El Intendente Marcelo Orazi y la Secretaria de Estado de Seguridad y Justicia de Río Negro Betiana Minor recorrieron el inmueble donde próximamente funcionará la Comisaría de la Familia, donde se llevan adelante trabajos de pintura para su puesta en marcha.
Recordemos que en los próximos días la Comisaría de la Familia atenderá en Ingeniero Bonoli 91, espacio que fue cedido en comodato por el Poder Judicial a la Secretaría de Seguridad y Justicia provincial. De esta manera contará con un espacio de mayores dimensiones y comodidad para la atención de cuestiones relacionadas a la violencia de género y familia.
En el lugar también habrá una oficina de atención de la SENAF.
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El Congreso sancionó en la madrugada de este jueves la modificación a la ley de Glaciares que regía desde 2010 con una mayoría cómoda de 137 votos contra 111 de la oposición y las abstenciones de la neuquina Karina Maureira, Oscar Zago y Eduardo Falcone.
A las 2:30, Martín Menem sometió a votación el proyecto que había sido aprobado por el Senado en sesiones extraordinarias y abrochó una jornada tamizada más por los discursos contra Manuel Adorni y la postura de Javier Milei en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán que por la norma en debate.
Para la votación, el gobierno contó con el respaldo de las bancadas del PRO, la UCR, los salteños y los misioneros de Innovación Federal, los catamarqueños de Raúl Jalil, los tucumanos de Osvaldo Jaldo y los sanjuaninos de Marcelo Orrego. También se sumaron al lote de los 94 diputados libertarios, que no sintieron la ausencia con certificado médico de Rocío Bonacci por su avanzado embarazo, legisladores de Provincias Unidas en representación de Chubut, Río Negro y Córdoba como Jorge «Loma» Ávila, Sergio Capozzi y Alejandra Torres.
Desde temprano, el oficialismo se sentía holgado para la sanción y, pese a la moderada crispación opositora por los casos de corrupción que rodean a Adorni, la foto de la forma en que consiguió el quórum funcionó como proyección para el saldo de la votación.
En efecto, el desembarco de la bancada de Gabriel Bornoroni en el recinto estuvo acompañado por 16 integrantes del interbloque del PRO y la UCR, denominado Fuerza del Cambio. Pasadas las 15, se sentaron a sus bancas Daiana Fernández Molero, Florencia de Sensi, Antonela Giamperi, Fernando de Andreis, Javier Sánchez Wrba, Martín Yeza, Alicia Fregonese y Martín Ardohain por el macrismo, Pamela Verasay, Lisandro Nieri, Gerardo Cipolini, Darío Schneider, Diógenes González y Guillermo Agüero por los radicales y los monobloquistas José Luis Garrido y Karina Banfi.
Además, dieron quórum la ex vicegobernadora santafecina Gisela Scaglia, quien lidera Provincias Unidas en la Cámara Baja, el rionegrino Capozzi, el jujeño Jorge Rizzotti, el santafecino José Núñez y los cordobeses Alejandra Torres e Ignacio García Aresca, quien se ausentaría al momento de la votación.
Sergio Capozzi, Gisela Scaglia e Ignacio García Aresca.
Los sanjuaninos Nancy Picón Martínez y Carlos Jaime Quiroga, los catamarqueños Sebastián Nóblega, Fernanda Ávila y Fernando Monguillot y los tucumanos de Independencia, Gladys Medina, Elia Fernández y Javier Noguera fueron puntuales para abrir la sesión. En representación de Gustavo Sáenz y Carlos Rovira solo bajaron de sus despachos tres de los nueve que les responden: Pablo Outes, Yolanda Vega y Daniel Vancsik.
La presencia más llamativa fue la del puntano Jorge «Gato» Fernández, que funciona como satélite de UP por su filiación peronista pero este jueves se sumó al lote de 129 para que inicie la sesión. «Revoleando ATN y todo al gobierno le costó llegar al quórum», dijo un diputado radical a LPO.
La presencia más llamativa fue la del puntano Jorge ‘Gato’ Fernández, que funciona como satélite de UP por su filiación peronista pero este jueves se sumó al lote de 129 para que inicie la sesión.
Como sea, la norma aprobada trastoca los controles que establecía la ley sancionada en 2010, tras un intenso debate que incluso partió al bloque del por entonces Frente Para la Victoria. La discusión traía cola porque dos años antes la propia Cristina Kirchner vetó la primera versión de la ley de Glaciares, mucho más restrictiva para la explotación minera que la que rigió hasta ahora y que se logró con amplio consenso de organizaciones ambientalistas y legisladores que defendían el derecho de las provincias a definir el uso de los recursos de su suelo, tal como establece la Constitución de 1994.
Ese tópico sobrevoló las discusiones de los últimos días, pero bajo las denuncias de la oposición por el lobby minero y las brumosas estimaciones del oficialismo sobre futuras inversiones por alrededor de U$S 20 mil millones.
A partir de ahora, los gobernadores podrán encargar sus propios estudios de impacto ambiental para determinar el grado de importancia de las zonas glaciares y periglaciares como reservas hídricas. Esa tarea recaía hasta el momento en el Instituto Argentino de Nivología y Glaciología (IANIGLA), con asiento en la Patagonia y un inventario de 17 mil glaciares desde Jujuy hasta Tierra del Fuego.
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