El Intendente Marcelo Orazi destacó la firma del convenio entre la Gobernadora Arabela Carreras y el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación para la refacción y puesta en valor del edificio histórico ‘La Reginense’. La obra se enmarca en el programa ’50 Destinos Turísticos’ del gobierno nacional e incluye una inversión total de $89 millones para el financiamiento de tres obras turísticas de la provincia. En Regina se proyecta la refacción de la bodega Cooperativa La Reginense, con una superficie cubierta de 1.350 m2 aproximadamente, integrándose a la trama existente, y contribuyendo a ordenar el entorno urbano. El edificio principal del Museo se integrará, en esta primera etapa, con los dos edificios existentes laterales los que, en un futuro, serán reciclados en el marco del plan de transformación productiva de la Cooperativa, con funciones complementarias al Museo turístico. La intervención comprende la refacción del subsuelo, planta baja y entrepiso del sector de piletones, y la reconstrucción del sector destinado a Sala de exposiciones y servicios. “Es un anuncio sumamente importante porque se trata de una iniciativa en la que confluye lo productivo y lo turístico, que es la impronta que pretendemos tenga nuestra ciudad. La nueva tendencia a nivel provincial es fortalecer destinos incipientes con productos de cercanía, de naturaleza y al aire libre y en esa línea vamos”, manifestó el Intendente.
La AFA convocó un paro de partidos entre el 5 y 8 de marzo en protesta por la acusación de evasión impositiva impulsada por el gobierno de Javier Milei y organismos fiscales; el conflicto entre deporte y políticas públicas avanza con fuerte impacto en clubes y economía del sector.
Por Ignacio Elfrantini para NLI
Paro y protesta estructural del fútbol argentino
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió suspender los partidos oficiales entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo de 2026 como forma de protesta contra la acusación de evasión impositiva impulsada por organismos fiscales vinculados al gobierno de Javier Milei y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La decisión fue votada por unanimidad en el Comité Ejecutivo y se presenta como un gesto de rechazo explícito a la presión judicial y fiscal que enfrenta el fútbol argentino.
El presidente de Vélez Sarsfield sostuvo que “se está declarando una guerra contra el fútbol”, destacando que el paro no responde solo a una causa deportiva sino a una fractura política más amplia entre el mundo del deporte y las políticas estatales.
Conflicto fiscal y acusaciones de evasión impositiva
El trasfondo del paro es un conflicto fiscal de alta gravedad, donde la Dirección General Impositiva (DGI) y la ARCA ampliaron denuncias penales contra la AFA por presuntas irregularidades impositivas que superan ampliamente los $11.700 millones en retenciones de impuestos y aportes previsionales que, según el fisco, no habrían sido ingresados en tiempo y forma.
Esta denuncia se inscribe en una perspectiva de intervención estatal más agresiva, donde el organismo recaudador busca aplicar la Ley 27.430 y calificar la conducta fiscal de la AFA como apropiación indebida de tributos. El monto investigado oscila incluso por encima de los $19.300 millones cuando se suman las ampliaciones presentadas por el propio gobierno, lo que incrementa la magnitud del conflicto fiscal y político.
Impacto en clubes, economía del fútbol y debate público
La medida adoptada por la AFA no solo tiene implicancias deportivas, sino económicas y de comercio para los clubes y el ecosistema del fútbol profesional en Argentina. La suspensión de partidos interrumpe la agenda comercial de la liga, afecta contratos televisivos, impacta en ventas de entradas y merchandising y genera incertidumbre en los sponsors. Esto podría traducirse en pérdidas significativas para entidades que ya operan con márgenes ajustados y dependen de los ingresos por espectáculo y derechos.
Además, el paro expone el conflicto entre las políticas impositivas del Estado y el modelo económico y organizativo del fútbol argentino, tradicionalmente basado en clubes y asociaciones civiles sin fines de lucro. La presión fiscal y el foco en las retenciones no ingresadas han añadido un elemento de inseguridad jurídica que complica la planificación financiera de los clubes.
Tensión política y percepción pública
La disputa entre la AFA y el gobierno de Milei excede lo técnico: se ha politizado fuertemente y se percibe como un choque de modelos. Sectores del deporte consideran que la acusación fiscal obedece a un intento de socavar la autonomía del fútbol argentino y, en algunos casos, de forzar modelos de gestión más privatizados, como las sociedades anónimas deportivas (SAD) promovidas por algunos sectores del gobierno en el pasado reciente.
Este clima de tensión se refleja incluso en la opinión pública y en el mercado, ya que la posibilidad de interrupciones de torneos genera incertidumbre en inversores, clubes y fanáticos, y coloca al fútbol como un actor relevante en el debate político nacional. El asunto fiscal y la protesta deportiva podrían influir también en la agenda de discusiones económicas más amplias en el país, donde la relación entre el Estado y los sectores productivos continúa siendo un tema central.
El peronismo entró en una intensa deliberación sobre el nombre del auditor que reclamarán gobernadores y senadores para ocupar el lugar que le corresponde en la Auditoría General de la Nación (AGN). Pese a que se descontaba que continuara en esa silla Javier Fernández, un histórico del organismo, en los últimos días ganó terreno el rumor de que lo desplace Ricardo Guerra, el exlegislador riojano que completó el mandato de Carlos Menem cuando el expresidente falleció.
Ese movimiento solo se podría lograr con el apoyo de la bancada oficialista y sus aliados, que suman 44 senadores, contra lo que pretendía hasta el momento el kirchnerismo. Por eso, se especulaba que la ruptura de los senadores Carolina Moisés, Sandra Mendoza y Guillermo Andrada era más que oportuna para confluir en un acuerdo con LLA para una votación que le reste poder al interbloque liderado por José Mayans.
De consumarse, la jugada sería una estocada letal contra los senadores kirchneristas, que hasta la última conformación del colegio de auditores controlaban dos plazas por la Cámara Alta, contando también la de Graciela De la Rosa. Al cierre de esta nota, sin embargo, las negociaciones seguían abiertas y fuentes parlamentarias aseguraban que Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil y Gustavo Sáenz, al igual que los senadores que les responden, juntaban voluntades para Fernández.
Pero como informó LPO en noviembre pasado, el bloque de Convicción Federal, bajo la integración que también incluía al puntano Fernando Salino y Fernando Rejal, promovía la incorporación al organismo del riojano Guerra. Por aquellos días, Mayans defendía la revalidación de Fernández, auditor desde 2001, y proponía también a Carlos Raúl Gutiérrez Ortíz, un asesor de UP que se supo ganar la confianza del formoseño.
Mientras que Mayans apuraba a su par de la UCR, Eduardo Vischi, para completar la formación de la AGN, metiendo a dos peronistas y un radical cuando todavía lideraban bloques de 34 y 13 bancas respectivamente, Ezequiel Atauche y Bartolomé Abdala se negaban a discutir el tema antes del recambio parlamentario. Ahora, la Casa Rosada explora la posibilidad de acordar con los gobernadores Jaldo, Jalil y Sáenz la designación de un auditor para los de Vischi, otro para los libertarios y uno para el peronismo federal, que podría ser Guerra.
La jugada, que se charló este lunes en la reunión de Mesa Política en Balcarce 50, requiere extrema audacia. Tal como explicó LPO, Patricia Bullrich sabe que pudo hasta acá controlar la furia de Mayans reduciéndole lugares en las comisiones pero interpreta como un riesgo quitarle al peronismo cargos de representación entre las autoridades del Senado o los órganos de contralor.
Por eso, el lote de 44 senadores que se aglutinaron contra el kirchnerismo desde que asumió la exministra de Seguridad hizo este lunes una reunión por Zoom para coordinar los pasos a seguir. Una posibilidad que se conversaba era que, durante la sesión preparatoria, se mocionara la continuación de la jornada parlamentaria con otra en la que se votaran los integrantes de la AGN.
Patricia Bullrich.
Como ese movimiento parece reñido en términos reglamentarios, también se barajó la chance de elegir los miembros del colegio de auditores en la sesión del próximo jueves, cuyo temario incluía la ley de Glaciares, Régimen Penal Juvenil y el pliego de Fernando Iglesias como embajador. La extensión del debate podría facilitar un desenlace «más cubierto» en la madrugada para aquellos que se sientan expuestos.
La AGN cuenta en este momento con el peronista Juan Manuel Olmos como presidente del colegio y fueron designados en diciembre, a través un escandaloso acuerdo entre La Cámpora y los libertarios, Juan Ignacio Forlón por el kirchnerismo, Mónica Almada por el oficialismo y la exdiputada Pamela Calletti por los gobernadores.
Más allá de la pulseada entre Guerra y Fernández, los nombres en danza para ocupar los lugares en representación del Senado serían el de Luis Naidenoff o Víctor Zimmermann por la UCR y Santiago Viola o algún tapado por LLA. Si el nombramiento del riojano se concretara, Sáenz y los gobernadores terminarían con dos auditores, igual que los libertarios, mientras que el radicalismo y el kirchnerismo se repartirían uno para cada uno.
Un sector del peronismo dejaba abierta la puerta para que Fernández mantuviera su lugar, bajo la suposición de que «puede reunir consensos», aunque reconoció que se alentaba el ascenso de Guerra no solo por sus cualidades técnicas sino también como un pase de facturas a La Cámpora, por la derrota del PJ en las elecciones de este domingo en Mendoza.
Tras confirmar la CGT la convocatoria al paro general para este jueves cuando la reforma laboral se trate en Diputados, los gremios del transporte salieron a mostrar su adhesión, por lo que la huelga es total.
A diferencia de otras medidas de fuerza en la que no se plegaron, ahora la sumatoria al paro de los transportistas le quita al Gobierno un factor determinante en su cometido por restarle volumen a la medida.
«Los gremios enrolados en Ugatt garantizamos el paro total de los medios de transporte de pasajeros», señalaron en la Unión Asociaciones Sindicales de Trabajadores del Transporte que comanda el maquinista Omar Maturano.
En la UTA, en tanto, señalaron: «Somos un gremio confederado y si la CGT define una medida de fuerza la vamos a acompañar». Con eso el gremio de los colectiveros al mando de Roberto Fernández se diferencia de la postura que tuvo en el paro general de abril de 2025.
Como contó LPO, el paro no nace del clima general. Lo que cambió la posición negociadora de la CGT fue un episodio puntual. Mientras avanzaba el debate en el Senado, el oficialismo incorporó durante la madrugada la modificación del régimen de licencias por enfermedad.
La inclusión del artículo, sin discusión previa y fuera del texto original, fue leída en el sindicalismo como una ruptura de los acuerdos informales que todavía sostenían el diálogo.
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