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Orazi firmó convenio con el Instituto Crecer

El Intendente  Marcelo Orazi firmó un convenio con el Instituto Crecer que contempla el otorgamiento de becas para capacitaciones destinadas a personas en situación de vulnerabilidad y la posibilidad de acceder a los cursos que brinda la institución tanto a beneficiarios de programas sociales como a no beneficiarios.

En el caso de las becas se otorgarán a personas que la Secretaría de Desarrollo Social estime se les adjudique y quienes resulten beneficiarios podrán elegir entre los siguientes cursos: Secretariado Jurídico Notarial, Auxiliar de Farmacia, Secretariado Ejecutivo y Operador de PC, Administrativo Bancario y Notarial, Auxiliar de Farmacia, Administrativo Bancario y Financiero, Formación de Preceptor – Auxiliar Administrativo – Secretariado Escolar, Secretariado Médico y Hospitalario.

Los beneficiarios de planes sociales tendrán una reducción de la cuota mensual de las capacitaciones y no deberán pagar gastos de inscripción.

En tanto, los no beneficiarios de ningún programa, esto incluye empleados municipales,  tendrán de parte del Instituto Crecer una reducción del 50% del monto de inscripción y el monto de la cuota mensual será de $1.500.

El convenio establece que la Secretaría de Desarrollo Social elaborará el listado de quienes resulten beneficiarios.

El inicio de los cursos y capacitaciones será el 5 de abril.

La firma del convenio contó con la participación de la Secretaria de Desarrollo Social Luisa Ibarra y la representante del Instituto Crecer Miriam Troncoso.

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  • El escándalo de los geriátricos clandestinos jaquea al intendente de Santa Fe: ancianos con hambre, sarna y sin atención médica

     

     Un anciano que no comía hacía cuatro días no le quedó otra que incendiar un colchón para llamar la atención. El hombre estaba encerrado con candado en una habitación húmeda y oscura y cuando los bomberos entraron a la vivienda de José Gollán al 10.100, en la ciudad de Santa Fe, se encontraron con el infierno. Siete adultos mayores y personas con discapacidad hacinados, con hambre, sarna y sin atención médica.

    Las imágenes de las víctimas muestran condiciones estremecedoras. Los residentes convivían entre la mugre, sin alimentos suficientes y con enfermedades que no recibían tratamiento. Uno de ellos aseguró que le habían prometido cuidados y comida; otro denunció que llevaba dos años sin documentos, dinero ni posibilidad de salir. «Me tienen secuestrado», dijo.

    El descubrimiento de este geriátrico clandestino puso en jaque al intendente Juan Pablo Poletti y expuso la ausencia de controles sobre los establecimientos que alojan adultos mayores en la capital provincial.

    Residentes del geriátrico clandestino rescatados tras el escándalo

    El intendente fue director del Hospital Cullen, uno de los más importantes de la provincia y su gestión en la pandemia le permitió construir su imagen para la carrera política alrededor de su experiencia en la gestión sanitaria. El escándalo de la red de geriátricos clandestinos impacta de lleno en la administración municipal.

    Consultados por LPO, los funcionarios del área de adultos mayores eludieron las explicaciones. Florencia Gentile, responsable del Observatorio de Geriátricos, se limitó a remitirse a las actuaciones judiciales.

    El secretario de Políticas Sociales, Hugo Marchetti, y de la directora de Adultos Mayores, Susana López pertenecen a la Unión Cívica Radical y responden al sector del ex intendente Mario Barletta, uno de los principales aliados de Poletti. En el municipio se limitaron a señalar que el caso se encuentra bajo investigación judicial y no dieron respuestas sobre las acciones políticas.

    Si bien Poletti integra la coalición Unidos, en el gobierno provincial no ocultan el fastidio con el intendente. Fuentes de la Casa Gris dijeron a LPO que están cansados de tener que intervenir para cubrir las fallas de la gestión municipal y cuestionaron la falta de capacidad de respuesta en áreas sensibles: «La falta de gestión termina provocando problemas humanitarios como este», resumió una fuente provincial del área social.

    La Justicia investiga una trama que podría exceder al establecimiento descubierto. La presunta administradora ya había sido denunciada en 2025 por situaciones similares en otros lugares y permanece prófuga. La PDI detuvo a un hombre que cumplía funciones en la vivienda, mientras el fiscal Manuel Cecchini reunió pruebas para avanzar con las imputaciones.

     La falta de gestión termina provocando problemas humanitarios como este 

    El mecanismo de financiamiento de estos geriátricos es tan estremecedor como las condiciones que ofrecían a los ancianos. El administrador se quedaba con las tarjetas de débito con la que los residentes cobraban sus jubilaciones o pensiones. Las familias entregaban a los adultos mayores junto con esos ingresos y, en muchos casos, se desentendían de su cuidado. El sistema quedó expuesto porque uno de los alojados pagaba alrededor de 300 mil pesos mensuales y denunció que le habían retenido la tarjeta de débito.

    Fuentes que conocen el funcionamiento de estos establecimientos explicaron a LPO que el derrumbe del poder adquisitivo de las jubilaciones profundizó el deterioro. Con ingresos cada vez más bajos, la trama redujo todavía más los gastos en comida, higiene y atención médica para sostener la rentabilidad de un negocio que ya funcionaba en condiciones precarias.

    Residentes tras la clausura del geriátrico

    La investigación también busca determinar cómo llegaban las víctimas a esos lugares y si algunas habían sido derivadas informalmente después de pasar por hospitales públicos o por áreas de asistencia social. El Ministerio Público de la Acusación abrió además una investigación interna para establecer por qué no avanzaron las denuncias realizadas durante 2025.

    El escándalo dejó al descubierto un circuito de abandono familiar, explotación económica y ausencia estatal, además de abrir una crisis política en el gobierno de Poletti.

     

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  • La Liga de Intendentes sumó a un nuevo integrante y moviliza al Congreso

     

    La Liga de Intendentes peronistas sumó a Esteban Sanzio, el jefe municipal de Baradero, una ciudad del norte bonaerense. El grupo de alcaldes se reunió este miércoles en la Quinta de San Vicente para recibir al nuevo integrante y para coordinar la movilización del jueves al Congreso.

    Sanzio reportaba al kirchnerismo y responde al diputado nacional y secretario adjunto de SMATA, Mario «Paco» Manrique.

    La Liga se formalizó la semana pasada cuando 11 intendentes formalizaron un espacio de poder dentro del peronismo y visitaron a Axel Kicillof en La Plata en tanto gobernador y presidente del PJ bonaerense.

    El germen de la Liga fue lo que se denominó como Grupo AFA, un armado que integraron Gastón Granados (Ezeiza), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Federico Achaval (Pilar) y Nicolás Mantegazza (San Vicente).

    Los intendentes arman una Liga y quieren poner el candidato a gobernador

    Luego se sumaron Federico Susbielles (Bahía Blanca), Marisa Fassi (Cañuelas), Juan Pablo García (Dolores), Juan de Jesús (La Costa), Gustavo Menéndez (Merlo), Hernán Arranz (Monte Hermoso), y Mariel Fernández (Moreno). Ahora, la nueva incorporación es Sanzio.

    El grupo aparece como una alternativa para intendentes que no están cómodos ni en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) de Kicillof, ni en el kirchnerismo de Cristina y Máximo Kirchner.

    La idea de la Liga es mantener y remarcar una fuerte identidad como intendentes peronistas. Eso será -dicen ellos- un punto en común para poder abrir el juego y dialogar con el resto de los intendentes de la provincia.

    En los inicios del Grupo AFA hubo conversaciones por parte del armado de Kicillof para que se sumen al MDF, sin embargo los jefes territoriales prefirieron mantener su identidad como intendentes. Creen que es justamente desde allí donde pueden aportar para la unidad en momentos en que el peronismo atraviesa una de sus peores crisis.

     

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    El Pulqui II: el avión argentino que soñó con una industria de alta tecnología

     

    Argentina llegó a construir uno de los aviones a reacción más avanzados de su época, pero una combinación de cambios políticos, decisiones económicas y falta de continuidad estratégica impidió que aquel proyecto se transformara en una industria aeronáutica permanente.

    Por Redacción de NLI

    En una Argentina que todavía buscaba definir su lugar en el mundo de la posguerra, un grupo de ingenieros, técnicos y trabajadores industriales imaginó algo que parecía imposible: que el país pudiera competir en uno de los campos tecnológicos más sofisticados del siglo XX. No se trataba solamente de fabricar un avión, sino de demostrar que una nación periférica podía desarrollar conocimiento propio, formar especialistas y construir una capacidad industrial vinculada a la defensa y a la producción de alta complejidad. Ese sueño tuvo un nombre: Pulqui II, un proyecto aeronáutico que durante algunos años colocó a la Argentina entre los pocos países capaces de diseñar un caza a reacción moderno.

    Cuando Argentina quiso entrar al mapa de la tecnología aeronáutica

    A comienzos de la década de 1950, el mundo estaba atravesado por una revolución tecnológica. La Segunda Guerra Mundial había acelerado el desarrollo de los motores a reacción y las principales potencias comenzaban a abandonar los aviones tradicionales de hélice para avanzar hacia una nueva generación de aeronaves capaces de alcanzar mayores velocidades y alturas. En ese escenario, la Argentina impulsó un programa propio desde el entonces Instituto Aerotécnico de Córdoba, una institución que concentraba conocimiento científico, formación profesional y capacidad industrial.

    El proyecto contó con la participación de ingenieros argentinos y del diseñador aeronáutico alemán Kurt Tank, uno de los especialistas más reconocidos de su época, quien había trabajado en la industria alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Su llegada a la Argentina permitió incorporar conocimientos avanzados, pero el desarrollo no fue simplemente una copia extranjera: el equipo local debió adaptar diseños, materiales y procesos a las capacidades disponibles en el país.

    El resultado fue el Pulqui II, un caza de ala en flecha con motor a reacción que realizó su primer vuelo en 1951. Para comprender la magnitud del proyecto hay que recordar que en aquel momento eran pocos los países que tenían la capacidad técnica para construir aeronaves de esas características. Argentina no solamente compraba tecnología: intentaba crearla.

    El avión tenía prestaciones comparables con modelos que utilizaban algunas fuerzas aéreas de las grandes potencias. Su desarrollo implicaba mucho más que la fabricación de una máquina militar: requería metalurgia avanzada, ingeniería de precisión, formación de técnicos especializados y una red industrial capaz de sostener un proceso tecnológico complejo.

    El proyecto que quedó atrapado entre la política y el cambio de modelo

    Sin embargo, el Pulqui II nació en un momento histórico marcado por profundas disputas políticas. El proyecto formaba parte de una visión de desarrollo industrial que buscaba ampliar las capacidades del país, fortalecer sectores estratégicos y reducir la dependencia tecnológica externa. Esa concepción entró en crisis con el golpe de Estado de 1955 y el cambio de orientación política y económica que comenzó después.

    Tras el derrocamiento de Juan Domingo Perón, muchos proyectos asociados al período anterior fueron revisados, frenados o directamente abandonados. El Pulqui II no escapó a esa lógica. Aunque continuaron algunos trabajos técnicos, la falta de financiamiento sostenido y de una decisión política clara hizo que el programa perdiera impulso.

    El problema no fue únicamente la interrupción de un avión específico. Lo que se debilitó fue una línea de desarrollo tecnológico que podía haber permitido consolidar una industria aeronáutica nacional con capacidad exportadora y de innovación permanente. El proyecto había generado conocimientos, especialistas y experiencia acumulada, pero esa construcción necesitaba continuidad para transformarse en una política de Estado.

    La historia del Pulqui II muestra una de las tensiones más profundas de la Argentina moderna: la dificultad para sostener en el tiempo proyectos estratégicos que requieren décadas de inversión, planificación y estabilidad institucional. La ciencia y la industria no producen resultados inmediatos; necesitan continuidad más allá de los cambios de gobierno.

    La memoria de un sueño industrial que todavía interpela

    Con el paso del tiempo, el Pulqui II quedó convertido en un símbolo contradictorio. Por un lado, representa una de las experiencias más ambiciosas de la ingeniería argentina y demuestra que existía capacidad para desarrollar tecnología de frontera. Por otro, también refleja una oportunidad perdida: la imposibilidad de transformar un proyecto exitoso en una industria consolidada.

    La Argentina tuvo momentos en los que logró construir capacidades tecnológicas de primer nivel. La experiencia aeronáutica de Córdoba, el desarrollo nuclear, la producción satelital y otros campos muestran que el país contó con científicos, técnicos e instituciones capaces de competir internacionalmente cuando existió una estrategia sostenida.

    El Pulqui II no debe ser recordado solamente como un avión que nunca llegó a producirse en serie. Su verdadera importancia está en la pregunta que deja abierta: qué podría haber ocurrido si un país latinoamericano hubiera mantenido durante décadas una política industrial y científica orientada a generar tecnología propia.

    Más de setenta años después de aquel primer vuelo, el Pulqui II continúa siendo una historia de ambición tecnológica, talento nacional y decisiones políticas. Un recordatorio de que la soberanía no se construye únicamente con recursos naturales, sino también con conocimiento, investigación y la capacidad de imaginar un futuro propio.

     

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    CAP. 4 «CONVIVENCIA FORZADA». ESTRENO WEB

    Los pozos de fracking se instalan en medio de las chacras y pegado a zonas urbanas. Los vecinos que conviven con esta actividad se quejan de: el ruido las 24 hs, vibraciones que rompen sus casas, problemas de salud, agua contaminada, gases en el ambiente, infertilidad del suelo. También cuentan de enfermedades que empezaron después de la llegada de las torres, como enfermedades en la piel, en el sistema digestivo y respiratorio.

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