El Intendente Marcelo Orazi anunció la repavimentación de tres estratégicas calles rurales de Villa Regina, tras reunirse con el Ministro de Obras y Servicios Públicos de la provincia Carlos Valeri.
Con una inversión de $42 millones aportados por el gobierno provincial se llevarán adelante estos importantes trabajos en 2,7 kilómetros, que corresponden a tramos del kilómetro de Nardini, de la calle Juan XXIII y de la calle rural N° 5, continuidad del sector conocido como ‘Curva del chancho’.
“Venimos trabajando en este proyecto desde hace unos meses. Lo hablé con la gobernadora Arabela Carreras días atrás y hoy (por este jueves) hablamos de algunos aspectos técnicos con el Ministro Valeri”, manifestó Orazi.
Anticipó que los trabajos se realizarán mediante el sistema de obra delegada de la Provincia al Municipio. “Es una obra más que importante por los beneficios que traerá aparejados para quienes residen en esa zona y para el sector productor. Pero fundamentalmente se trata de ir cumpliendo con los compromisos que asumimos en su momento”, indicó el jefe comunal.
En este sentido, indicó que “anunciamos que íbamos a remodelar la calle Libertad y hoy la obra está en su etapa final. Podemos decir que a fines de julio va a estar terminada porque al proyecto original se sumó una adenda que incluyó unos tramos más”.
“Ahora anunciamos este plan de repavimentación en estos tramos de calles rurales mientras seguimos gestionando más tareas similares”, anticipó.
El Intendente agradeció al gobierno provincial por “dar respuesta a las gestiones que llevamos adelante y el acompañamiento permanente”.
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El nuevo salto del petróleo por el recrudecimiento de la guerra con Irán le mete presión a uno de los pilares del modelo económico de Javier Milei. La escalada del Brent por encima de los USD 100 mejora los ingresos de Vaca Muerta, pero también reabre un problema que el Gobierno había logrado contener durante las últimas semanas: la presión sobre la inflación. El mecanismo que mantuvo relativamente quietos los surtidores durante un mes y medio muestra señales de agotamiento.
La tensión volvió a dispararse tras los ataques a buques en el estrecho de Ormuz y Bab el-Mandeb, dos de los corredores marítimos más sensibles del comercio mundial de energía. El aumento del riesgo llevó a aseguradoras y compañías navieras a evitar operar en la zona o a encarecer fuertemente sus coberturas. El resultado fue inmediato: el Brent superó los USD 100 por barril y el precio del gas natural licuado regresó a los niveles más altos desde febrero.
La transmisión al mercado local es hoy mucho más directa que en años anteriores. El Gobierno consolidó un esquema de paridad con el precio internacional, por lo que las naftas y el gasoil quedaron atados a la evolución del Brent. Cada dólar adicional del barril incrementa la presión sobre los precios domésticos de los combustibles.
Ese movimiento impacta rápidamente sobre toda la economía. El gasoil es el principal insumo del transporte de cargas y cualquier incremento eleva el costo de los fletes. Esa suba termina incorporándose al valor de las mercaderías. El agro tampoco escapa a esa lógica: la siembra, la cosecha y el traslado de la producción dependen del combustible, por lo que el mayor costo termina reflejándose en el precio final de los alimentos.
Hasta ahora, el principal amortiguador fue la política comercial de YPF. Durante unos 45 días, la petrolera estatal absorbió parte del aumento internacional sin trasladarlo completamente a los surtidores. Las demás compañías que venden al público siguieron una estrategia similar. La apuesta era recuperar ese margen cuando el Brent retrocediera y el mercado internacional se normalizara.
La nueva escalada del barril volvió a desalinear los precios locales respecto de la paridad internacional. Actualmente los precios en las estaciones de servicio equivalen a un crudo de algo más de USD 80, una diferencia del 20%.
Pero ese escenario dejó de existir. La nueva escalada volvió a desalinear los precios locales respecto de la paridad internacional. Actualmente los precios en las estaciones de servicio equivalen a un crudo de algo más de USD 80, una diferencia del 20%.
La consultora 1816 calculó que, con un Brent que cotiza USD 98, la nafta en Argentina se vende como si el barril cotizara alrededor de USD 84. A esa diferencia todavía debe sumarse el costo que las petroleras absorbieron durante la primera etapa del conflicto en Medio Oriente.
Barcos varados en el Estrecho de Hormuz en Bandar Abbas, Iran
El informe subraya el contrapunto más relevante: el mayor precio del petróleo mejora las perspectivas de la balanza de pagos por el aporte de Vaca Muerta, aunque advierte que «podría ralentizar el proceso de desinflación».
La Cepal también evaluó ese riesgo. El organismo elaboró tres escenarios para medir el impacto directo sobre el IPC argentino durante 2026. Con un aumento internacional de la energía del 25% interanual, la presión adicional sería de 0,9 puntos porcentuales en la inflación anual. Si la suba alcanza el 38%, el efecto escala a 1,4 puntos. En un escenario crítico, con el Brent instalado en valores de tres dígitos y una suba de la energía del 67%, la inflación anual podría sumar 2,5 puntos porcentuales adicionales.
La Cepal destacó que Argentina se encuentra en una posición intermedia dentro de América Latina gracias a su capacidad de producción local, especialmente por el aporte de Vaca Muerta. Esa fortaleza evita una exposición similar a la de los países centroamericanos, altamente dependientes de las importaciones. Sin embargo, advierte que el traslado hacia los costos logísticos y los alimentos resulta inevitable si el petróleo permanece elevado.
El Gobierno volvió a postergar la actualización plena del Impuesto a los Combustibles Líquidos para evitar una aceleración de la inflación durante julio y agosto. La decisión funciona como un freno transitorio sobre los precios, pero acumula un costo fiscal.
EcoGo, la consultora que dirige Marina Dal Poggetto, puso números al impacto sobre el IPC. Los combustibles representan el 3,8% de la canasta que releva el Indec. Sobre esa base, estimó que cada aumento neto del 10% en el precio de los surtidores agrega de manera directa 0,38 puntos porcentuales a la inflación mensual. El informe recuerda además que el valor de la nafta responde en un 33% al precio del crudo, mientras el resto corresponde a biocombustibles, refinación e impuestos.
Ese último componente explica otra de las tensiones del programa económico. El Gobierno volvió a postergar la actualización plena del Impuesto a los Combustibles Líquidos para evitar una aceleración de la inflación durante julio y agosto. La decisión funciona como un freno transitorio sobre los precios, pero acumula un costo fiscal que deberá resolverse más adelante.
La consultora Equilibra coincide en que el «buffer» aplicado por YPF fue determinante para contener la inflación de junio, que se ubicó en 1,9%. Pero advierte que ese colchón tiene un límite. Según Equilibra, un ajuste brusco para recomponer márgenes no sólo golpearía al transporte y al agro, sino que también pondría en riesgo la todavía frágil recuperación económica prevista para el segundo semestre de 2026.
Juan Bautista Mahiques prepara el bordado final de la protección judicial para Claudio «Chiqui» Tapia y Pablo Toviggino en la causa que tramita contra la AFA, en el fuero comercial local, por la denuncia de Guillermo Tofoni.
Como informó LPO, esta semana se publicó el decreto de designación de Javier Cosentino como juez de la Sala C en la Cámara de Apelaciones del fuero comercial, pero hasta el 16 de julio había sido el titular del Juzgado Nacional en lo Comercial N° 9, donde quedó radicada la denuncia.
En efecto, Cosentino fue el magistrado que desestimó el embargo preventivo que reclamó Tofoni por los partidos amistosos disputados hace más de 5 años, antes que Tapia y Toviggino optaran por cortar el contrato con el empresario despechado y otorgarle el negocio al productor Javier Faroni. Tras el fallo del juez, Tofoni apeló y ahora la Sala C tendrá que resolver, justo donde recaló Cosentino.
Fuentes judiciales deslizaron que el juez votado por el Senado el jueves pasado debería excusarse. El presidente de la sala es Eduardo Machin y, por ahora, venían subrogando Alejandra Tévez y Matilde Ballerini, quien cumpliría 75 años el próximo 6 de septiembre y solicitó hace meses la prórroga en su cargo al gobierno.
Atento, Mahiques apuró el lunes al senador Juan Carlos Pagotto, titular de la comisión de Acuerdos, para que convoque a audiencia pública para que defienda su pliego Ballerini el 4 de agosto. Entre el receso y las dificultades de Patricia Bullrich para conseguir las voluntades suficientes para sesionar, al oficialismo se le acota el margen de maniobra para aprobar nombramientos de jueces.
Para cubrir la otra subrogancia, el gobierno logró que los senadores le otorguen estado parlamentario a la postulación de Valeria Pérez Casado, quien curiosamente compartió con Cosentino el desenlace del caso Indalo, la empresa de Cristóbal López.
Tapia y Toviggino.
En la causa de Oil Combustibles, el juez que dictó la quiebra, decretó la intervención de la petrolera y le otorgó la operación inicial a YPF fue Javier Cosentino, cuando estaba al frente del Juzgado Comercial Nº 8 y luego en las actuaciones del proceso. En tanto, Pérez Casado intervino en las etapas posteriores y la liquidación de fondos.
Pero los pergaminos de esta candidata de Mahiques se fundarían en su actuación durante la quiebra de Cresta Roja, mientras se desempeñaba al frente del Juzgado Nacional en lo Comercial Nº 18. «Cresta Roja es la Ciccone del macrismo», dijo un camarista a LPO.
En el fuero comercial comentan también que Mahiques y la AFA no estarían dejando ningún detalle librado al azar, ni siquiera el sorteo para las subrogancias hasta que se aprueben las designaciones de los jueces para la Sala C.
Su apreciación se basa en las quejas de los ex dueños de la firma, Rasic Hermanos, que acusaron a Mauricio Macri por el despojo de sus bienes. Cuando el Juzgado Comercial le entregó la empresa al consorcio Proteinsa SA, compuesto por Ovoprot, Tanacorsa y apoyado por el banco BTG Pactual, Karina Rasic, hija de los fundadores, acusó al gobierno de dársela a un amigo del colegio de Marcos Peña, tal como reveló Noticias.
Pérez Casado, además, es miembro de la agrupación Compromiso Judicial, un sector de la magistratura con lazos históricos con el macrismo y el radicalismo. Allí milita José Luis López Castiñeira, un camarista de la Sala II del fuero contencioso administrativo federal que cultiva un vínculo muy cercano con el ministro de Justicia.
En el fuero comercial comentan también que Mahiques y la AFA no estarían dejando ningún detalle librado al azar, ni siquiera el sorteo para las subrogancias hasta que se aprueben las designaciones de los jueces para la Sala C. Desde el 4° Piso de Roque Sáenz Peña 1211, dicen que, ante cualquier demora, podrían salir sorteados la propia Ballerini, quien ya viene ocupando una de las vocalías vacantes, o Jorge Djivaris, ex funcionario del gobierno porteño al que promovieron a la Sala B de la cámara para contribuir eventualmente en la causa Correo, tal como informó LPO.
Por lo demás, los colegas de Cosentino se preguntan quién lo reemplazará en el juzgado N° 9. Su olfato indica que, por sorteo, podría tocarle la función a Pedro Giudice, flamante juez del fuero en cuya jura estuvieron Mahiques, la consejera Alejandra Provitola y el presidente de la Cámara de Casación Penal, Diego Barroetaveña, quien admitió el recurso de queja de la defensa de los presuntos testaferros de Toviggino, junto a Mariano Borinsky, para que la competencia de la causa recaiga en el juzgado de Campana, a cargo de Adrián González Charvay.
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