A partir de la declaración de la AIC de emergencia hídrica de las cuencas de los ríos Neuquén, Limay y Negro, la Secretaría de Obras y Servicios de la Municipalidad de Villa Regina lleva adelante distintos trabajos para mitigar las consecuencias que esta situación puede generar en la provisión de agua potable en la ciudad, con vistas a la temporada de verano.
Uno de estos trabajos consiste en el dragado en la boca toma de la planta de bombeo de la Avenida Juan XXIII para mejorar el nivel de captación de agua. El secretario de Obras y Servicios Francisco Lucero explicó que la tarea apunta a que “pueda ingresar mayor caudal a la toma donde están las bombas que impulsan el agua a la planta potabilizadora, de esta manera nos estamos adelantando a la situación que no sólo nosotros vamos a tener con la emergencia hídrica que se anunció desde la AIC”.
Por otro lado, se procedió a la instalación de una bomba para captar agua filtrada de un pozo existente en la planta de bombeo de Godoy, lo cual también tiene como objetivo mejorar el caudal.
Lucero aclaró que, más allá de estos trabajos, “será fundamental la colaboración de los vecinos en el uso racional del agua”.
El dato surge de las estadísticas oficiales de mortalidad y muestra un salto de 21.276 fallecimientos entre 2023 y 2024 entre las personas de 65 años y más. El fenómeno adquiere mayor relevancia cuando se compara la mortalidad observada con un nivel esperado construido sobre años no pandémicos: para 2024, el cálculo arroja unas 33.500 muertes por encima de ese valor de referencia. Las cifras no permiten atribuir cada fallecimiento a una política determinada, pero sí muestran un deterioro sanitario que merece ser investigado.
Por Roque Pérez para NLI
La discusión sobre las condiciones de vida de los jubilados argentinos acaba de adquirir una dimensión que ya no puede reducirse a la evolución del haber mínimo, al precio de los medicamentos o a las protestas frente a las oficinas del PAMI. Las estadísticas oficiales de mortalidad muestran que en 2024 murieron 284.798 personas de 65 años y más, frente a 263.522 en 2023: son 21.276 fallecimientos adicionales en apenas un año. El dato surge de los Anuarios de Estadísticas Vitales de la Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS), organismo dependiente del Ministerio de Salud de la Nación encargado de producir, analizar y difundir las estadísticas sanitarias oficiales del país.
La magnitud del salto merece ser observada con cuidado. El aumento equivale a aproximadamente 8,1% en un solo año en el número absoluto de defunciones de personas de 65 años y más. Entre los mayores de 80 años, según la comparación de las estadísticas oficiales, el incremento fue todavía más pronunciado y alcanzó aproximadamente 9,46%. No se trata, por lo tanto, de una diferencia estadística marginal ni de una fluctuación de unas pocas centenas de casos: son decenas de miles de fallecimientos adicionales dentro de la población de mayor edad.
Qué significa realmente hablar de exceso de mortalidad
Para interpretar correctamente estos números hay que introducir un concepto fundamental de epidemiología: el exceso de mortalidad. No consiste simplemente en comparar un año contra el anterior, porque la cantidad de personas que mueren naturalmente puede variar por envejecimiento poblacional, estructura etaria, tamaño de la población y otros factores. La pregunta estadísticamente más interesante es otra: ¿cuántas muertes podían esperarse razonablemente en 2024 y cuántas ocurrieron efectivamente?
Tomando como referencia los valores que venimos analizando para 2017, 2018, 2019 y 2023, es decir, años que permiten evitar el comportamiento extraordinario producido por la pandemia de COVID-19, el promedio de defunciones de personas de 65 años y más se ubica en torno de 251.255 muertes anuales. Frente a las 284.798 efectivamente registradas en 2024, la diferencia alcanza aproximadamente 33.543 fallecimientos.
Ese cálculo debe ser presentado con precisión: 33.543 significa que la cantidad observada en 2024 estuvo aproximadamente 33.500 por encima del nivel obtenido mediante esa referencia estadística. Un salto de semejante magnitud entre la mortalidad esperada y la observada constituye una señal sanitaria que requiere explicación. Y la explicación no puede construirse solamente mirando las estadísticas de mortalidad: hay que cruzarlas con el acceso a medicamentos, consultas, tratamientos, vacunación, alimentación, ingresos previsionales, internaciones y utilización efectiva del sistema sanitario.
El dato aparece en el primer año completo de Milei
La dimensión política de la cifra surge de una circunstancia temporal imposible de ignorar: 2024 fue el primer año calendario completo de la presidencia de Javier Milei. El nuevo gobierno asumió el 10 de diciembre de 2023 y durante 2024 implementó una política económica caracterizada por una fuerte reducción del gasto público, contracción de distintas partidas sociales y modificaciones en los mecanismos de acceso a medicamentos para los afiliados del PAMI.
La coincidencia temporal, por sí sola, no prueba que las políticas implementadas por el Gobierno hayan provocado las muertes. Pero sí establece un período concreto para investigar. La pregunta relevante deja de ser simplemente cuántos jubilados murieron y pasa a ser qué ocurrió con las causas de esas muertes y con las condiciones sanitarias y económicas de esa población durante el mismo período.
La ausencia de datos oficiales de mortalidad correspondientes a 2025 constituye hoy una limitación importante. La DEIS ya tiene publicado el anuario de Estadísticas Vitales 2024, pero la serie oficial de 2025 todavía no está disponible.
Medicamentos, ingresos y salud: la explicación que todavía debe investigarse
La cuestión de los medicamentos ocupa un lugar central en el debate porque para una parte importante de la población mayor el tratamiento farmacológico no constituye un gasto prescindible sino una condición para mantener bajo control enfermedades crónicas. Hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares, patologías respiratorias y múltiples afecciones propias de edades avanzadas requieren tratamientos sostenidos y, en muchos casos, combinaciones de medicamentos.
Por eso, una interrupción, reducción o postergación de tratamientos puede tener consecuencias sanitarias. La propia estadística sanitaria permite avanzar en esa dirección. Hay además un elemento demográfico que obliga a ser todavía más rigurosos: una población envejecida naturalmente registra más fallecimientos, aun cuando las condiciones sanitarias no empeoren. Por eso, comparar solamente 2023 contra 2024 puede sobreestimar o subestimar la dimensión real del fenómeno. El análisis de exceso de mortalidad intenta justamente corregir parcialmente esa dificultad mediante una referencia histórica.
Lo que muestran los números disponibles es, en consecuencia, más serio que una simple consigna política. Argentina registró en 2024 un aumento excepcional de las muertes entre las personas de 65 años y más respecto de 2023, después de la salida de los años extraordinarios de la pandemia. Y cuando se utiliza una referencia estadística no pandémica, la mortalidad observada queda muy por encima del promedio utilizado como línea de comparación.
Eso no permite mirar hacia otro lado frente a 33.543 muertes por encima de ese nivel de referencia y atribuirlas simplemente al azar demográfico. La discusión política, en definitiva, debería empezar por reconocer ese dato. La vida de las personas mayores no puede medirse solamente por cuánto aumenta nominalmente una jubilación o por cuánto dice el Gobierno que gasta en una obra social. También debe medirse por su capacidad efectiva de acceder a medicamentos, controles, tratamientos, alimentación y atención médica. Si en el primer año completo del gobierno de Milei la mortalidad de los mayores de 65 años saltó en más de 21.000 casos respecto del año anterior y alcanzó un nivel aproximadamente 33.500 fallecimientos superior a la referencia estadística utilizada en este análisis, el fenómeno exige una investigación sanitaria profunda.
Y esa investigación tiene que continuar: cuánto de este exceso responde a la estructura demográfica, cuánto a las secuelas de la pandemia y cuánto podría estar asociado con el deterioro de las condiciones sociales y sanitarias de los adultos mayores durante la nueva etapa económica.
Por ahora, el dato oficial ya plantea una pregunta incómoda para el Gobierno: en 2024 murieron 21.276 personas de 65 años y más que el año anterior. Y una democracia que pretende proteger a sus mayores debería considerar ese número no como una molestia estadística, sino como una señal que merece ser explicada con la máxima rigurosidad.
Fuentes principales: Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS), Ministerio de Salud de la Nación, Estadísticas Vitales – Año 2023 y Estadísticas Vitales – Año 2024; registros oficiales de mortalidad y análisis estadístico de exceso de mortalidad. La DEIS es el organismo nacional responsable de producir y analizar las estadísticas vinculadas con las condiciones de vida y los problemas de salud.
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Rodeado de las figuras más importantes del entramado productivo bonaerense, Axel Kicillof trazó un oscuro diagnóstico de la situación industrial y les advirtió a los referentes de cámaras sectoriales que es «la macro de Milei lo que los está fundiendo».
«El objetivo de Milei es desindustrializar el país. Es un objetivo central, constitutivo. Lo que yo les quiero decir es que no es que algo está andando mal. La política económica está funcionando en el sentido de dar los frutos esperados. Está quebrándolos a todos ustedes. Ese es el objetivo», dijo el gobernador durante el acto por el Día de la Industria.
La actividad se realizó en Morón, en el Parque Industrial Tecnológico Aeronáutico, y hubo una particularidad: diez industriales pudieron expresar frente a Kicillof y sus ministros los problemas que atraviesa su sector.
«Milei quiere cambiar la matriz industrial histórica. Ese es uno de los puntos centrales. Yo creo que el famoso proyecto económico y la batalla cultural tiene como eje central la desindustrialización de la Argentina», dijo el gobernador.
Hubo algunos contrapuntos, incluso entre los propios industriales. El flamante presidente de UIPBA, Alejandro Gentile, volvió a plantear la necesidad de eliminar Ingresos Brutos, un planteo que días atrás el industrial de Techint le llevó al propio Kicillof.
«Bajo ningún punto de viste buscamos achicar el Estado. Lo que queremos es acercar una propuesta para mejorar lo más rápido posible la situación de las PyMES», dijo y aclaró que «el peor de los males para la industria es la caída del consumo, el contrabando, la competencia desleal y China».
Milei quiere cambiar la matriz industrial histórica. Ese es uno de los puntos centrales. El proyecto económico y la batalla cultural tiene como eje central la desindustrialización de la Argentina.
Curioso, cuanto tocó el turno de Fernando Mutti, representante de Fenaba, le salió al cruce a Gentile. «Yo entiendo que hay que ir a una reforma tributaria, me encantaría no pagar ningún impuesto pero hay que cuidar a la provincia de Buenos Aires», dijo.
Mutti lanzó varios elogios al gobernador y contó que gracias al gobierno provincial consiguió su empresa consiguió invertir en una maquina abocardadora (una máquina que utiliza para ensanchar de forma cónica el extremo de un tubo) que mandó a pedir a China. «Conseguimos el financiamiento gracias al gobierno bonaerense porque cuando el Estado se pone la camiseta de la industria, suceden cosas maravillosas», dijo.
Le siguió Pablo Gaspari, representante de la Cámara de Industriales Fundidores (CIFRA) quien no dudó en cruzar a Mutti por comprar en China lo que se puede fabricar en Argentina. «A mí me hubiese gustado que la abocardadora que compraron los de Fenaba se fabrique en Argentina. Acá tenemos la capacidad para fabricar la mayoría de las máquinas que necesita la industria», dijo. Gaspari además cruzó algunos números que mostró el ministro de Producción, Augusto Costa, al inicio del acto: «Nuestros números no coindicen con los de la provincia, son peores», le dijo.
El gobernador descartó la posibilidad de hacer cambios en Ingresos Brutos y citó un estudio de la Fundación FADA que establece que el 94% de los impuestos son nacionales. «Podemos hablar uno, dos o tres puntos menos de Ingresos Brutos pero no va a cambiar la ecuación», dijo.
Cuando escucho a los industriales decir: ‘bueno, pero la macro está bien’, siento que prácticamente es un daño autoinfligido.
Kicillof planteó que no se trata de libre mercado sino que las políticas del gobierno son decisiones deliberadas. «Se trata de la intervención del Estado. Hay un Estado fuerte que interviene en la economía para generar esta política económica que es de desindustrialización. Otra gran mentira. ¿Qué libre mercado? Si son todas decisiones del Estado desindustrializar», dijo el gobernador.
«Es la macro de Milei. La famosa macro que, teóricamente, anda bien tiene como objetivo desindustrializar el país», dijo Kicillof y siguió con una críticas hacia los industriales que festejan la macroeconomía del gobierno libertario.
«Cuando los escucho decir: ‘bueno, pero la macro está bien’, siento que prácticamente es un daño autoinfligido. Dicen ‘bueno, habría que cambiar tal cosa, pero dejemos la macro’. Es la macro lo que los está fundiendo».
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