El secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, se presentará hoy a las 11 en el Juzgado de Lomas de Zamora para declarar en el marco de la causa que investiga el accionar de agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno del ex presidente Mauricio Macri.
Así lo confirmó a Télam el abogado de Moyano, Daniel Llermanos, quien precisó que el secretario general de los camioneros, Hugo Moyano «no se presentará hoy» por cuestiones de prevención frente a la pandemia de coronavirus.
Hugo y Pablo Moyano integran la lista de sindicalistas, políticos y periodistas que habrían sido espiados por la AFI durante la gestión de Gustavo Arribas, en el gobierno macrista.
Ambos dirigentes sindicales del gremio de los camioneros fueron citados al juzgado federal de Lomas de Zamora, a cargo del magistrado Federico Villena, para declarar en la causa que investiga el accionar de agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la gestión de Cambiemos.
La semana pasada, el juzgado federal de Lomas de Zamora pospuso para hoy las declaraciones de Hugo y Pablo Moyano, quienes habían sido citados el viernes pasado para ser informados de la causa.
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El gobierno logró aprobar el presupuesto con el apoyo de los gobernadores peronistas Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil y Gustavo Sáenz.
Con 46 votos afirmativos, 25 en contra y una abstención, correspondiente a la cordobesa Alejandra Vigo, la ley se aprobó en general tras 10 horas de debate. Victoria Villarruel puso rápidamente en tratamiento el capítulo 1 de la ley, que iba del artículo 1° al 10°, y logró la misma cantidad de apoyos y rechazos.
Pero al momento de votar el capítulo 2, que contenía el polémico artículo 30, el chaqueño Jorge Capitanich reclamó votación por separado de ese fragmento del proyecto, que promovía un ajuste en educación, ciencia y defensa. Bartolomé Abdala contestó que el plan de labor aprobado impedía ese mecanismo y lo propio sostuvo el jujeño Ezequiel Atauche.
Ante la negativa, la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti pidió una cuestión de privilegio, un recurso para realizar una diatriba que no tiene efectos prácticos sobre el debate parlamentario en curso, y acusó a los libertarios de impulsar un artículo inconstitucional que viola el principio de progresividad. «No tiene nada que ver con el déficit fiscal, lo que se hace es borrar por tierra todos los consensos que logramos en la Argentina para la educación y la ciencia y la tecnología», expresó.
Abdala quería apurar la votación pero Capitanich planteó cambiar varios artículos de ese capítulo, entre otros el 30. Atauche, como miembro inform ante, declinó ese planteo y se activó el tablero electrónico para emitir el voto. El resultado fue de 42 votos a favor, 28 en contra y las abstenciones de Vigo y la neuquina Julieta Corroza.
Como anticipó LPO, el gobierno logró fracturar al interbloque peronista para compensar los tres votos que perdía por el lado de la UCR, que sufrió la fuga de Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kroneberger para votar contra el artículo 30. El catamarqueño Guillermo Andrada, la tucumana Sandra Mendoza y la jujeña Carolina Moisés, que responden a Raúl Jalil, Osvaldo Jaldo y Gustavo Sáenz, respectivamente, aportaron sus tres voluntades para abultar más la diferencia del oficialismo con la oposición. Sin sus votos, el gobierno igual se hubiese impuesto por 39 a 28.
También acompañaron a los libertarios la salteña Flavia Royón, que estaba en contra del artículo 30 pero votó a favor de todo el capítulo por instrucción de Sáenz, el correntino Carlos «Camau» Espínola y la tucumana Beatriz Ávila, que rebautizó su monobloque con el nombre Independencia recientemente, en sintonía con Jaldo y los diputados suyos en la Cámara Baja. Sin ellos tres y sin los tres peronistas de Convicción Federal, el gobierno quedaba más comprometido: esos seis legisladores, más las abstenciones de Vigo y Corroza, contuvieron cualquier efecto cascada opositor.
Al cierre de esta nota, los libertarios peleaban por atribuirse las gestiones en la victoria parlamentaria. Como anticipó LPO, Santiago Caputo se había metido en la negociación, según fuentes del Congreso y la Casa Rosada, cuando parecía que flaqueaban los respaldos para el capítulo 2 y Patricia Bullrich reclamaba que los que estuvieran para votar contra el gobierno, al menos, se abstuvieran para no hundir la ley.
Diego Santilli, Martín y Lule Menem y Carlos Guberman se habían instalado en el despacho de la exministra de Seguridad para terminar de urdir acuerdos que salvaran el presupuesto de cualquier modificación que exigiera un retorno a la cámara de Diputados, una preocupación que atormentaba sobre todo a Luis Caputo por el frente financiero.
Cuando llegó el momento del cierre del debate, Bullrich dio un discurso que mezcló conceptos del coaching y frases de autoayuda con planteos dogmáticos del gobierno sobre la inflación y el déficit, aduciendo que en Argentina se había instalado la idea de que «el esfuerzo no valía la pena». «Hoy no estamos acá simplemente discutiendo números, estamos definiendo si la Argentina vuelve a creer en sí misma porque este presupuesto no es solo una herramienta económica sino un punto de partida para refundar una historia emocional de la Argentina», expresó. Desde los palcos seguían su intervención el ministro del Interior y el secretario de Hacienda.
Santilli con los Menem
Según la presidenta del bloque de LLA, «gobernar no es prometer, gobernar es decidir, incluso cuando duele». «La pobreza, aquellos que hablan tanto de justicia social no lo van a poder creer, se redujo a la mitad», planteó Bullrich antes de agregar que la baja de la inflación permite planificar.
El jefe de la bancada radical, Eduardo Vischi, defendió la necesidad de contar con un presupuesto y reivindicó la importancia del «equilibrio fiscal». «Entró», dijo como una idea que finalmente calzó en los distintos espacios políticos. Sin embargo, el argumento del correntino para no rechazar el ajuste en educación previsto en el artículo 30 fue que nunca se alcanzó el 6 por ciento del PBI para la inversión en ese área, tal como establecía la ley de financiamiento educativo de 2005.
La peronista Juliana di Tullio, por su parte, cargó contra los artículos 55 y 56, que flexibilizan el marco para la toma de deuda o las renegociaciones por parte del gobierno. «Estos dos artículos derogan parte de la ley Guzmán. Entonces ni Toto ni nadie van a tener que respetar tasa, monto y plazo. ¿Quién va a garpar la joda de Toto? El pueblo argentino. Con los votos de ustedes, ¿eh?», explicó.
Gobernar no es prometer, gobernar es decidir, incluso cuando duele.
La senadora bonaerense advirtió que «esto se va a rajar en algún momento», en referencia a la situación económica y social.»Si Cristina tenía que saber cuánto salía el metro de la ruta de no sé dónde, imagínense: Toto se va a ir de vacaciones pero Milei va a terminar preso», vaticinó.
En el arranque del debate, el jujeño Ezequiel Atauche señaló que «el objetivo principal es sostener por tercer año consecutivo el superávit financiero», aunque lamentó que la proyección tiene «una alta rigidez porque el 92% del gasto total ya está comprometido en partidas de difícil modificación». Sin embargo, pretendió que lo que se votaba este viernes era un «punto de quiebre», por tratarse de un presupuesto «sin déficit fiscal».
Los Menem con Santilli.
El primero en salirle al cruce había sido Capitanich, que consideró que el presupuesto en debate es «una «violación sistemática del reglamento y la Constitución». Tras una larga intervención, se manifestó contra el ajuste en educación que promueve el artículo 30.
De eso también se agarró el radical Maximiliano Abad. «Bajo el mantra del equilibrio fiscal, el Gobierno niega que la innovación y el conocimiento tengan que ver con el desarrollo». Por eso, denominó al artículo 30 como ‘el artículo escoba’, porque barre los pisos de educación, pero también las proyecciones en inversión de ciencia».
La tucumana Ávila, senadora del monobloque Independencia, admitió que el proyecto «no es el ideal, pero sí da previsibilidad y es una herramienta para salir de un círculo vicioso de improvisación, crisis y desigualdad». «Mi provincia se ha hecho cargo de obras que la Nación ha abandonado. Necesitamos imperiosamente que la Nación tenga inversión en infraestructura», completó.
