El Intendente Marcelo Orazi y el Secretario de Obras e Infraestructura de Río Negro Alejandro Echarren recorrieron este mediodía los trabajos que se ejecutan en la calle Libertad, donde durante la tarde de hoy se comenzará con la colocación del asfalto.
En la oportunidad, el jefe comunal destacó el avance de los trabajos en estos dos meses, lo que permite prever que los plazos se cumplirán en tiempo y forma.
“Es una arteria fundamental y vertebral que atraviesa la ciudad desde la rotonda de la calle San Martín hasta el Cumelen y por ello es muy transitada. Siempre digo que es una obra troncal para Villa Regina y acá está plasmada fundamentalmente la gestión”, manifestó Orazi.
En este sentido agradeció nuevamente a la Gobernadora Arabela Carreras porque, indicó, “cuando le manifesté la necesidad de que ésta sea una obra prioritaria, no dudó en que avancemos con ello. Recordemos que es una obra delegada con aportes del Gobierno provincial”.
“El avance de obra en estos dos meses es muy importante, hoy comenzó el asfaltado así que estoy muy contento con los cambios que ya empezamos a notar, como en la iluminación”, dijo el Intendente.
Durante la recorrida, Orazi estuvo acompañado por las legisladoras Silvia Morales y Marcela Ávila, la concejal Agustina Fernández, los Secretarios de Gobierno Guillermo Carricavur, de Coordinación Ariel Oliveros y de Obras y Servicios Francisco Lucero.
Una resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial aprobó un cuadro tarifario para los estudios que realiza el Laboratorio Nacional de Inmunogenética del INCUCAI. Entre las prestaciones alcanzadas figuran análisis indispensables para pacientes en lista de espera de trasplantes de órganos y de médula ósea, con valores que llegan hasta los 979 mil pesos.
Por Roque Pérez para NLI
El Gobierno nacional profundizó este lunes su política de arancelamiento de prestaciones estatales con la publicación de una resolución del INCUCAI que establece, por primera vez, un nomenclador de costos para los estudios realizados por el Laboratorio Nacional de Inmunogenética. La medida quedó oficializada mediante la Resolución 146/2026, publicada hoy en el Boletín Oficial, y fija valores para una amplia gama de análisis indispensables en los procesos de donación y trasplante de órganos y de células progenitoras hematopoyéticas.
Aunque la resolución no modifica el régimen legal de acceso a los trasplantes ni dispone que los pacientes deban pagar directamente estos montos, sí introduce formalmente un sistema de aranceles para prestaciones que hasta ahora eran absorbidas por el Estado nacional, trasladando el costo a los financiadores o a quienes deban afrontar esos estudios cuando no exista cobertura.
Estudios imprescindibles que ahora tienen un precio
El nuevo cuadro tarifario alcanza a algunos de los análisis más sensibles dentro del sistema de trasplantes. Entre ellos se encuentra la inscripción de un paciente en lista de espera para un trasplante de órgano sólido, cuyo costo fue fijado en 514.000 pesos. Ese procedimiento incluye la tipificación genética HLA y los estudios inmunológicos necesarios para determinar la compatibilidad del futuro receptor.
También se establecieron valores para el denominado cross match, indispensable para verificar la compatibilidad entre donante y receptor antes de un trasplante, con un costo de 248.000 pesos, mientras que la tipificación HLA para donantes de órganos sólidos costará 251.000 pesos.
Uno de los estudios de mayor complejidad, destinado a pacientes candidatos a trasplantes de células progenitoras hematopoyéticas —como los trasplantes de médula ósea—, tendrá un valor de 979.000 pesos, constituyéndose en la prestación más costosa del nomenclador aprobado.
La resolución también fija aranceles para determinaciones de anticuerpos anti-HLA, estudios de quimerismo, cuantificación de células CD34+, detección de ADN libre circulante y otras prácticas altamente especializadas utilizadas para el seguimiento clínico de pacientes trasplantados.
Un cambio que vuelve a poner el foco sobre el financiamiento sanitario
Desde el punto de vista administrativo, el INCUCAI argumenta que resulta necesario contar con un esquema actualizado de recuperación de costos para las prestaciones brindadas por su laboratorio nacional de referencia.
Sin embargo, la decisión vuelve a instalar el debate sobre el progresivo retiro del financiamiento estatal en áreas estratégicas de la salud pública, especialmente en procedimientos donde el tiempo, la disponibilidad de recursos y la realización de estudios especializados resultan determinantes para salvar vidas.
Los análisis comprendidos en el nomenclador no constituyen estudios accesorios: son requisitos indispensables para determinar compatibilidades inmunológicas, ingresar a listas de espera, seleccionar donantes y controlar la evolución posterior de los trasplantes. Sin ellos, el sistema de procuración y trasplante simplemente no puede funcionar.
En un contexto marcado por los recortes presupuestarios sobre organismos científicos, hospitales nacionales y programas sanitarios, la incorporación de estos aranceles aparece como un nuevo paso en la lógica de trasladar costos que históricamente eran absorbidos por el Estado, aun cuando se trate de prestaciones vinculadas con tratamientos de altísima complejidad y, muchas veces, de carácter vital para los pacientes.
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El estancamiento del precio que reciben los productores frente al aumento sin freno de los costos de producción profundiza el panorama critico en ocho economías regionales, según se desprende del último informe de Coninagro.
Concretamente, las complicaciones persisten en las producciones de yerba, arroz, vino, leche, maní, hortalizas, algodón y mandioca.
De las 19 economías regionales medidas por el clásico semáforo de la entidad que nuclea a las cooperativas agropecuarias, solo cuatro aparecen en verde: bovinos, ovinos, granos y miel. El semáforo analiza tres componentes: negocio, productivo y mercado.
Un caso paradigmático es el de la lechería, donde los productores están afrontando el precio real del litro más bajo de la última década (518 pesos por litro para junio 2026)
Dentro de las economías regionales golpeadas, son muy complejos los casos del vino y la yerba, con prolongados períodos de crisis. La vitivinicultura acumula 41 meses consecutivos en rojo, desde enero de 2023. Por su parte, los yerbateros sufren 26 meses seguidos en rojo, desde abril de 2024.
También, un caso paradigmático es el de la lechería, donde los productores están afrontando el precio real del litro más bajo de la última década (518 pesos por litro para junio 2026) en un contexto de suba de costos y, sobre todo, del gasoil.
«Los precios que reciben los productores se mantuvieron prácticamente estancados o crecieron por debajo de la inflación y del aumento de los costos operativos. Esto termina deteriorando la rentabilidad y dificulta la recuperación de estas actividades», advirtieron en Coninagro.
Entre las actividades en amarillo permanecen el forestal, tabaco, cítricos dulces, peras y manzanas, aves, porcinos y papa. En estos casos, los precios no lograron acompañar la inflación, la demanda se mantuvo estable o con poca dinámica y los costos continuaron elevados.
En los cuatro sectores favorecidos se observó un buen componente de negocio, con precios que crecieron por encima de la inflación, aunque con alerta en el caso de granos por la disparada de precios de los fertilizantes nitrogenados y el gasoil.
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