El Intendente Marcelo Orazi junto al Ministro de Gobierno y Comunidad Rodrigo Buteler recorrieron el predio de la cancha donde se disputan los partidos pertenecientes a la Liga Municipal de Veteranos.
En la oportunidad, el Ministro ratificó el acompañamiento del gobierno provincial para ejecutar la obra de luminarias que permitirá destinar más horas para los entrenamientos.
Participó de la recorrida el Director de Deportes de la Municipalidad Damián Álvarez.
Participaron 50 mujeres, entre ellas representantes del grupo Valkirias Rosas. La actividad fue realizada en conjunto, entre el Área de la Mujer y Diversidad, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social y el Museo Florencio Sánchez. Fue un evento muy emotivo, enmarcado en nuestra #FiestaProvincialDeLaVendimia y se hizo un recorrido por la historia de la ciudad, la…
Los gobernadores creen que la reforma laboral que impulsa Javier Milei no hará cambios de fondo en el sistema de empleo argentino sino que será sólo un guiño al mercado.
En las provincias creen que la Rosada está más interesada en demostrar que Milei tiene el respaldo para aprobar una reforma laboral en el Congreso, una panacea para cualquier gobierno.
Ese fue un pedido del FMI y de Estados Unidos, desde donde piden que Milei muestre consensos para darle sostenibilidad a su proyecto político.
Advertidos de esto, entre los gobernadores dejaron de hablar de «reforma» y se limitan a mencionar el proyecto como de «modernización» laboral.
Entre los grandes empresarios llama la atención que no los hubieran convocado para el diseño de la reforma, que trabajan principalmente en el ministerio de Capital Humano con Julio Cordero y Miguel Punte a la cabeza. «No la piden Pagani o Urquía, la piden las pymes», dicen en Córdoba.
Para darle legitimidad al proyecto, el gobierno dejó la última palabra en el Consejo de Mayo, que presentaría la reforma en el Congreso a mediados de diciembre. En ese organismo fogoneado por el propio Milei, en teoría están representados todos los sectores.
Entre los gobernadores dejaron de hablar de ‘reforma’ y se limitan a mencionar el proyecto como de ‘modernización’ laboral
El mendocino Alfredo Cornejo, su presidente, es el representante de los gobernadores; Gerardo Martínez, de la Uocra, el enviado de la CGT y Martín Rapallini, de la UIA, el de los empresarios.
Pero tanto entre los gobernadores como en el Círculo Rojo hace ruido que no haya habido una negociación más acorde a una reforma que debería ser estructural para varios sectores del sistema político y empresarial.
«Nos tendríamos que estar revoleando sillas si fuera una reforma fundacional», admitieron a LPO cerca de un gobernador. Por eso los mandatarios creen que el proyecto, del que no se conoce nada en concreto, no introducirá grandes cambios que generen empleo.
En menos de un año, el gobierno de Milei desmanteló controles históricos, aceptó subordinación regulatoria a la FDA, reabrió el festival de patentes extranjeras y avanzó con un acuerdo comercial que, por primera vez, relega a la ANMAT a un rol secundario. El caso del fentanilo contaminado —la peor tragedia sanitaria de la historia reciente— expone que lo presentado como “desburocratización” no es otra cosa que un plan diseñado en Washington para abrir el mercado argentino a laboratorios extranjeros, aun a costa de la salud pública.
Un rompecabezas que encaja demasiado bien
Cuando Milei anunció el acuerdo con Estados Unidos, el punto que pasó casi inadvertido fue el más determinante: Argentina aceptará certificados de la FDA para medicamentos y dispositivos médicos, y dejará de exigir revisiones completas de la ANMAT para esos productos. Dicho de otro modo: la autoridad sanitaria local deja de ser autoridad.
Pero esa pieza solo encaja cuando se observa el cuadro completo: el vaciamiento material de la ANMAT, la desregulación de controles, la flexibilización del régimen de importaciones, la reactivación del modelo de los años 90 y el alineamiento del régimen de patentes con los pedidos del Informe Especial 301 del gobierno estadounidense.
Nada de eso fue improvisado.
La primera estocada: eliminar las inspecciones in situ (derogación de la Resolución 2123/2005)
En los últimos 20 años, la resolución 2123/2005 dictada durante la presidencia de Néstor Kirchner, exigía que inspectores de ANMAT verificaran físicamente las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) en las plantas que producían medicamentos destinados a Argentina. Esa norma surgió tras varios escándalos de adulteración y era considerada un pilar de la trazabilidad sanitaria.
El gobierno de Milei la desactivó sin reemplazo equivalente.
Federico Sturzenegger, desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, impulsó la normativa que elimina la obligación de inspecciones presenciales, permitiendo confiar exclusivamente en certificados emitidos por agencias extranjeras, entre ellas la FDA.
El argumento oficial fue lineal: “menos burocracia, más acceso”. El trasfondo, bastante menos inocente: alinear la regulación local con lo solicitado por Estados Unidos en el marco del acuerdo comercial, incluso antes de firmarlo.
ANMAT debilitada: menos personal, menos presupuesto y más presión política
En paralelo a estos cambios, la ANMAT no solo perdió herramientas: perdió capacidad operativa real.
Congelamiento de vacantes.
No renovación de contratos técnicos.
Reducción de misiones de inspección.
Recortes presupuestarios registrados en las planillas del Presupuesto 2024 y el proyectado 2025.
Presión para acelerar liberaciones sanitarias.
En ese contexto, la eliminación de inspecciones externas equivale a bajar la guardia en medio de una tormenta.
Y la tormenta llegó.
El caso del fentanilo: la evidencia de por qué existen los controles
La causa judicial por el fentanilo contaminado de HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo dejó al descubierto un entramado escalofriante: adulteración de controles, planillas falsificadas, reactivos vencidos escondidos bajo la lluvia, trabajadores sin formación empujados a mentir y documentación “dibujada” para simular condiciones inexistentes.
Las testimoniales ante el juez Ernesto Kreplak son devastadoras:
“Me hacían mentir básicamente”, relató la técnica Bárbara Pennisi.
“Envases con partículas o pelos igual se mandaban al rotulado”, declaró Lucía Abeijón.
“Los frascos manchados iban igual”.
“Cambiaron pisos y pintaron todo para la ANMAT, pero nunca vinieron”.
Las conclusiones del Instituto Malbrán confirmaron lo que ya era evidente: los lotes 31202 y 31244 presentaban riesgos significativos, deficiencias graves e inconsistencia en la fabricación.
El resultado: mas de 120 muertes confirmadas y un ministro de salud que se niega a dar la cara.
En ese contexto, reducir la capacidad fiscalizadora del único organismo que puede prevenir estas catástrofes solo puede definirse como temerario.
O como parte de una estrategia.
La pieza que faltaba: el nuevo acuerdo con Estados Unidos
En el día de ayer, la Casa Blanca anunció los lineamientos del marco bilateral. Allí se explicitó lo que desde hacía meses se insinuaba:
Argentina aceptará “los certificados de la FDA y las autorizaciones previas de comercialización para dispositivos médicos y productos farmacéuticos”.
Es decir: si la FDA lo aprueba, entra automáticamente al mercado argentino.
Además, el acuerdo agrega un segundo componente estratégico:
Acceso preferencial a productos estadounidenses, entre ellos “ciertos medicamentos, dispositivos médicos y productos químicos”.
Reforma del sistema de patentes, adecuándolo a estándares internacionales señalados en el Informe Especial 301, documento en el que Estados Unidos ya había criticado a la Argentina por otorgar demasiadas patentes locales y permitir competencia de genéricos.
Nada es casual: Estados Unidos tiene uno de los lobbies farmacéuticos más poderosos del planeta, y este acuerdo es su puerta de entrada directa.
Patentes: el capítulo oculto que definirá el precio de los medicamentos
El acuerdo bilateral obliga a Argentina a:
“Revisar criterios restrictivos de patentabilidad”.
“Reducir atrasos en el otorgamiento de patentes”.
“Alinear la propiedad intelectual a estándares globales más elevados”.
En lenguaje llano: menos genéricos nacionales, más patentes extranjeras, precios más altos.
Las cámaras locales ya anticiparon el riesgo. CILFA advirtió que solo podrá evaluar el impacto cuando conozca el texto final, pero la advertencia es obvia: si la Argentina copia el estándar estadounidense, el costo de los tratamientos crónicos y de alta complejidad se disparará.
CAEME —que agrupa a los laboratorios extranjeros— celebró el pacto sin matices.
Un mercado abierto en bandeja: cómo encaja todo en el plan estadounidense
Tomados por separado, los hechos parecen decisiones aisladas. Observados en secuencia, conforman un patrón claro:
Vaciamiento de la ANMAT.
Eliminación de inspecciones presenciales.
Aceptación automática de certificados de la FDA.
Facilitación de importaciones sin controles equivalentes.
Cambios en el régimen de patentes en favor de laboratorios extranjeros.
Acuerdo comercial redactado en términos estadounidenses.
El caso del fentanilo, lejos de ser una anomalía, se convierte en un ejemplo: si el Estado renuncia a controlar, lo que aparece no es libertad; es riesgo, adulteración y muerte.
Todo esto, ¿a quién beneficia?
No a los pacientes. No a la industria nacional. No a las provincias ni al sistema sanitario.
Beneficia a:
Laboratorios extranjeros, que ya no necesitarán adaptarse al marco argentino.
Multinacionales bajo regulación FDA, con ingreso directo al mercado de 47 millones de habitantes.
Empresas protegidas por un nuevo régimen de patentes, capaz de bloquear genéricos durante años.
Fondos de inversión norteamericanos, que presionan por “proteger propiedad intelectual” en todos los tratados internacionales.
Argentina, mientras tanto, pierde capacidad de fijar reglas en su propio territorio.
Conclusión: un país que renuncia a su soberanía sanitaria
La tragedia del fentanilo demostró qué ocurre cuando los controles se relajan. En vez de reforzar al organismo, el gobierno avanzó hacia su desmantelamiento en nombre de la “innovación” y la “desregulación”.
Hoy, con la subordinación explícita a la FDA, la Argentina cede no ya la fiscalización, sino el criterio sanitario mismo: lo que Estados Unidos considere seguro, deberá considerarse seguro aquí, sin verificación propia.
Es el triunfo perfecto del lobby farmacéutico norteamericano.
Y el riesgo perfecto para millones de argentinos. Cuando esto se implemente no habrá brindis por «salud» que alcance a fin de año.
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En la imputación del lobista de la Justicia Federal de la Nación Santiago Busaniche, señalado por participar en una trama extorsiva donde está implicado el ex juez federal rosarino Marcelo Bailaque, se abrió un pasadizo imprevisto y explosivo que roza a otro magistrado. En plena audiencia los defensores dijeron que el ex director de ARCA en Santa Fe, Carlos Vaudagna, involucrado en este mismo chantaje, mantenía un vínculo oscuro por dinero con el secretario privado del juez federal de Rosario, Carlos Vera Barros.
Los defensores Débora Lichtmann y Diego Pirotta afirmaron que Vaudagna, que está implicado por corrupción institucional en al menos siete causas federales, mantiene diálogos con Jorge Abboud, secretario privado del juez federal Carlos Vera Barros, donde hacen referencia a dinero.
Vera Barros es precisamente el juez que firmó órdenes de allanamiento concretadas el pasado 16 de octubre contra Santiago Busaniche, un escribano santafesino señalado como un hombre vital en las designaciones de la Justicia Federal en CABA, Santa Fe y Rosario y en el tráfico de favores internos, muy vinculado también al campo de los servicios de inteligencia.
La mención adquiere sentido porque Vaudagna está imputado de haber organizado junto al ex juez federal Bailaque, que estuvo en funciones hasta el 1º de julio, una extorsión donde un agente de Bolsa al que le abrieron una causa, Claudio Iglesias, aseguró haber pagado 160 mil dólares de 200 mil solicitados para que le cerraran una causa penal.
Esta referencia es importante porque desde hace meses en Rosario hay una fuerte crisis institucional donde altos funcionarios con posiciones relevantes en el Estado aparecen envueltos en cobros de sobornos o retornos en el ejercicio de sus funciones. Pasó con el ex juez federal Bailaque, con el juez federal civil y comercial Gastón Salmain y ahora se deslizaron sospechas hacia el juzgado de Vera Barros.
La audiencia fue fijada para imputar a Busaniche por acordar con Vaudagna aspectos que terminarían en la extorsión al agente de Bolsa de Rosario Claudio Iglesias. Pero eso ni se llegó a tratar porque los defensores pidieron el apartamiento en bloque de todos los fiscales por una supuesta falta de ecuanimidad al investigar.
Los defensores Débora Licthmann y Diego Pirotta
Los defensores mencionaron entonces lo que para ellos es una omisión hacia Vera Barros y Abboud como uno de los motivos por los cuales recusaban a los cinco fiscales federales que estaban para imputar a Busaniche. Lo que señalaron es un supuesto proceder selectivo y omisivo del contenido del teléfono secuestrado a Vaudagna de donde surgen múltiples delitos. Decían que los fiscales eligen cargar las tintas contra Busaniche pero no contra otras personas que tienen funciones institucionales relevantes que aparecen en ese celular.
Allí mencionaron como ejemplo de discrecionalidad de los fiscales hacia Abboud y Vera Barros porque, dijeron, sobre estos funcionarios judiciales no impulsaron actuaciones. Lo leyó en público, ante un mínimo de 25 personas conectadas por zoom a la audiencia, la defensora Lichtmann. Dijo que Vaudagna le dice al secretario de Vera Barros.
–«Querido tenemos que reunirnos porque se vienen las vacaciones, para hablar respecto de lo nuestro, lo necesito para las vacaciones», leyó Lichtmann indicando que eso dice Vaudagna.
–«Si, yo estoy camino a Baires por algo que me mandó Carlos y tenemos que hablar algo en la Corte», responde Abboud según la abogada.
«Vaudagna le dice al secretario privado de Vera Barros que necesita algo para irse de vacaciones. Presumiblemente algún dinero que se le debía», subrayó la abogada. «No analizaron estas conversaciones con un funcionario del juzgado que ordenó los allanamientos de Busaniche», sostuvo. «Lo que se nota es la relación de Vaudagna con Vera Barros era a través de su secretario privado. Los mensajes son mucho más extensos. Para mencionar lo que los fiscales no quisieron ver», enfatizó.
«Había una relación poco clara entre el secretario del juez y Vaudagna que vamos a denunciar. No aparece en ese diálogo que se trata de una deuda personal. En ningún momento se hace alusión a que el dinero que se le adeuda es personal. Es algo que el doctor Velasco debería atender», sostuvo Lichtmann en relación al fiscal jefe de la Procuración de Lavado de Activos Diego Velasco, uno de los miembros del plantel acusador.
Este medio consultó al juez Vera Barros por un eventual descargo ante lo volcado en audiencia. «La confrontación de la defensa de Busaniche parece ser con los fiscales. Yo intervine en una causa en la que ordené el aprovechamiento de lo que se secuestrara en el allanamiento de Busaniche por una investigación que lo relaciona con el juez federal civil Gastón Salmain. No estoy en la audiencia, pero esto me parece una postura defensista. Es una estrategia de la defensa y no me parece apropiado decir más por ahora», le dijo a este medio.
También sostuvo la defensora en su arremetida crítica contra los fiscales que Vaudagna habla con muchas otras personas, en actitudes que sugieren prácticas ilícitas, como el empresario periodístico de Santa Fe Nahuel Caputto. «Aquí va nuestro planteo. ¿Vieron esto los fiscales o no lo vieron? Creo que lo vieron pero no quisieron mencionarlo».
En realidad hay actuaciones fiscales precisamente contra Vaudagna en curso en la fiscalía federal de Santa Fe contra Caputto, que tiene además expedientes anteriores, aunque no se formalizó imputación. Esto por una derivación del fiscal de Reconquista Roberto Salum que fue quien primero accedió a los contenidos de Vaudagna y los distribuyó a colegas según la jurisdicción de competencia.
«La confrontación de la defensa de Busaniche parece ser con los fiscales. Yo intervine en una causa en la que ordené el aprovechamiento de lo que se secuestrara en el allanamiento de Busaniche por una investigación que lo relaciona con el juez federal civil Gastón Salmain. No estoy en la audiencia, pero esto me parece una postura defensista. Es una estrategia de la defensa y no me parece apropiado decir más por ahora».
«Vaudagna tiene siete causas alrededor de la provincia de Santa Fe por este teléfono. Se dividieron las causas en Reconquista Santa Fe y Rosario. Se avanza con lo que se avanza. Pero está en el teléfono. Se avanzó con lo que teníamos elementos. Tan simple como eso», dijo el fiscal Velasco al responder el pedido de recusación. «En el teléfono de Vaudagna hay muchísima información. La tienen todas las partes desde que exhibimos las pruebas. Todas las defensas las tienen. Y también estaba a disposición de la defensa desde mucho antes. El teléfono de Vaudagna está a disposición de las partes desde que el señor juez autorizó a entregar todo su contenido antes de la audiencia de formalización», replicó.
Lichtmann rezongó amargamente porque LPO publicó detalles sobre lo que compromete a su cliente Busaniche antes de que se formalizara la imputación. «La Política Online publica lo que las partes no saben. Este medio de comunicación tiene las conversaciones de la investigación que entiendo usted señoría no debería conocer. Pero si quiere puede leer para enterarse porque LPO las tiene antes que las tenga el expediente. Aparentemente LPO tiene novedades más apresuradas de lo que tiene esta parte defensiva», sostuvo la abogada.
«Ustedes tenían la prueba contra ese juez (Vera Barros) y a ese juez le pidieron medidas para allanar a nuestro cliente. No estamos hablando de un acto de corrupción. Si tienen pruebas de cargo contra un juez las tienen que usar. No pueden elegir. Es un juez de la jurisdicción. Se nota que hablaban de plata. ¿Hicieron algo con eso? Era vox populi en la jurisdicción que existía esto y que ustedes lo conocían y no hicieron nada», dijo el defensor Diego Pirotta.
Busaniche fue señalado reiteradamente a este medio como un enlace inorgánico y relevante de servicios de inteligencia. El defensor Pirotta actúan para el estudio de Darío Richarte, que fue subjefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en el mandato presidencial de Fernando de la Rúa. El juez federal Eduardo Rodríguez Da Cruz rechazó el pedido de recusación contra los fiscales.
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