El Intendente Marcelo Orazi y la Secretaria de Estado de Seguridad y Justicia de Río Negro Betiana Minor recorrieron el inmueble donde próximamente funcionará la Comisaría de la Familia, donde se llevan adelante trabajos de pintura para su puesta en marcha.
Recordemos que en los próximos días la Comisaría de la Familia atenderá en Ingeniero Bonoli 91, espacio que fue cedido en comodato por el Poder Judicial a la Secretaría de Seguridad y Justicia provincial. De esta manera contará con un espacio de mayores dimensiones y comodidad para la atención de cuestiones relacionadas a la violencia de género y familia.
En el lugar también habrá una oficina de atención de la SENAF.
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La quiebra de Bioceres, una de las empresas biotecnológicas más emblemáticas del país, encendió interrogantes en Santa Fe sobre el futuro del fondo SF500, el ambicioso plan de inversión público-privado que se lanzó durante la gestión del peronista Perotti y fue continuado por el radical Maximiliano Pullaro para financiar startups científicas, una de las pocas continuidades entre los mandatos que quedó afuera de la chicana.
En 2021, cuando la pandemia había puesto en valor la importancia de la ciencia y la tecnología, el gobierno provincial junto a los directivos de Bioceres presentaron este proyecto como uno de los más ambiciosos del ecosistema tecnológico argentino. El objetivo era movilizar hasta USD 300 millones para financiar 500 empresas de base científica en los próximos años, con foco en biotecnología, agtech, alimentos y nuevas tecnologías aplicadas al agro.
Bioceres fue uno de los actores centrales del proyecto junto al gobierno provincial y a inversores privados. La idea era replicar el modelo de venture capital que permitió el desarrollo de startups tecnológicas en otros países, apoyándose en el ecosistema científico de Rosario y la región.
Con el cambio de gobierno, la iniciativa no se discontinuó. La gestión de Pullaro decidió sostener el vehículo de inversión que había sido lanzado por Perotti, con la provincia, empresas privadas y aseguradoras participando como fiduciantes del fideicomiso.
Además, a principios del año pasado apareció como como inversor privado del fondo La Segunda Seguros, una de las principales aseguradoras del interior del país, cuando ya se rumoreaban problemas financieros en Bioceres.
El fondo tampoco estuvo exento de tensiones internas. En el ecosistema biotech circularon críticas hacia la conducción del SF500, encabezada por su CEO Francisco Buchara, por la gestión y la dinámica de las inversiones. Con el cambio de gobierno algunos inversores esperaban modificaciones en la estructura del fondo, pero la administración de Pullaro decidió mantener el esquema heredado de Perotti.
Buchara es de San Nicolas muy cercano a la familia Passaglia y fue funcionario de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Luego se acercó al albertismo hasta llegar al directorio del fondo inversor en Santa Fe.
A principios del año pasado apareció como como inversor privado del fondo la Segunda Seguros, una de las principales aseguradoras del interior del país, cuando ya se rumoreaban problemas financieros en Bioceres
Sus detractores en el mundo de las startups le cuestionan que, en vez de haber abrazado a todos los proyectos como una especie de plataforma colaborativa para potenciarlos entre sí, utilizado el cargo de manager para promocionarse.
Sin embargo, fue la quiebra del unicornio lo que volvió a poner bajo la lupa el esquema. La empresa era uno de los impulsores originales del proyecto y su derrumbe financiero generó dudas en el ecosistema tecnológico sobre su continuidad.
En el gobierno provincial evitaron hacer comentarios sobre el impacto que podría tener la crisis de la biotecnológica rosarina sobre el SF500. Fuentes del sector aseguraron que el vehículo continúa operativo y que incluso busca sumar nuevos inversores, aunque admiten que la caída de uno de sus principales promotores inevitablemente abre interrogantes sobre su evolución.
El ruido político aparece además en un contexto de fuerte deterioro del negocio agropecuario, con empresas del sector golpeadas por el atraso cambiario, el aumento de costos y la caída de la rentabilidad, factores que también afectan el financiamiento de proyectos tecnológicos vinculados al agro.
La incertidumbre sobre el fondo se da en paralelo al derrumbe bursátil de Bioceres en Wall Street. La acción de Bioceres Crop Solutions, la compañía del grupo que cotiza en el Nasdaq, se desplomó cerca de 90 por ciento en el último año y cayó por debajo de un dólar, lo que la ubica en la categoría de penny stock y la expone al riesgo de ser excluida del mercado tecnológico de Nueva York.
El deterioro financiero fue acompañado por un fuerte desequilibrio patrimonial. La empresa registró un patrimonio neto negativo superior a los USD 110 millones, una situación que terminó derivando en la quiebra de Bioceres S.A., la firma original del grupo fundada en Rosario.
La crisis ocurre en medio de una dura pelea por el control de la compañía entre su fundador y ex CEO Federico Trucco y el empresario uruguayo Juan Sartori, que en los últimos meses ganó influencia en la estructura accionaria del grupo.
El conflicto entre ambos sectores escaló dentro del directorio y terminó trasladándose al terreno judicial, con acusaciones cruzadas de vaciamiento por el manejo de la empresa y la responsabilidad por el deterioro financiero.
Francisco Buchara CEO de SF500
El indicio del colapso fue el default de pagarés bursátiles por unos USD 36 millones que la empresa no logró refinanciar, lo que disparó las alarmas en el mercado y precipitó su ingreso en convocatoria de acreedores.
Ese episodio expuso además las tensiones internas en torno a la reestructuración societaria del grupo. En los últimos años, Bioceres reorganizó su estructura corporativa separando la empresa argentina de la firma que cotiza en Wall Street, un movimiento que generó cuestionamientos entre accionistas sobre la distribución de activos y pasivos dentro del holding.
Lo que durante años fue presentado como uno de los proyectos más prometedores de la biotecnología agropecuaria argentina terminó así envuelto en una combinación explosiva de crisis financiera, guerra empresaria e interrogantes políticos sobre el ecosistema tecnológico que se pretendió construir en Santa Fe.
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