El Intendente Marcelo Orazi anunció la repavimentación de tres estratégicas calles rurales de Villa Regina, tras reunirse con el Ministro de Obras y Servicios Públicos de la provincia Carlos Valeri.
Con una inversión de $42 millones aportados por el gobierno provincial se llevarán adelante estos importantes trabajos en 2,7 kilómetros, que corresponden a tramos del kilómetro de Nardini, de la calle Juan XXIII y de la calle rural N° 5, continuidad del sector conocido como ‘Curva del chancho’.
“Venimos trabajando en este proyecto desde hace unos meses. Lo hablé con la gobernadora Arabela Carreras días atrás y hoy (por este jueves) hablamos de algunos aspectos técnicos con el Ministro Valeri”, manifestó Orazi.
Anticipó que los trabajos se realizarán mediante el sistema de obra delegada de la Provincia al Municipio. “Es una obra más que importante por los beneficios que traerá aparejados para quienes residen en esa zona y para el sector productor. Pero fundamentalmente se trata de ir cumpliendo con los compromisos que asumimos en su momento”, indicó el jefe comunal.
En este sentido, indicó que “anunciamos que íbamos a remodelar la calle Libertad y hoy la obra está en su etapa final. Podemos decir que a fines de julio va a estar terminada porque al proyecto original se sumó una adenda que incluyó unos tramos más”.
“Ahora anunciamos este plan de repavimentación en estos tramos de calles rurales mientras seguimos gestionando más tareas similares”, anticipó.
El Intendente agradeció al gobierno provincial por “dar respuesta a las gestiones que llevamos adelante y el acompañamiento permanente”.
Una causa judicial que investiga la desaparición de una cosecha de maíz de un campo bajo control estatal generó un escándalo institucional en San Luis y salpica a funcionarios de Claudio Poggi. El gobierno reconocen desprolijidades administrativas, pero negaron la existencia de un desfalco millonario.
La historia del campo de dos mil hectáreas es larga. Ese predio es propiedad de la provincia de San Luis y años atrás fue cedido a la empresa El Caburé SA para un proyecto de cría de caballos que nunca se concretó. En 2017 se dictó el decreto de restitución del inmueble al Estado, pero los empresarios nunca lo devolvieron.
En ese lapso, los accionistas del Caburé lo siguieron explotando mediante contratos de alquiler y con la llegada de Poggi al gobierno se avanzó en la recuperación efectiva del predio.
Desde la administración provincial resaltaron que no hubo una expropiación, sino la recuperación de un bien propio frente al incumplimiento de un privado. Laa toma de posesión quedó a cargo de la Secretaría de Ética Pública a través del funcionario Darío Oviedo.
Mientras esto sucedía, productores detectaron la existencia de una cosecha en curso. Oviedo se ocupó de la recolección y la venta de los granos sin los respaldos administrativos correspondientes y allí se desencadenó el escándalo. Desde el gobierno de Poggi admitieron a LPO las desprolijidades administrativas pero negaron el robo.
La cosecha no se realizó contra ningún contrato homologado y no hay documental que acredite cuánto ni cómo se cosechó
«La cosecha no se realizó contra ningún contrato homologado y no hay documental que acredite cuánto ni cómo se cosechó», reconocieron las fuentes. Esa irregularidad derivó en el desplazamiento inmediato de Oviedo y en una denuncia penal en su contra impulsada por el propio Estado.
Sin embargo, productores agropecuarios que denunciaron la maniobra apuntaron más arriba y señalaron al responsable de Oviedo, el ex secretario de Ética Pública del gobernador, Ricardo Bazla y el fiscal Leandro Estrada lo imputó. Ante esto, Bazla renunció.
Bazla fue imputado por peculado, falsedad ideológica, falsificación de instrumento público, estafa procesal, incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
Como los funcionarios tampoco pueden alegar desconocer los procedimientos, la causa avanzó y Bazla fue imputado por peculado, falsedad ideológica, falsificación de instrumento público, estafa procesal, incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
Entre los productores aseguran que la ganancia que presuntamente obtuvieron los funcionarios por la venta del maíz ronda los 2 millones de dólares. En el gobierno de Poggi niegan ese monto y dicen que la ganancia no llegó a cubrir los gastos de cosecha y citan la declaración del contratista a cargo del trabajo. Los denunciantes acusaron al oficialismo de presionar a los testigos.
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José Antonio Kast busca superar la crisis de imagen en medio de una estrepitosa caída de la aprobación en poco más de un mes provocada por el aumento de los combustibles que ya generó cacerolazos contra su gestión en las principales ciudades.
En ese marco, el líder chileno lanzó el denominado «Plan de Reconstrucción Nacional», una ambiciosa reforma tributaria que busca transformar la estructura impositiva del país. El objetivo declarado del gobierno es estimular la inversión y dinamizar la economía; sin embargo, la propuesta ha encendido las alarmas en diversos sectores sociales y políticos.
El núcleo del proyecto radica en una serie de medidas diseñadas para disminuir la carga tributaria empresarial. Entre los puntos más destacados se encuentran la reducción del impuesto corporativo del 27% al 23%, la eliminación temporal del IVA en la venta de viviendas nuevas e incentivos para la repatriación de capitales y una mayor simplificación regulatoria para las empresas.
Sin embargo, la iniciativa ya tiene criticas de los partidos opositores que la definieron como «reforma tributaria encubierta» para beneficiar a los ricos. Según esos partidos, el beneficio se concentra desproporcionadamente en las grandes empresas y los sectores de ingresos más altos, favoreciendo la concentración de riqueza.
En ese marco, la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus) advritió que esta medida podría perjudicar a la clase media y provocar una disminución significativa en la recaudación fiscal. Esta preocupación surge en un contexto social complejo, donde si bien se valora el crecimiento, existe un apoyo ciudadano mayoritario hacia el aumento de impuestos a las grandes empresas para financiar derechos sociales.
El núcleo del proyecto radica en una serie de medidas diseñadas para disminuir la carga tributaria empresarial. Entre los puntos más destacados se encuentran la reducción del impuesto corporativo del 27% al 23%, la eliminación temporal del IVA en la venta de viviendas nuevas e incentivos para la repatriación de capitales y una mayor simplificación regulatoria para las empresas
Conadecus enfatiza que, en este escenario, resulta fundamental exigir transparencia y una fiscalización efectiva para asegurar que la reforma no profundice las desigualdades estructurales del país.
Por su parte, el ministro de Hacienda Jorge Quiroz, planteó que «Chile enfrenta un estancamiento estructural que exige una respuesta integrar para retomar nuestra trayectoria de progreso, porque el camino lo extraviamos hace más de 12 años».
Jorge Quiroz, ministro de Hacienda.
«No da lo mismo crecer al 2% que al 3% o 4%. Con este desempeño mediocre tenemos más de 850 mil compatriotas que buscan trabajo y no lo encuentran, y llevamos más de 30 meses con un desempleo superior al 8%», aseguró Quiroz.
No da lo mismo crecer al 2% que al 3% o 4%. Con este desempeño mediocre tenemos más de 850 mil compatriotas que buscan trabajo y no lo encuentran, y llevamos más de 30 meses con un desempleo superior al 8%
La excandidata presidencial, Jeannette Jara, también cargó contra el plan de Kast y acusó que las iniciativas no favorecen a los sectores medios, sino que privilegian a los más ricos. Por eso, llamó a frenarlo en Congreso: «No puede avanzar», señaló.
«La rebaja tributaria que se está proponiendo no es para la persona que tiene una pyme, no es para el taxista, no es para la señora que tiene un taller de costura: es para los empresarios más ricos del país», afirmó la exministra del Trabajo.
Por último, Jeannette Jara, dijo que «aunque el gobierno se esfuerce en decir que esta es una reforma para las empresas y no para los empresarios, les quiero decir que las empresas son de los empresarios, no de los marcianos».
«No está pensando en el bienestar común, sino en privilegiar a un grupo reducido de la población, con el cual comparte intereses económicos, ideológicos y políticos», finalizó.
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