Patricia Bullrich apoya la reforma del Código Penal que endurece las penas

Patricia Bullrich apoya la reforma del Código Penal que endurece las penas

 

La senadora electa y ministra de Seguridad, Patricia Bullrich expresó su apoyo al Código Penal presentado por el presidente Javier Milei, que será impulsado durante la segunda etapa de su gestión. La funcionaria destacó que la iniciativa busca endurecer las penas y garantizar que “los delincuentes paguen las consecuencias de sus actos”.

Según Bullrich, con estas reformas el Gobierno consolida su principio de “orden y justicia”, reflejado en su lema: “El que las hace, las paga”.

Bullrich explicó que la actualización del Código Penal pretende modernizar las leyes y enfrentar de manera más efectiva los delitos violentos, los robos y las situaciones de impunidad. En comparación con la normativa actual, aseguró que el nuevo texto es un «código fuerte», ya que actualmente «el 87% de los delitos son excarcelables”. La senadora subrayó que el objetivo central es poner fin a la sensación de que el crimen no tiene consecuencias reales.

Reforma con ley antimafia y castigos perpetuos

Durante una entrevista con La Nación, Bullrich detalló que la reforma unifica distintas leyes y parches previos, incorporando además instrumentos como la ley antimafia. Indicó que se busca “terminar con la impunidad de quienes cometen delitos y no pagan por ellos”. Entre los cambios más relevantes, mencionó la inclusión de la imprescriptibilidad para delitos graves como homicidios, abusos sexuales y secuestros, lo que permitirá juzgarlos sin importar el tiempo transcurrido.

Finalmente, Bullrich resaltó que el nuevo Código Penal elevará significativamente las penas para los crímenes contra la vida. El homicidio simple, por ejemplo, tendrá un mínimo de treinta años de prisión, con castigos aún más severos para los agravados. Con esta reforma, afirmó, el Gobierno pretende poner fin a la idea de que “robar o delinquir no tiene consecuencias”, reafirmando el compromiso con un sistema judicial más estricto y efectivo.

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  • Energía de la Nación autorizó aumentos para la luz y el gas

     

    Las tarifas de luz y gas aumentarán en promedio 3,8% desde este sábado 1 de noviembre, según se desprende de las diferentes resoluciones que publicó la secretaría de Energía de la Nación.

    La dependencia a cargo de María Tettamanti dictó las normas que rigen los aumentos y de acuerdo a lo expuesto las facturas de gas tendrán un alza de 3,8%.

    El cuadro tarifario de la energía se conocerá el lunes, pero será de similar escala. Los aumentos previstos están por encima de la inflación proyectada de octubre que es de 2,5%.

    Además superan en promedio los ajustes salariales ya que la mayoría de los convenios vienen con paritarias por debajo de la inflación.

    A esto se suma el ajuste en los combustibles, dado que se dispuso un alza parcial del impuesto que tienen incluido. Resta determinar qué decisión tomarán las petroleras para definir el alza.

    Cabe recordar que el gobierno les quitó la obligación de comunicar mes a mes los porcentajes de ajuste. De esta manera se licúa su efecto en la composición de costos que los registran a lo largo del tiempo y no se incluyen previamente en presupuestos o precios finales.

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  • EE UU: entre deportaciones, desfiles militares y perplejidad

     

    Daniel Cole / Reuters

     

    Los sucesos que están pasando simultáneamente en Estados Unidos durante el año en el que Donald Trump comenzó por segunda vez un mandato presidencial son espantosos, crueles y disparatados. Solamente en junio hubo: Cacería y deportaciones de trabajadores migrantes, una congresista pro derechos humanos asesinada, un senador silenciado a la fuerza a la hora de preguntarle a la Secretaria de Seguridad Nacional sobre las redadas de la policía migratoria, corte de derechos a personas con asilo político, militarización y represión en las calles, desfile militar por el aniversario 250 de la armada estadounidense con cumpleaños de Trump incluido, y acusaciones de drogadicto y pedófilo entre el empresario Elon Musk y el presidente. El ambiente que se vive en Estados Unidos es de incertidumbre cotidiana, miedo, preocupación, perplejidad, pero también se percibe indignación, más atención y reacción popular saliendo a las calles de todas las ciudades del país. Por Lorena Mans desde Estados Unidos para ANRed.


    La ciudad californiana de Los Ángeles tiene un 48 por ciento de la población de origen latino. Es ahí que durante días empezaron las redadas despiadadas de la policía migratoria conocida como «ICE» (Immigration and Customs Enforcement) en inglés. Aproximadamente 51.000 inmigrantes indocumentados que residían en LA permanecen detenidos por ICE según datos de principios de junio. ICE espera a los migrantes a la salida del trabajo, en la puerta de la escuela, e incluso a la salida de las oficinas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, donde las personas tramitan su estatus migratorio de manera legal. Los agentes actúan con la cara tapada. Literalmente están separando familias donde lxs niñxs se quedan sin un padre o madre o con ninguno de los dos. Lo peor es que ya se está volviendo cotidiano ver videos de las detenciones crueles en los noticieros.

    Tras las redadas, los vecinos reaccionaron protegiéndose mutuamente, comunicándose por donde va “la migra”, cortando las calles y movilizándose en sus barrios y en el centro de la ciudad. La reacción de lucha en la calle fue inmediata. Salen los que pueden, es decir los que tienen papeles. Se ven muchos hijos de migrantes que solo hablan inglés o spanglish manifestando por sus padres y madres que no pueden ir. Se observa mucha solidaridad, porque no solo hay familiares de migrantes en las marchas, hay una gran parte de la comunidad de Los Ángeles apoyando a sus vecinos y rechazando las demostraciones de poder del gobierno nacional.

    Para reprimir las protestas, Trump ordenó 4 mil miembros de la Guardia Nacional y 700 de la Marina. El despliegue no fue bienvenido por el gobernador de California, Gavin Newsom, y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, porque la intervención militar fue sin su consentimiento y argumentan que la situación estaba bajo control local y que la presencia militar podría intensificar las tensiones. En el “frenesí de tener todo bajo control”, la alcaldesa ordenó un toque de queda que todavía está activo, de 8pm a 6am. Estas manifestaciones durante la semana pasada, han terminando con presos y represión

    Mientras tanto, el presidente Trump, ordenó un festival con marcha militar en Washington DC el sábado 14 de junio por el aniversario 250 de la Armada Estadounidense, el US Army. También el mismo día, era el cumpleaños 79 del mandatario. El evento contó con la interacción de los militares con los ciudadanos que se acercaron, simbología patriótica y una exhaustiva promoción al reclutamiento. Podríamos decir que el clima nublado a punto de llover de ése día nubló el evento, pero en realidad, no mucha gente concurrió al desfile. Se podía escuchar el ruido de las ruedas de los tanques de guerra rechinando porque no había suficiente gente celebrando en las gradas que habían puesto sobre las calles de la capital de EEUU. El evento costó alrededor de 45 millones de dólares.

    V, Barbosa. Imagen en Santa Cruz, California

     

    Muchos estadounidenses se avergonzaron de este desfile porque según ellos, sólo los países autoritarios hacen esa demostración de poder bélico. “Este no es el gobierno norcoreano de Kim Jong-un” y “No somos la Unión Soviética ni China”, salía de la boca de los comentaristas de algunos medios de comunicación. También decían que andar mostrando su fuerza bélica puede ser un gesto de debilidad. La última vez que se realizó este tipo de eventos fué luego del fin de la guerra del golfo en 1991. Pero este fin de semana, a quien se le mostraba el ejército? “Ser libre no es gratis”, declaró una voluntaria del US Army. La pregunta es libre de qué y quiénes son los libres?

    Mientras tanto, en 2170 ciudades del país ese mismo día se organizaron protestas a las que llamaron No King day donde las consignas fueron en contra del autoritarismo, el cese de deportaciones y persecuciones a los trabajadores migrantes, y en defensa de la democracia estadounidense. Recuerden que para el ciudadano promedio de este país, su democracia es excepcional, libre y ejemplificadora, y un personaje como Donald Trump con su gobierno, les parece una pesadilla de país tercermundista. Se estima que hubo 6 millones de personas protestando en todo el país, eso es casi el dos por ciento de la población en las calles en contra de Trump.

    Pero este sábado no solo ocurrieron estos dos sucesos contrapuestos. La legisladora demócrata de Minnesota Melissa Hortman fue asesinada a balazos junto a su esposo en su casa. El ejecutador es Vance Luther Boelter, un hombre dueño de una empresa de seguridad, que expresaba posturas anti aborto y anti LGBTQ+, mantiene creencias evangélicas y es simpatizante de Trump. No es casual que la haya elegido a ella para ejecutarla, ya que Hortman se destacaba por impulsar políticas en educación, energía solar, derechos ambientales, acceso a abortos y a derechos de la comunidad LGBTQ+. También ella fue clave en la reforma policial de Minnesota tras el asesinato de George Floyd. En el coche de Boelter había un manifiesto y una lista de 70 personas defensoras del aborto y volantes de la marcha No King Day. Por el momento, se refleja que es un asesinato con connotaciones de odio político realizado por un individuo no organizado.

    Tantos hechos de impunidad y autoritarismo están ocurriendo de parte del gobierno que no alcanza con un artículo periodístico para mencionarlos. El jueves, agentes federales sacaron por la fuerza al senador californiano Alex Padilla de una conferencia de prensa ofrecida por la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, por preguntar sobre las redadas de Ice y las represiones a manifestantes en Los Ángeles. Lo echaron del lugar a los empujones, lo tiraron al piso y lo esposaron mientras la conferencia continuaba. Padilla declaró que si así responde esta administración a un senador con una pregunta, imagínense lo que les están haciendo a los trabajadores agrícolas, a los cocineros, a los jornaleros de la comunidad de Los Ángeles, de toda California y de todo el país”.

    Otro sector que está sufriendo las políticas de odio del gobierno son los exiliados cubanos y venezolanos, los cuales gran cantidad de ellos simpatizan y votaron a Trump. Muchos latinos que justificaban su apoyo al presidente argumentaban que los migrantes que vinieron de forma ilegal se tendrían que ir del país y que se deberían deportar a los migrantes que cometieron algún delito. Sin embargo, en la lista de deportados hay cubanos y venezolanos que esperaban sus trámites migratorios. De hecho 238 venezolanos fueron deportados y transferidos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel de El Salvador construida por Nayib Bukele, conocida por sus condiciones abusivas.

    Al haber suspendido el Estatus de Protección Temporal (TPS), un beneficio migratorio temporal otorgado a ciudadanos de ciertos países que enfrentan situaciones extraordinarias como desastres naturales o conflictos armados, permitiéndoles permanecer en Estados Unidos legalmente y obtener permisos de trabajo, muchos venezolanos y cubanos han quedado a la deriva. Ni hablar de la prohibición de la entrada a personas de 12 países: Venezuela, Cuba, Afganistán, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Myanmar, Somalia, Sudán, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Yemen. Esta proclamación afecta a los venezolanos y cubanos que querían entrar legal al país para reencontrarse con sus familias en EEUU.

    Un caso a analizar aparte es la ausencia total de derechos para las personas trans desde que el gobierno de Trump dió la orden ejecutiva de que solo hay dos sexos, masculino y femenino con su ley anti transgenero. La comunidad LGTBQ+, en especial lxs trans son lxs que también han salido a la calle a reclamar por sus existencias.

    En medio de la perplejidad y la incertidumbre que da este gobierno, la reacción de mucha gente es indignarse y salir a la calle a protestar. Otros se arrepienten de su voto a Trump basado en la mejora de la economía y se sienten traicionados. El clima social es de enojo y tensión y por otro lado, de envalentonamiento e impunidad. Esperemos cuales son los próximos acontecimientos en el país de la libertad.

     

     

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  • El barrio comunitario Norita Cortiñas festejó su segundo cumpleaños

     

    En medio de tantas pálidas para lxs trabajadorxs, y en un contexto social y político donde el sueño de tener la casa propia —o incluso poder alquilar— se vuelve un espejismo cada vez más etéreo, ilusorio e inalcanzable, el pasado domingo familias y vecinxs del Barrio Comunitario Norita Cortiñas se reunieron para conmemorar dos años desde que un largo proceso de lucha y organización les llevó a conseguir su propio barrio.  Por Franco Tabares para ANRed


    El proceso de buscar un nuevo lugar comenzó en la oscura mañana del 28 de octubre de 2020, cuando fueron desalojadxs violentamente por Berni y Kicillof de las tierras ociosas que habían recuperado como tierra para vivir. Desde entonces, y con mucho esfuerzo, han ido levantando un espacio donde refugiarse de un mundo cada vez más hostil. Un barrio con viviendas de material, agua, electricidad, donde buscan retomar eso que el capitalismo insiste en dejar atrás: lo comunitario, los lazos solidarios entre familias que comparten un territorio y la coordinación multisectorial para fortalecer la lucha, la organización y la posibilidad de una planificación urbana desde abajo.

    En una tarde que no acompañó del todo, con un cielo que pasó de estar despejado al mediodía a parcial y totalmente nublado para las primeras horas de la siesta y con un frío ya invernal, intenso, que calaba los huesos y que no dio tregua, los vecinos igualmente se juntaron a festejar.

    Todo comenzó con una muy acorde ambientación musical (en los parlantes del escenario sonaban las oportunas letras de las canciones de “Les Ñeris”), siguió con bandas como la local “Feliz entierro”, y después “Oye Changx”, tocando temas en vivo, muy aplaudidos y por momentos incitando al baile bajo los árboles de la plaza central del barrio. Entre banda y banda, se anunció que la rifa solidaria con una vecina había cumplido su objetivo de ventas y se procedió a hacer el sorteo en el que alguien ganó el primer premio del tatuaje gratuito, alguien ganó dieciocho fotos Polaroid y otros se llevaron el tercer premio, el más codiciado: 2 kilos de patys caseros.

    Mientras tanto se iban fritando chicarrones, tortas fritas, se asaban choris y se calentaban las hamburguesas de lenteja para los que preferían opción sin carne. Circulaban algunas latas de cerveza y botellas de vino, aunque el clima se prestara más para el mate. Al final se cerró el festejo con la tradicional torta de cumpleaños que se repartió entre los asistentes. Todo frente al SUM que de a poco van construyendo tanto quienes viven ahí como quienes se acercan a colaborar. Al fondo de la plaza, en la escuela de ajedrez Nona Gaprindashvili, organizada por la CNJ (Casa de la Niñez y la Juventud), lxs más peques y algúnx que otrx adultx jugaron al ajedrez como todos los domingos.

    El barrio, que todavía está en construcción, no sólo es fruto de la lucha y la organización de los vecinos del barrio si no también del trabajo solidario y coordinado de distintas organizaciones sociales, cooperativas locales y docentes y activistas sociales de la Universidad de Buenos Aires.

    Específicamente acá coexisten organizaciones como el FOL (Frente de Organizaciones en Lucha), el mencionado Centro de Niñez y Juventud, cooperativas locales como la Co.P.A. (Cooperativa de Producción Agroecológica de Guernica), la cooperativa de vivienda del barrio, Tierra y Vivienda Zona Sur, y docentes de cátedras de la UBA de Arquitectura y Geografía (algunos de los cuales integran el G.E.G.U., Grupo de Estudios de Geografía Urbana). Y como dice Yamila Rodriguez (30), vecina y militante del FOL, se apunta a la multisectorialidad: “que no solamente seamos compañeros de organizaciones sociales piqueteras, sino más bien que se promueva (la participación de) otros compañeros que son activistas en este sentido, que son militantes, pero que quizá militan otros espacios, quizás sindicales, que son docentes, compañeros que son abogados, compañeros que somos trabajadores sociales, arquitectos y demás”. Además no se trata de construir casas individuales: como dice Vanesa (47), vecina del barrio, “con los arquitectos que están acompañando el proyecto se pudo hacer la división y el lugar de la plaza, y pensar todos los lugares estratégicos también como para estar, (…) se pensó en el espacio de atrás como el espacio educativo y recreativo. Ahí justo estaba charlando con unas compañeras que son profes de fútbol y demás, como también para ir… Que sean parte también de esto con las tareas que ellas van haciendo en otros lados, que las puedan traer también acá.”

     

    Para dar un poco de contexto a la situación habitacional en la zona, podemos citar a Juan Pablo Venturini (35), doctor en geografía, especializado en estudios urbanos que asesora y colabora con el barrio, cuando dice que “(en) las zonas de expansión del municipio de la zona sur, San Vicente, Echeverría, Almirante Brown, Presidente Perón y Ezeiza, de los últimos 20 años, el 60% de la nueva superficie residencial de vivienda es de barrios cerrados. (…) Y después una superficie mucho menor, que no llega al 20% de esa nueva superficie, es para urbanización popular, y en muchos casos en forma precaria, (generada) mediante tomas o loteos truchos, o sea: no es parte de la política, sino parte simplemente de la necesidad de la gente.”

    En medio de los festejos por estos dos años del barrio Norita Cortiñas, y mientras las bandas tocaban, tuvimos la impertinencia de sacar a un costado a 3 de los numerosos protagonistas de todo este proceso de lucha y recuperación, y pedirles que nos hablen sobre lo que es y lo que rodea la historia de este emblemático barrio comunitario.  A continuación les compartimos sus palabras:

    Entrevista completa 

    También les dejamos las redes sociales y datos de contacto del barrio, para quienes quieran contactarse y acercar alguna ayuda o proponer algún tipo de colaboración:

    Instagram: https://www.instagram.com/barriocomunitarioc

    Facebook:

    https://www.facebook.com/profile.phpid=100080052091846

    Mail: [email protected]

    Ubicación: https://maps.app.goo.gl/YQT1yEYUzuxZ9PRD7

     

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  •  “Espero que me voten a mí”: la frase de Silvia Sapag que rompió la veda en Neuquén

     

    La candidata a senadora nacional por Fuerza PatriaSilvia Sapag, rompió la veda electoral luego de emitir su voto este domingo en la ciudad de Neuquén. Tras sufragar en el CPEM 12, la legisladora brindó declaraciones que rápidamente se difundieron en distintos medios de comunicación.

    En un contacto con la prensa, Sapag afirmó: “A mí me acompañó mucho la juventud, así que espero que me voten a mí”, lo que constituyó una referencia directa al proceso electoral, en pleno período de veda. La frase fue replicada por diversos canales y portales locales.

    Durante el intercambio, la senadora también expresó un comentario llamativo al ser consultada por el desarrollo de los comicios: “Está en juego nuestro negocio”, señaló, sin mayores precisiones ni repreguntas por parte de los periodistas presentes.

    Sapag, que busca renovar su banca en el Senado, aseguró que Fuerza Patria continuará siendo “la muralla donde se golpean las políticas del gobierno actual”. Con esas palabras, reforzó su postura opositora al presidente Javier Milei y defendió la continuidad del bloque kirchnerista.

    Asimismo, cuestionó al Ejecutivo nacional por la falta de difusión del sistema de boleta única papel, al afirmar que “el gobierno no se ha ocupado en enseñar a la población cómo hay que hacerlo”. Consideró, sin embargo, que el proceso de votación es “fácil” y destacó la importancia de la participación ciudadana.

    Finalmente, la candidata sintetizó lo que, según ella, está en disputa en esta elección: “Está en juego la democracia, la soberanía, la salud, la universidad y nuestra vida”. Con esas palabras, Sapag cerró una intervención que generó controversia por haberse producido durante la veda electoral.

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  • Denuncian a la SIDE por habilitar tareas de espionaje ilegal sobre opositores y grupos sociales

     

    Una denuncia penal presentada por el Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS) contra los jefes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) los acusa de abuso de autoridad por aprobar un Plan de Inteligencia Nacional que habilita tareas de espionaje sobre grupos vulnerables, actores sociales y voces críticas, en abierta violación a la Ley de Inteligencia Nacional. Desarticular la protesta social a partir de la agudización de la crisis ecónomica y particularmente aplacar la resistencia en las provincias es uno de los principales objetivos luego de la aprobación de la Ley de Bases. Por ANRed.


     

    Hace unos días se filtro parte del Plan de inteligencia para el 2025 (PIN). Las denuncias se hicieron concretas a partir de la públicación de la Revista Crisis. El PIN, elaborado por la SIDE bajo la administración de Javier Milei, instala un esquema de vigilancia y control que apunta directamente contra voces disidentes, opositores políticos, movimientos sociales, ambientalistas, pueblos originarios, periodistas, sindicalistas y referentes opositores. Lejos de tratarse de un plan técnico o preventivo, el PIN operará como una herramienta política de persecución, basada en definiciones vagas y arbitrarias que habilitan el espionaje interno y la criminalización de la protesta.

    Con el pretexto de proteger el “orden constitucional” o el “desarrollo de la infraestructura estratégica”, el gobierno utilizaría la inteligencia estatal para catalogar como amenazas a quienes cuestionen sus políticas.El plan incluso se atreve a identificar el “anarquismo” como forma de terrorismo, en un intento evidente de criminalizar. Detrás se guardan desafios que sabe el gobierno que enfrentará. Todavía están frescas las rebeliones del 2020 contra la instalación de la megaminería en Chubut y el Mendozazo en el 2019 a penas asumido Alberto. Incluso en Jujuy también una rebelión que duró varias semana hasta se realizó un acampe en el centro de CABA (El tercer malón de la paz) . También las jornadas de protesta en toda la costa bonaerense contra las petroleras offshore.

    Hoy organismos de derechos humanos y actores sociales presentaron una denuncia penal contra las máximas autoridades de la SIDE, Sergio Neiffert y Diego Kravetz, por abuso de autoridad. La acusación se centra en un Plan de Inteligencia Nacional y una orden secreta recientemente revelada, que habilitan a los servicios de inteligencia a vigilar y monitorear a grupos sociales, opositores, periodistas, académicos y ambientalistas bajo definiciones amplias y vagas. El plan amplía de forma riesgosa el concepto de terrorismo y legitima la persecución ideológica, incluyendo el espionaje sobre protestas y reclamos históricos. También apunta al seguimiento de conflictos socioambientales y a pueblos originarios. Todo esto contraviene la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, por lo que se exige una investigación judicial para determinar si ya se realizaron acciones ilegales y quiénes son los responsables.

    El texto fue publicado hoy por el CELS:

    «Denunciamos penalmente por abuso de autoridad a Sergio Neiffert, jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), y a Diego Kravetz, director general de Operaciones de la SIDE. La denuncia apunta a sus responsabilidades en la aprobación de un Plan de Inteligencia Nacional (PIN) y el dictado de una orden secreta que habilita a la SIDE a “identificar y monitorear” a todos los “grupos sociales vulnerables” de la Argentina y a actores que puedan capitalizar la “creciente polarización política para expandir su influencia” en el electorado local.

    Una parte sustancial de las tareas de inteligencia, que son esencialmente secretas, estaría volcada a vigilar y caracterizar la conversación pública: lo que se dice y cómo se dice en medios y en redes sociales. Las opiniones comienzan a adquirir las características de una amenaza para el PIN cuando “promuevan la conflictividad” -una práctica de autoridades y grupos afines al gobierno, por otra parte- o cuando erosionen “la confianza” en las instituciones económicas o la reputación de empresas asentadas en el país.

    La extensión de las tareas de inteligencia es enorme y tiene definiciones vagas. Pueden vigilar, según su plan, a “actores de interés”, “actores estratégicos”, “actores no estatales”, actores que tengan la capacidad de “manipular la percepción” de las personas, que promocionen la fragmentación social, sin una explicación de qué significan esos adjetivos y si tienen límites. La definición concreta y operativa queda en manos de los funcionarios de la SIDE: son quienes van a definir quiénes encarnan una amenaza. El PIN habilita la vigilancia secreta de la expresión política opositora en el espacio público, pero también de referentes sociales, economistas, periodistas, académicxs, artistas y cualquier voz crítica.

    Todas estas actividades son abiertamente contrarias a la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520. Por eso en la denuncia pedimos, además de una serie de medidas de prueba para esclarecer estos hechos, que se determine si ya hubo acciones concretas basadas en la orden secreta y el PIN, para poder definir las responsabilidades penales.

    El PIN contiene “Lineamientos Estratégicos” y “Objetivos Generales de Inteligencia”, del que se desprenden “Objetivos Particulares de Inteligencia” y de ellos “Necesidades de Inteligencia”.

    Las Necesidades de Inteligencia del Objetivo Particular de Inteligencia 5 del Lineamiento Estratégico 3, por ejemplo, habilitan la vigilancia de actividades y expresiones políticas y sociales que consideren amenazas o en proceso de radicalización. Si nos remitimos a medidas o declaraciones de funcionarios para entender cuáles podrían ser esas amenazas podemos remontarnos al año pasado, cuando el gobierno usó ese tipo de calificativos para hablar de manera prejuiciosa y estigmatizante de manifestantes, de grupos anarquistas o antifascistas. El Objetivo Particular de Inteligencia 6 del mismo Lineamiento Estratégico apunta a los “potenciales impactos negativos en el desarrollo del sistema de Defensa Nacional” y allí los sospechosos podríamos ser los organismos de derechos humanos.

    El PIN amplía el concepto de terrorismo de una forma muy peligrosa. Podrían quedar bajo vigilancia actividades y personas por su orientación ideológica o por sus reclamos históricos. El paraguas es tan amplio que habilitaría la vigilancia de manifestaciones públicas y de protestas que pudieran ser “oportunidad” para acciones terroristas. El plan identifica al “terrorismo anarquista” como blanco principal, lo que puede derivar en persecución ideológica: expresar ideas anarquistas sería suficiente para entrar en una lista de vigilancia.

    El Plan de Inteligencia se enfoca también en seguir la conflictividad socioambiental y vigilar tanto al activismo ambientalista como a los pueblos indígenas –grupos que pretendan proteger patrimonios culturales y/o sagrados–. La mirada está puesta en situaciones y actores con capacidad de incidencia política o de obstruir proyectos extractivos, que puedan afectar la “extracción, transporte y/o comercialización” de recursos naturales estratégicos. También incorpora como objetivo el seguimiento de instancias internacionales –sistemas de protección de derechos, cooperación internacional pública y privada– que intervengan frente a “eventos climáticos extremos, la degradación del ecosistema y pérdida de biodiversidad”. Quienes promuevan acciones para evitar estas consecuencias de la matriz productiva extractivista son considerados actores “adversos al interés nacional”.

    Aunque el Estado Nacional lo haya negado en un comunicado breve, está habilitando a los organismos que integran el Sistema de Inteligencia Nacional a desplegar tareas de identificación, seguimiento, monitoreo, búsqueda, producción y acopio de información sobre personas y grupos por razones políticas. Es ilegal y tiene que rendir cuentas.»

     

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  • La Plata: productores, emprendedores y artesanos resisten el cierre del Parque Saavedra

     

    Imagen: @todxs_x_el_parque

    Productores, emprendedores, artesanos y artistas que desarrollan sus tareas en el Parque Saavedra de La Plata denuncian y resisten el inminente cierre del parque dispuesto por el intendente Julio Alak. «El parque no es solo una feria. Aquí conviven la biblioteca ‘Del otro lado del árbol’, una huerta comunitaria, ensayos de murgas, actividades culturales, recreativas y sociales que dan vida al barrio. El Parque Saavedra es un pulmón verde de la ciudad, hogar del jardín botánico, y un espacio vital para las expresiones culturales y comunitarias. El cierre del parque no trae seguridad: trae abandono, oscuridad y exclusión. Es también la pérdida de un espacio laboral para más de 500 familias que nos sostenemos día a día en la informalidad, resultado de años de políticas de precarización. Prohibir el acceso al espacio público es un paso más hacia la privatización del espacio urbano, concentrado solo para sectores privilegiados, y un intento más de expulsar la pobreza hacia las periferias, lejos de la vista de quienes gobiernan», remarcan. Por ANRed.


    Así lo denuncian en la cuenta de Instagram todxs_x_el_parque: «ante el inminente cierre del Parque Saavedra de La Plata, quienes somos productores, emprendedores y artesanxs que lo habitamos, nos autoconvocamos para denunciar y resistir el atropello de la Municipalidad, encabezada por el intendente Julio Alak, que amenaza con destruir nuestra fuente de trabajo y de vida».

     

    «El parque no es solo una feria – agregan – Aquí conviven la biblioteca «Del otro lado del árbol», una huerta comunitaria, ensayos de murgas, actividades culturales, recreativas y sociales que dan vida al barrio. El Parque Saavedra es un pulmón verde de la ciudad, hogar del jardín botánico, y un espacio vital para las expresiones culturales y comunitarias. Las mismas que ahora pretenden silenciar. Sabemos que, como ocurrió en Plaza Italia, Plaza San Martín y Plaza Rocha, el trasfondo es «limpiar» de pobres el espacio público, como si la pobreza fuera lo opuesto a la belleza. Como si la presencia de Ixs trabajadorxs informales empañara la estética de la ciudad», remarcan.

    Imágenes: @todxs_x_el_parque

    En la misma línea, agregan: «el cierre del parque no trae seguridad: trae abandono, oscuridad y exclusión. Es también la pérdida de un espacio laboral para más de 500 familias que nos sostenemos día a día en la informalidad, resultado de años de políticas de precarización. Prohibir el acceso al espacio público es interrumpir la vida comunitaria, cortar con las actividades culturales, deportivas y recreativas que fortalecen el tejido social. Es un paso más hacia la privatización del espacio urbano, concentrado solo para sectores privilegiados, y un intento más de expulsar la pobreza hacia las periferias, lejos de la vista de quienes gobiernan. Pero el parque es de todxs. Y quienes lo habitamos lo cuidamos, lo vivimos, lo defendemos».

    Imágenes: @todxs_x_el_parque

    «Por eso, llamamos a lxs vecinxs, organizaciones de derechos humanos, y a todxs quienes disfrutan del parque, a sumarse al reclamo. A estar atentxs, organizadxs y en estado de alerta. Defendamos el espacio público y nuestra fuente de trabajo», finaliza el comunicado de la Asamblea Autoconvocada de Productores, Artesanos, Emprendedores, Vecinos y Espacios Autogestivos del Parque Saavedra.

     

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