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Orazi destacó el acuerdo firmado entre Provincia y Nación para la puesta en valor del edificio de ‘La Reginense’

El Intendente Marcelo Orazi destacó la firma del convenio entre la Gobernadora Arabela Carreras y el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación para la refacción y puesta en valor del edificio histórico ‘La Reginense’.
La obra se enmarca en el programa ’50 Destinos Turísticos’ del gobierno nacional e incluye una inversión total de $89 millones para el financiamiento de tres obras turísticas de la provincia.
En Regina se proyecta la refacción de la bodega Cooperativa La Reginense, con una superficie cubierta de 1.350 m2 aproximadamente, integrándose a la trama existente, y contribuyendo a ordenar el entorno urbano.
El edificio principal del Museo se integrará, en esta primera etapa, con los dos edificios existentes laterales los que, en un futuro, serán reciclados en el marco del plan de transformación productiva de la Cooperativa, con funciones complementarias al Museo turístico. La intervención comprende la refacción del subsuelo, planta baja y entrepiso del sector de piletones, y la reconstrucción del sector destinado a Sala de exposiciones y servicios.
“Es un anuncio sumamente importante porque se trata de una iniciativa en la que confluye lo productivo y lo turístico, que es la impronta que pretendemos tenga nuestra ciudad. La nueva tendencia a nivel provincial es fortalecer destinos incipientes con productos de cercanía, de naturaleza y al aire libre y en esa línea vamos”, manifestó el Intendente.

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  • Funcionarios de Poggi complicados en la desaparición de 2 mil hectáreas de maíz de un campo de San Luis

     

     Una causa judicial que investiga la desaparición de una cosecha de maíz de un campo bajo control estatal generó un escándalo institucional en San Luis y salpica a funcionarios de Claudio Poggi. El gobierno reconocen desprolijidades administrativas, pero negaron la existencia de un desfalco millonario.

    La historia del campo de dos mil hectáreas es larga. Ese predio es propiedad de la provincia de San Luis y años atrás fue cedido a la empresa El Caburé SA para un proyecto de cría de caballos que nunca se concretó. En 2017 se dictó el decreto de restitución del inmueble al Estado, pero los empresarios nunca lo devolvieron.

    En ese lapso, los accionistas del Caburé lo siguieron explotando mediante contratos de alquiler y con la llegada de Poggi al gobierno se avanzó en la recuperación efectiva del predio. 

    Desde la administración provincial resaltaron que no hubo una expropiación, sino la recuperación de un bien propio frente al incumplimiento de un privado. Laa toma de posesión quedó a cargo de la Secretaría de Ética Pública a través del funcionario Darío Oviedo.

    Mientras esto sucedía, productores detectaron la existencia de una cosecha en curso. Oviedo se ocupó de la recolección y la venta de los granos sin los respaldos administrativos correspondientes y allí se desencadenó el escándalo.  Desde el gobierno de Poggi admitieron a LPO las desprolijidades administrativas pero negaron el robo.

     La cosecha no se realizó contra ningún contrato homologado y no hay documental que acredite cuánto ni cómo se cosechó 

    «La cosecha no se realizó contra ningún contrato homologado y no hay documental que acredite cuánto ni cómo se cosechó», reconocieron las fuentes. Esa irregularidad derivó en el desplazamiento inmediato de Oviedo y en una denuncia penal en su contra impulsada por el propio Estado.

    Sin embargo, productores agropecuarios que denunciaron la maniobra apuntaron más arriba y señalaron al responsable de Oviedo, el ex secretario de Ética Pública del gobernador, Ricardo Bazla y el fiscal Leandro Estrada lo imputó. Ante esto, Bazla renunció.

     Bazla fue imputado por peculado, falsedad ideológica, falsificación de instrumento público, estafa procesal, incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad. 

    Como los funcionarios tampoco pueden alegar desconocer los procedimientos, la causa avanzó y Bazla fue imputado por peculado, falsedad ideológica, falsificación de instrumento público, estafa procesal, incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad.

    Entre los productores aseguran que la ganancia que presuntamente obtuvieron los funcionarios por la venta del maíz ronda los 2 millones de dólares. En el gobierno de Poggi niegan ese monto y dicen que la ganancia no llegó a cubrir los gastos de cosecha y citan la declaración del contratista a cargo del trabajo. Los denunciantes acusaron al oficialismo de presionar a los testigos.

     

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