Nuevo permiso para hijos de padres separados

La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) indicó que la nueva excepción para que los niños, niñas y adolescentes que viven con uno de sus padres puedan alternar de casa una vez por semana no es un régimen obligatorio.

La titular de la SENAF, Roxana Méndez, aseguró que esto se puede dar siempre y cuando entre los progenitores exista un acuerdo previo a la pandemia.

“Nos llegaron reiteradas consultas sobre este tema y se debe aclarar que esta nueva excepción no es un régimen de visita obligatorio que reemplaza acuerdos existentes previamente a la puesta en vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio”, explicó la Secretaria de Estado.

“Estamos pasando de una cuarentena en donde los niños, niñas o adolescente no se podían mover de un domicilio a que, una vez por semana, puedan hacer este movimiento para favorecer la comunicación con otro de sus padres o referente afectivo, que es un derecho. Pero esto no reemplaza u ordenar un nuevo régimen de comunicación”, indicó Méndez.

Entre ambos progenitores se determina (por acuerdos de hecho o escritos, o mediante resolución de un juez o jueza) la modalidad de cuidado o de régimen de comunicación, para regular los contactos entre hijos/as y progenitores no convivientes.

La nueva excepción ofrece una oportunidad para, teniendo en cuenta los intereses de los niños, niñas y adolescentes, que claramente deben ser escuchados, los padres puedan acordar una forma en que el niño o la niña mantengan una adecuada relación con ambos.

Lógicamente, si algún progenitor/a tiene alguna restricción legal para ver al niño o niña claramente no tiene ‘derecho’ a una semana de convivencia.

“El permiso, es una declaración jurada que tiene validez entre localidades y provincias y se trata de una oportunidad para que hijos e hijas puedan tener contacto con ambos progenitores, en caso que lo deseen”, concluyó Méndez.

La declaración jurada aprobada por la Resolución N°132/20 del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que puede conseguirse y completarse en https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2_anexo._decreto_ndeg_2972020_.pdf

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  • La interna con Schiaretti detrás del desplante de Llaryora a la CGT

     

    El sindicalismo nacional insiste en que había una reunión pactada con el gobernador cordobés Martín Llaryora y el santafesino Maximiliano Pullaro junto a la CGT para condicionar la discusión de la reforma laboral. En el llaryorismo reiteran que no había nada en agenda y tratan de desentenderse de la furia que esto provocó, entre otros, en el propio Pablo Moyano como lo contó LPO.

    Lo cierto es que algunos moderadores dentro de la interna que vive el cordobesismo entre el llaryorismo y el schiarettismo reconocen que la cancelación de la cumbre con los sindicalistas sirvió para evitar que se profundice la tensión entre el gobernador Llaryora y su antecesor, el actual diputado Juan Schiaretti. En lo que hubiera sido, en cuestión de días, el segundo motivo de distanciamiento entre ambos después del faltazo que tanto Schiaretti como su esposa, la senadora Alejandra Vigo, metieron en la apertura de sesiones de la Legislatura el domingo para escuchar el discurso de Llaryora.

    «Las cosas no están bien. De lo contrario, el schiarettismo no estaría agitando discusiones en distintos escenarios que van desde el control del territorio en la capital cordobesa hasta la base que ‘el Gringo’ y Vigo quieren tener en el Congreso para negociar desde ahí con Casa Rosada», se sinceró un viejo conocedor del peronismo de Córdoba en la caliente tarde de este martes.

    Llaryora suspendió la reunión con la CGT y se desarma la cumbre de gobernadores del CFI

    Esto, sumado a otro movimiento del llaryorismo puro que se produjo la semana pasada en Mar del Plata. Hasta allá viajó uno de los ministros más políticos que tiene la nueva generación del cordobesismo como Miguel Siciliano para compartir mesa con el líder de los Gastronómicos, Luis Barrionuevo, y en medio de un encendido discurso del viejo sindicalista en contra de la reforma laboral de Milei.

    El dato que no cayó bien en el ala fundadora del cordobesismo no fue sólo la presencia en ese acto, sino que Siciliano compartiera mesa con el ultra axelista Carlos Bianco.

    De ahí que en la CGT se entusiasmaran con algún tipo de contacto en Córdoba para rechazar la iniciativa que se discutirá en el Senado la semana próxima.

    No obstante, el microclima de la convivencia entre Llaryora y los gremios depara para este miércoles una marcha de los estatales en contra de la reforma previsional que el peronismo provincial sancionó en la Legislatura antes de fin de año y que mantiene la guardia alta a ambos lados de la discusión: en el gobierno provincial, con un fraccionamiento en las bases y la vía judicial que adelantó LPO; y en los gremios, con un plan de lucha con dos consignas, la nacional por la reforma laboral, pero sobre todo la provincial por el cambio previsional.

    Con el caldeado clima que se prevé para este miércoles en las calles cordobesas algunos creyeron que un cónclave entre el llaryorismo y la cúpula nacional de la CGT hubiese colaborado para aliviar las cargas.

    En el schiarettismo no cayó bien la presencia del ministro Miguel Siciliano en la tradicional comida de verano que organiza Luis Barrionuevo en Mar del Plata. El funcionario de Llaryora compartió mesa con el ultra axelista Carlos Bianco

    Entre ellos, los que participaron de una reunión entre el presidente del PJ provincial y jefe del llaryorismo en la Unicameral, Facundo Torres, con las 62 Organizaciones en la Legislatura. Encuentro en el que algunos afirman que se amagó con el lanzamiento de un documento acerca del posicionamiento del peronismo provincial frente a la reforma laboral, pero otros sostienen que no se discutió eso porque «todavía está verde». «Fue un encuentro para que se ratifique el respaldo de esta pata sindical a Llaryora. Solo eso», dijeron.

    La tensión sobrevuela y la mirada ahora se posa en el anuncio que hizo Schiaretti a mediados de enero cuando en redes indicó que había recibido el alta médica y se preparaba para asumir su banca en febrero, mes que ya inició y tendrá las fricciones en extraordinarias por la reforma laboral. Y donde el PJ cordobés observará el entendimiento entre el exgobernador y su sucesor.

     

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    SENASA deroga normas clave y deja a la agricultura familiar sin marco diferenciado

     

    El Gobierno avanzó con una resolución que elimina obligaciones históricas del Estado

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    Bajo el argumento de la “modernización normativa”, el Gobierno avanzó con una resolución que elimina obligaciones históricas del Estado y borra del reglamento sanitario el tratamiento especial para los pequeños productores. La Resolución 62/2026 del SENASA, publicada hoy en el Boletín Oficial no crea reglas nuevas: directamente quita las que protegían a los sectores más vulnerables de la cadena agroalimentaria.

    La medida fue publicada el 23 de enero y pasa casi desapercibida fuera del ámbito técnico, pero su impacto es profundo. Con una sola firma, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria derogó dos capítulos completos del Reglamento de Inspección de Productos de Origen Animal, vigente desde 1968, que cumplían funciones centrales: el asesoramiento estatal y la regulación específica para la agricultura familiar.


    Menos Estado, más castigo

    Uno de los capítulos eliminados es el Capítulo XXIX – Del Asesoramiento, que establecía la obligación del SENASA de publicar guías, materiales explicativos y normas de divulgación para que productores y elaboradores supieran cómo cumplir con los requisitos sanitarios.

    La derogación implica un cambio de paradigma:
    el Estado deja de tener la obligación normativa de explicar cómo cumplir la ley, pero mantiene intacta su capacidad de controlar, sancionar y clausurar.

    En otras palabras, menos acompañamiento y más castigo. Una lógica coherente con el espíritu de la Ley Bases, que atraviesa toda la resolución como marco político general.


    Agricultura familiar: de régimen especial a la intemperie

    Más grave aún es la derogación del Capítulo XXXIII – De los productos provenientes de la agricultura familiar. Ese apartado reconocía algo elemental: no es lo mismo un frigorífico industrial que un pequeño productor artesanal.

    El capítulo contemplaba:

    • Diferencias de escala
    • Modalidades productivas específicas
    • Volúmenes reducidos
    • Condiciones territoriales y sociales propias

    Al eliminarlo, el SENASA borra del reglamento cualquier tratamiento diferenciado y somete a la agricultura familiar al mismo esquema normativo que rige para grandes empresas del complejo agroindustrial.

    El resultado es previsible:
    más exclusión, más informalidad y más presión sobre los eslabones más débiles de la cadena.


    Modernización sin reemplazo

    La resolución justifica las derogaciones en la necesidad de “actualizar” normas obsoletas y acompañar los avances tecnológicos. Sin embargo, hay un dato central que el texto no puede disimular:
    no se dicta ninguna norma nueva que reemplace lo eliminado.

    No hay:

    • Nuevo régimen para agricultura familiar
    • Nuevo esquema de asesoramiento digital
    • Nuevas herramientas de acompañamiento técnico

    Solo hay vacío normativo.


    Responsabilidad individual y retirada estatal

    La Resolución 62/2026 se apoya reiteradamente en la Ley 27.233, que establece la responsabilidad primaria de los actores de la cadena agroalimentaria. Pero al mismo tiempo, reduce el rol activo del Estado a su mínima expresión.

    El mensaje es claro:
    cada productor debe arreglárselas solo, aun cuando las condiciones de partida sean profundamente desiguales.

    Bajo el discurso de la eficiencia y el reordenamiento normativo, se consolida un modelo de Estado que controla pero no acompaña, sanciona pero no explica, exige pero no reconoce diferencias.


    Una decisión técnica con consecuencias políticas

    Aunque redactada en lenguaje administrativo, la resolución tiene una consecuencia política nítida:
    debilita a la agricultura familiar y fortalece un esquema pensado para grandes actores.

    No es una simplificación inocente. Es una decisión que reconfigura quién puede producir, quién puede cumplir y quién queda afuera del sistema formal.

    Y como suele ocurrir, el ajuste normativo no cae sobre los poderosos, sino sobre quienes producen en pequeña escala, sostienen economías regionales y garantizan alimentos en condiciones adversas.

     

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