El Intendente Marcelo Orazi anunció la repavimentación de tres estratégicas calles rurales de Villa Regina, tras reunirse con el Ministro de Obras y Servicios Públicos de la provincia Carlos Valeri.
Con una inversión de $42 millones aportados por el gobierno provincial se llevarán adelante estos importantes trabajos en 2,7 kilómetros, que corresponden a tramos del kilómetro de Nardini, de la calle Juan XXIII y de la calle rural N° 5, continuidad del sector conocido como ‘Curva del chancho’.
“Venimos trabajando en este proyecto desde hace unos meses. Lo hablé con la gobernadora Arabela Carreras días atrás y hoy (por este jueves) hablamos de algunos aspectos técnicos con el Ministro Valeri”, manifestó Orazi.
Anticipó que los trabajos se realizarán mediante el sistema de obra delegada de la Provincia al Municipio. “Es una obra más que importante por los beneficios que traerá aparejados para quienes residen en esa zona y para el sector productor. Pero fundamentalmente se trata de ir cumpliendo con los compromisos que asumimos en su momento”, indicó el jefe comunal.
En este sentido, indicó que “anunciamos que íbamos a remodelar la calle Libertad y hoy la obra está en su etapa final. Podemos decir que a fines de julio va a estar terminada porque al proyecto original se sumó una adenda que incluyó unos tramos más”.
“Ahora anunciamos este plan de repavimentación en estos tramos de calles rurales mientras seguimos gestionando más tareas similares”, anticipó.
El Intendente agradeció al gobierno provincial por “dar respuesta a las gestiones que llevamos adelante y el acompañamiento permanente”.
La encuestadora Atlas Intel publicó una encuesta en donde confirma el favoritismo de Lula para las elecciones presidenciales de Brasil en octubre de este año.
La consultora brasileña ubica primero a Lula en todos los escenarios con un porcentaje entre 48 y 49 puntos, es decir, a un punto de ganar en primera vuelta.
El relevamiento medió al presidente de Brasil con Flavio y Michelle Bolsonaro y con los otros candidatos de la derecha como Tarcisio Gomes da Freitas, Romeu Zema y Ronaldo Caiado.
La división en la derecha favorece al Partido de los Trabajadores porque en un mapa con Flavio y Tarcisio separados, Lula le saca 20 puntos al hijo del ex presidente y ganaría 48 a 20 con el gobernador de San Pablo en tercer lugar con 11 puntos.
A su vez, si la derecha se unifica en Flavio, Lula sube a 49 puntos contra 35 del mayor del clan Bolsonaro, quedando a un punto de ganar en primera vuelta.
La división en la derecha favorece al Partido de los Trabajadores porque en un mapa con Flavio y Tarcisio separados, Lula le saca 20 puntos al hijo del ex presidente y ganaría 48 a 20 con el gobernador de San Pablo en tercer lugar con 11 puntos.
Otro escenario que mide la encuesta es solo con Tarcisio como representantes opositor. Allí, Lula se mantiene en 49 y el paulista queda 28 puntos y un crecimiento de indecisos y blancos o nulos.
En el caso de un cuadro con Lula y Michelle Bolsonaro, el líder del PT lidera con 48 contra 31 de la ex primera dama y un tercer lugar para el gobernador de Goias Ronaldo Caiado con 11.
Por último, Atlas Intel mide el escenario sin los Bolsonaro ni Tarcisio. Allí, Lula queda a las puertas de la primer vuelta y los votos de la derecha se reparten entre Caiado y los gobernadores de Minas Gerais y Paraná, Romeu Zema y Ratinho Jr.
La derecha brasileña pasa por un momento de fuerte tensiones. Esta semana estaba prevista una visita de Tarcisio a la prisión donde se encuentra detenido Jair Bolsonaro pero el paulista la suspendió molesto con Flavio.
El hijo hizo trascender que el ex presidente le pediría a Tarsicio que abandone la carrera presidencial para apoyarlo y por eso decidió no asistir. La encuesta indica que el gobernador de San Pablo sería el mejor vicepresidente para Flavio.
El Intendente Marcelo Orazi encabezó este miércoles la entrega de los certificados a quienes realizaron las capacitaciones de electricidad domiciliaria y reparación y programación de celulares organizadas por la Oficina de Empleo de la Municipalidad de Villa Regina. Se encontraban presentes el presidente del Concejo Deliberante Edgardo Vega, el Secretario de Coordinación Ariel Oliveros y…
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El Congreso estadounidense emitió un durísimo informe sobre la economía argentina que explica por qué la administración de Donald Trump todavía no habilitó los fondos que Scot Bessent le habría prometido al gobierno de Javier Milei para el salvataje financiero.
Con fecha del 30 de diciembre pasado, el documento del Congressional Research Service, un espacio equivalente a la Oficina del Presupuesto del Congreso argentino, señaló una serie de dificultades acerca de la solvencia del Estado local para hacer frente a los compromisos del frente externo.
Bajo el título «US Financial Support to Argentina», los técnicos del parlamento norteamericano advirtieron que Argentina tiene dificultades para estabilizar la moneda y que padece fragilidad cambiaria pese a las reformas de la experiencia libertaria. Además, señalan que la defensa del tipo de cambio mediante ventas de divisas no es sostenible en el tiempo, existe alta dependencia del apoyo externo y, por eso, hay «hipótesis de default».
En uno de sus párrafos, los autores del informe, Joshua Klein y Rebecca Nelsson, plantean que el país «probablemente enfrentará decisiones políticas difíciles, como si incumplir su deuda por décima vez o permitir más flexibilidad en el valor del peso».
Ese fragmento aparece en la página 7 del texto. «La principal fuente de divisas de Argentina es el saldo restante de su línea de swap de divisas con Estados Unidos», dice en su primera oración de ese párrafo, mientras que en la segunda plantea que «Argentina no cuenta con un superávit comercial sólido que genere entradas de divisas». «Si el gobierno de Milei se encuentra sin suficientes divisas para hacer los pagos de su deuda y sostener sus objetivos de política cambiaria, probablemente enfrentará decisiones políticas difíciles, como por ejemplo dejar de pagar su deuda por décima vez o permitir más flexibilidad en el valor del peso», plantea a continuación.
El informe dice que ante tal escenario, el gobierno «podría buscar apoyo financiero adicional de Estados Unidos, el FMI u otros prestamistas oficiales». «Las perspectivas de obtener dicho apoyo son inciertas», admite el informe, ya que asegura que la disposición del FMI a brindar apoyo adicional a Argentina es cuestionable dado el nivel de exposición que enfrenta a Argentina en comparación con otros gobiernos de su región.
Por eso, el director del Instituto Consenso Federal, Alejandro Topo Rodríguez, tuiteó que «la economía de Milei se bambolea entre el default y una bruta devaluación». «Mientras el mundo mira a Venezuela, una oficina técnica del Congreso de los Estados Unidos puso el ojo en la economía argentina y, entre otras conclusiones, ya advirtió que el programa de Javier Milei y Toto Caputo podría enfrentarse a un ingrato dilema: caer en default o ejecutar una fuerte devaluación», explicó.
El CRS es un organismo técnico, integrado por especialistas que ofrecen asistencia con sus trabajos a legisladores y comisiones legislativas, al igual que la Oficina del Presupuesto en Argentina.
Mientras el mundo mira a Venezuela, una oficina técnica del Congreso de los Estados Unidos puso el ojo en la economía argentina y, entre otras conclusiones, ya advirtió que el programa de Javier Milei y Toto Caputo podría enfrentarse a un ingrato dilema: caer en default o ejecutar una fuerte devaluación.
Tal como afirma el ex diputado Rodriguez en X, el propósito de este informe, publicado al cierre de 2025 y tapado por las repercusiones políticas de la incursión estadounidense en Venezuela, «fue informar y asistir al Congreso norteamericano en la evaluación del apoyo financiero de Estados Unidos a la Argentina (en particular el swap de monedas y otros mecanismos), así como los riesgos, beneficios y alternativas vinculados a ese apoyo».
Según Rodríguez, la bifurcada entre el default y la devaluación «se trata de la advertencia más dura de todo el informe: si no se consiguen dólares suficientes, el gobierno podría verse forzado a un nuevo default o a una devaluación más profunda».
El documento del CRS pondera, de todas formas, las mejoras en indicadores macroeconómicos, las reformas de Milei y, como es de esperar, el rescate de Estados Unidos para la «credibilidad» del programa. También reconocen el triunfo libertario en las elecciones de medio término.
La diputada Julia Strada, por su parte, le dijo a LPO que «el documento refleja que el acuerdo del swap tiene que pasar por el Congreso norteamericano», algo que está en línea con las demendas de la oposición peronista en Argentina. Según la legisladora de Fuerza Patria, los técnicos estadounidenses «le dan tres opciones a Donald Trump: se aprueba o no el swap en el Congreso, se hace un descubrimiento de la información que hasta ahora ocultaron ambos gobiernos o se reduce el plazo o se limita el monto».
Al cierre de esta nota, el gobierno no había emitido comentarios sobre el documento de los técnicos parlamentarios de Washington.
La modificación profunda que dispuso Milei a través de un DNU del sistema de inteligencia produjo un fuerte impacto por dar facultades históricamente prohibidas para evitar el espionaje interno. La mayor polémica la generó la posibilidad de detenciones concretadas sin control judicial por agentes de inteligencia.
Alberto Binder es especialista en sistemas penales, docente de múltiples posgrados por toda América Latina y presidente del Instituto de Estudios Sociales y Penales (Inecip) alude a una relación histórica entre servicios, política y mundo judicial.
«La nueva dirección de inteligencia está pensada como un centro de administración de ilegalidades», enfatiza.
-¿Milei crea su policía secreta con este decreto de la SIDE, como denuncia el kirchnerismo? ¿Por qué el Poder Judicial no se ha pronunciado?
-La Constitución dice claramente que el Poder Ejecutivo no puede dictar disposiciones legislativas, leyes, y la Corte Suprema deja hacer esto sin ningún tipo de problema.
Lo que me interesa destacar es que este gobierno -de un modo aparentemente desordenado y siempre irritando- lo que está haciendo es modificar tres leyes centrales de los primeros consensos democráticos. Son la ley de Defensa Nacional, con este cambio que se hizo de abandonar la conducción civil por la conducción militar. La Ley de Seguridad Interior, con el reformateo de las fuerzas de Seguridad, y la Ley de Inteligencia. Esas eran las tres leyes centrales de la tradición democrática y costaron mucho.
Este gobierno -de un modo aparentemente desordenado y siempre irritando- lo que está haciendo es modificar tres leyes centrales de los primeros consensos democráticos, como son las leyes de Defensa Nacional, Seguridad Interior e Inteligencia, que son las bases de la recuperación democrática.
Son las bases de la recuperación democrática las que se están modificando con esto que sacan. La discusión primordial es que este último decreto, a diferencia del de la mitad del año pasado, está hecho por gente que conoce más el sistema. Su punto más importante es que restablece un modelo muy negativo para la democracia, que es en realidad el modelo menemista. Y es el modelo Stiuso.
¿Qué es el modelo menemista?
Nos empezamos a preocupar de un modo especial de la Inteligencia después del atentado del AMIA. Entonces era jefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy y con él la Inteligencia empieza a avanzar fuertemente sobre las facultades de investigación, con nuevas ambigüedades y finalidades sobre la criminalidad organizada. Antonio «Jaime» Stiuso nunca fue director del sistema de inteligencia sino que siempre fue director de contrainteligencia, para utilizar métodos que se acercan a la actividad policial.
-La contrainteligencia para definirla es la actividad que se hace sobre los que realizan inteligencia sobre las instituciones u objetivos nacionales, ¿está bien?
-Claro, esa es la definición clásica de contrainteligencia, que existe para defendernos de los otros servicios de inteligencia, los que atacan nuestros sistemas de inteligencia. Para volver a Stiuso, su modelo es el de una SIDE que avanza sobre las investigaciones criminales, que empieza a ser el gran actor encubierto del Poder Judicial Federal, es el que distorsiona y pervierte Comodoro Py.
Es el creador de personas como Oyarbide y un poder que se preocupa por nombrar jueces federales. Toda la lógica de este modelo de Justicia Federal es lo que ahora está estallando. Porque hay que conectar este mundo de la Justicia Federal con la llegada del sistema acusatorio donde los actos judiciales empiezan a ser más transparentes. Eso produce una tremenda resistencia con tres intentos postergados de implementar el juicio oral que Comodoro Py no quiere y es ahí donde hay que leer la aparición de este decreto.
Los titulares fáciles son la policía secreta, la persecución de medios, las detenciones sin orden judicial. Eso va a existir y no es menor pero lo que hay es un rearmado del submundo que opera la inteligencia.
Los titulares fáciles son la policía secreta, la persecución de medios, las detenciones sin orden judicial. Eso va a existir y no es menor, pero lo que hay es un rearmado del submundo que opera la inteligencia. Y que se vio con mucha claridad en el último tiempo en la Justicia Federal de Rosario donde quedan expuestas las influencias de este mundo sobre dos jueces acusados de delitos.
-¿Cuál debe ser la tarea de inteligencia legítima en un orden jurídico democrático?
-La tarea de inteligencia legítima es generar información de calidad para toma de decisiones de política muy delicadas. El mundo es complejo. Tenemos amenazas en el espacio ciber, zonas grises entre negocios lícitos y capitales que viven del narcotráfico.
Un país para tomar decisiones necesita no solo saber cómo se mueven las organizaciones criminales. También conocer cómo se está moviendo China, como van a ser sus relaciones con Estados Unidos o con Rusia, cómo va a jugar la India, cómo juegan nuestros vecinos.
Conocer todo eso depende de inteligencia nacional y sirve para toma de decisiones estratégicas del país, de sus relaciones exteriores, del descubrimiento de amenazas. Para eso es clave la recolección de información y su análisis. Y esto debe ser hecho por grupos de especialistas que sean confiables.
-¿Y ese trabajo de búsqueda de información se puede autonomizar del pedido de un fiscal y de una orden judicial?
-Hay que distinguir. La inteligencia nacional no tiene nada que ver con una investigación criminal en principio. La inteligencia nacional clásica, la que necesita el país, tiene que ver con informes que recibe el presidente o los ministros para la toma de decisiones. Esas decisiones tienen que ser tomadas con el mayor nivel de información posible.
Para decidir cómo se va a manejar o que riesgos tienen las relaciones con Estados Unidos, cuál va a ser la política energética hacia China, o descubrir cuáles son las nuevas amenazas de la tecnología en los sistemas informáticos. Todo eso es información que se desarrolla en algo que se conocen como alertas primarias o alertas tempranas. Cuantas más alertas se hacen, mejor funciona un sistema de inteligencia.
La investigación criminal, la entrada judicial, es cuando ya la inteligencia fracasó. La persecución de un caso de terrorismo la tienen que hacer las policías especializadas en terrorismo, para la prevención de que en la Triple Frontera se estén instalando células de Hezbolá, o del Comando Vermelho o el PCC. Para eso necesito información, con la máxima anticipación posible, sobre si los planes de esas organizaciones son tratar de ingresar a la Argentina.
Porque en base a esa información hay organismos especializados de prevención, fuerzas de seguridad, que sirven para, a partir de ahí, desarrollar inteligencia. La búsqueda de información de inteligencia nacional no precisa de órdenes judiciales. Cuando ya hay una investigación criminal concreta hacia un grupo específico, entonces sí.
-¿Es posible una profesionalización de la Inteligencia en la actual SIDE?
-Bueno, el modelo anterior, que se intenta rearmar, impidió que se desarrollara el sistema acusatorio, y esto yo se lo escuché a ministros de la época de Cristina, e imposibilitó que se desarrollara una policía de investigaciones. Estuvimos hablando durante 15 años que necesitábamos un FBI y no lo podemos crear.
Algo importante es que el movimiento que expresa el decreto lo hizo gente que entiende cómo jugar. Lo que había hecho antes en un decreto anterior el propio Milei, pero era un decreto técnicamente mal hecho. Estos de ahora entienden exactamente lo que quieren.
Porque el que había ocupado ese lugar era la dirección de competencia de inteligencia. Si miramos el narcotráfico hoy la inteligencia nacional es un sinsentido. No hay plan, no hay objetivos, no se hace funcionar coordinadamente a fuerzas de seguridad federales y provinciales, o a los fiscales de un lado y de otro. Ese modelo deriva necesariamente en un sistema privado de negocios.
La expresión y la debacle de ese modelo está en la figura de operadores territoriales que se van autonomizando como (Marcelo) D’Alessio. Y luego un sector de la Justicia Federal, que como nunca en la historia, lo vemos ahora, tiene niveles de corrupción altísimos. En Corrientes, en Rosario, en Mendoza, esto antes no había ocurrido.
Algo importante es que el movimiento que expresa el decreto lo hizo gente que viene probablemente de esa época, pero que entiende cómo jugar. Lo que había hecho antes, el decreto anterior, el propio Milei, era un decreto técnicamente mal hecho. Estos de ahora entienden exactamente lo que quieren.
-¿Qué le parece lo más disruptivo y lo más preocupante?
-En la exposición de motivos el decreto dice que se busca coordinar la nueva función de la Policía Federal, lo que es relativamente falso, y que hay que corregir los problemas de la Agencia de Seguridad y de Ciberseguridad, cosas que parecen más razonables. Pero el centro del decreto es poner el funcionamiento de la inteligencia no en el análisis y en la producción de información, sino en la contrainteligencia.
Yo no busco defender el sistema de inteligencia anterior, que es un desorden absoluto sin control. Lo que reclamo es que se pueda conformar un buen sistema de inteligencia, para las necesidades de nuestra democracia.
¿Y eso qué significa? La contrainteligencia, aún en un sistema democrático correcto, tiene una metodología que se acerca a lo policial. Es normal que eso implique hacer investigaciones. Ahora, ¿qué hicieron? Cambiaron la definición de contrainteligencia, porque ahora contrainteligencia no es solamente defenderte del accionar de otros grupos que están tratando de pervertir o de sacarte información de tu propio sistema de inteligencia, sino que pusieron como esencial una metodología policial, más que una metodología de inteligencia y de análisis de información.
-¿Y qué es lo crítico de eso?
-Que el eje deja de ser el análisis y la alerta temprana para centrarse en la investigación de tipo policial, que por otra parte se vuelve permanente y que permite meter a agentes encubiertos en la dinámica del narcotráfico, como en la época de Lauchón Viale con Stiusso (NE: Pedro Tomás Viale fue un ex agente de la SIDE cercano a Stiuso, asesinado a balazos por el Grupo Halcón de la Policía Bonaerense en su casa de La Reja en 2013).
Para mí el mayor peligro está en que esta nueva dirección de inteligencia está pensada como un centro de administración de ilegalidades. Veamos cómo a través de (el ex juez federal de Rosario Marcelo) Bailaque actuaba un ex agente informal de inteligencia (Santiago Busaniche), instituciones empresarias, el juego ilegal, todo un juego complejo que está en Rosario.
-Bailaque es un ex juez acusado de una extorsión digitada por un lobista, que es Santiago Busaniche, conectado con Héctor Marchi, que era el administrador general de la Corte Suprema. Hay también un juez civil que es Gastón Salmain que es designado de una manera sorprendente y está hoy imputado en una causa penal junto a Busaniche. Es decir, hay un vínculo entre presuntos servicios de inteligencia y magistratura que se está viendo en audiencias judiciales.
-Bueno, es el mundo oscuro en el cual participaban jueces, empresarios, agentes de inteligencia. Se trató de frenar esto durante el gobierno de Alberto Fernández y como pasó con todo lo de Alberto Fernández, quedó en la nada y perdimos la gran oportunidad de reconfigurar el sistema de inteligencia para basarlo en necesidades reales de inteligencia.
Veamos qué pasa hoy con todo este tema de la AFA y el Chiqui Tapia. ¿Cómo puede ser que tengamos jueces metidos en todo el sistema disciplinario del AFA? Está un juez que es Barroetaveña que está en la Casación Federal, está en el Tribunal Disciplinario de la AFA, está en el Consejo de la Magistratura.
Se trató de frenar esto durante el gobierno de Alberto Fernández y como pasó con todo lo de Alberto Fernández, quedó en la nada y perdimos la gran oportunidad de reconfigurar el sistema de inteligencia para basarlo en necesidades reales de inteligencia.
Lo que yo interpreto es que ese modelo se estaba cayendo. Entonces el decreto viene a reconfigurar eso, donde la inteligencia es el centro de administración y de juego de estas ilegalidades para mantener el control.
¿Por qué? Porque la Justicia Federal está cambiando, porque la Policía Federal está cambiando, porque los servicios de inteligencia del mundo están cambiando. Con el decreto se están aggiornando normativamente para reconfigurar la vieja lógica.
Yo no busco defender el sistema de inteligencia anterior, que es un desorden absoluto sin control. Lo que reclamo es que se pueda conformar un buen sistema de inteligencia, para las necesidades de nuestra democracia, de conocimiento de las amenazas complejas que hoy existen y de la necesidad de inserción estratégica de Argentina en el mundo.
-¿Precisamente, qué opina de las dificultades del progresismo para hacer una transformación de la estructura de inteligencia argentina?
-El modelo Stiuso se crea en el menemismo, pero es sostenido firmemente por el kirchnerismo. Con una mano firme como la de Néstor Kirchner, se había armonizado a los intereses del gobierno de entonces, que lo dejó crecer. Cristina, yo creo que en determinado momento, pierde el control. Pero tampoco se anima a destruirlo, no puede cambiarlo. Ahí se dan las reformas del 2015, cuando entra Parrilli, entra Mena, en Inteligencia. Son enmiendas que no se animan a modificar totalmente lo que había. No digo que hacerlo es soplar y hacer botellas pero lo que pretendieron, muy al estilo del kichnerismo, fue generar un mecanismo de control del sistema viejo, que no terminaron de controlar. Se quedaron a mitad de camino, no tuvieron audacia ni intención para un cambio fundamental.
En el gobierno de Fernández estuvimos insistiendo que había que intervenir y reformatear todo el sistema de inteligencia, y había que cortar los vínculos con la justicia penal y también se quedaron a mitad de camino. Después aparece otro grupo dentro del kirchnerismo, cuyas figuras son Moreau y Tailhade, que otra vez pretenden hacer lo mismo, que es jugar ese juego.
Históricamente, aunque yo creo que ha ido perdiendo peso, el nosiglismo siempre mantuvo algún sector en los servicios, pero ese sector se está yendo, porque hay gente que se está volviendo vieja. Milani trató de manejar el sistema de inteligencia militar sin éxito. Y Macri tampoco pudo, intentó hacerlo con Angelici y no pudo. Con lo cual, el sistema se fue degradando y desorganizando.
Hay un problema de fondo: a buena parte de la dirigencia política le interesa manejar este mundo. Y este gobierno, que es mucho más desenfadado, lo que hizo es transparentar ese modelo.
Porque hay un problema de fondo: a buena parte de la dirigencia política le interesa manejar ese mundo.Y este gobierno, que es mucho más desenfadado, lo que hizo es transparentar ese modelo.
-¿Usted cree, como ha dicho Agustín Rossi, que esta reforma también sustituye la inteligencia del Ministerio de Defensa para derivarla directamente a las Fuerzas Armadas?
-Eso fue parte de la modificación de la ley de Defensa. La ley de Defensa de la Democracia estaba basada en la idea de profesionalización de las Fuerzas Armadas, y eso se fue logrando a medias. El nombramiento del actual ministro de Defensa es la modificación de eso, sin hacer mucho bombo y ocultando el problema más grave que nosotros tenemos, que es la obsolescencia profunda de nuestras Fuerzas Armadas.
Al ver por televisión lo de Venezuela notamos cómo cambió la defensa y los conflictos por esto que se llama la guerra híbrida. Hoy día la guerra es básicamente tecnología, inteligencia, drones y análisis digital. Nosotros estamos desfasados, nuestras Fuerzas Armadas sirven para poco.
-¿Qué futuro estima tendrá el decreto tras la intervención del Congreso?
-Tengo sospechas de que hay sectores políticos mucho más interesados en tener algún vínculo con esta nueva central de administración de ilegalidades, que con tirarla abajo. Pero la que debería tirar todo esto abajo de un plomazo, y tiene las facultades para hacerlo, es la Corte Suprema. Pero, bueno, sus ministros están callados.
Hay que empezar a dar una discusión de fondo. Tenemos que discutir el modelo de inteligencia para la nueva etapa de la democracia. Tenemos que discutir el nuevo modelo de defensa y de fuerzas armadas para la nueva democracia, así como tenemos que discutir el modelo policial. Esas son las tres grandes discusiones que tenemos por delante.
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