El Intendente Marcelo Orazi se reunió en Buenos Aires con el Presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) Alexandre Roig.
Durante el encuentro, el Intendente puso en conocimiento de Roig la situación por la que atraviesa la Cooperativa La Reginense.
Luego acordaron distintas acciones de manera que el INAES, junto con la Dirección de Cooperativas y Mutuales de Río Negro, evalúe la forma de buscar una alternativa que permita, por un lado, el pago de salarios y, por el otro, la puesta en funcionamiento de la empresa.
Una resolución publicada hoy en el Boletín Oficial habilita controles federales en rutas y accesos para revisar vehículos que transporten hinchas rumbo a partidos de fútbol. La medida, firmada por Alejandra Monteoliva, la actual ministra de Seguridad —sucesora de Patricia Bullrich— amplía el poder de las fuerzas federales fuera de los estadios y permite retener objetos que ni siquiera constituyen delito. El gobierno la presenta como una política preventiva contra la violencia en el fútbol; especialistas advierten que abre zonas grises sobre derechos y discrecionalidad policial.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
El nuevo control a hinchas empieza en la ruta
La Resolución 233/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, publicada hoy en el Boletín Oficial, crea el Programa Federal de Control en Ruta para Eventos Deportivos, un esquema que habilita a fuerzas federales a realizar controles preventivos a hinchas de fútbol durante los traslados hacia los estadios.
Hasta ahora la mayoría de los operativos de seguridad se concentraban en las inmediaciones de los estadios o en los accesos urbanos. La nueva norma extiende el operativo a rutas nacionales, autopistas y corredores interurbanos, donde se podrán detener colectivos, autos o motos cuando exista la presunción de que transportan hinchas.
La resolución establece que el objetivo es anticipar situaciones de violencia antes de que lleguen al estadio, en coordinación con fuerzas provinciales y autoridades deportivas.
Retenes, requisas y secuestro de objetos
El programa autoriza a las fuerzas federales a:
detener vehículos que transporten parcialidades
inspeccionar personas y equipaje
impedir el ingreso de objetos considerados potencialmente peligrosos
Uno de los aspectos más discutidos es que los objetos retenidos no necesariamente deben ser ilegales. La resolución permite secuestrar elementos que, según el criterio del agente, podrían utilizarse en hechos de violencia dentro del evento deportivo. Esto incluye herramientas, mástiles u otros objetos contundentes que normalmente no constituyen delito.
En caso de detectar armas, drogas o personas en estado de intoxicación, el procedimiento debe pasar a la justicia.
Controles migratorios y presencia de extranjeros
La resolución también contempla situaciones vinculadas a hinchas extranjeros. Si durante los operativos se detecta a personas de otra nacionalidad con situación migratoria irregular, las fuerzas federales deberán dar intervención a la Dirección Nacional de Migraciones para que evalúe las medidas correspondientes.
El punto genera debate porque introduce controles migratorios dentro de operativos de seguridad deportiva, algo que hasta ahora no era habitual en los dispositivos ligados al fútbol y que profundiza una creciente persecución xenofóbica. En la práctica, abre la puerta a que controles a hinchas incluyan también verificaciones sobre documentación migratoria.
La continuidad del modelo Bullrich
La resolución no surge en el vacío: forma parte de una continuidad del modelo de seguridad impulsado por Patricia Bullrich, que durante su gestión había instalado una lógica de fuerte intervención preventiva.
Entre esas políticas se destacaron:
Tribuna Segura, sistema de control de antecedentes para ingresar a estadios
ampliación del derecho de admisión
protocolos que reforzaban el poder operativo de las fuerzas federales
La nueva resolución profundiza ese enfoque, pero con una diferencia clave: lleva el control policial fuera del estadio y lo traslada a la circulación en rutas y transportes.
La zona gris de los derechos
Juristas consultados señalan que el problema principal no es el objetivo de la norma —prevenir violencia— sino la amplitud del criterio policial que habilita.
La resolución permite controles cuando exista “presunción de condición de parcialidad”, una fórmula muy abierta que podría incluir situaciones como:
llevar camiseta de un club
viajar en grupo
estar en un colectivo identificado con hinchas
Ese criterio podría tensionar principios constitucionales como:
la libertad de circulación
la presunción de inocencia
la prohibición de discriminación
También genera debate el punto que permite retener objetos legales por mera sospecha de uso indebido.
Seguridad preventiva o expansión del poder policial
Desde el gobierno sostienen que la medida apunta a reducir la violencia en el fútbol y desarticular movimientos de barras antes de los partidos. Pero críticos de la resolución advierten que se trata de una expansión significativa del poder policial preventivo, que otorga a las fuerzas federales facultades amplias para controlar ciudadanos que no han cometido ningún delito.
El verdadero impacto de la medida, coinciden especialistas, dependerá menos de la letra de la resolución que de cómo se aplique en la práctica. Si se utiliza para desarticular barras violentas, podría ser una herramienta útil. Si se aplica de forma indiscriminada, advierten, puede convertirse en un mecanismo de control masivo.
La brutal embestida de los jueces federales de Comodoro Py le dejó al gobierno de Milei bastante claro que no cayó bien la designación de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia y acaso sea necesario reabrir la discusión por los lugares en la Corte Suprema y la Procuración, para alcanzar una «paz judicial» que tranquilice a Karina.
Los jueces Mariano Borinsky, Ariel Lijo, Marcelo Martínez de Giorgi y hasta María Servini de Cubría lideran un grupo más amplio de jueces federales que se sintieron destratados por la hermana de Milei, como reveló LPO, y ahora mueven todas las causas que la complican a ella, su hermano y su jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
La revelación de los nombres de otras dos mujeres que «prestaron» 100.000 dólares a Manuel Adorni para comprar su casa en el country Indio Cua en base a una hipoteca en su departamento de Parque Chacabuco, en una maniobra espejo del departamento de Caballito, es parte de esa tensión. Hoy se supo que Graciela Isabel Molina de Cancio le «prestó» al vocero 85.000 dólares y Victoria María José Cancio 15.000 dólares. El escándalo interminable del jefe de Gabinete sumó así otro hecho digno de investigación penal.
La lectura extendida en Comodoro Py es que los hermanos Milei «están desbordados» y necesitan urgente una «paz judicial». Esto coincide con el interés de los jueces federales que se completen las vacantes del máximo tribunal y la Procuración General de la Nación este año. A la que se suma la vocación por ocupar juzgados federales que ya está en marcha. Luego de enviar el pliego de la mujer de Martínez de Giorgi, este lunes el gobierno mandó los pliegos para juezas de Laura Kvitko y Jessica Sircovich, secretarias de Borinsky.
Borinsky es uno de los nombres que circula en Comodoro Py para sumarse a la Corte Suprema. Si avanza esa línea de acción, se pondría en crisis el supuesto compromiso que Mahiques asumió con el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, para que la designación de los nuevos ministros de la Corte se realice en el próximo mandato. Esa es al menos la teoría del grupo de Comodoro Py que se ampara en las declaraciones del propio ministro, que dijo que no es prioridad del gobierno completar el máximo tribunal.
Es muy difícil que la Corte Suprema pueda garantizar un acuerdo de toda la justicia con un gobierno, eso no pasa.
Un fiscal federal explicó a LPO que Comodoro Py buscó demostrar al Gobierno que tener buena relación con la Corte no alcanza. «Es muy difícil que la Corte Suprema pueda garantizar un acuerdo de toda la justicia con un gobierno, eso no pasa», afirmó.
Ahora, los jueces de Comodoro Py ven la oportunidad de expandirse hasta la Corte. La jugada se da en un contexto de reacomodamientos en la cabeza del Poder Judicial: como informó LPO, Rosenkrantz y Lorenzetti apuraron a Rosatti con un proyecto para cambiar la reglamentación de la selección de jueces en el Consejo de la Magistratura, órgano que también conduce el ex intendente de Santa Fe. Un deslizamiento inquietante.
El juez federal, Mariano Borinsky.
Por eso, el grupo de Lijo, Borinsky, Martínez De Giorgi y Servini no abandona el diálogo con Sergio Massa y los gobernadores peronistas, en el entendimiento que cualquier designación de jueces en la Corte y el procurador va a necesitar una proción importante del bloque de senadores del PJ.
La filtración de los audios y los documentos del teléfono de Mauricio Novelli con el presunto contrato firmado por Javier Milei para cobrar 5 millones de dólares a cambios de promocionar la criptoestafa, sumados a la investigación sobre el patrimonio de Adorni y ahora la causa de los créditos del banco Nación que también recaló en Lijo, habrían mostrado los límites de la estrategia de Karina y los Menem, que impulsaron la designación de Mahiques en lugar de Guillermo Montenegro, el candidato de Comodoro Py.
Mariano Borinsky, Ariel Lijo, Marcelo Martínez De Giorgi y hasta María Servini integran un lote de magistrados interesados en que se completen las vacantes del máximo tribunal y la Procuración General de la Nación este año.
«El error fue bochar a Montenegro porque era cercano a Santiago Caputo, sin darse cuenta que atrás estaba Comodoro Py», afirmó a LPO un juez federal. Ahora el gobierno tiene que lidiar con una realidad muy incómoda: la causa Libra esté en manos de Martínez de Giorgi y la investigación sobre la presunta corrupción de Adorni se concentró en el juzgado de Lijo.
El problema es que tampoco es seguro que el peronismo preste sus votos en el Senado para que los impulsores del copamiento de la Corte logren su objetivo. «¿Por qué el PJ le daría un procurador o un juez de la Corte a Milei, justo cuando pasa su peor momento?», se preguntó ante LPO un experimentado operador judicial.
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
El otro gran inconveniente para concretar la jugada es que el gobierno carece de una figura de volumen político para tejer la trama de acuerdos imprescindibles entre la Casa Rosada, el Poder Judicial y el Congreso. De hecho, ya hizo agua en 2024 con Santiago Caputo y Sebastián Amerio a la cabeza, cuando lo convencieron a Milei que Lijo y Manuel García-Mansilla serían ministros de la Corte y fracasaron de manera estrepitosa.
Paradójicamente, una de las fuentes consultadas no descartó que Lijo apueste a su propia revancha por un sillón en el máximo tribunal. También suena el nombre de Borinsky para ocupar alguna de las vacantes.
Cuando esté jugando la Selección, más si al equipo argentino le va bien, podría ser un buen momento para meter los pliegos para la Corte.
El deadline para enviar los pliegos de los nuevos candidatos a la Corte sería entre el Mundial a disputarse en junio próximo y no muchos después. «Cuando esté jugando la Selección, más si al equipo argentino le va bien, podría ser un buen momento para meter los pliegos para la Corte», dijo a LPO un funcionario judicial al tanto de las conversaciones.
«El año que viene imposible mandar los pliegos de la Corte porque es año electoral», agregó un importante juez de Comodoro Py, que sigue con interés el tema.
El ex viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, que no logró coronar los jueces en la Corte Suprema.
El Intendente Marcelo Orazi y el Secretario de Obras e Infraestructura de Río Negro Alejandro Echarren recorrieron este mediodía los trabajos que se ejecutan en la calle Libertad, donde durante la tarde de hoy se comenzará con la colocación del asfalto. En la oportunidad, el jefe comunal destacó el avance de los trabajos en estos…
La Municipalidad de Villa Regina adhiere a la Resolución N° 6526 del Ministerio de Salud de Río Negro que extiende las medidas sanitarias destinadas a contener los contagios de COVID-19 hasta el 17 de septiembre. Circulación La restricción a la circulación de las personas será entre las 2:00 de domingo a jueves, y la 3:00…
Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy decidieron romper la estrategia de defensa unificada con el gobierno en el caso de la estafa LIBRA y desataron una crisis de nervios en los hermanos Javier y Karina Milei.
Fuentes al tanto de la situación dijeron a LPO que Terrones Godoy cambió al abogado que le había puesto el gobierno, Daniel Rubinovich, y contrató los servicios de Tomás Briganti y Nicolás Grimaldi. «Terrones se quiere bajar de la estrategia de los Milei y por eso cambió de abogado y puso unos pibitos», comentaron.
En efecto, Briganti y Grimalid, graduados en la Universidad de San Andrés y la UBA, respectivamente, fundaron un estudio jurídico a la medida de los criptobro. Con videos en Instagram y Youtube, en sus piezas publicitarias parecen más preocupados por defender a personas acusadas de abuso que de estafa.
Ese movimiento acaso revela el fin de la estrategia unificada en el caso que investiga el juez Marcelo Martínez de Giorgi, a quien el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quiso complacer con el ascenso de su esposa, Ana Juan, como jueza en el juzgado federal de Hurlingham, enviando su pliego al Senado para que lo trate la comisión de Acuerdos.
Como informó LPO, ese gesto obsceno del Poder Ejecutivo tenía por objetivo persuadir al magistrado para que contribuya con el fiscal Eduardo Taiano en el freno a la causa LIBRA. Sin embargo, el nombramiento de Ana Juan podría no haber sido suficiente para que Martínez de Giorgi planche el expediente: «le pegaron una apretada fea para que congele la causa», deslizaron en Comodoro Py.
Terrones Godoy cambió al abogado que le había puesto el gobierno, Daniel Rubinovich, y contrató los servicios de Tomás Briganti y Nicolás Grimaldi.
Pero Terrones Godoy no es el único problema de los hermanos Milei. Si bien Novelli mantiene a Rubinovich como defensor, ya amenaza con revelar la trama del escándalo. «Novelli le dijo a la Casa Rosada que, si a él lo embocan, va a hablar y va a contar todo», dijó a LPO un abogado que sigue de cerca el expediente $Libra.
El juez federal Martínez di Giorgi.
Esa es la razón por la que Karina entró en pánico en los últimos días y apeló a instrucciones más rigurosas sobre los magistrados que manejan las causas que podrían complicarla a ella y al Presidente en el plano judicial. «La designación de la esposa de Martínez de Giorgi es nada más que lo que se ve en la superficie», deslizó un juez preocupado por su colega.
El nerviosismo del gobierno creció exponencialmente desde que trascendieron documentos del teléfono celular de Novelli que revelaba un acuerdo con los Milei para pagarles USD 5 millones a cambio que difundan la cripto $Libra. El revuelo público que se armó dejó al descubierto que el fiscal Taiano tenía las pruebas pero no avanzaba o pisaba la investigación.
De hecho, la semana pasada el diputado Grabois pidió la indagatoria del Presidente, Karina, Terrones Godoy, Novelli, su hermana Pía y su madre María Alicia Raffaele. Martínez de Giorgi tiene una decisión difícil por delante.
En Villa Regina poco han hecho los gobiernos de turno para sanear nuestro margen del río Negro y colaborar con la salubridad de sus aguas; dando una solución definitiva al derrame de efluentes que son vertidos con un tratamiento mínimo al río. Como si la propia desidia de infraestructura no fuera suficiente, nuestra localidad se…
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