El Intendente Marcelo Orazi se reunió en Buenos Aires con el Presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) Alexandre Roig.
Durante el encuentro, el Intendente puso en conocimiento de Roig la situación por la que atraviesa la Cooperativa La Reginense.
Luego acordaron distintas acciones de manera que el INAES, junto con la Dirección de Cooperativas y Mutuales de Río Negro, evalúe la forma de buscar una alternativa que permita, por un lado, el pago de salarios y, por el otro, la puesta en funcionamiento de la empresa.
José Antonio Kast presentó a los 25 ministros que lo acompañarán a partir del próximo 11 de marzo, entre los que se destacan dos exabogados del dictador Augusto Pinochet.
Uno de ellos es Fernando Rabat como ministro de Justicia y Derechos Humanos. Es académico de la Universidad del Desarrollo, quien integró el equipo que defendió a Pinochet en distintas causas, entre ellas el denominado «Caso Riggs», vinculado a sus cuentas bancarias secretas en Estados Unidos.
El otro funcionario pinochetista es Fernando Barros, socio fundador de uno de los estudios jurídicos más grandes de Chile, que también colaboró en la defensa de Pinochet cuando fue detenido en Londres, en 1998 y será ministro de Defensa.
Kast conformó un gabinete poco político, integrado por 13 hombres y 11 mujeres, en su mayoría sin militancia partidaria y provenientes del sector académico o empresarial.
«Chile necesita decisión, carácter, necesita un gobierno que actúe con prontitud. Por eso, hoy les presento un gabinete para un gobierno de emergencia, un equipo convocado para terminar con la inercia y comenzar a recuperar Chile», aseguró Kast en la presentación.
La elección de los ministros generó ruido interno porque no hay muchos representantes del Partido Republicano ni de partidos como UDI, Renovación Nacional o Evópoli que lo apoyaron de cara a la segunda vuelta.
Uno de ellos es Fernando Rabat como ministro de Justicia y Derechos Humanos. Es académico de la Universidad del Desarrollo, quien integró el equipo que defendió a Pinochet en distintas causas, entre ellas el denominado «Caso Riggs», vinculado a sus cuentas bancarias secretas en Estados Unidos
Entre los cargos partidarios figura el Ministerio del Interior y la jefatura de gabinete, que estará a cargo del exdiputado de la UDI Claudio Alvarado. Además, había gran expectativa por las definiciones en Seguridad y Hacienda, áreas clave tras las promesas de campaña de mano dura contra la delincuencia y la migración irregular, y un fuerte ajuste fiscal.
Fernando Rabat.
En Seguridad fue designada Trinidad Steinert, hasta ahora fiscal de la región fronteriza de Tarapacá, mientras que en Hacienda asumirá Jorge Quiroz, economista ultraliberal que coordinó las propuestas económicas de Kast y que fue mencionado años atrás en una causa por colusión de precios en el sector avícola.
El otro funcionario pinochetista es Fernando Barros, socio fundador de uno de los estudios jurídicos más grandes de Chile, que también colaboró en la defensa de Pinochet cuando fue detenido en Londres, en 1998 y será ministro de Defensa.
Para Relaciones Exteriores, el mandatario electo eligió a Francisco Pérez Mackenna, gerente general de Quiñenco, una de las empresas del grupo Andrónico Luksic, marcando un perfil empresarial también en Economía y Minería, carteras que estarán bajo la conducción de Daniel Mas.
La Secretaría General de la Presidencia (Segpres), encargada del vínculo con el Parlamento, quedará en manos del exsenador de Renovación Nacional José García.
El resto del gabinete lo completan la presentadora Mara Sedini (Vocería), la socióloga María Jesús Wulf (Desarrollo Social), el arquitecto Iván Poduje (Vivienda), el economista Tomás Rau (Trabajo y Previsión Social), la economista María Paz Arzola (Educación), la médica May Chomalí (Salud), el exintendente Martín Arrau (Obras Públicas) y la exministra Catalina Parot (Bienes Nacionales).
También integran la nómina la profesora evangélica Judith Marín (Mujer y Equidad de Género), el exministro y exdiputado Jaime Campos (Agricultura), la exministra y exdiputada Ximena Rincón (Energía), el exdirector del Metro Luis de Grange (Transporte y Telecomunicaciones), la exasesora presidencial Francisca Toledo (Medioambiente), la exatleta Natalia Duco (Deporte), el exdiputado Francisco Undurraga (Cultura) y la emprendedora tecnológica Ximena Lincolao (Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación).
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El equipo económico no terminó de recuperarse del estrés que pasó para conseguir los USD 4.300 millones del vencimiento de la semana pasada, que ya tiene que ocuparse de ver como transita una licitación clave el próximo miércoles, que supera los 20 millones de pesos, en otro de los puntos de mayor tensión financiera de lo que queda de enero.
El miércoles 14 vencen $19,3 billones correspondientes a dos Lecaps. Cerca de la mitad de ese monto está en manos del propio Estado, lo que reduce el riesgo inmediato. Pero el resto está en poder del mercado y obliga a renovar deuda en un contexto de tasas altas y expectativas inflacionarias en aumento.
A ese compromiso se suma el remanente de la letra dólar linked D16E6. El vencimiento original era de $6 billones. Pero el Gobierno logró postergar $3,4 billones hasta fin de mes mediante una operación de canje corto, lo que alivió parcialmente la carga del 14 de enero.
La maniobra se instrumentó a través de la Resolución Conjunta de las secretarías de Finanzas y Hacienda. Se dispuso la ampliación de la LELINK D30E6, con vencimiento el 30 de enero, por hasta USD 4.000 millones, para absorber la D16E6 que vencía originalmente el 14 de enero.
La conversión se apoya en la Ley de Presupuesto 2026 y en decretos que permite emitir letras para el mismo ejercicio y aceptar títulos como forma de pago, independientemente de la moneda.
Estos enjuagues acompañan un creciente interés de los operadores financieros por los bonos ajustados por inflación, un giro previsible ante la aceleración infalcionaria. Según IEB, estos instrumentos resultan más atractivos en un escenario de «desinflación más lenta» y son funcionales a estrategias de carry trade. Los operadores recomienda privilegiar bonos CER con vencimientos en diciembre y octubre de 2026, con rendimientos cercanos al 6%, y papeles al 2027 y 2028 en la zona que va del 7,5% a 8%.
El mercado empieza a priorizar los bonos ajustados por inflación, porque observan que la baja del ritmo inflacionario es más lenta de lo esperado. Los operadores recomienda privilegiar bonos CER con vencimientos en diciembre y octubre de 2026, con rendimientos cercanos al 6%, y papeles al 2027 y 2028 en la zona que va del 7,5% a 8%.
Así, el calendario de deuda en pesos volvió a convertirse en una trampa que el propio Gobierno se colocó delante. Mes a mes, el Tesoro fue acumulando compromisos crecientes, con picos previsibles. Una estrategia que fue procastinando el problema.
El primer semestre muestra una dinámica irregular, con saltos fuertes al inicio del año y un alivio hacia el invierno. La segunda mitad del año arranca con un respiro engañoso. Julio es casi un desierto y agosto apenas mueve la aguja. Septiembre reaparece con señales de alerta, pero todavía manejables. Octubre y noviembre vuelven a tensar la cuerda. Diciembre, en cambio, es otra cosa. No es un pico más. Es una pared.
La acumulación de vencimientos se dispara en el último mes del año y concentra una masa de deuda que el propio esquema oficial decidió llevar hasta ahí. No es herencia ni mala suerte: es diseño. Una pared construida con instrumentos en pesos, indexados y de corto vuelo. El problema no es solo el monto, sino el contexto. Llegar a diciembre exige haber renovado todo lo previo sin fisuras, sostener tasas altas, convivir con indexaciones y confiar en que el mercado siga acompañando. Cualquier ruido antes de fin de año convierte ese mes en un test de estrés extremo.
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