El Intendente Marcelo Orazi visitó el viernes las instalaciones de Amuchen y dialogó con Mabel Barazzutti y Viviana Silenzi, presidente y vicepresidente respectivamente de la institución que trabaja para brindar un espacio de contención y recreación a niños con discapacidad.
En la oportunidad, las integrantes de la Comisión Directiva hicieron entrega al Intendente del protocolo elaborado para poder iniciar los talleres y las actividades previstas en este 2021.
Además pusieron en conocimiento del jefe comunal de las acciones planificadas para este año, algunas de las cuales contarán con el acompañamiento municipal a través de diferentes recursos que permitirán la concreción de las mismas.
Con el Decreto 812/2025, Milei terminó de desmantelar al Instituto Nacional de la Yerba Mate y liberó el mercado en favor de los grandes molinos. El resultado llegó en horas: más de un centenar de productores misioneros suspendieron la zafra de verano ante precios de ruina, pagos a cuatro meses y un escenario de quiebra generalizada. La economía regional más emblemática del NEA entra en zona roja mientras crece la venta de chacras y la concentración avanza sin freno.
Por Roque Pérez para Noticias La Insuperable
El decreto que dinamitó el equilibrio
El Gobierno publicó hace unos días en el Boletín Oficial el Decreto 812/2025, una norma presentada bajo el rótulo de “modernización”, pero que en los hechos le quita al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) todas sus facultades regulatorias: precios, cupos de plantación, ordenamiento de oferta, mecanismos de transparencia y controles económicos.
El artículo reemplazado del Decreto 1240/2002 establece que el INYM no podrá dictar ninguna norma que “distorsione la oferta y la demanda”, lo que en criollo implica:
El organismo no podrá fijar el precio de la hoja verde ni de la yerba canchada.
Desaparecen los precios mínimos, única defensa histórica contra los valores de ruina impuestos por los grandes molinos.
Los productores pequeños pierden toda herramienta de negociación, quedando a merced de un mercado ya concentrado.
La desregulación hizo impacto: los yerbateros suspenden la zafra
La reacción llegó rápido y con una contundencia que no se veía en años. Más de 100 pequeños y medianos productores de Misiones resolvieron suspender el inicio de la zafra de verano, prevista para diciembre.
La decisión surgió en una multitudinaria asamblea en Campo Grande, donde el diagnóstico fue unánime: con los precios actuales no se puede cosechar sin perder plata.
Hoy:
El kilo de hoja verde se paga alrededor de $285.
Los costos de producción rondan los $425 por kilo.
Los pagos se están realizando a 60, 90 y hasta 120 días.
Y la quita del precio mínimo del INYM arrastra los valores aún más abajo.
Los chacareros afirman que esa baja no se traslada a góndola, donde los precios siguen subiendo. Es decir: pierden ellos, gana la industria.
“Nunca vimos tantas chacras en venta”
La productora misionera Luisa Fleitas, en diálogo con Radio Provincia de Misiones, sintetizó el drama de la región con una frase que recorrió toda la provincia: “Nunca se vio tantas chacras en venta. No queremos que grandes corporaciones nos saquen de nuestras tierras. La yerba es nuestra identidad”.
Fleitas describió la medida de Milei como “un jaque mate para las familias productoras” y cuestionó el cinismo del discurso libertario: “Es fácil hablar de libre mercado sin conocer cómo se trabaja día a día”.
La concentración que viene (o que ya llegó)
La cadena yerbatera está compuesta por:
Más de 12.000 pequeños productores.
Cooperativas y secaderos medianos.
Y unos pocos molinos que concentran buena parte del mercado.
Con la desregulación total:
Los pequeños pierden poder de negociación.
Los molinos imponen precios por debajo del costo real.
La concentración se acelera, replicando lo ocurrido en los 90.
La economía regional se descapitaliza a pasos agigantados.
El INYM nació justamente para evitar este escenario después del colapso de esa década. El decreto de Milei retrocede 20 años de protección pública.
¿Bajará el precio para los consumidores? La historia dice que no
Pese al argumento oficial de “competencia”, la experiencia histórica del mercado yerbatero es clara:
Cuando baja el precio que recibe el productor, el paquete de yerba no baja.
Cuando aumenta la concentración, el precio en góndola sube.
En los 90, con desregulación total, la hoja verde se pagaba miseria y el paquete aumentaba igual.
La yerba es un producto cultural y oligopólico: sin reglas, no hay competencia posible.
Un INYM reducido a un sello administrativo
El decreto obliga al organismo a revisar y derogar en 30 días cualquier norma que contradiga el nuevo esquema. En un mes, el INYM quedará reducido a:
Certificaciones de calidad.
Registros.
Funciones técnicas de bajo impacto.
En otras palabras: un cascarón vacío incapaz de equilibrar la cadena.
Las economías regionales en alerta roja
La yerba mate sostiene a miles de familias de Misiones y Corrientes. Sin un precio justo ni regulación estatal:
Se debilita la economía familiar.
Crece la venta de chacras.
Avanzan los grandes grupos económicos.
Se paraliza el comercio local por falta de circulante.
Y aumentan las deudas y los pagos rechazados.
La Asociación Misionera de Productores de Yerba Mate convocó a una reunión urgente para el jueves 27 en San Vicente, donde se prevén nuevas medidas ante lo que califican como un momento “insostenible”.
El ataque al INYM no empezó hoy
El sector ya venía golpeado desde el mega DNU de diciembre de 2023, que intervino el INYM y le quitó por primera vez la potestad de fijar precios. El nuevo decreto, firmado por Milei, Manuel Adorni y Luis Caputo, culmina ese proceso: prohíbe al instituto cualquier acción que afecte valores de mercado.
La zafra suspendida es apenas el primer síntoma de un terremoto productivo que recién empieza.
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Una discusión por la denominación del servicio penitenciario porteño hizo peligrar su creación, que tenía apoyo absoluto en la Legislatura tras seis meses de discusión. Al final hubo acuerdo y se votaría en la maratónica sesión del jueves.
Los tres ejes del proyecto diseñado por el Subsecretario de Política Criminal, Leandro Halperín y consensuado con todos los bloques son: pena segura, separación entre seguridad y tratamiento y la intervención de la víctima en el proceso de ejecución de la pena. El objetivo principal de la ley es evitar la reincidencia.
Pena segura implica que no haya delitos adentro de las cárceles y que los presos no puedan continuar cometiendo delitos desde adentro.
La normativa es una de las más modernas del continente y prevé que el cuerpo de agentes penitenciarios esté divido entre los que mantienen la seguridad de las cárceles y aquellos dedicados al tratamiento de los presos.
Precisamente la palabra reinserción fue el eje de una controversia. Tras seis meses de discusión y cuando ya estaba pronta para tratarse, la creación del servicio penitenciario de la Ciudad corrió peligro.
Patricia Bullrich no quería se que se llamara agencia penitenciaria sino servicio penitenciario. Parte del bloque libertario tampoco quería que se utilizará reinserción o reintegración en el nombre.
La palabra reinserción fue el eje de una controversia. Patricia Bullrich no quería se que se llamara agencia penitenciaria sino servicio penitenciario. Parte del bloque libertario tampoco quería que se utilizará reinserción o reintegración en el nombre.
La ley que creaba el servicio penitenciario porteño tenía acuerdo de todos los bloques, incluídos los libertarios. No es una cuestión menor: el gobierno quería lograr el mayor consenso posible, tal como ocurrió con la creación de la policía porteña. Y lo consiguió: tras acceder a denominarlo servicio penitenciario se obturó la discusión.
Ajeno a las discusiones, Halperín agradeció la «buena predisposición de todos los bloques y del gobierno» para tratar la normativa.
El subsecretario de Política Criminal, Leandro Halperin.
Esa ley será una de las 300 que podrían ser aprobadas durante la madrugada del viernes. Para conseguir apoyo en el Presupuesto y la Tarifaria, el gobierno accedió a pedidos casi todos los bloques.
Los libertarios y Graciela Ocaña reclamaron medidas para aliviar a la clase media, como la reducción del impuesto a los sellos para operaciones menores a los 150 mil dólares, que se excluyan de IIBB a los fondos de inversión y las criptos. También se aprobarían beneficios para adultos mayores.
El bloque de Pilar Ramírez también pidió que la bonificación del Régimen Simplificado llegue también a sociedades de hecho e irregulares de hasta tres socios y que se exima del impuesto a los sellos a los intereses de las tarjetas de crédito.
Facundo Del Gaiso no tendrá demasiada suerte con su proyecto para evitar que con el cambio de concesión los recolectores de basura sean indemnizados.
El gobierno de Javier Milei reactiva el ajuste brutal que comenzó a planificar a finales del año pasado y esta semana envió a técnicos de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a hacer mediciones al predio del INTA en Ituzaingó.
Se trata de 34 hectáreas ubicadas en Parque Leloir, una de las zonas más cotizadas del conurbano, por lo que los gremios con representación en el INTA denuncian «un gran negocio inmobiliario» y que el Gobierno tiene previsto un remate inminente de esos terrenos.
Como reveló LPO hace un año, el plan del Gobierno contempla la venta y concesión de más de 27 mil hectáreas repartidas en más de una veintena de estaciones experimentales del Instituto.
De acuerdo al documento de carácter confidencial al que tuvo acceso LPO, la intención del gobierno libertario es llegar al primer semestre de 2027 con el remate de 24 inmuebles del INTA repartidos en diversos puntos del país, además del cierre de cientos de agencias del ente, con sus consecuentes despidos.
Específicamente sobre el predio del INTA AMBA en Ituzaingó, el gobierno inició meses atrás su avanzada con el anuncio de cierre, a pesar del rechazo incluso de las entidades rurales que destacaron el rol de esa estación experimental en todo el área frutihortícola de la región.
Esta semana, ATE y APINTA se manifestaron en el Congreso. Ahí, advirtieron que el Gobierno ya ejecutó sobre el organismo un ajuste del 12% entre personal e investigadores.
En el gobierno de Kicillof advirtieron que el cierre del INTA AMBA deja a unos 10.000 productores sin acompañamiento técnico.
En el gobierno de Axel Kicillof, en tanto, el ministro de Desarrollo Agrario Javier Rodríguez repudió en las últimas horas el cierre del INTA AMBA, al advertir que el desmantelamiento de esa estación experimental deja a unos 10.000 productores sin acompañamiento técnico.
Por lo pronto, el próximo miércoles está prevista una reunión del Consejo Directivo Nacional del INTA. En ese marco, los gremios tienen previsto denunciar la avanzada del Gobierno para el remate de campos del organismo.
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