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Obras realizadas en la ciudad

Desde la Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad, en la semana del 7 al 11 de febrero, se llevaron a cabo los siguientes trabajos:

📍Se repararon 200 luminarias en distintos puntos de la ciudad y se realizaron cambio de las mismas, de sodio a tecnología LED en Calle 25 de Mayo.

📍Dentro de las tareas de remodelación en Plaza Belgrano, se están construyendo bancos en el Corralón Municipal, que luego serán trasladados.

📍Se trabajó en el tapado de baches con cemento calcáreo en: Avenida Mitre, calle Almirante Brown, calle rural Dino Gaspari (km de Kaulum) y calle Pampa.

📍Además, se acondicionó para el bacheo con asfalto caliente, la calle Onas, el puente de Pioneros y Arroyo del Salado y Avenida Cipolletti esquina Juan XXIII.

📍Se reparó el puente de la calle rural N° 18.

📍Se construyó el contrapiso para bomba de agua en el edificio de Obras Públicas.

📍Se colocó el cartel de obra en construcción, del puesto policial en Barrio Mitre.

📍Se reparó vereda en Barrio Padre Gardín por rotura de caño.

📍Se realizaron tareas de limpieza en bocas de tormenta de distintos puntos de la localidad, en conjunto con el departamento de Defensa Civil.

📍Se avanzó con el recambio de parrillas en la Isla 58.

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  • Vialidad Nacional retó a un empresario que arregló por su cuenta el tramo de una autopista

     

     Un caso testigo de la era libertaria terminó convirtiéndose en un dolor de cabezas para Néstor Rozín, un importante empresario, dueño del Hotel Sol de Funes, entre otros negocios.

    El año pasado, Rozín no tuvo mejor idea que poner plata de su bolsillo para reparar un tramo de la colectora de la Autopista Rosario-Córdoba porque su deterioro incomodaba el ingreso vehicular de los clientes. Sin embargo, Vialidad Nacional lo intimó a deshacer el arreglo en los próximos diez días.

    Lo que debía ser un caso ejemplar de iniciativa privada fue aplastado por funcionarios de Milei que obligaron al empresario a remover la mejora y que la autopista vuelva a estar abandonada a su suerte hasta que sea adjudicada a un concesionario.

     Lo que debía ser un caso testigo de iniciativa privada fue aplastado por funcionarios de Milei que obligaron al empresario a remover la mejora y que la autopista vuelva a estar abandonada a su suerte hasta que sea adjudicada a un concesionario 

    Sin embargo, en Funes deslizan sospechas sobre un posible vuelto político porque la obra sobre la colectora se realizó durante la campaña electoral del año pasado cuando el hotel alojó una actividad encabezada por la ex vicegobernadora Gisela Scaglia, entonces candidata de Unidos.

    Según el portal InfoFunes, la mejora se hizo para ordenar el movimiento vehicular de aquel acto político y terminó beneficiando también a clientes, trabajadores, proveedores y otros establecimientos de la zona que utilizan diariamente ese acceso deteriorado sobre la Ruta 9.

    Es que la delegación santafesina de Vialidad Nacional está conducida por Gastón Bruno que fue secretario de Obras Públicas durante la gestión del ex intendente del PRO Diego León Barreto pero tuvo que renunciar al cargo en medio de una polémica licitación que fue adjudicada a una empresa de la que formaba parte.

     

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    El gobierno atrapado en su propio discurso: el caso Adorni y la transparencia selectiva

     

    Mientras el oficialismo construyó buena parte de su identidad política alrededor de la idea de combatir los privilegios de la “casta”, la situación patrimonial de Manuel Adorni se convirtió en uno de los episodios más incómodos para la administración de Milei. La demora en la presentación de su declaración jurada, las explicaciones cambiantes y las prórrogas administrativas terminaron transformando un trámite formal en una crisis política de credibilidad.

    Por Ramiro C. Ferrante para NLI

    Durante meses, el Gobierno hizo de la transparencia una bandera discursiva. Funcionarios, voceros y dirigentes libertarios cuestionaron a gobiernos anteriores por presuntas irregularidades patrimoniales y reclamaron estándares más altos de rendición de cuentas. Sin embargo, cuando el foco comenzó a apuntar hacia el entonces vocero presidencial y actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la reacción oficial fue cualquier cosa menos contundente.

    El problema dejó de ser únicamente la declaración jurada. Lo que comenzó como una demora administrativa terminó convirtiéndose en una prueba política. Cada día sin presentación alimentó nuevas preguntas. ¿Por qué un funcionario que prometía transparencia absoluta no mostraba rápidamente su patrimonio? ¿Por qué el Gobierno parecía más preocupado por administrar los tiempos que por despejar las dudas?

    La prórroga que agravó las sospechas

    La situación se volvió todavía más delicada cuando la Oficina Anticorrupción resolvió extender los plazos para la presentación de declaraciones juradas de los funcionarios nacionales hasta el 31 de julio. Formalmente, la medida fue justificada por cuestiones técnicas vinculadas a vencimientos fiscales. Sin embargo, la decisión coincidió con el momento de mayor presión política sobre Adorni y fue interpretada por amplios sectores como un alivio a medida para el funcionario.

    Lejos de cerrar la discusión, la prórroga la amplificó. La oposición comenzó a cuestionar si el organismo encargado de controlar a los funcionarios estaba actuando con independencia o si se había convertido en un instrumento para ganar tiempo político.

    La paradoja fue evidente. El mismo gobierno que prometía terminar con los privilegios aparecía beneficiado por una resolución que reducía la presión sobre uno de sus principales dirigentes.

    Un funcionario bajo la lupa

    En las últimas semanas trascendió que Adorni continuaba trabajando con asesores y contadores para completar la documentación patrimonial y fijó como horizonte el 15 de junio para realizar una presentación pública de su situación económica.

    La explicación oficial sostiene que se trata de un proceso complejo y que toda la información será presentada en tiempo y forma. Pero políticamente el daño ya está hecho. Cuando un gobierno construye su legitimidad sobre la idea de que es distinto a los demás, los estándares que se le aplican son más altos.

    Ese es el verdadero problema para la Casa Rosada. La discusión dejó de girar alrededor de balances, inmuebles o formularios. Lo que está en juego es la coherencia entre el discurso y la práctica.

    El costo de predicar una cosa y hacer otra

    La administración de Milei suele responder a los cuestionamientos apelando a la confrontación. Sin embargo, el caso Adorni no es un conflicto externo ni una disputa con gobernadores, sindicalistas o dirigentes opositores. Es una controversia nacida dentro del propio oficialismo.

    Por eso genera tanta incomodidad. Resulta difícil acusar de “operación” a quienes simplemente preguntan por qué un funcionario central del Gobierno aún no exhibió plenamente la información patrimonial que se espera de cualquier alto cargo del Estado.

    Incluso dirigentes aliados comenzaron a marcar distancia. Algunos referentes libertarios y oficialistas reclamaron que la situación se resolviera cuanto antes para evitar que la polémica siguiera creciendo.

    La preocupación es lógica: cuanto más se extiende el tema, más se instala la percepción de que existe algo que ocultar, aun cuando eso no esté probado.

    El espejo de la casta

    El episodio encierra una ironía política difícil de ignorar. Durante años, Milei y sus dirigentes construyeron su narrativa denunciando privilegios, opacidad y falta de controles sobre la dirigencia tradicional. Ahora es uno de sus funcionarios más importantes quien debe explicar por qué la transparencia prometida tarda tanto en llegar.

    El Gobierno todavía tiene margen para cerrar la controversia. Pero cada demora adicional profundiza una contradicción central: la de una administración que llegó prometiendo ser distinta y que, frente a un cuestionamiento sensible, parece recurrir a las mismas maniobras dilatorias que durante años criticó.

    Porque al final del día, la discusión no pasa por una declaración jurada. Pasa por la credibilidad. Y en política, cuando la confianza empieza a erosionarse, ningún formulario alcanza para recuperarla.

     

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