Piden allanar el Banco Central por el escándalo del oro e investigar comisiones millonarias al Deutsche Bank
El escándalo por las operaciones con el oro del Banco Central sumó un nuevo capítulo judicial. El abogado Gregorio Dalbón pidió allanar la autoridad monetaria y secuestrar documentación para investigar las comisiones que se habrían pagado a los bancos internacionales que participaron del negocio. En el centro de las sospechas aparece el Deutsche Bank, la entidad donde trabajaron Luis Caputo y Santiago Bausili.
La presentación se realizó en el marco de la causa que investiga presuntas maniobras de administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La denuncia apunta al ministro de Economía, al presidente del Banco Central y a otros integrantes del directorio de la entidad.
El nuevo escrito toma como punto de partida el informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), que identificó un resultado negativo de USD 1.023 millones por operaciones con derivados financieros sobre el oro durante 2025. De ese total, USD 960,2 millones corresponden al resultado de las opciones y otros USD 62,8 millones a las primas pagadas.
El dato adquiere otra dimensión después de que se revelara la participación del Deutsche Bank en las operaciones. La entidad alemana tiene un vínculo directo con las máximas autoridades económicas del Gobierno, que desarrollaron parte de sus carreras profesionales en ese banco.
Pero el vínculo de Bausili con el Deutsche Bank excede su pasado como ejecutivo de la entidad. El actual presidente del Banco Central también fue accionista del banco alemán y llegó a ser procesado por negociaciones incompatibles con la función pública durante el macrismo. La investigación judicial cuestionó su intervención en operaciones de deuda que beneficiaron a la entidad mientras mantenía acciones del banco.
La denuncia busca determinar cómo fue seleccionado el Deutsche Bank, qué condiciones financieras se pactaron y quiénes autorizaron las operaciones. Además incorpora una pregunta particularmente incómoda para el equipo económico: cuánto cobraron los intermediarios y si existieron pagos o beneficios indebidos asociados al negocio.
En las publicaciones citadas por el denunciante circula una estimación superior a los USD 60 millones en eventuales comisiones. Sin embargo, esa cifra no está acreditada y precisamente uno de los objetivos de la investigación es establecer si existieron esos pagos, quiénes los recibieron y bajo qué conceptos. El problema es que los contratos siguen fuera del alcance de los auditores.
Según las publicaciones incorporadas a la denuncia, el Banco Central se negó a entregar a la AGN la documentación que permitiría conocer las condiciones pactadas con las entidades financieras extranjeras. Por eso Dalbón solicitó el allanamiento y secuestro de los servidores informáticos y correos institucionales del Banco Central correspondientes a 2024 y 2025.
La medida incluye las comunicaciones de la Presidencia, el Directorio y las áreas de mercados, reservas, riesgos y asuntos jurídicos. El abogado sostiene que la documentación podría ser modificada, ocultada o eliminada por funcionarios con acceso a los sistemas. Como alternativa al allanamiento, pidió una orden judicial de presentación de los registros y la obligación de conservarlos.
La ampliación también incorpora como denunciado a Nicolás Marcelo Ferro, subsuperintendente de Entidades Financieras y Cambiarias e integrante del directorio del BCRA. Se suma a Caputo, Bausili y Juan Ernesto Curutchet, cuya eventual participación en la aprobación, supervisión o control de las operaciones deberá establecer la Justicia.
Otro punto relevante es el pedido de investigar directamente al Deutsche Bank. Dalbón reclama que la entidad informe si realizó operaciones con el Central durante 2024 y 2025, entregue los contratos y detalle las comisiones, honorarios, márgenes y eventuales pagos a terceros.
La presentación pretende además llevar la investigación a Estados Unidos. Solicita requerir información a la Securities and Exchange Commission (SEC), el organismo regulador del mercado de valores, para establecer si existieron alertas, investigaciones o reportes relacionados con esas operaciones.
En particular, el abogado pide determinar si hubo pagos o beneficios destinados a funcionarios públicos argentinos o intermediarios y si las transacciones atravesaron los controles internos de cumplimiento normativo de las entidades involucradas.
El mecanismo financiero investigado también está bajo discusión. Según las publicaciones citadas en la denuncia, el Central habría contratado coberturas frente a una eventual caída del precio del oro y vendido opciones que otorgaban a sus contrapartes el derecho de comprar el metal a valores inferiores a los que luego alcanzó en el mercado. La estructura exacta de esas operaciones todavía debe verificarse con los contratos.
La controversia no reside únicamente en el resultado negativo de la cobertura, que por sí mismo no demuestra la existencia de un delito. La cuestión es determinar si los instrumentos fueron contratados en condiciones razonables, si las comisiones respondieron a valores de mercado y si existió algún perjuicio indebido para el Estado.
Para responder esas preguntas, Dalbón pidió designar peritos contadores y especialistas en derivados financieros. También reclamó información a la Comisión Nacional de Valores y a la Unidad de Información Financiera.
El escrito solicita finalmente que Caputo, Bausili, Curutchet y Ferro sean citados a declaración indagatoria. La investigación abre así un nuevo frente para el equipo económico. A la discusión sobre las pérdidas registradas por las coberturas del oro se suma el interrogante sobre los bancos que participaron del negocio y las comisiones que pudieron cobrar. Y mientras el Central mantiene bajo reserva los contratos, la Justicia recibe un pedido para buscarlos directamente en sus servidores.
