El Intendente Marcelo Orazi reiteró su pedido ante Vialidad Nacional por el estado de la ruta nacional 22 en el tramo comprendido en el ejido de Villa Regina.
En una nota elevada al Jefe del Distrito Río Negro del organismo nacional Gustavo Casas, el Intendente le realizó dos solicitudes. Por un lado, el recambio de alrededor de 150 luminarias que no funcionan en el trayecto mencionado, lo cual, expresó Orazi, reviste un riesgo a la seguridad de quienes transitan por la Autovía.
Por otro lado, el mantenimiento y/o reparación de la cinta asfáltica que presenta desniveles y ondulaciones, fundamentalmente en la intersección de la ruta y calle Pioneros, donde está ubicado el semáforo. “Le menciono que dado el importante deterioro que presenta ha causado accidentes en ese punto estratégico de la ciudad”, indicó el jefe comunal en la nota.
Recordemos que estos temas fueron planteados por Orazi en diciembre pasado en la audiencia que mantuvo con Casas en Viedma.
Al intento de Javier Milei de eliminar el régimen de tarifas diferenciales de gas por Zona Fría se expuso un fuerte rechazo en la provincia de Buenos Aires, donde el peronismo logró que hasta el bloque del PRO ponga de manifiesto su repudio al proyecto del Gobierno nacional que pretende dar de baja ese beneficio.
El proyecto de declaración aprobado por mayoría este miércoles en el Senado bonaerense (solo el bloque de La Libertad Avanza lo rechazó) fue presentado por la camporista Fernanda Raverta.
«En el capítulo uno eliminan la Zona Fría y en el capítulo dos les condonan una deuda multimillonaria a las empresas energéticas. Entonces no se trata de que nos ajustemos todos. Se ajustan siempre los mismos», dijo Raverta al asegurar existe una decisión política en el proyecto del Gobierno que tiene media sanción en el Congreso.
La senadora y ex candidata a la intendencia de Mar del Plata advirtió que miles de familias de esa ciudad balnearia dependen de este régimen para afrontar el costo de la calefacción durante el invierno.
Para este proyecto de declaración, se solicitó una votación nominal que deje en claro el posicionamiento de cada senador.
«Hay un particular ensañamiento con Mar del Plata. Cuando a la Argentina le va mal, a los marplatenses nos va peor. Tenemos una matriz productiva muy diversa y hoy todos los sectores están siendo golpeados por este modelo económico «, añadió Raverta.
Para este proyecto de declaración, se solicitó una votación nominal que deje en claro el posicionamiento de cada senador.
Ahí, se expuso que el apoyo a la iniciativa por parte de todos los senadores del PRO, incluido el intendente en uso de licencia de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, que muestra distancia política de los libertarios luego de quedar afuera del gabinete de Milei. También acompañaron el proyecto de Raverta el bloque de Carlos Kikuchi, la UCR y Hechos.
«Estamos a tiempo de revertir algo que es profundamente injusto. Espero que los legisladores nacionales hagan lo suyo para que en Mar del Plata podamos sufrir un poquitito menos», dijo Raverta.
Por su parte, este miércoles Axel Kicillof reiteró su rechazo a la avanzada de Milei para eliminar Zona Fría. Lo hizo al visitar Bahía Blanca, una de las ciudades que se vería fuertemente afectada de concretarse la eliminación de este beneficio.
«Es difícil comprender cómo el Gobierno nacional no tiene ni siquiera un termómetro», dijo Kicillof junto al intendente bahiense Federico Susbielles.
En ese sentido, sostuvo que la decisión de quitar la zona fría es absurda. «Va a ser un invierno para discutir este tipo de cosas que tienen que ver con los costos en general de la energía», dijo.
Entidades de magistrados y foros de jueces se manifestaron críticamente contra el rechazo del gobierno de Maximiliano Pullaro de cuestionar a una jueza de Menores de Rosario que, hace una semana, anuló un allanamiento porque la policía lo hizo sin solicitar una orden judicial. El gobierno por su parte defendió el procedimiento y cuestiona la decisión de la magistrada como una acción institucional poco sensible a las expectativas de la población frente al delito. «Ponemos el interés de los santafesinos por encima del de las corporaciones», dice uno de los principales colaboradores del gobernador.
Las críticas llegaron en avalancha luego de que la vocera del gobierno, Virginia Coudannes, sacó el tema deliberadamente, en medio de una rueda de prensa rutinaria ante los medios santafesinos. La portavoz del Poder Ejecutivo fue con todo contra la jueza María Dolores Aguirre Guarrochena que invalidó un procedimiento en el que se capturó a un menor de edad acusado de balear un domicilio al que apresaron a doce horas del hecho alegando flagrancia. La jueza dijo que era inaceptable transcurrido tanto tiempo y sin urgencia que no se hubiera solicitado una orden de allanamiento a un juez para eso.
«Si los delincuentes son tan buenos, que se los lleven a sus casas», dijo Coudannes. Esto motivó una declaración formal del Colegio de Magistrados de Rosario. Pero lo más fuerte fue lo que magistrados de todo el país señalaron en sus redes al comentar el tema.
El Colegio de la Magistratura y la Función Judicial de la provincia de Santa Fe manifestó, en un comunicado, «su desacuerdo con las declaraciones públicas vertidas por una funcionaria del Poder Ejecutivo provincial». En el texto indican desde la institución que las discrepancias deben canalizarse «por las vías procesales legalmente previstas y no a través de manifestaciones públicas descalificantes». Y remarca que «no es mediante la disputa mediática que deben encararse las soluciones que afectan a fibras sensibles de nuestra sociedad».
El contenido del comunicado enojó a distintos jueces de Rosario que hablaron con LPO por encontrarlo excesivamente moderado frente a una afrenta que consideran reiterada desde el gobierno santafesino. «Lo del Colegio de Jueces es patético y pusilánime», dijo uno de los magistrados que habló con este medio.
Lo que indica un grupo de jueces molestos con este contenido es que la posibilidad de ejercer la independencia no se hace desde los fallos, sino sosteniendo las resoluciones en la acción política, con manifestaciones que deben ser más contundentes y con funcionarios judiciales que defiendan su autonomía y su criterio en el campo público del mismo modo en que lo hacen desde funcionarios del Ejecutivo.
Desde esta vereda, los jueces manifiestan que efectivamente hay una sumisión de magistrados que se nota en resoluciones judiciales afines a las expectativas del gobierno, aún cuando se piden medidas que no cuentan con los estándares necesarias para avalarlas, sobre todo en procedimientos que implican detenciones, ejecuciones de condenas previstas por la ley y allanamientos. Aducen que hacer algo en contra de lo esperado por el gobierno implica escraches públicos. Como le pasó, dicen, a Aguirre Guarrochena.
Mientras el gobernador @maxipullaro invierte en tecnología, fortalece a la Policía y da más herramientas para combatir el crimen, siguen existiendo miradas garantistas que parecen más preocupadas por proteger a los delincuentes que por acompañar a las víctimas. pic.twitter.com/remuRaQkMY
El gobierno provincial se juega fuerte por estos temas convencido de que tiene en este punto, el control del delito, por un lado el reaseguro de su plan contra la violencia que durante once años tuvo en Rosario, la mayor ciudad santafesina, la tasa más alta de delitos de alta lesividad como homicidios y balaceras. Durante la gestión de Pullaro los delitos de sangre bajaron el primer año un 65% y se mantuvo durante el segundo año de su mandato con las cifras más bajas desde 2010.
«Como gobierno desde el inicio de la gestión impulsamos reformas que creemos que ponen en el centro al ciudadano, sus necesidades y sus intereses», le dijo a LPO un funcionario del círculo más próximo a Pullaro. «En esas reformas se han generado algunas incomodidades de sectores que preferían y se sentían a gusto con las viejas formas. Pero ya vimos a dónde nos dejaron, en una sociedad indefensa ante el avance del delito y las organizaciones criminales. Ponemos el interés general de los santafesinos por encima de las corporaciones», resumió.
Lo que entiende el gobierno es que los fallos judiciales no deben darles a los delincuentes la idea de que tienen en la Justicia una trinchera donde encuentren amparo. Y promueve una política de persecución que replica el Ministerio Público de la Acusación (los fiscales) de manera alineada donde el actor fundamental contra la criminalidad sea la policía que el Ministerio de Seguridad desde el Ejecutivo maneja de manera directa.
También recuerdan que la ola de delitos que azotó a Rosario y recrudeció a partir de 2013 se dio frente a una pasividad de la Justicia Penal de Rosario, tanto la ordinaria como la federal, que tenía a los mayores referentes de la criminalidad en sus expedientes pero sin realizar conexión de causas. El Poder Judicial se justifica atribuyendo en gran medida a la vigencia por entonces del viejo sistema escrito de juicio y a la falta de fiscalías especializadas que, desde que rige el acusatorio en 2014 en Santa Fe, trabajan ahora con pautas para vincular grupos delictivos tanto por sus hechos como por sus áreas geográficas de influencia. Un argumento poco convincente para absolver al sistema judicial y a sus funcionarios de entonces.
Lo que hizo la jueza Dolores Aguirre Guarrochena fue marcarle un control a esa policía que allanó cuando a su criterio no existía urgencia, ya que habían pasado 12 horas, sin pedir orden a un juez. Por eso la reacción cuando en el caso habían detenido a un menor de edad acusado de disparar contra una vivienda que recibió ocho balazos.
Los jueces replican -de manera masiva pero solo en off- que Pullaro demuestra un afán de imponer favoritos en la Justicia con la finalidad de que produzcan resoluciones afines a su política criminal y de otro tipo. Enumeran que eliminó los puntajes en los concursos de magistrados para acabar con el orden de mérito que pemita discrecionalidad en las selecciones. Que criticaron con dureza a jueces provinciales que mandaron a la Justicia Federal casos de droga con criterios distintos. Y que el gobierno, con aval legislativo, nombró ministros de la Corte Suprema afines sin disponer de las vacantes de quienes aún están en funciones y procura reemplazar.
El tema pegó tan hondo en los foros de jueces de todo el país que La Nación lo recogió en un texto de autor firmado por el juez de Menores de Catamarca Rodrigo Morabito, que indica que la posición de la vocera, y por añadidura del gobierno, «encierra una profunda incomprensión del rol del Poder Judicial».
«Cuando un juez o jueza adopta una decisión que garantiza derechos (aunque resulte impopular) no está emitiendo una opinión personal ni actuando por empatía individual. Está cumpliendo la Constitución. Está aplicando la ley. Está haciendo exactamente aquello para lo que fue investido; controlar el ejercicio del poder y proteger a las personas frente a posibles abusos», dice Morabito.
Magistrados de distintos distritos estuvieron activos sobre este asunto en los chats en la idea de que la defensa de la independencia del Poder Judicial abarca intereses de juezas y jueces de todo el país. «Tratan a la Justicia como oposición, hasta con ínfulas propias de los torpes», dice uno de ellos en un chat nacional de jueces y académicos de Derecho. Asimismo el caso fue abordado por la red de Profesores de Derecho Penal, después de que se viralizó el audio donde Coudannes cuestiona a la jueza de Rosario e invita que se lleva a la casa al chico beneficiado con la anulación del allanamiento.
Un magistrado de Tucumán dijo por ejemplo: «Como decía Chiappini en uno de sus libros: la ignorancia suele ser insolente», en alusión a un doctor en Derecho y especialista en Derecho Procesal y Penal de Rosario.
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El Gobierno consiguió el número que prueba el éxito de su modelo económico exportador: un superávit comercial récord, como no se veía hace años. Pero detrás del festejo aparece una postal más compleja. La Argentina exporta más petróleo, aprovecha mejores precios internacionales y al mismo tiempo importa menos piezas, insumos y bienes ligados a la producción industrial, la gran perdedora del modelo.
En mayo, las exportaciones alcanzaron USD 9.537 millones, el mayor registro mensual de la serie. El salto fue de 34,4% interanual. Las importaciones, en cambio, sumaron USD 6.033 millones y cayeron 7% contra el mismo mes del año pasado. Así, el saldo comercial cerró con un superávit de USD 3.504 millones.
En los primeros cinco meses del año, el excedente acumulado llegó a USD 11.783 millones. La comparación es elocuente: en el mismo período de 2025, el saldo había sido de apenas USD 1.900 millones. La balanza comercial se convirtió en una de las pocas fotos que el oficialismo puede mostrar sin retoques.
El detalle de las exportaciones confirma el cambio de composición. Contra abril, las ventas externas crecieron 0,5% desestacionalizado. Contra mayo del año pasado, subieron USD 2.442 millones. El avance combinó mayores cantidades, que crecieron 18%, y mejores precios, que aportaron otro 14%.
El principal impulso vino de combustibles y energía. Ese rubro creció 167% interanual y sumó USD 1.091 millones adicionales. El producto estrella fueron los aceites crudos de petróleo. Las manufacturas de origen agropecuario también empujaron: subieron 21% y aportaron USD 508 millones más, con grasas, aceites y carnes como motores. Las carnes crecieron 37% y sumaron USD 127 millones.
Los productos primarios aumentaron 22,5% interanual, sobre todo por cantidades, que treparon 25%. Las manufacturas de origen industrial crecieron 20%, con un aporte de USD 394 millones. Allí se destacó el avance de productos químicos, donde entra el carbonato de litio. El Gobierno lee ese dato como diversificación. En el mercado, algunos prefieren llamarlo una canasta más primarizada con algunos destellos de valor agregado.
El principal impulso vino de combustibles y energía. Ese rubro creció 167% interanual y sumó USD 1.091 millones adicionales. El producto estrella fueron los aceites crudos de petróleo.
La otra mitad de la historia está en las importaciones. Las compras externas siguieron estancadas, en línea con una actividad que no termina de traccionar. Contra abril, cayeron 2,5% mensual desestacionalizado. Contra mayo de 2025, bajaron 7%. La baja se explicó únicamente por cantidades, que retrocedieron 14%, porque los precios subieron.
Salvo bienes intermedios, que aumentaron solo por precios, todos los rubros importados mostraron caídas interanuales. La señal más delicada fue la de piezas y accesorios para bienes de capital, que se desplomaron 27% y restaron USD 374 millones. No es un dato menor. Cuando una economía compra menos partes para máquinas, equipos y transporte, no solo ahorra dólares: también muestra que invierte menos o que produce menos.
«Es un número espectacular, pero no hay magia. Una parte sale de Vaca Muerta y otra de una economía que no demanda importaciones porque está fría», dijo a LPO un operador de comercio exterior. En otra mesa del sector privado lo resumieron con menos diplomacia: «El superávit también lo explica la recesión fabril».
Ese es el punto incómodo para el relato oficial. El modelo exportador libertario funciona en sus propios términos. Consigue dólares, mejora el saldo comercial y reduce la presión importadora. Pero lo hace con un patrón muy claro: energía, agro, minería y una industria acorralada por la apertura, el costo financiero y la caída del mercado interno.
En los primeros cinco meses, la mejora del saldo se explicó en buena medida por un menor déficit de los sectores menos dinámicos. Pasaron de un rojo de USD 18.000 millones en 2025 a uno de USD 14.000 millones en 2026. A eso se sumó el salto energético: el saldo del sector pasó de USD 3.000 millones a USD 5.400 millones.
Es un número espectacular, pero no hay magia. Una parte sale de Vaca Muerta y otra de una economía que no demanda importaciones porque está fría.
La balanza comercial energética es el nuevo fenómeno del intercambio argentino. En mayo registró un superávit de USD 1.542 millones. En los primeros cinco meses acumuló USD 5.402 millones, un 79% más que en el mismo período del año pasado.
Según el informe de Intercambio Comercial Argentino del INDEC, las exportaciones de energía llegaron en mayo a USD 1.745 millones, con una suba de 167% interanual. Las compras externas del sector fueron de apenas USD 202 millones, un 33% menos. Desde enero, las ventas externas energéticas sumaron USD 6.182 millones, un crecimiento del 45%, mientras que las importaciones totalizaron USD 779 millones, un 38% menos.
El petróleo fue el gran protagonista. Las ventas de crudo alcanzaron USD 1.172 millones en mayo, un salto de 322% interanual. El aumento respondió sobre todo a mejores precios, empujados por la tensión en Medio Oriente, que llevó el barril por encima de los USD 100 en las semanas previas. Tras el acuerdo entre Irán y Estados Unidos, el precio cayó fuerte y dejó una advertencia para los próximos meses: el viento de cola puede cambiar rápido.
El crecimiento del crudo no puede apoyarse mucho más en volumen por falta de infraestructura. En el sector remarcan que la próxima escala depende de obras clave como el oleoducto VMOS, que debería comenzar a operar en enero 2027.
También crecieron las exportaciones de naftas, propano y butano. La venta de gas natural a Chile, en cambio, cayó levemente.
En el sector casi nadie discute que este giro no nació en diciembre de 2023 con Milei, aunque el actual gobierno lo acentuó libertando el precio y las exportaciones petroleras. Una decisión clave.
La balanza energética pasó de un déficit estructural a un superávit récord de USD 7.815 millones en 2025 por una acumulación de decisiones de Estado. La recuperación de YPF en 2012, el acuerdo piloto con Chevron en Loma Campana en 2013, la curva de aprendizaje en Vaca Muerta y la construcción de infraestructura fueron los cimientos de este resultado.
Antes de la expropiación del 51% de YPF, la Argentina arrastraba una caída de producción que disparó la importación de combustibles. Las compras externas pasaron de USD 550 millones en 2003 a más de USD 10.200 millones en 2012. El otro mojón fue el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Inaugurado en julio de 2023, permitió llevar gas no convencional desde la Cuenca Neuquina hacia los centros de consumo. Esa obra alivió el cuello de botella del transporte y redujo importaciones de GNL y gas de Bolivia.
Pero está también muy claro que Milei apostó fuerte por las exportaciones petroleras y liberó precios y volúmenes, además de ofrecer el RIGI para acelerar inversiones.
Como sea, la consultora LCG, fundada por Martín Lousteau, advierte que el segundo semestre puede ser menos brillante. Junio debería mostrar una menor liquidación del agro frente a mayo, que suele ser el mejor mes del año. Los niveles seguirían siendo buenos, pero con menor impulso. A la vez, la baja del precio del petróleo, si se sostiene la distensión en Medio Oriente, puede recortar la potencia de las exportaciones de combustibles.
El punto sensible es el derrame. Exportar más es una condición necesaria para una economía que siempre se queda sin dólares, pero la microeconomía todavía no percibe la bonanza.
«Los dólares entran, pero no necesariamente bajan al llano. Sin encadenamientos locales, el boom exportador termina en balances privados, no en desarrollo», dijo a LPO una fuente que sigue de cerca el sector energético.
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