El Intendente Marcelo Orazi firmó un convenio con el Instituto Crecer que contempla el otorgamiento de becas para capacitaciones destinadas a personas en situación de vulnerabilidad y la posibilidad de acceder a los cursos que brinda la institución tanto a beneficiarios de programas sociales como a no beneficiarios.
En el caso de las becas se otorgarán a personas que la Secretaría de Desarrollo Social estime se les adjudique y quienes resulten beneficiarios podrán elegir entre los siguientes cursos: Secretariado Jurídico Notarial, Auxiliar de Farmacia, Secretariado Ejecutivo y Operador de PC, Administrativo Bancario y Notarial, Auxiliar de Farmacia, Administrativo Bancario y Financiero, Formación de Preceptor – Auxiliar Administrativo – Secretariado Escolar, Secretariado Médico y Hospitalario.
Los beneficiarios de planes sociales tendrán una reducción de la cuota mensual de las capacitaciones y no deberán pagar gastos de inscripción.
En tanto, los no beneficiarios de ningún programa, esto incluye empleados municipales, tendrán de parte del Instituto Crecer una reducción del 50% del monto de inscripción y el monto de la cuota mensual será de $1.500.
El convenio establece que la Secretaría de Desarrollo Social elaborará el listado de quienes resulten beneficiarios.
El inicio de los cursos y capacitaciones será el 5 de abril.
La firma del convenio contó con la participación de la Secretaria de Desarrollo Social Luisa Ibarra y la representante del Instituto Crecer Miriam Troncoso.
Como respuesta a la pregunta del título, podríamos decir que algunas personas tienen un fuerte sentido punitivista, otras tal vez más garantistas, algunas imparciales, etc. La “mano dura” como respuesta común, puede que no sea la más acorde al estado de Derecho en el que vivimos. Solemos escuchar o leer opiniones acerca de las penas…
Victoria Villarruel se comunicó con Patricia Bullrich este jueves, cuando la senadora volvió a su despacho en el Congreso después de la mesa política en Casa Rosada, y le avisó que abriría el recinto para la interpelación a Manuel Adorni.
«El jueves va a haber sesión y que se vote lo que se tenga que votar, lo de Adorni es insostenible», le habría dicho la Vicepresidenta.
Bullrich saboreó la revancha contra Karina, que la sometió a una foto de cumpleaños con el jefe de Gabinete que no le había gustado nada y tardó más de 5 horas en divulgarse por X. «Lo van a destrozar», pronosticó a LPO un libertario que no se compadecía demasiado.
Villarruel ya había recibido en mayo una carta formal de José Mayans, presidente del interbloque peronista, para citar al jefe de Gabinete. El formoseño, además, apuró a Bullrich en una comisión de Labor Parlamentaria el mismo mes y la ex ministra dijo que consultaría en Balcarce 50.
Esa evasiva hizo estallar a Mayans. «No es que se presenta cuando él quiere, sino que es una obligación establecida por la Constitución Nacional, no nos tomen por tontos», retrucó el senador.
Ahora, el formoseño, Anabel Fernández Sagasti, Juliana di Tullio, Martín Soria, Fernando Salino, Mariano Recalde, Wado De Pedro y Jorge Capitanich presentaron un proyecto de resolución para citar al jefe de Gabinete, interpelarlo y votar una moción de censura, o sea, removerlo del cargo en los términos previstos por el artículo 101 de la Carta Magna.
Según el texto, se necesita una mayoría absoluta del total de los miembros para una interpelación y el mismo número para removerlo, pero en cada una de las cámaras. Es decir, la mitad más uno de los senadores: 37 voluntades.
José Mayans, presidente del bloque peronista.
El peronismo cuenta con 25, más los tres de Convicción Federal, Carolina Moisés, Guillermo Andrada y Sandra Mendoza. Un senador del norte dijo a LPO que computaba como votos por la afirmativa los de José María Carambia y Natalia Gadano, los dos santacruceños que han alternado apoyos y rechazos a las iniciativas de Javier Milei.
Con todo, el primer testeo de los opositores indica que hay 30 votos de su lado y todavía están a siete de lograr la media sanción de una moción de censura. «Tenemos hasta el miércoles para juntar más votos», dijo un legislador de UP.
Bullrich, que le dijo en la cara al vocero que lo suyo era «una omisión ética» en vez de un error, simula ante Karina Milei haberse quedado sin margen para frenar la bronca peronista. Hasta se excusa en el pedido de citación de Martín Göerling Lara, el jefe de la bancada del PRO, y el comunicado de la UCR reclamando «explicaciones claras e inmediatas».
El jueves va a haber sesión y que se vote lo que se tenga que votar, lo de Adorni es insostenible.
Pero al mismo tiempo, conversa con los aliados, menos enfáticos en sus críticas a Adorni pero determinantes a la hora de votar en el recinto. En ese grupo se ubican Carlos «Camau» Espínola, Alejandra Vigo, Flavia Royón, Julieta Corroza, Beatriz Ávila y los dos misioneros. Con esos siete, alcanzarían el número necesario.
Es una incógnita si los 10 de la UCR y los tres del PRO se unirán a la oposición o no. Como informó LPO, Mauricio Macri instruyó a sus diputados más fieles a aprobar la interpelación, animado tal vez por el encono que le produjo que Milei lo plantara ante el plato de milanesas a fines de 2025, cuando el Presidente se levantó de la mesa para echar a Guillermo Francos y ascender a Adorni. Y en efecto, el jefe del macrismo en la Cámara Alta es Göerling, uno de los que pidió que concurra el funcionario.
A diferencia de las sesiones más adversas de 2025 para el gobierno, cuando Mayans podía prevalecer en casi todos los temas con apenas 34 legisladores y Villarruel se movía sin línea ni fuerza para detenerlo, esta vez la vice jugó decididamente en tándem con Bullrich, Mayans y los aliados.
Los peronistas se ilusionan con que alguno de esos 13 senadores, entre los que se cuenta Edith Terenzi, la senadora que responde a Nacho Torres, también podría plegarse contra Bullrich, sin contar que las dudas para bancar a Adorni calan hasta dentro del bloque de LLA. Además de la ex ministra, también se abstuvo en la votación de la jueza María Verónica Michelli la chaqueña Silvana Schneider, ex titular de la cartera de Economía del gobierno de Leandro Zdero, todo un mensaje de un gobernador subordinado a Karina.
Para colmo, Bullrich empieza a ganarse la simpatía de senadores libertarios que, de a poco, se animan a discutir la línea impuesta por la hermana presidencial y los primos Martín y Lule Menem. Desde Belén Montes de Oca hasta Francisco Paoltroni, un legislador verborrágico, enérgico y peregrino que ya vituperó a Villarruel y Santiago Caputo y ahora encuentra contención en la jefa de bloque, hay un sexteto que cultiva un perfil propio y reniega de la mala praxis política oficial.
Eduardo Vischi, Camau Espínola y Göerling.
Sin embargo, la senadora dosifica sus estocadas contra el gobierno y deja que el peronismo avance por un lado y la vice por el otro. A diferencia de las sesiones más adversas de 2025 para el gobierno, cuando Mayans podía prevalecer en casi todos los temas con apenas 34 legisladores y Villarruel se movía sin línea ni fuerza para detenerlo, esta vez la vice jugó decididamente en tándem con Bullrich, Mayans y los aliados.
El desenlace de Adorni todavía es una incógnita pero los senadores ya sacaron pasaje para volver a Buenos Aires después del partido de Argentina contra Argelia, en su primera presentación en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.
El viernes 25 comenzó el curso ‘Alfabetización Digital’ destinado al Consejo Local de Discapacidad local. Desde la Dirección de Recursos Humanos de la Municipalidad de Villa Regina, a través de Punto Digital, se informó que “este programa de inclusión digital busca brindar herramientas en la introducción a los conceptos básicos y fundamentales de la informática,…
Mañana miércoles se dará inicio a un plan de bacheo en distintas calles de la ciudad que, debido al transcurso del tiempo y su intensa transitabilidad, presentan un importante deterioro. El cronograma diseñado por la Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad de Villa Regina a cargo de Gabriel Benatti comenzará en los siguientes arterias:…
Con una batería de decretos publicados este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno puso en marcha algunos de los capítulos más controvertidos de la reforma laboral. La medida alcanza a las indemnizaciones, la actividad sindical, los convenios colectivos y los mecanismos de registración laboral. Mientras se promociona como una modernización del mercado de trabajo, la oposición y los gremios denuncian un nuevo avance sobre derechos conquistados durante décadas.
Por Ramiro C. Ferrante para NLI
La publicación de los decretos reglamentarios de la reforma laboral marca un nuevo capítulo en la ofensiva de Milei contra el entramado de protección construido por el movimiento obrero argentino a lo largo de más de un siglo. Aunque el Gobierno intenta presentar los cambios como simples adecuaciones administrativas, la letra fina de las normas revela transformaciones profundas en la relación entre trabajadores, empleadores y organizaciones sindicales.
Entre los puntos más sensibles aparece la creación del denominado Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo que permitirá a las empresas constituir fondos específicos para afrontar indemnizaciones futuras. La Casa Rosada sostiene que el sistema no elimina la indemnización por despido, pero en los hechos abre la puerta a un esquema que se asemeja al fondo de cese laboral que históricamente impulsaron los sectores empresariales para reducir el impacto económico de los despidos.
La medida no es menor. Durante décadas, la indemnización funcionó como una herramienta de protección frente a despidos arbitrarios. Con la nueva reglamentación, el Gobierno introduce una lógica financiera en un terreno que hasta ahora estaba vinculado directamente a la responsabilidad patronal. Para los sindicatos, se trata de un cambio estructural que podría debilitar uno de los principales instrumentos de defensa de los trabajadores.
La mira puesta sobre los sindicatos
Si las indemnizaciones constituyen el frente económico de la reforma, la actividad sindical aparece como su principal objetivo político.
La reglamentación incorpora mecanismos de control sobre la estructura de las organizaciones gremiales y habilita verificaciones permanentes respecto de la cantidad de dirigentes y afiliados. También introduce nuevas condiciones para el uso de las horas gremiales, una herramienta fundamental para el funcionamiento cotidiano de los sindicatos dentro de los lugares de trabajo.
Detrás del lenguaje técnico se esconde una orientación política evidente. Desde su llegada al poder, Milei convirtió a las organizaciones sindicales en uno de los blancos predilectos de sus discursos. La nueva normativa busca limitar márgenes de acción y aumentar los controles estatales sobre estructuras que históricamente fueron actores centrales de la vida política y social argentina.
La ofensiva se produce en un contexto de fuerte deterioro salarial, caída del empleo industrial y conflictos laborales en distintas regiones del país. En ese escenario, el intento de disciplinar a los sindicatos adquiere una dimensión que trasciende ampliamente la discusión administrativa.
Convenios colectivos bajo presión
Otro aspecto central de la reglamentación afecta a los convenios colectivos de trabajo.
El Gobierno habilitó mecanismos para revisar acuerdos vigentes y avanzar en procesos de renegociación en actividades donde los convenios permanecieron estables durante años. Además, estableció nuevas condiciones para aportes y contribuciones incluidos en esos acuerdos.
Para el oficialismo, estas modificaciones apuntan a reducir costos laborales y fomentar la contratación. Sin embargo, para especialistas en derecho laboral y referentes sindicales, el verdadero objetivo es avanzar sobre instrumentos que permitieron garantizar derechos específicos en cada actividad económica.
La disputa no es solamente jurídica. Los convenios colectivos constituyen uno de los pilares históricos del modelo laboral argentino y representan una de las herramientas más importantes para equilibrar la relación de fuerzas entre trabajadores y empleadores. Cualquier modificación en ese terreno tiene consecuencias directas sobre millones de asalariados.
Menos regulaciones para las empresas, más exigencias para los trabajadores
La reglamentación también incluye beneficios para empleadores que regularicen personal no registrado. Bajo el argumento de combatir la informalidad, el Gobierno ofrece amplias condonaciones de deudas previsionales a empresas que blanqueen trabajadores.
La paradoja es evidente. Mientras se endurecen controles sobre sindicatos y se flexibilizan mecanismos vinculados a despidos y convenios colectivos, se otorgan ventajas económicas a empresas que durante años incumplieron obligaciones laborales y previsionales.
Al mismo tiempo, la normativa incorpora nuevos sistemas digitales de control, recibos de sueldo con información ampliada sobre costos patronales y mecanismos de registración electrónica que incrementan la capacidad de monitoreo estatal sobre la relación laboral.
La combinación de todas estas medidas permite observar una dirección clara. La reforma no se limita a modificar aspectos técnicos del mercado de trabajo: redefine el equilibrio de poder entre empresarios, trabajadores y sindicatos. Por eso la publicación de los decretos de este lunes puede convertirse en uno de los movimientos políticos más trascendentes del Gobierno en materia laboral desde su llegada a la Casa Rosada.
Detrás del discurso de la modernización y la eficiencia, Milei acaba de poner en marcha una transformación que impactará sobre indemnizaciones, negociación colectiva, organización sindical y empleo registrado. El verdadero alcance de esos cambios comenzará a medirse cuando las nuevas reglas lleguen a las fábricas, oficinas y lugares de trabajo de todo el país.
