El Intendente Marcelo Orazi y el Secretario de Obras e Infraestructura de Río Negro Alejandro Echarren recorrieron este mediodía los trabajos que se ejecutan en la calle Libertad, donde durante la tarde de hoy se comenzará con la colocación del asfalto.
En la oportunidad, el jefe comunal destacó el avance de los trabajos en estos dos meses, lo que permite prever que los plazos se cumplirán en tiempo y forma.
“Es una arteria fundamental y vertebral que atraviesa la ciudad desde la rotonda de la calle San Martín hasta el Cumelen y por ello es muy transitada. Siempre digo que es una obra troncal para Villa Regina y acá está plasmada fundamentalmente la gestión”, manifestó Orazi.
En este sentido agradeció nuevamente a la Gobernadora Arabela Carreras porque, indicó, “cuando le manifesté la necesidad de que ésta sea una obra prioritaria, no dudó en que avancemos con ello. Recordemos que es una obra delegada con aportes del Gobierno provincial”.
“El avance de obra en estos dos meses es muy importante, hoy comenzó el asfaltado así que estoy muy contento con los cambios que ya empezamos a notar, como en la iluminación”, dijo el Intendente.
Durante la recorrida, Orazi estuvo acompañado por las legisladoras Silvia Morales y Marcela Ávila, la concejal Agustina Fernández, los Secretarios de Gobierno Guillermo Carricavur, de Coordinación Ariel Oliveros y de Obras y Servicios Francisco Lucero.
La crisis que envuelve al Pami llegó a un punto límite. Por eso, las cámaras que nuclean a los distintos prestadores de la obra social de los jubilados salieron con un mensaje en bloque denunciando un atraso del 102% en los valores por prestación.
Eso, luego del paro de odontólogos y las sistemáticas denuncias de colegios de farmacéuticos por retrasos en los pagos.
Aunque el Gobierno anunció una emisión de deuda por 580 mil millones para que el Pami pague sus deudas, lo concreto es que, al momento, ningún anuncio de las autoridades morigeró la fuerte preocupación de las cámaras de prestadores, que alertan que, de seguir este escenario crítico, los servicios están en riesgo.
Pese al actual atraso de un 102% de los valores, aplicarán incrementos de apenas 1,9% para junio y 1,9% para julio 2026, actualizaciones que son las únicas reconocidas en este año e impactarán recién en las liquidaciones de agosto y septiembre
Entidades como la Cámara de Prestadores de la Seguridad Social (Capress), la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (Acami) y federaciones de clínicas como Fecliba y Confeclisa, entre otras, acusaron un deterioro de las condiciones de financiamiento.
«Pese al actual atraso de un 102% de los valores, aplicarán incrementos de apenas 1,9% para junio y 1,9% para julio 2026, actualizaciones que son las únicas reconocidas en este año e impactarán recién en las liquidaciones de agosto y septiembre», denunciaron en un comunicado.
Ahí, las cámaras también advirtieron que, en los encuentros mantenidos con las autoridades de la obra social comandada por Esteban Leguizamo «se ha reconocido la existencia de esta problemática». «Sin embargo, las medidas anunciadas hasta el momento resultan insuficientes», cruzaron.
Frente a la ausencia de una actualización adecuada de los valores , sumado al fuerte atraso acumulado en los últimos meses y los débitos injustificados, las cámaras señalaron que todo eso «compromete la capacidad de numerosas instituciones para sostener sus servicios en condiciones normales y continuar garantizando una atención de calidad».
Y agregaron: «De persistir este escenario, podrían verse afectadas la continuidad de las prestaciones, la capacidad operativa de los establecimientos de salud y el acceso oportuno a la atención médica por parte de millones de afiliados en todo el país».
Al mismo tiempo, las cámaras de prestadores privados dieron cuenta de la gravitación que tienen en el sistema sanitario: «Más de la mitad de las camas de internación del país pertenecen a establecimientos privados, por lo que cualquier dificultad en su funcionamiento repercute directamente en la capacidad de respuesta sanitaria nacional», señalaron.
Dirigentes de la Costa Atlántica tomaron la posta y comenzaron a organizar un frazadazo en el Congreso para frenar la votación que buscará eliminar el régimen de subsidios al gas que impacta en 94 municipios de la provincia de Buenos Aires.
Un grupo de dirigentes se reunieron este martes en Villa Gesell y resolvieron llevar a la Cámara Alta las declaraciones de los Concejos Deliberantes y las firmas de vecinos pidiendo el mantenimiento de la Zona Fría.
La zona Atlántica es una de las más frías de la provincia. Intendentes y concejales sostienen que la eliminación del régimen tendrá un «impacto catastrófico» sobre miles de vecinos y hogares bonaerenses en un contexto marcado por la caída del poder adquisitivo y el aumento sostenido de alimentos y servicios públicos. En la Villa Gesell llegaron dirigentes de Mar del Plata, Tandil, General Madariaga, Balcarce, Maipú, Lobería, Pinamar, Dolores, Mar Chiquita y Necochea.
Gustavo Barrera, Intendente de Gesell y convocante de la reunión, dijo que la ciudad balnearia cuenta con alrededor de 12.000 medidores de gas y que actualmente más de 7.000 hogares presentan problemas para pagar, con deudas y avisos de corte.
«Si a esto se le suma un incremento mayor a la tarifa, va a ser catastrófico. La situación es realmente preocupante. Hay aumentos constantes y muchas familias ya no llegan. Por eso creemos que tiene que haber la fuerza necesaria para que esta quita, que ya tiene media sanción, no se apruebe en el Senado», dijo Barrera.
En tanto, el concejal Gustavo Pulti propuso conformar una red de municipios y ciudades en defensa de la Zona Fría, así como impulsar acciones conjuntas, entre ellas presentaciones judiciales y campañas de juntada de firmas.
También estuvo la diputada nacional Jimena López quien repudió la medida que significa una nueva quita de derechos por parte del Gobierno Nacional y alertó que «aproximadamente 1.300.000 bonaerenses vamos a perder el subsidio».
López dijo que el sentido de la Zona Fría es que los bonaerenses tienen más días de frío y consumen más metros cúbicos de gas. Mientras que un vecino de la CABA tiene mayores consumos durante casi 3 meses, los bonaerenses consumen esa misma cantidad durante 8 o 9 meses.
En el documento difundido tras la reunión, los dirigentes señalaron que «la modificación del régimen de Zona Fría representa una decisión profundamente injusta, insensible y centralista» y sostuvieron que «defender este beneficio significa cuidar el bolsillo de los vecinos y proteger la vida social, productiva y económica de nuestras comunidades».
El cronograma de pagos de los sueldos de junio comenzará el próximo sábado 4 con el sector de Salud, incluyendo el depósito de las guardias y las horas extras. +info en la sig. nota. (Se garantizó el pago del medio aguinaldo a los trabajadores de la Administración Pública Provincia).
El Gobierno de Milei volvió a avanzar sobre uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. A través de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada este lunes en el Boletín Oficial, la administración libertaria decidió eliminar las compensaciones económicas que el Estado nacional pagaba a las empresas de micros de larga distancia por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, trasplantados y niños con cáncer.
Aunque el texto intenta aclarar que el derecho al pasaje gratuito “sigue vigente”, la realidad material es otra: el Estado se retira del financiamiento del sistema y deja librado al mercado el sostenimiento de una política social esencial. En términos concretos, las empresas deberán absorber esos costos o trasladarlos de alguna manera. Y la experiencia argentina demuestra qué suele ocurrir cuando el Gobierno abandona este tipo de mecanismos: aparecen trabas, cupos limitados, negativas encubiertas y una creciente vulneración de derechos.
Por Tomás Palazzo para NLI
La resolución deroga el esquema que estaba vigente desde 2018 y que permitía compensar económicamente a las compañías de transporte por los boletos gratuitos entregados bajo el marco de la Ley 22.431 de discapacidad, la Ley 26.928 para personas trasplantadas y la Ley 27.674 de protección integral para niños y adolescentes con cáncer.
El ajuste llega a quienes más dependen del Estado
El argumento oficial es el mismo que Milei repite desde que asumió: “desregular”, “achicar el gasto” y dejar que el mercado resuelva lo que antes garantizaba el Estado. Según la resolución, como ahora las empresas tienen “libertad tarifaria” gracias al Decreto 883/2024, ya no corresponde que reciban subsidios compensatorios.
Detrás de ese lenguaje técnico se esconde una definición política brutal: el Gobierno deja de financiar un derecho social y traslada la carga económica a empresas privadas que históricamente ya buscaron limitar este tipo de prestaciones.
El problema es evidente. El derecho formal puede seguir escrito en la ley, pero sin financiamiento estatal su cumplimiento queda debilitado. No hace falta demasiada imaginación para prever el escenario que se viene: más dificultades para conseguir pasajes, cupos “agotados”, demoras administrativas interminables y judicialización permanente.
La medida impacta sobre personas con discapacidad, pacientes trasplantados y chicos con cáncer
En otras palabras, el derecho seguirá existiendo en los papeles mientras el acceso real se vuelve cada vez más difícil para quienes necesitan viajar por tratamientos médicos, controles de salud o rehabilitación.
La lógica de Milei: derechos mínimos y Estado ausente
La resolución es coherente con el modelo ideológico que Milei viene aplicando desde el inicio de su gestión. El Gobierno busca reducir toda intervención estatal incluso en áreas sensibles donde históricamente existió consenso social y protección jurídica reforzada.
Lo llamativo es que la medida impacta sobre personas con discapacidad, pacientes trasplantados y chicos con cáncer: sectores cuya protección está reconocida no sólo por leyes nacionales sino también por tratados internacionales con jerarquía constitucional.
Sin embargo, el Gobierno elige mirar exclusivamente la variable fiscal. El texto oficial habla de “internalizar costos” y de “eficiencia económica”, como si el acceso al transporte para personas vulnerables fuera simplemente una distorsión presupuestaria y no una obligación básica de un Estado democrático.
La decisión también desnuda otra contradicción libertaria. Mientras Milei insiste en atacar supuestos “privilegios” sociales, el Estado sigue destinando enormes recursos a beneficios impositivos para grandes grupos económicos y al pago permanente de deuda financiera. El ajuste, otra vez, cae sobre quienes menos capacidad tienen de defenderse.
Un escenario de conflicto y posibles demandas judiciales
Especialistas en discapacidad ya advierten que la eliminación de las compensaciones podría derivar en una ola de conflictos judiciales. Si las empresas comienzan a restringir el acceso efectivo a los pasajes gratuitos, el Estado nacional podría enfrentar denuncias por incumplimiento de obligaciones legales y convencionales.
Porque el punto central es simple: no alcanza con decir que el derecho existe si al mismo tiempo se desmantelan los mecanismos que permiten ejercerlo.
La historia reciente argentina muestra que cada vez que el Estado se retira de políticas de protección social, quienes terminan pagando el costo son los sectores más vulnerables. Y esta resolución parece avanzar exactamente en esa dirección.
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