A partir de la declaración de la AIC de emergencia hídrica de las cuencas de los ríos Neuquén, Limay y Negro, la Secretaría de Obras y Servicios de la Municipalidad de Villa Regina lleva adelante distintos trabajos para mitigar las consecuencias que esta situación puede generar en la provisión de agua potable en la ciudad, con vistas a la temporada de verano.
Uno de estos trabajos consiste en el dragado en la boca toma de la planta de bombeo de la Avenida Juan XXIII para mejorar el nivel de captación de agua. El secretario de Obras y Servicios Francisco Lucero explicó que la tarea apunta a que “pueda ingresar mayor caudal a la toma donde están las bombas que impulsan el agua a la planta potabilizadora, de esta manera nos estamos adelantando a la situación que no sólo nosotros vamos a tener con la emergencia hídrica que se anunció desde la AIC”.
Por otro lado, se procedió a la instalación de una bomba para captar agua filtrada de un pozo existente en la planta de bombeo de Godoy, lo cual también tiene como objetivo mejorar el caudal.
Lucero aclaró que, más allá de estos trabajos, “será fundamental la colaboración de los vecinos en el uso racional del agua”.
La pelea por el control del sello del PRO en el distrito que alguna vez fue su bastión parece encaminarse hacia una definición: Mauricio Macri volvió a perder en el escritorio de la jueza María Servini y Oscar Agost Carreño convocó a elecciones internas para el 29 de marzo, con cronograma de cierre de lista previsto para 20 días antes.
En el horizonte asoman tres tribus para la disputa por el sello: la macrista que lidera Soher El Sukaria; la bullrichista a cargo de Laura Rodríguez Machado; y la del propio Agost Carreño, que juega a las escondidas respecto de una eventual candidatura suya. Por ahora, Agost Carreño controla el estratégico resorte de la Junta Electoral.
Desde octubre de 2024 Macri intenta, infructuosamente, intervenir el PRO y desconocer la presidencia de Agost Carreño, quien siendo presidente del partido se unió al bloque de Pichetto en Diputados. Pese a las embestidas, el cordobés viene ganando cada uno de los planteos en la Justicia Federal.
Rodríguez Machado avisó que está preparándose para competir y que valora la interna: «Voy a participar; siempre a favor de la democracia interna», dijo la diputada que responde a Bullrich. Además, bancó la resistencia de Agost Carreño: «Desde la ‘intervención’, jamás hubo un interventor», agregó.
Laura Rodríguez Machado
La macrista El Sukaria cree que la interna convocada por Agost Carreño puede caerse: «Veremos si hay elección, porque está todo viciado». «No le tenemos miedo a la interna siempre que sea justa, y no lo es con vicios, falta de transparencia y siendo (Agost Carreño) el único apoderado», dijo la actual concejala que responde a Macri.
Aunque en privado se cuelga de alambrado para gritar el segundo gol a Macri, en público Agost Carreño juega moderado: «Busco que las disputas del PRO Córdoba se resuelvan como deber hacerse: con elecciones transparentes; cada vez que llamé a elecciones, (Macri) intervino el partido».
Tampoco dice qué hará: intentar revalidar su presidencia, heredada tras la sangría del PRO en 2023; acordar con el sector de Rodríguez Machado, pese a la sociedad con Milei; o mirar desde la tribuna, una opción que parece improbable. Hay mucho en disputa: un triunfo de Rodríguez Machado llevaría al PRO directo y formalmente al frente libertario que comanda Gabriel Bornoroni.
Desde octubre de 2024 Macri intenta, infructuosamente, intervenir el PRO y desconocer la presidencia de Agost Carreño, quien siendo presidente del partido se unió al bloque de Pichetto en Diputados. Pese a las embestidas, el cordobés viene ganando cada uno de los planteos en la Justicia
En lo jurídico, Asgost Carreño logró revertir en la Justicia Electoral dos intervenciones dispuestas por Macri al PRO en Córdoba. De hecho, en octubre Agost Carreño fue cabeza de lista del PRO, aunque no renovó su banca. El expresidente insistió en noviembre por tercera vez, y Servini debería expedirse en los próximos días.
No es un tema que pasa inadvertido para Martín Llaryora, afecto a las ingenierías electorales con varios sellos opositores. Como se recordará, el gobernador logró descabezar a la anterior cúpula del PRO a fuerza de cargos: Pedro Dellarossa, quien era presidente del partido amarillo, fue designado ministro y en diciembre dejó el cargo para ocupar una dirección en el Banco de Córdoba; mientas que Javier Pretto, presidente del PRO en la ciudad de Córdoba, es el actual viceintendente de Daniel Passerini.
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Con la mirada puesta en la crisis de empleo -según datos oficiales, Córdoba perdió más de 10.000 puestos formales privados desde la asunción de Milei hasta octubre de 2025, lo que equivale a una caída de alrededor del 1,9 %-, Martín Llaryora se subió al escenario de la fábrica de camiones Iveco para defender la industria nacional e intentar asumir la vocería de la defensa del trabajo argentino.
Mientras Javier Milei volvió a cargar contra los industriales y los acusó de «delincuentes» por reclamar protección frente a la apertura importadora, Llaryora se rodeó de operarios de la automotriz y dijo que «la industria nacional está para competir, pero queremos igualdad de condiciones; sin igualdad de condiciones no se podrá defender el trabajo».
Sin mencionar al Presidente, el cordobés insistió en que la competitividad «no puede ser solo para algunos» y advirtió que no se puede construir un esquema donde sea más conveniente traer un producto terminado del exterior que fabricarlo en el país. «No queremos ninguna ventaja. Sabemos que tenemos que competir. Pero ésta no debe darse con mejores condiciones para traer cosas de afuera que para producir en el país», repitió.
El mensaje no fue inocente. En el Panal admiten que la situación industrial es crítica. Los números del propio Gobierno provincial indican que la pérdida de empleos privados formales habría llegado a 13 mil en los dos años de Milei en la Rosada, con una aceleración de 3.000 en el último trimestre de 2025, que se suman a los 10.000 registrados hasta octubre. El corazón manufacturero del Gran Córdoba, que incluye autopartistas, metalmecánicas y pymes vinculadas a la cadena automotriz, es uno de los sectores más golpeados.
Llaryora tiene de primera mano distintos informes de economistas que advierten que la crisis del empleo se profundizará, y que una derrota de Donald Trump en noviembre podría complejizar la coyuntura económica. Por ahora, Llaryora juega al filo: aunque defiende a la industria, mandó a sus legisladores a votar la reforma laboral resistida por los gremios.
La complejidad de la relación Panal-Rosada incluye una disputa por los fondos nacionales para la Caja de Jubilaciones y la caída de subsidios al transporte que asfixiaron a Daniel Passerini, el principal socio de Llaryora, en la gestión municipal.
La industria nacional está para competir, pero queremos igualdad de condiciones; sin igualdad de condiciones no se podrá defender el trabajo
En el contexto de crisis de empleo, Llaryora busca aggiornar la máxima del peronismo cordobés «gobernar es generar trabajo»: deslizó que lo central hoy es conservar los puestos existentes. «Cada vez es más difícil construir un puesto de trabajo con los desafíos de la tecnología 4.0 y la IA. Por eso, cada puesto que se sostiene es central», afirmó.
Así, el lanzamiento del camión pesado S-Way funcionó como una puesta en escena política. En un contexto de caída del consumo, avance del comercio electrónico y cierre de pymes, el gobernador cordobés buscó mostrarse como garante del empleo industrial y socio confiable de las multinacionales. «Hay que trabajar en conjunto para pelear por la competitividad y la igualdad de condiciones», insistió.
En su discurso pro industria nacional, Llaryora encontró el eco empresarial: «No tuvimos ninguna duda al tomar la decisión de producir aquí, porque la mano de obra en Córdoba es de altísimo nivel. No es solo un camión, es una apuesta de largo plazo y de desarrollo tecnológico», afirmó Marcio Querichelli, presidente de Iveco para América Latina, quien también reclamó «condiciones de competitividad y previsibilidad».
La escena contrastó con la relación tirante que mantiene Milei con parte del establishment industrial. Días atrás, el Presidente arremetió contra grupos como Techint y Aluar por cuestionar el impacto de la apertura. En Córdoba, donde la industria automotriz es una marca de identidad, esas declaraciones cayeron mal incluso entre sectores que apoyan el ordenamiento macroeconómico libertario.
El mensaje de Llaryora fue una síntesis de su estrategia: reconocer la necesidad de competir en un mundo abierto, pero reclamar reglas que no castiguen la producción local. En el corazón fabril de Córdoba, Llaryora volvió a pararse en la vereda desarrollista del peronismo provincial, aun cuando en el Congreso sus diputados levanten la mano junto al oficialismo libertario. La tensión entre discurso y práctica, por ahora, es el precio de ese equilibrio que, justifica el llaryorismo, es producto de la «responsabilidad institucional» de darle a Milei herramientas para su plan económico.
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