El Intendente Marcelo Orazi destacó la firma del convenio entre la Gobernadora Arabela Carreras y el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación para la refacción y puesta en valor del edificio histórico ‘La Reginense’. La obra se enmarca en el programa ’50 Destinos Turísticos’ del gobierno nacional e incluye una inversión total de $89 millones para el financiamiento de tres obras turísticas de la provincia. En Regina se proyecta la refacción de la bodega Cooperativa La Reginense, con una superficie cubierta de 1.350 m2 aproximadamente, integrándose a la trama existente, y contribuyendo a ordenar el entorno urbano. El edificio principal del Museo se integrará, en esta primera etapa, con los dos edificios existentes laterales los que, en un futuro, serán reciclados en el marco del plan de transformación productiva de la Cooperativa, con funciones complementarias al Museo turístico. La intervención comprende la refacción del subsuelo, planta baja y entrepiso del sector de piletones, y la reconstrucción del sector destinado a Sala de exposiciones y servicios. “Es un anuncio sumamente importante porque se trata de una iniciativa en la que confluye lo productivo y lo turístico, que es la impronta que pretendemos tenga nuestra ciudad. La nueva tendencia a nivel provincial es fortalecer destinos incipientes con productos de cercanía, de naturaleza y al aire libre y en esa línea vamos”, manifestó el Intendente.
La denuncia fue elevada por el estudio de abogados Burwick Law. Varios damnificados exigen una compensación. El estudio de abogados Burwick Law, uno de los más poderosos de Nueva York, presentó ante la Corte Suprema de ese estado una demanda colectiva por el criptofraude con $LIBRA. La denuncia apunta contra Kelsier, KIP, Meteora y las demás proveedores, y…
Si cada argentino hiciese esta práctica, más de 20 millones de kilos diarios de «basura» no terminarían en un relleno sanitario. Cada habitante de este país desecha aproximadamente 1 kilo de «basura» por día. Si nos enfocamos en lo orgánico, esos 22 millones de kilos diarios, en lugar de transportarse y pudrirse en los basurales…
El desplazamiento de Carlos Frugoni, funcionario del Ministerio de Economía, por ocultar propiedades en Estados Unidos abre una pregunta incómoda que el oficialismo evita responder: ¿por qué a algunos los echan y a otros, con situaciones similares, los sostienen?
Por Roque Pérez para NLI
La salida de Frugoni se produjo luego de que se confirmara que tenía al menos siete u ocho inmuebles en Florida sin declarar ante los organismos argentinos, además de sociedades en el exterior utilizadas para adquirirlos. El caso no fue menor: se trata de un funcionario clave en el área de infraestructura, bajo la órbita directa del ministro Luis Caputo.
El escándalo que terminó en despido
La investigación periodística reveló que Frugoni omitió incluir en sus declaraciones juradas propiedades valuadas entre 140.000 y 310.000 dólares cada una, muchas de ellas adquiridas a través de firmas registradas en Delaware, una jurisdicción conocida por su opacidad.
El propio funcionario terminó admitiendo la irregularidad. Reconoció que no había declarado esos bienes y aseguró que se trataba de un “error” que estaba intentando corregir.
Pero el daño ya estaba hecho. La normativa argentina es clara: todo funcionario debe declarar la totalidad de su patrimonio, tanto en el país como en el exterior, y la omisión puede configurar delitos como enriquecimiento ilícito u omisión maliciosa.
En ese contexto, el Gobierno decidió avanzar con su salida. Una decisión que, en apariencia, busca mostrar firmeza frente a la corrupción.
La incómoda comparación con Adorni
Sin embargo, el caso abre una contradicción evidente. Porque mientras Frugoni fue eyectado, Manuel Adorni sigue en su cargo pese a estar bajo cuestionamientos patrimoniales y judiciales similares, tal como ya trascendió en distintas investigaciones públicas.
La comparación no es menor: ambos casos giran en torno a inconsistencias en declaraciones juradas, patrimonio no declarado o bajo sospecha, y posibles irregularidades en el manejo de bienes.
Entonces, la pregunta es inevitable: ¿por qué a Frugoni sí y a Adorni no?
Discrecionalidad, relato y costo político
La respuesta parece menos jurídica que política. Frugoni era un funcionario técnico, prescindible dentro del esquema de poder. Adorni, en cambio, es una figura central en la comunicación del gobierno de Milei, con exposición mediática diaria y rol estratégico en la construcción del relato oficial.
En otras palabras, no todos los funcionarios valen lo mismo dentro del dispositivo político.
El gobierno intenta instalar una narrativa de “tolerancia cero” frente a irregularidades, pero los hechos muestran otra cosa: la vara cambia según el peso político del implicado.
Un problema más profundo
El caso Frugoni no es un hecho aislado. Se inscribe en una serie de episodios que golpean el discurso de transparencia de la actual gestión, especialmente en áreas sensibles como la obra pública y la administración de recursos.
La utilización de sociedades en el exterior, la omisión de bienes y las inconsistencias patrimoniales no son meros tecnicismos: son señales de posibles circuitos de opacidad que contradicen el discurso anticasta.
Y cuando la reacción del Estado es selectiva, el problema se agrava.
La pregunta que queda abierta
El desplazamiento de Frugoni podría haber sido un gesto de institucionalidad. Pero pierde fuerza cuando no se aplica el mismo criterio a todos.
Porque en política, tan importante como sancionar es hacerlo sin discrecionalidad. Y hoy, la sensación que queda es otra: no hay una política anticorrupción, sino una administración del costo político de cada escándalo.
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