El Intendente Marcelo Orazi firmó un convenio con el Instituto Crecer que contempla el otorgamiento de becas para capacitaciones destinadas a personas en situación de vulnerabilidad y la posibilidad de acceder a los cursos que brinda la institución tanto a beneficiarios de programas sociales como a no beneficiarios.
En el caso de las becas se otorgarán a personas que la Secretaría de Desarrollo Social estime se les adjudique y quienes resulten beneficiarios podrán elegir entre los siguientes cursos: Secretariado Jurídico Notarial, Auxiliar de Farmacia, Secretariado Ejecutivo y Operador de PC, Administrativo Bancario y Notarial, Auxiliar de Farmacia, Administrativo Bancario y Financiero, Formación de Preceptor – Auxiliar Administrativo – Secretariado Escolar, Secretariado Médico y Hospitalario.
Los beneficiarios de planes sociales tendrán una reducción de la cuota mensual de las capacitaciones y no deberán pagar gastos de inscripción.
En tanto, los no beneficiarios de ningún programa, esto incluye empleados municipales, tendrán de parte del Instituto Crecer una reducción del 50% del monto de inscripción y el monto de la cuota mensual será de $1.500.
El convenio establece que la Secretaría de Desarrollo Social elaborará el listado de quienes resulten beneficiarios.
El inicio de los cursos y capacitaciones será el 5 de abril.
La firma del convenio contó con la participación de la Secretaria de Desarrollo Social Luisa Ibarra y la representante del Instituto Crecer Miriam Troncoso.
El gobierno libertario pone cada vez más restricciones.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
El paquete de resoluciones publicado este miércoles por el Ministerio de Seguridad Nacional en el Boletín Oficial volvió a dejar expuesta una orientación política cada vez más definida del gobierno de Javier Milei: ampliar mecanismos de vigilancia, reforzar restricciones administrativas y consolidar herramientas de control preventivo sobre la vida social. Detrás de medidas que en apariencia aparecen fragmentadas —estadios, bases de datos, restricciones de concurrencia y sistemas federales de información— se perfila una arquitectura estatal donde el concepto de “seguridad” empieza a extenderse mucho más allá del delito consumado.
La resolución más significativa del día fue la ampliación del programa Tribuna Segura, un sistema que originalmente había sido presentado para controlar el ingreso de barras bravas y personas con antecedentes violentos en espectáculos deportivos. La nueva normativa incorpora ahora la posibilidad de aplicar restricciones vinculadas a incumplimientos civiles, como los registros de deudores alimentarios, y profundiza el uso de mecanismos administrativos para impedir accesos sin necesidad de condenas penales firmes.
Detrás de la narrativa oficial sobre “orden” y “protección”, lo que aparece es otra cosa: el avance de un esquema de prevención estatal basado en el monitoreo permanente y la ampliación de facultades discrecionales del Ejecutivo. El cambio no es solamente operativo. Es político.
De la protesta social al control de conductas
Desde la implementación del protocolo antipiquetes, el Gobierno viene construyendo una lógica donde la protesta social dejó de ser tratada como un fenómeno político para pasar a encuadrarse dentro de la órbita de la seguridad interior. El corrimiento conceptual fue gradual, pero constante.
Las resoluciones publicadas este 13 de mayo profundizan ese camino. En los fundamentos administrativos del nuevo esquema de Tribuna Segura aparecen referencias a controles preventivos sobre manifestaciones y concentraciones públicas, consolidando la idea de que el Estado debe intervenir antes de que exista delito alguno.
No se trata solamente de impedir hechos violentos en una cancha. Se trata de construir herramientas permanentes de identificación, seguimiento y restricción de circulación aplicables a distintos ámbitos de la vida pública.
Ese punto es central porque modifica el paradigma histórico de actuación estatal. El foco ya no está únicamente en castigar delitos comprobados, sino en administrar riesgos potenciales mediante bases de datos, controles cruzados y sanciones preventivas.
Bases de datos, vigilancia y centralización
Otra de las resoluciones relevantes del día fue la vinculada al SIFCOP, el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales. Aunque presentada como una actualización técnica y administrativa, la medida refuerza la centralización de información criminal, pedidos de captura, secuestros y alertas judiciales entre fuerzas federales y provinciales.
En términos prácticos, el Ministerio sigue avanzando en la integración nacional de sistemas de vigilancia e identificación. La interoperabilidad de datos permite acelerar operativos y controles, pero también incrementa el poder estatal sobre la circulación de información sensible de millones de personas.
El argumento oficial es la eficiencia. La discusión política, en cambio, pasa por otro lado: qué controles institucionales existen sobre estas herramientas y hasta dónde puede expandirse su utilización.
La preocupación no es abstracta. En los últimos meses el Gobierno ya había endurecido políticas sobre protestas, operativos callejeros y control de movilizaciones, en un contexto social marcado por despidos, ajuste económico y creciente conflictividad.
El orden como narrativa de gobierno
Las medidas difundidas este miércoles también revelan otro aspecto central del modelo Milei: el uso político de la seguridad como construcción discursiva. Deudores alimentarios impedidos de ingresar a estadios, barrabravas bloqueados, presos sin celulares y sistemas federales de monitoreo son decisiones diseñadas para generar impacto mediático inmediato y construir una narrativa de autoridad estatal.
La lógica es clara: instalar la idea de un Gobierno que “pone orden” frente a una sociedad presentada como caótica o fuera de control.
Pero detrás de esa construcción comunicacional aparece una tendencia más profunda y persistente: la expansión de mecanismos administrativos que permiten restringir derechos y movimientos sin intervención judicial plena ni condena firme.
La discusión de fondo recién empieza. Porque mientras el Gobierno presenta estas herramientas como medidas de seguridad modernas y eficientes, crecen las advertencias sobre el riesgo de consolidar un modelo de vigilancia permanente donde cada vez más aspectos de la vida social quedan bajo monitoreo estatal.
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Juan Bautista Mahiques consiguió este jueves que la comisión de Selección del Consejo de la Magistratura aprobara el Concurso 442 para la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, donde deben cubrirse una vacante en su sala II y tres en la sala III.
Fuentes judiciales dijeron a LPO que para esos cargos el ministro de Justicia negoció con Gerónimo Ustarroz, ex representante del Poder Ejecutivo en el Consejo y hermano del senador Eduardo «Wado» De Pedro, los nombres de postulantes «atractivos para el peronismo». Pero también logró colar aspirantes funcionales a su propio armado entre el PRO, la lista Bordó y la agrupación Compromiso Judicial, dos espacios de militancia al interior de la Asociación de Magistrados.
Uno de los jueces ofendidos por los manejos para ubicar candidatos en los concursos deslizó que el propio Ustarroz habría admitido las conversaciones con Mahiques. «Estos son los que podemos meter, si les gustan, bien», habría sido la frase que usó el titular de la cartera de Justicia ante el hombre de Mercedes, distrito del que son oriundos no solamente Wado y su hermano sino también los integrantes de la familia Mahiques.
Pese a que De Pedro siempre negó el diálogo que se le atribuyó como negociador en representación de Cristina con este gobierno y también con el actual ministro y sus parientes, fuentes del kirchnerismo aseguran lo contrario. Pero, además, lo dicen con un reproche: «La amistad de Wado con los Mahiques no sirvió para evitar que le fallen en contra a Cristina».
Como sea, las ternas aprobadas para este concurso quedaron formadas por Ignacio Martín Rebaudi Basavilbaso, Alejandro Nóbili y Juliana Gabriela Kina; Camilo Almeida Pons, Beatriz Pfarher y Javier Pico Terrero; Silvina Bracamonte, Alejandro José Laje y Marcelo Gota; y José Luis Cassineiro, Fernando Julián Olta Santa Cruz y Sofía Saint Jean.
De esos 12 candidatos, si el plenario del Consejo los aprueba y Viola manda sus nombres a la Casa Rosada, Milei deberá elegir uno para cada vacante. El asunto es que no todos obtuvieron esos puestos en el orden de mérito por el rendimiento en sus exámenes sino que varios escalaron por las entrevistas, instancia en la que pueden pesar apreciaciones subjetivas y hasta simpatías ideológicas.
En efecto, Kina y Pfarher subieron desde los puestos 11° y 10° al 3° y 5°, respectivamente. Ambas hicieron su carrera en el Ministerio Publico Fiscal y cultivaron la línea de Alejandra Gils Garbó, un dato que las convierte en candidatas que el peronismo podría votar.
Laje, por su parte, es quien renunció al concurso 405 para la vacante de la Sala D de la Cámara Civil, con el objetivo de que pudiera simularse el ingreso a terna de Raul Agustin Rubiero, quien estaba en lista complementaria, es miembro del tribunal de apelaciones de la AFA desde 2021 y fiscal de CABA desde octubre 2025. Tal como reveló LPO, Mahiques mandó el pliego de Rubiero la semana pasada al Senado.
Santiago Viola y Alejandra Provítola.
Una magistrada al tanto de las negociaciones admitió ante LPO que «Mahiques acordó que Laje se baje del concurso 405 para que entre Rubiero y le garantizó a cambio el acceso a una terna en el 442». «La renuncia al 405 fue un favor a Mahiques y ya fue retribuido», argumentó.
Los casos más asombrosos son los de Gota y Saint Jean, que habían quedado en los puestos 18° y 20°, respectivamente, pero treparon hasta el 9° y el 12° con las entrevistas personales. Un ascenso meteórico que gatilló una impugnación que hizo peligrar la votación del concurso en sí en el Consejo, que arrancó la discusión con dos horas de demora.
Viola hizo un terremoto en el orden de mérito y el resultado es la inclusión de candidatos atractivos al peronismo, seguramente con miras a negociar los pliegos en el Senado.
La objeción fue presentada por Ximena Rocha y Julio César García Villalonga. Los dos son funcionarios de la Cámara Civil y Comercial pero Rocha figuraba en el 8° puesto antes de las entrevistas y la bajaron al 14°.
En la nota, apuntan contra la jueza Alejandra Provítola y el viceministro de Justicia, Santiago Viola, los dos representantes del Consejo a cargo de la subcomisión de Selección, porque hallaron «cambios que no encuentran un correlato razonable y fundado en función de la nómina plasmada en el orden de mérito aprobado el 28 de marzo de 2022, ni menos aún en la propuesta de mayoría aprobada por la Comisión el 8 de noviembre de 2022».
Sucede que el 442 es un concurso iniciado en 2021, que ya durmió en los cajones durante varias composiciones del Consejo. El paso del tiempo y la nueva integración del cuerpo perjudicó a Rocha y permitió que entrara en el concurso Pfarher.
Un consejero aseguró a LPO que «el que tenía a cargo la confección de las ternas es Santiago Viola con la supervisión de Mahiques». «Viola hizo un terremoto en el orden de mérito y el resultado es la inclusión de candidatos del peronismo, seguramente con miras a negociar los pliegos en el Senado», comentó.
El flamante fiscal General de Córdoba, Carlos Lezcano, dijo en una reunión reservada que «la batalla contra el narcotráfico sabemos que no la vamos a ganar, pero la tenemos que dar de todas maneras». Aunque la frase no quedó registrada, importantes funcionarios del Gobierno provincial la confirmaron a LPO y señalaron que Martín Llaryora fue puesto al tanto de inmediato.
Es que Lezcano la pronunció en el lanzamiento de la Mesa Provincial de Análisis de Narcocriminalidad, un mega organismo consultivo que coordina el Ministerio de Justicia, pero del que participan desde la DAIA hasta la Universidad Nacional de Córdoba.
Por ser fiscal General, Lezcano comanda la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), un grupo de elite creado por José Manuel de la Sota e integrado por policías y ex militares que tiene un presupuesto anual de 38 mil millones de pesos (con 80 millones de pesos de gastos reservados).
El fuero especial antinarco es una de las grandes apuestas de Llaryora: creó nuevas fiscalías en todo el territorio y desplegó nuevas delegaciones de la FPA en el interior provincial. «Menos mal que cuando Lezcano dijo esa barbaridad no estaba el gobernador; no sé cómo hubiera terminado esa reunión», dijo uno de los testigos directos de la polémica frase del flamante jefe de los fiscales cordobeses.
Menos mal que cuando Lezcano dijo esa barbaridad no estaba el gobernador; no sé cómo hubiera terminado esa reunión
Como sea, Llaryora movió las fichas y cercó a Lezcano: primero, bloqueó la mayoría de las designaciones que quería hacer para conformar su equipo de trabajo. Así, colocó al dirigente del PJ Capital Justo Casado en la dirección general del Ministerio Público Fiscal y al histórico técnico Julio Comello en la dirección de Administración de la Fiscalía General. Además de los fondos para el funcionamiento de la fuerza antinarco, el Ministerio Público Fiscal tiene un presupuesto de 704.500 millones de pesos.
«Lo designaron fiscal general por descarte, hizo todo mal y quedó rodeado: duró dos semanas en el ejercicio real del poder», dijo un fiscal que lee la política tribunalicia. El fiscal General tiene un mandato de cinco años (y puede continuar otro período igual), por lo que uno de sus principales desafíos es sostener la voz de mando hasta el final. Sobre todo porque sus fiscales generales adjuntos son vitalicios.
En este caso, Lezcano está rodeado de leones que responden a distintas tribus del peronismo. Héctor David fue ministro de José Manuel de la Sota; José Gómez Demmel representa al schiarettismo puro y Alejandro Pérez Moreno es parte del entramado de abogados de confianza de Martín Llaryora.
Como contó LPO, Lezcano fue militante del PJ y llegó a montar un estudio jurídico con Luis Juez, cuando el ahora libertario era líder de la JP Capital. Aunque se distanciaron en 2003, cuando Juez decidió enfrentar al delasotismo y Lezcano llegó sorpresivamente a ser juez de Control, los puentes entre ambos se mantuvieron. El caso emblemático fue el de Walter Montenegro, que integró el gabinete de Juez en la Municipalidad de Córdoba y a quien Lezcano quiso ubicar como mano derecha en la Fiscalía General. A él también lo bloqueó Llaryora.
El fiscal que analiza los movimientos en el serpentario judicial recurre a la metáfora maradoniana: «Se les ‘escapó la tortura'», dice respecto del flojo análisis de CV que se hizo en el Gobierno provincial al momento de impulsar a Lezcano.
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