El Intendente Marcelo Orazi anunció la repavimentación de tres estratégicas calles rurales de Villa Regina, tras reunirse con el Ministro de Obras y Servicios Públicos de la provincia Carlos Valeri.
Con una inversión de $42 millones aportados por el gobierno provincial se llevarán adelante estos importantes trabajos en 2,7 kilómetros, que corresponden a tramos del kilómetro de Nardini, de la calle Juan XXIII y de la calle rural N° 5, continuidad del sector conocido como ‘Curva del chancho’.
“Venimos trabajando en este proyecto desde hace unos meses. Lo hablé con la gobernadora Arabela Carreras días atrás y hoy (por este jueves) hablamos de algunos aspectos técnicos con el Ministro Valeri”, manifestó Orazi.
Anticipó que los trabajos se realizarán mediante el sistema de obra delegada de la Provincia al Municipio. “Es una obra más que importante por los beneficios que traerá aparejados para quienes residen en esa zona y para el sector productor. Pero fundamentalmente se trata de ir cumpliendo con los compromisos que asumimos en su momento”, indicó el jefe comunal.
En este sentido, indicó que “anunciamos que íbamos a remodelar la calle Libertad y hoy la obra está en su etapa final. Podemos decir que a fines de julio va a estar terminada porque al proyecto original se sumó una adenda que incluyó unos tramos más”.
“Ahora anunciamos este plan de repavimentación en estos tramos de calles rurales mientras seguimos gestionando más tareas similares”, anticipó.
El Intendente agradeció al gobierno provincial por “dar respuesta a las gestiones que llevamos adelante y el acompañamiento permanente”.
El sinceramiento del costo de la energía duró poco. En apenas tres meses, el Gobierno pasó de exhibir recortes a enfrentar un salto explosivo en los subsidios que deja al descubierto una tensión difícil de ocultar: las tarifas suben, pero el Estado paga cada vez más.
En el primer trimestre de 2026, los subsidios a la energía registraron un incremento real interanual del 180,5% frente al mismo período de 2025. El dato surge de los informes de ejecución presupuestaria relevados por ASAP.
Los números son contundentes. En el acumulado del primer bimestre, el gasto en subsidios económicos, con fuerte peso de la energía, trepó un 151,1% nominal, según la Oficina de Presupuesto del Congreso. Descontada la inflación, el aumento real fue del 89,8%. Pero el punto de inflexión llegó en marzo: ese mes, los subsidios energéticos saltaron un 141,8% real interanual.
La paradoja es evidente. Mientras las facturas suben, también lo hace el esfuerzo fiscal. La explicación está en los costos. Generar electricidad y gas se encareció a un ritmo más rápido que el traslado a tarifas. La brecha entre lo que cuesta el sistema y lo que pagan los usuarios se amplió, y alguien tiene que cubrirla.
Ese alguien volvió a ser el Estado. Y no por decisión explícita, sino por el diseño mismo de la política. La reforma de la resolución 400 redistribuyó los costos de generación: alivió a las industrias y cargó sobre los usuarios residenciales. Pero ese traslado quedó a mitad de camino. Las tarifas no pudieron absorber ese salto.
El resultado es un esquema tensionado. En marzo de 2026, el precio de la energía para usuarios residenciales se ubicó en 113.234 pesos por MWh. Sin embargo, el precio estacional medio que efectivamente pagan, con bonificaciones, fue de 76.432 pesos. La cobertura quedó en torno al 67%. Es decir, el usuario cubre apenas dos tercios del costo.
El detalle es más crudo cuando se mira la segmentación. En el segmento subsidiado, la cobertura cae al 31%. En otras palabras, el Estado financia cerca del 70% del costo de la energía para esos hogares. Un sistema donde el precio de referencia corre por un carril y la factura real por otro.
A eso se suma un cambio clave en la política de subsidios. La unificación de segmentos N2 y N3 amplió el universo de beneficiarios. Al bajar el umbral de ingresos, más hogares quedaron dentro del esquema subsidiado. La base creció justo cuando el costo unitario también subía.
«El sistema quedó armado al revés: subieron el costo a niveles impagables y al mismo tiempo aumentaron la cantidad de usuarios subsidiados», resumió una fuente del sector.
En los números agregados, la demanda estacionalizada de marzo alcanzó los 8.554 GWh, con un precio medio de 107.038 pesos por MWh y una cobertura del 77%. Si se suma la demanda no estacionalizada (GUDI), el total asciende a 9.486 GWh, con una cobertura del 79%.
La dinámica fiscal expone un punto ciego. La recaudación viene cayendo en términos reales, golpeada por la contracción de la actividad y el enfriamiento del consumo, lo que achica el margen para sostener el superávit. En ese esquema, los subsidios energéticos aparecen como una de las pocas partidas donde el Gobierno podría ajustar con rapidez. Por eso inquieta tanto que estén creciendo a este ritmo.
No es un dato neutro: en Washington siguen de cerca esta evolución. El FMI viene reclamando reducir subsidios y transparentar el costo real de la energía. Este desvío, en un frente sensible, complica la hoja de ruta oficial ante el organismo.
Como si fuera poco, el frente externo suma presión. El Estado retomó la compra directa de GNL tras abortar la privatización del esquema por los altos precios ofertados. Ya adquirió el primer buque a Naturgy, pero no informó el valor pagado.
La falta de transparencia encendió alarmas. «Daniel González otra vez queda al límite de la ilegalidad por falta de información sobre un precio estratégico clave para la economía argentina», comentó a LPO un ex funcionario de Energía.
La senadora por San Juan, Cristina López Valverde(FdT) informó sobre el proyecto conocido como «educación a distancia». Destacó que la educación a distancia se dará «en tiempos de excepcionalidad» y «garantizando que se trate de una educación de calidad». Al hablar sobre la importancia de la educación presencial aseguró que «la brecha digital y tecnológica…
El Intendente Marcelo Orazi y el Ministro de Salud de Río Negro Fabián Zgaib recorrieron el hospital de Villa Regina, oportunidad en la que destacaron las obras que se llevan adelante que permitirán aumentar el número de camas provistas con la red completa de gas, aire comprimido y oxígeno. Al respecto, el Ministro señaló que…
Victoria Villarruel dispuso una readecuación de la escala salarial de los empleados del Senado comprendidos entre las categorías 1 y 7 del escalafón para «corregir el acotamiento de la brecha salarial» y Martín Menem la acusó de elevar el gasto en $ 53800 millones.
A través del decreto 203/26, la Vicepresidenta resolvió una recomposición de los módulos que redunda en una suba de $ 923.447,59 para la categoría más alta, $ 693.251,16 para la segunda, $ 496.554,84 para la tercera y $ 358.023,55 para la cuarta. Los acreedores de planta permanente con categoría 5 recibirán un incremento de $ 235.350,29, los de categoría 6 uno de $ 128.535,07 y los de categoría 7 otro de $ 34.038,15.
Según los fundamentos de Villarruel, «se ha verificado un progresivo achatamiento del escalafón, como consecuencia de la aplicación de aumentos porcentuales diferenciados en sucesivas negociaciones paritarias, lo que ha desdibujado las diferencias salariales legítimas entre categorías superiores e inferiores previstas originalmente en la Ley». «Dicha situación desincentiva la promoción por mérito, antigüedad y mayor responsabilidad, afectando la motivación, la permanencia y el desarrollo del personal con mayor nivel de funciones, y repercute negativamente en la eficiencia y calidad del servicio legislativo», agrega.
En la Cámara Alta aseguran que la medida «es viable» por «la reducción de la dotación de personal en más de 1000 agentes».
Sin embargo, los libertarios de la bancada de Gabriel Bornoroni se quejan de la decisión de Villarruel. «Además de la paritaria ya otorgada en 2026, representa subas extra de entre 3% y 34% según la categoría», dicen.
Patricia Bullrich y Martín Menem, en la Rosada.
Un diputado peronista le dijo a LPO que la Vicepresidenta habría conversado la maniobra con Patricia Bullrich, quien llegó a plantearle el tema al secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Sin embargo, Villarruel terminó apurando la medida, acaso porque la suba se aplica con dinero presupuestado para el Congreso y conviene darle destino antes que avance el torniquete de Luis Caputo.
Pese a que Menem le aumentó un 30 % al personal jerárquico de Diputados y solo un 10,5 a los empleados de categorías más bajas, en el Congreso estimaron que el costo total de la definición de la Vicepresidenta implica un costo total de $ 53800 millones. Suman a la readecuación de la pirámide salarial, la incorporación de 60 trabajadores a la DAS y la intención de tomar alrededor de 100 más en la Imprenta.
Fuentes gremiales explicaron a LPO que, como Hacienda no homologa las paritarias, los dirigentes sindicales y las autoridades «se ponen creativos para conseguir o conceder aumentos salariales». «Desde hace dos años, la pelea viene porque cada sector cobra diferente: hace dos años Menem dio un bono y Villarruel no, entonces los trabajadores se miran mal entre sí», comentó un delegado.
Pese a que Menem le aumentó un 30 % al personal jerárquico de Diputados y solo un 10,5 a los empleados de categorías más bajas, estimaron que el costo total de la definición de la Vicepresidenta implica un costo total de $ 53800 millones.
Villarruel acompañó su decreto con un mail que llegó a las casillas de los empleados, con la firma de Alejandra Laura Figini, directora general de Recursos Humanos. En ese mensaje, dice que la decisión «representa un importante esfuerzo de la gestión, impulsado por la Presidencia, orientado a la revalorización del mérito y de la carrera administrativa, fortaleciendo la equidad interna del sistema salarial y reconociendo adecuadamente las responsabilidades asociadas a cada nivel escalafonario». Su medida alcanzaría a más de 2500 trabajadores.
La divulgación del aumento en el Senado derivó en un malestar más profundo entre los trabajadores de Diputados. «Salió la resolución para el Senado y en Diputados no quisieron firmar. ¿Puede ser posible que nuestro presidente no quiera firmar los módulos para los trabajadores?», dijo un empleado de la Cámara Baja.
Una investigación reciente reveló los costos, destinos e invitados de las giras internacionales de Milei y expuso un patrón incómodo: gran parte de los viajes oficiales no estuvieron orientados a atraer inversiones o fortalecer vínculos estratégicos, sino a actividades personales, ideológicas o de autopromoción.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
Por detrás de la intensa agenda internacional que el Gobierno exhibe como señal de “inserción en el mundo”, comienza a consolidarse otra lectura: la de un uso sistemático de recursos públicos para sostener una agenda que, en muchos casos, parece responder más a intereses personales de Milei que a necesidades estructurales de la Argentina.
Una investigación publicada por La Nación detalla los costos, destinos e integrantes de las comitivas que acompañaron al Presidente durante el primer semestre de gestión fuera del país, y pone en evidencia una dinámica repetida: viajes frecuentes, gastos elevados y objetivos difusos o directamente ajenos a la política exterior clásica.
Viajes caros, objetivos difusos
El relevamiento muestra una sucesión de destinos internacionales —Estados Unidos, España, Hungría, Chile, entre otros— que, lejos de responder a una estrategia diplomática coherente, parecen estar vinculados a eventos específicos como conferencias, foros ideológicos o entregas de premios.
No se trata de una percepción aislada. Datos oficiales y análisis independientes coinciden en que el gasto en viajes se disparó: el presupuesto en viáticos y giras al exterior creció un 62,5%, alcanzando más de $4.100 millones proyectados para 2026.
Ese aumento no sólo contrasta con el discurso de ajuste, sino que además coincide con una agenda internacional donde muchas giras carecieron de reuniones bilaterales relevantes o acuerdos concretos para la economía argentina, algo que distintos sectores políticos comenzaron a cuestionar abiertamente.
Premios, conferencias y afinidad ideológica
Al analizar en detalle los objetivos de los viajes —como exige cualquier política exterior seria— aparece un patrón claro: la centralidad de actividades de carácter personal o ideológico.
Por ejemplo, Milei participó reiteradamente en eventos como la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), foros empresariales o encuentros organizados por sectores afines a su ideología, además de viajes destinados a recibir distinciones individuales o protagonizar conferencias.
Incluso en 2025, uno de los viajes tuvo como finalidad recibir el denominado “Lion of Liberty Award”, mientras que otros incluyeron galas, foros privados o actos partidarios en el exterior.
Los datos son elocuentes: casi un tercio del gasto en vuelos oficiales en los primeros meses de gestión se destinó a viajes con fines personales o partidarios, como premios o conferencias, sin impacto directo en la economía nacional.
La ausencia de resultados concretos
El problema de fondo no es sólo el gasto, sino la falta de resultados. En términos de política internacional, los viajes presidenciales suelen tener objetivos claros: cerrar acuerdos comerciales, atraer inversiones, fortalecer alianzas estratégicas o negociar financiamiento.
Sin embargo, en muchos de los destinos visitados por Milei no se registraron avances significativos en esos planos. Incluso en casos donde se esperaban reuniones de alto nivel —como encuentros con líderes internacionales— estas no se concretaron o quedaron en contactos informales sin consecuencias tangibles.
En paralelo, el propio diseño de las comitivas también generó polémica: la presencia de invitados sin rol institucional claro o vinculados al círculo personal del oficialismo refuerza la idea de que los viajes funcionaron más como plataformas de construcción política y mediática que como herramientas de gestión estatal.
Una política exterior personalizada
Lo que emerge de este conjunto de datos no es sólo una crítica coyuntural, sino un rasgo estructural del gobierno de Milei: la personalización extrema de la política exterior.
Lejos de responder a una estrategia nacional articulada, las giras parecen organizadas en función de la agenda, las afinidades ideológicas y los intereses individuales del Presidente. La recurrencia de viajes a espacios como CPAC, encuentros libertarios o foros privados refuerza esa lógica.
En ese marco, la política internacional deja de ser una herramienta para el desarrollo y pasa a convertirse en un escenario de validación personal, donde el reconocimiento simbólico —premios, discursos, fotos— adquiere más peso que los resultados concretos.
Entre el ajuste interno y el gasto externo
La contradicción política es evidente. Mientras el Gobierno impulsa un ajuste sin precedentes sobre jubilaciones, salarios y políticas públicas, el gasto en viajes presidenciales crece de manera sostenida y sin justificación clara en términos de beneficios para el país.
La investigación de La Nación no hace más que poner números y nombres a una realidad que ya se percibía: una política exterior que privilegia la exposición personal de Milei por sobre los intereses estratégicos de la Argentina.
En un contexto de crisis económica y necesidad urgente de inversiones productivas, la pregunta que queda flotando es tan simple como incómoda: ¿para qué viaja Milei?
La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina invita a visitar y recorrer el próximo domingo 19 la Feria ReEmprender con una edición especial para palpitar la llegada de la primavera. De 14 a 18 horas las casitas de los artesanos ubicadas en la Plaza Primeros Pobladores estarán listas para recibir a una…
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