El Intendente Marcelo Orazi fue recibido en Olivos por la Primera Dama Fabiola Yañez. Durante la reunión, acordaron las bases de la construcción de un vacunatorio pediátrico en la ciudad, impulsado, gestionado y articulado junto a la Fundación Alberto Lavalle.
“Me pone muy feliz el comienzo de este proyecto que ayudará a tantas familias de la región”, manifestó la Primera Dama.
Por su parte Orazi agradeció el recibimiento y destacó la importancia de la obra que se ejecutará en la ciudad.
En la trastienda del fallo de Casación que confirmó todas las investigaciones contra el escribano Santiago Busaniche, un lobbysta del máximo nivel de la Justicia Federal, hubo movimientos eléctricos. Desde adentro del tribunal que falló en este caso de corrupción institucional contaron a LPO que el celular de Coco Mahiques, el camarista que tenía que resolver un caso que venía empatado, se descargaron presiones de todo tipo para que desnivelara a favor del implicado.
El fallo contra Busaniche tocó resortes muy delicados de la justicia y horas antes de la votación hasta circuló sin firma una presunta carta del lobbysta con duras acusaciones al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.
En Santa Fe, donde se tramita la causa contra Busaniche se comenta que el lobbysta tenía cercanía con el juez Ricardo Lorenzetti, adversario en el máximo tribunal de Rosatti.
Como sea, dos funcionarios del Tribunal de Casación comentaron a LPO que el camarista Mariano Borinsky había decidido votar en favor de Busaniche argumentando que la acción penal estaba extinguida y esto dejaba a Mahiques en situación de desempatar, porque su colega Guillermo Yacobucci se inclinaba por votar contra el lobbysta.
Mahiques finalmente decidió apoyar la posición contra el lobbysta, lo que permitió ratificar la validez de la investigación y rechazar el pedido de recusación de todos los fiscales hecho por la defensa de Busaniche.
El contexto del dictamen fue una caldera, alimentada por la interna frenética que este tema desata en la Corte Suprema, al punto que de acuerdo a los informantes la notificación de la resolución se demoró un día. Al mismo tiempo Busaniche habría distribuid una carta donde anunciaba su intención de quitarse la vida porque, según dice, van a condenarlo de manera inconstitucional. En un texto de siete páginas donde demuestra un conocimiento muy fino de magistrados a los que nombra y de pormenores del mundo judicial.
El fallo contra Busaniche tocó resortes muy delicados de la justicia y horas antes de la votación hasta circuló sin firma una presunta carta del lobbysta con duras acusaciones al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.
Busaniche tiene un pedido fiscal de seis años de prisión por estar involucrado en una causa de extorsión y en una de sobornos que implican la primera al ex juez federal Marcelo Bailaque y al actual juez federal Gastón Salmain, ambos de los tribunales federales de Rosario. Bailaque tiene prisión domiciliaria y renunció durante el trámite de esta causa. Salmain está procesado por la causa de cohecho y aunque le dictaron la prisión preventiva tiene inmunidad por sus fueros.
El tema es incómodo para Lorenzetti por su conexión con personas ligadas a una de las dos causas ratificadas contra Busaniche. Es en relación a la inserción en el caso de extorsión de Héctor Daniel Marchi, el poderoso ex administrador general de la Corte Suprema, quien fue impulsado a ese cargo por el ministro del máximo tribunal, que además lo defendió en soledad cuando lo destituyeron en 2023.
El juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti.
Oriundo de Rafaela, Marchi fue señalado como el impulsor de una extorsión contra dos agentes bursátiles de Rosario por el testimonio de un arrepentido en esa causa, el ex director regional de AFIP Carlos Vaudagna, partícipe el mismo de esa trama de chantaje. Los abogados de Busaniche pidieron que los fiscales llamen a declarar a Marchi y omitan tomarle juramento por si no resultara un mero testigo del caso, ya que si surgieran sospechas no está obligado a decir la verdad.
El caso en el que está implicado Busaniche tiene al ex juez Bailaque y al financista Fernando Whpei en prisión preventiva y procesados por cohecho. La trama empezó a develarse cuando Vaudagna admitió que en 2019 entre ellos tres armaron una causa judicial contra los agentes bursátiles Claudio Iglesias y Jorge Oneto en un asado en la casa del ex magistrado. En su declaración ampliatoria como arrepentido, en octubre pasado, Vaudagna declaró que Marchi impulsaba desde Buenos Aires ese chantaje, presionando a Busaniche para que a su vez empujara el armado de la causa penal.
Lorenzetti afirma no tener nada que ver con Marchi y tampoco con Busaniche. Pero un trámite casi de rutina para un tribunal de alzada como es la definición de un pedido de nulidad, tuvo un seguimiento y resonancia desmedidos. ¿Qué lo explica? Que lo que se juega en las causas de Busaniche son posiciones de poder real en el más alto escalón. Ya que la actividad de este escribano está en un nudo que conecta a servicios de inteligencia, a jueces de alta jerarquía y a funcionarios del aparato estatal.
Busaniche conoce, tuvo tratos o intercambió favores con más de la mitad de los jueces federales de Comodoro Py. Construyó su influencia pese a ser externo a la Justicia Federal a partir de intercambios con magistrados de todo nivel y hasta habría incidido, según fuentes judiciales, en designaciones de funcionarios que no se definen por concurso.
Lo que se juega en las causas de Busaniche son posiciones de poder real en el más alto escalón. Ya que la actividad de este escribano está en un nudo que conecta a servicios de inteligencia, a jueces de alta jerarquía y a funcionarios del aparato estatal.
Los abogados de Busaniche habían acudido a Casación para pedir la nulidad de las investigaciones que tienen doble decisión judicial que confirma las imputaciones y para recusar a los fiscales. Decían además que habían recibido tardíamente una notificación que el tribunal rechazó porque la defensa no negó haberla recibido, por lo que el trámite cumplió su fin.
Tanto Mahiques como Yacobucci rechazaron la idea de que la investigación está extinguida por el vencimiento de plazos. Argumentaron que en casos de corrupción existe un imperativo internacional al que Argentina adhiere de avanzar en el juzgamiento. Yacobucci incluso citó como jurisprudencia el voto de Lorenzetti en un caso como precedente, la causa Price, donde sostuvo que «la fijación de un plazo de caducidad tan breve es irrazonable porque sus consecuencias llevarán a la impunidad, contraria a los principios y valores de la Constitución Nacional y tratados internacionales». Para los entendidos fue un mensaje encriptado.
En el centro, el juez Guillermo Yacobucci.
Desde el lado de la fiscalía ironizaban. «Es increíble el planteo de plazos vencidos. Hotesur es de 2008 y está avanzando. Y esta investigación contra Busaniche, Bailaque y los demás es de 2024».
Para Borinsky, el voto disidente, se vulneró la garantía del plazo razonable en el caso de Busaniche para formalizar la investigación y por tanto debe considerarse extinguida. Borinsky propuso hacer lugar a las impugnaciones de la defensa y anular las decisiones de las instancias anteriores que convalidaron el proceso contra el lobbysta. Por otro lado, Borinsky sí rechazó la recusación de los fiscales que pedían los defensores de Busaniche.
En agosto pasado se dio una situación llamativa en Casación también en el trámite de esta extorsión que ahora implica a Busaniche. Fue cuando de manera sorpresiva se abrió un recurso en favor de un implicado en un rol secundario, en coincidencia con la llegada de Borinsky a integrar la sala que trató el caso. El implicado era el abogado de Rafaela Guillermo Zenklusen.
El abogado de Zenklusen fue Juan Ignacio Pascual, ex secretario de Borinsky cuando era fiscal y redactor junto con él de artículos jurídicos en diversos medios. La defensa la ejerció María Masanti que es del estudio de Pascual. Borinsky había sido designado el 1º de junio del año pasado en esa sala y Pascual diez días después. Borinsky votó abrir el planteo de Zenklusen junto con Mahiques. Pero hay que decir que cuando se trató el caso, Borinsky y el resto de sus colegas votaron por unanimidad contra la pretensión de Zenklusen.
Mientras crece el debate politico y las especulaciones en torno a la posibilidad de un nuevo desdoblamiento electoral en la provincia de Buenos Aires en 2027, en la Junta Electoral contemplan ese escenario y preparon un anteproyecto para ampliar los plazos electorales con el fin de ordenar este proceso.
Para la presentación de alianzas, el anteproyecto de la Junta Electoral pide ampliar la presentación de 60 a 80 días antes de las PASO. En tanto, lleva de 50 a 60 días antes de la elección la presentación de listas de candidatos.
Además, la presentación de modelos de boletas se amplía de 30 a 45 días y el inicio de la campaña estaría fijado en 60 días antes de los comicios. En tanto, establece que el padrón se cierra 90 días antes.
La iniciativa girada al Ministerio de Gobierno bonaerense a cargo de Carlos Bianco se redactó días antes de que Hilda Kogan dejase la presidencia rotativa de la Corte bonaerense (y por ende de la Junta Electoral provincial) a Sergio Torres.
Cono contó LPO, Kogan había ejercido una fuerte presión a la Legislatura para ampliar los plazos electorales el año pasado, consumado el desdoblamiento que dispuso Axel Kicillof para aquellas legislativas.
«La ampliación de los términos asegura que la oferta electoral sea fidedigna, ya que una restricción irrazonable de los mismos, pone en jaque el debido proceso electoral», dice el documento de la Junta Electoral
En esa oportunidad, la Junta Electoral había dado fuertes señales de alerta sobre la imposibilidad de cumplir con la ley vigente, por lo que en la Legislatura se hicieron modificaciones de los plazos para la presentación de listas de candidatos y de las boletas.
En el organismo focalizan en una ampliación de los plazos que corren entre la presentación de las listas de candidatos, su verificación y posterior oficialización y la presentación de las boletas partidarias permitiría.
Entre los argumentos, hablan de «humanizar el trabajo de los empleados de la junta atento su extenso volumen», además de «garantizar que los partidos políticos cuenten con el tiempo suficiente para ejercer su derecho de defensa y puedan competir en la contienda electoral».
«La ampliación de los términos asegura que la oferta electoral sea fidedigna, ya que una restricción irrazonable de los mismos, pone en jaque el debido proceso electoral», dice el documento de la Junta Electoral al que tuvo acceso LPO.
Y agrega: «En el caso de la presentación de las listas de candidatos, se busca con la ampliación del plazo, facilitar el principio de participación y evitar que por errores de forma se pueda ver alterado el mismo, ello en virtud del arduo proceso de oficialización de las candidaturas que implica un gran volumen de trabajo».
En el caso de extensión del plazo de presentación de las boletas partidarias, la Junta señala que está íntimamente ligado con el de presentación de candidatos y lleva consigo varias etapas (reserva del color, presentación del diseño, audiencia de boletas, impugnaciones a los diseños y su resolución, oficialización del modelo, etc.), «extremos que conlleva a que sea impracticable transitar todas esas etapas del proceso con los términos hoy previstos en la ley».
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