A partir de la declaración de la AIC de emergencia hídrica de las cuencas de los ríos Neuquén, Limay y Negro, la Secretaría de Obras y Servicios de la Municipalidad de Villa Regina lleva adelante distintos trabajos para mitigar las consecuencias que esta situación puede generar en la provisión de agua potable en la ciudad, con vistas a la temporada de verano.
Uno de estos trabajos consiste en el dragado en la boca toma de la planta de bombeo de la Avenida Juan XXIII para mejorar el nivel de captación de agua. El secretario de Obras y Servicios Francisco Lucero explicó que la tarea apunta a que “pueda ingresar mayor caudal a la toma donde están las bombas que impulsan el agua a la planta potabilizadora, de esta manera nos estamos adelantando a la situación que no sólo nosotros vamos a tener con la emergencia hídrica que se anunció desde la AIC”.
Por otro lado, se procedió a la instalación de una bomba para captar agua filtrada de un pozo existente en la planta de bombeo de Godoy, lo cual también tiene como objetivo mejorar el caudal.
Lucero aclaró que, más allá de estos trabajos, “será fundamental la colaboración de los vecinos en el uso racional del agua”.
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La Resolución 172/2026 elimina la protección antidumping al aluminio chino y deja expuestos 2.272 puestos de trabajo de Aluar. Análisis político y comercial del castigo de Milei a la industria nacional y su impacto en el comercio manufacturero.
Por Tomás Palazzo para NLI
La publicación de la Resolución 172/2026 en el Boletín Oficial no es un simple movimiento técnico de comercio exterior. Es una señal política directa. El Gobierno de Milei decidió eliminar la medida antidumping que protegía al aluminio laminado local frente a importaciones chinas, dejando sin efecto el arancel del 28% que regía desde 2020.
La decisión se conoce apenas días después del conflicto con el grupo empresario dueño de Aluar y de la planta de neumáticos FATE. El mensaje es claro: el que confronta, paga (y Milei está convencido de que cerraron FATE en pleno debate de reforma laboral a propósito). Y en este caso, el costo potencial de esta «venganza personal» que lejos está de ser una medida de gobierno meditada, no lo asume un empresario, sino 2.272 trabajadores argentinos.
Apertura comercial en aluminio: impacto en el comercio manufacturero
La Resolución 172/2026 cierra el examen de la medida antidumping sin prorrogarla. En términos prácticos, significa que el aluminio laminado chino podrá ingresar sin el recargo que equilibraba precios frente a prácticas de dumping.
En el sector comercio e industria esto implica:
Mayor presión competitiva para la producción nacional
Riesgo de pérdida de participación de mercado interno
Desplazamiento de proveedores locales en cadenas de valor
El aluminio laminado no es un producto marginal. Es insumo clave en envases de alimentos, medicamentos, construcción y múltiples rubros industriales. El golpe no es sólo para una empresa: es para todo el entramado manufacturero.
Aluar y el empleo industrial en riesgo
Aluar emplea, según datos oficiales de la propia compañía, 2.272 trabajadores distribuidos en Puerto Madryn (1.561), Abasto (435) y Ciudad de Buenos Aires (276).
No estamos hablando de un holding financiero: hablamos de una empresa productiva con fuerte arraigo territorial, especialmente en Chubut.
Eliminar la protección comercial en un contexto de apertura importadora y caída del consumo interno implica:
Compresión de márgenes
Ajuste en turnos productivos
Posible reducción de personal si se profundiza el ingreso masivo de aluminio asiático
En economías periféricas, la competencia no es simétrica. China produce con escala, subsidios energéticos y políticas industriales activas. Argentina, en cambio, desarma su defensa comercial.
¿Decisión técnica o castigo político?
El contexto político no puede omitirse. El conflicto con el grupo empresario que controla Aluar y FATE escaló públicamente en las últimas semanas. La quita de la protección se interpreta en el sector industrial como una respuesta disciplinadora.
El Gobierno sostiene que la medida apunta a bajar costos y fomentar competencia. Sin embargo, no hay un plan de reconversión productiva, ni financiamiento industrial compensatorio, ni esquema de transición para empleo.
La señal que reciben las empresas manufactureras es otra: si el mercado internacional presiona, el Estado no interviene; si hay conflicto político, la protección desaparece.
Defensa comercial y soberanía productiva
Las medidas antidumping no son privilegios. Son instrumentos reconocidos por la Organización Mundial del Comercio para evitar competencia desleal.
Eliminar una protección de este tipo en medio de un escenario de sobreoferta global de aluminio y guerra comercial entre potencias implica:
Debilitar la industria nacional.
Exponer empleo estratégico.
Profundizar la primarización de la economía.
La pregunta de fondo es política: ¿se gobierna para equilibrar el desarrollo productivo o para disciplinar sectores empresarios? Porque en este caso, el castigo no impacta en balances corporativos solamente, sino en familias trabajadoras concretas.
Comercio exterior sin red: el costo social
La apertura comercial puede bajar precios en el corto plazo. Pero cuando se traduce en cierre de líneas productivas, la ecuación cambia:
Menos empleo formal.
Menos recaudación.
Mayor dependencia importadora.
Si la protección industrial cae sin estrategia, el resultado no es competencia virtuosa, sino sustitución de producción nacional por importaciones.
Y cuando se reemplaza industria por contenedores, el que pierde no es un empresario: es el trabajador argentino.
Antes de profundizar sobre los certámenes de belleza es oportuno soslayar su génesis. En el año 1920, el dueño de un hotel en Atlantic City (Estados Unidos) reunió un grupo de hombres empresarios para venderles una idea. “¿Qué tal si hacemos un concurso en el que muchachas vírgenes y bonitas compiten por un premio?” Eso atraería…
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