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Orazi anunció la repavimentación de tres estratégicas calles rurales

El Intendente Marcelo Orazi anunció la repavimentación de tres estratégicas calles rurales de Villa Regina, tras reunirse con el Ministro de Obras y Servicios Públicos de la provincia Carlos Valeri.

Con una inversión de $42 millones aportados por el gobierno provincial se llevarán adelante estos importantes trabajos en 2,7 kilómetros, que corresponden a tramos del kilómetro de Nardini, de la calle Juan XXIII y de la calle rural N° 5, continuidad del sector conocido como ‘Curva del chancho’.

“Venimos trabajando en este proyecto desde hace unos meses. Lo hablé con la gobernadora Arabela Carreras días atrás y hoy (por este jueves) hablamos de algunos aspectos técnicos con el Ministro Valeri”, manifestó Orazi.

Anticipó que los trabajos se realizarán mediante el sistema de obra delegada de la Provincia al Municipio. “Es una obra más que importante por los beneficios que traerá aparejados para quienes residen en esa zona y para el sector productor. Pero fundamentalmente se trata de ir cumpliendo con los compromisos que asumimos en su momento”, indicó el jefe comunal.

En este sentido, indicó que “anunciamos que íbamos a remodelar la calle Libertad y hoy la obra está en su etapa final. Podemos decir que a fines de julio va a estar terminada porque al proyecto original se sumó una adenda que incluyó unos tramos más”.

“Ahora anunciamos este plan de repavimentación en estos tramos de calles rurales mientras seguimos gestionando más tareas similares”, anticipó.

El Intendente agradeció al gobierno provincial por “dar respuesta a las gestiones que llevamos adelante y el acompañamiento permanente”.

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  • La CGT encabezó una movilización de endeudados al Ministerio de Economía

     

    La centrales obreras, movimientos sociales y agrupaciones de endeudados realizaron este jueves una multitudinaria marcha al Ministerio de Economía para denunciar el creciente endeudamiento familiar para cubrir el pago de servicios y alimentos.

    Los manifestantes acusaron con una preocupación central la precarización del endeudamiento, que registra un acelerado traspaso de los bancos a las billeteras virtuales como Mercado Pago, que impone tasas de interés siderales y que son acusadas de «usureras» por algunas entidades de defensa del consumidor.

    La CGT y las dos CTA alertaron una morosidad récord y le exigieron al gobierno de Javier Milei un plan para refinanciar deudas, regulación de las tasas de interés y un programa enfocado en aliviar el peso del endeudamiento en las pymes.

    «No hay que descartar que sea el alto nivel de endeudamiento el que se termine convirtiendo en el desencadenante de un estallido social en el país. La situación que atraviesan millones de hogares en Argentina es dramática», alertó el titular de ATE, Rodolfo Aguiar, que reclamó que el Gobierno ponga «límites a la usura».

    Según datos del Banco Central, más de 20 millones de personas están endeudadas. En el caso de la morosidad con billeteras virtuales, un informe del CEPA reveló que saltó de 7,3% en noviembre de 2024 a 30,1% en junio de 2026.

    El préstamo fue una forma de parar la situación social. Ahora ya el préstamo sobrepasó porque hay más de 20 millones de personas en problemas. Hay 5 millones de usuarios que están en la refinanciación, que están al borde de la asfixia.

    «La marcha al Gobierno no le interesa porque son perversos, creo que hasta disfrutan de ver al pueblo sufrir», dijo a LPO Osvaldo Bassano, director de la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores (Adduc), que alertó que sobre un estallido social de no haber respuestas al reclamo de los endeudados.

    «Tenés al Ejecutivo que dice que no hay ningún problema, al Legislativo que tiene un montón de proyectos bloqueados y al Poder Judicial que no resuelve a favor de los consumidores. ¿Cómo terminan resolviendo los pueblos cuando no tienen canalizada la solución? Esto termina en la calle, con violencia y con un desquicio social. Este es el problema serio que tenemos hoy», sostuvo Bassano.

    Y agregó: «El préstamo fue una forma de parar la situación social, ahora ya el préstamo sobrepasó porque hay más de 20 millones de personas en problemas. Hay 5 millones de usuarios que están en la refinanciación, que están al borde de la asfixia».

    Llaman a un boicot contra Mercado Pago por las tasas de sus préstamos: «Galperin usurero»

    El dirigente de Adduc advirtió que las altas tasas de Mercado Pago no están siendo reguladas por el Banco Central, por lo que el Estado está siendo cómplice de intereses «usurarios». «No hay que descartar que en un futuro algún funcionario termine siendo solidariamente responsable por los daños que hubiese causado», dijo.

    Por su parte, el titular de la Asociación Civil de Usuarios Bancarios (Acuba), Gerónimo Rossi, también puso de relieve el peso del endeudamiento con billeteras virtuales que en la entidad denominan como «prestamistas virtuales».

    «Le asignan nombres comerciales como ‘billeteras virtuales’ o ‘proveedores de pago’ y en realidad son los canales que usan para llegar a la gente para darles préstamos a un solo click, prestamos de urgencia que la gente toma y no repara en el costo que termina pagando en tasas de interés respecto de los préstamos», dijo Rossi a LPO.

    Para el dirigente de Acuba ese mecanismo, a diferencia del tradicional préstamo que se toma en una sede física, «está viciando la voluntad, porque un consumidor que está urgido, encuentra un salvavidas de plomo en su celular, con un scoring dudoso».

     Los bancos tienen que ganar un poco menos para que esto mejore y el Estado tiene que poner lo suyo porque los créditos son muy caros porque los intereses están gravadísimos con impuestos y todo eso lo paga el consumidor 

    Ahí, Rossi hizo foco en la responsabilidad de quien presta: «¿Quién fue el que valorizó o tuvo en cuenta las capacidades crediticias de esas personas? No sabemos si es algún algoritmo, si tiene una base sustentable. Acá hay una proliferación de créditos masivos de fácil acceso sin ningún control».

    Al advertir que «la gente está endeudándose para consumos de gastos corrientes», el titular de Usuarios Bancarios dijo que la principal causa del sobreendeudamiento es «el atraso de los ingresos familiares frente a la enorme cantidad de aumentos de precios que hubo sin control».

    Con fuertes críticas a Galperin, Kicillof comparó el endeudamiento familiar con la crisis subprime

    Frente a eso, detalló que hay bancos que ya empezaron a dar refinanciaciones a sus clientes «con tasas considerablemente más bajas que las de una tarjeta de crédito o un préstamo personal».

    «Los bancos tienen que ganar un poco menos para que esto mejore y el Estado tiene que poner lo suyo porque los créditos son muy caros porque los intereses están gravadísimos con impuestos y todo eso lo paga el consumidor. Si los bancos están ofreciendo refinanciaciones a tasas más bajas, quiere decir que se puede», agregó.

    En tanto, el ex diputado y actual titular de la Asociación de Usuarios y Consumidores, Ricardo Vago habló de «la problemática de la instantaneidad del teléfono». «Hay poco trabajo, endeudamiento, apuestas online. El teléfono es mágico en el sentido es que es un instante», dijo a LPO.

    En la entidad presidida por Vago vienen trabajando en proyectos que, además de regular las tasas y las fintech, buscan dotar de mayor peso a las asociaciones de consumidores a la hora de «intimar a la empresa cobradora a trasparentar sus números de interés para que el deudor conozca cómo inflan los números y permita una discusión en igualdad».

    Por esta situación, varias organizaciones de defensa de usuarios y consumidores se reunirán este viernes en el Congreso con el diputado Esteban Paulón. 

     

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    Milei le da la espalda a las familias endeudadas: el Gobierno confirmó que no apoyará proyectos para aliviar la crisis

     

    El Ejecutivo anticipó que La Libertad Avanza no acompañará en el Congreso las iniciativas destinadas a atender el creciente endeudamiento de los hogares argentinos. Mientras la oposición busca discutir refinanciaciones, límites a los intereses y mecanismos de alivio, el Gobierno insiste en que las deudas son apenas “acuerdos entre privados”.

    Por Ignacio Fraticelli para NLI

    La crisis del endeudamiento familiar llegó al Congreso y, antes de que siquiera comience formalmente el debate, el Gobierno de Milei ya decidió de qué lado estará. El vocero presidencial, Adrián Ravier, anticipó que La Libertad Avanza no acompañará los proyectos impulsados por distintos sectores de la oposición para aliviar la situación de las familias que no pueden afrontar sus deudas, una definición política que vuelve a colocar al Ejecutivo frente a una contradicción central de su modelo económico: mientras millones de argentinos recurren al crédito para sostener consumos básicos, pagar servicios o simplemente llegar a fin de mes, la respuesta oficial consiste en negar que exista una crisis y trasladar toda la responsabilidad al individuo.

    La discusión no es menor ni se reduce a una disputa parlamentaria más. En la acutalidad el problema del endeudamiento alcanza a casi 20 millones de argentinos, mientras que distintas iniciativas legislativas ponen el foco específicamente en los hogares que acumularon atrasos en préstamos, tarjetas de crédito y otros mecanismos de financiamiento. La oposición presentó decenas de proyectos con diferentes alternativas para atacar el problema, desde mecanismos de refinanciación hasta límites sobre los costos financieros, en un contexto donde la morosidad viene creciendo y el crédito dejó de funcionar para buena parte de las familias como una herramienta para proyectar consumo y pasó a convertirse en un recurso para sobrevivir.

    Cuando endeudarse deja de ser una elección

    Durante décadas, el acceso al crédito fue presentado como uno de los instrumentos centrales de inclusión financiera: una familia podía financiar una compra importante, afrontar una emergencia o distribuir un gasto en el tiempo. El problema aparece cuando el crédito deja de utilizarse para mejorar las condiciones de vida y empieza a utilizarse para cubrir necesidades que el ingreso corriente ya no permite afrontar. Allí la discusión deja de ser exclusivamente financiera y pasa a ser social, porque detrás de cada tarjeta impaga o préstamo refinanciado hay un hogar que perdió capacidad de compra.

    Ese fenómeno explica la importancia política de los proyectos que comenzarán a discutirse en Diputados. Las propuestas opositoras buscan establecer diferentes mecanismos para evitar que una deuda originalmente manejable termine transformándose en una obligación imposible de cancelar mediante la acumulación de intereses, punitorios y refinanciaciones sucesivas. Entre las alternativas aparecen planes de reestructuración de entre 36 y 60 cuotas, reducción de intereses punitorios, límites a la proporción del ingreso familiar que puede destinarse al pago de una deuda y mecanismos para impedir determinadas formas de capitalización de intereses. También existe una iniciativa que plantea declarar una emergencia crediticia durante 24 meses y establecer herramientas específicas para el desendeudamiento.

    El Gobierno, sin embargo, observa ese conjunto de propuestas desde una perspectiva completamente diferente. Ravier sostuvo que las deudas constituyen esencialmente “acuerdos entre privados” y anticipó que LLA no tendría intención de acompañar iniciativas que impliquen una intervención estatal. El argumento oficial plantea que utilizar recursos públicos para resolver obligaciones financieras privadas significaría transferir recursos de una parte de la población hacia bancos o entidades crediticias. La explicación puede parecer consistente dentro de la lógica doctrinaria libertaria, pero deja una pregunta política difícil de esquivar: ¿qué ocurre cuando las condiciones en las que se celebran esos contratos están determinadas por un mercado financiero con tasas extraordinariamente elevadas y salarios que pierden capacidad de compra?

    El Estado que aparece para ajustar, pero desaparece para proteger

    La discusión expone una de las características más profundas del modelo económico de Milei: el Estado es presentado como una intromisión cuando se trata de proteger al ciudadano frente a determinadas relaciones económicas, pero recupera un papel central cuando se trata de garantizar las condiciones generales del mercado. Para el Gobierno, una familia que no puede pagar un préstamo debe afrontar las consecuencias de la decisión que tomó; sin embargo, el debate sobre las condiciones concretas de ese crédito, los intereses aplicados, la capacidad real de pago del deudor y la asimetría existente entre una persona necesitada de dinero y una entidad financiera queda relegado a un segundo plano.

    La paradoja resulta todavía más evidente porque el propio oficialismo reconoce que el incremento de las tasas de interés puede contribuir al deterioro de la capacidad de pago. El vocero presidencial señaló que existen diferentes factores detrás del aumento de la mora y relativizó incluso la explicación que había dado Milei sobre el endeudamiento de los hogares a partir de la compra de televisores durante el Mundial, al señalar que aquello había sido apenas un ejemplo. La aclaración es significativa porque muestra que el fenómeno es bastante más complejo que una supuesta ola de consumo irresponsable: hay familias que se endeudan porque necesitan consumir, pero también porque necesitan sostener gastos cotidianos.

    El gobernador bonaerense Axel Kicillof cuestionó precisamente esa mirada y sostuvo que la morosidad seguirá creciendo mientras se mantenga una combinación de salarios bajos y tasas altas, rechazando la idea de que se trate simplemente de relaciones privadas desconectadas de la política económica. Su planteo apunta al núcleo del problema: si una política económica reduce el poder adquisitivo de los ingresos al mismo tiempo que encarece el financiamiento, el endeudamiento deja de ser una cuestión individual y comienza a expresar el resultado de un determinado modelo económico.

    La oposición, mientras tanto, intenta convertir ese problema social en una discusión parlamentaria capaz de generar una respuesta concreta. Más de 30 iniciativas buscan abordar la situación de las familias endeudadas, en paralelo con otros proyectos que forman parte de una ofensiva legislativa que también incluye la emergencia en discapacidad y otras demandas sociales. El desafío para esos bloques será transformar la dispersión de propuestas en una alternativa que pueda reunir los votos suficientes para avanzar, pero también construir un mensaje político que dispute la interpretación oficial según la cual cada deudor es responsable individual de su situación.

    Porque detrás de la discusión sobre una ley, un límite de tasas o una refinanciación existe una pregunta mucho más profunda: ¿qué tipo de sociedad construye un país cuando millones de personas necesitan endeudarse para sostener su vida cotidiana y el Estado responde que el problema no le pertenece? El Gobierno puede definir que las deudas son contratos privados, pero no puede convertir en un asunto privado la pérdida de ingresos, el encarecimiento del crédito, la caída del consumo y la imposibilidad creciente de numerosas familias de cumplir con obligaciones que alguna vez parecieron pagables.

    La decisión de Milei de no acompañar los proyectos será, por lo tanto, mucho más que una posición legislativa. Será una definición sobre qué intereses considera prioritario proteger el Estado frente a una crisis de endeudamiento que ya dejó de ser invisible. Mientras el oficialismo defiende la libertad contractual y rechaza cualquier mecanismo que pueda implicar intervención pública, millones de argentinos enfrentan una pregunta mucho más concreta y menos doctrinaria: cómo pagar lo que deben cuando el salario no alcanza. Y en esa distancia entre la teoría libertaria y la vida cotidiana de los hogares se juega buena parte de la verdadera discusión económica de la Argentina.

     

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  • Llaryora cree que la visita del Papa le dará un empujón para la campaña

     

    La confirmación de la visita del papa León XIV a nuestro país en noviembre despertó una expectativa en todo el arco político, particularmente en Córdoba, la única escala que el sumo pontífice realizará en el interior del país. Visita que, de confirmarse la intención del gobernador Martín Llaryora de poner la fecha de la elección provincial en el primer cuatrimestre del 2027, se dará en el marco de una campaña ya comenzada.

    Se sabe, la estrategia del cordobesismo es convocar a elecciones entre marzo y abril del año próximo porque entienden que la gestión de Javier Milei no tendrá los brotes verdes, la paciencia de la gente estará al límite y, particularmente en Córdoba, probablemente el arco opositor mantenga diferencias que lleven a ese esquema a un escenario de división.

    Con ese escenario, la visita del papa asoma como un bálsamo en el que entrarán Llaryora y el arzobispo cordobés Ángel Rossi en tándem. El referente de la iglesia católica en Córdoba es uno de los ochos cardenales que hay en la Argentina -y uno de los cuatro con derecho a voto en el Vaticano- y está muy vinculado con la política local. Sin embargo, Rossi trató de ponerle paños fríos a la cuestión política y circunscribió la visita de León XIV a la cuestión pastoral.

    El Vaticano confirmó que el Papa visitará la Argentina en noviembre

    Situación que atiende el cordobesismo pero que, igualmente, sabe que el condimento político puede ser un espaldarazo. «Si se maneja bien, nos puede servir y mucho. Pero tenemos que estar atentos, no puede haber ninguna falla y estamos trabajando desde ahora. El mundo católico hablará de Córdoba y la Ciudad debe estar en condiciones», dijo un funcionario de la primera línea a LPO.

    En el llaryorismo estaban al tanto de la visita del papa desde el viernes, aunque decidieron aguardar la confirmación de la Iglesia.

    Si se maneja bien, nos puede servir y mucho. Pero tenemos que estar atentos, no puede haber ninguna falla y estamos trabajando desde ahora. El mundo católico hablará de Córdoba y la Ciudad debe estar en condiciones

    Asimismo, en Córdoba también entran en la comparación con la última visita de un papa, cuando en 1987 vino Juan Pablo II y el gobernador era el radical Eduardo Angeloz. «Son visitas similares. O como la Cumbre del Mercosur del 2006 con ‘el Gallego’ (José Manuel de la Sota», señaló un funcionario de la Provincia.

    En la ocasión de la visita de los presidentes, en Córdoba estuvieron los presidentes Néstor Kirchner, Hugo Chávez, Lula, Fidel Castro, Evo Morales y Tabaré Vázquez. Cumbre en la que se selló la incorporación de Venezuela al bloque y De la Sota fue el anfitrión de ese fin de semana de julio.

    Por último, el capítulo papal en Córdoba tendrá un condimento extra: la carrera por la intendencia 2027 tiene a dos espadas del gabinete llaryorista involucradas. El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros; y el de Vinculación, Miguel Siciliano, son los que interactuarán con el Vaticano por cuestiones relacionadas con la visita de León XIV. 

     

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