El Intendente Marcelo Orazi y la Secretaria de Estado de Seguridad y Justicia de Río Negro Betiana Minor recorrieron el inmueble donde próximamente funcionará la Comisaría de la Familia, donde se llevan adelante trabajos de pintura para su puesta en marcha.
Recordemos que en los próximos días la Comisaría de la Familia atenderá en Ingeniero Bonoli 91, espacio que fue cedido en comodato por el Poder Judicial a la Secretaría de Seguridad y Justicia provincial. De esta manera contará con un espacio de mayores dimensiones y comodidad para la atención de cuestiones relacionadas a la violencia de género y familia.
En el lugar también habrá una oficina de atención de la SENAF.
Un anciano que no comía hacía cuatro días no le quedó otra que incendiar un colchón para llamar la atención. El hombre estaba encerrado con candado en una habitación húmeda y oscura y cuando los bomberos entraron a la vivienda de José Gollán al 10.100, en la ciudad de Santa Fe, se encontraron con el infierno. Siete adultos mayores y personas con discapacidad hacinados, con hambre, sarna y sin atención médica.
Las imágenes de las víctimas muestran condiciones estremecedoras. Los residentes convivían entre la mugre, sin alimentos suficientes y con enfermedades que no recibían tratamiento. Uno de ellos aseguró que le habían prometido cuidados y comida; otro denunció que llevaba dos años sin documentos, dinero ni posibilidad de salir. «Me tienen secuestrado», dijo.
El descubrimiento de este geriátrico clandestino puso en jaque al intendente Juan Pablo Poletti y expuso la ausencia de controles sobre los establecimientos que alojan adultos mayores en la capital provincial.
Residentes del geriátrico clandestino rescatados tras el escándalo
El intendente fue director del Hospital Cullen, uno de los más importantes de la provincia y su gestión en la pandemia le permitió construir su imagen para la carrera política alrededor de su experiencia en la gestión sanitaria. El escándalo de la red de geriátricos clandestinos impacta de lleno en la administración municipal.
Consultados por LPO, los funcionarios del área de adultos mayores eludieron las explicaciones. Florencia Gentile, responsable del Observatorio de Geriátricos, se limitó a remitirse a las actuaciones judiciales.
El secretario de Políticas Sociales, Hugo Marchetti, y de la directora de Adultos Mayores, Susana López pertenecen a la Unión Cívica Radical y responden al sector del ex intendente Mario Barletta, uno de los principales aliados de Poletti. En el municipio se limitaron a señalar que el caso se encuentra bajo investigación judicial y no dieron respuestas sobre las acciones políticas.
Si bien Poletti integra la coalición Unidos, en el gobierno provincial no ocultan el fastidio con el intendente. Fuentes de la Casa Gris dijeron a LPO que están cansados de tener que intervenir para cubrir las fallas de la gestión municipal y cuestionaron la falta de capacidad de respuesta en áreas sensibles: «La falta de gestión termina provocando problemas humanitarios como este», resumió una fuente provincial del área social.
La Justicia investiga una trama que podría exceder al establecimiento descubierto. La presunta administradora ya había sido denunciada en 2025 por situaciones similares en otros lugares y permanece prófuga. La PDI detuvo a un hombre que cumplía funciones en la vivienda, mientras el fiscal Manuel Cecchini reunió pruebas para avanzar con las imputaciones.
La falta de gestión termina provocando problemas humanitarios como este
El mecanismo de financiamiento de estos geriátricos es tan estremecedor como las condiciones que ofrecían a los ancianos. El administrador se quedaba con las tarjetas de débito con la que los residentes cobraban sus jubilaciones o pensiones. Las familias entregaban a los adultos mayores junto con esos ingresos y, en muchos casos, se desentendían de su cuidado. El sistema quedó expuesto porque uno de los alojados pagaba alrededor de 300 mil pesos mensuales y denunció que le habían retenido la tarjeta de débito.
Fuentes que conocen el funcionamiento de estos establecimientos explicaron a LPO que el derrumbe del poder adquisitivo de las jubilaciones profundizó el deterioro. Con ingresos cada vez más bajos, la trama redujo todavía más los gastos en comida, higiene y atención médica para sostener la rentabilidad de un negocio que ya funcionaba en condiciones precarias.
Residentes tras la clausura del geriátrico
La investigación también busca determinar cómo llegaban las víctimas a esos lugares y si algunas habían sido derivadas informalmente después de pasar por hospitales públicos o por áreas de asistencia social. El Ministerio Público de la Acusación abrió además una investigación interna para establecer por qué no avanzaron las denuncias realizadas durante 2025.
El escándalo dejó al descubierto un circuito de abandono familiar, explotación económica y ausencia estatal, además de abrir una crisis política en el gobierno de Poletti.
El 30 de julio de 1946 concluyó la etapa de alegatos del histórico Juicio de Núremberg, el proceso judicial que sentó en el banquillo a los principales dirigentes del régimen nazi tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Aquellas audiencias marcaron un antes y un después en el derecho internacional al establecer que los responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad podían ser juzgados más allá de las fronteras de sus países. Ocho décadas después, sus principios siguen siendo una referencia para los juicios por terrorismo de Estado, incluidos los desarrollados en Argentina tras la recuperación democrática.
Por Redacción de NLI
La Segunda Guerra Mundial dejó un saldo de destrucción pocas veces visto en la historia de la humanidad. Millones de muertos, ciudades arrasadas y el horror del Holocausto plantearon una pregunta inédita para la comunidad internacional: ¿qué hacer con quienes habían organizado desde el Estado un sistema de persecución, exterminio y guerra que no tenía precedentes?
Hasta entonces, las guerras solían terminar con tratados diplomáticos o con la derrota militar de uno de los bandos. Sin embargo, tras la caída del Tercer Reich, las potencias aliadas decidieron avanzar por un camino diferente. En lugar de limitarse a sanciones políticas, promovieron un proceso judicial para juzgar a los máximos responsables del nazismo por crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
El Juicio de Núremberg, desarrollado entre noviembre de 1945 y octubre de 1946, no estuvo exento de controversias jurídicas, pero estableció un principio que transformaría para siempre el derecho internacional: ningún funcionario, militar o gobernante podía escudarse en el cargo que ocupaba o en la obediencia debida para justificar violaciones masivas a los derechos humanos.
Un proceso que cambió la historia del derecho
En el banquillo se sentaron algunos de los principales dirigentes políticos, militares y económicos del régimen nazi. Durante meses, fiscales de distintos países presentaron documentos, registros oficiales, fotografías y testimonios que demostraban el funcionamiento de los campos de concentración, las deportaciones masivas y el plan sistemático de exterminio impulsado por el Estado alemán.
Las imágenes exhibidas durante las audiencias impactaron profundamente a una opinión pública que comenzaba a conocer la magnitud del Holocausto. Por primera vez, el mundo observaba cómo un tribunal analizaba no solamente responsabilidades individuales, sino también el funcionamiento de una maquinaria estatal dedicada a la persecución y al asesinato.
El proceso concluyó con condenas a muerte, penas de prisión y algunas absoluciones, pero su consecuencia más importante fue jurídica: los principios establecidos en Núremberg se convertirían en la base del moderno derecho internacional de los derechos humanos.
Argentina y el legado de Núremberg
Aunque ocurrieron a miles de kilómetros de distancia, los principios de Núremberg tuvieron una enorme influencia en la historia argentina.
Tras el retorno de la democracia en 1983, el país llevó adelante el histórico Juicio a las Juntas, una experiencia que fue observada en todo el mundo por tratarse de uno de los primeros procesos donde un tribunal civil juzgó a los responsables de una dictadura militar.
Con el tiempo, la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida permitió reabrir cientos de causas por delitos de lesa humanidad, consolidando una política de memoria, verdad y justicia que convirtió a la Argentina en una referencia internacional.
Muchos de esos procesos retomaron conceptos nacidos en Núremberg: la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, la responsabilidad individual de quienes integran estructuras estatales represivas y la imposibilidad de justificar esos delitos alegando el cumplimiento de órdenes superiores.
La memoria como política democrática
Los juicios por delitos de lesa humanidad no tienen únicamente una función punitiva. También cumplen un papel central en la reconstrucción de la memoria colectiva.
Las audiencias permiten documentar hechos, preservar testimonios y ofrecer a las víctimas un espacio institucional donde sus historias sean reconocidas por el Estado. Esa dimensión resulta especialmente importante en sociedades que atravesaron procesos de violencia política organizada.
En Argentina, organismos de derechos humanos como las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo impulsaron durante décadas la búsqueda de justicia cuando todavía predominaban la impunidad y el silencio. Su trabajo fue decisivo para que el país pudiera reconstruir parte de la verdad sobre el terrorismo de Estado y juzgar a sus responsables.
La experiencia argentina demostró que la democracia no se fortalece olvidando los crímenes del pasado, sino investigándolos y juzgándolos con todas las garantías del Estado de Derecho.
Una enseñanza que sigue vigente
Ocho décadas después, el legado de Núremberg continúa presente cada vez que un tribunal internacional o nacional investiga genocidios, crímenes de guerra o violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
En un contexto internacional donde resurgen discursos autoritarios, expresiones negacionistas y reivindicaciones de regímenes represivos, recordar aquellos juicios adquiere una importancia renovada. La historia demuestra que cuando el Estado concentra un poder sin controles y convierte la persecución en política pública, las consecuencias pueden ser devastadoras.
Para Argentina, donde la memoria sobre la última dictadura constituye uno de los pilares del consenso democrático construido desde 1983, el legado de Núremberg tiene un significado especial. Recordar aquellos juicios es también reafirmar que los crímenes cometidos desde el Estado no pueden naturalizarse, relativizarse ni quedar impunes, cualquiera sea el tiempo transcurrido o el poder que hayan ejercido sus responsables.
Es llamativo que los derechos del empleado público sean defendidos principalmente por los gremios y no así por el Estado. Ser un trabajador público implica estar al servicio de la comunidad con todo lo que ello conlleva… Valorar la atención gratuita en los Hospitales y el esfuerzo de todo funcionario de la Educación es un…
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Javier Milei hizo uso de la cadena nacional para anunciar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central con la que busca atornillar a Santiago Bausili al frente de la entidad hasta diciembre de 2028.
«Se busca blindar al presidente del Banco Central y a su directorio frente a los atropellos de la política. Si bien se mantiene el mecanismo de designación vigente, el proceso de remoción será más exigente y requerirá el respaldo de dos tercios de los diputados y senadores», dijo el presidente, que presentó un paquete de reformas financieras que considera clave para la próxima etapa de su programa económico.
Sugestivamente, la presentación del proyecto de autonomía del Central la hizo con el titular de la entidad sentado a su lado. Bausili es además socio del ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, en la consultora Anker.
El Presidente confirmó que enviará al Congreso tres proyectos de ley: una nueva Carta Orgánica para el Banco Central, una reforma integral del mercado de capitales y otra del sistema de seguros.
La primera reforma apunta al Banco Central. Milei anunció una modificación de su Carta Orgánica para redefinir el rol de la autoridad monetaria y reforzar su independencia del Poder Ejecutivo. La iniciativa recoge uno de los reclamos históricos del establishment financiero y especialmente del FMI, que suele señalar al modelo peruano como referencia por la autonomía de su banco central y la prohibición de financiar al Tesoro.
El Presidente planteó que el Banco Central debe concentrarse exclusivamente en preservar el valor de la moneda y dejar de funcionar como una herramienta de financiamiento del Estado. La propuesta busca blindar institucionalmente esa independencia y limitar la posibilidad de que futuros gobiernos recurran a la emisión monetaria para cubrir el déficit fiscal.
La iniciativa, sin embargo, llega después de dos años y medio en el que el propio Gobierno utilizó activamente al Banco Central como una pieza central de su estrategia económica. Como reveló LPO, la entidad volvió a incorporar Letras Intransferibles del Tesoro, coordinó con el Ministerio de Economía la utilización de contratos de dólar futuro y títulos dólar linked para administrar la tensión cambiaria y también transfirió utilidades al Tesoro. La reforma, así, propone penalizar hacia adelante herramientas que la propia administración utilizó hasta ahora.
Curiosamente, según el Presidente la economía argentina ya no enfrenta un problema de falta de ahorro sino de mala asignación de ese ahorro, aún cuando afirma estar convencido de que los mercados son perfectos.
«Dejar nuestros ahorros fuera del sistema, en una caja de seguridad, bajo el colchón o en el exterior, atenta contra nuestro propio crecimiento», afirmó el especialista en crecimiento con y sin dinero.
Milei agregó que «las políticas de las últimas décadas empujaron a los argentinos a sacar sus ahorros del sistema en defensa propia, y con eso frenaron la inversión». Sobre esa idea construyó el resto de los anuncios.
La segunda iniciativa es la reforma del mercado de capitales. «Vamos a impulsar un proyecto de liberalización profunda de nuestro mercado de capitales, que modificará varias leyes con una misma idea: correr al Estado del medio para que el ahorro vaya directamente a la inversión», anunció Milei.
El Presidente sostuvo que el objetivo es que el ahorro privado financie directamente al sector productivo sin intermediación estatal. «Dejar nuestros ahorros fuera del sistema atenta contra nuestro propio crecimiento», insistió, y planteó que la reforma buscará remover regulaciones que, a su juicio, dificultan esa canalización del crédito.
Dentro del mercado financiero hubo un punto que concentró buena parte de la atención: la flexibilización para que las empresas puedan emitir deuda en dólares. Milei no brindó demasiados detalles sobre el funcionamiento del nuevo esquema, pero distintas fuentes del mercado interpretaron que la medida apunta a movilizar la enorme liquidez en moneda extranjera que hoy permanece inmovilizada dentro del sistema bancario.
Los bancos acumulan más de 35.000 millones de dólares en depósitos en moneda extranjera, impulsados por el blanqueo a lo que se suman los fondos que el Gobierno espera captar con el régimen de Inocencia Fiscal. Esas entidades deben remunerar esos depósitos, pero tienen pocas alternativas para prestarlos porque el crédito en dólares sigue muy restringido para quienes no generan ingresos en esa moneda.
Sin embargo, la iniciativa también despertó inquietud entre operadores del mercado, que advirtieron sobre el riesgo de descalce de monedas si compañías con ingresos principalmente en pesos incrementan su endeudamiento en dólares.
La tercera reforma corresponde al mercado de seguros. Milei la incluyó dentro del paquete destinado a profundizar el mercado financiero y ampliar las fuentes de ahorro de largo plazo, aunque fue el capítulo menos desarrollado de su exposición. El Presidente no detalló qué leyes modificarán ni cuáles serán los principales cambios regulatorios.
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