A partir de la declaración de la AIC de emergencia hídrica de las cuencas de los ríos Neuquén, Limay y Negro, la Secretaría de Obras y Servicios de la Municipalidad de Villa Regina lleva adelante distintos trabajos para mitigar las consecuencias que esta situación puede generar en la provisión de agua potable en la ciudad, con vistas a la temporada de verano.
Uno de estos trabajos consiste en el dragado en la boca toma de la planta de bombeo de la Avenida Juan XXIII para mejorar el nivel de captación de agua. El secretario de Obras y Servicios Francisco Lucero explicó que la tarea apunta a que “pueda ingresar mayor caudal a la toma donde están las bombas que impulsan el agua a la planta potabilizadora, de esta manera nos estamos adelantando a la situación que no sólo nosotros vamos a tener con la emergencia hídrica que se anunció desde la AIC”.
Por otro lado, se procedió a la instalación de una bomba para captar agua filtrada de un pozo existente en la planta de bombeo de Godoy, lo cual también tiene como objetivo mejorar el caudal.
Lucero aclaró que, más allá de estos trabajos, “será fundamental la colaboración de los vecinos en el uso racional del agua”.
El Gobierno pagará 33 millones de dólares a la empresa privada canadiense Top Aces Corp con sede en Arizona para que capacite a los pilotos de los aviones F-16. La información fue confirmada por el Departamento de Guerra de Estados Unidos pero no es el país del norte el que hará el entrenamiento sino la firma contratada.
Una importante fuente militar dijo a LPO que «en ningún momento de la gestión de Luis Petri se habló de un contrato con una empresa privada. En Estados Unidos lo que va a hacer es autorizar que los pilotos a venir a la Argentina pero el entrenamiento se los da una empresa privada canadiense que cobra 33 palos».
Según este militar, el costo del entrenamiento hay que sumarlo a lo que nos cobraron por instruir a los pilotos tanto en Estados Unidos como en Dinamarca, que eso era parte del contrato de compra de los aviones, y lo que nos sale, tener a los 30 instructores daneses que tenemos viviendo en Córdoba con su familia».
«No fue contemplado en ningún momento, no se habló, no fue motivo de análisis, siempre fue que con el paquete venía el entrenamiento a los pilotos y los simuladores», insistió.
Este militar detalla que «son los famosos contratistas de defensa de Estados Unidos que desarrolla el sistema de armas, lo operan, tienen su propio personal militar retirado que labura para ellos y después finalmente se lo vende a la fuerza. Este es un negocio privado. Estados Unidos sólo da el visto bueno para que se realice el entrenamiento, obviamente en espacio aéreo estadounidense y con militares extranjeros entrenando como tales».
En ningún momento de la gestión de Luis Petri se habló de un contrato con una empresa privada. En Estados Unidos lo que va a hacer es autorizar que los pilotos a venir a la Argentina pero el entrenamiento se los da una empresa privada canadiense que cobra 33 palos
Esto abre un frente con la Armada. Un importante integrante de esa fuerza reveló a LPO que «esos 33 millones de dólares es una cifra muy cercana a los 30 millones que le habían prometido a la Armada para comprar dos Fragatas, casualmente, en Dinamarca».
«Presti les aplica mano militar a los jefes de Estado Mayor y con el jefe de la Armada no dialoga, le ordena nada más pero están todos a las puteadas porque se enteraron hoy por los diarios», aseguró.
No fue contemplado en ningún momento, no se habló, no fue motivo de análisis, siempre fue que con el paquete venía el entrenamiento a los pilotos y los simuladores
La compra a Dinamarca incluyó un total de veinticuatro aviones F-16 A/B Block 15 MLU, modernizados al estándar «Tape 6.5»: 16 monoplazas y ocho biplazas destinados a entrenamiento. Además, la operación contempló la incorporación de armamento, equipamiento de apoyo, cuatro simuladores de vuelo, ocho motores, cascos de última generación y repuestos para cinco años, con una entrega gradual de cuatro aviones por año.
El envió incluyó seis aviones: cuatro biplazas F-16BM (matrículas M1004/05/07/08) y dos monoplazas F-16AM (matrículas M1009 y M1020). Estos aparatos reciben apoyo logístico de un Boeing 737 T-99 «Islas Malvinas» y un KC-130H TC-69 para misiones de búsqueda y rescate.
Todo esto no estuvo exento de controversias, no solo por el costo de la operación sino también porque, como adelantó LPO, no cuenta con radares para vigilar las Islas Malvinas porque Estados Unidos es aliado de Reino Unido en la OTAN.
Este medio reveló también el lapidario informe de la Fuerza Aérea sobre los F-16 que dijo que «no hay capacidad técnica para mantener pistas y hangares», hablan de maquinaria obsoleta y equipos en mal estado. «Si tuviéramos los 24 aviones se los podría hacer volar dos horas a cada uno en el año», afirmó a LPO en ese momento una fuente militar.
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En plena discusión de la reforma laboral impulsada por Milei en el Senado, la periodista Nancy Pazos realizó una protesta de alto impacto simbólico frente al Congreso de la Nación: se presentó encadenada y amordazada, con una tela negra cubriéndole la boca, para denunciar la intención oficial de eliminar el Estatuto del Periodista Profesional.
Por Lola Santacreta para NLI
La escena no pasó desapercibida. Frente a cámaras, colegas y manifestantes, Pazos buscó representar lo que —según explicó— implicaría la reforma: periodistas sin derechos laborales y con menor protección frente a presiones del poder político y económico. La protesta se dio en el marco de movilizaciones sindicales que rechazan distintos capítulos del proyecto oficial.
Qué está en juego
El Estatuto del Periodista Profesional, vigente desde 1946, establece condiciones específicas para el ejercicio del periodismo, entre ellas estabilidad laboral, jornada regulada y garantías vinculadas a la libertad de expresión. Para amplios sectores del gremio, su eliminación no es un detalle técnico sino un cambio estructural que afecta la calidad democrática.
Pazos sostuvo que la libertad de prensa no se defiende únicamente con discursos sino también con condiciones materiales que permitan ejercer el oficio sin miedo a represalias o despidos arbitrarios. En ese marco, la imagen de la mordaza buscó denunciar lo que considera un intento de disciplinamiento.
Durante la protesta también se exhibieron máscaras con la palabra “alcahuete”, en alusión a lo que la periodista describió como el modelo comunicacional que, según su mirada, promueve el oficialismo: comunicadores dóciles y alineados.
Desde el entorno gubernamental minimizaron la protesta y la calificaron como exagerada. Sin embargo, el gesto logró instalar el debate sobre el alcance real de la reforma y sobre el futuro de los derechos laborales en el sector de prensa.
El trasfondo de la discusión es más amplio: el proyecto oficial propone una flexibilización general de las condiciones laborales, y el capítulo referido al Estatuto del Periodista se convirtió en uno de los puntos más sensibles por su dimensión simbólica e institucional.
En un contexto de fuerte polarización política, la imagen de Nancy Pazos encadenada frente al Congreso expuso una pregunta de fondo: ¿puede hablarse de libertad de prensa sin garantías laborales específicas para quienes la ejercen? La discusión recién empieza, pero la escena ya quedó instalada en el centro del debate público.
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