El Intendente Marcelo Orazi y el Secretario de Obras e Infraestructura de Río Negro Alejandro Echarren recorrieron este mediodía los trabajos que se ejecutan en la calle Libertad, donde durante la tarde de hoy se comenzará con la colocación del asfalto.
En la oportunidad, el jefe comunal destacó el avance de los trabajos en estos dos meses, lo que permite prever que los plazos se cumplirán en tiempo y forma.
“Es una arteria fundamental y vertebral que atraviesa la ciudad desde la rotonda de la calle San Martín hasta el Cumelen y por ello es muy transitada. Siempre digo que es una obra troncal para Villa Regina y acá está plasmada fundamentalmente la gestión”, manifestó Orazi.
En este sentido agradeció nuevamente a la Gobernadora Arabela Carreras porque, indicó, “cuando le manifesté la necesidad de que ésta sea una obra prioritaria, no dudó en que avancemos con ello. Recordemos que es una obra delegada con aportes del Gobierno provincial”.
“El avance de obra en estos dos meses es muy importante, hoy comenzó el asfaltado así que estoy muy contento con los cambios que ya empezamos a notar, como en la iluminación”, dijo el Intendente.
Durante la recorrida, Orazi estuvo acompañado por las legisladoras Silvia Morales y Marcela Ávila, la concejal Agustina Fernández, los Secretarios de Gobierno Guillermo Carricavur, de Coordinación Ariel Oliveros y de Obras y Servicios Francisco Lucero.
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Como correlato del encuentro de este jueves en Casa Rosada, el PRO y La Libertad Avanza (LLA) preparan una mesa política provincial para comenzar a discutir la estrategia electoral a 2027 en la que también aparece la UCR en los planes.
Fuentes al tanto de la negociación señalaron a LPO que Karina Milei se muestra permeable a un acuerdo con los radicales, a los fines de no repetir el escenario de 2025, donde el juego de la UCR bajo el sello de Somos dividió el voto antiperonista y habilitó el triunfo de Fuerza Patria en secciones clave del interior bonaerense.
Dentro del gobierno libertario calculan que un acuerdo amplio implicaría que LLA llegue a las elecciones con cerca de 50 municipios aliados, número ambicioso para el que no solo suman a intendentes PRO y UCR, también a vecinalismos dentro de los que incluyen a San Miguel y , también, a Tigre.
Karina Milei se muestra permeable a un acuerdo con los radicales, a los fines de no repetir el escenario de 2025, donde el juego de la UCR bajo el sello de Somos dividió el voto antiperonista y habilitó el triunfo de Fuerza Patria en secciones clave del interior bonaerense.
En 2025, con un comité de contingencia que no apaciguó las diferencias en términos de esquemas de alianzas, la estructura radical conformó Somos con lilitos e, incluso, con dirigentes PRO que no cerraron bajo las condiciones de Karina.
Ahora, la UCR bonaerense tiene una nueva conducción ungida en unidad pero que ya expuso grietas en la convención provincial del último sábado, cuando el sector referenciado con el ex intendente de Trenque Lauquen, Miguel Fernández, pegó el portazo en medio de la disputa por el control de la Junta Electoral partidaria y armó el espacio «Construir».
«Usaron la convención para hacer un posicionamiento, todo muy premeditado», señalaron fuentes cercanas a la conducción partidaria a cargo de Emiliano Balbín, alineado al senador Maximiliano Abad.
Desde ese sector, salieron al cruce de Fernández posteando fotos del ex candidato a vice de Grindetti junto a Gabriel Katopodis. «En el sector de Miguel siempre hay señales de entendimiento con Axel», dijo un encumbrado dirigente radical a LPO.
En esa línea, fuentes del Comité Provincia de la UCR aseguran: «No nos vemos en una alianza con el peronismo, nos vemos en un frente de cambio con todo lo que no sea peronismo». Es ahí donde se muestra receptivos a mantener conversaciones con los libertarios para explorar un acuerdo electoral a 2027.
Por lo pronto, no dudan en definir como «un error» el frente Somos en 2025. «Era mejor ir solos. Hay radicales que no nos votaron porque no sabían que estábamos ahí», agregan a la vez que sostienen que el objetivo a corto plazo es «tener un candidato radical en cada municipio» para, desde esa base, negociar arriba.
Como sea, lo concreto es que el sector de Fernández, que ya evidenció su rechazo a acordar con los libertarios en 2025, es integrado por alrededor de una docena de intendentes.
En medio de eso, en el PRO, el jorgemacrismo impulsa la incorporación de los radicales a un frente opositor amplio que compita contra el peronismo en la provincia pero que también le dé músculo a los intendentes amarillos para plantarse en la negociación frente a Karina.
«Hay que trabajar en el acuerdo para que en los municipios donde gobierna el PRO sean respetados y acompañados. Si no hay una instrucción ordenadora de arriba se complica, eso es un tema de negociación», dijo a LPO un intendente PRO
Es que, por lo pronto, el diálogo no arrancó y hasta los propios intendentes del PRO ven las negociaciones en estado embrionario y, antes de sentarse a discutir, lo primero que exigen es que los libertarios no desafíen sus liderazgos territoriales.
«Hay que trabajar en el acuerdo para que en los municipios donde gobierna el PRO sean respetados y acompañados. Si no hay una instrucción ordenadora de arriba se complica, eso es un tema de negociación», dijo a LPO un intendente PRO que detalló que, desde la semana próxima, comienzan las reuniones seccionales del partido para trabajar en el armado.
«Mínimamente, van a tener que respetar los distritos gobernados por el PRO», dijo otro jefe comunal consultado, que reclama a los libertarios «un compromiso que se cumpla». La referencia no es sólo en términos electorales, también en lo relativo al acompañamiento de la gestión, donde varios intendentes amarillos acusan a los libertarios de pararse como opositores en el Concejo.
Guido Sandleris puso sobre la mesa la principal paradoja que enfrenta Javier Milei rumbo a 2027: «la economía está mucho mejor que cuando asumió, pero el Gobierno está perdiendo el apoyo de la gente».
El expresidente del Banco Central hizo este diagnóstico en la Bolsa de Comercio de Córdoba, horas antes de la exposición de Luis Caputo, y con una mirada muy distinta sobre las chances electorales del oficialismo. Mientras el ministro de Economía se mostró este miércoles «sumamente optimista» con la reelección de Milei, Sandleris advirtió que la dinámica política del Gobierno viene siendo negativa.
«Todas las encuestas son muy inciertas a un año de las elecciones», aclaró. Pero luego se concentró en los indicadores de confianza. Según su lectura del Índice de Confianza en el Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, «el valor tiende a ser consistente con el resultado electoral».
La conclusión es inquietante para la Casa Rosada: «Si las elecciones fueran hoy, Milei obtendría 40%». Y agregó que «la dinámica viene siendo negativa para Milei».
Sandleris comparó además la evolución de la confianza durante la actual gestión con la de Mauricio Macri. «En el mes tres de cada uno de los gobiernos están casi iguales», señaló. La incógnita, dijo, es «si va a continuar la tendencia negativa».
El problema es que el deterioro de la confianza ocurre mientras los principales indicadores macroeconómicos muestran una mejora sustancial.
«Hay equilibrio fiscal, hay superávit de balance comercial, el dólar está estable; la economía está mucho mejor», sostuvo. Y agregó que Argentina crecerá por segundo año consecutivo y que también se espera crecimiento en 2027, con una inflación sustancialmente menor.
«Es paradójico», resumió: «El Gobierno parece estar perdiendo el apoyo de la gente, pero los números de la economía son mucho mejores de los que recibió Milei».
Para Sandleris, la explicación está en que la recuperación todavía no llegó a las variables que más impactan sobre la vida cotidiana. «La mejora impactó en algunas variables, pero todavía no impactó en salarios y empleo», sostuvo.
Estimó que la economía crecerá entre 2% y 2,5% este año, pero advirtió que ese crecimiento es moderado y, además, muy heterogéneo. Los sectores que más crecieron, explicó, «son menos mano de obra intensivos».
«Hubo muy poca creación de empleo con Milei», afirmó. Y marcó un dato especialmente sensible: «El empleo registrado cayó y creció el empleo no registrado».
También señaló que los salarios reales privados están alrededor de 4% por debajo de los niveles anteriores, mientras que la caída fue todavía mayor en el sector público.
A eso se suma el aumento de las tarifas. «No sólo los salarios no crecieron sino que el gasto en servicios públicos creció. Es lógico que el consumo sufra cuando crecen las tarifas de servicios públicos», explicó.
El consumo se recuperará, según su pronóstico, pero «nada excepcional».
Sandleris también puso la lupa sobre el crédito al consumo. La mora y las situaciones irregulares alcanzaron niveles récord y, según explicó, muchos consumidores se acostumbraron durante años a que la inflación licuara sus deudas.
«Uno no ve un mercado de crédito al consumo dinámico en lo que viene», advirtió.
El diagnóstico no implica, para Sandleris, que Milei haya fracasado. Por el contrario, fue explícito en reconocer las dificultades que heredó. «Quiero ser justo con el Gobierno de Milei: pretender que en dos años y medio se resuelvan todos los problemas no era algo razonable. Milei heredó una situación explosiva», sostuvo.
Pero ahora el problema es el calendario electoral.
«El rumbo debe mantenerse», dijo, aunque reclamó acelerar el crecimiento de la actividad, el empleo y los ingresos. También pidió evitar un rebote inflacionario y un sobresalto cambiario.
En ese escenario apareció una herramienta concreta: la obra pública.
«Un elemento dinamizador inmediato es la obra pública a un año de las elecciones. Deberíamos estar viendo más movimiento ahí», planteó.
Sandleris consideró que al Gobierno «le costó comenzar con los proyectos de reparación de rutas», pero sostuvo que «hay espacio para la obra pública» sin sacrificar el equilibrio fiscal.
También reclamó encontrar alternativas para dinamizar el crédito. Y puso un límite temporal muy concreto: «Los próximos seis meses». Después, advirtió, «es tarde».
«Después del primer trimestre de 2027 será muy tarde para dinamizar la economía antes de las elecciones», sostuvo.
La advertencia de Sandleris adquiere mayor peso en un momento en que el oficialismo empieza a ordenar su estrategia electoral con un eventual acuerdo con el PRO. La coincidencia temporal no es menor: mientras el Gobierno busca ampliar su base política para 2027, uno de los economistas que mejor conoce la dinámica de las crisis argentinas advierte que la estabilidad macroeconómica no alcanza por sí sola para garantizar la reelección.
En menos de dos semanas, un movimiento cívico histórico, con dosis de reggaetón, creatividad al tope, mucho de indignación y pacifismo activo acabó con la renuncia del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló. Un movimiento revolucionario sin precedentes en la isla. Revolución pura, sin quitarle una sola letra, solo agregándole ritmo afrocaribeño. Ver esta publicación…
El fin de la Argentina no es profecía, es diagnóstico. La Argentina fue dejando de ser una trama integrada y devino archipiélago de enclaves extractivos conectados hacia afuera, hacia la exportación y el contrabando, separados por intersticios desertificados. El gobierno libertario ofrece al mercado inmobiliario la oportunidad de crear santuarios anarcocapitalistas arrancados a la soberanía política sobre el territorio. No debería sorprender: la corriente de opinión inaugurada por Friedrich Hayek prevé desde sus inicios, a mediados del siglo XX, esta estocada final a los Estados nacionales: la fragmentación y apropiación corporativa de porciones de espacio,la secesión.La matriz urbanística es la de zonas económicas especiales, ciudades gestionadas como empresas que calzan perfectamente en la estructura económica misma del modelo posneoliberal argentino, un combo de latifundio, contrabando, futurismo y especulación financiera desconectada de la economía real.
Tal tipo de postulados económicos se corresponde con esta morfología urbana. La privatización de la expansión metropolitana sostenida hace cincuenta años es la hoja de ruta anarcocapitalista. Excepciones a los códigos de planeamiento urbano forjaron un régimen de prácticas para el que la ley es solo una sugerencia. El zócalo sobre el que avanzan en el Congreso los ejecutores del plan de gobierno es el tramo final de un proceso histórico impulsado por nombres que se repiten.
Javier Milei no destruye un Estado de manual. Lo que algunos lamentan era ya un estado-espejismo instrumental al status quo de negocios. Lo cual explica muchas cosas.
El 12 de mayo, el ministro de Economía, Luis Caputo, recibió al tecno-oligarca Peter Thiel, fundador de las mega empresas tecnológicas PayPal y Palantir, instalado en Buenos Aires desde abril. El misterio es el sello de las operaciones “exotéricas” (anda alertando sobre la llegada del Anticristo) de Thiel. Sus narrativas sci-fi se apilan sobre los disparates económicos y complejizan la lectura de lo que busca. El verdadero sentido de sus teatralizaciones se encuentra lejos de las fotos, como lo demuestra la investigación reciente de Anfibia y Reporteros Sin Fronteras, “Hackear a Peter Thiel”. Más bien, está en esa reforma al régimen de propiedad que impulsa el gobierno libertario —los RIGI, las modificaciones en la Ley de Glaciares y la ley de “inviolabilidad de la propiedad privada”— que es el core de la agenda de la tecno-oligarquía global.
El archipiélago exportador
La Argentina no es destino turístico de excéntricos magnates y emires fanáticos del paisaje. Tampoco es sólo refugio contra el Armagedón nuclear, aunque no falten inversores que quieran explotar ese nicho paranoico, como la estancia Wamani desarrollada por el millonario argentino Martín Varsavsky en Mendoza. Esta etapa final de la Argentina es la secesión territorial con o sin ley específica. Thiel no requirió norma alguna para hacerse con una parte de Vista Energy, la petrolera de Miguel Galluccio.
El suelo fértil para este tipo de exploraciones es la tradicional desigualdad argentina en la relación entre lo público y lo privado. De un lado, el planeamiento urbano de un Estado enclenque; del otro, el poder de empresarios que conocen mejor que nadie cómo sacarle provecho a ese Estado poroso. Así, el escenario de tensiones entre corporaciones —y entre las potencias Estados Unidos y China—, se traslada a la apropiación de nuestro territorio. Como si fuera tierra virgen, se lo disputan fondos de inversión respaldados por el movimiento trumpista MAGA, la corona británica, rabinos norteamericanos, emires árabes, empresas chinas y las redes parasitarias de las élites locales, siempre dispuestas a venderle todo a cualquiera.
Por eso la revolución que amenaza con fragmentar al país en un archipiélago tiene la forma de las Zonas Económicas Especiales, utopías de ecosistemas sin democracia ni derechos laborales, donde los multimillonarios son déspotas. Sobre esta iniciativa explicó el investigador canadiense Quinn Slobodian: “fue celebrada, y a menudo puesta en acto, por una hueste de ultracapitalistas, libertarios y neoliberales que creían posible escapar de las ataduras de la supervisión y el control democráticos. (…) Una suerte de mundo posible gobernado únicamente por el contrato y el intercambio, dejando atrás el legado hecho bolsa de soberanía popular o gobierno representativo”.
En la Argentina, esta matriz global opera sobre un sistema de negocios inmobiliarios ordenado hoy por lo que el investigador Michael Goldman describe como speculative urbanism (urbanismo especulativo): la producción de ciudad como activo financiero, sobre los ejemplos de Dubái, Shanghái o Singapur, y ejecutada sin deliberación democrática en nombre de la eficiencia. Un urbanismo neoliberal que elude regulaciones e impone de facto un nuevo diseño del espacio. Algo equivalente a lo que Uber le hizo al transporte y Pay-Pal a las transacciones comerciales. Un urbanismo de plataformas, explica la socióloga australiana Sara Barns, que crea sus propias reglas internas independientes de los sistemas legales y constitucionales.
El promotor de Próspera llegó a la Argentina antes que el tecnomagnate. El 7 de julio de 2025, el cofundador del enclave hondureño, Gabriel Delgado Ayau, entró a la Casa Rosada y se reunió casi dos horas con el entonces jefe de asesores del presidente, Demian Reidel. Nieto de Manuel Ayau —fundador de la Universidad Francisco Marroquín y presidente de la Sociedad Mont Pelerin, nodo fundado por el propio Hayek—, define las ciudades privadas como un “modelo transportable” y sostiene que la Argentina podría “crear nuevos espacios para invertir, emprender y experimentar”. Reidel, quien debió salir del gobierno en medio de denuncias de sobreprecios en Nucleoeléctrica Argentina, es también el impulsor de los proyectos de data centers de OpenAI en la Patagonia.
Un detalle que debería pesar en las deliberaciones sobre el Súper RIGI es que cuando el Congreso hondureño, bajo el gobierno deXiomara Castro en 2022, derogó el régimen de zonas especiales, ZEDEs en aquel sistema jurídico, Próspera demandó al Estado en el CIADI del Banco Mundialpor 10.775 millones de dólares por “daños a inversiones” (el presupuesto total de Honduras de este año es aproximadamente 16.758 millones de dólares). En 2025, el monto del reclamo bajó a 1.630 millones, pero como el nuevo gobierno de Nasry Asfura pertenece a la fuerza de ultraderecha que había apadrinado las ZEDEs, el desenlace previsible de esta historia es el de una extorsión que toma de rehén al Estado mismo.
Los tecno-oligarcas temen morir tanto como odian pagar impuestos. Por eso impulsan lasfreedom cities, ciudades de libertad, a la vez guarida fiscal basada en criptomonedas y paraíso de experimentaciones clínicas enloquecidas. Allí no corren los controles estándar de alimentos, medicinas y ensayos clínicos. Son refugio de startups y figuras que promueven soluciones eugenésicas en visiones edulcoradas. Tal es el caso del Próspera Bio Hub, que experimenta con terapias no aprobadas por las autoridades estadounidenses; de Minicircle, respaldada inicialmente por Thiel y Sam Altman, CEO de OpenAI, que promete “alinear tus genes con tus ambiciones”. Bryan Johnson, el biohacker que aplica sobre sí mismo ingeniería genética para la extensión de la vida y vende suplementos alimentarios también se sometió a experimentos allí en 2023. Fue antes de anunciar que padece una enfermedad degenerativa extraña.
Las ciudades “desreguladas” son producto de una historia de disrupciones urbanas, sueños digitales y gobernanza corporativa. Así es como la producción de la ciudad de esta etapa del capitalismo se convierte en una de las mayores fuentes de reproducción del capital financiero. La nomenclatura llega en inglés porque cada término importa mecánicas conceptuales llave en mano. Imaginarios de “islas de fantasía” que promueve el premio Nobel de economía Paul Romer, fascinación neoliberal en torno al estatuto colonial de Hong Kong y de Singapur, postulados de free-market cities, derivas de lasgated communities (barrios privados, como Nordelta), charter cities, start-up cities, freedom cities que son parte de la plataforma política del trumpismo. Las lecciones mal aprendidas de varios experimentos fallidos no llegan a impugnar estos experimentos: Hargeisa proyecto delirante financiado en parte por el Estado de bienestar en Somalia, el proyecto de ciudad inteligente Sidewalk Toronto propulsado por Google, y la citada Próspera.
La arquitectura jurídica para blindar el nuevo urbanismo de fragmentación y secesionista llega del norte. Pero en Argentina hacen pie en un régimen de hecho erigido sobre excepciones a la norma y negocios inmobiliarios desde 1976. Nombres como los de Eduardo Costantini y Eduardo Elsztain son los más representativos del tipo de empresario especializado en la producción privada del espacio urbano residencial para los sectores más acomodados, una explotación de la segregación socioespacial de urbes cerradas, que se hizo posible merced a las inversiones públicas en infraestructura —especialmente autopistas— de los años sesenta y setenta.
El canciller Pablo Quirno explicó a principios de agosto que la idea detrás de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada es permitirle a algún extranjero “comprar una provincia o un pueblo”. Pero la extranjerización anhelada por el mileísmo no es mera venta de tierras a ciudadanos de otra nacionalidad. Es sinceramiento jurídico del régimen de hecho. Y el Súper RIGI, con media sanción en Diputados, que el ministro de Economía presentó como un régimen orientado a la instalación de data centers, está pronto a tratarse en el Senado.
Según el Registro Nacional de Tierras Rurales, en agosto de 2026 había 13,3 millones de hectáreas rurales en manos de personas físicas o jurídicas extranjeras, casi el 5% del país. 31 departamentos superan el límite legal del 15% máximo en manos extranjeras; 14 están por encima del 25%. En marzo el Gobierno propuso directamente eliminar ese límite dentro del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Lo apoyó la Sociedad Rural con el argumento del precio es un negocio que tiene la vista puesta detrás del horizonte: la hectárea de la zona núcleo cotiza 15 mil dólares contra 25 mil o 30 mil en Iowa. Argentina es el cuarto reservorio mundial de tierra negra (con 39,7 millones de hectáreas) después de Rusia (326,8 millones), Kazajistán (107,7 millones) y China (50 millones).
Esa es la estructura que cobija un ecosistema de negocios con el suelo rural y urbano convertido en encajes financieros.
En este mercado se abre ahora el capítulo de los data centers, centros de cómputo indispensables en la cadena de valor de la inteligencia artificial y las criptomonedas. La primera fase de esta verdadera carrera del oro fue Stargate Argentina, joint venture de OpenAI, la empresa de Sam Altman, junto a la local Sur Energy para levantar en la Patagonia un centro de datos de 500 megavatios con hasta 25 mil millones de dólares de inversión, estructurado, claro, bajo el RIGI y sus treinta años de privilegios fiscales, monetarios y aduaneros. Desde su anuncio el año pasado no se supo más de Stargate, aunque especialistas consultados para esta nota aseguran que estaría a la espera definiciones de beneficios fiscales para avanzar.
La doble operación de extirpación de soberanía, territorial y popular fue avanzando junto al sistema económico de especulación monetario-financiera y la hegemonía centrada en la city porteña, la bolsa de Rosario, las redes de la exportación y del contrabando. Ahora muta hacia su etapa superior, la cripto y la guarida fiscal.
Mutación urbanística: programa, no desregulación
Lo que progresa no es desregulación, sino enajenación, en las dos acepciones del término. El suelo cambia de dueño y, en el mismo movimiento, la ciudad pierde el control deliberativo sobre su propio destino.
Los números del conurbano describen la transformación. Hay más de 500 urbanizaciones privadas en la región metropolitana de Buenos Aires. Conglomerados de grandes dimensiones que dividen o encierran localidades preexistentes, lo que la investigadora del Conicet Sonia Vidal-Koppmann llama “nuevas fronteras urbanísticas”, un fenómeno de agregación que la normativa de ordenamiento territorial “no ha podido controlar”.
El caso del partido bonaerense de Tigre muestra la mecánica fina: 70% de expansión del suelo urbano entre 1980 y 2017. Y el dato revelador: los grandes movimientos de tierra del período 1999-2017 (los años del auge de Nordelta y sus clones) se hicieron al amparo de apenas dos ordenanzas, según la reconstrucción de Ana Fehrmann. La norma madre sigue siendo, por lo demás, el Decreto-Ley 8912, sancionado por la dictadura en 1977.
La impotencia normativa es, en realidad, la verdadera política de planeamiento urbano caótico. Como señala la economista Jayati Ghosh, “desregulación es una antífrasis”, la palabra nombra lo contrario de lo que hace pues en realidad se trata de una regulación explícita “al servicio de los hedge funds y las tecno-élites”.
Y, sin dudas, en esta jornada larga gran favor le hizo al desarrollo de las zonas la reforma constitucional de 1994. Con marketing progresista, convirtió a las administraciones provinciales en cobradoras de regalías. Un federalismo invertido en el que cada excepción a códigos de planeamiento votada de madrugada es regulación a favor de alguien.
La “respetabilidad” cotiza
El empresarialismo urbano, como lo denominan los ingenieros María Eva Koutsovitis y Jonatan Baldiviezo, se va cristalizando en códigos de edificación con el apoyo político de la derecha argentina. La reforma porteña de 2018 pasó de zonificar por usos a regular por morfología y capacidad constructiva, redujo la superficie destinada al centro libre de manzana, favoreció las demoliciones para así captar la nueva y mayor edificabilidad habilitada. Es decir, convirtió al suelo porteño en una grilla de derechos de edificación negociables. Lo financiarizó.
La maniobra se perfeccionó en 2024. En una sesión maratónica en la que se despacharon más de 300 expedientes, la Legislatura porteña aprobó otra reforma. Esta se vendió como preservación de la identidad barrial. Pero en lo decisivo, optimizó el mercado de derechos de edificación transables al habilitar la transferencia de capacidad constructiva desde los barrios del sur a otros donde la demanda retribuye mejor. El metro cuadrado se desprendió del terreno y se convirtió en activo financiero comprado barato en La Boca o Barracas y transado caro en Palermo o Belgrano.
El resultado: demoliciones a la orden del día, “cascarones vacíos” que conservan solo la fachada tapiada; catalogaciones desestimadas por el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, el Chalet Tudor de Bustillo en venta pese a estar protegido, entre otras. Así se aseguró un mercado con unidades cuyo metro cuadrado supera los 4 mil dólares, en una ciudad con 200 mil viviendas vacías y unas 12 mil personas durmiendo en la calle. ElObservatorio del Derecho a la Ciudad llama al modelo de la derecha porteña “la utopía excluyente”. Un sistema en tres tiempos: desplazamiento de sectores vulnerables mediante operativos punitivos, criminalización de la supervivencia —intentos de internación forzosa de personas en situación de calle— y gentrificación.
La compra de la mansión de Thiel en Buenos Aires se inserta en esta dinámica y anticipa la etapa siguiente: 13,5 millones de dólares pagados por Birkdale Emprendimientos, una sociedad constituida 49 días antes de la operación, detrás de la cual la Inspección General de Justicia identificó al abogado jefe y al director financiero de Thiel Capital. La técnica de las sociedades interpuestas (shell companies) que se usó en CABA y el conurbano bonaerense tuvo su propio laboratorio de ensayos en la Patagonia.
El futuro, hoy aquí
La conversión del territorio nacional en un archipiélago de zonas tiene precedentes consumados.
Lago Escondido, en la provincia de Río Negro, es el ejemplo más claro. El magnate inglés Joe Lewis, dueño del equipo de fútbol Tottenham Hotspur de Londres, logró hacerse una estancia en los noventa, que estaba ubicada a pocos kilómetros de El Bolsón. Y en esa operación se apropió también del lago que estaba cerca. En la misma movida, había adquirido tierras en la costa atlántica, donde construyó una pista de aterrizaje más extensa que la del Aeroparque porteño.
Su impulso fagocitador de campos acabó enfrentando a este Gold Silver de la Trulalá patagónica con la población comunitarista que persiste allá. La reacción fue la movilización recurrente de activistas en reclamo de acceso libre al lago en las Marchas por la Soberanía.
Lago Escondido es la secesión de facto: territorio cercado, acceso público judicializado eternamente, jurisdicción extranjerizada dentro del mapa argentino, con el sistema político convalidando todo. Lewis, quien fue indultado recientemente por Donald Trump de su condena a prisión en Nueva York por maniobras financieras irregulares, fue protegido de Mauricio Macri. El expresidente llevó a Barack Obama 1.700 kilómetros hasta aquella mansión a discutir vaya uno a saber qué, durante la presidencia argentina del G20. Fue Macri, además, quien lo favoreció directamente al romper la restricción de que extranjeros acumulen tierras en áreas prioritarias para la seguridad nacional. Su decreto 820/2016 elevó del 25% al 51% el umbral accionario para considerar extranjera a una empresa.
A escasos kilómetros del feudo de Lewis se encuentra el fideicomiso Amaike, de capitales de Emiratos Árabes Unidos. La estancia Las Marías pertenece a la casa real de Abu Dhabi. El tramo de la Ruta 40 que une Bariloche con El Bolsón se convirtió, según el diario Tiempo Argentino, en una servidumbre de paso por el interior de un solo bloque de tierras extranjerizadas: cuatro grupos —Qatar, Emiratos Árabes Unidos, la belga BURCO y el británico Lewis— controlan allí unas 110 mil hectáreas, casi seis veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires. Una sola montaña repartida entre propietarios extranjeros, y las nacientes de cuatro ríos adentro del alambrado.
Lewis le vendió recientemente al emir de Qatar su estancia de la costa oceánica rionegrina, con pista propia de 2.200 metros y hangares para aeronaves de gran porte, a tiro de las Islas Malvinas.El enclave británico se transfirió al enclave catarí.
Los árabes perfeccionaron el modelo de Lewis. Los capitales del Golfo Pérsico entraron encubiertos por sociedades fantasmas habilitadas por el decreto macrista. Y todo hubiera pasado desapercibido si este año las triquiñuelas no hubieran saltado en los tribunales, generando un escándalo que complica al gobernador Alberto Weretilneck.
El 7 de abril, el expolista Hugo Barabucci confesó en un juicio que él había comprado un campo de 20 mil hectáreas condos millones de dólares donados por el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos. Detrás de esta revelación apareció unentramado de sociedades fantasma, testaferros y fideicomisos que transfirió finalmente la propiedad a manos directas de dos hombres del poder emiratí: Osama Hussein Saleh Hussein Alahdaly, hombre de confianza del emir de Abu Dhabi, y el general retirado Matar Suhail Alyabhouni Aldhaeri, presidente del Consejo Nacional Federal de los Emiratos Árabes Unidos.
En febrero, en pleno bombardeo iraní contra bases estadounidenses en Emiratos, su presidente, emir de Abu Dhabi y comandante en jefe de sus Fuerzas Armadas,Mohamed bin Zayed Al Nahyan, llegó a Bariloche con una comitiva de 200 personas. ¿Cuál será la naturaleza de esta urgencia?
La zona al dock
En el sur de la CABA todo está listo para la nueva zona libertaria. “Ramblas del Plata” no será un barrio porteño más. Una propuesta que IRSA, la empresa de Eduardo Elsztain, que busca emular la revolución urbanística de Margaret Thatcher en los docks londinenses del East End de los años setenta. Una ciudad entera de iniciativa privada sobre 71,6 hectáreas ganadas al río, entre la Reserva Ecológica y La Boca. Es el proyecto urbano más grande del país. Un Puerto Madero con esteroides, diría Trump. El volumen del negocio: 1.800 millones de dólares de inversión en tres etapas, 895 mil metros cuadrados de capacidad constructiva para entre 6 mil y 10 mil viviendas de lujo en torres, oficinas, hotelería, comercio, escuelas y un paseo costero. IRSA vendió este año casi todos los lotes de la primera etapa.
IRSA es dueña del suelo, fija el masterplan y vende lotes aotros desarrolladores que edifican dentro de sus reglas. Es una zona económica especial de hecho. Su régimen urbanístico no surge del código general de la ciudad sino de un convenio público-privado sancionado a medida del proyecto; el espacio público queda bajo mantenimiento privado por contrato; y la escala es la de una ciudad mediana con gobierno propio. Es exactamente el desplazamiento que Sonia Vidal-Koppmann viene documentando desde hace veinte años en la región metropolitana: de la construcción de barrios cerrados a la creación de ciudades privadas. La desigualdad constitutiva de estas zonas la ubica pegada a la villa Rodrigo Bueno. El contraste no podía ser más lógico.
Pero quien crea que esto empezó con Macri-Rodríguez Larreta y Milei debe mirar el antecedente de Isla Demarchi, un predio vecino a Ramblas del Plata. En 2008, la presidenta Cristina Kirchner se reunió con Elzstain, en lo que fue el puntapié inicial de una cooperación de las fuerzas políticas que ella conducía para aprobar en la Legislatura porteña las modificaciones que requerían los proyectos de IRSA.
En 2012, el gobierno del Frente para la Victoria anunció en Isla Demarchi un Polo Audiovisual: doce hectáreas frente al río presentadas como un “Central Park porteño”, con una torre de 335 metros y 67 pisos, estudios de televisión, un hotel de lujo en los pisos superiores y un estadio. El “Hollywood argentino”, financiado a través de la ANSES, interesó también a Elsztain quien incluso recorrió Isla Demarchi a pie junto a su hijo y a funcionarios de presidencia por aquellos días. En 2017, un decreto de Mauricio Macri canceló el Polo y las tierras volvieron a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) donde todavía esperan su turno.
Para confirmar que la enajenación de territorio es un movimiento furtivo pero coherente, Milei y Caputo rediseñaron por decreto el Puerto de Buenos Aires, instruyendo a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación a convocar iniciativas privadas para financiar y operar proyectos urbanos público-privados. La hipótesis que trabajos académicos liberalizadores venían modelando, la “paulatina reducción del espacio operativo portuario y un traspaso hacia lógicas de urbanización comercial y residencial”, se convierte en business.
No se puede hacer más lento.
¿Malvinas ZEDE?
Trump corrió por izquierda al entonces primer ministro laborista del Reino Unido, Keir Starmer, amagando con respaldar el reclamo argentino de soberanía sobre Malvinas a comienzos de este año. Semanas más tarde, él mismo recordó que su país no tiene amigos más íntimos que los británicos. Esa fugacidad hizo pensar que se trataba de una represalia por negarse a acompañar la cruzada contra Irán.
A nosotros nos conviene tomarlo en serio por otro motivo. Leído desde la lógica de la secesión, estos gestos no serían tanto reparación histórica sino caballo de Troya. Washington no le entregaría las Islas a la Argentina, algo absolutamente improbable. Pero el lobby MAGA podría querer quitarle el dominio de las islas al Estado británico, para crear una ZEDE controlada por corporaciones multinacionales en el Atlántico Sur. Un vigía de occidente con su propio régimen jurídico, fiscal, autonomía presupuestaria y ciudadanía por contrato.
Las condiciones materiales para que esto ocurra fueron zanjadas con la aprobación por el gobierno de ocupación del proyecto petrolero Sea Lion en el que participa también una empresa israelí. De la guerra de 1982 a esta parte, el gobierno kelper se convirtió en un “embrión de un Estado nacional” al decir del especialista Federico Lorenz. El petróleo pasó a consolidar una cierta independencia de Malvinas respecto de la metrópoli británica. Condiciones óptimas para la instalación de un nodo geopolítico en el molde de la ciudad-estado-empresa. Normalizar la relación entre la administración colonial y el gobierno argentino amortizaría costos de mantenimiento logístico del enclave. Pero eso no es soberanía.
Legalizar el estado de cosas
El mapa de las innovaciones legislativas del tipo RIGI avanza sobre los pasos de la ley de Bases inicial de Milei para completar la obra de fragmentación del país. El nuevo corpus empujado por Sturzenegger y la City no es otra cosa que la adecuación del sistema legal al estado de cosas y su blindaje hacia el futuro.
Thiel en la Argentina representa el avance de la agenda global defreedom cities, microestados anarco-capitalistas. Y viene porque aquí se está fabricando algo mejor que Próspera. El magnate habría inscripto a sus tres hijas en un colegio porteño como prueba de su convencimiento. La Argentina ofrece a la tecno-oligarquía escala continental, recursos estratégicos, un sistema jurídico perforado por décadas de cesiones discretas, un gobierno que se asume “topo” destructor del Estado que administra, y una distancia cierta de los descalabros geopolíticos que ellos mismos fomentan en Oriente Medio y Europa. Es el prototipo exportable del nuevo régimen de propiedad, inspirado en representaciones idealizadas del feudalismo. La etapa superior del capitalismo financiero en la era de las plataformas y el triunfo de la contracultura antidemocrática. Esta vez parece que el tiro del final sí va a salir.
Y aquí debemos sumar otro factor de incentivos que aceita el proceso histórico de la secesión: el ladrillo como puerta de entrada del dinero global anonimizado. El especialista en crimen organizado Jean-François Gayraud, autor de Le nouveau capitalisme criminel (2014), señala cómo el negocio inmobiliario compra el territorio y la respetabilidad en la misma operación. Los “profesionales grises” —abogados, escribanos, agentes inmobiliarios, banqueros— son los facilitadores indispensables que hoy cuentan con ministerio propio en los gabinetes de Milei y el primo de Macri.
Esta arquitectura jurídica del despojo se afina con el paquete de “inocencia fiscal II”, aprobado en Diputados hace algunos días, que promete volver a blindar a los millonarios del escrutinio sobre el origen de sus fondos. “La evasión y elusión fiscal, los flujos financieros ilícitos, la fuga de capitales y el lavado de activos son fenómenos diferentes pero estrechamente interconectados”, sostienen las especialistas Verónica Grondona y Magdalena Rua. La opacidad es el sello del avance disimulado del programa socio-político de la tecno-oligarquía.
René Lavand engañaba, pero avisaba: no se puede hacer más lento. El gobierno libertario hace el mismo truco pero con las dos manos y el establishment global a favor. En el teatro, cuando la magia termina, el naipe desaparecido vuelve a aparecer. Los países, como la Argentina, tristemente no.
