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Orazi y Minor recorrieron el inmueble donde funcionará la Comisaría de la Familia

El Intendente Marcelo Orazi y la Secretaria de Estado de Seguridad y Justicia de Río Negro Betiana Minor recorrieron el inmueble donde próximamente funcionará la Comisaría de la Familia, donde se llevan adelante trabajos de pintura para su puesta en marcha.

Recordemos que en los próximos días la Comisaría de la Familia atenderá en Ingeniero Bonoli 91, espacio que fue cedido en comodato por el Poder Judicial a la Secretaría de Seguridad y Justicia provincial.  De esta manera contará con un espacio de mayores dimensiones y comodidad para la atención de cuestiones relacionadas a la violencia de género y familia.

En el lugar también habrá una oficina de atención de la SENAF.

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  • Con fuertes críticas a Galperin, Kicillof comparó el endeudamiento familiar con la crisis subprime

     

    Axel Kicillof apuntó contra Marcos Galperin por el rol de Mercado Pago en el endeudamiento familiar con billeteras virtuales que alcanza niveles récord. Además, comparó el fenómeno actual con la crisis de las hipotecas subprime de 2008.

    El gobernador explicó que, en Brasil, la parte de Mercado Libre vinculada al comercio representa el 60%, mientras que el negocio financiero supone el 40% de la composición del negocio de Galperin. Algo similar ocurre en México donde dos tercios del negocio es el comercio y un tercio la parte financiera. Sin embargo, en Argentina es al revés: «Lo que eran billeteras digitales se convirtieron en empresas más vinculadas a las finanzas que al comercio», dijo.

    «De más está decir la enorme angustia, la desesperación que está generando esta situación. Son millones de familias que hoy no pueden pagar deudas que tomaron, en la mayoría de los casos, para cubrir gastos corrientes. Para sobrevivir», agregó Kicillof.

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    Además, explicó que por un cúmulo de información que tienen estas empresas, discriminan el costo del endeudamiento según el perfil del sujeto. Por una misma deuda cobran diferente según la capacidad de pago, según una batería de parámetros que dispone la fintech.

    Lo que eran billeteras digitales se convirtieron en empresas más vinculadas a las finanzas que al comercio.

    Además, dijo que las billeteras virtuales se hicieron conocidas como medio de pago, pero luego ganaron espacio como proveedores de crédito y también como colocadores de recursos financieros. «Ese rol las asemeja mucho a lo que es un banco. Lo que antes hacía un banco ahora lo hacen las billeteras virtuales que tienen una regulación mucho más flexible que las entidades bancarias», dijo.

    Según datos que brindó el mandatario, el 60% de la población adulta del país está endeudada (se trata de 21 millones de personas). En tanto, una de cada cinco personas que tomaron deuda se encuentra en situación de mora.

    Kicillof comparó, además, la situación del endeudamiento en Argentina con la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos. Ese escándalo ocurrió en 2008 cuando los bancos se lanzaron a otorgar hipotecas de alto riesgo para la compra de vivienda a clientes con escasa solvencia y, por tanto, con un nivel de riesgo de no pago superior a la media del resto de créditos.

    El interés de esas hipotecas era más elevado que en los préstamos personales y las comisiones bancarias resultaban más gravosas. Como los precios de las viviendas subían, se creía que el sistema era relativamente seguro. Sin embargo, todo terminó en un estallido que provocó enormes pérdidas en bancos y entidades financieras. Incluso llevó a la quiebra a Lehman Brothers, una compañía global de servicios financieros de Estados Unidos fundada en 1850.

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    El gobierno bonaerense inició en enero una investigación de oficio sobre Mercado Libre y Mercado Pago. El objetivo fue analizar los términos y condiciones de la fintech que cada usuario debe aceptar al crear una cuenta. Se trata de un paso obligatorio pero que ninguna persona lee por la extensión y los tecnicismos jurídicos.

    Allí se encontró que ni Mercado Libre ni Mercado Pago informan sobre el costo de los servicios, una situación que viola la defensa de los consumidores. Además, si la fintech cambia los términos y condiciones, estos se dan por aceptados automáticamente.

    Si un usuario llega a tener un problema con la aplicación la responsabilidad es del usuario y no del proveedor del servicio. «Si la plataforma falla, es tu problema», explicó el ministro de Producción, Augusto Costa.

    Además, el contrato de términos y condiciones autorizaba a Mercado Pago a debitar cuotas de otros usuarios si las cuentas estaban vinculadas. Incluso, si los reclamos de los damnificados llegaban a una instancia judicial, esta instancia debía resolverse en tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, sin importar en qué punto del país resida el perjudicado.

    Costa explicó que el gobierno hizo la imputación de oficio y la empresa de Galperin adecuó la normativa revirtiendo las cláusulas cuestionadas

    Para el gobierno de Kicillof, Milei generó las condiciones para que el endeudamiento familiar se dispare. Costa citó el DNU 70/2023 que derogó el tope de tasas, disparó el costo del financiamiento bancario y dejó el camino libre a las fintech que están menos reguladas.

    Mercado Libre recibió 68 mil millones en subsidios del Estado en seis meses

    En el primer semestre de este año la provincia recibió 2.240 denuncias contra Mercado Pago, Naranja Digital, Ualá, Personal Pay, Brubank y Cencosud por incumplimientos con las normativas de defensa al consumidor, acoso y hostigamiento.

    Costa explicó que se abrió un expediente y se inició una investigación sobre el tema. Además, dijo que se pedirán informes a las empresas para que detallen los criterios con los que se imponen las tasas de interés y la composición real del costo financiero total. «Es imposible determinar cuáles son los criterios que se utilizan para que cada uno de los tomadores de créditos enfrenten estas condiciones crediticias», dijo Costa.

    «Las acciones ya están en curso, por lo que las fintech involucradas deberán presentar sus descargos: en caso de demostrarse los incumplimientos, la normativa estipula multas de hasta $1.883 millones y la obligación de revertir los incumplimientos», sostuvo el ministro.

     

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  • Llamativo mensaje del abogado del juez Salmain a los fiscales que actúan contra el magistrado

     

    La presencia de Gastón Salmain entre el público durante una audiencia de un juicio en Comodoro Py donde se desempeñan dos de los fiscales que lo están acusando dejó flotando en el Ministerio Público Fiscal la idea de un mensaje de parte del magistrado. En efecto, el juez federal de Rosario afronta un pedido de juicio político por causas de corrupción que pueden llevar a su destitución y, en ese caso, a la activación de un pedido de prisión preventiva ya concedido.

    Salmain, que en los dos años que lleva en Rosario acumula tres causas penales -y dos son por pedir sobornos-, asistió la semana pasada en Buenos Aires a una de las audiencias de la causa conocida como «Sueños compartidos», donde están acusados entre otros los hermanos Sergio y Pablo Schocklender. Los fiscales federales allí son dos funcionarios de la Procuración de Lavado de Activos (Procelac): su titular, Diego Velasco, y Juan Argibay Molina, que tiene asiento en Rosario.

    Ambos participaron de la acusación contra Salmain en la causa conocida como Attila, donde el magistrado bajo sospecha está acusado de haber admitido un amparo del dueño de un fideicomiso y ordenado al BCRA que le vendiera 10 millones de dólares al precio oficial, durante la vigencia del cepo cambiario, para que el empresario pagara una deuda. Según la imputación, Salmain accedió ante la propuesta de recibir una coima del 10 por ciento de la diferencia de cambio, entre la cotización de la divisa en el mercado de cambios y en el circuito blue.

    Suspendieron al juez Salmain y le inician juicio político por dos casos de corrupción

    El abogado que asiste a acusados en Sueños Compartidos, Yamil Castro Bianchi, es uno de los abogados de Salmain en el pleito por el cual el juez ya está camino a juicio, y por el que eludió la prisión preventiva por la inmunidad que le otorgan sus fueros. En la audiencia celebrada por el desvío de dinero para la construcción de viviendas sociales que tiene imputados a los Schoklender, el juez federal bajo reproche apareció llamativamente entre el público.

    Y fue sugestivo cómo, en medio de la audiencia, el abogado de Salmain le señalaba al fiscal del caso que terminaría preso. Fue durante su intervención en la que defendió a Daniel Nasif y Silvia Nasif, ex funcionarios para los cuales la fiscalía pide penas de prisión efectiva en el marco de la causa Sueños Compartidos.

    Fue sugestivo cómo, en medio de la audiencia, el abogado de Salmain le señalaba al fiscal del caso que terminaría preso.

    Al cuestionar el monto de la pena que pedían los fiscales a sus asistidos, Castro Bianchi dijo: «Tendría que haber menos doctores Velasco porque la acusación fiscal no es ni más ni menos que la crítica a una política de Estado que era darles a los que menos tienen. Pero para poder diferenciarme del acusador, el día que a mi me toque pedirle pena al señor Salmain en la causa que tienen con el presidente de la Corte Suprema yo sí voy a empezar por el mínimo porque ahí nos tenemos que diferenciar sobre determinados principios que tenemos al momento de ejercer nuestra profesión».

    ¿A qué se refería el abogado cuando dijo que le pediría pena a Velasco en relación a «la causa que tienen con el presidente de la Corte Suprema»? Esto es por una idea defensiva de Salmain, al menos hasta ahora sin demostración en evidencia, que plantea reiteradamente en su juicio. 

    Lo dijo Salmain cuando fue imputado de un nuevo pedido de coima, esta vez destinado hacia el ex director regional de la AFIP Santa Fe Carlos Vaudagna. Salmain sostuvo entonces que sus causas eran un armado que atribuyó de modo manifiesto al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.

    Imputan al juez Salmain por pedir una coima de 100 mil dólares a un ex jefe de la AFIP

    «Esta persecución guarda estrecha relación por una investigación que tramita en Comodoro Py, y que examina la posible existencia de una asociación ilícita que involucraría al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, a su secretario, Silvio Robles, y a fiscales de la jurisdicción de Rosario, presuntamente vinculados con ellos», planteó Salmain cuando lo imputaban de gestionar un soborno de 100 mil dólares para quedarse con el control de las causas penales de Vaudagna.

    La intención de Salmain es radicar sus causas en Comodoro Py, pero la jueza federal María Romilda Servini lo rechazó. Luego el polémico magistrado pidió que se investigara a Rosatti por los contenidos de una carta en que otro imputado en las mismas causas, el escribano santafesino Santiago Busaniche, anunciaba que se quitaría la vida por un complot que atribuye al titular del máximo tribunal, que tramita en el juzgado federal a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, y que tiene como fiscal actuante a Ramiro González.

    Fue algo muy inhabitual y muy extraño. También un poco bizarro. El defensor Castro Bianchi diciendo que le va a tocar pedirle pena a los fiscales que acusan a su defendido, que es un juez federal en funciones implicado en dos causas de sobornos.

    Para Salmain, parece recurrente el hábito de mandar mensajes en plena audiencia en donde resulta acusado. Cuando lo imputaban de haber ordenado vender dólares durante el cepo al empresario dueño de Attila, el ahora imputado Fernando Whpei, el magistrado aludió a que había hecho lo mismo con empresarios de medios de Rosario.

    En la audiencia de hace diez días, no solamente aludió a Rosatti. También pareció mandar un mensaje al ministro de la Corte Ricardo Lorenzetti, a quien aludió explícitamente, incluso mostrando una publicación periodística que lo mencionaba. Lorenzetti participó personalmente de la ceremonia en la que Salmain, oriundo de Buenos Aires, asumió como juez federal de Rosario en julio de 2024.

    Ahora, de manera inesperada y en otro juicio, el abogado de Salmain apuntó contra los fiscales que acusan a su cliente, en un juicio donde estos funcionarios participan. «Fue algo muy inhabitual y muy extraño», comentaron a LPO desde el Ministerio Público Fiscal de la Nación. «También un poco bizarro. El defensor Castro Bianchi diciendo que le va a tocar pedirle pena a los fiscales que acusan a su defendido, que es un juez federal en funciones implicado en dos causas de sobornos», resumió el funcionario que habló con este medio, y agregó: «un mensaje más».

     

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