El Intendente Marcelo Orazi se reunió en Buenos Aires con el Presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) Alexandre Roig.
Durante el encuentro, el Intendente puso en conocimiento de Roig la situación por la que atraviesa la Cooperativa La Reginense.
Luego acordaron distintas acciones de manera que el INAES, junto con la Dirección de Cooperativas y Mutuales de Río Negro, evalúe la forma de buscar una alternativa que permita, por un lado, el pago de salarios y, por el otro, la puesta en funcionamiento de la empresa.
El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, cuestionó el Régimen de Inocencia Fiscal recientemente reglamentado por el Gobierno nacional y sostuvo que se trata de un blanqueo permanente orientado a evasores de alto patrimonio, presentado bajo un relato que intenta interpelar a la clase media sin ofrecerle beneficios concretos.
«Lo que el Gobierno llama ‘inocencia fiscal’ en los hechos habilita un blanqueo permanente dirigido principalmente a personas con mucha capacidad económica que evadieron impuestos», afirmó Girard en declaraciones radiales.
Según explicó, el discurso oficial asocia la medida con valores como la libertad individual y el incentivo a la iniciativa privada, pero el diseño concreto del régimen deja en claro a quiénes beneficia. «No está pensado para la clase media trabajadora ni para quienes producen y viven de su esfuerzo. El relato apunta a seducir a sectores medios y a ciertos perfiles profesionales, pero el impacto real favorece a grandes patrimonios, incluso a actividades de origen dudoso», señaló.
Uno de los puntos que genera mayor preocupación es la confusión deliberada que el gobierno de Javier Milei instala en torno al delito de evasión fiscal. «Se intenta hacer creer que la evasión dejó de ser un delito penal, y eso es falso. No se modificó la ley penal. Lo único que cambia es que el fisco decide no controlar hasta determinados montos (elevados), pero el delito sigue existiendo», advirtió.
En ese sentido, Girard remarcó que el régimen construye una falsa sensación de seguridad jurídica que puede volverse en contra de quienes adhieran. «Un gobierno puede cambiar el criterio de control, o puede hacerlo una gestión posterior. Las deudas solo se extinguen con la prescripción. El riesgo sigue estando», subrayó.
El titular de ARBA vinculó el impulso del régimen con la fragilidad macroeconómica y la escasez de divisas. «Se monta un relato de macroeconomía ordenada cuando en realidad faltan dólares. Sobre esa ficción se construye otra: que ahora no hay delito y que se pueden sacar los dólares del colchón sin consecuencias», sostuvo.
«Necesitan esos dólares de manera urgente. Esto no es una señal de fortaleza, es una muestra de debilidad. Están intentando convencer a la gente de que entregue sus ahorros para sostener un esquema financiero que no resuelve los problemas estructurales de la economía», agregó.
Por último, Girard enmarcó la discusión en un debate de fondo sobre el sistema tributario argentino. «La clase media y los sectores populares soportan una carga tributaria elevada porque durante décadas se gravó el consumo y se debilitó el cobro de impuestos a quienes más capacidad contributiva tienen, sumado a la evasión y la fuga de los sectores más ricos», explicó.
«El debate que viene es casi fundacional: cómo hacemos crecer la economía, cómo revertimos el ajuste, cómo financiamos al Estado. Este régimen no va en ese sentido: consolida la injusticia fiscal y erosiona la legitimidad del Estado», concluyó.
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El modelo social, como se ha conceptualizado en la literatura, no es solo una estructura económica, sino una arquitectura institucional históricamente consolidada que gestiona las relaciones entre el mercado, el Estado y la sociedad. Refleja cómo se coordina el mercado laboral con los sistemas de protección social a los cuales Argentina ha llegado por varias vías institucionales, a veces con mayor éxito y otras con mayores desgracias.
Este pacto institucional parece estar cambiando de forma estructural.
Estudios recientes de nuestro equipo en el Instituto Gino Germani muestran dinámicas preocupantes en el mercado laboral, caracterizadas —de manera deliberada o no— por lo que podría definirse como un (no) modelo. Más allá del cierre de fábricas y la aceleración de quiebras, cuyo caso más emblemático es Fate, los datos oficiales —técnicamente cuestionables y objeto de una profunda deslegitimación académica— muestran una tendencia regresiva: el empleo formal cayó a su mínimo histórico (45%), con 407 mil puestos destruidos y apenas 226 mil precarios creados. El 72% de los ocupados gana menos que la canasta básica y uno de cada cinco trabajadores con jornada completa es pobre, lo que genera casi como humorada la desaceleración del divorcio y padres y madres que pasan un mayor tiempo en casa. El pluriempleo afecta al 12%, mientras la industria y la construcción se contraen frente a servicios precarios. La pobreza bajó al 31,8% por ingresos informales frágiles, no por empleo de calidad: dos tercios de la fuerza laboral padece precariedad o desocupación.
Vivimos un momento particular.
La reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei cambia las reglas de juego entre empleados y empresas, entre el trabajo y el capital; y el árbitro —el Estado— comienza a ser profundamente parcial.
Un punto crítico del proyecto es la modificación del sistema de indemnizaciones por despido, donde se reemplaza el esquema tradicional por fondos de cese laboral o sistemas de capitalización individual, similares a los vigentes en la construcción. La propuesta legislativa contempla ampliar el período de prueba más allá de los tres meses, estableciendo una duración variable que podría extenderse hasta seis u ocho en función del tamaño de la empresa.
Para los contratos antiguos, la nueva ley marca un quiebre: si un trabajador con muchos años de servicio es despedido tras su promulgación, el cálculo de su liquidación se regirá íntegramente por las nuevas reglas, sin considerar su antigüedad previa. Además, la jornada laboral podrá extenderse hasta 12 horas.
La reconfiguración global de las economías, marcada por el desarrollo tecnológico, la modernización de los procesos productivos y el crecimiento exponencial del sector de servicios, ha actuado como un poderoso motor de cambio social. En nuestra particular economía, un grueso de la misma está despojada de la protección, la tecnología, la mayor productividad y de un potencial bienestar. Más allá de las métricas puramente económicas, estos fenómenos han contribuido decisivamente a la erosión de las solidaridades colectivas tradicionales y al ascenso de un individualismo contemporáneo que redefine las expectativas de los ciudadanos frente al mercado, el Estado y la comunidad.
El núcleo de esta transformación reside en una mutación profunda de la estructura laboral y social. La modernización ha propiciado la emergencia de nuevas clases medias de servicios, cuyo espacio de trabajo difiere radicalmente del de la fábrica fordista. Estos profesionales ya no se agrupan en grandes plantas industriales; sino que trabajan en pequeñas oficinas, microempresas o de forma autónoma, en entornos donde la interacción social es débil y fragmentaria. Este proceso de socialización frágil y atomizado fomenta estrategias de desarrollo estrictamente personales e individuales. La antigua lealtad a una gran compañía, que ofrecía una carrera vitalicia y un sentido de pertenencia colectiva se desvanece frente a la lógica del proyecto personal, la empleabilidad y la marca individual.
Paralelamente, la atomización del tejido industrial —con la externalización de servicios, la deslocalización y el auge de las plataformas digitales— ha quebrado los comportamientos colectivos que antes surgían de la experiencia compartida en el espacio de trabajo. Este fenómeno es, en gran medida, un efecto directo de la segmentación de los mercados laborales, que divide a los trabajadores entre un núcleo estable y cualificado y, por otro lado, una periferia precaria y desprotegida.
La consecuencia más visible de este proceso es el declive histórico de las tasas de afiliación sindical. Los sindicatos, diseñados para representar a masas de trabajadores homogéneos en industrias concentradas, encuentran enormes dificultades para organizar a una fuerza laboral dispersa, diversa y a menudo individualista en sus aspiraciones. Y no fueron solamente los baluartes de las conquistas sociales de los más débiles, sino que, incluso fuera de Argentina, pudieron conseguir, en sus procesos de demanda, mejores resultados distributivos.
En lugar del antiguo “obrero-masa”, colectivo y con identidad de clase, hoy emerge una figura laboral más aislada. Este vacío no ha quedado desierto, sino que ha sido ocupado por formas de microcorporativismo. El individuo negocia de forma aislada sus condiciones con su empleador o, en el mejor de los casos, busca soluciones privadas a riesgos que antes eran colectivos (seguros de salud, planes de pensiones privados, horas extras, vacaciones). Este proceso de transformación, incubado desde la década de 1980, encontró en el pensamiento neoliberal su principal soporte ideológico. Su prédica a favor de la flexibilidad, la desregulación y la responsabilidad individual ha proporcionado el marco intelectual que justifica y acelera estas dinámicas.
El individualismo de mercado es pragmático y radical. Concibe al individuo como un agente autónomo que compite en una esfera mercantil con reglas mínimas. Su referencia jurídica, como plantea el investigador Antonio Martín Artiles, de la Universidad Autónoma de Barcelona, es el “common law”, flexible y basado en la jurisprudencia, que refleja esta concepción de un orden espontáneo y descentralizado. El Estado es visto con recelo y su rol queda relegado a garantizar contratos de carácter asimétrico, pero no el de un proveedor activo.
El individualismo institucionalizado, en cambio, se desarrolla dentro de un marco de instituciones robustas. Propio de culturas corporativistas, este modelo concibe al individuo como un titular de derechos y deberes precisos, garantizados por un Estado fuerte y un sistema de negociación colectiva. Su tradición jurídica es el derecho corporativo germánico, codificado y sistemático. Aquí, la autonomía individual no se opone a la solidaridad institucional, sino que se ejerce a través de ella.
Frente al avance de un espectro individualista, la cultura colectivista —cuyo principal exponente es la organización sindical— responde a una lógica sustancialmente distinta. Este paradigma ancla las expectativas de protección social en la ley, el Estado y la autoridad pública, configurando una visión jerárquica del orden social en la que el individuo se integra y es resguardado por marcos colectivos definidos desde arriba: la familia, el gremio, la nación, el partido. Sin embargo, este enfoque retrocede de manera constante ante la expansión de la modernización capitalista, la mercantilización de las relaciones sociales y el avance de la ideología del mérito individual.
El período actual de restauración conservadora y neoliberalismo extremo puede interpretarse sociológicamente como una reacción a la desestabilización de los órdenes tradicionales acelerada por la globalización y las crisis económicas. Se observa una lucha por la imposición de un nuevo “sentido común” que naturaliza la mercantilización de la vida (biopolítica neoliberal) y restaura jerarquías sociales y culturales percibidas como amenazadas, como los privilegios de la elites, la expectativa de ganancia empresarial y un mundo a ser vívido en su plenitud por los más ricos. Se manifiesta como una recomposición de alianzas de clase, donde élites económicas aprovechan el malestar social (precariedad, pérdida de identidad) para promover un individualismo competitivo radical y desmantelar estructuras de solidaridad colectiva.
Este período encarna la paradoja del neoliberalismo como orden antipolítico: al reducir a la ciudadanía a la mera gestión empresarial de sí misma, vacía la esfera pública y socava los fundamentos de la democracia deliberativa. Sobre ello se intenta desmantelar la protección de trabajadores y trabajadoras, pero sobre el propio proceso de desmantelamiento a la luz de los resultados sociales, parece iniciarse una lenta corrosión de un modelo hierático.
El juez federal de Rosario Gastón Salmain está procesado por delitos de corrupción considerados de extrema gravedad institucional. Tiene prohibida la salida del país y el único motivo por el que no está preso es porque sus fueros como magistrado lo protegen. Pese a eso la Cámara Federal de Rosario le acaba de asignar un juzgado en la ciudad de Santa Fe, que se añade al tribunal de Rosario en el que sigue en funciones.
Salmain es juez civil y comercial en Rosario pero el camarista federal Aníbal Pineda le asignó la subrogancia en el juzgado federal 2 de Santa Fe para cubrir la licencia del juez Aldo Alurralde que está de vacaciones entre el 9 y el 19 de febrero. Anteriormente le habían puesto a cargo también en la misma ciudad del juzgado federal 1. Por lo que manejará tres juzgados.
El 26 de diciembre pasado Salmain fue procesado por el juez federal Carlos Vera Barros por intentar cobrar un soborno tras ordenarle al BCRA la venta de 10 millones de dólares en billetes a un fideicomiso explotado por el financista rosarino Fernando Whpei mientras regía el cepo bancario. El juez le impuso también un embargo de 200 mil dólares sobre sus bienes. Le imputaron los delitos de cohecho pasivo agravado, incumplimiento de deberes de funcionario público y prevaricato.
Ahora la Cámara Federal de Rosario, pese a esta situación, coloca a Salmain en un juzgado nuevo, por la cual además cobrará una remuneración adicional, con la función de definir conflictos empresariales y también del fuero contencioso administrativo, que trata los litigios donde participa el Estado. ¿Por qué motivos hace esto con un magistrado que tiene diversos trámites opacos con denuncias en el Consejo de la Magistratura?
Fuentes de tribunales dijeron a LPO que hay razones complejas que llevan a esta decisión. La primera es que la Cámara Federal tiene como tradición que no rompe hace más de 40 años asignar subrogancias al que está en la misma ciudad o en la más próxima y que solamente hay cuatro magistrados, ya cargados de trabajo extra, para cubrir once juzgados. Además el camarista Pineda, que firmó la resolución, tiene que resolver en semanas la apelación al mismo trámite por el cual Salmain está procesado por la coima en el fideicomiso.
«Si saltea el mecanismo usual de subrogancias o directamente no le da una subrogancia con toda seguridad Salmain va a alegar prejuzgamiento y recusar al camarista que debía designarlo y que tiene que resolver el caso de los sobornos. Frente a ese dilema el camarista optó por asignarle la subrogancia y evitar ser apartado. Porque además Salmain de manera sistemática recusa a los jueces de cámara. En general con el argumento de que sufre un complot armado por magistrados y periodistas», le dijo a este medio un funcionario judicial.
Es una situación controvertida porque para evitar ser recusado un camarista habilitó a un magistrado con dos procesamientos y con un historial previo de corrupción a manejar los casos de un nuevo juzgado. ¿No era preferible que lo recusaran a que un juez con esos antecedentes controle un juzgado más? Es la pregunta que palpita en el caso.
A esta situación se llega por la demora del Consejo de la Magistratura de la Nación en tomar medidas rápidas contra un juez que tiene una secuencia de hechos viciados, de gravedad institucional, cuando hace más de ocho meses tiene denuncias diversas, incluso de una diputada provincial de Santa Fe, Lionella Cattalini.
«Si el Consejo lo hubiera suspendido no habría que resolver ninguna subrogancia. Pero se tomaron cuatro años para empezar a actuar con Bailaque. Así que por ahí ocho meses para Salmain a los consejeros hasta les parece lógico», ironizó con bronca un funcionario de otro estamento de la Justicia Federal, en referencia a Marcelo Bailaque, magistrado de Rosario que está con prisión domiciliaria por hechos de extorsión y corrupción, que renunció como juez el año pasado pero fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura en 2020, que durmió los legajos cuatro años.
La estrategia de Salmain es ganar tiempo con argumentos descabellados contra los jueces de cámara. Todo el accionar de la Cámara Federal está orientado a no darle motivos para apartar camaristas a fin de que las causas tengan celeridad»
A fines de diciembre Vera Barros dio por válido el planteo fiscal de que Salmain gestionó un soborno para dictar una cautelar requerida por el financista Whpei, que alegaba tener que afrontar una deuda con una firma de Países Bajos en 2023. Le impuso al BCRA vender 10 millones de dólares en billetes. La sospecha de los fiscales, sustentadas en la declaración del arrepentido, es que era para llevarse 200 mil dólares, producto de la diferencia de cambio entre los billetes tomados a precio oficial y vendidos en el blue.
En 2002 la Corte Suprema de la Nación echó del Poder Judicial a Salmain, que por entonces era empleado, por ofrecer una coima a una secretaria que manejaba los sorteos de expedientes, a fin de direccionar un caso al tribunal en el que se desempeñaba. Salmain es investigado porque omitió consignar esto en su curriculum al concursar en diversas ocasiones para ser juez, lo que logró en 2023, cuando lo designaron en Rosario y el ministro de la Corte Ricardo Lorenzetti asistió a su jura.
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