La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) indicó que la nueva excepción para que los niños, niñas y adolescentes que viven con uno de sus padres puedan alternar de casa una vez por semana no es un régimen obligatorio.
La titular de la SENAF, Roxana Méndez, aseguró que esto se puede dar siempre y cuando entre los progenitores exista un acuerdo previo a la pandemia.
“Nos llegaron reiteradas consultas sobre este tema y se debe aclarar que esta nueva excepción no es un régimen de visita obligatorio que reemplaza acuerdos existentes previamente a la puesta en vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio”, explicó la Secretaria de Estado.
“Estamos pasando de una cuarentena en donde los niños, niñas o adolescente no se podían mover de un domicilio a que, una vez por semana, puedan hacer este movimiento para favorecer la comunicación con otro de sus padres o referente afectivo, que es un derecho. Pero esto no reemplaza u ordenar un nuevo régimen de comunicación”, indicó Méndez.
Entre ambos progenitores se determina (por acuerdos de hecho o escritos, o mediante resolución de un juez o jueza) la modalidad de cuidado o de régimen de comunicación, para regular los contactos entre hijos/as y progenitores no convivientes.
La nueva excepción ofrece una oportunidad para, teniendo en cuenta los intereses de los niños, niñas y adolescentes, que claramente deben ser escuchados, los padres puedan acordar una forma en que el niño o la niña mantengan una adecuada relación con ambos.
Lógicamente, si algún progenitor/a tiene alguna restricción legal para ver al niño o niña claramente no tiene ‘derecho’ a una semana de convivencia.
“El permiso, es una declaración jurada que tiene validez entre localidades y provincias y se trata de una oportunidad para que hijos e hijas puedan tener contacto con ambos progenitores, en caso que lo deseen”, concluyó Méndez.
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Por momentos, el Gobierno de Javier Milei se entusiasma con una narrativa que suena irresistible: la campaña agrícola 2025/26 cerraría con una de las mejores cosechas de la historia, con más de 110 millones de toneladas entre soja y maíz.
En la Casa Rosada repiten el número como si fuera un salvoconducto hacia la reelección presidencial. Pero debajo de ese volumen impactante asoma una pregunta incómoda: ¿cuánto de esa cosecha récord se traduce realmente en rentabilidad?
El dato no surge de un paper opositor ni de una entidad rural en pie de guerra. Al contrario. Proviene de un informe de la Fundación Mediterránea, con la firma de Juan Manuel Garzón -exfuncionario del propio Milei- y Franco Artusso. Es decir, números incómodos que nacen dentro del propio ecosistema técnico que suele orbitar el círculo rojo cordobés.
Los datos -plasmados en el informe «Rentabilidad agrícola 2018-2026: márgenes ajustados, volúmenes récord y una carga tributaria que no afloja»- dibujan un escenario de contrastes. El maíz podría alcanzar un récord histórico de 67 millones de toneladas, mientras que la soja se mantendría en torno a los 48 millones. A simple vista, el agro vuelve a ser la locomotora. Pero cuando se mira la rentabilidad por hectárea, el cuadro cambia drásticamente.
El problema no es la producción, sino el margen. En el primer trimestre de 2026, los números empezaron a deteriorarse. Los ingresos cayeron en términos reales, empujados por la baja del precio del maíz, mientras que los costos -especialmente el gasoil y los fertilizantes- subieron entre 6% y 8%. El resultado: «márgenes en retroceso después de una recuperación parcial durante 2025».
El dato más sensible es que, incluso con buenos rindes, producir granos dejó de ser negocio en algunas regiones. En la zona extrapampeana, los productores que alquilan campos directamente operan a pérdida: -78 dólares por hectárea. En la zona núcleo, el corazón productivo del país, los arrendatarios apenas raspan el equilibrio con márgenes de 26 dólares. Solo los propietarios logran sostener números positivos, aunque lejos de los niveles de años anteriores.
Incluso con buenos rindes, producir granos dejó de ser negocio en algunas regiones. En la zona extrapampeana, los productores que alquilan campos directamente operan a pérdida: -78 dólares por hectárea. En la zona núcleo, el corazón productivo del país, los arrendatarios apenas raspan el equilibrio con márgenes de 26 dólares. Solo los propietarios logran sostener números positivos.
Es un escenario que relativiza el optimismo oficial. Porque la «cosecha récord» convive con una ecuación económica cada vez más ajustada. Y en Córdoba, la rentabilidad derrama en la dinámica política, particularmente en el interior, bastiones de Milei en las últimas tres elecciones. El factor que termina de tensar el cuadro es la estructura impositiva.
En los últimos doce meses, el Estado se quedó con el 55% del excedente económico en la zona núcleo y con el 76% en la extrapampeana. En otras palabras, en las regiones menos productivas, tres de cada cuatro dólares generados por el campo terminan en manos del fisco.
Y ahí aparece otro contraste que incomoda al relato libertario. Mientras el Gobierno despliega el «cotillón» de la baja de algunos impuestos nacionales -con anuncios segmentados y reducción de alícuotas en tributos puntuales-, el corazón de la presión fiscal sobre el agro sigue prácticamente intacto.
Las retenciones, el impuesto más distorsivo según el propio Milei en campaña, continúan explicando la mayor parte de la carga tributaria efectiva.
El informe de la Mediterránea también explica que el peso de los Derechos de Exportación es clave para entender la distorsión. A diferencia de otros impuestos, no se ajustan a la rentabilidad: se aplican sobre el ingreso bruto. Eso genera una paradoja que incomoda incluso a economistas cercanos al oficialismo: cuando los márgenes caen, la presión fiscal efectiva sube.
Es el tipo de inconsistencia que el propio Milei había prometido eliminar durante la campaña, cuando hablaba de «dinamitar» el sistema impositivo y terminar con tributos que castigan la producción. Por ahora, esa promesa convive con una realidad más pragmática: la necesidad de sostener la recaudación.
En 2021 y 2022, los derechos de exportación sobre la soja eran del 33%, más altos que los actualmente vigentes (24%). Sin embargo, los precios internacionales de los granos eran excepcionalmente elevados (efecto postpandemia y guerra en Ucrania), lo que generaba mayores excedentes económicos.
El contraste con el período 2021-2022 es elocuente. En esos años, con precios internacionales en niveles excepcionales, los márgenes eran mucho más altos y la carga tributaria relativa, más baja, incluso con retenciones más elevadas. Hoy ocurre lo contrario: menores precios, mayores costos y una presión fiscal que pesa más.
El informe lo precisa así: «En 2021 y 2022, los derechos de exportación sobre la soja eran del 33%, más altos que los actualmente vigentes (24%). Sin embargo, los precios internacionales de los granos eran excepcionalmente elevados (efecto postpandemia y guerra en Ucrania), lo que generaba mayores excedentes económicos». No son años cualquiera, sino los de Alberto Fernández en la Casa Rosada.
A eso se suma otro elemento que empieza a preocupar en el sector: el financiamiento. Si parte de los insumos se paga con crédito -un escenario cada vez más frecuente-, los márgenes se deterioran aún más. En ese caso, incluso los arrendatarios de la zona núcleo entrarían en terreno negativo.
La conclusión es menos épica que el relato oficial. La campaña 2025/26 puede ser récord en volumen, pero no necesariamente en rentabilidad. Y eso tiene implicancias políticas y económicas.
Para el Gobierno, el agro sigue siendo una fuente clave de dólares en un contexto de fragilidad externa. Pero si los márgenes siguen comprimidos, la capacidad de reinversión del sector se reduce, y con ella, el potencial de crecimiento futuro.
En el fondo, el modelo enfrenta una tensión clásica de la economía argentina: la necesidad fiscal versus la competitividad productiva. Por ahora, la balanza sigue inclinándose hacia el primer lado.La pregunta que empieza a circular en el mercado es si el «veranito» de la cosecha récord alcanzará para tapar ese desequilibrio. O si, por el contrario, terminará exponiéndolo con más crudeza.
Si se aprueba y no se acompaña, por el contrario se ponen palos en la rueda, se demuestra que la aprobación de tal proyecto fue meramente protocolar, como muchos dicen: «Para la tribuna». El 7 de agosto se votó por unanimidad en #VillaRegina la ORDENANZA que adhiere a la Ley O N° 3654 de la…
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