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Obras realizadas en la ciudad

Desde la Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad, en la semana del 7 al 11 de febrero, se llevaron a cabo los siguientes trabajos:

📍Se repararon 200 luminarias en distintos puntos de la ciudad y se realizaron cambio de las mismas, de sodio a tecnología LED en Calle 25 de Mayo.

📍Dentro de las tareas de remodelación en Plaza Belgrano, se están construyendo bancos en el Corralón Municipal, que luego serán trasladados.

📍Se trabajó en el tapado de baches con cemento calcáreo en: Avenida Mitre, calle Almirante Brown, calle rural Dino Gaspari (km de Kaulum) y calle Pampa.

📍Además, se acondicionó para el bacheo con asfalto caliente, la calle Onas, el puente de Pioneros y Arroyo del Salado y Avenida Cipolletti esquina Juan XXIII.

📍Se reparó el puente de la calle rural N° 18.

📍Se construyó el contrapiso para bomba de agua en el edificio de Obras Públicas.

📍Se colocó el cartel de obra en construcción, del puesto policial en Barrio Mitre.

📍Se reparó vereda en Barrio Padre Gardín por rotura de caño.

📍Se realizaron tareas de limpieza en bocas de tormenta de distintos puntos de la localidad, en conjunto con el departamento de Defensa Civil.

📍Se avanzó con el recambio de parrillas en la Isla 58.

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    «Roza con lo ignaro y lo obsoleto, además de que, a prima facie, retrocede más de medio siglo en la evolución histórica profesional de la provincia», dijo el titular del colegio profesional, Luis Eusebio Colao.

    Y agregó que la iniciativa «busca equiparar a un profesional universitario con cualquier entusiasta en la materia, bajo una supuesta premisa desregulatoria».

    El proyecto al que se alude es promovido por los nueve diputados provinciales alineados a Sebastián Pareja y, entre los puntos más salientes, plantea que «la intermediación, corretaje y conclusión de contratos de compraventa de inmuebles podrá ser ejercida libremente por personas humanas y jurídicas no matriculadas».

    También, establece el «libre pacto entre partes». Así, en ese bosquejo los libertarios detallaron que la ley tiene por objeto «desregular el mercado inmobiliario en la provincia mediante la eliminación de restricciones al ejercicio de la intermediación».

    Desregulación inmobiliaria: Quién es el principal impulsor cercano a Sturzenegger

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    El tema ya desata una discusión de alto voltaje en el plano político bonaerense. Semanas atrás, Sergio Massa visitó el Colegio de Martilleros provincial para expresar su apoyo a la entidad ante una eventual embestida desregulatoria inminente.

    Ahí, el líder del Frente Renovador defendió la «necesidad e importancia del rol de los Colegios Profesionales como protección y contención frente a las múltiples modalidades de estafas inmobiliarias que podrían proliferar sin el control de la matricula existente».

    Sergio Massa apoyó al Colegio de Martilleros de PBA en su rechazo al intento libertario por desregular la actividad.

    Poco después de esa visita de Massa, se filtró el texto de los diputados de Pareja en la Cámara baja bonaerense que proyecta la eliminación de sanciones para quienes participen en operaciones inmobiliarias sin título habilitante. Hoy, la legislación vigente estipula multas que pueden llegar al doble de los honorarios.

    «La tentativa de estos nueve legisladores, de los veinte que integran el bloque de La Libertad Avanza bonaerense, es esconder, a través del enmarañado proyecto, la equiparación de los profesionales universitarios con cualquier persona humana o jurídica no matriculada», dijo Colao.

    Los martilleros pusieron de relieve el dato político de los firmantes de la iniciativa que, por lo pronto, solo tendría el impulso de los diputados que integran el núcleo duro del karinismo en la Legislatura, con el platense Juan Esteban Osaba a la cabeza.

     La tentativa de estos nueve legisladores, de los veinte que integran el bloque de La Libertad Avanza bonaerense, es esconder, a través del enmarañado proyecto, la equiparación de los profesionales universitarios con cualquier persona humana o jurídica no matriculada 

    «Con inusitado desparpajo modifican el Art. 80 de las infracciones con el siguiente texto: ‘Queda excluida de las infracciones y multas previstas en el presente artículo toda persona que intervenga en la compraventa de inmuebles sin poseer título de martillero o corredor público’. Dicha modificación no solo equipara la ilegalidad, sino que además la despenaliza», advirtió Colao.

    Al acusar que ese proyecto «legaliza la ilegalidad y se abre la puerta al reino de las estafas», el titular de Martilleros PBA acusó un intento de «vulnerar, caprichosamente, la dedicación y el esfuerzo de cientos de personas que estudiaron una carrera y se perfeccionan con cursos y talleres para brindar un mejor servicio».

    Así, sostuvo que la iniciativa «precariza o podría terminar definitivamente con las fuentes de trabajo de más de 200 mil familias que laboran de modo directo e indirecto en el mercado inmobiliario de la provincia».

     

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     A las pocas horas de que la Municipalidad adjudique la obra por más de $12.600 millones para la construcción de un parque acuático en la Costanera Norte de Rosario, la Justicia ordenó la suspensión de la obra a partir de la presentación impulsada por el bloque que lidera Juan Monteverde.

    La resolución dispuso una medida precautelar que suspende el Decreto 715/26 y todos los actos administrativos hasta que se defina qué juzgado será competente para tramitar las distintas demandas contra la iniciativa.

    La decisión representa un revés para el intendente que venía de superar el principal obstáculo político que enfrentaba el proyecto. La semana pasada, el peronismo y Ciudad Futura habían intentado convocar una sesión especial en el Concejo Municipal para suspender la obra, pero el intento fracasó por falta de quórum. La Libertad Avanza decidió no bajar al recinto y evitó quedar alineada con la estrategia opositora de Monteverde.

    Pablo Javkin y María Eugenia Schmuck, presidenta del Concejo Municipal 

    Tras ese revés político, el municipio avanzó con la adjudicación de la obra a la unión transitoria de empresas integrada por Obring S.A. y Depaoli & Trosce Constructora. En el Palacio de los Leones consideraban que el proyecto había logrado superar la etapa más conflictiva y que sólo restaba el inicio de los trabajos.

    Sin embargo, la disputa se trasladó a los tribunales. Ciudad Futura presentó un recurso de amparo cuestionando la legalidad del proceso y reclamando la suspensión de la licitación. En paralelo, los libertarios encabezados por Juan Pedro Aleart también impulsaron una acción judicial propia, aunque por carriles distintos.

    El juez destacó en su resolución que actualmente existen al menos cuatro expedientes judiciales distintos que cuestionan el mismo proyecto con un denominador común: anular el decreto y el proceso licitatorio.

    Entre los principales cuestionamientos aparece la presunta omisión de un «Plan de Detalle» debería ser aprobada previamente por el Concejo Municipal para habilitar una intervención de estas características sobre un área de reserva de la costa rosarina. También se objeta el impacto sobre el espacio público y la eventual privatización de sectores del borde ribereño.

    El magistrado consideró que existe riesgo de que la discusión judicial se vuelva abstracta si las obras continúan avanzando mientras se resuelve la disputa de competencia entre juzgados. Según señaló, ya se habían iniciado tareas en el predio y la adjudicación de la obra se encontraba formalmente concretada, lo que justificaba adoptar una medida urgente para evitar eventuales daños irreversibles.

    Render del proyecto original que luego fue modificado por las críticas opositoras

    A pesar de ello, el juez se declaró incompetente para definir en el amparo de Monteverde, pero consideró que todas las causas deberían acumularse en un mismo expediente explicando que todo nacen de un único hecho generador: el decreto y adjudicación del Parque.

    Como el titular del Juzgado de la 7ma Nominación rechazó hacerse cargo del expediente, el conflicto será ahora resuelto por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario, que deberá determinar qué juzgado continuará con el trámite.

    Hasta que eso ocurra, la medida precautelar seguirá vigente y mantendrá suspendido el decreto de Javkin y lo que la oposición no logró conseguir en el Concejo Municipal lo hizo en tribunales.

     

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