El Intendente Marcelo Orazi y la Secretaria de Estado de Seguridad y Justicia de Río Negro Betiana Minor recorrieron el inmueble donde próximamente funcionará la Comisaría de la Familia, donde se llevan adelante trabajos de pintura para su puesta en marcha.
Recordemos que en los próximos días la Comisaría de la Familia atenderá en Ingeniero Bonoli 91, espacio que fue cedido en comodato por el Poder Judicial a la Secretaría de Seguridad y Justicia provincial. De esta manera contará con un espacio de mayores dimensiones y comodidad para la atención de cuestiones relacionadas a la violencia de género y familia.
En el lugar también habrá una oficina de atención de la SENAF.
El gobierno de Javier Milei y los gobernadores del norte empezarán a darle letra a zonas cálidas, el esquema de subsidios a la tarifa eléctrica de esas regiones que fue uno de los pedidos centrales de los mandatarios norteños para habilitar en el Congreso la eliminación de zonas frías.
El encuentro será este martes y asistirán los gobernadores del Norte Grande junto con sus ministros de Economía. Por parte del Gobierno, estará el jefe de Gabinete Diego Santilli y la titular de Energía, María del Carmen Tettamanti.
Durante la reunión que Santilli mantuvo la semana pasada en Misiones con los mandatarios provinciales norteños, fue expreso el planteo de «garantías» para avanzar en zonas cálidas.
«No habrá apoyo para el proyecto de zonas frías hasta que no se concrete el de zonas cálidas y no habrá respaldo para la reforma electoral ni para la eliminación de las PASO», afirmó a LPO uno de los gobernadores presentes en Misiones.
Como contó LPO, el gobierno mandó a Santilli a recomponer la relación con los gobernadores tras la dura derrota en el capítulo de extranjerización de tierras.
En Misiones, el jefe de Gabinete prometió «un avance» para el proyecto de zonas cálidas, el cual debió enviar en Gobierno al Congreso hace ya dos meses, cuando lo prometió Luis «Toto» Caputo. Al no efectivizarse, los gobernadores norteños renovaron las presiones en busca de acciones concretas.
El gobierno de Jorge Macri sumó a nueve bancos al Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal de la Ciudad, una iniciativa que nació de un proyecto presentado por el legislador opositor Leandro Santoro y terminó convertida en ley después de una negociación con el Ejecutivo porteño.
La medida busca atender uno de los problemas que más creció en los últimos meses: las familias que acumularon deudas de tarjetas y préstamos y ya no pueden sostener las cuotas.
Banco Ciudad, Santander, ICBC, Supervielle, Credicoop, Comafi, BBVA, Galicia y Banco Piano adhirieron al programa. La incorporación de las entidades amplía considerablemente el alcance de una herramienta que hasta ahora dependía de conseguir que los bancos aceptaran las condiciones fijadas por la Ciudad.
El esquema permite refinanciar deudas en mora originadas en tarjetas de crédito y préstamos personales. El plazo será de hasta 24 meses y la tasa fija no podrá superar el 35% nominal anual. El trámite se realizará directamente ante el banco o entidad financiera adherida.
El programa surgió de la Ley 6.959, sancionada por la Legislatura porteña el 18 de junio. El proyecto original fue presentado por Santoro junto con los legisladores Alejandro Grillo y Claudia Neira.
Las familias porteñas podrán refinanciar sus deudas de tarjetas de crédito y préstamos en mora con más plazo y una tasa de interés fija. Es un alivio para la clase media que trabaja, se esfuerza y quiere ponerse al día.
La norma tiene como objetivo facilitar la refinanciación de las deudas de consumo, evitar la exclusión del sistema crediticio y reducir la carga financiera sobre los hogares porteños.
La ley alcanza a las deudas registradas hasta el 1° de junio pasado. Para ingresar, el deudor deberá encontrarse en situación 2 o 3 del Banco Central, es decir, acumular entre 60 y 180 días de atraso.
Además, los ingresos del grupo familiar deberán ser inferiores a diez salarios mínimos y el pago mensual de las deudas deberá representar más del 30% de los ingresos del hogar.
También se exige acreditar domicilio real en la Ciudad durante al menos los últimos dos años. No podrán ingresar quienes tengan más de un inmueble, vehículos de menos de cinco años de antigüedad -salvo que acrediten su utilización para trabajar-, embarcaciones, aeronaves o bienes suntuarios sujetos a registro.
Tampoco quienes posean activos financieros superiores a la deuda que pretenden refinanciar o hayan comprado divisas durante el período en que se generaron los compromisos impagos.
Para conseguir que los bancos entren al programa, la Ciudad puso además una ficha propia sobre la mesa. Las entidades adheridas tendrán una reducción del 50% de Ingresos Brutos sobre los intereses que perciban por estas refinanciaciones.
Es el incentivo fiscal que permitió convertir el acuerdo político en una herramienta con participación del sistema financiero.
«Las familias porteñas podrán refinanciar sus deudas de tarjetas de crédito y préstamos en mora con más plazo y una tasa de interés fija. Es un alivio para la clase media que trabaja, se esfuerza y quiere ponerse al día», afirmó Jorge Macri.
La decisión marca una diferencia política con el gobierno de Milei. Mientras la Ciudad diseñó una regulación, ofreció un beneficio fiscal y fijó condiciones para la refinanciación, Luis Caputo sostuvo que el endeudamiento de las familias es un tema entre privados y descartó una asistencia directa del Estado.
El jefe de Gobierno destacó además que la iniciativa fue trabajada «en conjunto entre el Poder Ejecutivo y la Legislatura para convertirla en una ley financieramente viable».
La decisión marca una diferencia política con el gobierno de Javier Milei en dos terrenos sensibles. El primero es la intervención estatal frente al salto de la morosidad. Mientras la Ciudad diseñó una regulación, ofreció un beneficio fiscal y fijó condiciones para la refinanciación, Luis Caputo sostuvo que el endeudamiento de las familias es un «tema entre privados» y descartó una asistencia directa del Estado. «Tampoco hay mucho en lo que nosotros podamos hacer ahí», dijo el ministro.
Pero hay una segunda diferencia, esta vez estrictamente política. Macri tomó un proyecto impulsado por Santoro, principal referente opositor en la Ciudad, lo negoció con la Legislatura y lo convirtió en una política del Ejecutivo.
La operación tiene, por supuesto, una lectura política. Santoro consiguió instalar desde la oposición una iniciativa que terminó convertida en política pública y Jorge Macri se quedó con la ejecución y la incorporación de los bancos. En el medio quedaron las familias endeudadas, que son finalmente las que explican el acuerdo. La mora hizo algo que la política nacional viene encontrando bastante más difícil: sentar al oficialismo y a la oposición alrededor de la misma mesa.
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El partido político de Alicia Kirchner, Kolina, lanzó el operativo clamor para que Cristina Kirchner pueda ser candidata, luego del reclamo ante la ONU que anunciaron los nuevos abogados de la ex presidenta.
Esta semana, Cristina sumó a Rafael Valim y Javier Borrego, los abogados de Lula que anunciaron en una conferencia de prensa que la ex presidenta puede presentarse en las PASO. Además dijeron que analizan presentar una cautelar que le permita ser candidata en las generales de 2027.
Tan sólo un día después, el partido de Alicia armó un encuentro en la Ciudad para empezar a «construir las condiciones políticas» para que Cristina pueda volver a ser candidata.
El encuentro se tituló «Poder elegirla» y fue encabezado por el presidente de Kolina en la Ciudad, el legislador Andrés La Blunda. La actividad se desarrolló en el espacio La Palabra, en el microcentro y también contó con la participación de la legisladora Delfina Velázquez y del analista Artemio López.
Durante la apertura, La Blunda sostuvo que la condena contra la expresidenta no constituye solamente una persecución individual, sino una intervención directa sobre la voluntad popular. «Cuando Cristina está proscripta, estamos proscriptos también todos aquellos que queremos elegirla. La condena afecta a Cristina, pero la inhabilitación afecta al pueblo», dijo el legislador.
«La operación económica necesita una operación judicial. Necesitan que Cristina esté presa y proscripta. Necesitan que millones de argentinos no podamos elegirla», señaló La Blunda, quien convocó a una «sublevación democrática» basada en la organización, la movilización y el voto, y no en la violencia ni en el odio.
Por su parte, Artemio López planteó que la candidatura de Cristina no puede ser meramente testimonial, sino que debe sostenerse por convicción política.
Velázquez retomó la reciente carta difundida por Cristina y destacó la importancia de sostener una construcción política organizada, territorial y colectiva frente al intento de disciplinar y fragmentar al peronismo.
La Blunda advirtió además que no alcanza con derrotar electoralmente a Javier Milei si el próximo gobierno mantiene sus reformas, convalida el endeudamiento y conserva los pilares centrales de su programa económico.
«No podemos derrotar electoralmente a Javier Milei para después institucionalizar su programa desde un gobierno peronista. En 2027 no alcanza con vencer a Milei: tenemos que vencer su modelo económico», dijo el legislador.
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