Petri, negocios de altura: cuestionan un proyecto para vender tierras del Ejército en Córdoba
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Petri, negocios de altura: cuestionan un proyecto para vender tierras del Ejército en Córdoba

 

El ministro de Defensa vuelve a quedar bajo la lupa: un proyecto para vender 13.000 hectáreas en La Calera —una de las zonas más codiciadas del Gran Córdoba— genera sospechas sobre posibles negociados inmobiliarios con tierras del Estado.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para Noticias La Insuperable

El ministro de Defensa, Luis Petri, enfrenta una nueva polémica que podría comprometer aún más su ya cuestionada gestión. En esta ocasión, se trata de un proyecto que contempla la venta de unas 13.000 hectáreas pertenecientes al Ejército Argentino, ubicadas en la localidad de La Calera, a apenas diez kilómetros de la ciudad de Córdoba.

Según trascendió, el área militar en cuestión se encuentra en una de las zonas de mayor valorización inmobiliaria del país, rodeada de barrios privados, emprendimientos de lujo y desarrollos urbanísticos millonarios. El eventual traspaso de esas tierras al sector privado podría representar una ganancia extraordinaria para empresas desarrolladoras, pero un nuevo vaciamiento patrimonial para el Estado nacional.

Pedido de explicaciones en el Congreso

La situación llegó a la Cámara de Diputados, donde el legislador Oscar Agost Carreño, del PRO, presentó un pedido de informes solicitando que el Ministerio de Defensa explique en qué condiciones se pretende avanzar con la venta y si hubo tasaciones, estudios de impacto o licitaciones previas.

Aunque el proyecto nunca fue formalizado oficialmente, fuentes legislativas confirmaron que existen borradores internos y evaluaciones de mercado en los despachos del ministerio, lo que sugiere que la operación está más avanzada de lo que el propio Petri admite públicamente.

Tierra pública, negocios privados

El predio de La Calera forma parte de una extensa franja de terrenos del Ejército, históricamente utilizados para entrenamiento militar y custodia logística. Sin embargo, durante los últimos años se transformó en un imán para el capital privado, con empresas interesadas en convertir el área en nuevas urbanizaciones premium.

En ese contexto, la participación del Ministerio de Defensa en cualquier tipo de negociación inmobiliaria genera sospechas sobre posibles transferencias de recursos públicos a manos privadas, en un esquema que recuerda otras operaciones opacas de la gestión Milei, donde las Fuerzas Armadas y el patrimonio nacional son puestos al servicio de intereses corporativos.

Petri bajo la lupa

El ministro ya arrastra acusaciones por la crisis de la obra social militar, que dejó a miles de afiliados sin cobertura plena, además de contrataciones con empresas bajo investigación judicial. A eso se suma su doble rol como funcionario nacional y candidato a diputado por Mendoza, lo que desató críticas por incompatibilidad ética y conflicto de intereses.

Con este nuevo episodio, Petri vuelve a quedar en el centro del escándalo, mientras crece la percepción de que la política de Defensa del gobierno libertario se orienta más a los negocios que a la soberanía.

Desde los sectores opositores ya se habla de una posible denuncia por administración fraudulenta si el proyecto de venta avanza, mientras que en Córdoba se multiplican las alertas por el impacto ambiental y urbano que podría generar la privatización de semejante extensión de tierra.

El Ministerio de Defensa, hasta el momento, no emitió ninguna respuesta oficial, reforzando las sospechas de opacidad y falta de transparencia.

 

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    Los algoritmos no tienen gobernanza y además hay cajas negras que impiden entender su funcionamiento. Aquí se promueve el caos, cuando la programación y automatización requiere de orden, reglas y etiquetar datos. Lo aleatorio e impredecible corrompen la automatización. 

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    Hay que desarmar las narrativas y pensar el modo en que las herramientas digitales se han mezclado con los recursos que cuentan los ciudadanos para ejercer sus derechos políticos y democráticos. Una iniciativa que va en esa línea es el proyecto Semana Democracia Viva, de Asuntos del Sur, que promueve la movilización frente a los algoritmos autoritarios. Ya hace algunos años que hay en el mundo una revolución en marcha, con distintos modos de usar las plataformas, los algoritmos y la IA en la acción política. Hay ejemplos. La Primavera Árabe en 2011, donde los manifestantes se organizaron vía Facebook en contra de la dictadura. Las milicias digitales, que consisten en la organización de bots y trolls para promover la desinformación o desestabilizar gobiernos democráticos: el caso de Brasil fue uno de los más resonantes. La elección de Sushila Karki en Nepal, utilizando la plataforma de chat Discord después de la crisis institucional de septiembre que conmovió al mundo.  

    En Argentina también hay varios ejemplos de hacktivismo e incidencia política real usando datos digitales. El redireccionamiento desde el sitio de la Universidad de Buenos Aires al subdominio https://noalveto.uba.ar/  creado vía Vibe Coding (IA), generó molestias en el oficialismo demostrando su impacto y autoritarismo. El ataque al INDEC en 2013 por parte de Anonymous Argentina o vandalismo digital (defacement)  como el que sucedió en el 2022 con sitio del municipio de Bariloche en el que el atacante dejó un mensaje contra al ex intendente Gustavo Genusso acusado por desvío de fondos. Estas son otras formas de protesta, a partir de la lectura de la realidad que hacen grupos de hackers, que no necesariamente representan una manifestación en consulta con los ciudadanos.

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    Es imprescindible apoyar a la soberanía digital con desarrollo regional, inversión en hardware propio, la promoción de políticas públicas de interoperabilidad y portabilidad de la identidad digital, haciendo uso de servicios descentralizados. Gestionar libremente la privacidad, y la comprensión de la cibercriminalidad.

    La entrada Soberanía digital para hackear la democracia se publicó primero en Revista Anfibia.

     

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