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Orazi insistió ante Vialidad Nacional por el mantenimiento de la ruta 22

El Intendente Marcelo Orazi reiteró su pedido ante Vialidad Nacional por el estado de la ruta nacional 22 en el tramo comprendido en el ejido de Villa Regina.

En una nota elevada al Jefe del Distrito Río Negro del organismo nacional Gustavo Casas, el Intendente le realizó dos solicitudes. Por un lado, el recambio de alrededor de 150 luminarias que no funcionan en el trayecto mencionado, lo cual, expresó Orazi, reviste un riesgo a la seguridad de quienes transitan por la Autovía.

Por otro lado, el mantenimiento y/o reparación de la cinta asfáltica que presenta desniveles y ondulaciones, fundamentalmente en la intersección de la ruta y calle Pioneros, donde está ubicado el semáforo. “Le menciono que dado el importante deterioro que presenta ha causado accidentes en ese punto estratégico de la ciudad”, indicó el jefe comunal en la nota.

Recordemos que estos temas fueron planteados por Orazi en diciembre pasado en la audiencia que mantuvo con Casas en Viedma.

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    Casta premium: Milei premia con una embajada a Crexell tras su voto clave para la Ley Bases

     

    La designación de Lucila Crexell como embajadora en Canadá reaviva una de las acusaciones más explosivas del último tiempo: el presunto intercambio de favores políticos en el Congreso. Mientras el oficialismo habla de “consensos”, la oposición denuncia directamente una compra de votos para aprobar la ley más importante del gobierno de Milei.

    Por Roque Pérez para NLI

    La política argentina volvió a exhibir su costado más crudo. La exsenadora Lucila Crexell fue designada embajadora en Canadá tras haber sido una pieza clave en la aprobación de la Ley Bases, en medio de acusaciones de que su voto fue “negociado” a cambio del cargo.

    El dato no es menor: el Senado aprobó su pliego con 45 votos a favor y 26 en contra, en una sesión atravesada por denuncias de “coima” y “dádivas” lanzadas desde distintos sectores de la oposición.

    Un voto que valía una embajada

    El eje de la polémica es claro. Durante el debate de la Ley Bases, Crexell pasó de cuestionar aspectos del proyecto a votarlo favorablemente, en un contexto donde ya circulaban versiones sobre su posible designación diplomática.

    Las sospechas no quedaron en rumores. En el recinto, legisladores denunciaron abiertamente que la entonces senadora “negoció su voto por un cargo en la embajada”, señalando que su decisión no fue autónoma sino parte de un acuerdo político.

    Incluso se llegó a plantear que el caso podría constituir un delito, con pedidos para reabrir investigaciones judiciales vinculadas a posibles dádivas.

    La escena es brutal en términos políticos: una ley estructural para el programa de Milei aprobada con votos bajo sospecha y, meses después, el “premio” materializado en un cargo diplomático de alto nivel.

    La casta que no era casta

    El discurso libertario construyó su identidad sobre la denuncia a “la casta”. Sin embargo, este episodio expone una contradicción difícil de ocultar: los mecanismos más clásicos de la política —negociaciones, intercambios, recompensas— siguen plenamente vigentes.

    No se trata de una interpretación aislada. Desde el propio oficialismo se llegó a justificar este tipo de prácticas como parte de los “acuerdos y consensos” necesarios para gobernar, lo que en los hechos equivale a admitir la lógica de negociación de poder que se decía combatir.

    El problema es más profundo: cuando esos acuerdos incluyen cargos públicos estratégicos, la línea entre política y clientelismo institucional se vuelve difusa.

    Un precedente peligroso

    El nombramiento de Crexell no es un hecho menor ni aislado. Marca un precedente político delicado: legitima la idea de que un voto clave en el Congreso puede tener recompensa directa en la estructura del Estado.

    Y en un contexto de ajuste, recorte del gasto público y discurso anti-Estado, el contraste se vuelve aún más evidente: mientras se predica austeridad, se distribuyen cargos diplomáticos como moneda de negociación.

    La pregunta que queda flotando es incómoda pero inevitable: si esto no es “casta”, ¿qué es?

     

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    Ariel Lijo ordenó este jueves el peritaje de los audios de Diego Spagnuolo para «corroborar el origen y la veracidad» del material, a través de la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería, y produjo un verdadero terremoto en Comodoro Py. La resolución es un guiño directo a Karina Milei, que se estaba desesperando por el avance de la investigación y hasta designó a Juan Bautista Mahiques en el Ministerio de Justicia con la misión de frenarla.

    En ese contexto, la definición del magistrado podría constituir un giro copernicano respecto del camino que había trazado Sebastián Casanello, que subrogó el juzgado de Lijo hasta febrero pasado.

    De hecho, Lijo basó su argumento para el pedido a la Gendarmería en los lineamientos dispuestos por la Sala II de la Cámara de Apelaciones el 4 de diciembre pasado. Ese juzgado está integrado por Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah.

    Irurzun y Boico habían dejado abierta la causa por el reclamo del gobierno para que, justamente, se impugnara lo actuado por Casanello y el fiscal Franco Picardi, quienes alegaban que no instruían la causa con el contenido de los audios sino a partir de la prueba que obtuvieron en los allanamientos de las casas de los imputados, sus computadoras y sus teléfonos celulares. Farah había votado en sentido contrario.

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    Ahora, Lijo habilita la chance que los audios fueran objeto de algún tipo de adulteración o edición por medio de inteligencia artificial o cualquier otro método similar.

    La medida del magistrado generó sorpresa en Comodoro Py. Un colega suyo que seguía con atención la investigación calificó la resolución de Lijo como «una vergüenza».

    Ya se habría producido un encuentro secreto entre Lijo y Karina, que ya no confía plenamente en Mahiques para la resolución de sus problemas.

    El giro de Lijo, que disputa con Juan Bautista Mahiques la postulación como Procurador de la Nación, podría obedecer a la búsqueda de congraciarse con Karina Milei. De hecho, LPO informó que la hermana presidencial se habría enterado del ultimátum de Irurzun a Mahiques por el freno a su pliego para prorrogar su cargo a través de un mensaje de WhatsApp que le llegó a la legisladora Pilar Ramírez, su mano derecha.

    Después de eso, se habría producido un encuentro secreto entre Lijo y Karina, que ya no confía plenamente en Mahiques para la resolución de sus problemas. La secretaria general de la Presidencia habría decidido puentear a su ministro.

     

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