El Intendente Marcelo Orazi anunció la repavimentación de tres estratégicas calles rurales de Villa Regina, tras reunirse con el Ministro de Obras y Servicios Públicos de la provincia Carlos Valeri.
Con una inversión de $42 millones aportados por el gobierno provincial se llevarán adelante estos importantes trabajos en 2,7 kilómetros, que corresponden a tramos del kilómetro de Nardini, de la calle Juan XXIII y de la calle rural N° 5, continuidad del sector conocido como ‘Curva del chancho’.
“Venimos trabajando en este proyecto desde hace unos meses. Lo hablé con la gobernadora Arabela Carreras días atrás y hoy (por este jueves) hablamos de algunos aspectos técnicos con el Ministro Valeri”, manifestó Orazi.
Anticipó que los trabajos se realizarán mediante el sistema de obra delegada de la Provincia al Municipio. “Es una obra más que importante por los beneficios que traerá aparejados para quienes residen en esa zona y para el sector productor. Pero fundamentalmente se trata de ir cumpliendo con los compromisos que asumimos en su momento”, indicó el jefe comunal.
En este sentido, indicó que “anunciamos que íbamos a remodelar la calle Libertad y hoy la obra está en su etapa final. Podemos decir que a fines de julio va a estar terminada porque al proyecto original se sumó una adenda que incluyó unos tramos más”.
“Ahora anunciamos este plan de repavimentación en estos tramos de calles rurales mientras seguimos gestionando más tareas similares”, anticipó.
El Intendente agradeció al gobierno provincial por “dar respuesta a las gestiones que llevamos adelante y el acompañamiento permanente”.
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La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina invita a disfrutar del segundo encuentro de ‘Cine en mi barrio’. En este caso, se proyectará ‘Los Croods 2’, comenzando hoy viernes a las 21 en barrio Gardín y el domingo 31 en Businelli. Se invita a los vecinos a participar, llevando reposera y tapabocas,…
«El que la usa, la paga» podría ser el eslogan del gobierno de Pullaro para crear un fideicomiso que financie el mantenimiento de las rutas que conectan con los puertos del Gran Rosario por donde sale la mayor parte de las exportaciones agroindustriales del país. El esquema lo están diseñando junto a la Bolsa de Comercio de Rosario y los intendentes de localidades portuarias.
Fuentes al tanto de las negociaciones explicaron a LPO que el gobierno busca trasladar el costo del desgaste de la infraestructura al dador de carga, es decir, los productores, acopiadores y exportadores, mediante una tasa que se calculará en función del peso transportado.
Hasta ahora, cada localidad portuaria le cobraba una tasa vial para hacer frente a los servicios de mantenimiento. Para los intendentes significó una fuente de recursos que en muchos casos superaba lo recibido por coparticipación. Ahora, la idea es unificar los criterios de cobro en toda la región y terminar con la dispersión de esas tasas.
La idea no es la del peaje tradicional, sino una tarifa variable de acuerdo al peso transportado por camión. El tránsito pesado genera un desgaste sobre la infraestructura vial extraordinario que requiere acondicionamiento permanente.
La idea no es la del peaje tradicional, sino una tarifa variable de acuerdo al peso transportado por camión. El tránsito pesado genera un desgaste sobre la infraestructura vial extraordinario que requiere acondicionamiento permanente.
Solo en épocas de cosecha ingresan alrededor de dos millones de camiones a los puertos santafesinos, lo que acelera el deterioro de rutas y accesos y obliga a un mantenimiento mucho más intensivo que el de una red vial convencional.
En ese contexto, en el gobierno advierten que la inversión de 400 millones de dólares en los caminos portuarios necesitará nuevas obras accesorias y requerirá fondos para su mantenimiento que quieren sostener con este nuevo fideicomiso.
Lisandro Enrico, ministro de Obras Públicas Santa Fe
En el plan de inversión que sostiene Pullaro se incluye la ampliación de trazas, construcción del tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe, intervención en cruces críticos y refuerzo de banquinas.
«El sistema vial no resiste más este nivel de tránsito sin un esquema de financiamiento estable», admitió un funcionario que sigue de cerca las obras, y agregó que la discusión técnica gira en torno a cómo modelizar la tasa en función del peso transportado y del nivel de inversión requerido para sostener la red.La idea no es la del peaje tradicional, sino una tarifa variable de acuerdo al peso transportado por camión. El tránsito pesado genera un desgaste sobre la infraestructura vial extraordinario que requiere acondicionamiento permanente..
El acuerdo incluye a los intendentes de las localidades portuarias, «son parte de la solución», dijo un funcionario provincial y aseguran que buscan garantizarle esos ingresos y que el nuevo esquema contemplará mecanismos de compensación.
El acuerdo incluye a los intendentes de las localidades portuarias, «son parte de la solución», dijo un funcionario provincial y aseguran que buscan garantizarle esos ingresos y que el nuevo esquema contemplará mecanismos de compensación
El proyecto tiene que pasar por la Legislatura provincial, donde el oficialismo cuenta con mayoría cómoda hasta el próximo año. Por eso en la Casa Gris apuran las negociaciones para enviar la iniciativa en los próximos meses.
En el gobierno de Pullaro no descartan las críticas de La Libertad Avanza y defienden el esquema: «es el mismo principio que plantea el propio Milei, que el que usa, paga. Para las rutas nacionales proponen un peaje cada 100 kilómetros».
La diferencia es que en Santa Fe se plantea una tasa específica sobre la carga que permita sostener la infraestructura clave para el principal complejo exportador del país.
El Gobierno disolvió un fondo creado para el desarrollo infraestructura eléctrica, pero dejó intacto el cobro. Esa es la paradoja que quedó expuesta en el informe que Manuel Adorni presentó ante el Congreso. En la respuesta número 1.1173 el Gobierno admitió que el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal todavía no fue liquidado. La caja se cerró en los papeles, pero la plata sigue entrando todos los meses.
El dato no es menor. El Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal acumula más de 38.600 millones de pesos entre abril de 2025 y marzo de 2026. Es un recargo que pagan todos los usuarios en la factura de luz. Nadie dejó de abonarlo. Y nadie termina de explicar con precisión qué destino tiene hoy esos miles de millones de pesos.
En el informe de la Jefatura de Gabinete se habla de un «proceso post disolutorio». Lo concreto es que el fondo fue eliminado por decreto, pero en los hechos sigue activo. Porque, mientras tanto, el recargo sigue corriendo. Es plata que sale del bolsillo de hogares, comercios e industrias en todo el país. No es optativo. Está incorporado en la estructura tarifaria y se traslada de forma automática. Se paga en Buenos Aires, en Córdoba o en el NOA. Es nacional.
Lo más incómodo es que ese dinero ya no va a una caja específica. Fue redireccionado al Fondo Nacional de la Energía Eléctrica, dentro del presupuesto. Cambió el envase, no el mecanismo. Se sigue cobrando igual, pero con otra lógica de administración.
El problema es que el objetivo original quedó diluido. El fondo había sido creado en 1999 para financiar obras de transporte eléctrico en alta tensión. Los grandes tendidos que conectan regiones, evitan cuellos de botella y llevan energía a zonas alejadas.
El Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal acumula más de 38.600 millones de pesos entre abril de 2025 y marzo de 2026 que deberían destinarse a obras. Es un recargo que pagan todos los usuarios en la factura de luz. Nadie dejó de abonarlo. Y nadie termina de explicar con precisión qué destino tienen hoy esos miles de millones de pesos.
Durante años, esa caja funcionó con un destino atado. Esa estructura obligaba a que los fondos tuvieran una trazabilidad clara: lo que se recaudaba debía terminar en obras concretas.
Hoy ese esquema se rompió. El Gobierno reconoce que no hay nuevas obras comprometidas bajo ese formato. Se sigue recaudando como si hubiera un plan de expansión en marcha, pero la infraestructura no avanza, esta paralizada.
Ahí aparecen las tensiones. La primera es la pérdida de trazabilidad. Sin fideicomiso, es más difícil seguir el rastro fino de cada peso. La segunda es la discrecionalidad. La administración directa por parte del Ministerio de Economía habilita decisiones más políticas que técnicas. La tercera es el ruido: se sigue cobrando un cargo que nació para un fondo que ya no existe formalmente.
Además, el recargo no es transparente en la factura. No aparece como «FFTEF». Se esconde en conceptos como cargos del Fondo Nacional de la Energía Eléctrica o en ítems regulatorios. Está ahí, pero no se ve con claridad. La factura eléctrica es una suma de capas donde estos componentes quedan mezclados.
Sin embargo, el número existe. El recargo que alimenta ese esquema ronda los $1.704 por MWh, es decir, cerca de $1,7 por kWh. Para un hogar promedio de 200 a 300 kWh mensuales, implica entre $340 y $500 por mes. No es el componente más grande de la boleta, pero es constante y universal.
En términos relativos, representa entre el 2% y el 5% de la factura, según el nivel de consumo. No es un porcentaje fijo. Es un cargo técnico que se integra al precio mayorista y se traslada al usuario final. Por eso se vuelve difícil de identificar.
En el Congreso quedó flotando una pregunta que nadie terminó de responder. Quién administra esa caja y con qué criterio.
El Intendente Marcelo Orazi se reunió en Buenos Aires con el Gerente General del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) Alejandro Hoc con quien analizó el avance de los proyectos presentados por el Municipio ante el organismo nacional. En la oportunidad el Intendente estuvo acompañado del Senador Nacional Alberto Weretilneck y el secretario…
La designación de Lucila Crexell como embajadora en Canadá reaviva una de las acusaciones más explosivas del último tiempo: el presunto intercambio de favores políticos en el Congreso. Mientras el oficialismo habla de “consensos”, la oposición denuncia directamente una compra de votos para aprobar la ley más importante del gobierno de Milei.
Por Roque Pérez para NLI
La política argentina volvió a exhibir su costado más crudo. La exsenadora Lucila Crexell fue designada embajadora en Canadá tras haber sido una pieza clave en la aprobación de la Ley Bases, en medio de acusaciones de que su voto fue “negociado” a cambio del cargo.
El dato no es menor: el Senado aprobó su pliego con 45 votos a favor y 26 en contra, en una sesión atravesada por denuncias de “coima” y “dádivas” lanzadas desde distintos sectores de la oposición.
Un voto que valía una embajada
El eje de la polémica es claro. Durante el debate de la Ley Bases, Crexell pasó de cuestionar aspectos del proyecto a votarlo favorablemente, en un contexto donde ya circulaban versiones sobre su posible designación diplomática.
Las sospechas no quedaron en rumores. En el recinto, legisladores denunciaron abiertamente que la entonces senadora “negoció su voto por un cargo en la embajada”, señalando que su decisión no fue autónoma sino parte de un acuerdo político.
Incluso se llegó a plantear que el caso podría constituir un delito, con pedidos para reabrir investigaciones judiciales vinculadas a posibles dádivas.
La escena es brutal en términos políticos: una ley estructural para el programa de Milei aprobada con votos bajo sospecha y, meses después, el “premio” materializado en un cargo diplomático de alto nivel.
La casta que no era casta
El discurso libertario construyó su identidad sobre la denuncia a “la casta”. Sin embargo, este episodio expone una contradicción difícil de ocultar: los mecanismos más clásicos de la política —negociaciones, intercambios, recompensas— siguen plenamente vigentes.
No se trata de una interpretación aislada. Desde el propio oficialismo se llegó a justificar este tipo de prácticas como parte de los “acuerdos y consensos” necesarios para gobernar, lo que en los hechos equivale a admitir la lógica de negociación de poder que se decía combatir.
El problema es más profundo: cuando esos acuerdos incluyen cargos públicos estratégicos, la línea entre política y clientelismo institucional se vuelve difusa.
Un precedente peligroso
El nombramiento de Crexell no es un hecho menor ni aislado. Marca un precedente político delicado: legitima la idea de que un voto clave en el Congreso puede tener recompensa directa en la estructura del Estado.
Y en un contexto de ajuste, recorte del gasto público y discurso anti-Estado, el contraste se vuelve aún más evidente: mientras se predica austeridad, se distribuyen cargos diplomáticos como moneda de negociación.
La pregunta que queda flotando es incómoda pero inevitable: si esto no es “casta”, ¿qué es?
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