El Intendente Marcelo Orazi y el Secretario de Obras e Infraestructura de Río Negro Alejandro Echarren recorrieron este mediodía los trabajos que se ejecutan en la calle Libertad, donde durante la tarde de hoy se comenzará con la colocación del asfalto.
En la oportunidad, el jefe comunal destacó el avance de los trabajos en estos dos meses, lo que permite prever que los plazos se cumplirán en tiempo y forma.
“Es una arteria fundamental y vertebral que atraviesa la ciudad desde la rotonda de la calle San Martín hasta el Cumelen y por ello es muy transitada. Siempre digo que es una obra troncal para Villa Regina y acá está plasmada fundamentalmente la gestión”, manifestó Orazi.
En este sentido agradeció nuevamente a la Gobernadora Arabela Carreras porque, indicó, “cuando le manifesté la necesidad de que ésta sea una obra prioritaria, no dudó en que avancemos con ello. Recordemos que es una obra delegada con aportes del Gobierno provincial”.
“El avance de obra en estos dos meses es muy importante, hoy comenzó el asfaltado así que estoy muy contento con los cambios que ya empezamos a notar, como en la iluminación”, dijo el Intendente.
Durante la recorrida, Orazi estuvo acompañado por las legisladoras Silvia Morales y Marcela Ávila, la concejal Agustina Fernández, los Secretarios de Gobierno Guillermo Carricavur, de Coordinación Ariel Oliveros y de Obras y Servicios Francisco Lucero.
Bolivia vive momentos de extrema tensión. La Central Obrera Boliviana (COB) y organizaciones campesinas están llevando a cabo una protesta con cortes de ruta en contra del gobierno de Rodrigo Paz.
La COB reclama un aumento salarial del 20 % y también pide la renuncia de Paz , algo que igualmente exigen también campesinos del departamento de La Paz mediante bloqueos de carreteras en el altiplano desde hace nueve días.
La protesta comenzó en la ciudad de El Alto y avanzó hacia La Paz con acciones violentas que incluyeron la explosión de bombas y petardos.
Por su parte, el presidente de la Federación de Cooperativas Mineras de La Paz (Fedecomin), Ladislao Prado, dijo que se movilizaron por «demandas justas y necesarias» y el respeto a la «institucionalidad» de su organización.
La movilización minera se desbordó cuando llegó a una calle cercana a la Casa Grande del Pueblo, sede del Ejecutivo boliviano, donde había una barrera policial reforzada con estructuras metálicas que los manifestantes intentaron retirar por la fuerza.
Esto derivó en enfrentamientos con los agentes, después de que los mineros intentaran superar el cerco policial utilizando cargas de dinamita y la Policía respondiera con gases lacrimógenos, en choques que duraron más de dos horas y dejaron al menos dos arrestados, pese a que poco antes dirigentes del sector habían ingresado a la sede de Gobierno para reunirse con autoridades.
La COB reclama un aumento salarial del 20 % y también pide la renuncia de Paz , algo que igualmente exigen también campesinos del departamento de La Paz mediante bloqueos de carreteras en el altiplano desde hace nueve días.
El clima de protestas organizadas por distintos sectores lleva más de unas semana y combina reclamo de los mineros pero también de obreros, campesinos, maestros de escuela, indígenas y transportistas, con reclamos desde aumentos salariales hasta la no privatización de empresas públicas.
Asediado por el clima social, Rodrigo Paz denunció que las protestas están siendo parcialmente instrumentalizadas para «desmontar» el sistema democrático nacional y advirtió que quienes estén utilizando el agravio para desestabilizar el país pueden terminar en la cárcel.
«Es un proceso democrático de la patria y es irreversible, le guste o no le guste al que quiera destruir a la patria democrática», dijo Paz este viernes durante la presentación del informe Democracia y Desarrollo 2026.
Es un proceso democrático de la patria y es irreversible, le guste o no le guste al que quiera destruir a la patria democrática
La situación institucional desde que asumió Paz es delicada desde el principio. La ruptura con el vicepresidente Edmar Lara es parte de ese proceso de crisis y las demandas sociales se incrementan en sectores que votaron por el presidente en la segunda vuelta y hoy le soltaron la mano. «Esos que intentan desde el pasado destrozar la democracia se van a ir a la cárcel», dijo en referencia a Evo Morales y el MAS.
En este contexto, el portavoz del Gobierno José Luis Gálvez denunció la existencia de un «plan macabro» supuestamente financiado por el narcotráfico, y acusó a Evo Morales y dirigentes afines de promover movilizaciones y bloqueos para desestabilizar al país y, como ha insistido el presidente a última hora de este viernes, «romper la democracia».
Ante este cuadro de situación, Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú expresaron su preocupación por la crisis humanitaria en Bolivia a través de una declaración conjunta en la que advirtieron sobre el impacto de las protestas y bloqueos de rutas en el abastecimiento de alimentos e insumos esenciales.
El comunicado señala que la situación en Bolivia es consecuencia de las manifestaciones y cortes de carreteras que derivaron en dificultades para garantizar productos básicos para la población.
En el texto, los gobiernos firmantes rechazaron «toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático y a alterar la institucionalidad» del Estado Plurinacional de Bolivia, y remarcaron su respaldo al Gobierno constitucional surgido de las Elecciones Generales de 2025.
Además, reiteraron su solidaridad con el Gobierno y el pueblo boliviano, al tiempo que exhortaron a los distintos actores políticos y sociales a canalizar sus diferencias mediante el diálogo, el respeto a las instituciones y la preservación de la paz social. El gobierno argentino decidió enviar un avión Hércules C-130 para el transporte de alimentos.
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