A partir de la declaración de la AIC de emergencia hídrica de las cuencas de los ríos Neuquén, Limay y Negro, la Secretaría de Obras y Servicios de la Municipalidad de Villa Regina lleva adelante distintos trabajos para mitigar las consecuencias que esta situación puede generar en la provisión de agua potable en la ciudad, con vistas a la temporada de verano.
Uno de estos trabajos consiste en el dragado en la boca toma de la planta de bombeo de la Avenida Juan XXIII para mejorar el nivel de captación de agua. El secretario de Obras y Servicios Francisco Lucero explicó que la tarea apunta a que “pueda ingresar mayor caudal a la toma donde están las bombas que impulsan el agua a la planta potabilizadora, de esta manera nos estamos adelantando a la situación que no sólo nosotros vamos a tener con la emergencia hídrica que se anunció desde la AIC”.
Por otro lado, se procedió a la instalación de una bomba para captar agua filtrada de un pozo existente en la planta de bombeo de Godoy, lo cual también tiene como objetivo mejorar el caudal.
Lucero aclaró que, más allá de estos trabajos, “será fundamental la colaboración de los vecinos en el uso racional del agua”.
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El Gobierno de Milei autorizó al buque oceanográfico R/V Roger Revelle de la U.S. Navy a operar en aguas del Atlántico Sur para “relevar datos estratégicos”. La decisión abre un debate intenso sobre soberanía, geopolítica y alineamientos externos, con efectos potenciales en sectores vulnerables como jubilados, PAMI y el sistema sanitario nacional.
Por la Redacción de NLI
Un giro geopolítico con impacto político
El pasado 23 de febrero de 2026, el Gobierno argentino autorizó al buque oceanográfico R/V Roger Revelle, propiedad de la U.S. Navy, a ingresar y relevar información en aguas bajo jurisdicción nacional en el Atlántico Sur, bajo el argumentado propósito de una campaña científica internacional. Esta autorización, publicada por En Orsai, no sólo tuvo implicancias técnicas, sino que desató un debate político profundo en torno a la soberanía nacional y el alineamiento estratégico con Estados Unidos.
Según el artículo de En Orsai, la decisión fue tramitada a través de la Cancillería y aprobada por el Consejo Federal Pesquero, con condiciones mínimas de supervisión argentina y obligación de compartir datos antes de su publicación.
Ciencia o geopolítica disfrazada
El Gobierno presentó la autorización como un ejercicio de cooperación científica —con estudios sobre clima y monitoreo oceánico— pero la propia plataforma, diseñada para campañas de larga duración y equipada con tecnología avanzada de hidroacústica, tiene aplicaciones duales, incluso en operaciones antisubmarinas y geoestratégicas.
Este contexto no es ajeno a otros despliegues internacionales en aguas regionales: ejercicios conjuntos como UNITAS y otras maniobras navales en el Atlántico Sur han reforzado la presencia militar extranjera en la región, con participación de fuerzas estadounidenses y de otros países aliados.
Alineamiento político y riesgos para la soberanía
La decisión del Gobierno se enmarca en una política exterior definida por una orientación marcadamente pro-estadounidense, con giros significativos respecto a la defensa de la soberanía marítima en áreas tradicionalmente disputadas, como el Atlántico Sur y las Islas Malvinas.
Críticos de la medida señalan que, más allá de la ciencia, los datos recolectados por instrumentos de alta precisión pueden alimentar capacidades de inteligencia estratégica que exceden los supuestos fines cooperativos, y que el marco legal argentino carece de mecanismos robustos de control de contrainteligencia para proteger información sensible generada en estas campañas.
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