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Milei y su costumbre de subordinarnos.

Por Celina Fraticiangi para NLI

En su discurso de hoy en el Foro Económico Mundial de Davos, Milei volvió a desplegar una narrativa que excede largamente la economía y se adentra en una concepción ideológica de la historia, la cultura y la civilización. Más allá de las reiteradas defensas del capitalismo de libre mercado, hubo un eje particularmente revelador: la idea de que América arrastra una supuesta “deuda civilizatoria” con Occidente y que su misión histórica sería saldarla regresando a la filosofía griega, el derecho grecorromano y los valores judeocristianos.

Lejos de ser una simple reflexión cultural, este planteo condensa una visión profundamente política, excluyente y funcional a un proyecto de poder.

La “deuda civilizatoria”: una noción problemática desde el origen

Cuando Milei afirma que América debe “pagar una deuda civilizatoria” a Occidente, introduce una categoría que no es neutra ni inocente. Hablar de deuda implica subordinación, implica aceptar que existe un centro civilizatorio legítimo —Europa y su tradición occidental— y una periferia que debe agradecer, imitar y reparar.

Esta idea desconoce deliberadamente que América no es una hoja en blanco escrita por Grecia, Roma o el cristianismo europeo. Es un continente atravesado por civilizaciones milenarias, por procesos históricos propios, por luchas sociales, políticas y culturales que no pueden reducirse a una herencia importada. La noción de deuda borra de un plumazo a los pueblos originarios, las tradiciones populares, las experiencias emancipatorias y los proyectos políticos que disputaron —y disputan— el sentido mismo de la modernidad. Nos deja sin identidad.

Además, el concepto remite peligrosamente a las viejas justificaciones coloniales: Europa como portadora de civilización, América como territorio incompleto que debe “agradecer” lo recibido. No es una novedad discursiva: es un reciclaje ideológico con lenguaje contemporáneo.

Filosofía griega y derecho grecorromano: apropiación selectiva del pasado

El llamado de Milei a “inspirarse en la filosofía griega” y “abrazar el derecho grecorromano” opera como una selección interesada de la historia. No se trata de un análisis académico ni de una reivindicación crítica del pensamiento clásico, sino de una utilización simbólica para legitimar un orden político y económico actual.

La Grecia clásica y Roma no fueron paraísos de libertad universal: fueron sociedades atravesadas por la esclavitud, la exclusión política, la desigualdad estructural y la negación de derechos a amplios sectores de la población. Presentarlas como modelos morales sin esas contradicciones es falsear la historia.

Más aún, Milei invoca estas tradiciones como si condujeran de manera natural a un capitalismo desregulado y a un Estado mínimo, cuando buena parte de la filosofía clásica discutió justamente los límites del poder económico, la función de la comunidad y la centralidad de lo público. No hay herencia universal: hay recortes ideológicos.

Valores judeocristianos: moral selectiva y contradicción política

El tercer pilar del discurso fue el llamado a “retornar a los valores judeocristianos para salvar a Occidente”. Aquí la operación es doble. Por un lado, se construye un supuesto consenso moral único, invisibilizando otras tradiciones éticas, espirituales y culturales que forman parte tanto de América como del mundo occidental contemporáneo.

Por otro lado, se produce una contradicción evidente entre el discurso y la práctica política. Valores como la solidaridad, el cuidado del prójimo, la justicia social y la dignidad humana, históricamente asociados a la tradición judeocristiana, chocan de frente con políticas de ajuste, desprotección social y mercantilización extrema de la vida.

La apelación religiosa funciona así como un recurso retórico de legitimación, no como una guía ética real. Se invocan valores abstractos mientras se impulsan medidas concretas que profundizan la desigualdad y la exclusión.

Una idea de civilización que excluye

El discurso de Milei en Davos no propone una civilización plural ni un diálogo entre culturas. Propone una restauración: un Occidente idealizado, homogéneo, jerárquico y alineado con un modelo económico específico. Todo lo que queda fuera de ese canon —otras identidades, otros proyectos políticos, otras formas de organización social— aparece como desviación, amenaza o atraso.

La “deuda civilizatoria” no es, entonces, una reflexión histórica. Es una herramienta política que busca ordenar el mundo entre quienes encajan en ese relato y quienes deben ser corregidos, disciplinados o descartados.

En definitiva, el discurso de Milei en Davos revela con claridad que su proyecto no se limita a la economía: aspira a redefinir qué se entiende por civilización, quién tiene derecho a representarla y quién debe someterse a ella. Bajo una retórica grandilocuente sobre Grecia, Roma y los valores judeocristianos, se esconde una visión regresiva que empobrece el pasado, simplifica el presente y clausura la diversidad del futuro.

 

 

Mientras desde la semana pasada los celulares importados ingresan a la Argentina con arancel cero, el Gobierno de Milei decidió también llevar a cero el aporte obligatorio que las empresas electrónicas de Tierra del Fuego debían hacer al Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina. La combinación de ambas medidas redefine el equilibrio del sector, beneficia a los grandes jugadores y deja en suspenso la promesa de diversificar la economía fueguina.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

La Resolución 20/2026 del Ministerio de Economía publicada hoy en e Boletín Oficial, fijó en 0 % el aporte que las empresas industriales radicadas en Tierra del Fuego estaban obligadas a realizar al FAMP – Fueguina, un fondo creado para ampliar la matriz productiva provincial. Ese aporte, establecido en el Decreto 727/2021, equivalía al 15 % del beneficio obtenido por IVA y había sido presentado como la contraprestación para extender hasta 2038 los beneficios del régimen especial de la Ley 19.640.

La decisión se conoce en paralelo a la eliminación total del arancel de importación de celulares, que completó el esquema iniciado en mayo de 2025 con el Decreto 333, cuando el derecho bajó del 16 % al 8 %. Desde el jueves pasado, el arancel pasó a cero, cerrando el cronograma definido por el propio Gobierno.

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Dos decisiones que cambian el tablero

La eliminación del arancel a los celulares fue presentada por el oficialismo como una medida para “bajar precios y aumentar la competencia”. El propio vocero presidencial, Manuel Adorni, celebró la decisión en redes sociales asegurando que implicaba “menos impuestos y mejores precios para todos”. Sin embargo, los datos del sector muestran que la reducción previa del arancel no generó una avalancha de importaciones legales: en todo 2025 ingresaron por canales formales poco más de 334 mil celulares, una cifra incluso levemente inferior a la de 2024.

En ese escenario, la Resolución 20/2026 aparece como la otra cara de la misma política. Ante la pérdida de competitividad provocada por la desregulación económica y la apertura comercial, el Gobierno optó por aliviar completamente la carga que recaía sobre las empresas fueguinas, eliminando el aporte al fondo que debía financiar nuevos proyectos productivos.

El argumento oficial reconoce explícitamente que las condiciones tributarias y arancelarias cambiaron en perjuicio de la industria local, lo que habilitó, según la normativa vigente, la reducción del aporte incluso hasta cero. La recomendación fue avalada por el Comité Ejecutivo del propio FAMP y por informes técnicos del Ministerio de Economía.

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Tierra del Fuego: alivio empresario, fondo vaciado

Desde Afarte, la cámara que agrupa a las empresas electrónicas de la isla, señalaron que la apertura importadora implicó un desafío significativo para el sector y que, desde el anuncio del Decreto 333, se avanzó en reducción de costos, mejoras logísticas y eficiencia productiva, incluyendo la utilización de bitrenes y la eliminación de impuestos internos para los productos fabricados en la provincia.

Sin embargo, el núcleo del problema, según las propias empresas, no es la importación legal, sino el contrabando: uno de cada tres celulares que se activan en la Argentina no se fabrica en el país ni ingresa por canales oficiales. En ese marco, la industria electrónica emplea cerca de 10 mil personas, unas 4 mil en el segmento de celulares, y ya se registró la caída de alrededor de 500 contratos, en un contexto de demanda deprimida.

La resolución deja en evidencia una contradicción central: mientras se mantiene intacto el régimen promocional hasta 2038, se elimina el principal mecanismo pensado para financiar la diversificación productiva. El FAMP, creado para reducir la dependencia del ensamblaje electrónico, queda sin su fuente más relevante de ingresos justo cuando la apertura comercial vuelve a tensionar el modelo.

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Precios, importadores y el relato oficial

En el comercio minorista, la eliminación del arancel impacta principalmente en los celulares importados de alta gama, como el iPhone. Desde las cadenas especializadas admiten que los 8 puntos de arancel son 8 puntos de costo, y que parte de la baja ya fue trasladada a precios. Algunos modelos redujeron su valor hasta un 30 % en términos reales, empujados también por la caída del consumo.

No obstante, incluso desde el sector privado reconocen que el margen para nuevas bajas es limitado, entre otros factores por el encarecimiento global de memorias y componentes vinculados al boom de la inteligencia artificial. En ese contexto, la apertura no garantiza ni precios populares ni un mercado más ordenado, mientras el contrabando sigue siendo el principal factor distorsivo.

La combinación de arancel cero para importar celulares y aporte cero para las empresas fueguinas deja un mensaje claro: el Estado resigna herramientas de regulación y financiamiento productivo, confía en el ajuste del mercado y posterga, una vez más, la discusión de fondo sobre el modelo industrial.