El secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, se presentará hoy a las 11 en el Juzgado de Lomas de Zamora para declarar en el marco de la causa que investiga el accionar de agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno del ex presidente Mauricio Macri.
Así lo confirmó a Télam el abogado de Moyano, Daniel Llermanos, quien precisó que el secretario general de los camioneros, Hugo Moyano «no se presentará hoy» por cuestiones de prevención frente a la pandemia de coronavirus.
Hugo y Pablo Moyano integran la lista de sindicalistas, políticos y periodistas que habrían sido espiados por la AFI durante la gestión de Gustavo Arribas, en el gobierno macrista.
Ambos dirigentes sindicales del gremio de los camioneros fueron citados al juzgado federal de Lomas de Zamora, a cargo del magistrado Federico Villena, para declarar en la causa que investiga el accionar de agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la gestión de Cambiemos.
La semana pasada, el juzgado federal de Lomas de Zamora pospuso para hoy las declaraciones de Hugo y Pablo Moyano, quienes habían sido citados el viernes pasado para ser informados de la causa.
Javier Milei avaló la postura de Luis «Toto» Caputo contra Federico Sturzenegger y aceptó que se quite la habilitación a las billeteras virtuales para efectuar pagos de salarios, contemplada en la versión original del proyecto de reforma laboral que se votó este miércoles en el Senado.
La modificación que barrió con los intereses de Mercado Libre se introdujo durante las negociaciones entre Patricia Bullrich y Diego Santilli con los senadores aliados y los gobernadores, respectivamente. Pero, además, ese cambio atendió a la bronca de los bancos, que cuando detectaron el capítulo 35 y el beneficio para esas plataformas manifestaron su rechazo.
Tal como informó LPO, las entidades bancarias le hicieron llegar su reclamo a Bullrich ya durante el debate en la comisión de Trabajo, en diciembre pasado. «Es un artículo con nombre y apellido: Marcos Galperin», decían en la city.
En ese contexto, el desplazamiento de las billeteras virtuales no es otra cosa que la traducción de la victoria parcial de Caputo contra Galperín. Se trata de una definición de Estado, en el marco de un gobierno que apuesta a una reactivación económica que aún no se concreta y necesita imperiosamente del crédito para dinamizar el mercado.
De hecho, los enviados de Galperín habrían abordado a Patricia Bullrich antes del debate en recinto y la jefa de bloque libertario tuvo dos respuestas tajantes. «No vamos a aceptar modificaciones», dijo en primer término. Y luego, acaso para tranquilizar a esos interlocutores, deslizó: «lo vamos a incorporar en la reglamentación».
El apetito de Mercado Libre por la habilitación para pagar sueldos motivó un comunicado del PRO de Mauricio Macri, quien abandonó este martes por un instante su reposo para ordenar el pronunciamiento a favor de las billeteras virtuales. «Desde el PRO creemos que cada trabajador tiene que poder elegir cómo cobrar su sueldo. No es el Estado el que tiene que decidir eso», expresó el partido amarillo en su texto.
Marcos Galperin.
Además, planteó que «el Congreso, por su propia naturaleza, suele ir más lento que la realidad social y tecnológica. Pero cuando finalmente aborda estos temas, no puede hacerlo negando cómo viven, trabajan y cobran hoy millones de argentinos».
Es cuanto menos curioso que la única crítica que haya tenido el macrismo para una ley de más de 200 artículos haya sido sobre un artículo en particular y que justo exprese el interés de Galperín.
Desde el PRO creemos que cada trabajador tiene que poder elegir cómo cobrar su sueldo. No es el Estado el que tiene que decidir eso.
LPO reveló en 2024 que dentro del PRO observaban al empresario como un «presidenciable». Además, Galperín tiene una estrecha vinculación con Macri y fue beneficiado con exenciones impositivas millonarias durante el gobierno de Cambiemos.
Por eso, no llama la atención que los diputados del PRO, liderados por Cristian Ritondo, hayan anunciado que insistirán cuando la reforma laboral llegue a la Cámara Baja para incorporar la habilitación a las billeteras virtuales como «proveedores de servicios de pago».
Como sea, fuentes al tanto de la situación comentaron a LPO que Galperín ya habría iniciado los trámites para presentar los papeles y convertir Mercado Pago en un banco, lo mismo que tuvo que hacer en México para participar del negocio del manejo de la masa dineraria de los sueldos.
La Municipalidad de Villa Regina informa que la balsa que funciona en la Isla 58 funcionará mañana sábado y el lunes 15 en el horario de 8 a 15. Durante el martes no se prestará el servicio. Difunde esta nota
A través del Decreto 179/21, la Municipalidad de Villa Regina declara asueto administrativo los días viernes 24 y 31 de diciembre con motivo de celebrarse las tradicionales fiestas de Navidad y Año Nuevo, garantizándose las guardias necesarias para la atención de los servicios esenciales. Difunde esta nota
Patricia Bullrich admitió este miércoles ante los presidentes de los bloques de senadores aliados que Luis «Toto» Caputo se niega a modificar la reforma laboral en el capítulo de Ganancias, una de las exigencias de los gobernadores para apoyar la ley en el Congreso.
Durante una reunión en las oficinas de la UCR en el Senado, la jefa de la bancada libertaria pidió a los legisladores que se mantengan en silencio «para no complicar las negociaciones».
Sin embargo, Bullrich llegó al encuentro con una nota que apuraba la convocatoria a sesión para el próximo 12 de febrero y los senadores se negaron a firmarla. Sus colegas le plantearon que, primero, garantice la apertura de la Casa Rosada para quitar la rebaja de ganancias a las grandes empresas, que impacta brutalmente en la coparticipación de las provincias.
Además, el temario contemplado en la nota que llevó la exministra no incluía la declaración de la emergencia ígnea, otra de las demandas de los mandatarios provinciales a raíz de los incendios en la Patagonia.
Tres senadores consultados por LPO reconocieron que tienen la voluntad de colaborar con la media sanción de la reforma pero que no están dispuestos a «inmolarse» para alcanzar una mayoría ajustada, de apenas 37 votos favorables, con altas probabilidades de ser declarada inconstitucional en el Poder Judicial. «Queremos que junten 50 votos para que ningún juez se anime a voltearla», dijo uno de los legisladores.
El problema es que la propia Bullrich confesó ante los senadores que «Caputo está muy duro» y «no acepta cambios».
Bullrich, en Casa Rosada.
Del encuentro participaron el presidente del bloque radical, Eduardo Vischi, el cordobés Luis Juez, la tucumana Beatriz Ávila, el correntino Carlos «Camau» Espínola, la chubutense Edith Terenzi y la salteña Flavia Royón. No hubo representantes del PRO ni tampoco asistió la neuquina Julieta Corroza.
Si el peronista José Mayans logra retener la voluntad del interbloque justicialista, incluyendo a los cinco de Convicción Federal y los dos santiagueños, el rechazo podría tener un piso de 28 votos pero podría crecer si el Poder Ejecutivo no acepta los cambios que piden los gobernadores. «Sin los votos de los gobernadores, la ley no sale del Senado», precisó un senador que responde a uno de ellos.
Sin los votos de los gobernadores, la ley no sale del Senado.
Bullrich también habría pasado un momento incómodo cuando uno de los presentes le preguntó si había hablado con la CGT. La exministra respondió que sí y hasta deslizó que desde el gobierno habían conversado con camaristas de la Justicia, algo que podría resultar escandaloso.
Al cierre de esta nota, la síntesis de la reunión entre la presidenta del bloque oficialista y sus pares aliados era el simple compromiso de Bullrich de llevar las observaciones de los senadores a Caputo y Diego Santilli, para retomar el diálogo en la Cámara Alta a partir del martes.
El Intendente Marcelo Orazi participó de la mesa de trabajo convocada por la Agencia de Desarrollo Económico CREAR Río Negro para compartir ejes y objetivos a desarrollar durante este año. En la oportunidad estuvo acompañado por el Secretario de Coordinación Ariel Oliveros. En el encuentro estuvieron presentes la Subsecretaria en Coordinación Técnica Administrativa del CREAR…
La Justicia de Rosario le puso un freno al gobierno santafesino respecto de las condiciones de detención de presos de alto perfil, lo que es uno de los puntales de la política de seguridad adoptadas y pregonadas por Maximiliano Pullaro.
La resolución de la Cámara Penal revocó una medida fundamental de movimientos de reclusos porque indica que su implementación es inconsulta hacia el Poder Judicial, de quien dependen los detenidos, y que supone regímenes de aislamiento contrarios a la Constitución Nacional y a tratados internacionales que regulan la legislación argentina.
La determinación la adoptó el camarista penal Javier Beltramone en una causa por homicidio calificado seguida contra nueve presos implicados en el asesinato de otro recluso en noviembre pasado. Lo que hace el fallo es marcar un límite hacia las restricciones carcelarias que prevé el modificado artículo 220 bis del Código Procesal Penal, que el gobierno de Pullaro adopta como herramienta de la política penitenciaria.
Es un aspecto sensible para el gobierno de Pullaro que endureció las condiciones de detención y aislamiento de los detenidos llamados de alto perfil, que son los considerados de mayor riesgo, por sus implicancias en la violencia que azotó Rosario, y que a criterio de la gestión bajó en gran medida en los dos últimos años por el mayor control de las prisiones.
Pero según diversos actores del sistema penal y también internacionales eso se hizo no sin controversia. A tal punto que el Comité de Tortura de la ONU en su último informe expresa advertencias y preocupación por el manejo de cárceles en Santa Fe. Lo que va de la mano con una tendencia marcada a dejar de lado, según lo que funcionarios de órganos de Justicia dicen a LPO, desde los mismos jueces las medidas que suponen dar beneficios en la ejecución penal, que en muchos casos impiden salidas legales hasta el cumplimiento total de la pena.
El fallo
El caso resuelto por el camarista Beltramone se refiere a una medida resuelta por el juez Fernando Sosa que en noviembre pasado formalizó la prisión preventiva contra nueve presos, acusados por distintos roles en el homicidio hace un año del interno Agustín de la Encina Capeletti, de 26 años, en la cárcel de Piñero, situada a 15 kilómetros de Rosario.
De la Encina Capeletti había sido apresado como dealer de cocaína de la banda de Yanina Alvarado, hermana del líder criminal Esteban Alvarado. El 13 de enero de 2025 un grupo de reclusos lo mataron a puñaladas y golpes un grupo de reclusos entre los que están Jorge González, Marcelo Andrés Chávez, Franco Darío Aguiar, Nahuel Yamir Clavero, Sebastián Gabriel Grondona, Adrián Candia Roldán, Darío Rodrigo Varela, Kevin Leandro Sosa y Jonatan Adrián Gauto. También fueron involucrados dos agentes penitenciarios por haber facilitado el crimen.
Pullaro en la cárcel de «El Infierno»
Después de la resolución del juez Sosa las defensas apelaron cuestionando en especial el régimen de incomunicación adoptado para los reclusos. Lo que hizo Beltramone al analizar el trámite como camarista no objeta la prisión preventiva dictada por el magistrado inicial pero ordena que los distintos imputados permanezcan alojados en pabellones distintos, sin contacto entre ellos durante 30 días o hasta el momento de que el caso siga judicialmente con la acusación formal.
Y fue terminante en dos puntos. Primero en prohibir que la medida se ejecute en celdas de aislamiento, celdas de castigo o regímenes de confinamiento solitario. Igual de categórico fue al decirle al Poder Ejecutivo que la situación de los presos depende de lo que dispongan los jueces y no discrecionalmente autoridades administrativas que manejan las cárceles.
Desde el Servicio Penitenciario de Santa Fe habían indicado que disponer a los presos en aislamiento se explicaba en un pedido de la fiscalía, y en que resultaba materialmente imposible cumplir con otra variante por la falta de infraestructura adecuada para presos de alto perfil y porque era imposible garantizar de otra manera la investigación penal.
Beltamone replicó que la ejecución de la medida de prisión preventiva había desnaturalizado lo solicitado, que se había sostenido de forma ilegal y gravosa para los derechos de los detenidos. Y marca además que el Servicio Penitenciario no está habilitado para reinterpretar o modificar el contenido de órdenes judiciales.
Por eso obliga al cese inmediato de la vigencia de las medidas de encierro en aislamiento. Y le hace saber al Servicio Penitenciario que las medidas restrictivas de la libertad dependen exclusivamente del Poder Judicial.
Un contexto complejo
Toda esta significativa controversia se monta en una tensión muy compleja que afecta a lo institucional pero también a la seguridad pública. Desde 2013 en adelante, cuando Rosario duplicó sus tasas de violencia altamente lesiva, hubo un papel notorio en los hechos de sangre que provenían de directivas en las cárceles. Fue muy notorio en audiencias judiciales: organizaciones criminales robustas o marginales ordenaban homicidios, extorsiones y balaceras desde las prisiones.
Al asumir en 2023 Pullaro impuso un régimen de fortísimas restricciones en las cárceles que afectaron a la ubicación de presos, los regímenes de visitas, los ingresos de mercaderías. Junto a otras medidas variadas y modificaciones normativas el primer año la violencia más grave declinó de una manera asombrosa con un 65 por ciento de homicidios menos. En 2025 la tasa de homicidios repuntó un 25 por ciento interanual pero los números, igualmente, se equiparan actualmente a las épocas previas al estallido violento.
Pero las violaciones a los derechos humanos en prisiones santafesinas fueron motivo de anclaje internacional. Las observaciones periódicas del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas indican preocupación por «los casos documentados en el penal de Piñero, en Santa Fe, el 2 de marzo de 2024, que incluyeron simulacros de ahogamiento en tanques de agua o «al seco» con bolsas de plástico, descargas eléctricas y abusos sexuales, así como la falta de información sobre las investigaciones realizadas al respecto».
El gobierno de Pullaro tienen en su política penitenciaria uno de los activos más fuertes en sus apelaciones políticas y lo usa de modo permanente, incluso en la cartelería pública dentro y fuera de las temporadas proselitistas. Hace diez días el gobernador resaltó que en sus cuatro años de gobierno se harán más de las 3.500 celdas que se hicieron en Santa Fe en los últimos cien años. A la nueva cárcel para 1.150 reclusos de alto perfil a alojarse en celdas individuales la misma gestión la denominó «El infierno». En el mismo predio habrá dos prisiones más para totalizar 1.950 detenidos en cada una.
Todo esto vino acompañado de un ajuste de políticas muy fuertes hacia la población carcelaria de la que el fallo de Beltramone resulta expresivo. Ese rigor también se manifiesta en el sistema penal, que de modo muy manifiesto en los últimos dos años se caracteriza, por lo que se advierte en audiencias de ejecución, que no se otorgan salidas de ningún tipo.
La ley nacional 24660 de ejecución de penas tiene como criterio la progresividad que implica que la persona condenadas va cumpliendo fases cuando tiene conducta aceptable y adquiere por ello espacios de mayor autonomía y responsabilidad. Y parte de la pena final, con obligaciones y controles, se cumple en libertad.
«Hoy la inmensa mayoría de las personas presas salen con condena cumplida. Los fiscales piden el régimen más duro. Y los jueces habilitan todo inclusive en presos que no son de alto perfil. Los informes de los organismos carcelarios además suelen tener argumentos que desaconsejan la excepción de prisión efectiva a veces de manera pueril», indica un importante funcionario de la Defensa Pública, lo que también corrobora a LPO un magistrado penal ya jubilado. «Esto de Beltramone es una excepción que expresa un muy fuerte contraste. Hoy los jueces en generla van poco más allá de dictar medidas de detención y exclusiones de hogar. Sobre la ejecución de penas niegan todas las salidas o pasan de largo», sostuvo.
