El Intendente Marcelo Orazi anunció la repavimentación de tres estratégicas calles rurales de Villa Regina, tras reunirse con el Ministro de Obras y Servicios Públicos de la provincia Carlos Valeri.
Con una inversión de $42 millones aportados por el gobierno provincial se llevarán adelante estos importantes trabajos en 2,7 kilómetros, que corresponden a tramos del kilómetro de Nardini, de la calle Juan XXIII y de la calle rural N° 5, continuidad del sector conocido como ‘Curva del chancho’.
“Venimos trabajando en este proyecto desde hace unos meses. Lo hablé con la gobernadora Arabela Carreras días atrás y hoy (por este jueves) hablamos de algunos aspectos técnicos con el Ministro Valeri”, manifestó Orazi.
Anticipó que los trabajos se realizarán mediante el sistema de obra delegada de la Provincia al Municipio. “Es una obra más que importante por los beneficios que traerá aparejados para quienes residen en esa zona y para el sector productor. Pero fundamentalmente se trata de ir cumpliendo con los compromisos que asumimos en su momento”, indicó el jefe comunal.
En este sentido, indicó que “anunciamos que íbamos a remodelar la calle Libertad y hoy la obra está en su etapa final. Podemos decir que a fines de julio va a estar terminada porque al proyecto original se sumó una adenda que incluyó unos tramos más”.
“Ahora anunciamos este plan de repavimentación en estos tramos de calles rurales mientras seguimos gestionando más tareas similares”, anticipó.
El Intendente agradeció al gobierno provincial por “dar respuesta a las gestiones que llevamos adelante y el acompañamiento permanente”.
Milei volvió a atacar a Lula y profundiza la crisis con Brasil. La política exterior argentina, cada vez más subordinada a la batalla ideológica de la ultraderecha.
Por Roque Pérez para NLI
El Presidente volvió a atacar a Lula y esta vez decidió amplificar las acusaciones de un congresista estadounidense aliado de Donald Trump. Mientras Brasil reclama terminar con las agresiones y ya rebajó el nivel de su representación diplomática en Buenos Aires, la política exterior argentina parece cada vez más subordinada a las disputas ideológicas de la ultraderecha internacional.
Milei volvió a elegir la confrontación como instrumento de política exterior. Lejos de intentar bajar la tensión con Brasil, el Presidente decidió replicar en sus redes sociales las críticas del congresista estadounidense Carlos Giménez, un dirigente republicano de origen cubano y cercano a Donald Trump, quien atacó públicamente al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y lo calificó de “delincuente”. Milei hizo propio el mensaje y volvió a colocar al principal socio regional de la Argentina en el centro de su batalla política.
El episodio podría parecer, a primera vista, una nueva disputa discursiva en redes sociales. Pero ocurre después de una sucesión de ataques que ya produjo consecuencias concretas para la relación bilateral. Brasil retiró a su embajador de Buenos Aires y redujo su representación diplomática al nivel de encargado de negocios, una decisión extraordinaria entre dos países que, más allá de las diferencias ideológicas entre sus gobiernos, mantienen una relación económica, comercial, social y estratégica que excede largamente a sus presidentes de turno.
La pregunta que debería hacerse la Argentina, entonces, no es qué tan fuerte fue el insulto de Milei contra Lula, sino qué beneficio obtiene el país de esta política exterior basada en agravios personales y alineamientos ideológicos. Porque mientras el Presidente parece encontrar en cada conflicto internacional una nueva oportunidad para reforzar su identidad política ante sus seguidores, los costos de esas decisiones recaen sobre el conjunto del país.
Una diplomacia diseñada para la batalla ideológica
Desde que llegó al poder, Milei modificó de manera sustancial la tradición diplomática argentina. La política exterior dejó de estar planteada fundamentalmente alrededor de los intereses permanentes del Estado para quedar cada vez más vinculada a una particular concepción ideológica del mundo.
En ese esquema, Estados Unidos, Donald Trump, Israel y las derechas radicalizadas de distintos países aparecen como aliados naturales, mientras que los gobiernos que Milei identifica con la izquierda o el progresismo son tratados como adversarios políticos. Brasil, por su peso regional y por la presencia de Lula en la conducción del país, ocupa un lugar central en esa disputa.
El problema es que una cosa es que el Presidente tenga diferencias políticas con Lula y otra muy distinta es transformar esas diferencias en una política de Estado. La Argentina no tiene por qué compartir las posiciones del gobierno brasileño para entender que Brasil es su principal socio regional, una de las mayores economías del mundo y un actor indispensable para cualquier estrategia de integración sudamericana.
Sin embargo, Milei parece haber decidido que la relación con Brasil debe estar condicionada por la pelea entre la derecha y la izquierda. Incluso su respaldo político a dirigentes brasileños enfrentados con Lula forma parte de ese esquema. La diplomacia tradicional entiende que un Presidente representa a todos los argentinos incluso cuando habla con gobiernos que no le gustan. La lógica de Milei parece funcionar al revés: cada escenario internacional es convertido en una extensión de su propia interna política.
Y allí aparece una de las principales contradicciones de su discurso. El Gobierno suele presentar su política exterior como una defensa de la libertad, del comercio y de los intereses argentinos. Pero una política exterior verdaderamente pragmática debería preguntarse primero qué necesita la Argentina y no quién comparte la misma ideología que el Presidente.
El dato que Milei omite cuando habla de Lula
En sus ataques, Milei suele presentar a Lula como un dirigente que fue condenado y posteriormente liberado. La formulación, sin embargo, omite un dato jurídico fundamental: las condenas contra Lula fueron anuladas por el Supremo Tribunal Federal de Brasil.
En marzo de 2021, el ministro Edson Fachin determinó que la Justicia Federal de Curitiba no tenía competencia para juzgar los casos contra Lula porque los hechos investigados no tenían relación directa con los desvíos de Petrobras. El Plenario del Supremo Tribunal Federal confirmó posteriormente esa decisión por 8 votos contra 3.
Pero hubo además otro elemento decisivo. El Supremo Tribunal Federal reconoció la parcialidad del entonces juez Sérgio Moro en el proceso del triplex de Guarujá y anuló las decisiones adoptadas por él en esa causa.
Esto no significa que una discusión política deba convertirse en una defensa automática de Lula ni que las acusaciones de corrupción puedan ser borradas de la historia. Significa algo mucho más sencillo: un Presidente argentino no debería presentar como verdad absoluta una caracterización jurídica que omite las decisiones posteriores de la máxima instancia judicial brasileña.
Y mucho menos utilizar esa caracterización para justificar una escalada diplomática con el gobierno de un país vecino.
El asunto adquiere todavía mayor gravedad porque el ataque ya no se limita a las declaraciones personales de Milei. Ahora el Presidente reproduce las acusaciones de un congresista estadounidense y las incorpora a su propia comunicación política. Es decir, la diplomacia argentina aparece cada vez más atravesada por una lógica de alineamiento internacional donde los adversarios políticos de Trump se convierten automáticamente en adversarios de Milei.
La pregunta inevitable es dónde queda la defensa del interés argentino.
Brasil no es un enemigo de Milei: es un vecino de la Argentina
La crisis actual debería ser observada desde una perspectiva mucho más amplia. Argentina y Brasil no son simplemente dos gobiernos que mantienen relaciones diplomáticas. Existe entre ambos países una estructura económica y social construida durante décadas, con millones de personas vinculadas por comercio, inversiones, turismo, industria, energía y cadenas productivas.
El Mercosur, además, constituye uno de los principales instrumentos de inserción internacional de la Argentina. Romper puentes con Brasil por una disputa personal entre dos presidentes no es una muestra de firmeza: puede convertirse en una forma extremadamente costosa de aislamiento.
Brasil ya dio una señal concreta. El retiro de su embajador y la reducción de la representación diplomática fueron justificadas por el Gobierno de Lula como una respuesta a los “reiterados insultos y agresiones” de Milei. La Cancillería brasileña reclamó que Argentina detenga las agresiones para poder recomponer el vínculo.
La respuesta argentina debería ser sencilla: defender sus posiciones, negociar lo que corresponda y preservar los canales diplomáticos. Pero el Gobierno parece atrapado en una dinámica diferente, en la cual retroceder frente a un adversario ideológico es interpretado como una derrota política.
Ese mecanismo puede funcionar en una campaña electoral o en las redes sociales. En relaciones internacionales, puede ser desastroso.
Porque los Estados no tienen amigos permanentes ni enemigos permanentes: tienen intereses. Y una política exterior madura busca preservar esos intereses incluso cuando los gobiernos que están del otro lado de la mesa piensan completamente distinto.
Milei parece haber elegido otro camino.
El costo de convertir a la Argentina en una pieza de la interna de Trump
Hay una dimensión todavía más profunda en esta crisis. El nuevo ataque a Lula, producido mediante la reproducción de las palabras de un congresista estadounidense cercano a Trump, muestra hasta qué punto la política exterior argentina puede estar funcionando como una extensión de la batalla política de la derecha norteamericana.
La Argentina no debería necesitar que un congresista de Estados Unidos le indique quién es amigo y quién enemigo en América Latina. Mucho menos que la agenda internacional del país quede determinada por las disputas electorales o geopolíticas de Washington.
El alineamiento automático tiene un problema elemental: Estados Unidos cambia de intereses según sus propias necesidades y sus propios gobiernos. La Argentina, en cambio, tiene que convivir con sus vecinos todos los días. Brasil seguirá estando al lado de nuestro país cuando cambie el gobierno de Milei, cuando termine el gobierno de Lula y cuando Donald Trump deje la Casa Blanca.
Por eso una diplomacia inteligente debería construir puentes, diversificar vínculos y defender la soberanía nacional. No transformar a la Argentina en un actor secundario dentro de una pelea ideológica ajena.
La política exterior de Milei corre, en cambio, el riesgo de convertir al país en algo mucho más pequeño: un país que grita fuerte pero negocia desde una posición cada vez más débil.
Y la crisis con Brasil es la demostración más concreta.
Mientras el Presidente obtiene repercusión en las redes sociales por cada nuevo insulto, la Argentina pierde capacidad de diálogo con uno de sus socios fundamentales. Mientras Milei fortalece su imagen ante el núcleo duro que celebra sus enfrentamientos, el país paga el costo de una diplomacia que confunde firmeza con agresión, soberanía con alineamiento y liderazgo con provocación.
La política exterior no debería existir para alimentar el algoritmo presidencial. Debería existir para defender los intereses de la Argentina.
Y si para sostener una pelea ideológica con Lula el Gobierno está dispuesto a deteriorar la relación con Brasil, entonces el problema ya no es solamente el estilo de Milei.
El problema es que la Argentina puede estar empezando a pagar el precio de una política exterior diseñada para satisfacer al Presidente antes que para servir al país.
La Procuración General de la Nación dictaminó a favor de la medida del gobierno de Javier Milei que prohibe a los municipios cobrar tasas municipales en las boletas de luz, resolución que está judicializada por varios intendentes desde 2024, cuando fue promovida por Toto Caputo.
Con múltiples disputas judiciales abiertas y fallos a favor de las comunas, la polémica escaló a la Corte Suprema, que pasó vista al organismo a cargo de Eduardo Casal.
Ahí, la Procuración sostuvo que la medida del Gobierno no ataca las autonomías municipales y advirtió que las comunas pueden cobrar las tasas por otra vía. Eso, a pesar de admitir que puede existir un impacto con esta modificación.
«En el caso no se ha demostrado que el actuar estatal cuestionado adolezca de arbitrariedad e ilegalidad manifiesta», dice el dictamen de la Procuración firmado por Laura Monti, al que tuvo acceso LPO.
Ese dictamen refiere al expediente donde tramita la demanda de la Municipalidad de José C. Paz contra el Ministerio de Economía pero también la Procutación los aplicó a las demandas presentadas por los municipios de Hurlingham, San Martín, Pilar e Ituzaingó.
Como contó LPO, desde que Caputo dio a conocer esta prohibición los intendentes salieron en bloque con presentaciones judiciales, alertando sobre el impacto de la medida en la recaudación del tributo por Alumbrado Público, que en los distritos del conurbano mayoritariamente está integrado a la boleta de energía eléctrica para garantizarse una mayor cobrabilidad.
Si la Corte sigue la línea de la Procuración, en varios municipios advierten que está en riesgo el alumbrado publico.
«En los municipios primero vamos a pagar los remedios, segundo la guardia de los médicos, tercero los sueldos, cuarto el alimento que entrega Desarrollo Social y quinto el combustible. Lo último será la factura del alumbrado público. Hay prioridades. ¿Qué van a hacer las empresas? ¿Cortar la luz en las ciudades?», dijo un intendente a LPO apenas se disparó la polémica.
Además del caso de José C. Paz, la Procuración sacó un dictamen de similar tenor en el expediente donde tramite la demanda del municipio de Río Grande.
Ahí, sostuvo que la Secretaría de Industria y Comercio estaba habilitada para establecer reglas generales sobre la facturación de los servicios públicos en el marco de las relaciones de consumo y descartó una afectación de la autonomía municipal.
En el caso de los municipios del Conurbano, la Procuración advirtió que existe legislación que establece que la factura de energía eléctrica «no podrá incluir tributos de orden local o cargos ajenos a los bienes y servicios facturados».
El Municipio de Villa Regina, organiza una fiesta por el inicio de la Primavera en el barrio 25 de Mayo para el viernes 20 de septiembre a partir de las 10 horas. En la plaza de su barrio, la Junta Vecinal y el Centro de Desarrollo Infantil (C.D.I.) de 25 de Mayo, acompañados por la…
El Gobierno avanza en el diseño de un nuevo esquema para reactivar el crédito hipotecario utilizando recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS como fuente de financiamiento de largo plazo. La iniciativa ya comenzó a discutirse con los principales bancos del sistema y busca resolver el principal problema que enfrenta hoy el mercado: la falta de fondeo para sostener préstamos a 20 y 30 años.
El tema fue uno de los ejes de la reunión que mantuvieron la semana pasada en la sede de ADEBA el viceministro de Economía, José Luis Daza; el secretario de Finanzas, Federico Furiase; el subdirector ejecutivo de Operación del FGS, Raúl Osvaldo Benítez; y representantes de las principales entidades financieras. Allí comenzaron a delinearse las condiciones de un esquema que permitiría reducir el costo del financiamiento para la vivienda.
La alternativa que hoy concentra el mayor consenso consiste en que el FGS licite depósitos a plazo fijo en UVA de largo plazo entre los bancos. El organismo ofrecería fondos a una tasa cercana a UVA más 4% anual, permitiendo que las entidades otorguen créditos hipotecarios alrededor de UVA más 6%, por debajo de los niveles actuales.
La utilización del FGS como herramienta para expandir el crédito hipotecario comenzó a tomar forma públicamente durante la exposición BATEV, cuando el ministro de Economía planteó ante desarrolladores y empresarios de la construcción la necesidad de encontrar nuevos mecanismos de financiamiento para el sector. «Para los desarrollos, el crédito es fundamental y tenemos dos opciones: los bancos y el mercado de capitales. Estamos intentando con las dos», sostuvo en ese momento.
En aquella oportunidad, Caputo propuso que bancos y sociedades de bolsa conformaran un fondo destinado a financiar hipotecas y aseguró que el Gobierno buscaría potenciarlo con recursos de organismos multilaterales y del propio Fondo de Garantía de Sustentabilidad. «Júntense, armen un fondo inmobiliario entre seis o siete bancos o sociedades de bolsa. Si hacen eso, puedo conseguir multiplicarlo con plata de organismos multilaterales o del FGS», les dijo a los empresarios.
El esquema que hoy negocia el equipo económico conserva ese objetivo de ampliar el financiamiento de largo plazo, aunque con una ingeniería diferente. En lugar de crear un fondo específico, la alternativa que ganó terreno consiste en que el FGS aporte directamente liquidez a los bancos mediante depósitos UVA de largo plazo, una herramienta que permitiría acelerar la implementación del programa y expandir nuevamente la oferta de créditos hipotecarios.
Federico Furiase y José Luis Daza
La discusión representa un cambio respecto de las primeras alternativas que analizaba el mercado. Meses atrás se evaluaba que el FGS comprara carteras hipotecarias ya otorgadas para devolver liquidez a los bancos. Ahora, en cambio, Economía parece inclinarse por un mecanismo más simple: fondear directamente a las entidades para que vuelvan a prestar.
El diagnóstico es compartido por el Gobierno y los bancos. El problema ya no pasa por la demanda de créditos sino por la escasez de recursos de largo plazo para financiarlos.
«El crédito hipotecario empezó a crecer con la baja de la inflación, que es una condición necesaria pero no suficiente», explicó a LPO un especialista en crédito de uno de los principales bancos privados. «Además de una inflación más baja, también tienen que disminuir las tasas de interés. Como eso no ocurrió, muchas familias dejaron de calificar para acceder al préstamo», sostuvo.
El mismo ejecutivo señaló que el principal cuello de botella es el fondeo. «Para crecer en préstamos UVA también tienen que crecer los depósitos UVA, y eso es difícil porque el plazo mínimo es de 90 días y los ahorristas no suelen elegir inversiones tan largas en pesos. Sin financiamiento de largo plazo, los bancos tampoco pueden prestar a 20 o 30 años», resumió.
Para crecer en préstamos UVA también tienen que crecer los depósitos UVA, y eso es difícil porque el plazo mínimo es de 90 días y los ahorristas no suelen elegir inversiones tan largas en pesos. Sin financiamiento de largo plazo, los bancos tampoco pueden prestar a 20 o 30 años
Los datos muestran que el mercado perdió dinamismo. Luego de un mayo muy flojo, en junio los desembolsos hipotecarios mostraron una leve recuperación y alcanzaron alrededor de US$150 millones, equivalentes a unos 1.850 créditos, según estimaciones privadas. Sin embargo, el volumen todavía representa menos de la mitad del registrado en junio de 2025, cuando el mercado atravesaba su mejor momento desde la reaparición de este tipo de préstamos.
El freno preocupa también por su impacto sobre la economía real. Según el Observatorio Federal de Acceso a la Vivienda, Argentina registra un déficit habitacional cercano a los 5,74 millones de hogares, mientras que el Gobierno considera que una recuperación del crédito podría transformarse en uno de los motores de la construcción y del empleo durante la segunda parte del año.
El proyecto, sin embargo, también abre interrogantes. Uno de ellos es por qué el FGS aceptaría colocar recursos a una tasa cercana al 26% anual cuando podría invertirlos en títulos públicos ajustados por inflación con rendimientos superiores, aunque a plazos mucho más cortos. Esa diferencia es uno de los aspectos que Economía todavía debe terminar de definir antes del lanzamiento.
Entre quienes respaldan la iniciativa aparece el economista Miguel Kiguel, quien sostiene desde hace tiempo que el FGS es prácticamente el único inversor institucional argentino con capacidad para financiar activos de largo plazo. Según sus estimaciones, un fondo del orden de los US$5.000 millones permitiría financiar unas 72.000 hipotecas de US$70.000 cada una, generando un fuerte impulso sobre el mercado inmobiliario.
No obstante, especialistas también advierten que el diseño deberá preservar el patrimonio del FGS, cuyos recursos pertenecen al sistema previsional. Cualquier esquema deberá evitar que el organismo termine absorbiendo riesgos excesivos sin una adecuada evaluación de los créditos financiados.
Desde #latapa queremos poner en discusión y revalorizar la importancia de un Concejo Deliberante competente, eficaz, pro-activo y profesional. Es por eso que les consultamos a los candidatos, teniendo en cuenta funcionalidad, cantidad de ediles, proyección, pluralidad, etc: ¿Cómo sería su Concejo Deliberante ideal? Difunde esta nota
La decisión del Gobierno de avanzar sobre la regulación del mercado editorial abrió una discusión que excede el precio de los libros. Editoriales, librerías y escritores advierten que detrás de la promesa de mayor competencia puede producirse una concentración del mercado que termine afectando la diversidad cultural y la supervivencia de las pequeñas librerías.
Por Redacción de NLI
Hay discusiones que parecen económicas hasta que uno mira un poco más de cerca. La pelea que acaba de abrirse alrededor del mercado editorial argentino es una de ellas. El Gobierno de Javier Milei impulsa modificaciones que apuntan a desregular la comercialización de libros, mientras editores, libreros y autores advierten que el problema no es solamente cuánto costará un ejemplar dentro de algunos meses, sino qué libros estarán disponibles, quién podrá publicarlos y qué librerías sobrevivirán en un mercado dominado cada vez más por grandes cadenas y plataformas digitales.
La discusión tiene un punto particularmente sensible: la posible eliminación de la llamada ley de precio uniforme del libro, vigente desde hace 25 años. El principio es relativamente sencillo: un mismo título debe venderse al mismo precio de referencia independientemente de que sea ofrecido por una gran cadena, una librería independiente o una tienda situada en una ciudad pequeña. La intención histórica fue evitar que los actores con mayor capacidad financiera pudieran utilizar descuentos agresivos para concentrar el mercado y desplazar a los competidores más pequeños.
Lo que desde el Gobierno puede presentarse como una simple eliminación de una regulación que encarece los productos, desde el sector editorial es observado de otra manera. Un libro no funciona exactamente como una lata de gaseosa, un par de zapatillas o un teléfono celular. Su valor económico convive con una dimensión cultural: detrás de cada título existe un autor, una editorial, un traductor, un corrector, un diseñador, una imprenta, una distribuidora y, finalmente, una librería que decide qué colocar en sus estantes.
El problema no es solamente cuánto cuesta un libro
La Argentina tiene una tradición editorial extraordinariamente rica. Buenos Aires fue durante buena parte del siglo XX una de las grandes capitales editoriales de habla hispana y sus empresas publicaron a autores argentinos, latinoamericanos y europeos que encontraron en el mercado local una plataforma para llegar a millones de lectores.
Esa estructura, sin embargo, nunca estuvo compuesta exclusivamente por grandes compañías. Una enorme cantidad de pequeñas editoriales construyó catálogos especializados, recuperó autores olvidados, publicó poesía, ensayo, literatura infantil, traducciones y obras que difícilmente tendrían espacio en un mercado guiado exclusivamente por el volumen de ventas.
Ahí aparece una de las principales preocupaciones del sector frente a la desregulación. Si una gran cadena o una plataforma puede ofrecer determinados títulos con descuentos mucho mayores que una librería independiente, dispone de una capacidad para absorber temporalmente menores márgenes que un comercio pequeño difícilmente puede igualar.
El resultado podría parecer beneficioso en el corto plazo para el consumidor: un libro más barato.
Pero existe una segunda pregunta: ¿qué ocurre después?
Si las pequeñas librerías pierden ventas y cierran, desaparece también una red de establecimientos que cumple una función cultural que una plataforma digital no necesariamente reemplaza. El librero recomienda, conoce a sus clientes, organiza presentaciones, arma vidrieras temáticas y muchas veces funciona como mediador entre un lector y un libro que jamás habría buscado mediante un algoritmo.
La preocupación no es hipotética. Según el sector citado por El País, la Argentina llegó a multiplicar por tres la cantidad de librerías durante el período en que rigió el esquema actual, pasando de unas 500 a alrededor de 1.500. Al mismo tiempo, las ventas atraviesan actualmente una etapa de dificultades.
Cuando la cultura queda sometida solamente a la lógica del mercado
El debate toca una cuestión mucho más profunda y que excede al Gobierno actual: ¿un libro debe ser tratado exactamente igual que cualquier otra mercancía?
La respuesta depende de qué sociedad se quiera construir.
Desde una perspectiva estrictamente económica, eliminar regulaciones puede aumentar la competencia y permitir que determinados productos tengan descuentos mayores. Pero cuando se trata de bienes culturales aparecen externalidades que no siempre quedan reflejadas en el precio. Una sociedad no lee solamente aquello que vende más. También necesita literatura experimental, investigación académica, poesía, pensamiento político, historia, traducciones y obras destinadas a públicos pequeños.
Ese ecosistema es frágil.
Una librería ubicada en un barrio puede vender menos ejemplares que una plataforma nacional, pero puede ser el único lugar donde una persona encuentre determinada literatura. Una editorial independiente puede publicar a un escritor que todavía no tiene mercado. Una biblioteca puede utilizar una pequeña editorial para construir una colección especializada.
El mercado no necesariamente elimina esas expresiones porque sean malas. Puede hacerlo simplemente porque no son suficientemente rentables.
Y ahí aparece una diferencia fundamental entre la concepción del libro como mercancía y la concepción del libro como bien cultural.
No significa que las editoriales deban trabajar sin criterios comerciales ni que todos los precios tengan que ser regulados indefinidamente. Significa reconocer que la industria cultural tiene características particulares y que las decisiones económicas pueden producir consecuencias culturales difíciles de revertir.
Una discusión que recién comienza
El proyecto oficial también contempla la disolución del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, otro de los puntos que generaron rechazo dentro del sector. Para editores y escritores, la combinación de menor regulación comercial y reducción de instrumentos de promoción podría producir una concentración todavía mayor.
La discusión llega, además, en un momento delicado. Las librerías argentinas enfrentan una caída de ventas, mientras el poder adquisitivo de los lectores se encuentra condicionado por la situación económica general. En ese escenario, cualquier modificación que altere la estructura de precios puede tener efectos importantes.
La paradoja es evidente: un mercado editorial más desregulado podría eventualmente ofrecer algunos libros más baratos, pero también podría reducir la cantidad de actores capaces de sostener una oferta diversa.
No hay una respuesta sencilla. Y precisamente por eso la discusión merece algo más que consignas a favor o en contra de la libertad de mercado.
La Argentina necesita lectores. Necesita autores. Necesita editoriales. Necesita imprentas. Necesita librerías independientes y también grandes cadenas. Necesita que los libros sean accesibles, pero también que exista una producción cultural capaz de escapar de la lógica de aquello que garantiza ventas inmediatas.
Porque una sociedad que solamente publica lo que sabe que va a vender puede terminar teniendo un mercado eficiente y una cultura mucho más pobre.
El libro es una mercancía, por supuesto. Tiene costos, trabajadores, distribución y un precio. Pero también es memoria, conocimiento, imaginación y discusión pública. Y esa dimensión es precisamente la que convierte esta pelea aparentemente técnica por una regulación comercial en una discusión mucho más importante: qué lugar quiere darle la Argentina a la cultura cuando el mercado deja de ser solamente una herramienta y comienza a convertirse en el principal criterio para decidir qué merece existir.
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