El secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, se presentará hoy a las 11 en el Juzgado de Lomas de Zamora para declarar en el marco de la causa que investiga el accionar de agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno del ex presidente Mauricio Macri.
Así lo confirmó a Télam el abogado de Moyano, Daniel Llermanos, quien precisó que el secretario general de los camioneros, Hugo Moyano «no se presentará hoy» por cuestiones de prevención frente a la pandemia de coronavirus.
Hugo y Pablo Moyano integran la lista de sindicalistas, políticos y periodistas que habrían sido espiados por la AFI durante la gestión de Gustavo Arribas, en el gobierno macrista.
Ambos dirigentes sindicales del gremio de los camioneros fueron citados al juzgado federal de Lomas de Zamora, a cargo del magistrado Federico Villena, para declarar en la causa que investiga el accionar de agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la gestión de Cambiemos.
La semana pasada, el juzgado federal de Lomas de Zamora pospuso para hoy las declaraciones de Hugo y Pablo Moyano, quienes habían sido citados el viernes pasado para ser informados de la causa.
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Mientras todos seguimos «entretenidos» con las propiedades de Adorni, el gobierno se sigue llevando puesto al Estado y continúa su avance sobre bienes estratégicos.
Por Celina Fraticiangi para NLI
El Gobierno dio un nuevo paso en su política de achicamiento estatal con la publicación en el Boletín Oficial de una resolución que habilita el avance en la venta de activos estratégicos vinculados a ENARSA, la empresa energética estatal. La medida, que pasa casi desapercibida en la agenda mediática, constituye en los hechos un nuevo capítulo en el proceso de privatización de áreas clave del sistema energético argentino.
Lejos de tratarse de un movimiento aislado, la decisión se inscribe en una lógica más amplia: la retirada progresiva del Estado de sectores estratégicos, bajo el argumento de eficiencia y reducción del gasto. En este caso, el foco está puesto en la participación accionaria vinculada a la transmisión eléctrica, un área sensible que impacta directamente en la distribución y el costo de la energía.
Energía en venta, soberanía en retroceso
La resolución del Ministerio de Economía habilita la venta de acciones que ENARSA posee en el entramado energético, avanzando así sobre uno de los últimos bastiones de presencia estatal en el sector. No es un dato menor: la energía no es un mercado cualquiera, sino un insumo básico que condiciona el desarrollo productivo, el precio de los alimentos y la vida cotidiana de millones de argentinos.
La decisión de desprenderse de estos activos se produce en un contexto de fuerte presión sobre tarifas y con un esquema económico que ya trasladó costos al bolsillo de los usuarios. En ese marco, la privatización no aparece como una política neutral, sino como una transferencia de poder económico hacia actores privados, en detrimento del control público.
El relato del ajuste y la realidad del vaciamiento
Mientras Milei insiste con su discurso contra “la casta” y el gasto político, las medidas concretas revelan otra dinámica: no se trata solo de reducir el Estado, sino de redefinir quién se queda con lo que el Estado deja. La venta de activos energéticos no elimina el negocio: lo cambia de manos.
Este tipo de decisiones reaviva un debate histórico en la Argentina. Las privatizaciones de los años noventa dejaron un saldo conocido: pérdida de control estratégico, deterioro de servicios en algunos casos y una dependencia creciente de empresas con lógica de rentabilidad antes que de servicio público. El antecedente está sobre la mesa, pero el Gobierno avanza en la misma dirección.
Un modelo que prioriza el mercado por sobre el interés público
El avance sobre ENARSA confirma el rumbo de la política económica: menos Estado en áreas clave y mayor protagonismo del sector privado, incluso en ámbitos donde la intervención estatal resulta fundamental para garantizar equidad y planificación a largo plazo.
La discusión de fondo no es técnica sino política. ¿Debe el Estado retirarse de la energía? ¿Quién regula cuando el mercado concentra poder? ¿Qué pasa con las tarifas cuando el objetivo central es la rentabilidad? Son preguntas que la resolución no responde, pero que quedan abiertas mientras se ejecuta el proceso.
En paralelo, el ajuste fiscal continúa impactando sobre salarios, jubilaciones y políticas sociales. En ese contexto, la venta de activos públicos aparece como una pieza más de un esquema que combina recorte, transferencia de recursos y reconfiguración del rol estatal.
Lo que está en juego no es solo una empresa, sino una concepción de país. Y en ese tablero, la decisión de avanzar sobre ENARSA marca con claridad el sentido del proyecto en marcha.
