El Intendente Marcelo Orazi y el Secretario de Obras e Infraestructura de Río Negro Alejandro Echarren recorrieron este mediodía los trabajos que se ejecutan en la calle Libertad, donde durante la tarde de hoy se comenzará con la colocación del asfalto.
En la oportunidad, el jefe comunal destacó el avance de los trabajos en estos dos meses, lo que permite prever que los plazos se cumplirán en tiempo y forma.
“Es una arteria fundamental y vertebral que atraviesa la ciudad desde la rotonda de la calle San Martín hasta el Cumelen y por ello es muy transitada. Siempre digo que es una obra troncal para Villa Regina y acá está plasmada fundamentalmente la gestión”, manifestó Orazi.
En este sentido agradeció nuevamente a la Gobernadora Arabela Carreras porque, indicó, “cuando le manifesté la necesidad de que ésta sea una obra prioritaria, no dudó en que avancemos con ello. Recordemos que es una obra delegada con aportes del Gobierno provincial”.
“El avance de obra en estos dos meses es muy importante, hoy comenzó el asfaltado así que estoy muy contento con los cambios que ya empezamos a notar, como en la iluminación”, dijo el Intendente.
Durante la recorrida, Orazi estuvo acompañado por las legisladoras Silvia Morales y Marcela Ávila, la concejal Agustina Fernández, los Secretarios de Gobierno Guillermo Carricavur, de Coordinación Ariel Oliveros y de Obras y Servicios Francisco Lucero.
El Intendente Marcelo Orazi acompañó este mediodía a la Gobernadora Arabela Carreras en el acto de entrega de maquinaria correspondiente al programa de financiamiento para la provisión de máquinas agrícolas destinadas a la producción rionegrina. Fueron 22 las herramientas rurales entregadas a productores del Alto Valle para mejorar la productividad y la competitividad del sector…
El juez Alejandro Slokar recibió el máximo honor académico que otorga la Universidad de Morón: el título de Doctor Honoris Causa. El acto de entrega se llevó a cabo el 4 de junio y reunió a importantes dirigentes y referentes políticos, empresariales, sociales y judiciales.
Frente a un auditorio colmado, la presentación de la condecoración estuvo a cargo del ex juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Raúl Zaffaroni y del Padre Carlos Accaputo, quienes resaltaron la prolífica trayectoria de Slokar.
Zaffaroni reconoció el privilegio que supone pronunciar unas palabras en tan significativa ocasión y recordó la enriquecedora relación que lo une con Slokar, signada por intensas discusiones teoricas que confluyeron en el célebre Tratado de Derecho Penal, elaborado por ambos junto con el Fiscal Alejandro Alagia. A su vez, elogió a Slokar y destacó la responsabilidad humanista que trae apareja la honorifica distinción que se le otorga.
El Padre Carlos Accaputo explicó que es tarea de la política construir un orden justo en términos sociales, cuyo imperativo debe ser el bien común entendido como construcción de una comunidad, mientras que la labor propia de la iglesia reside en la caridad, traducida en amor al pueblo. En ese sentido llamó a reconstruir la política y conminó a aquellos que la ejercen a asumir la responsabilidad. Finalmente, resaltó que la Justicia Social es lo fundamental para que todos puedan vivir con dignidad.
Al recibir la distinción como Doctor Honoris Causa el jurista advirtió que: «Sin Justicia Social cualquier proyecto de país es inviable» y luego expresó: «La Justicia Social constituye la dimensión más excelsa de la Justicia y es una condición irrenunciable para la conformación democrática de una Argentina moderna, integrada, mínimamente viable». Sobre ello, recordó al Papa Francisco cuando denunció que «en vez de pagar Justicia Social, pagan el gas pimienta».
Asimismo, dijo que «toda decisión sobre las necesidades sociales no es económica, también es jurídica, antes ética. Cuando los recursos para la supervivencia escasean y acecha la intemperie, la comunidad no puede subordinase al cálculo de utilidad de los más fuertes, sino al amparo prioritario de los más vulnerables». Y remató: «Si la economía regula la escasez, el Derecho gestiona la dignidad».
Al cierre de su exposición, Slokar concluyó: «La Justicia Social constituye el presupuesto de legitimidad del sistema político-institucional que se garantiza, fundamentalmente, cuando el Poder Judicial activa enérgicamente su imperativo decisorio».
Estuvieron presentes, los diputados Miguel Angel Pichetto, Mario «Paco» Manrique, Fernanda Miño, Nicolás Tortta y Guillermo Michel, el ministro de Justicia de la PBA, Martín Mena, el presidente del BAPRO, Juan Cuattromo, el ex ministro de Trabajo Carlos Tomada, el ex intendente Julio Alak, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, Jorge Knoblovits (DAIA), Raúl O. Pleé (Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación), Alejandro «Peluca» Gramajo (Secretario General UTEP), el premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, el ex gobernador y ex canciller Felipe Solá, Joaquin Da Rocha y Carlos Balbín, ex procuradores del Tesoro de la Nación, Victor Santa María (SUTERH), y Mariano Cascallares, consejero de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires.
La distinción reconoce la trayectoria sobresaliente de Slokar en el campo del derecho penal y de los derechos humanos. A lo largo de su carrera, el magistrado se ha destacado por su rol protagónico en los juicios por los crímenes cometidos durante la última dictadura militar en Argentina. La Universidad de Morón, con más de seis décadas de historia, reafirma así su compromiso con los valores de la democracia, la justicia y la memoria, al enaltecer la obra de quien ha dedicado su vida profesional a la defensa del orden jurídico y la protección de los derechos fundamentales.
En el día de ayer el Intendente, Marcelo Orazi, junto a la Secretaria de Desarrollo Social, Luisa Ibarra y la Responsable del Área Mujer y Diversidad, Fabyola Parra, hicieron entrega de módulos de alimentos y limpieza a 30 mujeres en situación de violencia y vulnerabilidad social. Debido a que esta es una problemática que afecta…
La primer compe del año fue para Leñakingos. El «Play-On» tuvo su primer torneo de verano y la familia acompañó, un excelente marco familiar disfrutó de la «Copa JM Estudio Jurídico». El domingo 6 de febrero fue la fecha en que el «PLAY-ON» del río Negro abrió sus puertas, o mejor dicho tranqueras, para recibir…
La Municipalidad de Villa Regina informa que el jueves 4 se depositarán los haberes correspondientes al mes de febrero a los empleados municipales, los que estarán acreditados el viernes 5. Los haberes se liquidarán con un 6% de incremento que corresponde a la primera cuota de la propuesta salarial ofrecida por el Ejecutivo en el…
La pelea minera en San Juan no es por el cobre. Es por la energía. Vicuña, sociedad de BHP y Lundin Mining, quedó en el centro de una disputa con otras empresas por la capacidad de transporte de una línea eléctrica clave para el desarrollo cuprífero en el norte provincial. La empresa promete una inversión histórica de USD 18.000 millones, pero antes de activar los desembolsos pidió prioridad sobre casi toda la capacidad de transporte eléctrico disponible.
El dato político pesa. El 17 de febrero, Javier Milei recibió en Casa Rosada a Ron Hochstein, CEO global de Vicuña Corp. y a José Morea, country director de la compañía. También estuvieron Karina Milei y el canciller Pablo Quirno. El Gobierno presentó el encuentro como respaldo a la mayor inversión extranjera directa de la historia de San Juan.
Morea no es un ejecutivo más. Fue funcionario durante el gobierno de Mauricio Macri y estuvo a cargo del programa de Participación Público Privada (PPP), una fallida experiencia de «privatización» de la construcción de rutas que dependía de Toto Caputo, entonces funcionario de Macri. Morea provenía de Central Puerto, la eléctrica vinculada a Nicolás Caputo, primo del ministro, que aparece al principio y al final de la inversión de Vicuña.
Al día siguiente de la reunión en Casa Rosada, el ENRE difundió la Resolución 79/2026. El trámite había sido presentado por Transener a pedido de Vicuña Argentina para abastecer la fase 1 de Josemaría, que requiere 260 MW de potencia. La obra incluye la vinculación de la línea Nueva San Juan-Rodeo, la construcción de la estación transformadora Chaparro y una nueva línea de extra alta tensión de 167 kilómetros entre Rodeo y Chaparro. El lobby de la minera, apadrinada por Caputo, tuvo una eficacia eléctrica, que no cayó bien en otros jugadores importantes del sector minero.
El punto que encendió la guerra fue el beneficio regulatorio. La resolución le otorgó a Vicuña prioridad de uso frente a terceros por el 90% de la capacidad de transporte remanente de la línea Nueva San Juan-Rodeo. Según los cálculos de Cammesa, eso equivale al 71% de la capacidad total de una línea de 854 MVA. La misma prioridad alcanza a la nueva línea Rodeo-Chaparro y a la nueva estación Chaparro. Todo por 25 años.
José Morea, country manager de Vicuña no es un ejecutivo más. Fue funcionario durante el gobierno de Mauricio Macri y estuvo a cargo del programa de Participación Público Privada (PPP), una fallida experiencia de «privatización» de la construcción de rutas que dependía de Toto Caputo. Morea provenía de Central Puerto, la eléctrica vinculada a Nicolás Caputo, primo del ministro, que aparece al principio y al final de la inversión de Vicuña.
La infraestructura no nació de un repollo privado. La línea Nueva San Juan-Rodeo fue concebida para operar en 500 kV, aunque inicialmente funciona en 132 kV. Tiene unos 162 kilómetros y fue financiada con aportes nacionales, provinciales y recursos de los usuarios sanjuaninos a través de fondos como el PIEDE. Es decir: la obra que ahora disputan las mineras fue pagada durante años por la provincia y por los argentinos.
Vicuña sostiene que no se apropia de nada. Su argumento es que financiará obras nuevas para fortalecer el sistema y que la capacidad incremental quedará dentro del SADI, operada por la transportista. Traducido: asegura que va a agrandar la ruta y que por eso pide carril preferencial. En una empresa competidora lo resumen con menos cortesía: «Todavía no pusieron nada, pero ya pidieron mucho».
El problema es que en San Juan nadie mira esa ruta como una autopista vacía. El EPRE provincial advirtió que la capacidad del corredor no es un excedente disponible sino un recurso estratégico para abastecer la demanda actual y futura de la provincia. También reclamó que Vicuña sea tratada como beneficiaria no iniciadora de una obra que ya fue financiada por otros.
La audiencia pública de este miércoles, convocada por el nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, no fue vinculante, pero dejó expuesto el conflicto. El expediente trató el acceso a 260 MW para Josemaría y la ampliación del sistema de transporte eléctrico. Participaron empresas, organismos provinciales y los municipios afectados.
Ahí aparecieron los otros jugadores. Los Azules, Hualilán, Barrick y Gualcamayo plantearon objeciones técnicas, legales y regulatorias. Barrick condicionó su apoyo a que se respeten sus derechos históricos de transporte. Gualcamayo pidió resguardar su potencia energética. Hualilán cuestionó la reserva de capacidad. Los Azules fue más lejos y habló de una prioridad desproporcionada.
En la audiencia pública para definir el acceso prioritario de Vicuña a la línea de alta tensión su competidora de Los Azules habló de una preferencia desproporcionada.
Miguel Gil, gerente de Ingeniería de Los Azules, dijo que una prioridad por 25 años sobre infraestructura ya construida equivale en los hechos a una exclusividad sobre un corredor estratégico del SADI. Y agregó que la audiencia debía servir para corregir el acto y preservar la coherencia regulatoria.
También hay que decirlo: No hay ingenuidad en esa pelea. Barrick, Los Azules, Gualcamayo y Hualilán defienden sus propios proyectos, sus cronogramas y su acceso a la red. Nadie fue a la audiencia sólo por amor al usuario residencial. Cada uno cuida su pedazo de montaña.
Pero esa disputa empresaria no borra el problema de fondo. Si una sola minera se queda con casi toda la capacidad disponible, Jáchal e Iglesia pueden quedar atados a una red sin margen. El efecto no sería sólo sobre otros proyectos mineros. También puede golpear emprendimientos agrícolas, industriales y comerciales que necesiten energía para crecer.
Los municipios del norte sanjuanino viven de una trama minera diversificada. Gualcamayo, Veladero, Los Azules, Hualilán y Josemaría no son nombres en un PowerPoint: son regalías, empleo, proveedores, rutas, campamentos y recaudación. Si el sistema eléctrico queda capturado por un solo jugador, la provincia queda pegada a una ventanilla única.
El otro temor es más cotidiano. El EPRE pidió acuerdos de mitigación para evitar que una demanda gigante como la de Josemaría deteriore la calidad del servicio. En los pueblos, eso se traduce sin tecnicismos: bajas de tensión, cortes o inestabilidad. La minería mira 500 kV; los vecinos miran la heladera, la bomba de agua y la luz de la casa.
El Gobierno nacional defiende el RIGI y presenta a Vicuña como una postal de la Argentina que viene, pero apareció por una pregunta vieja: quién decide sobre una infraestructura pública cuando el negocio privado necesita pasar primero.
El gobierno de San Juan que conduce Marcelo Orrego tiene un desafío interesante: De un lado, una inversión que puede cambiar la escala minera del país. Del otro, una red financiada por el Estado y por usuarios durante años, que enfrenta la presión de grupo de empresas que compite para entrar al mismo corredor. La montaña promete dólares, pero abajo la pelea es por el cable.
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