El Intendente Marcelo Orazi reiteró su pedido ante Vialidad Nacional por el estado de la ruta nacional 22 en el tramo comprendido en el ejido de Villa Regina.
En una nota elevada al Jefe del Distrito Río Negro del organismo nacional Gustavo Casas, el Intendente le realizó dos solicitudes. Por un lado, el recambio de alrededor de 150 luminarias que no funcionan en el trayecto mencionado, lo cual, expresó Orazi, reviste un riesgo a la seguridad de quienes transitan por la Autovía.
Por otro lado, el mantenimiento y/o reparación de la cinta asfáltica que presenta desniveles y ondulaciones, fundamentalmente en la intersección de la ruta y calle Pioneros, donde está ubicado el semáforo. “Le menciono que dado el importante deterioro que presenta ha causado accidentes en ese punto estratégico de la ciudad”, indicó el jefe comunal en la nota.
Recordemos que estos temas fueron planteados por Orazi en diciembre pasado en la audiencia que mantuvo con Casas en Viedma.
El desastre de las rutas del país, que ya se cobraron numerosas víctimas tiene un número: 1.165.491 millones. Una fortuna imposible de mensurar pero que alcanzaría cómoda para reparar todas las rutas que están detonadas y no sólo ponen en peligro vidas sino que afectan la competitividad de la Argentina por las dificultades para trasladar bienes y personas.
La cifra fue calculada por un grupo de veinte diputados peronistas que se tomaron el trabajo de analizar todos los fondos que retuvo ilegalmente el ministro Toto Caputo del Impuesto a los Combustibles (ver documento adjunto) que por ley del Congreso obliga a asignar el 28,58% de lo recaudado al Sistema Vial Integrado (Sisvial), a cargo de mantener y mejorar las rutas del país.
Otro dato que confirma que el superávit del que hacen alarde Milei y Caputo está construido sobre una serie de incumplimientos de obligaciones legales del Estado y el no pago de deudas como ocurre con los USD 1.000 millones que se debe a los proveedores del Pami. «Algún día alguien va a hacer la cuenta d ela deuda flotante que arrastra Milei y ahí se va a caer la mentira del superávit», afirmó a LPO uno de los diputados que participó del trabajo.
La retención ilegal de esos fondos es especialmente significativa porque la recaudación del impuesto a los combustibles creció de manera exponencial desde la asunción de Milei.
Del 2023 al 2024 lo recaudado por ese tributo creció un 378%, del total se debieron girar netos al sistema vial $354.835 millones. Al año siguiente la recaudación del Impuesto a los Combustibles creció un 92% y esta vez Caputo se quedó con 688.126 mil millones. Y en los dos primeros meses del 2026 el impuesto pegó otro salto y el ministro de Economía embolsó 122.530 millones que debió girar a las provincias por la ley 23.966. Se trata de un incumplimiento legal que tarde o temprano terminará en la Corte Suprema, que hasta ahora ha sido muy permisiva con el gobierno de Milei.
Intendentes de varias localidades organizaron para este martes una reunión en Buenos Aires para coordinar una estrategia de reclamo coordinada frente a Nación por el estado catastrófico de las rutas. El malestar también escala a nivel provincial y quizá haya cumbre de gobernadores.
Uno de los firmantes, el diputado entrerriano Guillermo Michel, confirmó a LPO que la situación de las rutas «no se sostiene más» y recordó que desde el Congreso ya impulsaron proyectos y pedidos de informes sin obtener respuestas. Entre Ríos, es de hecho una de las provincias con las rutas en peor estado. «Hemos pedido reuniones con Economía y no hubo avances. El problema es cada vez más grave», advirtió.
El diputado peronista Guillermo Michel.
En el interior, el impacto es directo y los intendentes de distintas provincias vienen alertando que las rutas nacionales están «detonadas» y que el reclamo de los vecinos recae sobre los municipios: «Los intendentes son los que están en la trinchera de los problemas», reconoció Michel.
De hecho, intendentes de varias localidades organizaron para este martes una reunión en Buenos Aires para coordinar una estrategia común. El malestar también escala a nivel de las provincias y quizá haya cumbre de los gobernadores.
En las provincias no solo sufren el robo de la parte que les corresponde del impuesto al combustible sino también la caída de la coparticipación por el derrumbe de la recaudación nacional por la recesión. De hecho, la principal preocupación de los mandatarios por estas horas es la manera en que se va a repartir el adelanto de las partidas federales.
El trabajo de los diputados revela que, en una constante de la gestión de Caputo, cientos de miles de millones de este fondo han sido desviados a colocaciones financieras.
Se confirma así que a pesar del flujo de fondos que Nación recauda, el estado de las rutas nacionales muestra un deterioro gravísimo, señales ilegibles y banquinas convertidas en pastizales inaccesibles, que ya se han cobrado numerosas vidas.
La medición de pobreza que festejó el gobierno recibe cada vez mayores cuestionamientos. Agustín Salvia, titular del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, considero que hay «cierta ficción» en las cifras del Indec y que el número de pobres podría ser hasta 10 puntos mayor de lo anunciado por el gobierno.
Luis Caputo, Sandra Pettovello, Patricia Bullrich, Federico Sturzenegger y hasta Manuel Adorni festejaron la caída de la pobreza, que pasó del 52,9% en el primer semestre de 2024 a 28,2% en el segundo semestre de 2025. Sin embargo, las cifras abren una controversia.
Hay dos cuestiones que ayudan a mejorar los índices que destacan los libertarios: una es la mejor captación del ingreso de hogares. El aumento de la captación de los ingresos en los hogares explica cerca de cinco puntos de caída en la tasa de pobreza y también vuelve inútil la comparación con años anteriores que tenían una peor captación del ingreso.
El segundo problema es la falta de actualización de la estructura de los gastos de los hogares, donde desde 2024 la mayor parte del ingreso se destina al pago de servicios y cae lo destinado al consumo. Se calcula que entre esas dos cuestiones el índice bajó 10 puntos.
Si se toma como ejemplo el segundo semestre de 2025, la pobreza no sería de 28,2% como midió el Indec sino de 32% con el mismo sistema de medición de 2023 y de 39-40% con una estructura de gastos actualizada.
Para determinar si una familia vive bajo la línea de pobreza se comparan los ingresos del grupo con la canasta básica para la línea de pobreza y la canasta básica de indigencia.
La liberación de los precios de servicios públicos y del precio del transporte desde la asunción de Milei provocó que la mayor parte del presupuesto familiar se destinara a servicios y no al consumo. Por otro lado, el Indec mejoró el sistema de captación de ingresos en los hogares y por eso mide un mayor ingreso por hogar.
«Estás considerando un valor de canasta básica total con parámetros y estructuras de 2004-2005. Para un hogar de clase media los servicios no alimentarios representan el 60% de sus ingresos y los alimentos el 40%. Hace 20 años la proporción era distinta, 60% de alimentos y 40% de otros bienes y servicios. La estructura de consumo es totalmente irreal», explicó Salvia en Radio Splendid.
«A partir de los cambios que produjeron la liberación de las tarifas y los ajustes más recientes, el índice de pobreza no es realista y pierde fidelidad la comparación hacia atrás», dijo el sociólogo e investigador del Conicet.
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