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POCO CIELO MUCHOS CABLES

Tour por la Nueva Delhi Reginense

Para los que han tenido la posibilidad de viajar a la India, seguramente en algún tour por la ciudad de Nueva Delhi algo les habrá hecho recordar que no estaban tan lejos de nuestra querida ciudad Villa Regina. Si no viajaron (que es lo más probable, ya que estamos del otro lado del mundo), pueden buscar imágenes o videos de la capital India para saber de qué viene la cosa.

Hay una semejanza entre ambas ciudades, ¿qué podemos rescatar de la ciudad con el aire más tóxico del mundo y la perla del valle?, no es precisamente la toxicidad del aire, (aunque el nuestro no es tan impoluto como quisiéramos) si no su decorado/estético urbano explotado de postes y cableríos.

Resulta que en Nueva Delhi es prácticamente imposible mirar el cielo y no notar la maraña de cables que aparecen sobre las calles y edificios, su espacio aéreo está perturbado por el afán comercial  de prestadores de servicios que están muy lejos de ser regulados por el Estado, igual que acá.

¿Será tan grande la necesidad de la población en obtener servicios mediocres que no somos capaces de darnos cuenta que si no existe orden tampoco podemos pretender calidad?

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En Villa Regina, como en casi todas las ciudades del país hay tendidos muy viejos de líneas de teléfono o de cablevisión que están obsoletas. Lógico, si quien debe regularlas (el ejecutivo) no se compromete en su responsabilidad, menos aún se van a interesar por motu proprio los prestadores de servicios que son quienes deberían invertir siendo los encargados de llevar adelante un plan de re-estructuración de sus cableados aéreos.

Hoy en día, las nuevas instalaciones también se realizan entre esos tendidos sin tener en cuenta la posibilidad de hacerlos vía subterránea, aún siendo el municipio el encargado de habilitar los nuevos pudiendo controlar a través de normativas que regulen, exijan, rotulen mediante el dictamen de ordenanzas locales, al menos, la quita de los tendidos que están en desuso, soterrando los ya instalados y los próximos que vendrán.

El municipio tiene facultad plena en lo que respecta al uso del espacio aéreo dentro de su ejido, determinando las condiciones a cumplimentarse acordes a las necesidades de los usuarios, siendo imprescindible el control permanente desde el Ejecutivo Municipal pautando la forma de prestación, así como una regulación efectiva que encuadre la temática en forma general. La falta de control normativo no es de ahora, nunca se controló.

Un proyecto que alcance todas las actividades que se concreten mediante el tendido de redes de distribución aérea como: televisión por cable, telefonía, electricidad, Internet o cualquier otro servicio o actividad para lo cual resulte necesario la utilización de una red de distribución aérea, es necesario e inevitable.

La ciudad necesita regularizarlo porque en los últimos años las empresas de electricidad, telefonía e internet fueron sobrecargando hasta cubrir el cielo reginense con una maraña de líneas negras, que además de quitarle belleza, son una promesa constante de peligro y accidentes. Al tenerlo subterráneo brindaría mayor seguridad ante posibles accidentes viales o naturales a los vecinos, porque evita los posibles daños; no como el aéreo que corre un peligro permanente.

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La única normativa vigente en la ciudad sobre el uso del espacio aéreo para el cableado y el tendido eléctrico es la ordenanza 142/08 y lo único que regula son las tasas por derecho de ocupación del espacio público. Por lo tanto en la misma normativa se regulan los valores de tasas y  contribuciones por el derecho del espacio público de una mini pyme gastronómica que quiere instalar dos mesas en la vereda como de una empresa nacional que quiere instalar “X” cantidad de metros lineales de cableado. No se regula, ni fiscaliza, ni controla: “cómo” se van a instalar, solo se estipula el impuesto. Nuevo servicio, nuevo tendido, más gasto, más peligro, más contaminación visual.

Facultando al ente contralor también se da la igualdad de condiciones para la competencia empresarial, en off, un directivo de una de las empresas que brindan servicios de internet en Villa Regina nos comentaba que a su empresa se le solicitó la obligatoriedad del cableado de fibra óptica de manera subterránea cuando a las demás empresas se les facilitó el tendido aéreo.

La mayoría de las normativas que hemos podido encontrar en ciudades del país se encuentran con los mismos problemas. No son respetadas ya que no son controladas, no solo en retrospectiva si no también hacia adelante. A su vez, van sufriendo constantes modificaciones que tienen que ver con el alcance de las grandes empresas hacia los sujetos políticos, presionando e influyendo en función de sus intereses empresariales. Coinciden casi todas en la regulación del soterramiento de las nuevas instalaciones,  en la demanda del mismo proceso para los tendidos ya instalados, y la quita de los cableados en desuso.

En un primer paso hay que ir resolviendo lo que llamamos “basura aérea”, que es aquella contaminación que podemos ver todos los reginenses en nuestro cielo, ni bien salimos de nuestras casas. En rigor, la intención de un proyecto de ordenanza debería ser sacar la enorme cantidad de cables existentes en la actualidad en el espacio aéreo. Ese sería un inicio, y como mencionábamos el soterramiento de los futuros cableados y la modificación de los ya instalados a la vía subterránea lo subsiguiente.

Otro de los ejemplos de la falta de regulación tiene que ver con el uso de postes municipales para negocios privados o particulares siendo que estos se mantienen con los impuestos municipales abonados por los contribuyentes pero a su vez son usufructuados por empresas privadas.

Resulta imperante una normativa local que regule el uso del espacio aéreo, que disponga el retiro de las instalaciones de cableado aéreo en desuso o que generen peligro a terceros. También debería buscarse regular el retiro o reubicación de postes de alumbrado eléctrico u otros servicios, como medida de seguridad y protección tanto a los vecinos como al medio ambiente en el distrito.

Está bien, no pretendemos despistar tu atención mucho más, continúen con el tour, bienvenides a la Nueva Delhi Reginense.

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La ciudad de Gral. Roca cuenta con una ordenanza algo más fundamentada y detallada sobre el uso del espacio aéreo (aunque carece también de control, porque ahí nos hermanamos en todo el país)… La normativa por ejemplo expresa en algunos de sus artículos lo siguiente:

…” Artículo 9º: TENDIDO SUBTERRANEO: a) En todo lo que es tendidos de redes de distribución de diferentes servicios en barrios nuevos, los mismos deberán ser tendido subterráneo de ductos o conductores de servicios de televisión, teléfono, electricidad, etc.; y el mismo será solicitado por la Municipalidad, quien podrá autorizar otro tipo alternativo a los mismos. Las empresas prestatarias de los servicios, podrán asociarse para compartir el gasto de la obra realizada.- b) Todos los tendidos nuevos o a remplazarse de las líneas de media tensión de transporte de energía eléctrica, dentro del radio urbano y suburbano de la ciudad, deberán ser subterráneas”…

…” Artículo 13º: UBICACIÓN DE POSTES: El área municipal de Infraestructura será la encargado de determinar las zonas y sectores de la ciudad, como así también las calles, avenidas o accesos en los cuales se permitirá la implantación de cada tipo de postes/ columnas; pudiendo exigir también el tendido subterráneo de los conductores o redes en aquellos lugares que estime conveniente atendiendo razones de seguridad, ordenamiento, estética o planificación urbana.-”…

…” Artículo 14º: REMODELACION DE LA VIA PUBLICA: En el caso que el municipio disponga ejecutar proyectos de remodelación de la vía pública en cualquier lugar de la ciudad, y para ello resulte necesario eliminar los tendidos de redes aéreas, las empresas propietarias de las mismas, estarán obligadas a ejecutar el tendido subterráneo de sus instalaciones en el mismo plazo que el municipio prevea la ejecución de sus proyectos.-”…

…” Artículo 16º: UTILIZACION DE COLUMNAS Y POSTES: Las columnas y/o postes de propiedad municipal, sólo podrán ser autorizados por la Municipalidad. En caso de que alguna empresa sin la autorización pertinente hiciera utilización del mismo, se labraran las infracciones correspondientes y se procederá a cobrar las multas establecidas hasta su regularización o retiro de las instalaciones.-”…

…” Artículo 34º: MODIFICACIONES Y/O ADECUACIONES: Todas las instalaciones que a la promulgación de la presente Ordenanza, no cumplan con su articulado, se deberán adaptar a las presentes especificaciones, en un plazo que de común acuerdo se establecerá con la Municipalidad.- El área municipal de Infraestructura dará conocimiento de la presente Ordenanza a todas aquellas empresas propietarias de redes aéreas de distribución para que en el plazo máximo de tres meses, procedan a realizar las presentaciones espontáneas y declaración de las instalaciones existentes, así mismo la presentación de un plan de trabajo para la realización de las adecuaciones que corresponda”…

…” Artículo 36º: INSTALACIONES EN DESUSO Las empresas, deberán retirar de manera inmediata todas las instalaciones que a la sanción de la presente no estén en uso”…

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    La hidrovía de Milei: una privatización bajo sospecha que terminó exactamente como se había denunciado

     

    La adjudicación definitiva de la Vía Navegable Troncal al consorcio integrado por Jan De Nul y Servimagnus cerró formalmente una licitación que, lejos de convertirse en el ejemplo de transparencia prometido por el Gobierno, acumuló cuestionamientos desde su misma concepción. Denuncias judiciales por presunto direccionamiento, observaciones técnicas, vínculos empresariales y la entrega por 25 años del principal corredor exportador del país conforman un escenario que vuelve a instalar una pregunta de fondo: ¿quién controla uno de los activos estratégicos más importantes de la Argentina y en beneficio de quién?

    Por Roque Pérez para NLI

    La firma del contrato mediante el cual el Gobierno de Javier Milei entregó la administración de la Vía Navegable Troncal al consorcio conformado por Jan De Nul y Servimagnus no representa el final de una licitación, sino el comienzo de una nueva controversia política, económica y judicial. La Hidrovía no es una obra pública más: constituye la arteria por la que circula cerca del 80% de las exportaciones argentinas, especialmente la producción agroindustrial que sale hacia los mercados internacionales. Quien administra ese corredor no solamente realiza tareas de dragado y balizamiento, sino que interviene sobre uno de los circuitos económicos más sensibles del país. Por esa razón, la decisión del Ejecutivo de volver a concesionar su explotación durante 25 años, con posibilidad de prórroga, excede ampliamente una discusión técnica y se inscribe dentro del proceso de retiro del Estado de áreas consideradas estratégicas, una de las principales banderas del programa libertario.

    Sin embargo, lejos de consolidarse como una licitación modelo, el proceso quedó atravesado por sospechas prácticamente desde el primer día. En NLI se siguió cada una de las etapas de la convocatoria y se advirtió tempranamente que varios de los requisitos incorporados al pliego parecían restringir la competencia en lugar de ampliarla. Aquellas observaciones, que en su momento fueron descartadas por el Gobierno como críticas interesadas, hoy vuelven a cobrar fuerza luego de que la adjudicación terminara beneficiando precisamente a la empresa que numerosos especialistas señalaban desde el inicio como la principal favorecida por las condiciones impuestas en el concurso.

    Una licitación cuestionada desde el diseño de los pliegos

    El principal cuestionamiento nunca estuvo dirigido únicamente al resultado, sino al modo en que fue construido el proceso licitatorio. Diversos especialistas en infraestructura portuaria, ex funcionarios del área y empresas interesadas advirtieron que varios de los requisitos técnicos incorporados al pliego reducían drásticamente la posibilidad de una competencia real. Entre ellos sobresalía la exigencia de disponer de equipamiento capaz de operar inmediatamente con 44 pies de profundidad, una condición que, según denunciaron distintos actores del sector, solamente podía acreditar quien ya contaba con una estructura instalada sobre la propia Hidrovía. De esa manera, una licitación internacional que en teoría debía convocar a las principales dragadoras del mundo terminaba favoreciendo objetivamente a quienes ya tenían presencia histórica en el corredor fluvial.

    Las consecuencias de ese diseño no tardaron en aparecer. Empresas internacionales que inicialmente habían manifestado interés fueron quedando fuera del proceso a medida que avanzaban las distintas etapas de evaluación. Algunas fueron descartadas por cuestiones formales, mientras que otras quedaron relegadas durante la valoración técnica. Finalmente, la adjudicación terminó recayendo sobre el consorcio integrado por Jan De Nul y Servimagnus, confirmando el desenlace que muchos de los cuestionamientos anticipaban desde hacía meses. Para el Gobierno, ello demuestra que ganó la mejor oferta disponible; para quienes impugnaron la licitación, en cambio, constituye la confirmación de que las reglas del concurso fueron diseñadas para conducir precisamente a ese resultado.

    En paralelo comenzaron a multiplicarse las denuncias judiciales. La Fundación por la Paz y el Cambio Climático presentó una acción penal en la que solicitó investigar la posible comisión de delitos como fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública, asociación ilícita y malversación de fondos públicos. La denuncia sostiene que el pliego habría sido confeccionado con cláusulas dirigidas a favorecer a un oferente determinado y advierte que el eventual perjuicio económico para el Estado podría alcanzar miles de millones de dólares a lo largo de la concesión. También la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) promovió actuaciones para analizar distintos aspectos del procedimiento, aunque ninguna de esas presentaciones impidió que el Ejecutivo avanzara con la adjudicación definitiva.

    Un negocio multimillonario que vuelve a quedar en manos privadas

    La importancia de esta concesión resulta difícil de exagerar. La Hidrovía Paraná-Paraguay constituye el principal corredor logístico de la Argentina y uno de los más relevantes de América del Sur. A través de sus puertos se canalizan las exportaciones de soja, maíz, trigo, aceites y derivados industriales que generan buena parte de los dólares que ingresan al país. El dragado permanente, el balizamiento y el mantenimiento de esa infraestructura representan un negocio que mueve cientos de millones de dólares por año y cuya proyección para un contrato de veinticinco años supera ampliamente los 15.000 millones de dólares.

    Pero el debate no gira únicamente alrededor del monto económico de la concesión. También involucra la decisión política de volver a delegar en operadores privados funciones que durante los últimos años habían recuperado una mayor presencia estatal. Uno de los aspectos más discutidos del nuevo esquema es el regreso del cobro privado del peaje que pagan las embarcaciones para utilizar la vía navegable. Los críticos sostienen que ello implica resignar capacidad de control sobre una fuente de ingresos estratégica y limita las posibilidades del Estado de fiscalizar tanto la recaudación como la efectiva ejecución de las obras comprometidas por el concesionario.

    Las observaciones también alcanzan al proceso de elaboración de los pliegos y a la conducción política del área. Distintas versiones señalaron que funcionarios y técnicos que habían planteado reparos respecto de determinadas condiciones del concurso fueron desplazados o perdieron influencia durante el desarrollo de la licitación. Si bien el Gobierno niega cualquier irregularidad y afirma que todo el procedimiento respetó las normas nacionales e internacionales, la acumulación de cuestionamientos terminó alimentando un clima de desconfianza que hoy continúa proyectándose sobre la nueva concesión.

    Mucho más que una obra pública

    La controversia alrededor de la Hidrovía también tiene una dimensión política. La adjudicación se inscribe en la estrategia de privatizaciones impulsada por el gobierno de Javier Milei desde la aprobación de la Ley Bases y constituye uno de los ejemplos más importantes de transferencia al sector privado de un servicio considerado estratégico para la economía nacional. No se trata simplemente de decidir quién draga un río: se trata de determinar quién administra el corredor por donde circula la mayor parte de las exportaciones argentinas, quién controla el flujo logístico del comercio exterior y bajo qué mecanismos el Estado conserva —o resigna— capacidad de supervisión sobre un negocio multimillonario.

    En ese contexto, también comenzaron a observarse con atención los vínculos empresariales de algunas de las firmas involucradas en la adjudicación. Diversas investigaciones periodísticas señalaron relaciones entre Servimagnus y grupos empresarios mencionados por su cercanía con sectores del oficialismo, particularmente con el entorno del asesor presidencial Santiago Caputo. Aunque hasta el momento no existe ninguna resolución judicial que acredite conductas ilícitas derivadas de esos vínculos, las revelaciones contribuyeron a reforzar las sospechas sobre un proceso que ya venía siendo observado por especialistas y organismos de control.

    La historia reciente de la Hidrovía demuestra que cada discusión sobre su administración termina reflejando un debate mucho más profundo acerca del modelo de desarrollo del país. Mientras el Gobierno sostiene que la participación privada garantiza eficiencia, inversiones y reducción del gasto público, sus críticos advierten que la concesión consolida un esquema donde el Estado pierde herramientas para controlar uno de los principales circuitos de generación de divisas de la Argentina. La adjudicación firmada esta semana no clausura esa discusión; por el contrario, la reabre en un escenario donde continúan vigentes las denuncias judiciales, las investigaciones administrativas y las preguntas sobre la transparencia de una licitación que, para muchos, terminó exactamente como se había anticipado desde el comienzo.

     

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Un comentario

  1. Felicitaciones por la inquietud.
    El grado de contaminación visual. Es inaudito. Ha llegado la hora de comenzar a hacer algo.

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