A partir de la declaración de la AIC de emergencia hídrica de las cuencas de los ríos Neuquén, Limay y Negro, la Secretaría de Obras y Servicios de la Municipalidad de Villa Regina lleva adelante distintos trabajos para mitigar las consecuencias que esta situación puede generar en la provisión de agua potable en la ciudad, con vistas a la temporada de verano.
Uno de estos trabajos consiste en el dragado en la boca toma de la planta de bombeo de la Avenida Juan XXIII para mejorar el nivel de captación de agua. El secretario de Obras y Servicios Francisco Lucero explicó que la tarea apunta a que “pueda ingresar mayor caudal a la toma donde están las bombas que impulsan el agua a la planta potabilizadora, de esta manera nos estamos adelantando a la situación que no sólo nosotros vamos a tener con la emergencia hídrica que se anunció desde la AIC”.
Por otro lado, se procedió a la instalación de una bomba para captar agua filtrada de un pozo existente en la planta de bombeo de Godoy, lo cual también tiene como objetivo mejorar el caudal.
Lucero aclaró que, más allá de estos trabajos, “será fundamental la colaboración de los vecinos en el uso racional del agua”.
Mauricio Macri habló por teléfono con Karina Milei para acercarse al gobierno tras meses de distanciamiento y acordó con la hermana del presidente la creación de una mesa política que debutará este jueves en la Rosada.
La mesa la integrarán Diego Santilli y Lule Menem, por el lado del gobierno, y Cristian Ritondo y Fernando de Andreis, de parte de Macri. Curiosamente, tres cuartas partes de la mesa proviene del PRO, como el 80% de los ministros de Milei, pero Macri no es quien toma las decisiones.
Las milanesas compartidas por Macri y Milei quedaron en el recuerdo. El líder del PRO tuvo que ir al pie de Karina, a quien menospreciaba en los comienzos del gobierno libertario, y el presidente se recluyó en Olivos delegando en su hermana toda la gestión.
El propio Milei le admitió este miércoles a Infobae que quien toma las decisiones es la mesa política, que no comanda él sino su hermana. Como explicó LPO, la mesa vino a suplir las reuniones de gabinete por decisión de Karina.
Fuentes al tanto de la conversación entre Macri y Karina dijeron a LPO que no se debatirá sobre la suspensión de las PASO sino que sólo se hablará de acuerdos políticos.
El principal interés de Macri es que los libertarios no le saquen el control de la Ciudad. Jorge Macri está permeable a un acuerdo con La Libertad Avanza, que incluiría dejarles la vicejefatura de gobierno a cambio de que lo ayuden a reelegir en la Ciudad.
El primer damnificado con la creación de esta mesa es Hernán Lacunza, que sólo días atrás lanzó su candidatura presidencial por el PRO, pese a que ni siquiera está afiliado al partido amarilo.
La otra perjudicada es Patricia Bullrich, que viene del PRO como Ritondo, de Andres y Santilli, pero no fue invitada a la nueva mesa, pese a que forma parte de la mesa política del gobierno y es quien mejor mide en la Ciudad.
Milei autorizó el amarre de un petrolero británico en Ushuaia, una decisión que genera polémica y cuestionamientos por su impacto sobre la soberanía y la causa Malvinas.
Por Bruno A. Monteverde para NLI
El Gobierno de Javier Milei acaba de quedar atrapado en una de esas contradicciones que ya no pueden explicarse como simples errores administrativos. Mientras la Argentina sostiene constitucionalmente que la recuperación del ejercicio pleno de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur constituye un objetivo permanente e irrenunciable, la administración nacional que interviene el puerto de Ushuaia autorizó allí el amarre y la operación de un buque petrolero de bandera británica, el VS Promise, en la capital de la provincia que incluye bajo su jurisdicción a los territorios australes usurpados por el Reino Unido.
La decisión provocó el inmediato repudio del Gobierno de Tierra del Fuego, que calificó la situación como “inadmisible” y exigió explicaciones públicas sobre los criterios políticos, estratégicos y administrativos que permitieron la operación. El reclamo adquiere una dimensión todavía mayor porque el Puerto de Ushuaia se encuentra actualmente bajo intervención de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, es decir, bajo una administración que depende directamente del Estado nacional. La misma Nación que decidió desplazar a la Provincia del manejo de una infraestructura estratégica del extremo austral es, por lo tanto, la que ahora debe explicar por qué habilitó el ingreso de una embarcación vinculada a la bandera de la potencia que ocupa las islas cuya soberanía reclama la Argentina.
Un puerto intervenido en nombre de la soberanía
Hay una contradicción política difícil de disimular. La intervención nacional del puerto fue presentada como una medida destinada a garantizar el funcionamiento de una terminal considerada estratégica para los intereses argentinos, ubicada en un punto fundamental del Atlántico Sur y vinculada directamente con la proyección hacia la Antártida. Sin embargo, meses después, esa administración nacional autorizó que un petrolero británico amarrara en Ushuaia, precisamente en un escenario geopolítico donde la soberanía argentina sobre el Atlántico Sur no es una cuestión simbólica sino un conflicto territorial reconocido internacionalmente.
La situación resulta todavía más llamativa porque la Provincia recordó la existencia de normas locales que restringen la permanencia, amarre, abastecimiento y operaciones logísticas de embarcaciones de bandera británica vinculadas con actividades relacionadas con los recursos naturales de Malvinas. Tierra del Fuego reclamó entonces que el Gobierno nacional explique bajo qué criterios se permitió la operación y cuestionó que una decisión de semejante sensibilidad estratégica haya sido tomada sin coordinación con las autoridades provinciales.
El problema no es, entonces, solamente que un barco haya llegado a un puerto argentino. El problema es qué representa ese barco, dónde fue autorizado a operar y quién tomó la decisión. Ushuaia no es un puerto cualquiera: es la ciudad más austral del país, capital de la provincia que constitucionalmente comprende a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, y constituye además una pieza fundamental de la presencia argentina en el Atlántico Sur y de su proyección antártica.
Malvinas no es una consigna para los actos oficiales
La Constitución Nacional no deja margen para interpretaciones caprichosas sobre la cuestión. La Disposición Transitoria Primera establece que la Nación Argentina ratifica su “legítima e imprescriptible soberanía” sobre Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y que la recuperación de esos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía constituyen un objetivo permanente e irrenunciable.
Por eso resulta insuficiente que el Gobierno de Milei ratifique formalmente el reclamo argentino durante un acto del 2 de abril si, en la administración concreta del territorio, de los puertos, de los recursos naturales y de la infraestructura estratégica del Atlántico Sur, aparecen decisiones que parecen subordinar esa cuestión a una lógica puramente comercial. En abril de este mismo año, Milei volvió a reivindicar públicamente la soberanía argentina sobre las islas y habló de fortalecer las capacidades de defensa nacionales. Pero cuatro meses después, la noticia que llega desde Ushuaia es que un petrolero británico pudo operar en el puerto bajo administración nacional.
La cuestión de fondo es precisamente esa distancia entre lo que se declara y lo que se hace. Defender Malvinas no consiste únicamente en pronunciar la palabra “soberanía” en un discurso presidencial, colocarla en un comunicado oficial o recordarla cada 2 de abril. Una política soberana implica también definir qué empresas, qué embarcaciones y qué intereses económicos participan en el desarrollo de los recursos estratégicos del Atlántico Sur, y hacerlo de acuerdo con una visión nacional de largo plazo.
El propio Estado argentino ha reconocido históricamente el carácter estratégico de esa región por sus recursos pesqueros e hidrocarburíferos, su posición geográfica, las rutas comerciales y su condición de plataforma natural hacia la Antártida. En consecuencia, convertir al Atlántico Sur en un simple espacio de negocios donde prevalece la conveniencia inmediata sobre la dimensión geopolítica significa, como mínimo, vaciar de contenido práctico la defensa de la soberanía.
El modelo Milei y una soberanía subordinada al negocio
La polémica del VS Promise vuelve a instalar una pregunta que el Gobierno debería responder sin consignas ni evasivas: ¿qué significa soberanía para Javier Milei? Porque si soberanía significa solamente reivindicar formalmente las islas mientras se flexibilizan las condiciones para que intereses vinculados al Reino Unido participen de actividades económicas en el extremo austral argentino, entonces estamos ante una concepción profundamente limitada de la defensa nacional.
Y allí aparece el problema político más profundo. La administración libertaria ha construido buena parte de su política exterior alrededor de una relación privilegiada con Estados Unidos y de una marcada cercanía ideológica con determinados sectores del mundo anglosajón. Esa orientación puede ser presentada como una elección diplomática, pero se vuelve problemática cuando comienza a chocar con intereses territoriales que la Argentina sostiene como política de Estado y no como patrimonio de un gobierno particular.
La propia legislación argentina creó mecanismos institucionales destinados a sostener una política de Estado sobre Malvinas y a generar consensos políticos y sociales para avanzar en el ejercicio pleno de la soberanía. El reclamo argentino, además, no depende de una interpretación partidaria: está incorporado a la Constitución y forma parte de una posición histórica sostenida por gobiernos democráticos de distinto signo político.
Por eso el episodio de Ushuaia merece algo más que una pelea circunstancial entre Nación y Provincia. Expone una concepción de país. De un lado está la idea de que el territorio, los puertos, los recursos naturales y el Atlántico Sur forman parte de una estrategia nacional que debe preservarse durante décadas. Del otro aparece una lógica en la que todo puede transformarse en una operación comercial mientras cumpla determinadas condiciones administrativas.
Y Malvinas no puede ser reducida a una cuestión administrativa. Tampoco puede convertirse en una variable secundaria frente a los negocios. Mucho menos puede sostenerse una política exterior que reivindique la soberanía argentina en los discursos mientras, en la práctica, habilita situaciones que generan el interrogante inevitable sobre cuánto pesa realmente esa soberanía a la hora de tomar decisiones.
El Gobierno de Tierra del Fuego pidió explicaciones y reclamó el fin de la intervención nacional sobre el puerto. También advirtió que la soberanía se ejerce “en todos los ámbitos posibles”, una definición que resume el núcleo de la controversia. Porque la soberanía no se defiende solamente frente a los organismos internacionales: se defiende en los puertos, en el mar, en los recursos naturales, en las decisiones económicas y en cada metro del territorio nacional.
El amarre del petrolero británico en Ushuaia deja así una imagen política difícil de ignorar: mientras una parte del territorio argentino permanece bajo ocupación británica y la Constitución ordena sostener como objetivo irrenunciable la recuperación de la soberanía, en la ciudad que mira hacia ese territorio una administración dependiente de la Casa Rosada permite operar a una embarcación vinculada al Reino Unido. Puede haber una explicación administrativa para la autorización, pero todavía falta la explicación política. Y esa explicación es la que Milei le debe al país, porque Malvinas no es una bandera que se levanta en los discursos: es una causa nacional que se defiende también cuando están en juego los intereses económicos del presente.
Este lunes se presenta en la ciudad de Buenos Aires y alrededores con cielo nublado y probabilidad de tormentas hacia la tarde y noche, vientos del sector este con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora y una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 15, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Para…
La Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Villa Regina informa que se da inicio a la entrega de semillas del Programa Pro Huerta correspondiente a la temporada primavera-verano 2021/2022. Los interesados pueden acercarse a la sede de la Secretaría, ubicada en Uspallata Sur 169, de lunes a viernes de 9 a 12 horas….
Karina Milei busca centralizar la organización de los actos del Papa León XIV y hay temor en Ciudad y Provincia porque quiere delegar las tareas en una persona sin experiencia. «Propuso hacer la misa en Tecnópolis, pero hay entran 200 mil personas y se esperan entre dos y cuatro millones», explicó un funcionario porteño.
Por el momento, la única actividad confirmada es la conferencia que León XIV dictará en la Universidad Católica, organizada por el Arzobispado de la Ciudad. El resto de su agenda aún no está cerrada.
El Teatro Colón y la cancha de River ya fueron descartados como sede de eventos, ya que la intención es que no haya limitaciones de espacio para recibir a los fieles. Tampoco se haría ninguna actividad en la 9 de Julio.
La Ciudad propuso el Monumento a los Españoles en Palermo, la sede de Fadea en Córdoba es la principal opción para la visita de León XIV a la Docta y la Basílica de Luján podría albergar el encuentro más importante, la misa.
«En el gobierno no quieren darle a la Provincia, y menos a un municipio kirchnerista, el evento más memorable de la recorrida del Papa. Pero objetivamente es el mejor lugar para una misa. En la esplanada de la basílica entran tranquilamente más de 2 millones de personas», le dijo a LPO un productor que fue consultado por Nación para trabajar en la organización de la agenda.
Nación tiene a cargo la seguridad del pontífice y por eso Monteoliva ya se reunió con las tres jurisdicciones que visitará León XIV. Del encuentro también participó la secretaria general de la Presidencia, que junto a su mano derecha, Mara Gorini, busca absorber tareas. Hay tensión porque ni la Ciudad, ni Córdoba ni la Provincia quieren dejar en manos de la hermana presidencial y sus colaboradores la organización de la visita.
Karina y Monteoliva durante la reunión con Ciudad, Provincia y Córdoba para organizar la logística de la visita papal.
«A las reuniones llevan a una tal Florencia que tiene como experiencia la organización de casamientos y bar mitzvah. Y le quieren delegar el armado de la logística. Acá estamos hablando de 30 o 40 canchas de River en simultáneo», graficó la fuente. Se calcula que todos los eventos podrían costar entre 15 y 20 millones de dólares.
Lo cierto es que Gorini armó Foggia junto con su pareja, Marcelo Dionisio, y formalmente se alejó cuando asumió como funcionaria. Conoce bien el mundo de la producción. Pero los antecedentes de Florencia, su ayudante, son inexistentes en eventos de gran escala.
Se especuló con que Foggia fuera la productora que manejara la visita del Papa, pero eso no sucederá. «Ellos no entran, pero van a ser los que negocien con los proveedores. Como hay poco tiempo va a salir por contratación directa y no por licitación, habrá que estar atentos», dijo una fuente del sector de la organización de espectáculos.
Los eventos tendrán tal magnitud que la visita del Papa posiblemente necesite el stock completo de pantallas y sonido que existen en la Argentina. «Para hacer los demorados que se instalan cada 50 metros para que la gente pueda ver y escuchar, tenés que traer por lo menos 80 pantallas», explicó a este sitio un ex productor.
El miércoles, Karina y Monteoliva se reunieron con Carlos Bianco, Manuel Blanco y Gabriel Sánchez Zinny, jefes de gabinete de Buenos Aires, Córdoba y la Ciudad.
«El operativo que hay que armar para la misa es enorme. Va a hacer mucho calor y vas a necesitar muchas postas de hidratación, hospital de campaña, kilómetros de vallado, seguridad. Y necesitás organizar que los fieles lleguen. Es algo demasiado grande para la gente de Karina», reflexionó el funcionario porteño.
A primera vista, la comparación parece difícil de explicar: algunos bonos emitidos por el Banco Central de Argentina ofrecen rendimientos inferiores a los de los títulos del Tesoro de Estados Unidos, considerados el activo de referencia para la deuda en dólares a nivel global. Sin embargo, detrás de esta aparente anomalía existen factores propios del mercado argentino que distorsionan la tradicional relación entre riesgo y retorno.
El caso más evidente aparece al observar la curva de los Bopreales, los títulos creados por el BCRA para atender obligaciones vinculadas con deuda comercial de importadores y dividendos pendientes de giro.
Mientras determinados instrumentos de corto plazo ofrecen rendimientos cercanos al 3,5%, los Treasuries estadounidenses pueden mostrar tasas superiores al 4%, pese a que el riesgo crediticio de Estados Unidos es sustancialmente menor.
Para Daniel Chodos, jefe de Investigación y socio en Dhalmore Capital, la explicación se encuentra principalmente en la demanda local. «Las restricciones cambiarias que todavía enfrentan las empresas hacen que los activos denominados en dólares mantengan una demanda local constante y, en cierta medida, cautiva, lo que tiende a comprimir sus rendimientos», señaló.
Riesgos políticos
A esto se suma la preferencia del mercado por instrumentos con vencimientos próximos. Los inversores parecen valorar especialmente aquellos títulos que vencen antes de las elecciones o de un eventual cambio de gobierno, debido a que son percibidos como menos expuestos a la incertidumbre política y económica.
La diferencia entre los rendimientos es significativa. El Bopreal 2027 rinde actualmente alrededor de 3,5%, frente al 7,8% del Bopreal 2028. Una dinámica similar aparece en los bonos soberanos: el AO27 ofrece cerca de 4,4%, mientras que el AO28 alcanza aproximadamente el 9%.
Tomás Ambrosetti, director de Guardian Capital, coincide en que la comparación directa con los bonos estadounidenses puede resultar engañosa. «Para alguien que ve los rendimientos de Bopreales y bonos del Tesoro de USA sin tener en cuenta el contexto puede llamar mucho la atención», sostuvo. Y agregó: «Argentina siempre tiene particularidades que sorprenden».
Más allá de lo financiero
El ejecutivo detalló que el Bopreal tiene además una característica que lo diferencia de un Treasury: no funciona exclusivamente como un instrumento financiero. Su diseño incorpora determinados usos regulatorios que generan demanda adicional.
«Tiene determinados usos y condiciones que no tiene un Treasury como, por ejemplo, el hecho de que el Bopreal puede utilizarse para cancelar impuestos y obligaciones aduaneras. Esto genera desde el inicio una demanda transaccional / regulatoria, no exclusivamente financiera», sostuvo Ambrosetti.
La estructura del mercado cambiario argentino agrega otra distorsión. Según el experto, los cepos que todavía afectan a determinadas empresas generan un universo de compradores y vendedores diferente al de un mercado financiero tradicional. En ese contexto, la demanda de dólares no responde únicamente a criterios de rentabilidad.
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