Desde la Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad, en la semana del 7 al 11 de febrero, se llevaron a cabo los siguientes trabajos:
Se repararon 200 luminarias en distintos puntos de la ciudad y se realizaron cambio de las mismas, de sodio a tecnología LED en Calle 25 de Mayo.
Dentro de las tareas de remodelación en Plaza Belgrano, se están construyendo bancos en el Corralón Municipal, que luego serán trasladados.
Se trabajó en el tapado de baches con cemento calcáreo en: Avenida Mitre, calle Almirante Brown, calle rural Dino Gaspari (km de Kaulum) y calle Pampa.
Además, se acondicionó para el bacheo con asfalto caliente, la calle Onas, el puente de Pioneros y Arroyo del Salado y Avenida Cipolletti esquina Juan XXIII.
Se reparó el puente de la calle rural N° 18.
Se construyó el contrapiso para bomba de agua en el edificio de Obras Públicas.
Se colocó el cartel de obra en construcción, del puesto policial en Barrio Mitre.
Se reparó vereda en Barrio Padre Gardín por rotura de caño.
Se realizaron tareas de limpieza en bocas de tormenta de distintos puntos de la localidad, en conjunto con el departamento de Defensa Civil.
Se avanzó con el recambio de parrillas en la Isla 58.
El río Negro está revuelto y los pescadores ya están en la costa eligiendo la carnada. Lectura del escenario político reginense de cara a las elecciones 2023, DESTITUIR ES UNA DECISIÓN POLÍTICA Como había anticipado no se dio lugar a la procedencia del #JuicioPolítico al intendente Orazi. Sin que le suelten la mano desde provincia…
53 personas se capacitan en diferentes oficios a través de los cursos que brinda el Instituto Crecer. Esto es posible a partir del convenio que en marzo pasado firmó el Intendente Marcelo Orazi con la institución que contempla el otorgamiento de becas para capacitaciones destinadas a personas en situación de vulnerabilidad y la posibilidad de…
Desde que vencieron en 2025 las exenciones impositivas previstas por la Ley de Energías Renovables, hay municipios que avanzan en un esquema destinado a cobrarle tributos locales a los parques eólicos, algo que ya genera tensiones con empresas y opositores, que denuncian un «impuesto al viento».
En Olavarría, donde existen tres parques eólicos y se está construyendo un cuarto, el intendente camporista Maximiliano Wesner mandó un proyecto para crear una tasa de seguridad e higiene destinada a esos predios y que fijaría un valor de USD 5.200 por aerogenerador por año.
Recién está teniendo tratamiento en las comisiones internas del deliberativo y, más allá del rechazo de todos los bloques opositores, se espera que la iniciativa salga a partir de la mayoría propia con la que cuenta el Ejecutivo local en el Concejo.
El proyecto ya genera resistencia de las empresas que acusan «inconstitucionalidad» y aseguran que los municipios no tienen potestad sobre actividades reguladas a escala nacional.
El proyecto del intendente fijaría una tasa de USD 5.200 por aerogenerador por año.
También, citan como antecedente el caso de Puerto Madryn, donde las empresas a cargo de los parques eólicos consiguieron un fallo favorable en la Justicia para no pagar un tributo de similares características al que intenta aprobar Wesner.
«Más impuestos representa menos inversiones», acusó la concejal del Partido Libertario Adela Casamayor, que adelantó su rechazo a la iniciativa, lo mismo que el resto de los bloques opositores. Sin embargo,el oficialismo tiene la mitad del recinto y la presidencia, suficiente para que el proyecto pueda avanzar.
En las empresas dicen que, por las variaciones propias del viento, la generación concreta es mucho más reducida que la potencia instalada, razón por la que ya lanzan advertencias sobre la rentabilidad de sus proyectos con este tributo.
El Parque Eólico Vientos de Olavarría que controla Ternium
La ley 27.191 de energías renovables en su artículo 17 establece que el acceso y la utilización de las fuentes renovables de energía «no estarán gravados o alcanzados por ningún tipo de tributo específico, canon o regalías, sean nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 31 de diciembre de 2025».
Vencido ese plazo, hay sectores del Gobierno que empujan una prórroga de esas exenciones en el Congreso. Mientras tanto, ya hay municipios que empiezan a discutir con los privados la manera de instaurar esquemas tributarios en tiempos donde la recaudación municipal y los recursos que llegan a las comunas por coparticipación cayeron a pisos históricos.
La segunda edición del Festival Internacional de Música Bariloche (FIMBA) concentrará en cinco días, del 27 al 31 de octubre, más de veinte conciertos con variedad de propuestas musicales de excelencia, junto a la Orquesta Filarmónica de Río Negro y sus ensambles. Las entradas serán gratuitas y podrán reservarse a partir del 22 de octubre…
Eduardo Casal habría decidido dar la pelea para conservar su sillón en la Procuración General de la Nación, pese a que lo ocupa como interino desde la renuncia de Alejandra Gils Carbó por las presiones del gobierno de Mauricio Macri.
Ante los insistentes rumores sobre las intenciones de quedarse con ese cargo que tiene el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, al igual que el juez Ariel Lijo, el jefe de los fiscales agitaba este lunes un borrador de decreto para que los funcionarios del Ministerio Público puedan intervenir ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de la Ciudad, algo que empezó a producirse de facto por el fallo de la Corte en el caso Levinas, a fines de 2024.
En medio de esa pulseada, Casal asistirá este martes a la Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público en el Congreso para presentar el proyecto de DNU que debería sacar el Poder Ejecutivo para subsanar que el tribunal de alzada de los juzgados nacionales en territorio porteño termine siendo el TSJ de Capital Federal, sin una ley orgánica que regule la situación.
Fuentes judiciales dijeron a LPO que la iniciativa ya fue notificada a Mahiques, por la procuradora ante la Corte, Laura Monto. «Es un pedido para que el gobierno le habilite la competencia para presentarse ante al TSJ de CABA en todas las causas relacionadas a las Cámaras Nacionales, porque la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal no le da legitimación para intervenir ante el máximo tribunal porteño», explicaron.
El proyecto revela el malestar de los fiscales por el limbo donde quedaron tras el fallo firmado por Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, un día antes de jubilarse. El caso Levinas era el que atendía a la demanda de la familia del artista León Ferrari, que acusaba al periodista Gabriel Levinas de haber vendido 11 dibujos suyos sin permiso del hombre fallecido ni sus herederos.
Los Ferrari llevaron la demanda hasta el máximo tribunal en plena pandemia del Covid pero el 29 de diciembre de 2024 los cortesanos dispusieron que la decisión final, como tribunal de alzada ante trámites de la justicia nacional en jurisdicción porteña, correspondía al TSJ. Ese fallo fue celebrado por Mauricio Macri, que pretendía el mismo destino en la causa Correo.
Ahora, la tensión llega a los defensores del Ministerio Público. Según dos legisladores consultados por LPO, desde la Procuración «mandaron una nota con preocupación por la situación irregular que genera el fallo Levinas, que hace que defensores, fiscales y abogados estén dando vueltas entre la Justicia federal y la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, y eso requiere de una solución».
Sebastián Galmarini.
El presidente de la Bicameral es el diputado peronista Sebastián Galmarini. En la citación formal de la Cámara Baja se detalla que, además de Casal, estarán presentes el titular de la Secretaría Disciplinaria y Técnica, Juan Manuel Casanovas, y su par de la Secretaría de Coordinación Institucional, Juan Manuel Olima Espel.
Un camarista deslizó que Olima «es el nexo clave del organismo con otros poderes», y adelantó que abordaría «cómo articular una solución legislativa frente a las trabas operativas que dejó el fallo Levinas».
Desde la Procuración mandaron una nota con preocupación por la situación irregular que genera el fallo Levinas, que hace que defensores, fiscales y abogados estén dando vueltas entre la Justicia federal y la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, y eso requiere de una solución.
El desembarco de los funcionarios de la Procuración parece un desafío a los planes del gobierno para designar un nuevo procurador, a raíz del entusiasmo que habría generado en Mahiques y diversos actores del Poder Judicial la holgura con la que se aprobó la prórroga del pliego del padre del ministro, Carlos «Coco» Mahiques, como camarista de la Casación y el avance a paso firme de más de 70 pliegos desde marzo pasado.
Casal habría apelado a esta maniobra justo cuando en el Senado empiezan a circular proyectos parlamentarios para modificar la duración del procurador en su cargo. La peronista jujeña Carolina Moisés elaboró una iniciativa para establecer en 5 años el mandato del jefe de los fiscales, con posibilidad de una reelección consecutiva y el impedimento de postularse en años de elecciones presidenciales.
Ya en 2020, un grupo de senadores de la por entonces alianza Juntos por el Cambio había presentado también una propuesta para modificar la ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, algo que podría reflotarse en los próximos meses. Entre los legisladores que firmaron aquel expediente se encontraban desde los radicales Martín Lousteau, Víctor Zimmermann, Pablo Blanco y Pamela Verasay hasta los macristas Alfredo De Angeli y Humberto Schiavonni, pasando por los ex senadores Juan Carlos Romero y Guadalupe Tagliaferri.
Más allá de la puja por la Procuración, Casal remitió esta semana al Congreso el informe de gestión 2025 del Ministerio Público Fiscal, un texto de más de 700 páginas.
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Se repararon 200 luminarias en distintos puntos de la ciudad y se realizaron cambio de las mismas, de sodio a tecnología LED en Calle 25 de Mayo.
