El Intendente Marcelo Orazi y la Secretaria de Estado de Seguridad y Justicia de Río Negro Betiana Minor recorrieron el inmueble donde próximamente funcionará la Comisaría de la Familia, donde se llevan adelante trabajos de pintura para su puesta en marcha.
Recordemos que en los próximos días la Comisaría de la Familia atenderá en Ingeniero Bonoli 91, espacio que fue cedido en comodato por el Poder Judicial a la Secretaría de Seguridad y Justicia provincial. De esta manera contará con un espacio de mayores dimensiones y comodidad para la atención de cuestiones relacionadas a la violencia de género y familia.
En el lugar también habrá una oficina de atención de la SENAF.
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La propuesta ‘Elegí pescado, elegí Río Negro’ del Ministerio de Producción y Agroindustria tuvo una gran recepción por parte de los vecinos reginenses, quienes desde temprano se acercan al predio ferial ubicado frente a la Plaza de los Próceres. En este espacio tienen la posibilidad de adquirir pescados y mariscos de calidad a precios promocionales….
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El dato surge de las estadísticas oficiales de mortalidad y muestra un salto de 21.276 fallecimientos entre 2023 y 2024 entre las personas de 65 años y más. El fenómeno adquiere mayor relevancia cuando se compara la mortalidad observada con un nivel esperado construido sobre años no pandémicos: para 2024, el cálculo arroja unas 33.500 muertes por encima de ese valor de referencia. Las cifras no permiten atribuir cada fallecimiento a una política determinada, pero sí muestran un deterioro sanitario que merece ser investigado.
Por Roque Pérez para NLI
La discusión sobre las condiciones de vida de los jubilados argentinos acaba de adquirir una dimensión que ya no puede reducirse a la evolución del haber mínimo, al precio de los medicamentos o a las protestas frente a las oficinas del PAMI. Las estadísticas oficiales de mortalidad muestran que en 2024 murieron 284.798 personas de 65 años y más, frente a 263.522 en 2023: son 21.276 fallecimientos adicionales en apenas un año. El dato surge de los Anuarios de Estadísticas Vitales de la Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS), organismo dependiente del Ministerio de Salud de la Nación encargado de producir, analizar y difundir las estadísticas sanitarias oficiales del país.
La magnitud del salto merece ser observada con cuidado. El aumento equivale a aproximadamente 8,1% en un solo año en el número absoluto de defunciones de personas de 65 años y más. Entre los mayores de 80 años, según la comparación de las estadísticas oficiales, el incremento fue todavía más pronunciado y alcanzó aproximadamente 9,46%. No se trata, por lo tanto, de una diferencia estadística marginal ni de una fluctuación de unas pocas centenas de casos: son decenas de miles de fallecimientos adicionales dentro de la población de mayor edad.
Qué significa realmente hablar de exceso de mortalidad
Para interpretar correctamente estos números hay que introducir un concepto fundamental de epidemiología: el exceso de mortalidad. No consiste simplemente en comparar un año contra el anterior, porque la cantidad de personas que mueren naturalmente puede variar por envejecimiento poblacional, estructura etaria, tamaño de la población y otros factores. La pregunta estadísticamente más interesante es otra: ¿cuántas muertes podían esperarse razonablemente en 2024 y cuántas ocurrieron efectivamente?
Tomando como referencia los valores que venimos analizando para 2017, 2018, 2019 y 2023, es decir, años que permiten evitar el comportamiento extraordinario producido por la pandemia de COVID-19, el promedio de defunciones de personas de 65 años y más se ubica en torno de 251.255 muertes anuales. Frente a las 284.798 efectivamente registradas en 2024, la diferencia alcanza aproximadamente 33.543 fallecimientos.
Ese cálculo debe ser presentado con precisión: 33.543 significa que la cantidad observada en 2024 estuvo aproximadamente 33.500 por encima del nivel obtenido mediante esa referencia estadística. Un salto de semejante magnitud entre la mortalidad esperada y la observada constituye una señal sanitaria que requiere explicación. Y la explicación no puede construirse solamente mirando las estadísticas de mortalidad: hay que cruzarlas con el acceso a medicamentos, consultas, tratamientos, vacunación, alimentación, ingresos previsionales, internaciones y utilización efectiva del sistema sanitario.
El dato aparece en el primer año completo de Milei
La dimensión política de la cifra surge de una circunstancia temporal imposible de ignorar: 2024 fue el primer año calendario completo de la presidencia de Javier Milei. El nuevo gobierno asumió el 10 de diciembre de 2023 y durante 2024 implementó una política económica caracterizada por una fuerte reducción del gasto público, contracción de distintas partidas sociales y modificaciones en los mecanismos de acceso a medicamentos para los afiliados del PAMI.
La coincidencia temporal, por sí sola, no prueba que las políticas implementadas por el Gobierno hayan provocado las muertes. Pero sí establece un período concreto para investigar. La pregunta relevante deja de ser simplemente cuántos jubilados murieron y pasa a ser qué ocurrió con las causas de esas muertes y con las condiciones sanitarias y económicas de esa población durante el mismo período.
La ausencia de datos oficiales de mortalidad correspondientes a 2025 constituye hoy una limitación importante. La DEIS ya tiene publicado el anuario de Estadísticas Vitales 2024, pero la serie oficial de 2025 todavía no está disponible.
Medicamentos, ingresos y salud: la explicación que todavía debe investigarse
La cuestión de los medicamentos ocupa un lugar central en el debate porque para una parte importante de la población mayor el tratamiento farmacológico no constituye un gasto prescindible sino una condición para mantener bajo control enfermedades crónicas. Hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares, patologías respiratorias y múltiples afecciones propias de edades avanzadas requieren tratamientos sostenidos y, en muchos casos, combinaciones de medicamentos.
Por eso, una interrupción, reducción o postergación de tratamientos puede tener consecuencias sanitarias. La propia estadística sanitaria permite avanzar en esa dirección. Hay además un elemento demográfico que obliga a ser todavía más rigurosos: una población envejecida naturalmente registra más fallecimientos, aun cuando las condiciones sanitarias no empeoren. Por eso, comparar solamente 2023 contra 2024 puede sobreestimar o subestimar la dimensión real del fenómeno. El análisis de exceso de mortalidad intenta justamente corregir parcialmente esa dificultad mediante una referencia histórica.
Lo que muestran los números disponibles es, en consecuencia, más serio que una simple consigna política. Argentina registró en 2024 un aumento excepcional de las muertes entre las personas de 65 años y más respecto de 2023, después de la salida de los años extraordinarios de la pandemia. Y cuando se utiliza una referencia estadística no pandémica, la mortalidad observada queda muy por encima del promedio utilizado como línea de comparación.
Eso no permite mirar hacia otro lado frente a 33.543 muertes por encima de ese nivel de referencia y atribuirlas simplemente al azar demográfico. La discusión política, en definitiva, debería empezar por reconocer ese dato. La vida de las personas mayores no puede medirse solamente por cuánto aumenta nominalmente una jubilación o por cuánto dice el Gobierno que gasta en una obra social. También debe medirse por su capacidad efectiva de acceder a medicamentos, controles, tratamientos, alimentación y atención médica. Si en el primer año completo del gobierno de Milei la mortalidad de los mayores de 65 años saltó en más de 21.000 casos respecto del año anterior y alcanzó un nivel aproximadamente 33.500 fallecimientos superior a la referencia estadística utilizada en este análisis, el fenómeno exige una investigación sanitaria profunda.
Y esa investigación tiene que continuar: cuánto de este exceso responde a la estructura demográfica, cuánto a las secuelas de la pandemia y cuánto podría estar asociado con el deterioro de las condiciones sociales y sanitarias de los adultos mayores durante la nueva etapa económica.
Por ahora, el dato oficial ya plantea una pregunta incómoda para el Gobierno: en 2024 murieron 21.276 personas de 65 años y más que el año anterior. Y una democracia que pretende proteger a sus mayores debería considerar ese número no como una molestia estadística, sino como una señal que merece ser explicada con la máxima rigurosidad.
Fuentes principales: Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS), Ministerio de Salud de la Nación, Estadísticas Vitales – Año 2023 y Estadísticas Vitales – Año 2024; registros oficiales de mortalidad y análisis estadístico de exceso de mortalidad. La DEIS es el organismo nacional responsable de producir y analizar las estadísticas vinculadas con las condiciones de vida y los problemas de salud.
La tensión entre la industria y el gobierno de Javier Milei terminó abriendo una interna feroz dentro de la propia central fabril. En pocas horas, Guillermo Moretti acusó a Luis Caputo de ser un «trader que no sabe lo que es un torno», Martín Rappallini reclamó por la caída de la actividad y el costo de la energía, Caputo respondió que no gobierna para «determinados empresarios» y, cuando todavía quedaba humo sobre el campo de batalla, el presidente de la UIA salió a desautorizar a su vicepresidente.
La secuencia arrancó apenas una hora antes del acto oficial por el Día de la Industria. Moretti, uno de los vicepresidentes de la UIA y referente industrial de Santa Fe, decidió romper todos los diques. «Esta gente no conoce el país y no conoce lo que es la industria, no tiene idea», afirmó en una entrevista concedida a El Destape. Y apuntó directamente contra Caputo: «Estamos manejados por un endeudador, un trader que no sabe lo que es un torno». También cuestionó el crecimiento del patrimonio del ministro y sostuvo que sus finanzas personales habían aumentado «un 37% en dólares» mientras la Argentina se endeudaba.
Moretti fue bastante más lejos que la posición institucional que venía preparando la UIA. Habló directamente de «una política de desindustrialización» y vinculó la supervivencia fabril con las escuelas técnicas, las universidades, el CONICET y el INTI. También puso el foco sobre la diferencia entre los sectores beneficiados por el modelo. «Hay sectores en los que este Gobierno está apostando muy fuerte, el tema de la minería, energía y el petróleo», dijo, mientras describió a la industria manufacturera en una situación «muy difícil».
El clima ya venía cargado desde la víspera. Rappallini había anticipado que preparaba un discurso duro para el Día de la Industria y el Gobierno respondió vaciando políticamente el encuentro. El acto se hizo en la planta del Laboratorio Elea, en Malvinas Argentinas, ante unos 200 industriales y sin funcionarios nacionales de primera línea.
Sin embargo, cuando Rappallini subió al escenario, su discurso terminó pareciendo moderado al lado de la descarga de Moretti. El presidente de la UIA presentó números muy duros: la producción industrial está 10% por debajo de 2022, hay ramas con caídas de entre 25% y 30% y desde agosto de 2023 se perdieron 90.000 empleos asalariados registrados. «La economía no puede medirse solamente por la evolución de la inflación. Tenemos que mirar la actividad», afirmó.Ese punto toca uno de los nervios del programa económico de Caputo.
Rappallini destacó que durante los últimos dos años los precios industriales subieron alrededor de 140%, contra un incremento cercano al 190% del nivel general y del 400% en los servicios. «La industria le está poniendo el hombro en la estabilización», dijo.
Guillermo Moretti
El reclamo más concreto apareció con la energía. Rappallini denunció que numerosas empresas, especialmente pymes, recibieron facturas de gas y electricidad que se multiplicaron entre tres y cinco veces. La UIA atribuye parte del salto a la decisión oficial de trasladar a los industriales el diferencial generado por el costo de importación de energía y viene reclamando un mecanismo de compensación. «Seguimos aguardando una respuesta», lanzó.
Al mismo tiempo pidió que Vaca Muerta no sea únicamente una plataforma para exportar hidrocarburos sino también una palanca para exportar producción industrial argentina.
La central fabril desplegó además una agenda de siete puntos: recuperación de actividad y crédito, reducción del costo argentino, defensa frente a la competencia desleal, energía, morosidad, infraestructura y modernización laboral. Rappallini pidió un «puente» entre la economía que queda atrás y la economía competitiva que pretende construir Milei.
También reclamó un pacto fiscal industrial para reducir impuestos nacionales, provinciales y municipales y advirtió que en algunos sectores los productos ingresados por circuitos irregulares representan entre 30% y 50% del mercado. «Esto lejos está de ser libre mercado», afirmó.
Caputo no dejó pasar el desafío. Horas después, durante el foro Vientos de Cambio, defendió el programa económico y rechazó el diagnóstico industrial. «El camino en el que estamos es el correcto. Estamos en un proceso de reconversión», afirmó. Después trazó la frontera política de la discusión: «El mío como ministro es defender el interés de todos los argentinos, no el de algunos o el de alguien en particular».
El ministro endureció todavía más la respuesta. Dijo que el modelo anterior había protegido empresarios mediante subsidios en energía, tipo de cambio y precios, y aseguró que la economía ahora crecerá «en dos velocidades». Sobre Moretti fue tajante: «El feedback de las industrias no es el que dijo hoy el vice de la UIA». Según Caputo, muchos empresarios entienden que llegó el momento de «reconvertirse» e invertir. «Si no nos adaptamos al mundo, cerremos las fronteras», resumió.
Milei completó la pinza esa misma tarde. En el mismo foro descartó cualquier flexibilización del programa por razones electorales. «El resultado fiscal no se negocia», afirmó. Y agregó: «No vamos a negociar la política monetaria porque no vamos a parar hasta terminar de derrotar la inflación». El Presidente condensó su posición en una frase que dejó poco margen para las demandas industriales: «Las buenas políticas no se negocian».
Pero cuando parecía que la historia quedaba reducida al choque entre el Gobierno y los industriales, apareció el capítulo más incómodo para la UIA. Rappallini salió públicamente a despegarse de Moretti. Y lo hizo con una dureza que llamó la atención.
Después llegó la estocada. En LN+, Rappallini buscó bajar la temperatura y se mostró mucho más conciliador con el Gobierno. «Nosotros estamos de acuerdo con el orden macroeconómico, estamos de acuerdo con el equilibrio fiscal, estamos de acuerdo con bajar la inflación», afirmó. Y aclaró que la discusión con Caputo pasa por la economía real: «Lo que planteamos es que ahora tenemos que crecer».
También buscó quitarle amortiguar el choque: «No estamos en contra del Gobierno, estamos planteando una agenda industrial». Rappallini defendió además el rumbo general y sostuvo que «hay muchas cosas que se hicieron bien», aunque advirtió que «la actividad está claramente amesetada».
Rappallini sostuvo que Moretti «puede tener su propia mirada», pero aclaró que sus declaraciones representan «una posición personal o provincial, no la posición institucional de la UIA». Incluso recordó que la entidad tiene ámbitos internos para procesar las diferencias antes de expresarlas hacia afuera. El presidente de la central fabril terminó marcándole los límites a su vicepresidente en público.
El contraste con Moretti quedó expuesto. El presidente de la UIA se preocupó por dejar un puente tendido hacia Economía.
Hay además un dato que vuelve más delicada la posición de Rappallini frente al Gobierno. El empresario es inversor del Proyecto San Jorge Cobre Mendocino, la mina de cobre y oro de Uspallata que ingresó al RIGI. El proyecto había sido presentado inicialmente por unos 630 millones de dólares y finalmente fue aprobado con una inversión total proyectada de 891 millones de dólares
La pelea con Caputo dejó así una grieta expuesta dentro de la principal organización industrial del país. Moretti pateó el tablero, Rappallini trató de ordenar las piezas y el Gobierno aprovechó para reafirmar que no piensa modificar el rumbo.
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