El Intendente Marcelo Orazi reiteró su pedido ante Vialidad Nacional por el estado de la ruta nacional 22 en el tramo comprendido en el ejido de Villa Regina.
En una nota elevada al Jefe del Distrito Río Negro del organismo nacional Gustavo Casas, el Intendente le realizó dos solicitudes. Por un lado, el recambio de alrededor de 150 luminarias que no funcionan en el trayecto mencionado, lo cual, expresó Orazi, reviste un riesgo a la seguridad de quienes transitan por la Autovía.
Por otro lado, el mantenimiento y/o reparación de la cinta asfáltica que presenta desniveles y ondulaciones, fundamentalmente en la intersección de la ruta y calle Pioneros, donde está ubicado el semáforo. “Le menciono que dado el importante deterioro que presenta ha causado accidentes en ese punto estratégico de la ciudad”, indicó el jefe comunal en la nota.
Recordemos que estos temas fueron planteados por Orazi en diciembre pasado en la audiencia que mantuvo con Casas en Viedma.
La decisión de Estados Unidos de catalogar al Primeiro Comando da Capital (PCC) y al Comando Vermelho como organizaciones terroristas encendió una alarma en el sistema financiero brasileño. Los principales bancos del país comenzaron a analizar posibles escenarios de riesgo y buscaron asesoramiento en México, donde una ofensiva similar terminó golpeando a varias entidades financieras.
La preocupación excede ampliamente la cuestión de la seguridad pública. En el sector financiero temen que la nueva estrategia de Washington derive en mayores exigencias regulatorias, auditorías más rigurosas y un aumento de los riesgos legales para cualquier institución que opere en dólares o tenga exposición al sistema financiero estadounidense.
Por eso, varios bancos brasileños iniciaron contactos con entidades mexicanas para entender qué ocurrió cuando Estados Unidos avanzó sobre instituciones sospechadas de facilitar operaciones vinculadas al narcotráfico. El objetivo es evitar errores y prepararse para un escenario que podría volverse mucho más exigente.
El antecedente mexicano es el principal motivo de preocupación. A mediados de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos puso bajo la mira a tres entidades financieras: CIBanco, Intercam y Vector. Las acusó de haber facilitado o permitido operaciones de lavado de dinero vinculadas a organizaciones criminales como el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación.
Lo llamativo es que las investigaciones realizadas posteriormente por las autoridades mexicanas no encontraron pruebas concluyentes que confirmaran las acusaciones formuladas por Washington. Sin embargo, el daño sobre las entidades ya estaba hecho.
Varios bancos brasileños iniciaron contactos con entidades mexicanas para entender qué ocurrió cuando Estados Unidos avanzó sobre instituciones sospechadas de facilitar operaciones vinculadas al narcotráfico, como CIBanco, Intercam y Vector.
Ante el riesgo de una corrida y para evitar un efecto contagio sobre el resto del sistema financiero, el gobierno mexicano intervino las tres instituciones. La prioridad fue proteger a los ahorristas y preservar la estabilidad del sistema bancario. Aun así, las consecuencias fueron severas, las 3 instituciones dejaron de operar y transfirieron sus activos a otras entidades.
El episodio se convirtió en una señal de alerta para toda la industria financiera de la región. En México todavía existe preocupación por la posibilidad de que nuevas entidades sean alcanzadas por medidas similares. Incluso circulan versiones sobre una eventual atención especial de las autoridades estadounidenses sobre el Banco del Bienestar, la entidad estatal mexicana.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con su equipo económico.
Ese es precisamente el escenario que los bancos brasileños intentan evitar. La designación del PCC y del Comando Vermelho como organizaciones terroristas modifica la naturaleza de los riesgos que enfrentan las entidades financieras. Ya no se trata únicamente de cumplir con las normas tradicionales de prevención del lavado de dinero.
La nueva categoría amplía las responsabilidades de bancos, fintechs y compañías que operan en el sistema financiero internacional. Los controles sobre clientes, beneficiarios finales, movimientos de fondos y estructuras societarias pasan a ser mucho más estrictos, especialmente cuando existen operaciones en dólares.
La principal amenaza radica en las sanciones de carácter extraterritorial. Una entidad puede enfrentar restricciones para operar con bancos estadounidenses o incluso perder acceso a determinados servicios financieros si las autoridades consideran que existió algún tipo de vínculo, aunque sea indirecto, con organizaciones alcanzadas por las sanciones.
Cuando Estados Unidos aplica la etiqueta de organización terrorista, las consecuencias suelen extenderse mucho más allá del ámbito criminal. El efecto alcanza al sistema financiero, incrementa los costos de cumplimiento normativo y eleva el riesgo regulatorio para bancos y empresas con presencia internacional.
Por eso el impacto potencial no se limita al sector bancario. Empresas de logística, transporte, comercio exterior, minería y agronegocios también podrían verse obligadas a reforzar sus mecanismos de control para evitar quedar involucradas en investigaciones o revisiones regulatorias.
Para los inversores, la señal es clara. Cuando Estados Unidos aplica la etiqueta de organización terrorista, las consecuencias suelen extenderse mucho más allá del ámbito criminal. El efecto alcanza al sistema financiero, incrementa los costos de cumplimiento normativo y eleva el riesgo regulatorio para bancos y empresas con presencia internacional.
La experiencia mexicana mostró que una investigación o una acusación pueden tener consecuencias significativas incluso antes de que exista una condena o una prueba definitiva. Por eso en Brasil el sector financiero decidió actuar con anticipación. La preocupación ya no es solamente el crimen organizado: ahora también es el costo de quedar bajo la lupa de Washington.
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De todos los datos e indicadores que vienen del frente económico, este es el que realmente le pega al plan. No es la industria en caída. No es la actividad partida. No es el consumo planchado. Es MSCI diciéndole a Toto Caputo que la Argentina todavía no está en condiciones de volver al radar de los fondos globales.
El golpe va directo al nervio del programa. El plan ya no depende solo del ajuste fiscal, de pisar el gasto o de administrar el dólar. Depende, sobre todo, del financiamiento externo. Caputo necesita volver a colocar deuda, renovar vencimientos, convencer a Wall Street de que esta vez la Argentina no es una excursión corta antes del próximo incendio.
Por eso la decisión de MSCI tiene otro peso. La firma mantuvo a la Argentina como mercado standalone, el escalón más bajo de su clasificación, y no la incluyó en ningún proceso de revisión para pasar a mercado de frontera o emergente. El mercado esperaba, al menos, entrar en una lista de seguimiento. Ni eso.
«MSCI concluyó que no hubo mejoras suficientes en materia de acceso al mercado respecto de 2024 y, además, confirmó que el país no ingresará al proceso formal de revisión, un requisito indispensable antes de cualquier reclasificación. Bajo este escenario, la ventana más probable para un ascenso recién aparece hacia 2028: el supuesto base es que durante 2027 se consoliden nuevas medidas de apertura, MSCI abra una consulta y Argentina sea incorporada a la lista de revisión», comentaron desde Puente.
El informe clave se llama MSCI 2026 Global Market Accessibility Review. Allí MSCI evaluó 79 mercados y miró cinco criterios: apertura a la propiedad extranjera, facilidad para el ingreso y salida de capitales, eficiencia operativa, disponibilidad de instrumentos de inversión y estabilidad del marco institucional. Además, desagregó esos criterios en 18 medidas concretas. En la planilla, la Argentina aparece con siete taches: restricciones al flujo de capitales, falta de liberalización cambiaria, problemas de compensación y liquidación, ausencia de stock lending, ausencia de short selling, baja disponibilidad de instrumentos de inversión y debilidad del marco institucional.
MSCI concluyó que no hubo mejoras suficientes en materia de acceso al mercado respecto de 2024 y, además, confirmó que el país no ingresará al proceso formal de revisión, un requisito indispensable antes de cualquier reclasificación. Bajo este escenario, la ventana más probable para un ascenso recién aparece hacia 2028.
La lectura es bastante menos amable que la traducción oficial. MSCI no está mirando solo el pasado argentino. Está mirando la institucionalidad actual. Las reglas de juego. La capacidad de entrar y salir. La estabilidad regulatoria. La información disponible. La calidad del mercado. La sensación, para un inversor grande, de que no entra a una autopista sino a un camino con peajes, desvíos y carteles escritos a mano.
Las observaciones fueron muy concretas. MSCI señaló que la repatriación de ganancias nuevas, aunque fue flexibilizada desde abril de 2025, sigue sujeta a requisitos documentales. Agregó que las ganancias anteriores todavía no pueden salir libremente. También apuntó que no existe un mercado de divisas offshore y que en la plaza local las operaciones cambiarias deben estar vinculadas con transacciones de valores.
La lista sigue. Para abrir cuentas, los documentos deben presentarse en español. La información bursátil detallada tampoco se divulga. No existe estatus de nominación. Las facilidades de sobregiro siguen prohibidas. La competencia entre brokers es limitada. En castellano básico: para Wall Street, Argentina todavía no ofrece un mercado.
«Messi sí, MSCI no». La frase que eligio la calificadora para el capítulo argentino resume la distancia entre la expectativa local y la devolución de afuera.
Ese palazo llega justo cuando Caputo intenta cerrar el blindaje financiero hasta 2027. La cuenta de 1816 es dura: entre lo que queda de 2026 y todo 2027, la Argentina debe afrontar unos USD 30.700 millones de deuda en moneda extranjera con privados, el FMI y el Club de París. Para cubrir ese calendario, el Gobierno tiene identificados unos USD 13.100 millones. Falta el resto: USD 17.600 millones.
Los US$ 13.100 millones salen de tres canillas. Primero, los dólares que juntó el Tesoro con las licitaciones quincenales de Bonares: USD 3.082 millones depositados en el BCRA. Segundo, las garantías del Banco Mundial y del BID, que permitirían conseguir financiamiento privado a seis años por unos USD 4.000 millones. Tercero, la renovación de los repos del BCRA por USD 6.000 millones, con vencimientos entre octubre de 2026 y abril de 2027.
La parte que falta es la más sensible. Según 1816, esos USD 17.600 millones podrían cubrirse con una combinación de nuevos Bonares, emisión internacional, rollover con el FMI o uso de reservas. Pero ninguna opción es gratis. Quedan apenas USD 366 millones por colocar del Bonar 2028, sobre un cupo de USD 2.000 millones. Los Globales largos rinden menos de 9%, lo que abre una ventana para deuda offshore. Pero esa ventana depende de que el mercado crea que la Argentina cambió de régimen, no solo de discurso.
El punto del FMI tampoco es menor. Los pagos netos al Fondo ascienden a USD 7.900 millones. Para rollearlos haría falta un nuevo programa, ya sea un EFF o un Stand By. La alternativa de usar reservas también tiene letra chica. La consultora calcula que las reservas netas a valor de mercado podrían subir a la zona de USD 10.000 millones si se renuevan los repos. Además, el Tesoro podría comprarle dólares al BCRA porque tiene depósitos en pesos en el Central por el equivalente a USD 8.800 millones.
El recuerdo incómodo es 2019. Después de las PASO, el gobierno de Mauricio Macri no pudo enfrentar los vencimientos de Letes y Lecap. Terminó reperfilando deuda y reponiendo el cepo antes de la elección general. La comparación no es automática, pero en la City aparece por una razón: el problema no es solo pagar. Es tener dólares para pagar, defender el tipo de cambio y atravesar el calendario sin que se dispare la demanda de cobertura.
La rueda financiera ya venía mostrando tensión antes de que saliera el comunicado de MSCI. Los ADRs argentinos cerraron con bajas generalizadas en Nueva York. Edenor cayó 4,4%, Galicia 3,9%, YPF 3,5%, BBVA 3,5%, Transportadora de Gas del Sur 3,4% y Central Puerto 3%. El S&P Merval perdió 2,7% medido en dólares y quedó cerca de los 2.089 puntos.
Los bonos también frenaron la recuperación. Los títulos soberanos en dólares bajaron entre 0,2% y 0,5%, con retrocesos en el Bonar 2041, el Global 2041 y el Global 2046. El Global 2030 logró sostener una leve mejora. La corrección se dio en una rueda mala para emergentes: el ETF EMB retrocedió 0,1%. En ese marco, el riesgo país de JP Morgan subió 2,9%, su mayor avance diario en casi un mes y medio, y cerró en 433 puntos básicos.
Ahí se entiende el verdadero mensaje de MSCI. No es un problema de marketing financiero. No alcanza con decir que Argentina volvió al mundo. El mundo financiero pide infraestructura legal, información, liquidez, idioma, salida de capitales y estabilidad institucional. Pide que el tablero no cambie cada vez que al Gobierno le falta una ficha.
El día 7 de noviembre se llevará a cabo la carrera “Contrarreloj”, la que tendrá su lugar de partida en la calle General Paz, frente a la ex Fábrica Crybsa, con largada a partir de las 9 de la mañana. Contará con categorías, modalidad y participación libre, de 6 a 11 años y de 12…
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