A partir de la declaración de la AIC de emergencia hídrica de las cuencas de los ríos Neuquén, Limay y Negro, la Secretaría de Obras y Servicios de la Municipalidad de Villa Regina lleva adelante distintos trabajos para mitigar las consecuencias que esta situación puede generar en la provisión de agua potable en la ciudad, con vistas a la temporada de verano.
Uno de estos trabajos consiste en el dragado en la boca toma de la planta de bombeo de la Avenida Juan XXIII para mejorar el nivel de captación de agua. El secretario de Obras y Servicios Francisco Lucero explicó que la tarea apunta a que “pueda ingresar mayor caudal a la toma donde están las bombas que impulsan el agua a la planta potabilizadora, de esta manera nos estamos adelantando a la situación que no sólo nosotros vamos a tener con la emergencia hídrica que se anunció desde la AIC”.
Por otro lado, se procedió a la instalación de una bomba para captar agua filtrada de un pozo existente en la planta de bombeo de Godoy, lo cual también tiene como objetivo mejorar el caudal.
Lucero aclaró que, más allá de estos trabajos, “será fundamental la colaboración de los vecinos en el uso racional del agua”.
La extranjerización de las tierras es una realidad en la Argentina y varios casos prueban el riesgo que entraña la falta de controles. Pobladores que deben viajar dos horas de más para no atravesar propiedad privada, un pueblo que no puede expandirse porque una empresa compró toda la tierra o magnates que bloquean el acceso a puntos turísticos son algunos de los casos que podrían volverse más comunes con el proyecto que, por el momento, Milei puso en pausa.
El más conocido es Joe Lewis, el millonario que bloquea el acceso a Lago Escondido. En los años ’90 logró saltear la legislación que impedía la compra de tierras a extranjeros y construyó una fabulosa mansión con vista al lago. Durante años organizaciones intentaron que reabriera el camino que pasa en medio de sus 12 mil hectáreas, pero no lo consiguieron. Para visitar la zona hay que realizar una caminata que lleva varios días.
En medio de la discusión por la ley que impulsa Milei se conoció el caso del intendente de Puerto Libertad, un pueblo en Misiones donde el 80% de las tierras rurales está en manos de Arauco, una empresa chilena.
El intendente local busca desde hace años comprar 10 hectáreas de las 62 mil que posee Arauco para armar un parque industrial que de trabajo a los vecinos. Hasta ahora no tuvo mucha suerte: el proceso de adquisición lleva más de tres años, pero lo logra que la empresa firme la operación. «El problema es que el directorio no está en la Argentina», explicó Fernando Ferreira.
Baguales es otro lugar icónico para la extranjerización de tierras. El complejo de 10 mil hectáreas, ubicado en la Cordillera a 50km de Bariloche, pertenece a la realeza qatarí que incluso construyó una represa que se abastece de agua de dominio público para darle electricidad al emprendimiento. La autorización la firmó el gobierno de Río Negro.
A pocos kilómetros, sobre el Paraje el Manso, la casa real de Abu Dhabi adquirió más de 50 mil hectáreas. Los terrenos incluyen bosque nativo y ríos con vista a la cordillera, recursos naturales que son imposibles de visitar. Incluso los pobladores deben hacer un largo rodeo para trasladarse a pueblos cercanos.
Joe Lewis.
El departamento de Lácar, en Neuquén, tiene más de la mitad de sus tierras en manos extranjeras. En Collón Curá, otro departamento neuquino, el 8% de las tierras están manos de familias y empresas de EEUU, según un informe del Observatorio de Tierras.
La mayor parte de esas tierras están en los márgenes del río Collón Curá, un afluente del Limay. La familia de Ted Turner, los herederos de las papas Lay’s y la familia Sharp controlan la zona y hacen casi inaccesible el acceso al río.
«La tierra es un bien escaso y necesario para la vida. No es una mercancía, pero cuando está controlada por grandes poderes extranjeros, perdés la capacidad de desarrollar los recursos», le dijo a LPO el investigador Matías Oberlin, parte del Observatorio de Tierras.
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Cerca del pequeño Aeropuerto de Melilla puede verse una imponente valla fronteriza, incluso antes de poder distinguir con claridad qué casas pertenecen al enclave español y cuáles a las localidades marroquíes colindantes. “La valla” está formada por varias rejas, mallas metálicas, metal oxidado y una zanja, y en el lado marroquí se complementa con alambre de púas financiado por la Unión Europea. Se trata de todo un complejo fronterizo que recuerda más bien a Jurassic Park y no al hecho de que a ambos lados de la frontera puedan vivir vecinos, amigos y familiares. Las dos ciudades, Ceuta y Melilla, pertenecen a España pese a estar ubicadas en continente africano, e incluso tienen estatus de comunidades autónomas, como Cataluña o Andalucía. En cada una viven unas 85 mil personas, y la población se compone a partes iguales de españoles cristianos de origen europeo y de musulmanes, a menudo de origen marroquí. Ambas son españolas desde los siglos XV y XVI, respectivamente, y tienen un gran significado simbólico para la conciencia nacional. La recristianización de España, conocida como la Reconquista, no concluye, según algunas narraciones históricas, hasta la conquista de Melilla en 1497. Simbólicamente, el primer paso en África coincide con el inicio de la expansión global del Imperio español.
Hoy en día, las fortificaciones de ambas ciudades simbolizan la desigualdad entre el sur global y el norte global, entre las antiguas potencias coloniales —que mantienen su hegemonía por otros medios— y sus antiguas colonias, que intentan, con mayor o menor éxito, mejorar su posición en la competencia estatal. En las montañas que rodean los enclaves se concentran miles de migrantes procedentes de toda África (y, en algunos casos, incluso de Asia Occidental) y aguardan la oportunidad para cruzar las fronteras a nado, trepando o escondidos en un vehículo y así pisar suelo europeo. Con frecuencia se producen víctimas mortales. Sin embargo, nunca antes se había dado una situación como la de finales de julio de 2026: hasta entonces, la violencia de la valla parecía insuperable, salvo contadas excepciones. Esto podría contribuir a explicar el resentimiento que, al parecer, estos acontecimientos provocan en la conciencia europea.
¿Por qué hay vallas?
Quienes hoy tienen más de 40 años recuerdan una infancia sin vallas, en la que bastaba con cruzar a pie una barrera fronteriza más bien simbólica, una alambrada, para ir, por ejemplo, a las playas marroquíes o a la cordillera del Rif. Las economías de los enclaves también estaban interrelacionadas con las de las zonas colindantes, de modo que, por ejemplo, los agricultores marroquíes vendían sus productos en los mercados a los vecinos españoles, que tenían mayor poder adquisitivo y que, a su vez, contrataban a mujeres marroquíes como empleadas domésticas y a hombres marroquíes como trabajadores auxiliares. Sin duda, no se trataba de una convivencia en pie de igualdad, pero estaba muy lejos de la situación de exclusión militar que observamos hoy en día. Quienes son un poco mayores y aún pueden recordar los años 60 o 70 no solo hablan de una convivencia sin vallas, sino también de una convivencia igualitaria en los barrios de los enclaves, donde las familias cristianas, musulmanas y judías, aunque igualmente pobres, se mostraban solidarias entre sí a nivel vecinal. Parece una paradoja: cuando España aún era potencia colonial en el Sáhara Occidental y el dictador Franco aún vivía, se era, en general, más pobre, pero se convivía con los vecinos de forma menos segregada. La valla y la respuesta cuasi militar a la migración no son producto de la dictadura colonial, sino del capitalismo democrático poscolonial.
Las causas de la construcción de las vallas no hay que buscarlas en el norte de África, ni en la convivencia entre musulmanes y cristianos en la región, sino en la estructura del sistema mundial capitalista. El periodo comprendido entre 1975 y 1985 estuvo marcado por varios cambios radicales. Por un lado, tras la muerte de Franco, comenzó la llamada Transición, la transformación de España de una dictadura católica y chovinista a una democracia orientada hacia Europa. Desde el punto de vista político-económico, esto supuso sobre todo la integración del país en las instituciones europeas, la adhesión a la Comunidad Europea, a la OTAN y al espacio Schengen. Esta integración vino acompañada de un enorme auge económico del que pudieron beneficiarse, en mayor o menor medida, todos aquellos que poseían la nacionalidad española.
Sin embargo, al mismo tiempo que España ascendía a una posición central en el capitalismo global, este mismo sistema se encontraba inmerso en una transformación fundamental. En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el norte de Europa experimentó un crecimiento económico sin precedentes gracias al Plan Marshall, a una producción industrial avanzada y a la importación de materias primas baratas procedentes de las periferias. La relación entre los centros industriales y las periferias se caracterizó por la diferencia de poder del mercado mundial, de modo que muchos acuerdos anteriormente coloniales se transformaron en acuerdos poscoloniales, en los que las antiguas colonias seguían siendo explotadas. Esta configuración de la relación entre los centros y las periferias cambió radicalmente en la década de 1970. La saturación de los mercados europeos, el fin del sistema de Bretton Woods y, sobre todo, la crisis del petróleo provocada por la creación de la OPEP marcaron un cambio radical. El capital respondió a la caída de la rentabilidad con la introducción de la denominada “nueva división internacional del trabajo”, es decir, la exportación de fases de producción a los países del sur global. Esto vino acompañado de los programas de ajuste estructural del Banco Mundial y del FMI, muy conocidos en el hemisferio sur por las aperturas forzadas de los mercados, privatizaciones y programas de austeridad fiscal. Estas medidas destruyeron a gran escala, en las décadas de 1970 y 1980, las economías de subsistencia, lo que puso en marcha una nueva dinámica migratoria: los antiguos pequeños agricultores se vieron privados de sus medios de vida y emigraron, en un primer momento, a las ciudades en busca de trabajo, pero más tarde también al norte global. Desde el punto de vista de los europeos, era necesario externalizar las fronteras europeas para detener este nuevo movimiento migratorio: así, a España, recién integrada en el centro del sistema mundial, le correspondió la tarea de retener en África a las personas que emigraban a Europa, en su mayoría procedentes de África Occidental. Por eso, en la década de 1990 se construyó una valla en Melilla y Ceuta, sobre la que un joven de Melilla explica: “Esta valla no es para los marroquíes. Esta valla es para los subsaharianos”.
Nuevas desigualdades
El establecimiento del régimen fronterizo europeo en Ceuta y Melilla generó nuevas y complejas formas de migración y de desigualdad estructural. En primer lugar, la ciudadanía española trazó una importante línea de desigualdad entre antiguos vecinos. Los españoles cristianos lograron rápidamente un ascenso social, mientras que a los habitantes musulmanes del enclave se les negó durante mucho tiempo la regularización. Así, desde la década de 1980 se fue gestando una segregación entre los grupos de población y los barrios de las ciudades que persiste hasta hoy. Sin embargo, esta desigualdad es especialmente evidente entre quienes viven en los enclaves y quienes tuvieron la mala suerte de encontrarse en el lado marroquí cuando se construyeron las vallas y se fortificaron las fronteras. Los acuerdos de “buena vecindad” entre España y Marruecos permitían a los habitantes de los enclaves y de sus ciudades vecinas marroquíes cruzar la frontera sin visado, siempre que abandonaran la ciudad antes de las diez de la noche. Así se creó una situación en la que los españoles de los enclaves solían ser funcionarios, empresarios y empleados de la administración, a quienes se pretendía atraer a Melilla para trabajar con lucrativas ventajas fiscales, mientras que prácticamente toda la clase trabajadora —artesanos, comerciantes, empleados domésticos, cuidadores— se desplazaban diariamente desde Marruecos a la ciudad. La policía hablaba, en aquel momento, de hasta 30 mil trabajadores transfronterizos al día. Las diferencias salariales entre los enclaves españoles y Marruecos eran tan elevadas que, aunque esta clase trabajadora móvil se veía abocada a una situación precaria y, a menudo, obligada a realizar trabajos en negro en condiciones de explotación extrema, muchas familias marroquíes de esta “población flotante” podían, a pesar de todo, vivir de los euros que ganaban en los enclaves.
El régimen fronterizo supuso un especial sufrimiento para las llamadas “porteadoras”. Entre los enclaves y Marruecos existía un enorme comercio atípico. Las mercancías podían cruzar por la frontera, en el equipaje de mano, sin pagar aranceles. Empresas europeas se aprovechaban de ello transportando grandes lotes de mercancías hasta la frontera, que luego eran transportadas al otro lado por mujeres —las “porteadoras”— a cambio de un salario de miseria y poniendo en riesgo su salud. Este contrabando, tolerado por las autoridades, alcanzó proporciones enormes: así, desde Ceuta y Melilla se exportaba a Marruecos tanto como desde toda España a Australia.
La migración de la población flotante y de las porteadoras, caracterizada por la desigualdad y la explotación, fue una consecuencia casi incidental del incipiente régimen fronterizo europeo y de la integración de España en el centro del sistema mundial capitalista. Sin embargo, el objetivo real era frenar la migración por pobreza generada por la globalización neoliberal, cuyo principal instrumento eran los programas de ajuste estructural. Esta migración se manifiesta en los enclaves de dos formas. En primer lugar, en forma de los llamados MENA (menores extranjeros no acompañados), generalmente marroquíes que proceden de zonas rurales de Marruecos o, más a menudo, de los barrios marginales de las grandes ciudades y que intentan escapar a Europa para huir de una situación de pobreza extrema. Estos jóvenes (a veces niños) llegan a los enclaves escondidos en coches o nadando, arriesgando sus vidas. Intentan matricularse en los centros educativos de los enclaves para obtener así un permiso de residencia temporal, o subir como polizones a un ferry con destino a Europa. A menudo viven en la calle y se ven expuestos continuamente a acosos y, en ocasiones, a actos de violencia por parte de la policía, que intenta disuadirles de continuar su ruta migratoria. Esto se aplica tanto a la policía española como a las autoridades marroquíes que, financiadas por la UE, se han convertido desde hace tiempo en cómplices decisivos en la lucha contra la migración: alrededor de los enclaves se han delimitado zonas en las que la policía marroquí actúa con violencia contra los migrantes y, en el peor de los casos, los lleva hasta el desierto para abandonarlos allí a su suerte.
Esta cooperación de Marruecos con España y la UE queda especialmente patente en el caso de la migración subsahariana. Los africanos occidentales, y últimamente también muchos sudaneses, intentan emigrar a España y a Europa a través de Marruecos, donde a menudo se ven sometidos a una fuerte represión, dado que, por encargo de la UE, deben detener la “migración irregular”. Los migrantes denuncian atracos de los que las fuerzas de seguridad no los protegen y, en algunos casos, incluso robos perpetrados por la propia policía. Quienes son sorprendidos intentando cruzar la frontera hacia uno de los enclaves suelen ser víctimas de violencia e incluso de tortura. Como ya se he dicho, en las montañas que rodean los enclaves se concentran miles de migrantes en campamentos improvisados, ya que no pueden mostrarse abiertamente en la zona debido a la discriminación racial por parte de las autoridades marroquíes. Una y otra vez, estas personas intentan, en grandes grupos y de forma conjunta, cruzar la valla fronteriza y solicitar asilo en territorio español. Una y otra vez, muchos de ellos pierden la vida en el intento.
Tanto la presión migratoria hacia Europa como el propio régimen fronterizo son, por tanto, de reciente data y se deben a la configuración actual del capitalismo tardío. El propio régimen fronterizo, con sus matices específicos —el acuerdo de buena vecindad, la posibilidad de exportar “equipaje de mano” libre de aranceles—, genera así estos tipos de migración y, con ellos, las desigualdades y la explotación propias de cada uno.
La nueva normalidad
En 2020, la situación cambió radicalmente. Hoy el Magreb se presenta con mucha confianza en sí mismo. Marruecos ha construido grandes complejos portuarios junto a los enclaves, entre los que destaca Tánger MED, el puerto más grande de África. Se prevé que los flujos de mercancías del futuro pasen por Marruecos, que se presenta con confianza como la «puerta de África». Además, se han designado zonas de libre comercio en las que las multinacionales pueden establecer sus capacidades de producción. Marruecos también es absolutamente consciente de su importante papel en la contención de la migración hacia Europa y se lo hace saber regularmente a los europeos. Cuando se aplicaron medidas contra el COVID-19 en todo el mundo, también se suspendió el acuerdo de buena vecindad. De repente, decenas de miles de familias marroquíes ya no pudieron desplazarse a los enclaves y así, de un momento a otro, perdieron sus medios de subsistencia. Y viceversa, muchas personas que se habían quedado ilegalmente en los enclaves se vieron de repente atrapadas. Desde entonces, la situación en la frontera se ha convertido en una prueba de fuerza diplomática. Aunque ahora se puede cruzar, se necesita un visado para hacerlo, algo imposible de conseguir para los marroquíes sin recursos. Las porteadoras, por su parte, han desaparecido. Aunque se les prometió encontrarles empleo en las nuevas zonas de libre comercio, cuando en 2023 pregunté por ellas en los enclaves, nadie sabía nada. Parece que comparten el destino de la gente humilde en tiempos de grandes cambios.
Desde 2020 han surgido nuevas formas de migración y de conflictos en las fronteras. En primer lugar, en 2021 se produjeron protestas y auténticos disturbios, en los que los vecinos de ambos lados de la frontera se manifestaron a favor del restablecimiento de los acuerdos de buena vecindad. Ni los españoles ni los marroquíes estaban contentos con el cierre de la frontera. Por primera vez, también algunos marroquíes intentaron saltar la valla, que supuestamente es “solo para los subsaharianos”.
Pero, sobre todo, se están multiplicando las incursiones masivas contra las instalaciones fronterizas, que tienen gran repercusión mediática y a menudo son sangrientas. En 2021, unos 9 mil marroquíes lograron llegar a Ceuta; en 2022, entre 2 mil y 3 mil sudaneses asaltaron la valla fronteriza de Melilla, en un incidente en el que la violencia policial en ambos lados produjo al menos 37 muertos. Ahora esta dinámica ha alcanzado su punto más álgido con las aproximadamente 60 mil personas que marcharon a Ceuta, donde también muchos perdieron la vida, sobre todo ahogados en el mar. La mayoría de ellos ya regresaron a Marruecos, principalmente, por la falta de perspectivas para conseguir techo y comida en España. De los que se quedaron, la situación de los menores es especialmente delicada porque no pueden ser deportados sin más. Acontecimientos de esta magnitud solo son posibles si Marruecos suspende su labor como vigilante fronterizo y permite el paso de los migrantes. Este hecho alimenta las especulaciones sobre los motivos geopolíticos de la Casa Real marroquí. Es verdad que no faltan motivos de conflicto: las visitas del presidente español a Argelia, rival de Marruecos; la presión para que se reconozca como legítima la ocupación marroquí del Sáhara Occidental; el castigo a España por su oposición a la guerra de Estados Unidos e Israel (aliados de Marruecos) contra Irán o a la intervención militar de Israel en Palestina y el Líbano, por mencionar solo algunos ejemplos.
Sin embargo, esta especulación no llega muy lejos. Ni siquiera Marruecos puede movilizar a sus ciudadanos para una invasión con solo pulsar un botón, como parece creer la derecha europea. Situaciones como esta solo son posibles porque la configuración actual del capitalismo global genera una presión migratoria a la que los europeos responden con muros y vallas, fuera de su continente, para asegurar su hegemonía. Ceuta no es un indicio de debilidad de la protección fronteriza europea, sino una prueba de que en el mundo impera una desigualdad fundamental que sólo puede mantenerse mediante la violencia.
