El Intendente Marcelo Orazi recibió en la tarde del jueves a su par de San Carlos de Bariloche Gustavo Gennuso, quien se encuentra en la región promocionando la Fiesta del Chocolate que se desarrollará en esa ciudad del 1 al 4 de abril.
Durante el encuentro que tuvo lugar en la sala de conferencias de la Municipalidad los jefes comunales intercambiaron miradas y experiencias de ambas gestiones municipales, además de compartir temas comunes en las agendas de trabajo.
“Fue muy grato escuchar a un colega Intendente que transita su segundo mandato al frente del Municipio de una de las ciudades más importantes de Río Negro”, manifestó Orazi.
Sobre la Fiesta del Chocolate, Gennuso indicó que “es una de las fiestas tradicionales de Bariloche, en la que la ciudad se pone alrededor de una de las profesiones que tiene que es el hacer chocolate”.
“Este año la tuvimos que cambiar porque es una fiesta con mucha aglomeración de gente, la hemos llevado a modo seguro, la hemos cambiado totalmente pero siempre en tono de fiesta. En esta época de pandemia, cuando decimos fiesta en Bariloche decimos que estamos vivos, acá estamos, haciendo lo que sabemos hacer. Los esperamos”, dijo finalmente Gennuso.
Jessica Hughes es la Jefa del servicio de Salud Mental comunitaria del Hospital Área Programa Villa Regina que cuenta con un equipo de profesionales que está compuesto por psicólogos, psiquiatras y operadores en salud mental. En estos tiempos de pandemia se ha incrementado la vulnerabilidad de muchos de los usuarios que el equipo de Salud…
El Gobierno de Milei anunció inspecciones en escuelas durante el paro docente para controlar el cumplimiento del servicio educativo. La Provincia de Buenos Aires rechazó la medida y advirtió sobre una invasión de competencias federales.
Por Redacción de NLI
El conflicto docente sumó un nuevo capítulo y dejó expuesta una disputa más profunda sobre el rol del Estado nacional y el federalismo educativo argentino. En el marco del paro nacional convocado por los gremios docentes, el Gobierno de Javier Milei anunció que desplegará inspecciones en establecimientos educativos de todo el país para verificar el cumplimiento de un supuesto piso mínimo de funcionamiento del servicio educativo. La decisión generó una fuerte reacción de la Provincia de Buenos Aires, que advirtió que la administración nacional pretende avanzar sobre facultades que corresponden a las jurisdicciones provinciales.
La medida impulsada por el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, se ampara en la declaración de la educación como servicio esencial establecida por la Ley 27.802, una de las normas impulsadas por el oficialismo dentro de su agenda de reforma laboral. Según explicó el Gobierno, los controles buscarán constatar que durante la huelga se garantice el 75% de la prestación habitual del servicio educativo, y advirtió que ante eventuales incumplimientos podrían aplicarse sanciones a las organizaciones sindicales.
Pero detrás de la discusión sobre el porcentaje de clases garantizadas aparece una cuestión institucional de fondo: quién tiene autoridad sobre las escuelas argentinas. Desde la reforma constitucional de 1994, la educación es una competencia compartida, pero la administración directa de los establecimientos educativos corresponde principalmente a las provincias. En ese marco, el gobierno bonaerense cuestionó que funcionarios nacionales ingresen a escuelas provinciales para realizar controles sin coordinación con las autoridades educativas locales, interpretando la decisión como una avanzada sobre atribuciones propias.
El conflicto educativo detrás del operativo nacional
El paro docente convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) no surge únicamente por una discusión salarial. El reclamo gremial incluye la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el financiamiento educativo y mayores recursos para infraestructura, conectividad, becas y programas escolares.
La eliminación de transferencias nacionales hacia las provincias fue uno de los puntos centrales del deterioro de la relación entre el Gobierno nacional y los gobernadores. Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, la administración libertaria redujo programas educativos financiados desde Nación y dejó en manos de las provincias mayores responsabilidades presupuestarias, en un contexto donde muchas jurisdicciones denuncian dificultades para sostener salarios y servicios básicos.
La respuesta oficial, en lugar de abrir una instancia de negociación, fue trasladar la discusión al terreno del control y la sanción. El Ministerio de Capital Humano anunció operativos de inspección y planteó que, si se detectan incumplimientos, se activarían mecanismos sancionatorios contra los gremios. Para el Gobierno, la prioridad es garantizar el derecho a la educación; para los sindicatos, la estrategia oficial busca limitar el derecho constitucional a la protesta frente a una pérdida salarial y un ajuste sobre el sistema educativo.
Buenos Aires rechaza la presencia de inspectores nacionales
La Provincia de Buenos Aires, que concentra la mayor matrícula educativa del país, fue una de las primeras jurisdicciones en rechazar el mecanismo. Desde el gobierno de Axel Kicillof señalaron que la Nación no puede disponer unilateralmente controles dentro de escuelas que dependen de la administración provincial, ya que la gestión cotidiana del sistema educativo está bajo responsabilidad de cada distrito.
La disputa tiene una dimensión política evidente. Desde el inicio de su gestión, Milei construyó una narrativa donde el Estado nacional debe reducir su intervención y limitarse a funciones consideradas esenciales. Sin embargo, en el caso educativo, el Ejecutivo nacional decidió adoptar una postura activa de supervisión sobre estructuras administradas por las provincias, generando una contradicción entre el discurso de descentralización y una práctica de mayor intervención.
El episodio también vuelve a poner sobre la mesa una tensión histórica del federalismo argentino: mientras la Nación conserva capacidad de establecer políticas generales y distribuir recursos, son las provincias las que sostienen la infraestructura educativa, pagan buena parte de los salarios docentes y administran las escuelas. La disputa por las inspecciones no es solamente administrativa; es una discusión sobre el equilibrio de poder entre el Gobierno central y los territorios.
Una pelea que excede al paro docente
El conflicto educativo se inscribe dentro de una serie de enfrentamientos entre el Gobierno nacional y sectores estatales que cuestionan el impacto del ajuste. La Casa Rosada intenta presentar cada protesta como una resistencia corporativa frente a sus reformas, mientras que los gremios sostienen que se trata de una reacción frente a la pérdida del poder adquisitivo y el debilitamiento de políticas públicas.
En este escenario, el paro docente se convirtió en un nuevo punto de choque entre dos modelos de país. Por un lado, un oficialismo que plantea que el Estado debe intervenir menos y aplicar reglas de mercado y disciplina fiscal. Por otro, sectores sindicales y gobiernos provinciales que reclaman que la educación sea considerada una inversión estratégica y no solamente un servicio sujeto a restricciones presupuestarias.
La decisión de enviar inspectores nacionales a escuelas provinciales agrega un nuevo capítulo a esa disputa. Más allá del resultado concreto del operativo, el conflicto deja una pregunta abierta sobre los límites del poder nacional en un sistema educativo federal y sobre cómo se resolverán las diferencias cuando las políticas de ajuste choquen con las estructuras históricas del Estado argentino.
Victoria Villarruel le concedió a Anabel Fernández Sagasti la posibilidad de votar en la sesión de este jueves, cuando se trate la ley de tierras, a través de medios telemáticos y garantizó un voto más a la oposición contra la iniciativa de Federico Sturzenegger. El decreto de la presidenta del Senado es un misilazo para Javier Milei, que puede sufrir una dura derrota si fracasa por cuarta vez el bloque oficialista en su intento por debatir el dictamen de inviolabilidad de la propiedad privada.
Fuentes del peronismo comentaron a LPO que la Vicepresidenta «fue muy empática» cuando la senadora mendocina le comunicó su situación, con 32 semanas de embarazo y la prescripción médica de no viajar desde su provincia natal hasta la Capital Federal.
Sin embargo, Villarruel decretó la autorización «ad referéndum del Senado» para que la senadora «pueda participar de manera remota o virtual, con voz y voto, mientras subsista la restricción médica acreditada mediante el certificado obrante en el expediente». Es decir, la habilitación de la Vice deberá ser sometida a consideración de todos los bloques en recinto, aunque se supone que no debería ser rechazada.
La definición es un condimento más en la pelea de la Casa Rosada con Villarruel, que mostró con esta maniobra su autonomía para manejarse según el reglamento pese a que su aplicación complique la media sanción de un proyecto del oficialismo. «Coquetea con el peronismo y encima defiende la democracia», dijo una fuente parlamentaria.
Además, la jugada le da a Villarruel una dosis de fortaleza en medio de los ataques de Patricia Bullrich y Diego Santilli, que pidieron su renuncia por la resistencia de la Vicepresidenta a votar la ley de tierras tras el partido de Argentina contra Inglaterra en el Mundial y hacerse eco por Twitter de comentarios que cuestionan la salud mental de Javier Milei, respectivamente.
El antecedente más parecido al de Fernández Sagasti es el caso de la diputada Blanca Osuna, quien votó la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en diciembre de 2020, desde una sala de internación en la que atravesaba cuidados médicos por el COVID19.
La jugada le da a Villarruel una dosis de fortaleza en medio de los ataques de Patricia Bullrich y Diego Santilli, que pidieron su renuncia por la resistencia de la Vicepresidenta a votar la ley de tierras tras el partido de Argentina contra Inglaterra en el Mundial y hacerse eco por Twitter de comentarios que cuestionan la salud mental de Javier Milei.
De hecho, Villarruel apeló como argumento al fallo de la Corte Suprema ante el pedido de Cristina Kirchner a los jueces de una «acción declarativa de certeza», también durante la pandemia y para el funcionamiento de la Cámara Alta por medios virtuales. Allí los magistrados entendieron que «ninguna cláusula constitucional veta la posibilidad de que las cámaras se reúnan, deliberen y voten de forma remota» y que «el Senado cuenta con todas las atribuciones para interpretar su reglamento en cuanto al modo remoto o virtual de sesionar, en ejercicio de la autonomía normativa que le confiere el artículo 66 de la Constitución».
La Vicepresidenta también consideró en su disposición que la senadora mendocina «no pretende interrumpir ni dejar de ejercer sus funciones sino continuar desempeñándolas».
Desde el peronismo, aclararon que la aprobación de la participación de Fernández Sagasti de forma remota «no necesita sumarse al temario, como las renuncias de senadores o licencias» y explicaron que «la mayoría que hace falta es de la mitad más uno».
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