A partir de la declaración de la AIC de emergencia hídrica de las cuencas de los ríos Neuquén, Limay y Negro, la Secretaría de Obras y Servicios de la Municipalidad de Villa Regina lleva adelante distintos trabajos para mitigar las consecuencias que esta situación puede generar en la provisión de agua potable en la ciudad, con vistas a la temporada de verano.
Uno de estos trabajos consiste en el dragado en la boca toma de la planta de bombeo de la Avenida Juan XXIII para mejorar el nivel de captación de agua. El secretario de Obras y Servicios Francisco Lucero explicó que la tarea apunta a que “pueda ingresar mayor caudal a la toma donde están las bombas que impulsan el agua a la planta potabilizadora, de esta manera nos estamos adelantando a la situación que no sólo nosotros vamos a tener con la emergencia hídrica que se anunció desde la AIC”.
Por otro lado, se procedió a la instalación de una bomba para captar agua filtrada de un pozo existente en la planta de bombeo de Godoy, lo cual también tiene como objetivo mejorar el caudal.
Lucero aclaró que, más allá de estos trabajos, “será fundamental la colaboración de los vecinos en el uso racional del agua”.
El presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, dijo este miércoles que el oro de la Argentina fue enviado por el gobierno al BIS, el banco de bancos suizo, aunque el mercado cree que los lingotes siguen en Londres. Las declaraciones de Bausili para justificar la operación por la que fue denunciado en 2024, una maniobra cubierta de opacidad, desconcertaron a los agentes financieros porque la información disponible indicaba que esos recursos del país estaban en Gran Bretaña.
Para colmo, el funcionario creyó que podía ser didáctico y dijo que el traslado del oro argentino, por su mala calidad, era como el «dólar cara chica».
Durante su exposición ante los senadores para defender la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, explicó que los lingotes de oro argentinos se fundieron en las décadas del 60, 70, 80 y 90 y que su calidad varía según su antigüedad. «Dependiendo de cuándo se hizo eso, hay distintas calidades, hay calidades que son más o menos aceptables o tienen un costo», argumentó.
Bausili se entusiasmó con su exposición y quiso ejemplificar ante los legisladores del plenario de comisiones de Economía e Inversión y Presupuesto y Hacienda. «Acá pasa con el dólar: el dólar cara chica o el dólar cara grande tienen un costo o una penalidad», dijo para comparar con el oro.
La explicación del ex socio del ministro Luis Toto Caputo se produjo ante la pregunta de la peronista Juliana di Tullio, que recordó que presentó un pedido de acceso a la información pública hace dos años sin que el gobierno se lo respondiera. «Ustedes hace dos años y dos meses que no me contestan qué carajo hicieron con las 13 toneladas de oro», expresó, y le exigió a Bausili: «Quiero que me diga a mí y, a través mío, a los bonaerenses qué hicieron con las 13 toneladas de oro. ¿Dónde están? ¿Qué hicieron con eso y para qué se lo llevaron?».
El presidente del BCRA pretendió que «cuando un participante del mercado financiero, como el Banco Central, expone sus posiciones financieras, está invitando al resto de los agentes financieros a operar en contra de esos intereses». «Hay cierta información que se resguarda del mercado para que no le estén operando constantemente en contra», justificó, y agregó que «se publica con un rezago, porque como todas las entidades públicas, están sujetos a los controles».
Bausili sostuvo también que la información de la entidad que preside está sujeta «al control parlamentario» y «está auditada». «Están los informes de auditoría, todos los movimientos del oro están documentados y están registrados», contestó.
Sobre su curiosa comparación de los lingotes de oro con los «dólares cara chica», dijo que «de tanto en tanto, en el mercado de oro mundial, cuando hay más escasez o menos escasez, ese costo se achica o se agranda». «A nosotros se nos dio la circunstancia a principios de 2024 de que había alta demanda por lingotes de oro en el mercado de oro y, en ese contexto, se bajaron los costos asociados con la aceptación de lingotes viejos, de calidad más dudosa, más cuestionable o más difícil de analizar», explicó, y añadió: «entonces tomamos una oportunidad, era óptimo en la administración de las reservas del BCRA aprovechar esa oportunidad y convertir esos oros de calidad más baja en oro de calidad más alta, así que se trasladó y se depositó en el BIS, que es donde sigue estando».
Su respuesta enervó a la oposición. Di Tullio volvió sobre el asunto tras la exposición del funcionario porque «no hay trazabilidad sobre lo que hicieron», y apuntó que lo dice la Auditoría General de la Nación, pese a que Bausili había dicho que la AGN lo había auditado. «De hecho hay un diputado nacional que llegó a la Corte Suprema para preguntar qué hizo usted con el oro», planteó la senadora en referencia a la acción judicial tramitada por Sergio Palazzo en 2024.
Ustedes hace dos años y dos meses que no me contestan qué carajo hicieron con las 13 toneladas de oro.
La presentación de Bausili esconde un problema mayor. Como Javier Milei quiso embanderarse con la causa de la soberanía argentina en Malvinas, complicó las relaciones con Gran Bretañoa y el titular del BCRA tuvo que salir a decir que los lingotes de oro están en Basilea, en lugar de admitir que están en Londres.
Un ejecutivo de uno de los bancos más importantes dijo a LPO que «en las operaciones de gold swap (canje de oro por divisas) entre un banco central y el Banco de Pagos Internacionales (BIS), el oro físico nunca se traslada a bóvedas propias del BIS, sino que permanece inmovilizado bajo custodia en las bovedas del Bank of England». «Londres es el epicentro mundial de la compensación de oro institucional bajo los estándares de la London Bullion Market Association (LBMA) y el BIS mantiene cuentas soberanas dentro del BoE», remarcó.
El especialista indicó que «en menor medida, se utilizan la Reserva Federal de Nueva York (FRBNY) porque es susceptible de ser embargado». Pero precisó que «cuando el BCRA llevó los lingotes a Londres en 2024, la operación de swap no implicó movimiento físico de lingotes», y aclaró que el mecanismo establecido es de «un traspaso contable (book-entry transfer o locational swap) desde la cuenta asignada (allocated account) del banco central hacia la cuenta del BIS dentro de la misma bóveda del BoE».
«Cuando los lingotes estaban en las bóvedas locales de la calle Reconquista, el oro no sirve como colateral inmediato. Históricamente (como ha ocurrido en diversas operaciones en América Latina en las últimas décadas), el banco central primero debe fletar físicamente los lingotes hacia Londres, someterlos a un proceso de refinación o certificación para que cumplan con el estándar Good Delivery de la LBMA, e ingresarlos al BoE. Recién una vez acreditados en Londres, se ejecuta el swap contable con el BIS», aclaró.
El banco central primero debe fletar físicamente los lingotes hacia Londres, someterlos a un proceso de refinación o certificación para que cumplan con el estándar Good Delivery de la LBMA, e ingresarlos al BoE. Recién una vez acreditados en Londres, se ejecuta el swap contable con el BIS.
El senador Fernando Salino también cuestionó a Bausili, cuando opinó que la conducta para sacar el oro del BCRA era «especulativa». «Quiero preguntar si está entre sus atribuciones legales este tipo de especulación aprovechando una oportunidad», planteó.
Salino formuló la hipótesis contraria a la de Bausili. «Supongamos que, de golpe, recuperan uno de los dos (tipos de dólares) su valor, la Argentina habría tomado una decisión grave y errónea», fue el razonamiento del peronista puntano.
Más allá de la presentación del funcionario, el oficialismo obtuvo dictamen de mayoría sobre el proyecto de reforma de la Carta Orgánica sin sobresaltos.
La iniciativa aprobada propone destinar un 1% de las vacantes de la administración pública a personas travestis o trans o transgénero. El Senado de la Nación convirtió ayer en ley el proyecto de inclusión laboral para la población trans, travesti y transgénero, durante una sesión en la que oficialismo y oposición respaldaron la propuesta de…
El RA-10, proyecto iniciado en 2010 durante el gobierno de Cristina Kirchner, entra en su etapa final y podría transformar la producción argentina de radioisótopos para medicina nuclear.
Por Ignacia Fratelint para NLI
Un proyecto científico que comenzó hace 16 años, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, está entrando finalmente en su etapa decisiva. El Reactor Argentino Multipropósito RA-10, una de las mayores apuestas tecnológicas de la historia reciente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), alcanzó un 96% de avance en su montaje y el Gobierno confirmó que antes de fin de 2026 comenzará el proceso de puesta en marcha, con el objetivo de completarlo durante los primeros meses de 2027. Detrás de esa obra hay una infraestructura destinada a producir radioisótopos para medicina nuclear, desarrollar tecnología para la industria y la ciencia y, potencialmente, convertir a la Argentina en uno de los principales proveedores internacionales de estos insumos estratégicos.
El dato político y temporal es importante porque el RA-10 no nació durante la actual administración ni fue concebido como respuesta a una necesidad coyuntural. El proyecto comenzó en 2010, cuando la CNEA inició el diseño de un nuevo reactor multipropósito destinado fundamentalmente a ampliar la producción nacional de radioisótopos. En aquel momento gobernaba Cristina Fernández de Kirchner y la Argentina atravesaba una etapa de fuerte impulso a la ciencia, la tecnología y el desarrollo de capacidades nucleares nacionales. Cuatro años después, en 2014, la Autoridad Regulatoria Nuclear otorgó la licencia de construcción y en marzo de 2016 comenzó la obra civil en el Centro Atómico Ezeiza.
Lo que está ocurriendo ahora, por lo tanto, es el cierre de un ciclo iniciado mucho antes. El reactor atravesó diferentes administraciones, etapas presupuestarias, modificaciones y períodos de distinto ritmo de ejecución hasta llegar al estado actual, en el que la obra civil ya está terminada y se realizan los ensayos preoperacionales necesarios para comprobar que todos sus sistemas funcionen de acuerdo con los parámetros previstos. La propia CNEA informa que el diseño demandó más de un millón de horas-hombre y más de 10.000 documentos técnicos, una dimensión que permite comprender que no se trata simplemente de levantar una construcción, sino de desarrollar y ensamblar una infraestructura tecnológica extremadamente compleja.
De un proyecto de 2010 a una herramienta contra la dependencia sanitaria
El RA-10 no es una central eléctrica. Es un reactor multipropósito de investigación y producción de 30 megavatios, diseñado para aprovechar los neutrones generados por la fisión nuclear en aplicaciones médicas, científicas e industriales. Una de sus funciones centrales será fabricar radioisótopos utilizados en medicina nuclear, entre ellos molibdeno-99, del que se obtiene tecnecio-99m, ampliamente utilizado para realizar estudios de diagnóstico por imágenes. También producirá lutecio-177, utilizado en terapias oncológicas dirigidas, e iridio-192, empleado tanto en medicina como en aplicaciones industriales.
La importancia de esta capacidad aparece con claridad cuando se observa cómo funciona actualmente el mercado internacional. La propia documentación de la CNEA señala que la provisión mundial de molibdeno-99 está fuertemente concentrada y que cinco empresas dominan más del 80% de la producción, mientras buena parte de los reactores utilizados para obtenerlo tienen más de tres décadas de operación. Las fallas y paradas de esas instalaciones pueden generar episodios de escasez que afectan directamente a los sistemas de salud que dependen de estos radioisótopos. Argentina logró históricamente sostener su abastecimiento mediante el reactor RA-3 de Ezeiza, pero ese reactor ya tiene más de 40 años, de modo que el RA-10 fue concebido precisamente para garantizar y ampliar esa capacidad en el futuro.
Ahí aparece una de las dimensiones menos visibles del proyecto: la soberanía sanitaria también depende de capacidades tecnológicas que casi nunca aparecen en las discusiones cotidianas sobre salud pública. Un hospital puede contar con médicos especializados y equipos de diagnóstico de última generación, pero determinados procedimientos requieren radioisótopos cuya producción depende de instalaciones nucleares altamente sofisticadas. Tener la posibilidad de producirlos localmente significa reducir la vulnerabilidad frente a interrupciones internacionales y, al mismo tiempo, construir una capacidad científica que puede proyectarse hacia otros países.
Las cifras proyectadas son particularmente importantes. El RA-10 podrá producir hasta 3.000 curies de molibdeno-99 por semana, una cantidad que la CNEA estima equivalente a aproximadamente una cuarta parte de la demanda mundial; también tendrá capacidad para producir hasta 6.000 curies mensuales de lutecio-177 y hasta 20.000 curies mensuales de iridio-192 medicinal. La capacidad prevista supera las necesidades internas proyectadas, por lo que el reactor fue pensado desde su origen no solamente como una herramienta para garantizar el abastecimiento argentino, sino también como una plataforma capaz de exportar productos de alto valor tecnológico.
La etapa que falta y el debate sobre la inversión privada
El anuncio realizado esta semana introduce, sin embargo, una nueva discusión. El Gobierno confirmó que la puesta en marcha del reactor comenzará antes de fin de año, pero también explicó que para transformar la producción del RA-10 en una actividad comercial a gran escala será necesaria una planta asociada destinada a procesar los materiales irradiados y obtener los radioisótopos. Para financiar su construcción y desarrollar las actividades productivas y comerciales vinculadas con ella, la Secretaría de Asuntos Nucleares anunció un esquema que permitirá incorporar capital privado. El Estado conservará la conducción de la política nuclear y las funciones regulatorias, de seguridad y fiscalización.
Es precisamente allí donde aparece una cuestión que merece discusión más allá de las posiciones políticas coyunturales. El RA-10 es producto de una acumulación de conocimiento científico y tecnológico desarrollada durante décadas por instituciones públicas, particularmente la CNEA, y cuenta además con la participación de INVAP en la gestión y los servicios especializados de ingeniería. Que una empresa privada participe posteriormente en la explotación comercial no borra ese origen, pero sí obliga a preguntarse de qué manera se distribuirá el valor generado por una tecnología que fue concebida, investigada y desarrollada con una fuerte participación estatal. La cuestión no es menor si el reactor efectivamente logra posicionar a la Argentina en un mercado internacional de altas barreras tecnológicas.
La propia historia del proyecto ofrece, además, una respuesta frente a la idea de que las políticas científicas pueden medirse únicamente por resultados inmediatos. Desde el comienzo del RA-10 hasta su puesta en marcha habrán transcurrido alrededor de 17 años, atravesados por distintos gobiernos, ciclos económicos y decisiones presupuestarias. La construcción de capacidades estratégicas requiere precisamente esa mirada de largo plazo: un reactor nuclear no se diseña ni se construye en cuatro años, y tampoco se puede reemplazar de manera rápida el conocimiento acumulado por equipos científicos, ingenieros, técnicos y trabajadores especializados. El RA-10 es, en ese sentido, también una muestra de cuánto tiempo puede demandar convertir una decisión de política científica en una infraestructura operativa.
El reactor tampoco se limitará a la medicina. Entre sus capacidades figura la producción de silicio dopado mediante transmutación neutrónica, un insumo utilizado para fabricar semiconductores de alta potencia destinados a sistemas eléctricos, transporte, energías renovables y otras aplicaciones industriales. También podrá realizar irradiación y ensayos de materiales y análisis por activación neutrónica para investigación y desarrollo. Es decir, detrás de los radioisótopos que pueden terminar en un hospital existe una plataforma tecnológica mucho más amplia, capaz de vincular salud, industria, ciencia y formación de profesionales.
El RA-10 llega así a su última etapa con una historia que permite mirar mucho más allá del anuncio de su futura inauguración. Fue concebido en 2010, comenzó a construirse en 2016 y ahora, en 2026, está a las puertas de su puesta en marcha, después de atravesar más de una década y media de desarrollo. La actual administración puede reivindicar haber llevado el proyecto hasta su fase final y tiene por delante la responsabilidad de ponerlo efectivamente en funcionamiento, pero la tecnología que está a punto de comenzar a operar pertenece a una trayectoria mucho más larga, en la que participaron sucesivos gobiernos, científicos, técnicos e instituciones del Estado argentino.
Si todo el proceso culmina como está previsto, la Argentina tendrá una nueva herramienta para producir medicamentos e insumos esenciales para la medicina nuclear, reducir su dependencia de proveedores externos, abastecer a sus hospitales y competir en un mercado internacional de altísima especialización. Esa posibilidad es, quizás, la dimensión más importante de una obra que durante años permaneció lejos de los grandes titulares. El reactor que comenzó a pensarse durante el gobierno de Cristina Kirchner está finalmente a punto de entrar en servicio, y su verdadero resultado no se medirá solamente por la inauguración de una instalación científica, sino por la capacidad de transformar ese conocimiento acumulado en salud, tecnología, industria y soberanía para las próximas décadas.
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