Milei negocia las reglas electorales a medida: habilita las colectoras para comprar apoyos y suspender las PASO
La Casa Rosada incorporó las listas colectoras a la reforma electoral para conseguir el respaldo de gobernadores y senadores aliados. El oficialismo ofrece compartir la boleta presidencial de Javier Milei a cambio de que sus socios puedan competir con candidatos legislativos propios. Una negociación que vuelve a poner en evidencia cómo el Gobierno está dispuesto a modificar las reglas del juego electoral para asegurar sus objetivos políticos de cara a 2027.
Por Roque Pérez para NLI

El Gobierno de Javier Milei encontró una nueva moneda de cambio para intentar avanzar con la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO): habilitar las listas colectoras. La modificación fue incorporada al borrador de la reforma electoral que la Casa Rosada negocia con gobernadores y bloques aliados, en una maniobra que busca destrabar los votos necesarios para aprobar una iniciativa que el oficialismo considera estratégica para sus aspiraciones de continuidad en el poder.
La propuesta tiene una lógica política bastante clara. Milei necesita los votos de los gobernadores, pero esos mismos gobernadores quieren conservar autonomía y representación parlamentaria en sus provincias. La solución que encontró el Ejecutivo consiste en permitir que una misma candidatura presidencial pueda llevar adheridas dos listas legislativas diferentes: la de La Libertad Avanza y la de una fuerza provincial o aliada. De esta manera, los mandatarios podrían respaldar la candidatura presidencial libertaria sin renunciar a presentar sus propios candidatos al Congreso.
El mecanismo funcionaría de manera excepcional para las elecciones de 2027. En la Boleta Única de Papel, la fórmula presidencial aparecería vinculada a dos columnas de candidaturas legislativas, una correspondiente a su propia fuerza y otra perteneciente a una agrupación de diferente denominación. Los votos obtenidos por cada lista legislativa se computarían por separado.
La modificación no estaba contemplada en el planteo original del Gobierno. Apareció como respuesta a los reclamos de los mandatarios provinciales que, aunque dispuestos a acompañar la suspensión de las primarias, no quieren quedar subordinados a la estructura electoral de La Libertad Avanza ni entregar sus espacios de representación parlamentaria. En otras palabras, la Casa Rosada necesita a sus aliados territoriales y está dispuesta a concederles una herramienta electoral para conseguir su respaldo.
La suspensión de las PASO y el negocio de los votos
La negociación revela las dificultades que enfrenta Milei para imponer su agenda legislativa sin recurrir a acuerdos con sectores que, en otros momentos, el propio oficialismo presentó como parte de la vieja política. La eliminación o suspensión de las primarias se convirtió en una prioridad porque modifica sustancialmente el escenario de competencia de cara a las presidenciales de 2027.
Las PASO fueron creadas para que los partidos y alianzas pudieran resolver sus candidaturas mediante una instancia de participación ciudadana. Su eliminación o suspensión obligaría a las distintas fuerzas a definir sus postulaciones mediante mecanismos internos o acuerdos políticos, trasladando el peso de esas decisiones a las conducciones partidarias y las negociaciones entre dirigentes.
El efecto puede ser especialmente importante para el peronismo, que todavía enfrenta dificultades para ordenar sus liderazgos y construir una candidatura de unidad. Sin primarias, la posibilidad de que distintas expresiones del espacio concurran separadas a las elecciones generales podría favorecer al oficialismo, que encontraría una oposición fragmentada frente a una candidatura presidencial unificada.
Pero el problema de Milei no se limita a sus adversarios. También debe contener a sus propios socios, que no necesariamente comparten los intereses electorales de La Libertad Avanza. Los gobernadores necesitan legisladores propios, recursos para sus distritos y capacidad de negociación con el poder nacional. La habilitación de las colectoras aparece así como una concesión para sostener una alianza que está lejos de ser incondicional.
Las negociaciones fueron encabezadas por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo «Lule» Menem. La intervención de ambos funcionarios también dejó expuesta la interna de la estrategia oficialista: Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, no participó de esas conversaciones.
Un oficialismo que tampoco tiene todos los votos
El poroteo parlamentario explica la urgencia de las concesiones. Según los números difundidos este lunes por la Agencia Noticias Argentinas, La Libertad Avanza contaba con seis senadores propios y dos aliados dispuestos a firmar el dictamen, cuando necesita diez firmas para avanzar en la comisión de Asuntos Constitucionales.
Entre los apoyos confirmados figuraban el radical Eduardo Vischi y la cordobesa Alejandra Vigo, aunque esta última reclamaba modificaciones. El oficialismo buscaba sumar a Rodolfo Suárez y Carlos Espínola, mientras que Flavio Fama y Carolina Moisés todavía no habían definido su posición.
El objetivo final es reunir los 37 votos necesarios para aprobar la iniciativa en el Senado. Para eso, el Gobierno cuenta con el respaldo o la disposición al diálogo de distintos mandatarios provinciales, entre ellos Raúl Jalil, Rolando Figueroa, Martín Llaryora, Ignacio Torres y Gustavo Sáenz. También intenta sumar a Misiones, donde el gobernador Hugo Passalacqua tiene influencia sobre los senadores Carlos Arce y Sonia Decut.
Sin embargo, la incorporación de las colectoras tampoco garantiza una negociación sencilla. El PRO ya expresó reparos sobre los cambios y dentro del propio espacio oficialista aparecieron objeciones jurídicas. Gerardo Milman, dirigente cercano a Patricia Bullrich, cuestionó la posibilidad de aplicar el mecanismo a las candidaturas al Senado, al considerar que podría entrar en conflicto con el artículo 54 de la Constitución Nacional, que establece la representación de las fuerzas más votadas en cada distrito.
La discusión no es menor: una reforma electoral debe respetar las disposiciones constitucionales y no puede resolverse únicamente mediante acuerdos entre dirigentes. El alcance de las colectoras en las categorías legislativas deberá quedar claramente establecido para evitar conflictos de interpretación y eventuales impugnaciones judiciales.
Las reglas electorales, otra variable de la negociación política
Hay una cuestión de fondo que merece especial atención. El Gobierno sostiene que necesita modificar el sistema electoral para reducir gastos y simplificar los procesos de votación. Sin embargo, mientras presenta ese argumento, incorpora excepciones, concesiones y mecanismos específicos para conseguir el respaldo de quienes pueden garantizarle los votos parlamentarios.
La discusión sobre las PASO debería centrarse en la participación ciudadana, la democratización de los partidos, la transparencia de las candidaturas y la calidad de la representación política. En cambio, la negociación de la Casa Rosada está atravesada por el reparto de espacios, las necesidades electorales de los gobernadores y la conveniencia de cada fuerza para llegar mejor posicionada a 2027.
La paradoja es evidente: un Gobierno que llegó al poder prometiendo terminar con los privilegios de la política tradicional necesita negociar con sus representantes y modificar el sistema electoral para conservar una mayoría parlamentaria.
Las colectoras pueden ser una herramienta legal de competencia electoral, pero su incorporación en este momento y bajo estas condiciones tiene una motivación política concreta: destrabar la suspensión de las PASO y garantizar que los aliados territoriales no abandonen el proyecto oficialista cuando llegue la hora de repartir candidaturas.
La comisión de Asuntos Constitucionales del Senado tiene previsto discutir el nuevo texto este martes. El oficialismo llega con una propuesta modificada, apoyos todavía insuficientes y una negociación que continúa abierta. La reforma electoral que Milei presenta como una simplificación del sistema empieza a mostrar su verdadera dimensión: una disputa por el control de las candidaturas, la representación parlamentaria y las condiciones en las que se jugará la elección presidencial de 2027.



