El Intendente Marcelo Orazi y la Secretaria de Estado de Seguridad y Justicia de Río Negro Betiana Minor recorrieron el inmueble donde próximamente funcionará la Comisaría de la Familia, donde se llevan adelante trabajos de pintura para su puesta en marcha.
Recordemos que en los próximos días la Comisaría de la Familia atenderá en Ingeniero Bonoli 91, espacio que fue cedido en comodato por el Poder Judicial a la Secretaría de Seguridad y Justicia provincial. De esta manera contará con un espacio de mayores dimensiones y comodidad para la atención de cuestiones relacionadas a la violencia de género y familia.
En el lugar también habrá una oficina de atención de la SENAF.
Ingresa en su segmento final el 37° Campeonato Patagónico de Karting. Un certamen que este domingo desarrollará la 7° fecha del calendario en el Kartódromo AKARS de Rincón de Los Sauces (Nqn), lo que significará la segunda visita al trazado en el presente año. Cinco serán las categorías presentes, en las que se registran regresos…
Todos los 31 de mayo es el Día Mundial sin Tabaco y se acompaña con una consigna, una campaña internacional y aún así la batalla parece desigual frente al lobby empresarial, las luces de los stands en kioscos y comercios, las presiones de grupos sociales y las publicidades llamativas de los cigarrillos industriales. Debido a…
Patricia Bullrich fue arrinconada este jueves por los senadores dialoguistas, que amagaron con voltear la sesión cuando se enteraron que el gobierno había modificado el articulado del proyecto del pago a los holdouts de Attestor y Bainbridge.
La convocatoria al recinto había sido realizada para votar el pliego de Carlos «Coco» Mahiques, padre del ministro de Justicia, y darle estado parlamentario a los pliegos de los jueces de las provincias, además de sancionar el proyecto para saldar los últimos 171 millones de pesos con bonistas que no entraron a los canjes de deuda argentinos. Sin embargo, los cambios contrarreloj que metió el gobierno en el dictamen causó una revuelta el miércoles por la noche.
Los senadores aliados detectaron entonces que el oficialismo quería imponer reformas y explicarlas a último momento.
En efecto, la respuesta del bloque libertario ante la inquietud de los opositores fue casi ofensiva. «La traducción legalizada llegará mañana a la mañana porque se firmó después de las 15 y no se pudo legalizar hoy», se excusaron.
Pero, además, la jugada revelaba una desprolijidad. «Fue un error de bonos, se arregló porque no son parte», admitió un libertario.
A Bullrich le habría faltado cintura para resolver el entuerto. En la interlocución con los aliados, que no pasa por su mejor momento debido a la desordenada negociación de los pliegos de los jueces que reclaman los gobernadores, atinó a plantear: «Si quieren, mañana a la mañana Monteverde lo explica en 5 minutos».
Gadano y Carambia.
Esa audacia desató la furia de los senadores radicales, los provinciales del peronismo disidente y los sin techo, como los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano.
Por esa razón, la sesión se demoró este jueves, para desconcierto del interbloque de José Mayans. Mientras los legisladores libertarios iban llegando al recinto, Bullrich todavía lidiaba con el piquete de los dialoguistas. «Casi se cae la sesión», dijo un aliado a LPO.
Las preguntas de los senadores eran sencillas y se activaron a partir de una adenda al Anexo A del acuerdo con Attestor. El gobierno alegaba que «se eliminaron del listado del Anexo A algunos bonos que no están en poder de los fondos y se agregó un nuevo bono que uno de los fondos tiene en su poder».
Aunque el gobierno pretende que el grupo encabezado por Attestor informó que algunos de los bonos habían sido transferidos o liquidados después de la conciliación con Argentina, los aliados exigieron que el debate vuelva a realizarse en comisión.
La preocupación era que ese agregado genere un perjuicio para el país, pese a las explicaciones a destiempo del oficialismo.
Según Bullrich, el monto del acuerdo se mantendría en USD104 millones. Aunque el gobierno pretende que el grupo encabezado por Attestor informó que algunos de los bonos habían sido transferidos o liquidados después de la conciliación con Argentina, los aliados exigieron que el debate vuelva a realizarse en comisión.
Pese al contratiempo, Victoria Villarruel pudo darle inicio a la sesión luego que Bullrich contuvo a los legisladores libertarios dispersos en el recinto. La resistencia de los aliados, tal como informó LPO, obedece al malestar que ya causó la tardanza de Juan Bautista Mahiques y Javier Milei para enviar los pliegos de los candidatos de los gobernadores para las vacantes del Poder Judicial.
Si quieren, Monteverde lo explica en 5 minutos.
Si bien el ministro de Justicia logró que la Casa Rosada mande las postulaciones de esos magistrados el martes pasado, los senadores empezaron a firmar los despachos después y se postergó para una próxima sesión su tratamiento en recinto. Fuentes judiciales dejaron la puerta abierta a la chance que el oficialismo y sus aliados acuerden un paquete de pliegos a aprobar contemplando las demandas de las provincias y las de Capital Federal y Buenos Aires.
El único límite tiene una dimensión reglamentaria y otra, política. En lo técnico, cualquier pliego al que se le da ingreso parlamentario requiere aviso público por Boletín Oficial y habilitación del período de recepción de impugnaciones, antes de llegar a la fecha de defensa en audiencia pública.
En general, ese procedimiento dura un mes, cuando apenas quedan 29 días para el inicio del campeonato Mundial de Fútbol. «Si llega el Mundial y los pliegos no se votaron, va a ser muy difícil que suceda después, cuando ya estén todos en campaña electoral», reumió una fuente al tanto de las discusiones.
La secretaria de Energía, María Tettamanti, intentó defender en el Congreso uno de los capítulos más sensibles del proyecto de «medidas energéticas» del gobierno. El texto combina dos decisiones explosivas: eliminar beneficios tarifarios para provincias con temperaturas extremas y avanzar con un esquema de perdón de deuda para las distribuidoras eléctricas privadas.
El corazón de la discusión pasa por Cammesa. Según informó la Jefatura de Gabinete al Congreso, las distribuidoras eléctricas acumulan una deuda total de USD 1.842 millones con la administradora del mercado eléctrico mayorista. Y el 69% de ese monto se concentra en Edenor, Edesur y el Grupo DESA.
La lista la encabeza Edenor con USD 438 millones. Le sigue Edesur, de la italiana Enel, con USD 345 millones. En tercer lugar aparecen Eden, Edes, Edelap, Edea y Edesa, todas pertenecientes al Grupo DESA con USD 474 millones acumulados entre todas.
El proyecto oficial busca permitir que esas empresas descuenten de sus deudas con Cammesa los supuestos ingresos que dejaron de percibir durante años de congelamiento tarifario. Es decir: el Estado dejaría de reclamar parte de la deuda a cambio de que las empresas renuncien a futuros juicios por «activos regulatorios».
La discusión tiene una carga política enorme porque el gobierno ya había intentado introducir una medida similar dentro del frustrado Presupuesto 2026, específicamente en el capítulo XI. En aquel momento no consiguió respaldo legislativo. Muchos diputados resistieron la idea de perdonar deuda multimillonaria a empresas privadas mientras se avanzaba con recortes de subsidios sobre usuarios residenciales.
El reclamo empresario viene atravesando todos los gobiernos desde hace dos décadas. Edenor y Edesur se lo reclamaron a Macri, incluso después de aumentos tarifarios que en algunos casos superaron el 2000% entre 2016 y 2019. Lo volvieron a plantear durante el congelamiento del gobierno de Alberto Fernández y ahora reaparece con Milei.
Además, el diseño del mecanismo volvió a encender suspicacias dentro del sector energético. La implementación quedaría bajo la órbita de Damián Sanfilippo, subsecretario de Energía Eléctrica muy cercano a los hermanos Neuss, los grandes ganadores del dector durante el gobierno libertario.
En su exposición ante el plenario de las comisiones de Energía y de Presupuesto y Hacienda de Diputados, Tettamanti defendió el proyecto asegurando que durante las últimas dos décadas las distribuidoras operaron bajo emergencia tarifaria, con tarifas pesificadas y congeladas que les impidieron cubrir costos operativos, pagar energía a Cammesa e invertir para sostener la calidad del servicio.
La funcionaria argumentó que, frente a esa situación, las compañías sólo tuvieron una alternativa: endeudarse con Cammesa. «Se acumularon deudas millonarias», sostuvo. También recordó que el año pasado se firmaron acuerdos de refinanciación a 72 cuotas con períodos de gracia, pero advirtió que las tarifas actuales todavía «no permiten reconocer costos no recuperados del pasado».
El ex secretario de Energía, Gustavo Lopetegui.
El problema es que ese reclamo empresario viene atravesando prácticamente todos los gobiernos desde hace dos décadas. Edenor y Edesur se lo reclamaron a Macri incluso después de aumentos tarifarios que en algunos casos superaron el 2000% entre 2016 y 2019. Lo volvieron a plantear durante el congelamiento del gobierno de Alberto Fernández y ahora reaparece con Milei, justamente después de que esta gestión impulsara una nueva revisión tarifaria que en teoría buscaba «normalizar» definitivamente el esquema de ingresos.
La escena tiene algo de rueda infinita. Cada revisión tarifaria promete cerrar el conflicto histórico. Pero el expediente vuelve siempre al mismo lugar: las empresas sostienen que las tarifas no alcanzan y reclaman compensaciones adicionales, mientras la deuda con Cammesa sigue creciendo como una bola de nieve que el propio Estado termina financiando.
Esa discusión además quedó golpeada por antecedentes incómodos. Durante la intervención del ENRE encabezada por Federico Basualdo, una auditoría sobre los acuerdos firmados en tiempos de Gustavo Lopetegui argumentó irregularidades en el cálculo de los «activos regulatorios». Según esa investigación, las valuaciones favorecían artificialmente a las distribuidoras, al punto de transformar empresas deudoras en acreedoras del Estado.
Como sea, en el sector energético muchos interpretan que el nuevo proyecto barre incluso con el argumento político que justificó la última revisión tarifaria impulsada por Milei. Si aquella recomposición extraordinaria de ingresos no alcanzó para cerrar el reclamo histórico de las distribuidoras, entonces la discusión ya no parece tener punto final.
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La Municipalidad de Villa Regina informa que a partir de mañana viernes 31 de diciembre y hasta el domingo 2 de enero no funcionará la balsa en la Isla 58. El servicio se restablecerá el lunes 3 de enero en el horario habitual de 7 a 14 y de 17 a 20. Difunde esta nota
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