El Intendente Marcelo Orazi firmó un convenio con el Instituto Crecer que contempla el otorgamiento de becas para capacitaciones destinadas a personas en situación de vulnerabilidad y la posibilidad de acceder a los cursos que brinda la institución tanto a beneficiarios de programas sociales como a no beneficiarios.
En el caso de las becas se otorgarán a personas que la Secretaría de Desarrollo Social estime se les adjudique y quienes resulten beneficiarios podrán elegir entre los siguientes cursos: Secretariado Jurídico Notarial, Auxiliar de Farmacia, Secretariado Ejecutivo y Operador de PC, Administrativo Bancario y Notarial, Auxiliar de Farmacia, Administrativo Bancario y Financiero, Formación de Preceptor – Auxiliar Administrativo – Secretariado Escolar, Secretariado Médico y Hospitalario.
Los beneficiarios de planes sociales tendrán una reducción de la cuota mensual de las capacitaciones y no deberán pagar gastos de inscripción.
En tanto, los no beneficiarios de ningún programa, esto incluye empleados municipales, tendrán de parte del Instituto Crecer una reducción del 50% del monto de inscripción y el monto de la cuota mensual será de $1.500.
El convenio establece que la Secretaría de Desarrollo Social elaborará el listado de quienes resulten beneficiarios.
El inicio de los cursos y capacitaciones será el 5 de abril.
La firma del convenio contó con la participación de la Secretaria de Desarrollo Social Luisa Ibarra y la representante del Instituto Crecer Miriam Troncoso.
Una encuesta de Carlos Sicchar, uno de los consultores que suele trabajar para el oficialismo cordobés, encendió luces amarillas en El Panal: Martín Llaryora conserva un núcleo duro, pero una eventual unificación opositora pondría a la reelección del gobernador en un escenario de máxima tensión política.
El trabajo, realizado entre el 16 y el 18 de mayo sobre 1.000 casos en toda la provincia, muestra un dato que inquieta al Gobierno: aunque Llaryora sigue siendo el dirigente con mayor intención de voto individual, la fragmentación opositora es hoy su principal aliada.
En el escenario de «todos contra todos», el gobernador alcanza 31% de intención de voto, mientras que Luis Juez aparece con 14%, Rodrigo de Loredo con 9% y Gabriel Bornoroni con 4%. Más atrás quedan la izquierda y García Elorrio, ambos con 3%. Pero el dato central está en otro lado: el 13% todavía no sabe a quién votar y otro 9% asegura que votaría en blanco.
En otras palabras, si Juez, De Loredo y La Libertad Avanza lograran confluir en un armado común, la suma opositora quedaría prácticamente en línea con el gobernador y abriría una pelea completamente distinta hacia 2027.
Llaryora tiene piso, pero la gran duda es cuál es su techo. Sicchar lo plantea de manera explícita en las conclusiones preliminares del informe: «Martín Llaryora logra retener su núcleo duro, estableciendo un piso competitivo sólido».
Ese dato explica buena parte de la estrategia política que viene desplegando el gobernador desde comienzos de año. Mientras el Gobierno de Milei profundiza el ajuste, Llaryora aceleró las recorridas por el interior provincial, reforzó el vínculo con intendentes y volvió a poner el eje en la gestión territorial.
En El Panal, se baraja como principal hipótesis adelantar las elecciones provinciales para abril o mayo de 2027. Pese al poco tiempo, consideran que todavía hay tiempo para reconstruir una mayoría electoral más amplia. Pero admiten que el desafío ya no pasa solamente por conservar el aparato político que construyó el peronismo cordobés en más de dos décadas de poder. Ahora necesitan reconectar con sectores medios que comenzaron a tomar distancia.
La encuesta ofrece una pista precisa sobre dónde está ese problema.
El segmento de indecisos aparece concentrado principalmente en mujeres, menores de 30 años y hogares de ingresos medio-bajos. El 57% de los indecisos son mujeres y el 31% tiene entre 16 y 30 años. Además, la mayor parte pertenece a hogares que no logran superar cómodamente la línea de pobreza.
Ese universo es justamente el que más sufrió el deterioro económico de los últimos meses.
El informe también registra un cambio importante en el clima político general de Córdoba. Javier Milei, que había alcanzado niveles de aprobación cercanos al 61% a comienzos de año, cayó al 48%, mientras que la desaprobación subió al 46%.
En cambio, Llaryora logró sostener su evaluación positiva pese a las crisis con docentes, jubilados y las altas tarifas de luz y agua. Según el estudio, el gobernador tiene 49% de aprobación y 42% de desaprobación, mejorando incluso cuatro puntos su imagen negativa respecto de la medición anterior.
Ese diferencial es el principal activo político del cordobesismo: la percepción de gestión provincial todavía resiste mejor que la evaluación nacional.
Pero el problema para el oficialismo es que la oposición, aun desordenada, empieza a detectar que existe una oportunidad real de disputar el poder.
Luis Juez conserva volumen político después de haber quedado a apenas tres puntos de derrotar al PJ en 2023. Rodrigo de Loredo sigue siendo el radical con mejor instalación provincial y apuesta a un perfil menos confrontativo. Y Gabriel Bornoroni intenta capitalizar el peso electoral que todavía mantiene Milei en Córdoba y convertirse en el armador de una coalición libertaria-pro. La pelota está en esa cancha.
La encuesta de Sicchar deja otro mensaje para Llaryora: el gobernador deberá seducir a ese electorado independiente, joven y golpeado económicamente que hoy mira la política con distancia y todavía no decidió su voto.
Los libertarios de Tucumán están indignados con la justicia por la liberación del puntero peronista Marcelo «Pichón» Segura, que estaba preso por darle un cabezazo al diputado nacional Federico Pelli.
Tras dos meses y medio detenido, Pichón Segura llegó a un acuerdo con la Fiscalía para un condena condicional de tres años más una serie de reglas de conducta, como no acercarse a Pelli a menos de 300 metros y hacer un tratamiento de manejo de ira.
El juez penal de Concepción, Raúl Robín Márquez, rechazó los planteos de la querella de Pelli y aceptó el acuerdo entre la fiscalía y la defensa de Segura, que incluía el cese inmediato de la prisión preventiva de «Pichón».
En marzo pasado, el diputado Pelli quiso repartir colchones a los afectados por las inundaciones en Lamadrid, pero tuvo un encontronazo con un grupo de personas encabezadas por Segura que aparentemente no permitían la circulación por la zona. En la provincia dicen que Segura cumplía órdenes del ministro del Interior, Darío Monteros.
Tras una breve discusión, «Pichón» le propinó un feroz cabezazo (o «ancazo» como se lo conoce en Tucumán en una referencia al zapallo anco) a Pelli, que terminó internado y lo tuvieron que intervenir quirúrgicamente.
El acuerdo judicial que terminó con la liberación de Pichón Segura indignó a los libertarios. «Me siento defraudado con el sistema de justicia en Tucumán», declaró Pelli, que habló de una «coordinación» entre la fiscalía y la defensa del agresor.
«Cuando yo digo ‘justicia selectiva’, digo que si le hubiese pasado a alguien del oficialismo ser la víctima, quizás había más rigor por parte de la Justicia para con el agresor. Es un pésimo mensaje para la sociedad», dijo en LG Play.
Por su parte, el exministro y referente de LLA en Tucumán, Lisandro Catalán, se expresó en redes sociales. «Esto es Tucumán hoy: impunidad, decadencia, desidia entre otras muchas cosas. Pichón Segura, un puntero político vinculado al poder ejecutivo provincial queda libre después de haberle partido la nariz cobardemente a un diputado nacional. No fue un hecho aislado. Es la forma en la que opera un sistema político decadente que cree que está por encima de la ley. Contra esto es lo que peleamos», escribió.
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