El secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, se presentará hoy a las 11 en el Juzgado de Lomas de Zamora para declarar en el marco de la causa que investiga el accionar de agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno del ex presidente Mauricio Macri.
Así lo confirmó a Télam el abogado de Moyano, Daniel Llermanos, quien precisó que el secretario general de los camioneros, Hugo Moyano «no se presentará hoy» por cuestiones de prevención frente a la pandemia de coronavirus.
Hugo y Pablo Moyano integran la lista de sindicalistas, políticos y periodistas que habrían sido espiados por la AFI durante la gestión de Gustavo Arribas, en el gobierno macrista.
Ambos dirigentes sindicales del gremio de los camioneros fueron citados al juzgado federal de Lomas de Zamora, a cargo del magistrado Federico Villena, para declarar en la causa que investiga el accionar de agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la gestión de Cambiemos.
La semana pasada, el juzgado federal de Lomas de Zamora pospuso para hoy las declaraciones de Hugo y Pablo Moyano, quienes habían sido citados el viernes pasado para ser informados de la causa.
La guerra en Medio Oriente se filtra en la economía argentina por un canal escondido: el gas natural licuado (GNL). El precio internacional del combustible que el país necesita importar cada invierno se disparó con la crisis bélica. Pasó de alrededor de 10 dólares a cerca de 20 dólares por millón de BTU. El doble.
Para Argentina ese número no es abstracto. El sistema energético todavía depende del GNL para atravesar los meses de mayor consumo. El gasoducto de Vaca Muerta mejoró el panorama porque permite transportar más gas desde Neuquén hacia los centros urbanos. Pero la producción local todavía no alcanza para cubrir la demanda invernal.
Y el gas también impacta en la boleta de luz. Más del 60% de la electricidad argentina se genera en centrales térmicas que utilizan gas o combustibles líquidos. Por eso, el país necesita importar GNL cada invierno para sostener el sistema energético.
Durante la crisis energética global provocada por la guerra en Ucrania, cuando el gasoducto aún no estaba operativo, Argentina llegó a gastar cerca de USD 3.500 millones en importaciones de gas. El año pasado, con el gasoducto funcionando y precios internacionales más bajos, la factura cayó a unos USD 600 millones.
Pero el nuevo escenario internacional vuelve a cargar ese gasto. Si el gobierno sale a comprar GNL con los precios actuales, el costo podría duplicarse justo cuando la cuenta corriente argentina ya muestra un déficit superior a los 2.500 millones de dólares.
A ese cuadro se suma un cambio de reglas en el sistema energético local. El gobierno decidió avanzar con una licitación para transferir la importación de GNL, que hasta ahora realizaban las empresas estatales Enarsa y Cammesa, a un único operador privado.
Si el gobierno sale a comprar GNL con los precios actuales, el costo podría duplicarse justo cuando la cuenta corriente argentina ya muestra un déficit superior a los 2.500 millones de dólares.
El problema es que ese proceso todavía no está definido. Y mientras se discute quién se quedará con el negocio de la importación, el calendario energético sigue corriendo.
Los cargamentos de gas no se compran de un día para otro. Deben contratarse con anticipación. Cuando esa planificación se retrasa, el margen se reduce. La alternativa es salir al mercado spot, el segmento de corto plazo del comercio mundial de GNL. Allí no hay contratos previos ni precios asegurados. Los cargamentos se compran sobre la hora y el valor se define en función de la urgencia y de la competencia entre compradores.
Además, con gran parte de la producción global afectada por la crisis en Medio Oriente, el mercado enfrenta una oferta más limitada. De hecho, Qatar ya aviso que suspende los envíos comprometidos con la Argentina. Eso obliga al gobierno a competir con otros compradores, especialmente Europa, que desde la ruptura energética con Rusia incrementó su dependencia del gas natural licuado.
En el sector energético repiten una advertencia inquietante: el gas licuado disponible en el mercado no alcanza para todos. Cuando un bien escasea, el precio se dispara. Y el gobierno ya dejó clara cuál es su lógica regulatoria frente a ese escenario: trasladar los costos a la demanda.
Los cálculos que circulan en el sector energético muestran la magnitud del impacto potencial en las tarifas que enfrentarán hogares e industrias.
Si el sobrecosto se trasladara a la industria, el precio del gas pasaría de 4 dólares a 8,14 dólares por millón de BTU. Es una suba del 104%. El traslado es más directo porque los grandes usuarios ya compran gas sin subsidios.
Si el sobrecosto se trasladara a la industria, el precio del gas pasaría de 4 dólares a 8,14 dólares por millón de BTU. Es una suba del 104%.
Si el ajuste recayera en los hogares, el impacto también sería significativo. El precio del gas que paga el usuario podría pasar de 3,79 dólares a 6,51 dólares por MMBTU.
Existe además un tercer escenario posible: trasladar el costo a la generación eléctrica. En ese caso, el precio del gas para las centrales pasaría de 4,45 dólares a 9,27 dólares por MMBTU, un salto del 108%. Si las usinas ya estuvieran pagando gas spot, el valor subiría de 7,50 a 11,31 dólares. El resultado sería un sobrecosto de 33,8 dólares por megavatio hora.
La pregunta inevitable es cuánto más pueden absorber los bolsillos, en un escenario económico de pérdida de poder adquisitivo y recesión, con cierres cotidianos de industrias y comercios.
Patricia Bullrich puso a Lázaro Báez como ejemplo para pedir que la gente suelte los dólares, ante la desesperación del equipo económico por reactivar la economía.
«Vamos a fundir a todas las fábricas de colchones, porque no van a poder guardar más los dólares en los colchones», ironizó la senadora en Tucumán, adonde acompañó a Javier Milei a un acto con empresarios. La broma se da justo cuando se funden fábricas todas las semanas por la recesión.
«Saquen los dólares que tuvieron que guardar porque la Argentina no daba seguridad jurídica», dijo la ex ministra de Seguridad. «Inviertánlos, hagan mejor sus casas, mejoren sus negocios, vayan al banco y llevan la plata, hasta 10 mil millones de pesos no los mira nadie», admitió.
«Miren lo que nos pasó con la ley de inocencia fiscal, como la ley penal tributaria es retroactiva, hasta Lázaro Báez se benefició, miren las consecuencias no deseadas de las buenas leyes», dijo Bullrich.
La Gobernadora Arabela Carreras confirmó que el martes 22 se retomarán las clases presenciales en todas las ciudades y localidades rionegrinas. La Mandataria adelantó además que se adelantará el receso invernal una semana, comenzando el 5 de julio y se extenderá por tres semanas. Carreras anunció esta decisión a través de su cuenta de Twitter…
El proyecto presentado por el Intendente Marcelo Orazi ante el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) para la ejecución de la obra de nexo cloacal del sector suroeste recibió la aprobación técnica. Resta ahora la aprobación presupuestaria por parte del organismo nacional, cuya última actualización fue de $87.706.894. En ocasión de su viaje…
Las Socorristas en Red nacen en Argentina en el año 2012 y en solo cinco años de existencia lograron instalarse en más de 50 ciudades. El crecimiento es exponencial, y proporcional al del movimiento feminista en el país. Desde el 2014 al 2017 Socorristas en Red acompañó a más de 12.500 mujeres en el proceso…
El Jefe de Gabinete continúa sumando escándalos que lo acercan a una renuncia.
Por Roque Pérez para NLI
El escándalo que rodea a Manuel Adorni suma un nuevo capítulo explosivo: según reveló el periodista Fabián Waldman en Futurock, el jefe de Gabinete habría dispuesto un vehículo oficial para uso personal de su esposa, Bettina Angeletti, que incluso sería utilizado por empleadas domésticas para realizar compras. La denuncia, de extrema gravedad institucional, se inscribe en una cadena de episodios que vienen poniendo bajo la lupa el uso de recursos públicos por parte del funcionario.
Lejos de tratarse de un hecho aislado, la acusación aparece en un contexto donde el propio Adorni ya venía siendo cuestionado por mezclar lo público con lo privado de manera sistemática.
De los vuelos oficiales al uso personal del Estado
El antecedente más inmediato es el escándalo por el viaje a Nueva York durante la llamada “Argentina Week”, donde Angeletti participó de la comitiva oficial sin tener cargo público. El episodio generó fuertes críticas porque el propio Gobierno había establecido límites al uso de aeronaves oficiales para fines particulares.
La situación se volvió aún más delicada porque Adorni había defendido previamente restricciones para evitar privilegios de funcionarios y familiares, lo que dejó al descubierto una contradicción evidente entre discurso y práctica.
A esto se suma otro dato clave: el funcionario también fue cuestionado por viajes en vuelos privados a Punta del Este, cuyo financiamiento nunca quedó del todo claro, alimentando sospechas sobre el origen de los fondos.
En ese marco, la nueva denuncia sobre el uso de un auto oficial para tareas domésticas no hace más que profundizar la percepción de abuso de recursos del Estado.
La trama económica detrás de la familia Adorni
El nombre de Bettina Angeletti no aparece solo en estas polémicas. En los últimos días, fue denunciada judicialmente por posibles conflictos de intereses vinculados a su consultora privada, que habría tenido contratos con empresas relacionadas al Estado.
Según la presentación judicial impulsada por la diputada Marcela Pagano, existiría un entramado de relaciones comerciales que podría implicar beneficios indirectos para el entorno del funcionario, incluyendo contratos millonarios por servicios de consultoría.
En paralelo, también se pidió investigar la evolución patrimonial de la familia, ante la sospecha de que los niveles de gasto —viajes internacionales, vuelos privados y estilo de vida— no se condicen con los ingresos declarados.
Lejos de ser episodios aislados, distintos informes periodísticos coinciden en señalar un mismo patrón: uso de recursos estatales, beneficios para el entorno familiar y explicaciones poco consistentes.
El caso del viaje a Estados Unidos fue paradigmático: no solo generó críticas de la oposición, sino también cuestionamientos por posibles violaciones a la Ley de Ética Pública, que prohíbe expresamente utilizar bienes del Estado para beneficio personal o de familiares.
Ahora, con la denuncia difundida en Futurock, el foco se traslada a un aspecto aún más cotidiano pero igualmente grave: la utilización directa de bienes públicos —un auto oficial— para actividades privadas y domésticas.
El relato del ajuste frente a los privilegios
Todo esto ocurre en un contexto político donde el gobierno de Javier Milei construyó su legitimidad sobre la promesa de terminar con “los privilegios de la casta”. Sin embargo, los hechos que involucran a Adorni parecen ir en sentido contrario.
Desde el avión presidencial hasta los vuelos privados, pasando ahora por el presunto uso de vehículos oficiales para compras familiares, el caso empieza a configurar algo más que una serie de polémicas: un esquema de privilegios que contradice el discurso oficial.
La revelación de Waldman no solo agrega un nuevo elemento escandaloso, sino que plantea una pregunta de fondo: ¿hasta dónde llega el uso personal de los recursos del Estado por parte del jefe de Gabinete y su entorno?
Por ahora, el silencio oficial frente a esta última denuncia no hace más que aumentar las sospechas.
