A partir de la declaración de la AIC de emergencia hídrica de las cuencas de los ríos Neuquén, Limay y Negro, la Secretaría de Obras y Servicios de la Municipalidad de Villa Regina lleva adelante distintos trabajos para mitigar las consecuencias que esta situación puede generar en la provisión de agua potable en la ciudad, con vistas a la temporada de verano.
Uno de estos trabajos consiste en el dragado en la boca toma de la planta de bombeo de la Avenida Juan XXIII para mejorar el nivel de captación de agua. El secretario de Obras y Servicios Francisco Lucero explicó que la tarea apunta a que “pueda ingresar mayor caudal a la toma donde están las bombas que impulsan el agua a la planta potabilizadora, de esta manera nos estamos adelantando a la situación que no sólo nosotros vamos a tener con la emergencia hídrica que se anunció desde la AIC”.
Por otro lado, se procedió a la instalación de una bomba para captar agua filtrada de un pozo existente en la planta de bombeo de Godoy, lo cual también tiene como objetivo mejorar el caudal.
Lucero aclaró que, más allá de estos trabajos, “será fundamental la colaboración de los vecinos en el uso racional del agua”.
El espacio político del peronismo federal que lideran Juan Manuel Olmos, Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel y Federico Achaval presentó hoy en Entre Ríos el «Programa Federal por la Competitividad Agropecuaria» con el que apunta a cerrar la grieta con el campo.
En un nuevo encuentro regional, esta corriente del peronismo de centro -que había hecho su presentación en Parque Norte el pasado 1 de mayo- reunió a 1600 participantes en Concepción del Uruguay, en el marco de un debate sobre el vínculo con el sector agroindustrial y las economías regionales.
De la jornada formaron parte más de 40 intendentes de distintas provincias, legisladores nacionales y provinciales, funcionarios, dirigentes políticos, representantes del sector productivo, universidades y organizaciones sociales.
El documento denominado «Programa Federal por la Competitividad Agropecuaria» se orienta a impulsar una agenda integral para el desarrollo del sector agroindustrial argentino.
La propuesta plantea la necesidad de revisar los factores que afectan la competitividad de la producción, avanzar en mejoras de infraestructura logística, promover la innovación y el desarrollo tecnológico, debatir una nueva ley de semillas y una ley de riego, así como fortalecer las cadenas de valor vinculadas al agro y las economías regionales.
Durante el encuentro, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz destacó la importancia de que «las decisiones del peronismo que viene se tomen en función de representar y reflejar a la Argentina federal».
Nosotros pensamos una Argentina productiva, donde el trabajo sea el eje central de la organización económica y de la vida de los argentinos.
En ese sentido, remarcó que el espacio busca profundizar el debate iniciado en Parque Norte sobre «los principios de orden económico, equilibrio fiscal y equilibrio social con la gente adentro», y sostuvo que resulta imprescindible discutir la relación del peronismo con el sector agroindustrial y las economías regionales como motores del desarrollo nacional.
Por su parte, el titular de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos, sostuvo que el desafío del peronismo es ofrecer una alternativa frente a «un modelo de país financiero y primario» impulsado por el Gobierno nacional.
«Nosotros pensamos una Argentina productiva, donde el trabajo sea el eje central de la organización económica y de la vida de los argentinos», afirmó.
Además, cuestionó que mientras el oficialismo «defiende un solo empleo, el del Jefe de Gabinete» (Manuel Adorni), el peronismo debe defender «a los cientos de miles de trabajadores y trabajadoras que están perdiendo el trabajo por culpa de Milei».
Finalmente, Guillermo Michel advirtió que el debate que atraviesa hoy a la Argentina «no es solamente sobre un programa económico, sino sobre el modelo social que se quiere construir».
En ese sentido, cuestionó las políticas del gobierno de Javier Milei al sostener que busca «peruanizar la economía argentina», consolidando una sociedad cada vez más desigual, con una clase media debilitada y una creciente pérdida de capacidades industriales y de movilidad social ascendente.
En el encuentro denominado «El Peronismo Debate para ser Alternativa Nacional» también fueron parte el intendente de Pilar, Federico Achával, y la diputada nacional de Unión por la Patria Kelly Olmos, ambos integrantes de este nuevo sector del peronismo federal.
Con motivo de la celebración del 75° Aniversario de la República de Italia (02 de Junio), y del día del Inmigrante Italiano (03 de Junio) la Agencia Consular Honorario de Italia en Villa Regina y desde la representación del Comités Bahía Blanca, saludamos a todos los italianos e italianas y descendientes de Villa Regina y…
La tensión entre el gobierno provincial y los tribunales cordobeses alcanzó su punto de máxima ebullición. En una movida inédita, que quiebra la histórica diplomacia subterránea entre el poder político y el judicial, cerca de un millar de jueces, camaristas y fiscales presentaron formalmente una batería de recursos administrativos ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
La jugada es el paso previo y obligatorio para activar una ola de amparos constitucionales que amenaza con dinamitar el esquema de ajuste fiscal que diseñó Martín Llaryora. El malestar en los pasillos de Tribunales I debe leerse en clave de resistencia ante la avanzada de Llaryora sobre el Poder Judicial.
La ofensiva de los magistrados apunta al corazón de la motosierra provincial: el incremento de los aportes personales destinados a sostener la deficitaria Caja de Jubilaciones y el salto en las alícuotas de la Administración Provincial de Seguro de Salud (Apross), la obra social estatal.
De acuerdo con el cálculo de los camaristas, jueces y altos funcionarios judiciales, el salario real de los magistrados cordobeses es equivalente al 50% de los que paga la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El incremento de los aportes puso la equivalencia en el 77% respecto de los federales. Pero como la carga horaria es mayor en la Justicia provincial, el cálculo es que el salario provincial está en un 50% en relación al federal.
La ofensiva de los magistrados apunta al corazón de la motosierra provincial: el incremento de los aportes personales destinados a sostener la deficitaria Caja de Jubilaciones y el salto en las alícuotas de la Administración Provincial de Seguro de Salud (Apross), la obra social estatal
Para El Panal asoma un problema fiscal: que la Justicia tumbe la emergencia previsional que Llaryora hizo sancionar en diciembre del año pasado: el TSJ ya obligó al Ejecutivo provincial a morigerar del 8% al 6% la alícuota extra que fijó la ley previsional para los aportes personales. Aunque es un planteo individual, el fallo marca el GPS judicial.
La presentación masiva de estos recursos administrativos colocó al TSJ en una posición de máxima presión política. El alto cuerpo, habituado a surfear las crisis con el peronismo cordobés sin romper platos, se encuentra ahora desbordado por sus propias bases. Si la cúpula judicial rechaza los recursos, habilitará de inmediato la vía judicial.
La guerra está declarada. Aunque la presentación de este millar de recursos administrativos no quemó las naves, sí debilitó los puentes y dejó expuesta la factura entre el poder político y los magistrados provinciales.
Para dialogar, camaristas y jueces reclaman un cronograma por escrito de devoluciones para recuperar en un plazo razonable el 90% de equiparación con los salarios que fija la Corte Suprema. Envalentonados, quieren, además, que se caiga el límite de 30 años de antigüedad para la liquidación de haberes
La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina informa que están abiertas las inscripciones a dos nuevos talleres que se dictarán en la biblioteca ‘El Progreso’: *Costura sustentable: lunes de 16 a 18 horas con la profesora Camila Barreiro *Reciclado para niños: viernes de 15 a 17 horas con el profesor Nicolás Sandoval…
Como una diatriba que baja desde el norte, se acepta recortar donde hay que invertir. El mismo que te da, te saca. La ecuación es matemática aunque la materia sea social y no exacta. El país sufre una crisis educativa que fue acrecentada por todos los gobiernos de turno desde la década del 90, todos…
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa decidieron adherir al Régimen Simplificado de Ganancias mientras la Justicia investiga el crecimiento de su patrimonio. La decisión reavivó una contradicción política incómoda: el mismo gobierno que hizo de la honestidad una bandera impulsó un mecanismo que limita los controles fiscales y que ahora utiliza uno de sus principales funcionarios.
Por Ramiro C. Ferrante para NLI
La construcción política de Milei se apoyó desde el primer día en una idea tan simple como efectiva: ellos eran distintos. Frente a una «casta» señalada como corrupta y privilegiada, La Libertad Avanza se presentó como la expresión de una nueva moral pública, donde la transparencia sería un valor irrenunciable y la ejemplaridad una obligación de cada funcionario.
Por eso la decisión de Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti de adherir al Régimen Simplificado de Ganancias trasciende ampliamente una cuestión tributaria. Ocurre en medio de una investigación judicial sobre el origen y la evolución de su patrimonio y pone en evidencia una paradoja política difícil de explicar: el principal vocero de la honestidad oficial eligió una herramienta que reduce la capacidad del Estado para revisar patrimonios anteriores.
Un blanqueo impulsado por el propio oficialismo
La contradicción es todavía más llamativa porque el mecanismo utilizado por Adorni no proviene de una gestión anterior ni de una legislación heredada.
Fue este mismo Gobierno el que promovió un amplio esquema de regularización fiscal destinado a captar dólares no declarados y reducir controles sobre los contribuyentes. La iniciativa fue defendida públicamente por el oficialismo y tuvo entre sus principales impulsores al diputado José Luis Espert, quien sostuvo que era necesario abandonar la lógica de persecución fiscal para incentivar el ingreso de capitales al circuito formal.
El nuevo Régimen Simplificado de Ganancias incorporó además un beneficio central: el denominado «tapón fiscal», que limita las facultades de ARCA para revisar determinados períodos fiscales de quienes adhieran al sistema.
En otras palabras, el Gobierno creó un instrumento pensado para brindar mayor seguridad fiscal a los contribuyentes y uno de los primeros dirigentes de máxima relevancia en aprovecharlo es justamente el jefe de Gabinete, mientras debe responder ante la Justicia por la evolución de su patrimonio.
La investigación sigue abierta
La causa judicial analiza operaciones inmobiliarias, movimientos bancarios, viajes y gastos que podrían no guardar relación con los ingresos declarados por Adorni y su núcleo familiar.
Entre los elementos bajo análisis aparecen compras de inmuebles, vacaciones internacionales y diversas erogaciones realizadas en dólares cuya trazabilidad intenta reconstruir la Justicia. El expediente todavía no tiene una conclusión y rige plenamente el principio de inocencia, por lo que no existe ninguna imputación firme ni condena contra el funcionario.
Sin embargo, la utilización del nuevo régimen tributario agrega un componente político imposible de ignorar: aunque la adhesión sea completamente legal, el mensaje público resulta difícil de conciliar con el discurso oficial de transparencia absoluta y superioridad moral.
La vara de la moralidad
Durante meses el oficialismo construyó buena parte de su legitimidad sobre la idea de que no todos los políticos eran iguales. Se cuestionaron patrimonios, declaraciones juradas, privilegios y mecanismos de regularización utilizados por otros dirigentes.
Ahora la escena es distinta. El mismo Gobierno que promovió un régimen pensado para facilitar la regularización patrimonial y reducir controles ve cómo ese beneficio es utilizado por su propio jefe de Gabinete, precisamente cuando la Justicia intenta determinar el origen de parte de su fortuna.
No se trata solamente de una discusión tributaria ni de una controversia jurídica. Se trata de una cuestión de coherencia política. Cuando una administración convierte la moralidad en su principal activo, cualquier excepción deja de ser un trámite administrativo para transformarse en una prueba sobre la consistencia de su propio relato.
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