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El gobierno de Milei avanzó un paso más en la entrega de las áreas sensibles del Estado a los intereses privados: designó al ahora ex CEO de OSDE como máxima autoridad de la ANMAT, el organismo encargado de controlar medicamentos, vacunas, alimentos y tecnologías sanitarias. Un nombramiento que despierta serias sospechas por los conflictos de intereses y los antecedentes del sector.

Por Celina Fraticiangi para NLI

La decisión quedó formalizada este lunes con la publicación del Decreto 3/2026, mediante el cual Milei aceptó la renuncia de Nélida Agustina Bisio y designó a Luis Eduardo Fontana como nuevo Administrador Nacional de la ANMAT, un organismo clave dentro del sistema de salud pública. No se trata de un cargo menor: la ANMAT tiene bajo su responsabilidad el control y la fiscalización de medicamentos, vacunas, alimentos, productos médicos y tecnologías sanitarias, funciones que quedaron especialmente bajo la lupa tras el escándalo del fentanilo.

La elección de Fontana, de 71 años, no es inocente ni técnica. Fontana es el reciente CEO de OSDE, una de las principales prepagas del país, beneficiada de manera directa por la desregulación del sector impulsada por el propio Milei a través del DNU 70/23. En otras palabras, el gobierno colocó a un representante del negocio privado de la salud a controlar un organismo que debería actuar como contrapeso y garante del interés público.

El Estado regulador en manos del mercado

Con este nombramiento, el Ejecutivo refuerza una lógica que ya es marca registrada de la gestión Milei: vaciar al Estado desde adentro y ponerlo al servicio de las corporaciones. La ANMAT no solo autoriza medicamentos y vacunas, sino que define estándares de seguridad, evalúa riesgos sanitarios y puede frenar productos peligrosos. Entregar ese poder a alguien con intereses directos en el sistema privado de salud rompe cualquier principio de independencia regulatoria.

La preocupación no es teórica. OSDE fue protagonista central de los aumentos desmedidos en las cuotas de la medicina prepaga durante el primer semestre de 2024, con subas de hasta 400%, habilitadas por la desregulación total del sector. En ese contexto, una jueza federal, María Caccioppoli, falló a favor de las personas afiliadas y ordenó la devolución de los incrementos, además de pedir que se investigara un posible accionar delictivo de los directivos de OSDE.

OSDE, negocios cruzados y causas judiciales

El fallo de Caccioppoli fue incómodo para el poder económico. Tanto, que la jueza terminó siendo apartada de la causa luego de que OSDE la recusara. Según denunciaron abogadas que representan a personas afiliadas, el apartamiento estuvo directamente vinculado con su decisión de enfrentarse a la corporación y proteger, en su mayoría, a personas jubiladas afectadas por los aumentos.

Detrás de OSDE hay una estructura que dista mucho de la imagen de “prepaga solidaria” que intenta mostrar. Aunque se presenta como empresa de medicina prepaga, OSDE tiene la figura jurídica de una obra social sin fines de lucro, lo que le permite no pagar impuestos como Ganancias o Ingresos Brutos. Sin embargo, administra un presupuesto mensual cercano a los 360 millones de dólares y funciona como un “financiador puro” del sistema, contratando prestaciones a empresas privadas muchas veces vinculadas a sus propios directivos.

En ese entramado aparecen sociedades compartidas, clínicas, prestadoras y empresas de importación de tecnología médica donde se repiten los mismos nombres: directivos de OSDE que, a la vez, son proveedores del sistema. Fontana no es ajeno a ese esquema, y su desembarco en la ANMAT despierta alertas inevitables.

Un mensaje político claro

El mensaje del gobierno es contundente: el control estatal es un obstáculo a remover, no una herramienta para cuidar a la población. Colocar al ahora ex CEO de una prepaga en la conducción del organismo que debe regular medicamentos y tecnologías sanitarias no es una casualidad ni un error de cálculo. Es una definición ideológica.

Mientras Milei habla de “libertad”, el Estado queda capturado por los mismos actores que deberían ser controlados. La ANMAT, una institución clave para la salud pública, pasa a estar conducida por alguien con intereses directos en el negocio sanitario privado. Una decisión peligrosa, que expone hasta qué punto este gobierno está dispuesto a subordinar la salud de la población a las reglas del mercado.