El Intendente Marcelo Orazi destacó la firma del convenio entre la Gobernadora Arabela Carreras y el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación para la refacción y puesta en valor del edificio histórico ‘La Reginense’. La obra se enmarca en el programa ’50 Destinos Turísticos’ del gobierno nacional e incluye una inversión total de $89 millones para el financiamiento de tres obras turísticas de la provincia. En Regina se proyecta la refacción de la bodega Cooperativa La Reginense, con una superficie cubierta de 1.350 m2 aproximadamente, integrándose a la trama existente, y contribuyendo a ordenar el entorno urbano. El edificio principal del Museo se integrará, en esta primera etapa, con los dos edificios existentes laterales los que, en un futuro, serán reciclados en el marco del plan de transformación productiva de la Cooperativa, con funciones complementarias al Museo turístico. La intervención comprende la refacción del subsuelo, planta baja y entrepiso del sector de piletones, y la reconstrucción del sector destinado a Sala de exposiciones y servicios. “Es un anuncio sumamente importante porque se trata de una iniciativa en la que confluye lo productivo y lo turístico, que es la impronta que pretendemos tenga nuestra ciudad. La nueva tendencia a nivel provincial es fortalecer destinos incipientes con productos de cercanía, de naturaleza y al aire libre y en esa línea vamos”, manifestó el Intendente.
Con el objetivo de ordenar y organizar el funcionamiento de los carros gastronómicos, el Ejecutivo Municipal evalúa el traslado de los mismos a otro espacio que contará con las medidas de seguridad necesarias para que puedan desarrollar su actividad. El lunes, el Intendente Marcelo Orazi, acompañado de los Secretarios de Gobierno Guillermo Carricavur y de…
El Intendente Marcelo Orazi fue el encargado de brindar las palabras de bienvenida en la apertura del 4º Foro Patagónico y 2º Latinomericano de Energías Sustentables que se desarrolla bajo la modalidad virtual y que tiene a Villa Regina como sede. En la oportunidad Orazi destacó que “es un gran honor como Intendente ser el…
Este domingo a las 17hs se realizó en la plaza de los próceres de Villa Regina la marcha convocada por LALCEC (Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer) en adhesión al mes mundial de la concientización de la prevención del cáncer de mamas. La institución también invitó a decorar con el color rosa los frentes…
CONOCÉ TU ESTADO Esta tarde en el marco del Día mundial de la lucha por VIH, SIDA e ITS el equipo del EL GARAGE estará con su stand en el Paseo de la Juventud realizando los test rápidos.A partir de las 18:00 hs hasta las 21:00 hs estarán acompañando las diferentes actividades que queremos compartir con…
José Antonio Kast presentó a los 25 ministros que lo acompañarán a partir del próximo 11 de marzo, entre los que se destacan dos exabogados del dictador Augusto Pinochet.
Uno de ellos es Fernando Rabat como ministro de Justicia y Derechos Humanos. Es académico de la Universidad del Desarrollo, quien integró el equipo que defendió a Pinochet en distintas causas, entre ellas el denominado «Caso Riggs», vinculado a sus cuentas bancarias secretas en Estados Unidos.
El otro funcionario pinochetista es Fernando Barros, socio fundador de uno de los estudios jurídicos más grandes de Chile, que también colaboró en la defensa de Pinochet cuando fue detenido en Londres, en 1998 y será ministro de Defensa.
Kast conformó un gabinete poco político, integrado por 13 hombres y 11 mujeres, en su mayoría sin militancia partidaria y provenientes del sector académico o empresarial.
«Chile necesita decisión, carácter, necesita un gobierno que actúe con prontitud. Por eso, hoy les presento un gabinete para un gobierno de emergencia, un equipo convocado para terminar con la inercia y comenzar a recuperar Chile», aseguró Kast en la presentación.
La elección de los ministros generó ruido interno porque no hay muchos representantes del Partido Republicano ni de partidos como UDI, Renovación Nacional o Evópoli que lo apoyaron de cara a la segunda vuelta.
Uno de ellos es Fernando Rabat como ministro de Justicia y Derechos Humanos. Es académico de la Universidad del Desarrollo, quien integró el equipo que defendió a Pinochet en distintas causas, entre ellas el denominado «Caso Riggs», vinculado a sus cuentas bancarias secretas en Estados Unidos
Entre los cargos partidarios figura el Ministerio del Interior y la jefatura de gabinete, que estará a cargo del exdiputado de la UDI Claudio Alvarado. Además, había gran expectativa por las definiciones en Seguridad y Hacienda, áreas clave tras las promesas de campaña de mano dura contra la delincuencia y la migración irregular, y un fuerte ajuste fiscal.
Fernando Rabat.
En Seguridad fue designada Trinidad Steinert, hasta ahora fiscal de la región fronteriza de Tarapacá, mientras que en Hacienda asumirá Jorge Quiroz, economista ultraliberal que coordinó las propuestas económicas de Kast y que fue mencionado años atrás en una causa por colusión de precios en el sector avícola.
El otro funcionario pinochetista es Fernando Barros, socio fundador de uno de los estudios jurídicos más grandes de Chile, que también colaboró en la defensa de Pinochet cuando fue detenido en Londres, en 1998 y será ministro de Defensa.
Para Relaciones Exteriores, el mandatario electo eligió a Francisco Pérez Mackenna, gerente general de Quiñenco, una de las empresas del grupo Andrónico Luksic, marcando un perfil empresarial también en Economía y Minería, carteras que estarán bajo la conducción de Daniel Mas.
La Secretaría General de la Presidencia (Segpres), encargada del vínculo con el Parlamento, quedará en manos del exsenador de Renovación Nacional José García.
El resto del gabinete lo completan la presentadora Mara Sedini (Vocería), la socióloga María Jesús Wulf (Desarrollo Social), el arquitecto Iván Poduje (Vivienda), el economista Tomás Rau (Trabajo y Previsión Social), la economista María Paz Arzola (Educación), la médica May Chomalí (Salud), el exintendente Martín Arrau (Obras Públicas) y la exministra Catalina Parot (Bienes Nacionales).
También integran la nómina la profesora evangélica Judith Marín (Mujer y Equidad de Género), el exministro y exdiputado Jaime Campos (Agricultura), la exministra y exdiputada Ximena Rincón (Energía), el exdirector del Metro Luis de Grange (Transporte y Telecomunicaciones), la exasesora presidencial Francisca Toledo (Medioambiente), la exatleta Natalia Duco (Deporte), el exdiputado Francisco Undurraga (Cultura) y la emprendedora tecnológica Ximena Lincolao (Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación).
El Gobierno avanzó con una resolución que elimina obligaciones históricas del Estado
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
Bajo el argumento de la “modernización normativa”, el Gobierno avanzó con una resolución que elimina obligaciones históricas del Estado y borra del reglamento sanitario el tratamiento especial para los pequeños productores. La Resolución 62/2026 del SENASA, publicada hoy en el Boletín Oficial no crea reglas nuevas: directamente quita las que protegían a los sectores más vulnerables de la cadena agroalimentaria.
La medida fue publicada el 23 de enero y pasa casi desapercibida fuera del ámbito técnico, pero su impacto es profundo. Con una sola firma, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria derogó dos capítulos completos del Reglamento de Inspección de Productos de Origen Animal, vigente desde 1968, que cumplían funciones centrales: el asesoramiento estatal y la regulación específica para la agricultura familiar.
Menos Estado, más castigo
Uno de los capítulos eliminados es el Capítulo XXIX – Del Asesoramiento, que establecía la obligación del SENASA de publicar guías, materiales explicativos y normas de divulgación para que productores y elaboradores supieran cómo cumplir con los requisitos sanitarios.
La derogación implica un cambio de paradigma: el Estado deja de tener la obligación normativa de explicar cómo cumplir la ley, pero mantiene intacta su capacidad de controlar, sancionar y clausurar.
En otras palabras, menos acompañamiento y más castigo. Una lógica coherente con el espíritu de la Ley Bases, que atraviesa toda la resolución como marco político general.
Agricultura familiar: de régimen especial a la intemperie
Más grave aún es la derogación del Capítulo XXXIII – De los productos provenientes de la agricultura familiar. Ese apartado reconocía algo elemental: no es lo mismo un frigorífico industrial que un pequeño productor artesanal.
El capítulo contemplaba:
Diferencias de escala
Modalidades productivas específicas
Volúmenes reducidos
Condiciones territoriales y sociales propias
Al eliminarlo, el SENASA borra del reglamento cualquier tratamiento diferenciado y somete a la agricultura familiar al mismo esquema normativo que rige para grandes empresas del complejo agroindustrial.
El resultado es previsible: más exclusión, más informalidad y más presión sobre los eslabones más débiles de la cadena.
Modernización sin reemplazo
La resolución justifica las derogaciones en la necesidad de “actualizar” normas obsoletas y acompañar los avances tecnológicos. Sin embargo, hay un dato central que el texto no puede disimular: no se dicta ninguna norma nueva que reemplace lo eliminado.
No hay:
Nuevo régimen para agricultura familiar
Nuevo esquema de asesoramiento digital
Nuevas herramientas de acompañamiento técnico
Solo hay vacío normativo.
Responsabilidad individual y retirada estatal
La Resolución 62/2026 se apoya reiteradamente en la Ley 27.233, que establece la responsabilidad primaria de los actores de la cadena agroalimentaria. Pero al mismo tiempo, reduce el rol activo del Estado a su mínima expresión.
El mensaje es claro: cada productor debe arreglárselas solo, aun cuando las condiciones de partida sean profundamente desiguales.
Bajo el discurso de la eficiencia y el reordenamiento normativo, se consolida un modelo de Estado que controla pero no acompaña, sanciona pero no explica, exige pero no reconoce diferencias.
Una decisión técnica con consecuencias políticas
Aunque redactada en lenguaje administrativo, la resolución tiene una consecuencia política nítida: debilita a la agricultura familiar y fortalece un esquema pensado para grandes actores.
No es una simplificación inocente. Es una decisión que reconfigura quién puede producir, quién puede cumplir y quién queda afuera del sistema formal.
Y como suele ocurrir, el ajuste normativo no cae sobre los poderosos, sino sobre quienes producen en pequeña escala, sostienen economías regionales y garantizan alimentos en condiciones adversas.
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