El Intendente Marcelo Orazi recibió en la tarde del jueves a su par de San Carlos de Bariloche Gustavo Gennuso, quien se encuentra en la región promocionando la Fiesta del Chocolate que se desarrollará en esa ciudad del 1 al 4 de abril.
Durante el encuentro que tuvo lugar en la sala de conferencias de la Municipalidad los jefes comunales intercambiaron miradas y experiencias de ambas gestiones municipales, además de compartir temas comunes en las agendas de trabajo.
“Fue muy grato escuchar a un colega Intendente que transita su segundo mandato al frente del Municipio de una de las ciudades más importantes de Río Negro”, manifestó Orazi.
Sobre la Fiesta del Chocolate, Gennuso indicó que “es una de las fiestas tradicionales de Bariloche, en la que la ciudad se pone alrededor de una de las profesiones que tiene que es el hacer chocolate”.
“Este año la tuvimos que cambiar porque es una fiesta con mucha aglomeración de gente, la hemos llevado a modo seguro, la hemos cambiado totalmente pero siempre en tono de fiesta. En esta época de pandemia, cuando decimos fiesta en Bariloche decimos que estamos vivos, acá estamos, haciendo lo que sabemos hacer. Los esperamos”, dijo finalmente Gennuso.
Tras un largo letargo y en medio de la profunda crisis que golpea a la industria láctea, la Justicia decretó la quiebra de Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA), empresa que producía los postres, flanes y yogures de Sancor.
La liquidación final de esta empresa láctea formaliza el despido de casi 400 trabajadores, distribuidos entre las plantas que la firma tenía en Lincoln (Provincia de Buenos Aires) y Monte Cristo (Córdoba).
También en las últimas horas, el magistrado Federico Güerri, subrogante del Juzgado Comercial 29 donde tramita la quiebra, aprobó el retiro de maquinarias que otras empresas habían otorgado a ARSA mediante diversos contratos.
Uno de los casos más salientes del expediente al que tuvo acceso LPO es el de Tetra Pak, que reclamó una deuda que supera los 110 mil dólares por el alquiler impago por parte de ARSA de numerosas máquinas, desde envasadoras y aplicadora de tapas, hasta embandejadora de envases, entre otras.
En tanto, en los últimos días, los trabajadores despedidos iniciaron una seguidilla presentaciones de Pronto Pago Laboral Colectivo en la Justicia. El reclamo incluye indemnizaciones por antigüedad, preaviso y salarios adeudados.
El juez ya aprobó el retiro de máquinas. Por caso, Tetra Pak tenía en las plantas de ARSA 12 máquinas y denunció deudas en dólares por el alquiler de esos equipos
«El instituto de pronto pago actúa como tutela de urgencia destinada a mitigar el estado de vulnerabilidad en que han quedado los operarios», señala una de las presentaciones a las que accedió LPO.
ARSA contaba con una red logística de 165 distribuidores y el abastecimiento semanal de 70 mil comercios en todo el país. La crisis que arrastraba desde 2023 se profundizó en un contexto de sobreoferta, restricciones a las exportaciones y desequilibrios en la cadena de pagos.
En su epílogo, ARSA estaba bajo el control empresarios venezonalos que manejaban también la láctea La Suipachense por intermedio de Marelac S.A. Antes, la admistración pasó por el Grupo Vicentín.
La quiebra de ARSA se da en un contexto crítico del sector, que también se refleja en la empresa láctea Verónica, donde hay reclamos de salarios adeudados desde diciembre y denuncias de un vaciamiento que pone en riesgo a 700 puestos de trabajo.
En 2024, se abrió un concurso de acreedores que resultó fallido y, a pesar de versiones de compra por parte de actores fuertes del sector, lo cierto es que nadie se ofreció para el salvataje y hacerse cargo de la producción.
La quiebra de ARSA se da en un panorama crítico de la industria láctea que también impacta en otras firmas fuertes del sector, como Verónica, donde trabajadores de las plantas de Clason, Suardi y Lehmann en Santa Fe reclaman salarios adeudados desde diciembre y denuncian un vaciamiento que pone en riesgo a 700 puestos de trabajo.
Escala la disputa por el control del Puerto Quequén, la principal boca de salida de los cereales de la provincia. Con la partida al Congreso de la massista Jimena López en diciembre, los intereses cruzados por la sucesión recrudecieron al transcurrir ya casi tres meses de interinato del dirigente de Uatre, Marcelo Carrillo.
Dentro del consorcio portuario señalaron a LPO que Carrillo avanzó con fuertes cambios en el organigrama, barriendo con parte de los funcionarios designados por López. A la par, hizo nombramientos que agitaron la interna del puerto.
En ese contexto crece la incertidumbre sobre la licitación del elevador de granos que hace 34 años maneja Terminal Quequén, grupo integrado por las agroexportadoras Viterra, Cofco y Bunge, con la participación accionaria de entidades como la Sociedad Rural Argentina, CRA y la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, entre otras.
Hace cuatro años que ese grupo opera con concesiones prorrogadas. En 2024, el gobierno de Kicillof anunció su decisión de licitar esa terminal.
Sin embargo, aún no hay fecha para el llamado y fuentes del puerto sostienen que, cuando expire la prórroga vigente, se otorgará otra a Terminal Quequén. Eso, en medio de la controversia desatada por el derrumbe en enero de un silo de la terminal, hecho que desató acusaciones por falta de inversión.
Se habla de al menos 15 funcionarios que no seguirán y de un proceso de nombramientos de reemplazantes a tono con el nuevo formato de conducción.
Mientras tanto, la interna del puerto es un hervidero. En los últimos días, varios funcionarios designados por la massista López recibieron cartas documento en las que se les notificaba el cese de los contratos.
«Echar a compañeros no es una buena señal», dijo a LPO una fuente del arco peronista necochense, al tanto de estos movimientos en el puerto por parte de Carrillo, hombre alineado a José Voytenco en Uatre y esposo de la ex diputada Natalia Sánchez Jáuregui, del ala del Partido Fe que reporta a Kicillof.
Se habla de al menos 15 funcionarios que no seguirán y de un proceso de nombramientos de reemplazantes a tono con el nuevo formato de conducción.
En ese punto, en Quequén ven jugando fuerte otra vez al intendente de Necochea, Arturo Rojas, que presidió el consorcio portuario durante la gestión de María Eugenia Vidal, en su etapa dentro de Cambiemos.
Ahora alineado a Axel Kicillof, Rojas aparece en el lote de interesados por tener injerencia en un puerto por donde, el mes pasado, salieron más de 1.200.000 toneladas de cereales.
El nombre que suena como candidato de Rojas para el puerto es el de Ernesto Povilaitis, su mano derecha y actual secretario de Legal y Técnica del municipio.
Curiosamente, Povilaitis es la voz cantante del municipio en su litigio judicial con las exportadoras del puerto por el cobro de la tasa portuaria que la gestión Rojas aplicó bajo bandera de usar esos recursos para el arreglo de las calles por donde transitan los camiones que van al puerto.
En diciembre último, la Justicia hizo lugar a una cautelar pedida por las terminales contra el cobro de esa tasa quee hoy permanece frenada. Sin embargo, cerca del municipio aseguran que está próximo a anunciarse un acuerdo por ese tema con las exportadoras.
En Quequén ven que ese acuerdo puede comprender fronteras más amplias y hablan de un consenso entre Rojas y Uatre, vía Carrillo.
El nombre que suena como candidato de Rojas para el puerto es el de Ernesto Povilaitis, su mano derecha y actual secretario de Legal y Técnica del municipio.
Esta semana, ambos encabezaron el acto de aniversario del puerto y se mostraron en sintonía. Eso llamó la atención en quienes recuerdan cuestionamientos puertas adentro de Carrillo a Rojas, ambos con cantera en el armado político-gremial del ex líder de Uatre, Gerónimo «Momo» Venegas.
En Necochea ven que esa cercanía va a decantar en una estructura de manejo en Quequén, más allá del nombre de quien presida el consorcio. Algunos no descartan que Carrillo persista en ese lugar.
No obstante, es un lugar codiciado. «Está todo el mundo pidiendo el manejo del puerto», dijo a LPO una voz al tanto de la interna.
«Las exportadoras no quieren licitar y están especulando con la continuidad de las prorrogas hasta 2028», dijo una fuente del puerto en alusión a las exportadoras
Es ahí donde el massismo no se resigna a la idea inicial de diciembre pasado de sostener esa plaza para el Frente Renovador. Pero en el entramado portuario dicen que ese espacio ya tuvo su cupo con Mónica Litza en Dock Sud.
En paralelo, LPO también contó de las versiones que posicionan en Quequén a Andrea Cáceres, necochense alineada al Cuervo Larroque que hoy está en Niñez y Adolescencia.
Es en ese panorama donde, antes de mitad de año, expira la última prórroga por 180 días que le dieron a Terminal Quequén y hay quienes no dudan de una nueva prórroga.
«No quieren licitar y están especulando con la continuidad de las prorrogas hasta 2028», dijo una fuente del puerto en alusión a las exportadoras, que rechazan el capítulo económico del pliego borrador que circula desde agosto pasado.
El próximo jueves 25 a partir de las 10 horas se realizará la apertura de la jornada de trabajo en el marco del programa ‘Familias rionegrinas solidarias’. La actividad se desarrollará en el Galpón de las Artes. El Intendente Marcelo Orazi participará de la apertura, junto a la Coordinadora Provincial del programa Gimena Sus, la…
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Un emotivo acto de Bendición de Frutos marcó la apertura de las actividades de ‘Vendimia Celebra 2021’ que se extenderán hasta el domingo. El Intendente Marcelo Orazi y la Gobernadora Arabela Carreras encabezaron el acto que se desarrolló en el predio de la Oficina de Turismo y que contó con la presencia de representantes del…
Nacido el 7 de marzo de 1906 en Santiago del Estero, Ramón Carrillo fue el cerebro sanitario del primer peronismo. Desde el Ministerio de Salud impulsó una revolución en hospitales, campañas sanitarias y medicina social que cambió la historia argentina. Pero su proyecto de salud pública chocó de frente con los intereses de las élites médicas, económicas y políticas. El resultado fue una campaña de odio que buscó borrar su legado.
El 7 de marzo de 1906 nació en Santiago del Estero un médico que cambiaría para siempre la historia sanitaria argentina. Ramón Carrillo no fue simplemente un funcionario más dentro del engranaje estatal: fue el arquitecto de una de las transformaciones más profundas del sistema de salud del país y, al mismo tiempo, uno de los blancos predilectos del odio político que desató el antiperonismo después de 1955.
Neurocirujano prestigioso, formado en la Universidad de Buenos Aires y con reconocimiento académico internacional, Carrillo parecía destinado a una carrera científica brillante y tranquila. Sin embargo, eligió un camino mucho más incómodo: llevar la medicina al terreno de la política y convertir la salud pública en un derecho social.
Ese giro se produjo cuando conoció a Juan Domingo Perón en el Hospital Militar Central en 1944. Perón quedó impactado por el pensamiento del médico santiagueño, que sostenía una idea radical para la época: las enfermedades no podían comprenderse sin analizar las condiciones sociales en las que vivía la población.
Cuando Perón asumió la presidencia en 1946 lo convocó para dirigir la Secretaría de Salud Pública. Tres años más tarde, al elevar ese organismo al rango ministerial, Carrillo se convirtió en el primer ministro de Salud de la Argentina.
Desde ese lugar desplegó un proyecto sanitario que rompía con décadas de abandono estatal. Hasta entonces, gran parte del sistema de salud argentino estaba basado en hospitales de beneficencia o instituciones privadas, donde el acceso dependía muchas veces de la caridad y no de un derecho garantizado.
Carrillo propuso lo contrario: construir un sistema sanitario nacional que llegara a todos los rincones del país.
Su programa partía de un principio que hoy parece obvio, pero que en aquel momento era profundamente disruptivo. “No puede haber política sanitaria sin política social”, sostenía. Para él, las enfermedades no eran meramente problemas biológicos sino el resultado de condiciones estructurales como la pobreza, la mala alimentación, la falta de vivienda digna o la ausencia de agua potable.
Bajo esa lógica impulsó una política sanitaria integral que combinaba infraestructura hospitalaria, prevención, campañas de vacunación y educación sanitaria.
El impacto fue inmediato.
Durante su gestión se construyeron decenas de hospitales en todo el país y se multiplicó la cantidad de camas hospitalarias disponibles. Entre 1946 y 1951 se levantaron más de veinte grandes hospitales con unas veintidós mil camas nuevas, algo inédito en la historia sanitaria argentina.
La expansión hospitalaria estaba acompañada por una red de institutos especializados y centros de atención que buscaban llevar la medicina a regiones que durante décadas habían estado completamente abandonadas por el Estado.
Pero Carrillo no se conformó con levantar edificios.
Su proyecto también incluyó campañas sanitarias masivas contra enfermedades que habían sido históricamente endémicas en la Argentina. El paludismo, por ejemplo, fue prácticamente erradicado en pocos años gracias a un agresivo plan de control epidemiológico.
También se redujo drásticamente la mortalidad por tuberculosis y se combatieron epidemias como el tifus y la brucelosis. Las campañas de vacunación y los programas de prevención comenzaron a instalar una idea novedosa: la salud no debía limitarse a curar enfermedades, sino a evitar que aparecieran.
Los resultados se reflejaron en los indicadores sanitarios. La mortalidad infantil descendió de manera significativa durante la década peronista y las tasas de mortalidad por enfermedades infecciosas cayeron de forma notable.
Carrillo también impulsó iniciativas innovadoras para la época, como el Tren Sanitario, que recorría el país llevando atención médica, análisis clínicos y radiografías a poblaciones rurales que nunca habían tenido acceso a un médico.
En paralelo promovió la producción estatal de medicamentos a través de una empresa pública destinada a garantizar remedios a bajo costo. La lógica era simple pero profundamente disruptiva: la salud no podía quedar subordinada a la lógica del mercado.
Muchas de estas políticas se articularon con la Fundación Eva Perón, que construyó policlínicos, hogares para ancianos y centros sanitarios en todo el país. Mientras el Ministerio de Salud diseñaba la política sanitaria, la fundación ampliaba la red de asistencia social.
El resultado fue una expansión sin precedentes del acceso a la atención médica para los sectores populares.
Pero ese mismo proyecto que transformaba la salud pública generaba resistencias cada vez más fuertes en determinados sectores del poder.
La derecha argentina nunca le perdonó a Carrillo tres cosas.
La primera fue su convicción de que el Estado debía intervenir activamente en el sistema sanitario. Su modelo chocaba con los intereses de sectores médicos ligados a la práctica privada y con empresas que veían en la salud un negocio.
La segunda fue su identificación política con el peronismo. Carrillo no era un técnico neutral: era un funcionario comprometido con un proyecto de justicia social que buscaba ampliar derechos para las mayorías.
La tercera razón del rechazo fue más profunda. Su concepción de la medicina desafiaba directamente la estructura social argentina. Al afirmar que la enfermedad estaba ligada a la pobreza, Carrillo señalaba una verdad incómoda: la salud no podía resolverse sin transformar las condiciones de vida.
Ese enfoque convertía la política sanitaria en una herramienta de transformación social.
Cuando el golpe militar de 1955 derrocó a Perón, el nuevo régimen inició una ofensiva sistemática contra todo lo que oliera a peronismo. Carrillo, como uno de los símbolos del proyecto social del gobierno depuesto, quedó inmediatamente en la mira.
Muchos de los proyectos sanitarios que había impulsado fueron abandonados o desmantelados. Obras hospitalarias quedaron inconclusas y programas de prevención se desarticularon.
La persecución política y el clima hostil lo empujaron al exilio. Carrillo se instaló en Brasil, donde murió en 1956, apenas un año después del golpe.
Murió lejos de su país, enfermo y prácticamente olvidado.
Durante décadas su nombre quedó relegado en la historia oficial, víctima de la misma lógica de borramiento que el antiperonismo aplicó a buena parte de las políticas sociales del primer peronismo.
Sin embargo, el tiempo terminó colocando su figura en el lugar que le corresponde.
Hoy Ramón Carrillo es reconocido como uno de los grandes fundadores del sanitarismo argentino. Su visión de la salud como derecho social anticipó conceptos que décadas más tarde se convertirían en principios fundamentales de la salud pública moderna.
La paradoja es evidente.
El médico que dedicó su vida a demostrar que la enfermedad no puede separarse de la injusticia social terminó convertido en un enemigo político por haber intentado curar algo más profundo que las dolencias del cuerpo: la desigualdad estructural de la sociedad argentina.
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