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Orazi insistió ante Vialidad Nacional por el mantenimiento de la ruta 22

El Intendente Marcelo Orazi reiteró su pedido ante Vialidad Nacional por el estado de la ruta nacional 22 en el tramo comprendido en el ejido de Villa Regina.

En una nota elevada al Jefe del Distrito Río Negro del organismo nacional Gustavo Casas, el Intendente le realizó dos solicitudes. Por un lado, el recambio de alrededor de 150 luminarias que no funcionan en el trayecto mencionado, lo cual, expresó Orazi, reviste un riesgo a la seguridad de quienes transitan por la Autovía.

Por otro lado, el mantenimiento y/o reparación de la cinta asfáltica que presenta desniveles y ondulaciones, fundamentalmente en la intersección de la ruta y calle Pioneros, donde está ubicado el semáforo. “Le menciono que dado el importante deterioro que presenta ha causado accidentes en ese punto estratégico de la ciudad”, indicó el jefe comunal en la nota.

Recordemos que estos temas fueron planteados por Orazi en diciembre pasado en la audiencia que mantuvo con Casas en Viedma.

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    Fue un viernes frenético con reuniones cruzadas entre Verónica Magario, Sergio Berni, Malena Galmarini y el camporista Emmanuel González Santalla. El peronismo estuvo al borde de la ruptura cuando la vicegobernadora cerró un esquema de comisiones sin acuerdo con el resto del peronismo.

    Magario impuso a Germán Lago en Legislación General y quiso que Galmarini quede al frente de Asuntos Constitucionales, una comisión que controla La Cámpora desde hace años. La jugada de Magario se leyó en el kirchnerismo como una provocación y durante días el bloque estuvo al borde de la ruptura.

    Magario impuso a un axelista en una comisión clave y crece la tensión con el kirchneirsmo

    Este viernes, Malena aceptó dejar Asuntos Constitucionales a González Santalla y el massismo se quedará con Presupuesto e Impuestos, comisión que presidirá Valeria Arata. Además, como reconocimiento al gesto, La Cámpora comprometió su apoyo para que Galmarini presida Reforma Política, la comisión por la que pasarán varios proyectos que definirán el reglamento electoral del año próximo.

    Por la comisión que controla La Cámpora pasa nada menos que los pliegos para la designación de jueces y funcionarios del Poder Judicial. También pasarán por ahí los pliegos de los futuros jueces de la Suprema Corte. En el peronismo no entienden por qué Magario pagó un alto costo político para dejar esa comisión -en un principio- en manos del massismo.

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    La interna del peronismo traba la definición de las comisiones en la Legislatura

    El malestar en el peronismo con la vicegobernadora es muy grande y durante días en el kirchnerismo se animaron a presagiar una ruptura del bloque. Si eso no ocurrió fue por la imposibilidad de encapsular una ruptura sólo en el Senado. Todos sabían que si se rompía en el bloque en la Cámara Alta, seguía una ruptura en Diputados y también en los Concejos Deliberantes.

    La avanzada de Magario sobre el armado de las comisiones parece ligada a la tensión que hubo en los primeros meses del año cuando Cristina Kirchner logró imponer a Mario Ishii como vicepresidente primero del Senado, un sillón que Axel Kicillof consideraba clave toda vez que es el segundo en la línea de sucesión.

    Magario había jugado muy fuerte para ubicar en la vicepresidencia primera a Ayelén Durán, una senadora que responde a Andrés Larroque. Junto con Gabriel Godoy, Durán forma parte de lo que supo ser la cúpula de La Cámpora en Bahía Blanca. Esa estructura rompió con la conducción de Máximo Kirchner para sumarse al axelismo a través del Cuervo.

     

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    El ministro Toto Caputo volvió a demorar la aplicación de uno de los capítulos más sensibles de la reforma laboral. La reglamentación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el nuevo sistema pensado para reemplazar parcialmente el esquema tradicional de indemnizaciones, quedó postergada hasta 2027 y agravó la interna con Federico Sturzenegger, que hizo de la reforma laboral uno de los capítulos más importantes de su proyecto desrregulador.

    Caputo adujo razones fiscales para pisar la reforma. La reforma establece que los empleadores deriven una parte de las contribuciones patronales hacia los FAL. Las grandes empresas debían aportar el equivalente al 1% de los salarios y las medianas, pequeñas y microempresas un 2,5%. Ese dinero ya no iría a la Anses, sino a fondos privados destinados a cubrir indemnizaciones futuras.

    Economía adujo que el nuevo sistema generaba un bache fiscal superior a los 4,5 billones de pesos anuales. Equivale aproximadamente al 0,46% del PBI. Unos 2.500 millones de dólares por año. Pero quienes defienden el sistema afirman que el cálculo es una exageración mal intencionada de Economía, ya que la constitución de los FAL, en el mejor de los casos, será un proceso gradual que llevará años.

    Pero Caputo encontró la excusa para trabarle a su rival interno su reforma estrella. El gobierno enfrenta  una caída persistente de la recaudación y una discusión interna cada vez más áspera por la dificultad de seguir avanzando con el ajuste. La baja real del IVA y Ganancias golpeó fuerte los ingresos nacionales. En Economía sostienen que no hay margen para resignar más recursos destinados al sistema previsional. 

    Estiman que el FAL podría sumar al mercado porteño unos USD 2.100 millones por año

    Por eso, aunque el plazo original fijaba la puesta en marcha para el próximo 1 de junio, funcionarios del equipo económico ya les comunicaron informalmente a bancos y administradoras privadas que los tiempos se estiran. La nueva fecha quedó corrida, al menos, hasta 2027. 

    La expectativa era enorme. Las sociedades gerentes de fondos comunes de inversión y los fiduciarios autorizados por la Comisión Nacional de Valores ya imaginaban un flujo constante de aportes mensuales. En el sector hablan de una masa de dinero capaz de modificar la escala de la industria local de fondos. 

    Aunque el plazo original fijaba la puesta en marcha para el próximo 1 de junio, funcionarios del equipo económico ya les comunicaron informalmente a bancos y administradoras privadas que los tiempos se estiran. La nueva fecha quedó corrida, al menos, hasta 2027. 

    «Estamos hablando de más de 500 mil empleadores. Es una revolución de números y de tamaño brutal», dijo esta semana el titular de la CNV, Roberto Silva. Pero, por ahora, el proyecto quedó guardado en un cajón, víctima de la interna entre Caputo y Sturzenegger, que excede este tema y abarca el rumbo de la política económica.

    Caputo prioriza sostener el dólar quieto. Sturzenegger empuja otra lógica. Como Domingo Cavallo, cree que el Gobierno demora demasiado la apertura total del cepo y que el actual esquema posterga el programa libertario original de liberar completamente el mercado cambiario. 

    La tensión también atraviesa al FMI. Sturzenegger conserva una relación aceitada con cuadros técnicos del organismo gracias a su perfil académico y su paso por el MIT. En Economía molesta especialmente que el ministro sugiera en privado que tuvo un rol clave para destrabar desembolsos y mejorar el diálogo con Washington.

    La pelea ya impacta sobre áreas concretas del Estado. El caso del INTI fue uno de los episodios más visibles. Sturzenegger impulsó recortes mucho más agresivos y una poda casi total de funciones. Caputo frenó parte de esa avanzada. 

    Algo parecido ocurre con la llamada Ley Hojarasca. Mientras Sturzenegger celebra la derogación masiva de regulaciones y normas viejas como una victoria política propia, en Economía observan con desconfianza el impacto que una desregulación acelerada puede tener sobre la recaudación y sobre actividades sensibles para el comercio y la producción.

    En el Gobierno incluso circula otra hipótesis. Algunos sectores de la Casa Rosada imaginan a Sturzenegger ocupando más adelante un rol superior de coordinación política y económica, algo parecido a una Jefatura de Gabinete con poder sobre las áreas presupuestarias. Cerca de Caputo responden que el ministro seguirá mientras logre estabilizar el frente cambiario y cerrar definitivamente el esquema de financiamiento internacional. La reforma laboral quedó atrapada en esa disputa, el nuevo negocio financiero deberá esperar. 

     

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