Obras realizadas en la ciudad

Se realizó la apertura de sobres de la Licitación Pública N° 01/ 2022 correspondiente a la remodelación de la Terminal de Ómnibus de la ciudad.La única empresa oferente IPE Neuquén S.A., presentó una propuesta económica de 467.649.199,92 pesos. También hizo una propuesta alternativa por un monto de 127.024.763,88 pesos.La obra tiene un plazo de ejecución…

Todo arrancó con una jugada muy calculada dentro del mundo fabril. Martín Rappallini le reclamó una reunión urgente al ministro Toto Caputo e hizo circular en grupos empresarios un texto explosivo titulado «¡RIGI Industrial ya!», donde cuestionaba abiertamente el rumbo económico de Javier Milei y reclamaba beneficios especiales para la industria tradicional.

La versión que se difundió internamente era durísima. Hablaba de «caída de ventas», «fuerte presión sobre márgenes» y pedía políticas sectoriales para evitar el deterioro industrial. Pero además contenía una frase especialmente sensible para el Gobierno: «Hoy gran parte de la industria argentina está financiando el Estado, jubilaciones y educación». 

Según reveló el periodista Leandro Renau, el texto atacaba además uno de los núcleos discursivos del mileísmo. Rappallini sostenía que el Gobierno había terminado aceptando, con el «Súper RIGI», algo que durante años negó: que ningún sector compite globalmente sin protección, incentivos y condiciones especiales. Y a partir de ahí planteaba la tesis central de su ofensiva: si el Estado reconoce que ciertos sectores necesitan beneficios extraordinarios, entonces la industria tradicional también debe recibirlos.

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La circulación no fue accidental. El propio Rappallini lo mandó a grupos de Whatsapp empresarios y al foro «Info Industrial», donde participan cientos de industriales de todo el país. Buscaba generar clima interno y mostrar volumen político. Las respuestas fueron de entusiasmo. Muchos empresarios sintieron que, finalmente, la conducción de la UIA decía públicamente lo que buena parte del sector venía discutiendo en privado desde hacía meses.

Mientras Rappallini endurecía el discurso usando a toda la industria como argumento, el Gobierno buscaba contenerlo con beneficios concretos para su propio grupo empresario. La minera de su familia consiguió un RIGI justo cuando el jefe de la UIA decidió moderar un comunicado durísimo contra Milei y Caputo.

Pero pocas horas después apareció otro movimiento. El texto finalmente publicado ya no era el mismo. Conservaba el planteo general del «RIGI industrial», pero habían desaparecido buena parte de las frases más agresivas y del tono confrontativo. Las referencias más explosivas sobre la industria financiando al Estado, el costo de la apertura y el deterioro de los sectores transables quedaron suavizadas o directamente borradas.

Ahí aparece la maniobra completa. Primero circuló una versión incendiaria como mensaje al Gobierno. Después vino la moderación pública. El mensaje pasó de una denuncia frontal sobre el desastre que el modelo de Milei y Caputo causa a la industria argentina a un texto negociado. En el medio, Rappallini consiguió un RIGI para su minera. Un extraordinario beneficio que Toto Caputo maneja a discreción.

Rappallini es considerado dentro de la UIA como un dirigente alineado históricamente con Paolo Rocca. El líder de Techint viene escalando su tensión con Milei, lo que achica el margen de Rappallini para hacer el oficialismo blue que hizo etos casi tres años de Milei en los que desaparecieron miles de fábricas, ante la tibieza de la UIA.

Rocca viene denuncinando la apertura indiscriminada de importaciones y la inclinación del Gobierno por favorecer negocios extractivos mientras expone a la industria tradicional a una apertura comercial sin flitros.

Pero mientras Rappallini endurecía el discurso usando a toda la industria como argumento, el Gobierno buscaba contenerlo con beneficios concretos para su propio grupo empresario.

En efecto, la empresa vinculada a la familia Rappallini consiguió ingresar al esquema de beneficios del RIGI. Y eso cambió completamente la lectura interna de la secuencia. Porque muchos industriales interpretaron que el presidente de la UIA utilizó el malestar genuino del sector como herramienta de presión para negociar ventajas específicas para sí mismo.

«Ahora con Rappallini calmado seguro que se termina concretando la reunión con Toto Caputo, que imagino no pasará del algunos reclamos para la tribuna», afirmó resignado un industrial, en diálogo con LPO.

Luis Caputo insiste en que el «riesgo kuka» vale cero y que las chances de un regreso del peronismo son prácticamente inexistentes. Sin embargo, en Wall Street ya empezaron a ponerle precio a otro escenario. Los seguros contra default de la deuda argentina muestran una diferencia cada vez más marcada entre las coberturas que vencen antes y después de las elecciones presidenciales de 2027, una señal de que el mercado empieza a cubrirse frente a un eventual cambio político o, incluso, frente a las dudas sobre la propia sustentabilidad del programa económico actual.

Los credit default swaps (CDS), los seguros que se utilizan para cubrirse ante un incumplimiento de deuda, se transformaron en uno de los principales termómetros de la incertidumbre financiera argentina. Aunque la referencia más utilizada es el CDS a cinco años, en el mercado comenzaron a mirar con especial atención la diferencia entre los contratos a uno y dos años, porque permiten medir específicamente el riesgo asociado al período electoral.

Actualmente, el spread entre ambas coberturas supera los 270 puntos básicos. Mientras el seguro a un año opera en torno a los 238 puntos básicos, el CDS a dos años salta a 509 puntos. En términos simples, los inversores pagan más del doble para cubrirse frente a un evento de default posterior a las elecciones presidenciales.

La diferencia es particularmente llamativa porque en otros países ese tipo de spreads suele ubicarse entre 20 y 60 puntos básicos. En Argentina, en cambio, la curva financiera empieza a mostrar un quiebre cada vez más pronunciado justamente a partir del horizonte electoral de 2027.

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En el mercado reconocen que esa lógica ya empezó a reflejarse también en los bonos soberanos. Los títulos más largos, cuyos vencimientos quedan por fuera del actual mandato presidencial, vienen ofreciendo tasas sensiblemente más altas que aquellos que vencen antes de las elecciones. Esa diferencia de rendimientos funciona como una «prima política» que el mercado exige para asumir el riesgo de largo plazo.

El consultor financiero Javier Peralta viene advirtiendo que bonos como los AL30 y GD30 muestran una mayor volatilidad justamente porque quedan expuestos al escenario posterior a 2027. «El mercado está empezando a ponerle precio al riesgo político de largo plazo», explica. Según detalla, el diferencial de tasas entre bonos que vencen antes y después de las elecciones ronda actualmente el 3 por ciento, una cifra que en términos financieros equivale a unos 300 puntos básicos y que, en la práctica, convalida la misma señal que muestran hoy los CDS.

Peralta sostiene que ahí aparece el negocio para los inversores más agresivos: asumir hoy un mayor nivel de incertidumbre a cambio de capturar rendimientos más elevados si el escenario termina estabilizándose y la deuda efectivamente se paga. Pero detrás de esa apuesta también aparece una señal incómoda para el Gobierno: el mercado ya no da por garantizada la continuidad sin sobresaltos del actual esquema económico.

Sin embargo, algunos economistas sostienen que la lectura de los CDS no necesariamente implica que los inversores estén apostando únicamente a una derrota electoral del oficialismo. Desde el Centro Cultural de la Cooperación advierten que el problema también puede ser la propia sustentabilidad financiera del modelo económico de Javier Milei, incluso en un escenario donde el Presidente logre sostener el poder más allá de 2027.

«El mercado parece asumir que el esquema puede llegar relativamente estable hasta las elecciones, pero no necesariamente que sea sostenible en el largo plazo», señalan desde el CCC. Según esa mirada, la curva de los seguros contra default no sólo refleja dudas políticas, sino también crecientes interrogantes sobre la capacidad futura de acumular reservas y sostener los pagos de deuda.

El mercado parece asumir que el esquema puede llegar relativamente estable hasta las elecciones, pero no necesariamente que sea sostenible en el largo plazo

En ese marco, sostienen que el mercado empieza a mostrar dudas sobre la consistencia financiera del programa económico en el mediano plazo. «Persisten interrogantes sobre cómo el Gobierno sostendrá en los próximos años los pagos de deuda, la necesidad de dólares y el creciente peso de los compromisos financieros». Según esa mirada, la suba de los seguros contra default refleja justamente esa incertidumbre estructural que empieza a filtrarse en los precios de mercado.

A eso se suma otro dato que empieza a generar ruido entre operadores y analistas: incluso en plena liquidación del agro, momento donde históricamente ingresan más divisas, las reservas muestran un comportamiento prácticamente estancado. Parte de los dólares que compra el Banco Central vuelven rápidamente a salir por otros canales, ya sea vía pagos financieros o formación de activos externos.

En definitiva, detrás del discurso oficial sobre la «confianza de los mercados», empieza a aparecer una señal bastante menos cómoda para el Gobierno. Los inversores todavía acompañan el esquema económico de Milei, pero cada vez pagan más caro cubrirse para el período posterior a las elecciones. El mensaje de fondo es claro: el mercado puede creer que el modelo llega a 2027, pero ya no muestra la misma certeza sobre lo que ocurre después. Y en Wall Street, cuando empiezan a subir los seguros contra default, es porque alguien ya empezó a desconfiar del relato de estabilidad eterna que intenta vender Caputo.