Desde la Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad, en la semana del 7 al 11 de febrero, se llevaron a cabo los siguientes trabajos:
Se repararon 200 luminarias en distintos puntos de la ciudad y se realizaron cambio de las mismas, de sodio a tecnología LED en Calle 25 de Mayo.
Dentro de las tareas de remodelación en Plaza Belgrano, se están construyendo bancos en el Corralón Municipal, que luego serán trasladados.
Se trabajó en el tapado de baches con cemento calcáreo en: Avenida Mitre, calle Almirante Brown, calle rural Dino Gaspari (km de Kaulum) y calle Pampa.
Además, se acondicionó para el bacheo con asfalto caliente, la calle Onas, el puente de Pioneros y Arroyo del Salado y Avenida Cipolletti esquina Juan XXIII.
Se reparó el puente de la calle rural N° 18.
Se construyó el contrapiso para bomba de agua en el edificio de Obras Públicas.
Se colocó el cartel de obra en construcción, del puesto policial en Barrio Mitre.
Se reparó vereda en Barrio Padre Gardín por rotura de caño.
Se realizaron tareas de limpieza en bocas de tormenta de distintos puntos de la localidad, en conjunto con el departamento de Defensa Civil.
Se avanzó con el recambio de parrillas en la Isla 58.
Un contador venezolano que ocupaba un lugar estratégico en una empresa fundada por Martín Menem apareció muerto en su departamento de Almagro. La Justicia abrió una investigación por «muerte dudosa» y el hecho desató una ola de interrogantes políticos que vuelven a poner el foco sobre los negocios privados de uno de los hombres más poderosos del oficialismo.
Por Roque Pérez para NLI
La escena parece salida de un thriller político. Un directivo de una empresa creada por Martín Menem aparece sin vida en su departamento porteño después de varios días sin responder llamados. No hay signos visibles de violencia, pero la Justicia decide iniciar una causa por «muerte dudosa», una figura que implica que todavía no existen certezas sobre las causas del fallecimiento y que obliga a realizar todas las pericias correspondientes.
La víctima fue identificada como Daniel Antonio Osorio Peñaloza, contador venezolano de 46 años que se desempeñaba como gerente general y director suplente de Gen Tech Argentina S.A., una firma dedicada a la comercialización de suplementos dietarios fundada por el actual presidente de la Cámara de Diputados. Su cuerpo fue hallado en un departamento de la avenida Díaz Vélez, en el barrio porteño de Almagro, luego de que allegados alertaran que llevaba varios días sin contestar mensajes ni llamadas.
Una muerte que llega en un momento político sensible
La noticia no tardó en generar conmoción porque no se trata de un empleado cualquiera. Osorio Peñaloza integraba la conducción de una empresa estrechamente vinculada a Martín Menem, uno de los dirigentes de mayor peso dentro del esquema libertario y hombre de absoluta confianza de Milei.
De acuerdo con la información que trascendió, Martín Menem estuvo presente en el edificio mientras se desarrollaban las primeras actuaciones policiales y periciales, un dato que incrementó el interés mediático sobre el caso aunque, pues habría ingresado al lugar del hecho antes que la policía.
Los primeros informes indicaron que el cuerpo no presentaba lesiones externas compatibles con un ataque. Sin embargo, la ausencia de una explicación inmediata llevó a la fiscalía a preservar todas las hipótesis hasta conocer el resultado de la autopsia y de los estudios toxicológicos.
El misterio alimenta las especulaciones
En la política argentina, las muertes inesperadas de personas vinculadas a figuras de poder suelen abrir un terreno fértil para las especulaciones. En este caso, la combinación de un alto directivo, una empresa asociada al presidente de la Cámara de Diputados y una investigación por muerte dudosa convirtió rápidamente el episodio en tema de debate público.
Mientras tanto, la Justicia deberá responder preguntas elementales: qué ocurrió durante los días previos al fallecimiento, cuál fue la causa médica de la muerte, si hubo intervención de terceros y si existen elementos que permitan reconstruir las últimas horas de Osorio Peñaloza.
Lo que hoy aparece como un episodio rodeado de misterio podría terminar siendo una muerte por causas naturales o derivar en una investigación de mayor complejidad. Hasta que las pericias concluyan, lo único cierto es que la muerte de un hombre que ocupaba un cargo estratégico en una empresa fundada por Martín Menem volvió a colocar al oficialismo bajo una atención pública incómoda, donde cada dato, cada silencio y cada demora alimentan nuevas preguntas.
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La crisis del Pami se expande en las prestaciones odontológicas, que permanecen suspendidas desde lunes y hasta el miércoles a raíz de un paro de los profesionales del sector que denuncian una retribución insostenible y deudas que se arrastran de 2025.
«Las autoridades del PAMI deberán responder ante los pacientes por la situación de abandono que han provocado», señalaron en un comunicado desde la Asociación de Profesionales Appamia, que apuntaron directamente contra la conducción del organismo, a cargo de Esteban Leguizamo.
Los odontólogos denunciaron una interrupción en la cadena de pagos de las retribuciones por capitación desde febrero, además de demoras en la devolución de montos por prótesis brindadas a afiliados, sumas que habían sido adelantadas por los profesionales desde diciembre de 2025.
Otro factor determinante del paro es el monto irrisorio que éstos profesionales cobran por cápita. «Los valores han quedado completamente desfasados: estamos cobrando $372 el valor cápita y así no podemos seguir sosteniendo la atención», dijo a Radio Provincia Fernanda Scoccia, secretaria de Appamia.
Frente a eso, advirtieron que el paro responde al «agotamiento y falta de respuesta coherente y viable» por parte de las autoridades de la obra social.
Los valores han quedado completamente desfasados: estamos cobrando $372 el valor cápita y así no podemos seguir sosteniendo la atención
Desde el año pasado, la ausencia de prestaciones provocaron una avalancha de demandas en la Justicia por parte de afiliados del Pami. Pero, ahora, el agravamiento de la situación empieza a desatar presentaciones judiciales de sanatorios que denuncian que los convenios con Pami los están fundiendo.
Por caso, días atrás la clínica Cemeda de Olavarría, que atiende 2.118 afiliados del Pami, interpuso un amparo contra el Pami a fin de que se ordene la designación de un nuevo prestador que asuma la cápita actualmente correspondiente a Cemeda.
Según consta en la presentación a la que tuvo acceso LPO, en Cemeda ya habían presentado en febrero último una carta a las autoridades del Pami en la que denunciaron que «las condiciones económicas del contrato jamás resultaron favorables para Cemeda, que debió continuar la prestación de los servicios bajo un valor de cápita absolutamente depreciado».
En el sanatorio acusaron que el valor de la cápita «en modo alguno acompañó el proceso inflacionario generalizado», lo que comprometió «seriamente la vialidad económica de la clínica».
En la clínica Cemeda de Olavarría alertan que la continuidad del contrato con Pami «podría conducir al quebranto de la institución y a la consecuente pérdida de puestos de trabajo de casi un centenar de empleados directos».
Y agregaron: «Los montos que el instituto abona por la cápita asignada y por las prestaciones moduladas resultan insuficientes para cubrir los honorarios de los médicos especialistas, quienes se niegan sistemáticamente a prestar servicios a los valores vigentes».
Así, alertó que la continuidad del contrato con Pami «podría conducir al quebranto de la institución y a la consecuente pérdida de puestos de trabajo de casi un centenar de empleados directos».
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