El Intendente Marcelo Orazi y la Secretaria de Estado de Seguridad y Justicia de Río Negro Betiana Minor recorrieron el inmueble donde próximamente funcionará la Comisaría de la Familia, donde se llevan adelante trabajos de pintura para su puesta en marcha.
Recordemos que en los próximos días la Comisaría de la Familia atenderá en Ingeniero Bonoli 91, espacio que fue cedido en comodato por el Poder Judicial a la Secretaría de Seguridad y Justicia provincial. De esta manera contará con un espacio de mayores dimensiones y comodidad para la atención de cuestiones relacionadas a la violencia de género y familia.
En el lugar también habrá una oficina de atención de la SENAF.
Más agrupaciones, organizaciones intermedias y movimientos se suman a reclamos oficiales hacia el intendente de la ciudad, acompañados del pedido de información y medidas para analizar en conjunto y paliar el crecimiento constante de casos activos de covid19 en nuestra ciudad y en el circuito del Alto Valle. En este caso la Asociación Civil Hogar…
Villa Regina es una de las ciudades de Río Negro en las que se desarrolla el programa Sábado Joven que permite que los jóvenes mayores de 14 años puedan actualizar su DNI los días sábados en la Delegación del Registro Civil. El Intendente Marcelo Orazi acompañó al Ministro de Gobierno y Comunidad de Río Negro…
Podrán circular las personas exceptuadas por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20. Por razones de salubridad general, el Gobierno Provincial dispuso la restricción temporal del ingreso de personas no residentes en Río Negro a través de los accesos habilitados con la provincia de Neuquén. La restricción, que tendrá vigencia entre las 00 horas…
Lo que a fines de enero era una maniobra en ciernes, hoy quedó formalizado por decreto. El Gobierno de Milei publicó en el Boletín Oficial la norma que ordena el traslado del sable corvo del General José de San Martín desde el Museo Histórico Nacional al Regimiento de Granaderos a Caballo. La decisión confirma, profundiza y legaliza una operación política sobre los símbolos fundacionales de la Argentina.
Por Alcides Blanco para NLI
La nota publicada por NLI el pasado 28 de enero advertía que el Gobierno avanzaba sobre el sable corvo no como un gesto administrativo menor, sino como parte de una estrategia deliberada de apropiación simbólica del pasado. A apenas días de aquella publicación, el Ejecutivo decidió blanquear la jugada y convertirla en norma.
El Decreto 81/2026, publicado este 3 de febrero, dispone de manera expresa que el sable corvo deje de estar bajo la órbita del Museo Histórico Nacional y pase a la custodia directa del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”, en su cuartel de Palermo. La medida no solo ordena el traslado físico del objeto, sino que deroga el decreto de 2015 que había fijado su permanencia en el museo como patrimonio histórico de acceso público.
Un decreto que confirma la maniobra
El texto oficial sostiene que el traslado se realiza por “razones de seguridad” y menciona antecedentes de hechos ilícitos ocurridos cuando el sable se encontraba en el museo. Bajo ese argumento, el Gobierno establece que la custodia, preservación y resguardo queden en manos del Regimiento de Granaderos, fuerza que históricamente actuó como guardia del Libertador.
Sin embargo, el decreto omite cualquier referencia al derecho ciudadano al acceso al patrimonio histórico, al rol de los museos nacionales como espacios de memoria colectiva o a la dimensión civil del legado sanmartiniano. La lógica es clara: militarizar el símbolo y reubicarlo en un espacio institucional alineado con el relato que Milei intenta construir.
Tal como anticipó NLI, no se trata de una decisión neutra. El sable corvo no es un objeto más: es uno de los emblemas centrales de la independencia, cargado de significados políticos, históricos y populares que exceden largamente el ámbito castrense.
De patrimonio público a símbolo regimentado
Con este decreto, el sable deja de estar en un museo nacional —espacio civil, educativo y abierto— para quedar alojado en un cuartel militar con acceso restringido. El mensaje es contundente: el pasado se ordena desde arriba y se encuadra en una narrativa de autoridad, disciplina y verticalidad.
No es casual que esta decisión se inscriba en una secuencia más amplia. Milei viene utilizando la figura de San Martín, los Granaderos y los símbolos patrios como elementos de legitimación política, vaciándolos de su complejidad histórica y resignificándolos al servicio de su propio proyecto ideológico.
La historia, así, deja de ser un campo de debate y memoria para convertirse en escenografía de poder. El decreto no hace más que confirmar que el Gobierno concibe los símbolos nacionales como piezas de un relato oficial, no como patrimonio plural del pueblo argentino.
Lo que advertía NLI y hoy se confirma
Cuando NLI publicó la nota del 28 de enero, aún no existía norma vigente. Había versiones, trascendidos y una fuerte señal política. Hoy, con el decreto ya publicado, queda claro que no era una hipótesis exagerada, sino la antesala de una decisión consumada.
La derogación del decreto de 2015, la reasignación de la custodia y la argumentación centrada exclusivamente en criterios de seguridad confirman que el Gobierno eligió avanzar sin debate público, sin consulta a especialistas en patrimonio y sin consideración por el sentido democrático de la memoria histórica.
El sable corvo, legado de San Martín al pueblo argentino, pasa así a ser una pieza más en la política de símbolos de Milei, donde el pasado se ordena, se encuadra y se utiliza como herramienta de construcción de poder en el presente.
El domingo último se ha difundido públicamente una imagen que convocaba a una movilización como protesta para el día 20 de junio, un día tan emblemático para la Argentina. Ésta imagen carecía de sello y tampoco manifestaba por qué quienes convocaban decían «Basta», con clara intención de desinformar, manipular y confundir a la ciudadanía en…
El diputado salió al cruce de del Jefe de Gobierno con un artículo contundente en el que no sólo rechazó las acusaciones del jefe de Gobierno porteño, sino que puso en discusión algo más profundo: el uso deliberado de la calumnia como herramienta política, la liviandad institucional con la que se lanzan imputaciones públicas y la persistente estigmatización de las organizaciones sociales.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
Una acusación lanzada al aire
El punto de partida del conflicto fue una serie de declaraciones de Jorge Macri en las que vinculó a Grabois con supuestas irregularidades en comedores comunitarios de la Ciudad de Buenos Aires. Sin denuncia judicial previa, sin expediente identificado y sin notificación formal a las organizaciones involucradas, el jefe de Gobierno optó por el camino más corto: la acusación mediática.
Ese dato no es menor. En su artículo publicado en Infobae, Grabois remarca que ninguna de las estructuras mencionadas depende de él ni de las organizaciones que integra, y que jamás fue informado oficialmente de las supuestas irregularidades. La pregunta que queda flotando es evidente: si existían pruebas, ¿por qué no se presentaron ante la Justicia antes de amplificarlas en los medios?
El límite entre la gestión y la difamación
Uno de los ejes más sólidos del planteo de Grabois es la distinción entre crítica política y atribución concreta de delitos. No se trata —plantea— de un debate ideológico ni de diferencias sobre el rol del Estado, sino de imputar hechos penalmente reprochables sin respaldo probatorio.
Desde ese lugar, el dirigente social señala que acusar públicamente a una persona de corrupción o fraude sin pruebas no es una opinión, sino una conducta tipificada por la ley. Y pone el foco en una práctica cada vez más extendida: funcionarios que reemplazan la denuncia judicial por el golpe mediático, sabiendo que el daño reputacional ya está hecho aunque luego no puedan sostener lo dicho.
El trasfondo: disciplinar a las organizaciones
Más allá del cruce personal, el texto deja entrever una lectura política más amplia. Para Grabois, este tipo de operaciones no buscan transparencia sino disciplinamiento: desacreditar a las organizaciones sociales que denuncian el ajuste, el vaciamiento de políticas alimentarias y el corrimiento del Estado en los barrios populares.
En ese marco, la ofensiva discursiva del Gobierno porteño aparece menos como una auditoría genuina y más como una estrategia de construcción de enemigos internos, donde los comedores y movimientos sociales vuelven a ser presentados como sospechosos por default, mientras se evita discutir el impacto real de los recortes y la subejecución presupuestaria.
Una respuesta que incomoda
Grabois no sólo negó las acusaciones, sino que las devolvió con una advertencia política y jurídica: si se demuestra la falsedad de lo dicho, avanzará en acciones legales y destinará cualquier resarcimiento a fortalecer espacios comunitarios. El gesto no es casual: busca contrastar dos formas de hacer política, una basada en el señalamiento fácil y otra en la rendición de cuentas.
En el fondo, el episodio deja una postal incómoda para Jorge Macri. Un jefe de Gobierno que acusa sin pruebas queda expuesto no sólo a un conflicto judicial, sino a una pregunta más difícil de esquivar: ¿qué tan responsable puede ser un funcionario que confunde gestión con difamación y comunicación política con imputación penal?
Lo vamos a hacer papilla en tribunales a Macri. Este tipo no es más que un garca con el cerebro de una babosa que está más sucio que las fotitos que, según Lilia, anduvo mandando.
Acá está nuestra intimación, ahora que muestre él la denuncia que hizo contra mí, porque no figura… pic.twitter.com/EZl1K8J7ew
N. de R.: Estaría bueno que dirigentes que tanto han bregado contra la concentración de medios, a la hora de hacer una nota de opinión, no caigan en la tentación de dársela a los mismos.
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