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El Gobierno porteño adjudicó una licitación para incorporar una plataforma de inteligencia artificial conversacional capaz de hablar con los vecinos mediante voces sintéticas de alta fidelidad. El sistema estará destinado a los canales digitales de la Ciudad y podrá mantener conversaciones, procesar información de los trámites, analizar las interacciones y medir cuántos problemas resuelve sin intervención humana. La contratación abre una discusión que va mucho más allá de la tecnología: qué sucede cuando el Estado empieza a reemplazar la conversación entre personas por máquinas diseñadas para sonar como personas.

Por Roque Pérez para NLI

Hasta ahora, cuando un vecino tenía un problema con el Estado porteño, la relación podía ser incómoda, burocrática, lenta o frustrante, pero existía —al menos en principio— una dimensión humana detrás del mostrador, del teléfono o de la pantalla. Había alguien a quien explicarle una situación, alguien que podía escuchar una excepción, interpretar un problema que no encajaba exactamente en un formulario y, eventualmente, hacerse cargo de una respuesta. Esa relación está empezando a cambiar en la Ciudad de Buenos Aires: el Gobierno porteño acaba de adjudicar una licitación para incorporar una plataforma de inteligencia artificial conversacional y síntesis de voz de alta fidelidad que permitirá atender interacciones mediante agentes capaces de hablar con los ciudadanos utilizando voces artificiales cada vez más parecidas a las humanas.

La contratación fue adjudicada el pasado viernes 7 de agosto de 2026 mediante la Resolución 130/SECITD/26. El expediente corresponde a la Licitación Pública 2051-0661-LPU26 y tiene como destino la Dirección General Canales Digitales, dependiente de la Subsecretaría Ciudad Inteligente de la Secretaría de Innovación y Transformación Digital. El propio objeto de la licitación resulta revelador: “Plataforma de IA Conversacional y Síntesis de Voz de Alta Fidelidad Modalidad SaaS”. No se trata, entonces, de comprar simplemente un sistema que convierta textos en audios, sino de incorporar una infraestructura tecnológica pensada para establecer conversaciones entre los ciudadanos y agentes artificiales.

Incorporar una infraestructura tecnológica pensada para establecer conversaciones entre los ciudadanos y agentes artificiales.

Cuando el Estado empieza a hablar con voz de máquina

La tecnología contratada tiene una característica que modifica radicalmente la experiencia: la inteligencia artificial no se limitará a responder por escrito. La plataforma elegida es ElevenLabs, una herramienta especializada en generación y síntesis de voz, y la contratación contempla además servicios de contingencia y consultoría, soporte y mantenimiento evolutivo del denominado “ecosistema de voz”. El contrato fue adjudicado a Solar Insights S.A. por $3.020.928.204,80, de los cuales $950.366.524,80 corresponden a la suscripción de ElevenLabs, $1.198.050.000 a servicios de contingencia (una bolsa equivalente a 4,2 millones de minutos, cuyo uso dependerá de las necesidades y consumo del sistema) y $872.511.680 a consultoría, soporte y mantenimiento.

La cifra, por supuesto, merece ser observada, pero reducir la historia a cuánto dinero se gastó sería perder lo más importante. La verdadera transformación está en el vínculo que el Estado pretende establecer con quien necesita de sus servicios. La pregunta ya no es solamente cuánto cuesta la herramienta, sino qué clase de administración pública empieza a construirse cuando una máquina puede recibir una queja, reconocer el lenguaje utilizado, contestar con una voz natural y continuar la conversación sin que necesariamente aparezca un trabajador estatal del otro lado.

La propia estructura de la contratación revela esa orientación. La Dirección General Canales Digitales tiene entre sus responsabilidades coordinar las interfaces entre plataformas digitales y canales conversacionales, además de establecer estándares de experiencia conversacional para los bots utilizados por el Gobierno porteño. La nueva plataforma se incorpora, por lo tanto, dentro de una estrategia más amplia de digitalización de la relación entre la administración y sus ciudadanos.

Y hay una palabra particularmente significativa en esta transformación: “conversacional”. Una pantalla que devuelve información es una cosa. Una voz que responde “entiendo su problema”, hace una pausa, formula una pregunta y continúa la conversación es otra completamente distinta. La segunda construye una apariencia de vínculo interpersonal. La máquina no solamente transmite información: simula una presencia humana.

La máquina no solamente transmite información: simula una presencia humana.

Ese detalle tiene consecuencias sociológicas que suelen quedar ocultas detrás de palabras como innovación, eficiencia o modernización. Durante décadas, la burocracia estatal fue criticada por su despersonalización: formularios, números de expediente, ventanillas, sellos y turnos convertían a las personas en números administrativos. La paradoja de la nueva revolución digital es que ahora puede ocurrir algo diferente: el Estado puede despersonalizar todavía más la atención mientras utiliza máquinas diseñadas para parecer personales.

La burocracia del futuro podría no tener una ventanilla fría ni un empleado que responde mecánicamente. Podría tener una voz amable, cálida y perfectamente modulada que haga exactamente lo mismo.

La máquina que escucha, interpreta y mide al ciudadano

El salto tecnológico no está solamente en que la IA pueda hablar. También está en lo que ocurre alrededor de esa conversación. La documentación técnica de la contratación contempla una infraestructura capaz de trabajar con agentes conversacionales, integrar información y evaluar las interacciones. Entre los objetivos aparece la medición de la resolución autónoma de las conversaciones, es decir, cuánto puede resolver el sistema sin intervención de un operador humano.

Esto cambia el criterio con el que se evalúa la atención pública. Durante décadas, la calidad de un servicio podía medirse por la capacidad de una persona para resolver un problema, orientar a un vecino o comprender una situación particular. En el nuevo esquema aparece otra variable: qué porcentaje de ciudadanos puede ser atendido completamente por una máquina.

No es un detalle menor. Significa que la automatización deja de ser solamente una herramienta auxiliar y comienza a convertirse en un objetivo de gestión. Cuanto mayor sea la proporción de conversaciones que el sistema resuelva sin derivarlas a una persona, más eficiente será considerado el mecanismo.

La tecnología también permite trabajar con voz, transcripciones y análisis de las conversaciones, lo que introduce otra dimensión delicada: el ciudadano no solamente habla con el Estado, sino que esa interacción puede convertirse en información susceptible de ser procesada algorítmicamente. La Agencia de Acceso a la Información Pública viene advirtiendo precisamente sobre la necesidad de incorporar transparencia y protección de datos personales durante todo el ciclo de vida de los sistemas de IA. Su guía para entidades públicas y privadas señala que la transparencia y la protección de datos son dimensiones centrales de una IA responsable.

El ciudadano no solamente habla con el Estado, sino que esa interacción puede convertirse en información susceptible de ser procesada algorítmicamente

La propia AAIP creó en 2023 un programa específico sobre transparencia y protección de datos personales en el uso de inteligencia artificial, con el objetivo de fortalecer las capacidades estatales frente a los riesgos asociados a estos sistemas. El organismo remarcó que la privacidad y la protección de los datos deben ser consideradas desde la recopilación hasta la utilización, almacenamiento y supresión de la información.

Por eso, en este nuevo escenario aparece una pregunta inevitable: ¿qué sabe exactamente la máquina de la persona con la que está hablando? Y otra todavía más importante: ¿qué sabe esa persona acerca de la máquina con la que está hablando?

¿El vecino sabrá que del otro lado no hay una persona?

Aquí aparece uno de los puntos más sensibles de la contratación.

En la documentación pública que pudimos revisar no encontramos una cláusula expresa que establezca que el ciudadano deba ser informado, al comenzar la conversación, de que está interactuando con una inteligencia artificial. Tampoco la resolución de adjudicación establece una obligación semejante. Esto no permite afirmar que la Ciudad vaya necesariamente a ocultarlo: puede existir una instrucción posterior de implementación, una política de privacidad o una advertencia incorporada al sistema que no forme parte de la resolución publicada. Pero, al menos en los documentos analizados, no aparece de manera explícita esa obligación de identificación frente al ciudadano.

Y la cuestión no es trivial. Cuanto más natural resulte una voz artificial, más importante se vuelve saber quién está hablando.

Una voz humana transmite mucho más que palabras: genera confianza, autoridad, cercanía y, en determinadas circunstancias, empatía. Si un ciudadano escucha una voz perfectamente natural diciéndole que su reclamo fue recibido, puede interpretar que detrás existe una persona que comprendió su situación. Pero una voz humana no significa que exista una persona. La diferencia entre ambas cosas puede volverse prácticamente invisible.

La Argentina, de hecho, ya reconoce institucionalmente que el uso de inteligencia artificial exige reglas de transparencia. La AAIP sostiene que el Estado debe garantizar que los sistemas sean comprensibles y responsables, y sus recomendaciones para el uso de IA señalan que los proyectos públicos deben contemplar la transparencia, la protección de los datos y los riesgos de los procesos automatizados.

El problema, entonces, no es estar a favor o en contra de la inteligencia artificial. El problema es quién controla la relación entre la máquina y el ciudadano y cuánto sabe el ciudadano acerca de esa relación. Porque una cosa es que el Estado diga: “Esta es nuestra inteligencia artificial; puede ayudarte a resolver este trámite y, si no puede hacerlo, te comunicará con una persona”. Y otra muy diferente es construir una experiencia en la que el usuario tenga la impresión de estar conversando con un empleado cuando en realidad está hablando con un sistema automatizado. La primera situación puede ser una herramienta tecnológica. La segunda plantea un problema de transparencia y autonomía.

La eficiencia como nueva forma de deshumanización

Hay una cuestión todavía más profunda. La incorporación de IA suele justificarse mediante una palabra que parece indiscutible: eficiencia. Una máquina puede atender miles de consultas simultáneamente, no se enferma, no tiene horarios, puede responder de manera uniforme y no necesita multiplicar la cantidad de trabajadores a medida que crece la demanda.

Todo eso puede ser cierto. Pero la eficiencia no es el único valor que debería organizar una administración pública.

Un Estado no existe solamente para procesar trámites. Existe para relacionarse con personas que, muchas veces, llegan a él precisamente porque tienen un problema. El ciudadano que reclama porque perdió un turno, porque no puede acceder a un beneficio, porque necesita resolver una infracción, porque tiene dificultades con un trámite o porque no comprende una decisión administrativa no siempre necesita únicamente una respuesta correcta. A veces necesita que alguien pueda comprender que su situación es excepcional.

La máquina trabaja extraordinariamente bien con aquello que puede ser convertido en datos. El problema comienza cuando la vida real no entra en el formulario.

La promesa de la IA es que esos límites podrán reducirse. Y probablemente sea así. Pero mientras más decisiones y respuestas se automaticen, mayor será la necesidad de preservar mecanismos de atención humana para los casos que no encajen en las categorías previstas por el algoritmo.

El riesgo no es que una computadora sea fría. El riesgo es más profundo: que el Estado termine considerando que una conversación está resuelta cuando el sistema logró cerrar el ticket, aunque la persona siga teniendo el problema.

La Ciudad acaba de dar un paso importante en esa dirección. La resolución del 7 de agosto formalizó la adjudicación de una herramienta que puede convertirse en una nueva puerta de entrada a la administración porteña. La licitación recibió cuatro ofertas y finalmente fue adjudicada a Solar Insights S.A., presidida por Matías Bedacarratz; las otras tres fueron desestimadas por no cumplir con las condiciones del pliego.

No estamos, entonces, ante una fantasía futurista. La transformación ya tiene expediente, licitación, empresa adjudicataria, presupuesto y una tecnología concreta. Lo que todavía está abierto es la discusión democrática sobre qué límites deberá tener esa transformación. Porque una ciudad inteligente no debería ser solamente aquella que responde más rápido. También debería ser aquella que sabe cuándo una persona necesita hablar con otra persona.

Y quizás esa sea la pregunta más importante que deja esta contratación: si el Estado puede construir una máquina capaz de sonar como nosotros, ¿quién se asegurará de que detrás de esa voz siga existiendo un Estado capaz de escucharnos como seres humanos?

 

 

El triunfo del Frente Cívico de Gerardo Zamora con el 66% de los votos y la derrota de La Libertad Avanza en Santiago del Estero exponen los límites del proyecto libertario en el interior argentino y anticipan una nueva disputa por el rumbo político nacional.

Por Roque Perez para NLI

Las urnas de Santiago del Estero dejaron mucho más que un resultado municipal. Detrás del contundente triunfo del Frente Cívico por Santiago, liderado por Gerardo Zamora, aparece una señal política que incomoda a la Casa Rosada: el discurso de La Libertad Avanza comienza a encontrar límites concretos cuando abandona el escenario de las redes sociales y se enfrenta al territorio real de la Argentina profunda.

Con el 66% de los votos, el oficialismo santiagueño se impuso en todos los municipios y departamentos donde se disputaron cargos, mientras que la fuerza de Milei quedó relegada al segundo lugar con apenas el 8% de los sufragios. La diferencia no fue solamente numérica: fue una demostración de estructura, presencia territorial y capacidad de representación política frente a un espacio libertario que todavía no logra construir raíces fuera de los grandes centros urbanos.

El resultado tiene una lectura nacional porque ocurre en un momento donde el Gobierno intenta instalar la idea de que su proyecto posee una adhesión social irreversible. Santiago del Estero muestra otra fotografía: una parte importante del electorado argentino continúa votando en función de identidades provinciales, obras públicas, presencia estatal, gestión concreta y vínculos comunitarios que no pueden ser reemplazados por una narrativa basada exclusivamente en la confrontación ideológica.

Un golpe al relato de una Argentina pintada de violeta

Desde la llegada de Milei al poder, La Libertad Avanza construyó una interpretación política según la cual el país habría iniciado una transformación histórica destinada a desplazar definitivamente a las fuerzas tradicionales. Bajo esa mirada, cada elección debía confirmar una expansión permanente del fenómeno libertario.

Pero el mapa electoral argentino es más complejo. Las provincias tienen dinámicas propias, liderazgos locales y estructuras políticas que no desaparecen simplemente porque un movimiento nacional logre una fuerte presencia mediática. Santiago del Estero volvió a mostrar que la política argentina no se define solamente desde Buenos Aires ni desde las tendencias digitales.

El Frente Cívico por Santiago, que gobierna la provincia desde hace más de dos décadas, logró sostener una alianza amplia donde confluyen sectores del radicalismo, del peronismo y fuerzas provinciales. Esa construcción territorial fue precisamente lo que La Libertad Avanza todavía no consiguió desarrollar.

La derrota libertaria adquiere mayor relevancia porque no ocurrió frente a una oposición fragmentada que apenas logró sobrevivir electoralmente, sino ante una fuerza provincial con una identidad consolidada y una red política capaz de competir municipio por municipio. Según los datos difundidos tras los comicios, el espacio de Milei incluso tuvo una representación muy limitada en la disputa por concejalías.

El problema para la Casa Rosada es que Santiago del Estero no aparece como un caso aislado sino como parte de una pregunta más amplia: ¿qué ocurre cuando el ajuste económico impacta sobre comunidades donde el Estado tiene un rol histórico y donde la política se mide por resultados concretos?

El interior frente al experimento libertario

La elección santiagueña expone una tensión central del proyecto de Milei: mientras el Gobierno nacional busca reducir el Estado y presentar esa reducción como una condición necesaria para el crecimiento, muchas provincias construyeron durante décadas una relación política basada precisamente en la presencia estatal.

Escuelas, hospitales, rutas, programas sociales, empleo público y obras de infraestructura forman parte de una discusión que excede la economía y entra directamente en el terreno de la identidad política. En ese punto, el discurso libertario encuentra una resistencia diferente a la que puede enfrentar en sectores urbanos donde predominan otros reclamos.

La elección también representa un desafío para quienes sostienen que el peronismo y los espacios provinciales atraviesan un proceso irreversible de desaparición. La realidad electoral muestra que, cuando existe organización territorial y capacidad de gestión, esos espacios conservan una importante capacidad de representación.

El triunfo de Zamora no implica automáticamente una derrota nacional de Milei, pero sí funciona como una advertencia: el mapa político argentino no está completamente alineado con la lógica libertaria. La Argentina federal sigue teniendo actores propios, intereses locales y tradiciones políticas que no pueden ser anuladas por una construcción presidencial.

Santiago del Estero como primer aviso del desgaste

Toda elección provincial o municipal tiene sus particularidades y sería un error trasladar mecánicamente un resultado local a todo el país. Sin embargo, los procesos políticos suelen comenzar con señales pequeñas antes de transformarse en tendencias más amplias.

Santiago del Estero puede convertirse en una de esas señales porque muestra una contradicción que empieza a aparecer con mayor fuerza: mientras Milei sostiene un discurso de victoria permanente, las urnas comienzan a exhibir territorios donde su fuerza todavía no logra consolidarse.

El Gobierno nacional llegó al poder prometiendo una ruptura total con la política tradicional. Pero para transformar una sociedad no alcanza con ganar una elección presidencial: hace falta construir mayorías, organizar territorios y generar una representación que sobreviva al impacto inicial de un liderazgo carismático.

El resultado santiagueño deja una pregunta abierta para el oficialismo: si el proyecto libertario pretende convertirse en una nueva hegemonía política, deberá demostrar que puede algo más que movilizar adhesiones en redes sociales y grandes ciudades. Deberá disputar la Argentina real, esa que vive en municipios, provincias y comunidades donde la política todavía se construye cara a cara.

Porque allí, en el territorio donde los votos no se consiguen únicamente con consignas, apareció la primera grieta visible en el relato de un triunfo permanente. Santiago del Estero encendió una luz amarilla para Milei: la Argentina profunda todavía no está escrita en color violeta.