Martín Llaryora encontró en la seguridad uno de los ejes para intentar perforar la resistencia que tiene el peronismo cordobés en los sectores medios de Córdoba, proclives a votar a La Libertad Avanza en las últimas elecciones. Por eso decidió que la flamante Ley Antibúnker tenga un protagonista indiscutido: el ministro del área, Juan Pablo Quinteros, un dirigente que no pertenece al peronismo, que construyó su carrera política desde la oposición y cuyo apellido remite a una de las familias tradicionales de la aristocracia capitalina.
La sanción de la Ley Provincial Antibúnker y Antiaguantaderos terminó así convirtiéndose en una herramienta más política que efectiva contra el narcotráfico.
Aunque la ley le otorga al Ministerio de Seguridad un rol central y podrá iniciar actuaciones de oficio o por denuncias, inspeccionar inmuebles, ordenar intimaciones a propietarios, disponer clausuras preventivas, tapiados, cerramientos, bloqueos de accesos y custodia perimetral, Quinteros no podrá ordenar demoliciones por decisión propia; una decisión que quedará en manos de un juez.
En el Centro Cívico la leen como una plataforma para seguir instalando a Quinteros como uno de los aspirantes del oficialismo a disputar la intendencia de Córdoba cuando concluya el mandato de Daniel Passerini.
De hecho, Llaryora se encargó personalmente de darle centralidad cuando lo sentó a su lado durante la presentación del proyecto. El gobernador sostuvo que los búnkeres representan mucho más que un punto de venta de drogas: son la expresión territorial del poder narco y el Estado debe recuperar esos espacios para devolverles tranquilidad a los vecinos, dijo.
En el Panal reconocen que la Capital sigue siendo el distrito más complejo para el oficialismo. Passerini transita el desgaste natural de la gestión municipal y todavía no aparece un heredero indiscutido dentro del peronismo. En ese escenario, el gobernador volvió a demostrar que no tiene reparos en apostar por dirigentes extrapartidarios si considera que pueden ampliar la base electoral.
Quinteros encaja perfectamente en esa lógica. Llegó al gabinete desde la oposición, sin pertenecer al PJ ni al cordobesismo tradicional. Su incorporación fue una señal de apertura política que ahora adquiere una nueva dimensión: la posibilidad de transformarse en candidato del oficialismo para la ciudad de Córdoba e intentar aligerar el peso de los 28 años de peronismo.
