El Intendente Marcelo Orazi reiteró su pedido ante Vialidad Nacional por el estado de la ruta nacional 22 en el tramo comprendido en el ejido de Villa Regina.
En una nota elevada al Jefe del Distrito Río Negro del organismo nacional Gustavo Casas, el Intendente le realizó dos solicitudes. Por un lado, el recambio de alrededor de 150 luminarias que no funcionan en el trayecto mencionado, lo cual, expresó Orazi, reviste un riesgo a la seguridad de quienes transitan por la Autovía.
Por otro lado, el mantenimiento y/o reparación de la cinta asfáltica que presenta desniveles y ondulaciones, fundamentalmente en la intersección de la ruta y calle Pioneros, donde está ubicado el semáforo. “Le menciono que dado el importante deterioro que presenta ha causado accidentes en ese punto estratégico de la ciudad”, indicó el jefe comunal en la nota.
Recordemos que estos temas fueron planteados por Orazi en diciembre pasado en la audiencia que mantuvo con Casas en Viedma.
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El gobierno logró sancionar la modificación a la Ley de Glaciares con 40 votos a favor contra 31 por la negativa y la abstención de la neuquina Julieta Corroza. Tal como anticipó LPO, el senjuanino Sergio Uñac, la catamarqueña Lucía Corpacci y el bloque de Carolina Moisés, que también integran Guillermo Andrada, hombre del gobernador Raúl Jalil, y la tucumana Sandra Mendoza, aportaron su apoyo a la nueva norma.
En el rechazo, se agruparon los peronistas del interbloque de José Mayans, los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, los radicales Daniel Kroneberger y Maximiliano Abad, la chubutense Edith Terenzi, la cordobesa Alejandra Vigo y las senadoras del PRO María Victoria Huala y Andrea Cristina.
Con esta votación, los gobernadores peronistas de las zonas cordilleranas se alzaron con una concesión que reclamaban desde diciembre para apoyar la reforma laboral. La normativa aprobada este jueves devuelve a los distritos provinciales la capacidad de realizar estudios de impacto ambiental para medir la relevancia hídrica de las tierras periglaciares, algo que hasta ahora estaba reservado al IANIGLA para preservar regiones adyacentes a las reservas acuíferas de la explotación minera.
En su discurso de cierra, Patricia Bullrich llamó a terminar con la dicotomía «agua o trabajo». Si bien reconoció «el objetivo legítimo de 2010», aseguró que con la modificación «no hay un cambio en la concepción» sino en la intención de «producir en cada rincón donde sea posible».
El miembro informante fue Austín Coto, que provocó a la oposición con su discurso al recuperar información de la versión taquigráfica de la sesión del Senado del 30 de septiembre de 2010, cuando se sancionó la ley de Glaciares vigente hasta ahora. Entonces, recordó que César Gioja, hermano del exgobernador sanjuanino, «se preguntaba por qué en el dictamen de Diputados se había omitido la mención al artículo 124 de la Constitución», el que establece la potestad de las provincias sobre sus recursos naturales.
La referencia del senador fueguino al dictamen de la Cámara Baja de aquella época se debió que los gobernadores defendían un proyecto que fue cambiado por la «ley Bonasso». De hecho, el santafecino Agustín Rossi tuvo que anunciar durante el debate que Cristina Kirchner no vetaría la ley que se terminara aprobando, aunque no prevaleciera la versión que impulsaban los legisladores que respondían a las provincias cordilleranas pero en el Senado se terminó imponiendo el criterio más «protectorio» del ambiente.
Por eso, este jueves el libertario Coto se quejó de la mirada progresista que impera en el área metropolitana y calificó la normativa modificada como «una ley de presupuestos máximos redactada dentro de un frasco de una empanada en un bar de Palermo, hecha por dos chetos». «¿Se acuerdan cuando hablaban de los pinos y decían ‘que pongan un pino en el Senado’? Abajo de los pinos no crece absolutamente nada», sostuvo con tono burlón en alusión al ex legislador Fernando Pino Solanas, fallecido ya.
Después que el fueguino se despachara diciendo que se trataba de una «ley de chetos», el pampeano peronista Daniel Bensusán lo cruzó sin piedad. «Nos dejaron un papel impreso en cada una de las bancas. ¿Qué sería esto?», preguntó haciendo flamear el manojo de hojas del dictamen que Coto trabajó a escondidas con senadoras como Edith Terenzi y Flavia Royón.
¿Se acuerdan cuando hablaban de los pinos y decían ‘que pongan un pino en el Senado’? Abajo de los pinos no crece absolutamente nada.
Coto trató de explicar con naturalidad y Bensusán respondió con bronca. «¿Y qué vamos a hablar entonces? Porque no sabemos cuáles son las modificaciones. Otra vez lo mismo que con la ley laboral. ¿De dónde corno salió esto? ¿De la comisión? Esto es un papel impreso que nos trajeron hace cinco minutos. Ya les pasó con el artículo 44 de la ley laboral y despues a los que acompañan les dicen ‘los estuvimos entreteniendo con una cosa para votar otra'», expresó.
Además, dijo: «¿Esto es joda? Se hizo mucho el gracioso el miembro informante y no explicó nada de las modificaciones que quieren introducir. ¡Una vergüenza! ¿Y van a votar nuevamente un texto sin haberlo leído o por lo menos sin haberlo discutido de cara a la gente en las comisiones del Congreso? ¿Dónde lo discutieron? ¿En una oficina?».
Mientras avanzaba el debate no estaba claro siquiera que Luis Juez fuera a votar a favor, como terminó sucediendo. En Casa Rosada, tuvieron que implementar gestiones para que el cordobés no se ablandara con las críticas de los que le enrostraran que votó a favor de la ley de Glaciares en 2010 y no podía aparecer acompañando su modificación ahora.
Cerca de las 17, Juez recordó que hasta lo charló hace 16 años con Pino Solanas. «Entiendo el tema de la defensa del agua y todo ese discurso, que lo siento como propio», arrancó el legislador pero luego justificó su cambio de postura: «Por ahí alguno al que le gusta el patrullaje empieza a decir que Juez en el 2010 tal cosa… y yo tengo el cuero dura como una tortuga», se describió con ingenio.
El santacruceño José María Carambia anticipó que su voto y el de su colega Natalia Gadano serían negativos, en tanto «el artículo 6° genera libre interpretación». «Es autorización tácita encubierta para que puedan hacer lo que quieran donde sea», alertó.
A veces pensamos que la minería va y te salva pero hace 28 años que tenemos minería y todavía tenemos parte de la población sin servicios básicos.
Además, coincidió con Alicia Kirchner en la advertencia sobre la escasez de puestos de empleo que da la minería. «A veces pensamos que la minería va y te salva pero hace 28 años que tenemos minería y todavía tenemos parte de la población sin servicios básicos», indicó.
Tal vez una de las argumentaciones a favor de la ley más consistentes para el oficialismo terminó siendo la de la misionera Sonia Rojas Decut, proveniente de una jurisdicción distinguida por el recurso hídrico. A su criterio, en la ley en debate «no se bajan los estándares, se clarifican las competencias, se ordenan los criterios y se fortalecen los procesos de evaluación científica y ambiental».
En ese sentido, consideró que «el tenor de la reforma es plenamente compatible con el principio que resguarda la máxima calidad ambiental». «El desarrollo económico y la protección ambiental no son fuerzas opuestas sino condiciones recíprocas si queremos avanzar hacia un desarrollo sostenible», completó.
Finalmente, Flavia Royón también sumó sus objeciones contra los sectores que «tratan de instalar un terrorismo ambiental o que en este proyecto se entrega el agua o los glaciares», y reclamó que se respete «a los equipos técnicos de las provincias». «¿Saben dónde están los mejores glaciólogos? En San Juan», respondió con orgullo.
Tras la firma de un convenio por el traspaso del fuero nacional laboral a la órbita porteña, una maniobra de Villarruel podría dilatar la transferencia.
La intención del gobierno era que la modificación se resolviera en las bancas, pero el secretario parlamentario del Senado, que responde a Villarruel, decidió que siguiera el camino ordinario de cualquier ley propuesta por el Ejecutivo: tratamiento en comisiones y luego votación en el recinto. Las sesiones ordinarias comienzan en marzo y pueden pasar varias semanas antes de completar el ciclo.
El traspaso del fuero nacional es resistido por los propios jueces que perciben como un menoscabo a su investidura ser considerados jueces provinciales y también por los abogados laboralistas. Lo cierto es que, si la transferencia se efectiviza, pasarán a rendir cuentas ante el consejo de la magistratura porteño.
Hay quienes señalan a Villarruel como la responsable de la maniobra dilatoria, pero Agustín Giustinian también tiene buen vínculo con Patricia Bullrich y sospechan que la senadora, de excelente relación con los jueces laborales, estuvo detrás del ardid.
Por la mañana del martes el ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, anunció que había firmado un convenio con Nación para traspasar el fuero laboral. Horas más tarde comenzaron los rumores de que el traspaso podía trabarse en el Senado.
El trámite habitual para los traspasos de competencias de Nación a La Ciudad es la firma de un convenio que luego debe ser ratificado por la Legislatura y por el Senado.
Hay sospechas de que Bullrich fue una de las artífices de la maniobra que demora el traspaso.
Por el momento los jueces nacionales trabaron la transferencia con una cautelar, pero la medida podría caerse. Hasta ahora la última instancia de apelaciones de la justicia Nacional es la Corte.
Si el fuero laboral pasa a la Ciudad, esos expedientes tendrán una instancia anterior, el Tribunal Superior de Justicia. Desde el fallo Levinas, donde el panelista Gabriel Levinas fue juzgado por el robo de obras del artista León Ferrari, el TSJ se convirtió en el tribunal de alzada de la Justicia Nacional.
La Corte tiene especial interés en que el fuero pase a la Ciudad: eso implicaría dejar de lidiar con miles de expedientes que ingresan al máximo tribunal año tras año.
Si el convenio es ratificado por el Senado y la Legislatura, el consejo de la magistratura porteño tendrá una oportunidad única: designará 17 de los 30 camaristas del fuero y al menos 30 de los 80 juzgados que están subrogados. Juan Manuel Olmos y Daniel Angelici serán quienes lideren ese proceso.
El traspaso es impulsado por los empresarios, que ven al fuero colonizado por una visión anti empresa que favorece la industria del juicio y falla siempre a favor de los trabajadores, en algunos casos con condenas tan exageradas que directamente provocan la quiebra de las empresas. Su traspaso fue uno de los caballitos de batalla de Mauricio Macri mientras fue jefe de gobierno porteño y presidente de la Nación. Como era de esperar, es resistido por representantes gremiales y abogados laboralistas.
El líder del PRO llegó a quejarse públicamente de la «mafia de los Recalde», en alusión al ex diputado y abogado de la CGT, Héctor Recalde, quien falleció hace poco más de un año, y Leandro Recalde, quien continúa al frente del estudio jurídico de la familia, con el acompañamiento del senador kirchnerista Mariano Recalde. Más allá de la chicana de Macri, lo cierto es que la familia Recalde tuvo una influencia determinante en el fuero.
Ante la presión de los empresarios, el gobierno busca volver atrás la maniobra de Giustinian y no pierden la esperanza de que el convenio se apruebe mañana. El acuerdo se firmó después de un largo debate del que participaron además de los ministerio de justicia nacional y porteño, ONGs y organismos internacionales como la OISS. Cerca de Milei saben que es difícil que un escenario tan favorable como el actual se repita en el Senado y por eso buscan ratificar el convenio lo antes posible.
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