El Intendente Marcelo Orazi firmó un convenio con el Instituto Crecer que contempla el otorgamiento de becas para capacitaciones destinadas a personas en situación de vulnerabilidad y la posibilidad de acceder a los cursos que brinda la institución tanto a beneficiarios de programas sociales como a no beneficiarios.
En el caso de las becas se otorgarán a personas que la Secretaría de Desarrollo Social estime se les adjudique y quienes resulten beneficiarios podrán elegir entre los siguientes cursos: Secretariado Jurídico Notarial, Auxiliar de Farmacia, Secretariado Ejecutivo y Operador de PC, Administrativo Bancario y Notarial, Auxiliar de Farmacia, Administrativo Bancario y Financiero, Formación de Preceptor – Auxiliar Administrativo – Secretariado Escolar, Secretariado Médico y Hospitalario.
Los beneficiarios de planes sociales tendrán una reducción de la cuota mensual de las capacitaciones y no deberán pagar gastos de inscripción.
En tanto, los no beneficiarios de ningún programa, esto incluye empleados municipales, tendrán de parte del Instituto Crecer una reducción del 50% del monto de inscripción y el monto de la cuota mensual será de $1.500.
El convenio establece que la Secretaría de Desarrollo Social elaborará el listado de quienes resulten beneficiarios.
El inicio de los cursos y capacitaciones será el 5 de abril.
La firma del convenio contó con la participación de la Secretaria de Desarrollo Social Luisa Ibarra y la representante del Instituto Crecer Miriam Troncoso.
YPF Luz dio un paso clave para convertirse en la primera empresa argentina en salir a la Bolsa de Nueva York en más de ocho años. La compañía presentó ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) la declaración de registro necesaria para una eventual oferta pública inicial (IPO), una operación que también incluiría una cotización en Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA).
La firma aclaró que el registro constituye un paso formal dentro del proceso y que la operación todavía depende de la aprobación regulatoria y de las condiciones del mercado. Además, precisó que no se trata de una emisión de nuevas acciones para captar fondos, sino de la venta de una participación perteneciente a uno de sus accionistas.
La empresa tiene como accionistas a YPF, con el 75,01% del capital, y a BNR Power -participada en partes iguales por GE Vernova y el fondo chino Silk Road Fund-, con el 24,99% restante.
La presentación de YPF Luz llega poco después de que Genneia iniciara el mismo trámite ante la SEC, un hecho que para los analistas refleja un cambio de escenario para las compañías argentinas.
«YPF Luz acaba de presentar su solicitud para cotizar en Nueva York y Buenos Aires, once días después de que Genneia hiciera lo mismo. Dos generadoras eléctricas argentinas peleando por la misma ventana de Wall Street en la misma quincena de julio», destacó Priscilla Sosa, asesora financiera en Bull Market Brokers.
La especialista recordó que un fenómeno similar no ocurría desde 2018, cuando Central Puerto y Corporación América debutaron en los mercados estadounidenses con pocos días de diferencia.
«El dato de fondo es que la ventana de equity argentino en Nueva York se abrió nuevamente», afirmó.
YPF Luz acaba de presentar su solicitud para cotizar en Nueva York y Buenos Aires, once días después de que Genneia hiciera lo mismo. Dos generadoras eléctricas argentinas peleando por la misma ventana de Wall Street en la misma quincena de julio.
En la misma línea, Damián Vlassich, líder de Estrategias de Inversión en IOL, sostuvo que, si la operación prospera, será la primera salida a bolsa de una empresa argentina en Wall Street desde 2018, un hecho que «por sí solo habla del renovado interés que despiertan hoy los activos locales».
Más allá del contexto favorable para las emisiones, los analistas destacan que YPF Luz llega al mercado con fundamentos financieros robustos.
Según Vlassich, tomando los últimos doce meses cerrados a marzo de 2026, la compañía registró ingresos por aproximadamente USD 709 millones y un EBITDA cercano a USD 450 millones, equivalente a un margen de alrededor del 63%.
Por su parte, Sosa señala un margen incluso superior, del 66,7%, y destaca que los ingresos se encuentran mayormente dolarizados y respaldados por contratos de largo plazo.
Otro de los aspectos que más valoran los especialistas es el bajo nivel de endeudamiento.
«La deuda neta equivale a apenas 1,6 veces el EBITDA anual. Para una compañía que viene invirtiendo en el desarrollo de centrales y parques, mantener el endeudamiento contenido es una virtud y refleja una administración financiera ordenada», explicó Vlassich.
Sosa destacó además que la empresa llega a la bolsa justo cuando comienzan a entrar en operación algunos de sus principales proyectos de inversión, como el paque solar El Quemado y CASA. «La inversión fuerte finalizó y teóricamente comienza la generación de caja», sostuvo.
Actualmente, YPF Luz cuenta con una capacidad instalada cercana a 3,8 gigavatios, abastece alrededor del 10% de la demanda eléctrica argentina y opera 17 activos entre centrales térmicas y parques renovables distribuidos en ocho provincias. Además, construye un proyecto de almacenamiento mediante baterías de 90 megavatios en la central Dock Sud.
Vlassich comentó que la capacidad instalada pasó de niveles muy reducidos hace una década a cerca de 3,7 GW, con proyectos que permitirían alcanzar aproximadamente 3,9 GW hacia fines de este año.
Asimismo, destacó que la facturación de 2025 fue más de siete veces superior a la registrada en 2017, reflejando una expansión sostenida del negocio.
Si bien los fundamentos aparecen como una fortaleza, los analistas coinciden en que el precio de salida será determinante para evaluar el atractivo de la inversión.
«Central Puerto y Pampa son el parámetro de referencia. Si sale en línea con CEPU, es una buena oportunidad de posicionarse en equity local. Por encima de estas, los buenos fundamentos no alcanzan para compensar una entrada sin margen», advirtió Sosa.
Vlassich agregó que la compañía posee otros atributos que fortalecen su perfil para los inversores: contratos de largo plazo con clientes como Toyota, Ford y FEMSA, ingresos mayormente dolarizados y el respaldo accionario de YPF y GE Vernova, además de proyectos encuadrados dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
«YPF Luz accede al mercado con fundamentos de primer nivel y un perfil defensivo infrecuente en un activo argentino, lo que la posiciona como un nombre a monitorear con atención», concluyó el especialista.
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La decisión de los prácticos de no aceptar nuevos servicios en rechazo al Decreto 690/2026 mantiene bloqueado el ingreso y egreso de buques en los principales puertos del país. El Gobierno defiende la desregulación como una apertura a la competencia, mientras el sector denuncia un intento de desmantelar una actividad estratégica y anticipa una batalla judicial.
Por Celina Fraticiangi para NLI
La política de desregulación impulsada por el gobierno de Milei abrió un nuevo frente de conflicto con impacto directo sobre uno de los sectores más sensibles de la economía argentina. Desde el fin de semana, los prácticos de buques mantienen una medida de fuerza que paralizó el ingreso y la salida de embarcaciones de ultramar en los principales puertos del país, especialmente en el complejo agroexportador del Gran Rosario, corazón de las exportaciones nacionales.
La protesta surgió inmediatamente después de la publicación del Decreto 690/2026, mediante el cual el Gobierno modificó de manera integral el régimen de practicaje y pilotaje vigente desde hace más de tres décadas. Para el Ejecutivo, la normativa elimina privilegios corporativos, reduce costos logísticos y favorece la competencia. Para los profesionales del sector, en cambio, representa una desregulación que compromete la seguridad de la navegación y destruye un esquema construido sobre criterios técnicos antes que comerciales.
Una actividad clave para que funcione el comercio exterior
El práctico es el profesional que asesora al capitán de un buque durante las maniobras de ingreso, navegación y salida de puertos, ríos y canales. Su intervención es obligatoria en gran parte del sistema fluvial argentino debido a la complejidad de la navegación en la Hidrovía Paraná-Paraguay y en otros corredores estratégicos.
Sin ese servicio resulta prácticamente imposible que numerosos buques puedan operar con normalidad. Por esa razón, la decisión de los prácticos de no aceptar nuevos servicios comenzó a paralizar progresivamente la operatoria portuaria, con riesgo de afectar exportaciones de granos, aceites, harinas, combustibles y otras cargas de enorme importancia para el ingreso de divisas.
El conflicto adquiere además una dimensión macroeconómica. Argentina depende en gran medida del complejo agroexportador para generar dólares, por lo que cualquier interrupción prolongada en la logística portuaria puede traducirse en demoras comerciales, mayores costos y dificultades para cumplir contratos internacionales.
Qué cambia el decreto de Milei
El Decreto 690/2026 elimina buena parte del esquema regulatorio vigente desde comienzos de los años noventa.
Entre sus principales modificaciones aparecen la apertura del registro de prácticos sin cupos, la libre contratación de profesionales independientes, la posibilidad de que determinados capitanes extranjeros con experiencia acreditada naveguen sin contratar prácticos argentinos, la fijación de tarifas máximas por parte de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación y la liberalización del transporte utilizado para el embarque y desembarque de los profesionales.
El Gobierno sostiene que el régimen anterior generaba barreras artificiales de ingreso, favorecía posiciones dominantes y encarecía innecesariamente los costos logísticos del comercio exterior.
Sin embargo, desde el sector cuestionan que la actividad sea tratada como un mercado cualquiera. Argumentan que el practicaje constituye un servicio altamente especializado, vinculado directamente con la seguridad de la navegación, la protección ambiental y la prevención de accidentes en una de las principales rutas comerciales del país.
Una pulseada que excede el conflicto gremial
Aunque el Gobierno presenta la medida como una disputa con sectores corporativos, el conflicto tiene un alcance mucho mayor.
La desregulación del practicaje forma parte de una estrategia más amplia impulsada por la administración libertaria para modificar numerosos mercados considerados «cerrados» o «sobre regulados». La lógica oficial consiste en eliminar restricciones, abrir la competencia y reducir la intervención estatal.
Los críticos de esa estrategia sostienen que el mismo criterio se está aplicando sobre actividades cuya regulación no responde únicamente a razones económicas sino también a cuestiones de seguridad pública, infraestructura estratégica y soberanía sobre vías navegables.
En ese contexto, la discusión deja de ser exclusivamente laboral para transformarse en un debate sobre cuál debe ser el papel del Estado en la administración de servicios considerados esenciales para el funcionamiento del país.
El Gobierno prepara reemplazos y el conflicto podría escalar
Previendo una prolongación del conflicto, el decreto incorporó mecanismos extraordinarios para garantizar la continuidad del servicio.
Entre ellos figura la posibilidad de que la Prefectura Naval Argentina y la Armada Argentina puedan intervenir de manera excepcional para prestar servicios de practicaje, además de habilitar temporalmente a capitanes con conocimiento de zona en situaciones de emergencia.
No obstante, distintas informaciones periodísticas indican que los intentos oficiales para encontrar reemplazos inmediatos encontraron resistencia y que los propios capitanes consultados señalaron que no cuentan con las habilitaciones específicas para asumir esa función.
Mientras tanto, los prácticos adelantaron que además del lock-out impulsarán acciones judiciales para intentar frenar la aplicación del decreto, por considerar que vulnera aspectos centrales de la actividad y modifica de manera unilateral un sistema construido durante décadas.
La pulseada recién comienza. Pero mientras el Gobierno apuesta a sostener una de las desregulaciones más profundas del sector marítimo, cada jornada con los puertos parcialmente paralizados incrementa la incertidumbre sobre el comercio exterior argentino y vuelve a mostrar el delicado equilibrio entre las reformas económicas y el funcionamiento efectivo de actividades estratégicas para el país.
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