No registra deudas críticas propias ni cercanas. Algunos relativizan el problema o desconfían de las cifras, que consideran infladas por “los kirchneristas y la izquierda”. “El que se endeuda sabe dónde se mete; después verá cómo sale”, afirma un trabajador de mantenimiento. Haber atravesado deudas y pagarlas sin ayuda se convierte en la prueba de que los demás también pueden hacerlo.

En estos relatos, el buen deudor ajusta sus gastos, busca otros ingresos y cumple sus compromisos; el mal deudor consume por encima de sus posibilidades y pretende trasladar las consecuencias de sus actos a otros. Una jubilada recuerda que su familia sólo se endeudó para comprar la casa: “Éramos muy conservadores y conscientes: si no teníamos, no gastábamos”. La preocupación por las aplicaciones reaparece, pero ahora como señal de falta de educación financiera o imprudencia personal.

La distinción no es sólo económica. Es también moral: separa a quienes se adaptan, se privan y cumplen de quienes habrían gastado sin medir las consecuencias. Un jubilado de Lanús, en el Gran Buenos Aires, formula la pregunta que organiza esta mirada: “Yo no me endeudé, ¿por qué hay gente que está endeudada?”. La estabilidad propia se convierte en parámetro para juzgar situaciones muy distintas. Quedan aquí en segundo plano la informalidad laboral, las tasas, la caída de ingresos o la necesidad de financiar gastos básicos.

La experiencia importa: quienes están asfixiados o ven de cerca la ruptura de la cadena de pagos reconocen con mayor facilidad su dimensión colectiva. Pero no determina por sí sola la posición política. Incluso entre quienes describen un problema estructural persisten el valor del esfuerzo, el rechazo al consumo superfluo y la desconfianza hacia el Estado.

¿Quién debe hacerse cargo?

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Cuando la pregunta pasa del diagnóstico a las soluciones, la posición más extendida es la no intervención. Diecinueve de los treinta participantes que se pronunciaron sobre qué debería hacerse rechazaron que el Estado regule las tasas o refinancie las deudas. Siete defendieron alguna forma de regulación, mediación o prevención pública. Los cuatro restantes describieron el problema, pero no lograron formular una salida clara.

Para la mayoría antiintervencionista, la deuda es un acuerdo libre entre privados. Rescatarla sería injusto con quienes pagan con esfuerzo y podría reducir la oferta de crédito. F., un estudiante universitario porteño que busca trabajo, advierte: “Regulando las tasas van a lograr que no existan más préstamos, porque los bancos, ¿para qué van a prestarle plata a la gente si después no pueden tener ganancias?”. Teme que, sin crédito formal, sólo queden los usureros.

C., un albañil cordobés, reconoce que los servicios cuestan demasiado respecto de los salarios, pero insiste en la responsabilidad personal: “No creo que el Presidente sea quien deba hacerse cargo de la deuda de las personas. Cada uno sabe lo que hace, cómo administra su plata”. Otro participante lo formula como principio de justicia: “No tiene por qué el Estado -que somos todos- pagar la indulgencia de otra gente”.

Esta posición no siempre implica negar la crisis. Algunos participantes aceptan que la gente se endeuda para llegar a fin de mes, pero sostienen que la tarea del Gobierno consiste en estabilizar la economía, bajar impuestos y recuperar los salarios, no en intervenir sobre contratos particulares. La solución es general y futura; las deudas son individuales y presentes.

Quienes reclaman alguna acción estatal tampoco forman un bloque homogéneo. Sus propuestas van desde regular intereses abusivos y facilitar refinanciaciones hasta incorporar educación financiera en las escuelas. Una psicopedagoga de Lomas de Zamora en el Gran Buenos Aires rechaza la condonación, pero pide protección frente a bancos y prestamistas: “Muchas veces se desconoce cómo el interés va acrecentando la deuda. No que se condonen, pero sí que intervengan en cuanto a los intereses, que son exorbitantes”.

Las vacilaciones de este grupo son reveladoras. Varias respuestas comienzan aceptando el principio oficialista -el Estado no debería “hacerse cargo”- y luego agregan excepciones. Un joven rosarino reclama campañas de prevención y educación económica. Otros diferencian entre perdonar una deuda y limitar intereses que juzgan abusivos. No abandonan el lenguaje de la responsabilidad individual: intentan complementarlo con alguna forma de protección.

Gobierno y oposición suelen extraer conclusiones opuestas de esta situación. El oficialismo confía en que la deuda no erosiona su base. Parte de la oposición imagina que contiene el principio de un desencanto. Nuestro seguimiento muestra un panorama menos lineal.

Otro participante ensaya una distinción: si alguien se endeuda para comprar algo que no puede pagar, el Estado no tiene por qué intervenir; si el crédito se usa para comer o pagar servicios, el problema ya no es sólo individual. En ese caso, propone regular las tasas o facilitar una refinanciación razonable. La responsabilidad personal no desaparece, pero deja de alcanzar como explicación.

Los cuatro participantes sin una postura definida hablan de informalidad laboral, tarifas, apuestas en línea y falta de acceso al crédito formal. El problema existe y los preocupa, pero no encuentran palabras para convertirlo en una demanda. Esa dificultad también es políticamente significativa: entre vivir una crisis y reclamar una solución hay un trabajo de interpretación que no siempre llega a completarse.

La deuda y la fidelidad política

¿Qué ocurre cuando la deuda afecta directamente a quienes continúan apoyando a Milei? Seis de los diez participantes que describen una situación crítica rechazan la intervención estatal. No niegan el agobio. Lo procesan mediante tres recursos que suelen combinarse: la responsabilidad personal, la confianza en que el plan de Milei dará resultados y la atribución retrospectiva de la crisis al kirchnerismo.

G., la docente fuertemente endeudada, encarna esa combinación. Sabe que su familia no llega a fin de mes y que la deuda dejó de ser una excepción. Pero retoma el encuadre presidencial: nadie la obligó a usar la tarjeta. Su explicación es individual y colectiva a la vez. Se culpa por no haber administrado mejor las cuentas, pero atribuye la insuficiencia general de los ingresos al “desastre” recibido. El presente la afecta; la esperanza sigue puesta en el Gobierno.

Otros participantes adoptan el lenguaje de la adaptación. M., trabajador de la industria del plástico, vive al día y recortó salidas y consumos para no entrar en default. Tiene una pequeña deuda por gastos imprevistos, pero se corrige cuando está a punto de lamentarse: “Seguiré viviendo al día, lamentablemente. Bah, lamentablemente no: es el camino también, hay que ser realista”. La rectificación condensa el esfuerzo por integrar la dificultad a una narrativa de sacrificio necesario.

La identidad negativa, que activa una oposición tajante a todo lo que se asocie con el kirchnerismo, también organiza las responsabilidades. En un trabajo anterior mostramos que muchos votantes de Milei fueron acercando sus interpretaciones a las del Gobierno cuando un tema pasó a ser bandera de la oposición. Ocurrió con los jubilados: aun reconociendo la gravedad del problema, varios respaldaron el veto presidencial a un aumento porque lo leyeron como una maniobra opositora para desestabilizar. Con la deuda sucede algo semejante. La intervención estatal se asocia con el asistencialismo, los planes y el “regalar dinero”; rechazarla confirma la distancia con el kirchnerismo.

Esto no significa que todos repitan mecánicamente al Gobierno. Los encuadres oficiales resultan eficaces porque se apoyan en disposiciones anteriores: el valor de cumplir, la memoria de crisis pasadas, el enojo con quienes reciben ayudas y el rechazo al kirchnerismo. La imagen de “la pistola en la cabeza” ofrece una forma breve de articular esas disposiciones. Permite reconocer el problema sin trasladar la responsabilidad al Gobierno y mantener abierta la promesa de que el orden macroeconómico terminará mejorando la vida cotidiana.

Pero el alineamiento no es total ni irreversible. Algunos buscan soluciones intermedias que les permitan sostener el principio de responsabilidad sin aceptar tasas abusivas o salarios insuficientes. Proponen que el Estado ofrezca créditos razonables sin intervenir en los contratos privados. “No digo que regalen la plata”, aclara un trabajador, “sino una tasa normal para la situación actual de la mayoría”.

S., la enfermera sanjuanina antes citada, tampoco quiere que el Estado pague las deudas familiares, pero exige una relación posible entre salarios y precios: “No podemos estar ganando 3.500 pesos la hora y pagar 16.000 el kilo de carne. No podemos ganar eso y pagar 70.000 o 100.000 pesos de luz, porque el sueldo no alcanza para nada”. Su respuesta no rompe con el ideal de hacerse cargo, pero redefine el problema: la responsabilidad individual sólo puede ejercerse si el trabajo permite vivir.

La deuda, entonces, abre tensiones dentro del electorado de Milei, pero no produce por sí sola una ruptura. Para una parte de estos votantes, la experiencia negativa se acomoda dentro de marcos ya disponibles: la responsabilidad individual, la herencia recibida, el sacrificio transitorio y la confianza en un futuro ordenado. Para otros, obliga a buscar un punto intermedio entre la no intervención y la necesidad de protección.

Las condiciones materiales importan, pero no hablan solas. Entre una factura impagable y una demanda política intervienen identificaciones políticas, encuadres asociados a esas identificaciones, ideas de justicia y formas de atribuir responsabilidades. Graciela sabe que no puede seguir pagando la tarjeta y sabe también que no es la única. Aun así, cuando piensa quién debe resolverlo, vuelve a la frase de Milei: nadie le puso una pistola en la cabeza. En esa distancia entre la experiencia compartida y la solución imaginada se juega, por ahora, una parte de la persistencia del apoyo libertario.

Desde julio de 2024 seguimos periódicamente, mediante cinco grupos de WhatsApp, a votantes que apoyaron a Milei en ambas vueltas de 2023 y en su gran mayoría continuaban respaldándolo en agosto de 2026. Para esta nota analizamos las respuestas de 29 participantes a una consigna sobre endeudamiento y de 30 a otra sobre la posible intervención estatal. Los conteos son descriptivos y no buscan representar estadísticamente al electorado mileísta. 

La entrada Endeudados pero fieles se publicó primero en Revista Anfibia.