La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) indicó que la nueva excepción para que los niños, niñas y adolescentes que viven con uno de sus padres puedan alternar de casa una vez por semana no es un régimen obligatorio.
La titular de la SENAF, Roxana Méndez, aseguró que esto se puede dar siempre y cuando entre los progenitores exista un acuerdo previo a la pandemia.
“Nos llegaron reiteradas consultas sobre este tema y se debe aclarar que esta nueva excepción no es un régimen de visita obligatorio que reemplaza acuerdos existentes previamente a la puesta en vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio”, explicó la Secretaria de Estado.
“Estamos pasando de una cuarentena en donde los niños, niñas o adolescente no se podían mover de un domicilio a que, una vez por semana, puedan hacer este movimiento para favorecer la comunicación con otro de sus padres o referente afectivo, que es un derecho. Pero esto no reemplaza u ordenar un nuevo régimen de comunicación”, indicó Méndez.
Entre ambos progenitores se determina (por acuerdos de hecho o escritos, o mediante resolución de un juez o jueza) la modalidad de cuidado o de régimen de comunicación, para regular los contactos entre hijos/as y progenitores no convivientes.
La nueva excepción ofrece una oportunidad para, teniendo en cuenta los intereses de los niños, niñas y adolescentes, que claramente deben ser escuchados, los padres puedan acordar una forma en que el niño o la niña mantengan una adecuada relación con ambos.
Lógicamente, si algún progenitor/a tiene alguna restricción legal para ver al niño o niña claramente no tiene ‘derecho’ a una semana de convivencia.
“El permiso, es una declaración jurada que tiene validez entre localidades y provincias y se trata de una oportunidad para que hijos e hijas puedan tener contacto con ambos progenitores, en caso que lo deseen”, concluyó Méndez.
Martín Llaryora decidió apelar al manual de supervivencia de su mentor, Juan Schiaretti, y reactivó formalmente el histórico pacto de convivencia política con Mauricio Macri.
En medio de una delicada crisis política, el mandatario cordobés concretó un fuerte giro hacia el plano amarillo con la incorporación de dos figuras de peso identificadas con el PRO a la conducción del Banco de Córdoba (Bancor): el exministro de Economía de la Nación Hernán Lacunza, y el empresario industrial Ércole Felippa, quien condujo Fadea durante el Gobierno de Macri.
La jugada excede por completo los andariveles de la gestión financiera. Las llegadas de Lacunza al directorio y de Felippa a la vicepresidencia son parte de una maniobra de altísimo voltaje político para oxigenar al Gobierno. En momentos donde la gestión provincial acumula frentes de conflicto internos, Llaryora busca refugio en la histórica sintonía que la provincia mantiene con el universo fundacional del PRO.
Durante el mandato presidencial de Macri (2015-2019), el entonces gobernador Juan Schiaretti tejió una sólida y blindada alianza con el líder del PRO, basada en la mutua necesidad y el fuerte sentimiento antikirchnerista del electorado cordobés. Es un entendimiento histórico que se remonta al exilio de Schiaretti en Brasil, donde fue cobijado por el grupo Macri.
Aquel entendimiento -que los radicales locales siempre denunciaron como un «pacto» que les impidió ganar la provincia- garantizó gobernabilidad para ambos lados de la grieta. Macri trataba a Córdoba como su «cuna política» y» Schiaretti le garantizaba gobernabilidad en el Congreso a través de sus diputados.
Con el arribo de Lacunza, Llaryora revive esa sociedad política informal, reactivando los viejos canales de diálogo con el macrismo en un contexto de dispersión nacional.
La decisión de sumar a Felippa -exjefe de la Unión Industrial de Córdoba y expresidente de Fadea con Macri- y a Lacunza no es casual. El exministro de María Eugenia Vidal y del tramo final de Cambiemos a nivel nacional ya venía orbitando la provincia; el año pasado había sido el expositor estrella en las jornadas de negocios organizadas por el propio banco provincial, donde terminó de consolidar los lazos con la primera línea del oficialismo cordobés.
Los números que maneja la entidad financiera también explican el apuro político. Si bien los balances del primer trimestre mostraron una recuperación con utilidades netas por $9.176 millones (revirtiendo el rojo del trágico 2025), la verdadera alarma que encendió los despachos oficiales es el índice de morosidad, que trepó al 8,54%.
La crisis golpea a través de tarjetas de crédito y préstamos personales. En ese escenario de vulnerabilidad económica y tensión social, Llaryora sabe que la estabilidad de los números no alcanza si no está respaldada por un esquema de gobernabilidad robusto y con fuerte gestualidad al círculo rojo cordobés.
De hecho, al anunciar los cambios en el banco, Llaryora dijo: «Contar con un banco provincial fuerte, moderno y competitivo es una decisión estratégica para el presente y el futuro de los cordobeses».
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Con una batería de decretos publicados este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno puso en marcha algunos de los capítulos más controvertidos de la reforma laboral. La medida alcanza a las indemnizaciones, la actividad sindical, los convenios colectivos y los mecanismos de registración laboral. Mientras se promociona como una modernización del mercado de trabajo, la oposición y los gremios denuncian un nuevo avance sobre derechos conquistados durante décadas.
Por Ramiro C. Ferrante para NLI
La publicación de los decretos reglamentarios de la reforma laboral marca un nuevo capítulo en la ofensiva de Milei contra el entramado de protección construido por el movimiento obrero argentino a lo largo de más de un siglo. Aunque el Gobierno intenta presentar los cambios como simples adecuaciones administrativas, la letra fina de las normas revela transformaciones profundas en la relación entre trabajadores, empleadores y organizaciones sindicales.
Entre los puntos más sensibles aparece la creación del denominado Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo que permitirá a las empresas constituir fondos específicos para afrontar indemnizaciones futuras. La Casa Rosada sostiene que el sistema no elimina la indemnización por despido, pero en los hechos abre la puerta a un esquema que se asemeja al fondo de cese laboral que históricamente impulsaron los sectores empresariales para reducir el impacto económico de los despidos.
La medida no es menor. Durante décadas, la indemnización funcionó como una herramienta de protección frente a despidos arbitrarios. Con la nueva reglamentación, el Gobierno introduce una lógica financiera en un terreno que hasta ahora estaba vinculado directamente a la responsabilidad patronal. Para los sindicatos, se trata de un cambio estructural que podría debilitar uno de los principales instrumentos de defensa de los trabajadores.
La mira puesta sobre los sindicatos
Si las indemnizaciones constituyen el frente económico de la reforma, la actividad sindical aparece como su principal objetivo político.
La reglamentación incorpora mecanismos de control sobre la estructura de las organizaciones gremiales y habilita verificaciones permanentes respecto de la cantidad de dirigentes y afiliados. También introduce nuevas condiciones para el uso de las horas gremiales, una herramienta fundamental para el funcionamiento cotidiano de los sindicatos dentro de los lugares de trabajo.
Detrás del lenguaje técnico se esconde una orientación política evidente. Desde su llegada al poder, Milei convirtió a las organizaciones sindicales en uno de los blancos predilectos de sus discursos. La nueva normativa busca limitar márgenes de acción y aumentar los controles estatales sobre estructuras que históricamente fueron actores centrales de la vida política y social argentina.
La ofensiva se produce en un contexto de fuerte deterioro salarial, caída del empleo industrial y conflictos laborales en distintas regiones del país. En ese escenario, el intento de disciplinar a los sindicatos adquiere una dimensión que trasciende ampliamente la discusión administrativa.
Convenios colectivos bajo presión
Otro aspecto central de la reglamentación afecta a los convenios colectivos de trabajo.
El Gobierno habilitó mecanismos para revisar acuerdos vigentes y avanzar en procesos de renegociación en actividades donde los convenios permanecieron estables durante años. Además, estableció nuevas condiciones para aportes y contribuciones incluidos en esos acuerdos.
Para el oficialismo, estas modificaciones apuntan a reducir costos laborales y fomentar la contratación. Sin embargo, para especialistas en derecho laboral y referentes sindicales, el verdadero objetivo es avanzar sobre instrumentos que permitieron garantizar derechos específicos en cada actividad económica.
La disputa no es solamente jurídica. Los convenios colectivos constituyen uno de los pilares históricos del modelo laboral argentino y representan una de las herramientas más importantes para equilibrar la relación de fuerzas entre trabajadores y empleadores. Cualquier modificación en ese terreno tiene consecuencias directas sobre millones de asalariados.
Menos regulaciones para las empresas, más exigencias para los trabajadores
La reglamentación también incluye beneficios para empleadores que regularicen personal no registrado. Bajo el argumento de combatir la informalidad, el Gobierno ofrece amplias condonaciones de deudas previsionales a empresas que blanqueen trabajadores.
La paradoja es evidente. Mientras se endurecen controles sobre sindicatos y se flexibilizan mecanismos vinculados a despidos y convenios colectivos, se otorgan ventajas económicas a empresas que durante años incumplieron obligaciones laborales y previsionales.
Al mismo tiempo, la normativa incorpora nuevos sistemas digitales de control, recibos de sueldo con información ampliada sobre costos patronales y mecanismos de registración electrónica que incrementan la capacidad de monitoreo estatal sobre la relación laboral.
La combinación de todas estas medidas permite observar una dirección clara. La reforma no se limita a modificar aspectos técnicos del mercado de trabajo: redefine el equilibrio de poder entre empresarios, trabajadores y sindicatos. Por eso la publicación de los decretos de este lunes puede convertirse en uno de los movimientos políticos más trascendentes del Gobierno en materia laboral desde su llegada a la Casa Rosada.
Detrás del discurso de la modernización y la eficiencia, Milei acaba de poner en marcha una transformación que impactará sobre indemnizaciones, negociación colectiva, organización sindical y empleo registrado. El verdadero alcance de esos cambios comenzará a medirse cuando las nuevas reglas lleguen a las fábricas, oficinas y lugares de trabajo de todo el país.
El relato de “la casta”, la motosierra y la promesa de una transformación económica rápida empiezan a mostrar señales de agotamiento social. Una nueva encuesta nacional de la consultora Sentimientos Públicos reveló que Milei perdió casi la mitad de sus votantes originales y que el rechazo a una eventual reelección ya alcanza a siete de cada diez argentinos.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
El estudio, realizado sobre 1.500 casos en todo el país, expone un dato políticamente sensible para el oficialismo: el 48% de quienes votaron a Milei en 2023 ya no volverían a acompañarlo. Pero el fenómeno no termina ahí. Según el relevamiento, también se alejó el 50% de quienes habían apoyado a Patricia Bullrich en primera vuelta y luego se alinearon detrás del experimento libertario en el ballotage.
La encuesta aparece en un momento complejo para el Gobierno. Aunque el oficialismo sigue intentando mostrar como logro central la desaceleración inflacionaria, el deterioro del poder adquisitivo, el endeudamiento cotidiano y la caída del consumo empiezan a erosionar el vínculo emocional que Milei había construido con parte de la sociedad. Incluso el propio Presidente admitió esta semana que “el único dato que nos va a dejar cómodos es 0%” de inflación, en una señal de que el Ejecutivo necesita sostener expectativas frente a una situación económica todavía crítica.
La promesa libertaria empieza a perder potencia
El informe de Sentimientos Públicos define el momento político actual como un “quiebre de la promesa libertaria”. La idea de que el ajuste iba a ser breve y conducir rápidamente a una mejora material parece haber perdido credibilidad en amplios sectores sociales. Según la encuesta, 6 de cada 10 personas aseguran no tener esperanzas en la gestión, mientras que apenas un núcleo cercano al 27% mantiene un respaldo firme al oficialismo.
La investigación también detectó cambios sociológicos importantes. El apoyo a Milei ya no aparece únicamente asociado a jóvenes varones urbanos, como ocurría en 2023. El oficialismo logró conservar cierta adhesión en franjas juveniles y sectores de ingresos altos, pero perdió fuerza entre millennials y en grandes centros urbanos, especialmente en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.
Ese desgaste convive con una realidad social cada vez más áspera. El mismo informe señala que más del 45% de los argentinos tuvo que recortar gastos básicos durante el último año, mientras que el 40% reconoce haberse endeudado para sostener consumos cotidianos. Además, un 15% afirmó haber comenzado tratamientos vinculados a salud mental.
Del “aguante” ideológico al cansancio económico
El dato más delicado para el oficialismo es quizás el que atraviesa el clima social. Durante buena parte de 2024 y 2025, el Gobierno consiguió sostener apoyo incluso en medio del ajuste gracias a una narrativa basada en la herencia recibida y en la expectativa de un futuro mejor. Pero las encuestas empiezan a mostrar que ese crédito político se consume.
En paralelo, crecen las escenas de exclusión social y deterioro económico que contradicen el discurso triunfalista del Gobierno. En las últimas horas se conoció el caso de un herrero de 63 años de Temperley que podría quedar en situación de calle junto a sus cinco perros tras perder trabajo y no poder pagar el alquiler de su taller-vivienda. Historias de ese tipo comienzan a multiplicarse en distintos puntos del país y funcionan como síntoma concreto del impacto social del modelo económico.
El director de la consultora, Hernán Vanoli, planteó que el debilitamiento del apoyo no implica necesariamente una derrota electoral automática para Milei, pero sí deja una marca política profunda. Según explicó, en una sociedad atravesada por expectativas de ascenso rápido y consumo aspiracional, la sensación de que “la promesa libertaria” se quebró puede convertirse en un problema estructural para el oficialismo.
Mientras tanto, el Gobierno insiste con la idea de que la inflación es el único termómetro válido. Pero la encuesta parece mostrar otra cosa: para una parte creciente de la sociedad, el problema ya no es solamente cuánto suben los precios, sino cuánto se deterioró la vida cotidiana en nombre del ajuste.
El impacto de la guerra en Medio Oriente empezó a impactar en la actividad agrícola a nivel mundial por la disparada internacional de los fertilizantes, en especial de la urea, como anticipó LPO. En Argentina, obligará a recortar en 500 mil hectáreas la próxima campaña de trigo y amenaza con una fuerte caída en los rindes, según alertó la Bolsa de Comercio de Rosario.
El informe de la entidad sostiene que, pese a que la Argentina atraviesa uno de los mejores escenarios hídricos de la última década para arrancar la siembra, los costos impactan en la producción: «Las reservas hídricas con las que arranca el ciclo es la gran carta a favor del trigo, pero tiene un enorme adversario: el precio actual de los fertilizantes nitrogenados», advirtió la BCR en un informe.
La urea ya cotiza cerca de los mil dólares por tonelada, niveles similares a los alcanzados en 2022 tras el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero ahora el problema es doble: el trigo vale mucho menos que en aquel momento y los productores ya no cuentan con el colchón financiero que tenían hace cuatro años.
Por eso, la Bolsa proyecta una caída interanual del 7% en la superficie sembrada, unas 500 mil hectáreas menos que la campaña pasada, luego de dos ciclos récord para el cereal.
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La situación pega especialmente en la región núcleo y el centro del país, donde el trigo depende de altos niveles de fertilización para sostener rindes elevados. Allí se esperan recortes importantes de área sembrada y una fuerte reducción en la aplicación de tecnología que impactan en la calidad de la producción.
En la región núcleo, por ejemplo, la caída proyectada es del 17%, equivalente a unas 300 mil hectáreas menos en Entre Ríos, Córdoba, Buenos Aires y La Pampa. En el sudeste bonaerense, uno de los grandes bastiones trigueros del país, estiman bajas cercanas al 20%.
En la región núcleo, por ejemplo, la caída proyectada es del 17%, equivalente a unas 300 mil hectáreas menos en Entre Ríos, Córdoba, Buenos Aires y La Pampa. En el sudeste bonaerense, uno de los grandes bastiones trigueros del país, estiman bajas cercanas al 20%.
La Bolsa advierte además que el ajuste no será solo en superficie sembrada sino también en productividad. Por el menor uso de fertilizantes, el rinde promedio nacional caería y la cosecha se ubicaría entre 18 y 19 millones de toneladas, más de 10 millones por debajo de la campaña récord anterior.
En ese contexto, fuentes de Federación Agraria dijeron a LPO que en el sector circulan versiones sobre posibles beneficios fiscales para la importación de urea y fertilizantes, aunque por ahora no hubo anuncios oficiales del gobierno nacional.
«Si existiera algún beneficio debería ser sustancioso para tentar a muchos productores que ya desestimaron la siembra fina, pero además tendría que garantizar disponibilidad del producto», señalaron desde la entidad. En el sector advierten que el problema no solamente es por el precio sino también el abastecimiento ante la incertidumbre internacional.
Si existiera algún beneficio debería ser sustancioso para tentar a muchos productores que ya desestimaron la siembra fina, pero además tendría que garantizar disponibilidad del producto
En Federación Agraria agregaron que el agro necesita además otras señales económicas para recuperar inversión. «No alcanza solamente con aliviar el costo de los fertilizantes. El sector de granos y oleaginosas necesita que siga la baja de retenciones, una reforma impositiva y acompañamiento crediticio para sostener la inversión», afirmaron.
Mientras tanto, en Europa los gobiernos ya empezaron a intervenir para evitar una rebelión de productores agropecuarios por el aumento de costos. El presidente español Pedro Sánchez anunció un paquete de 80 medidas que movilizará 5 mil millones de euros para amortiguar el impacto de la guerra sobre el aparato productivo.
«Situaciones extraordinarias exigen medidas extraordinarias», afirmó Sánchez al presentar el programa y agregó que «las guerras cuestan vidas, cuestan refugiados y además, en estos primeros meses, a los españoles nos va a costar 5 mil millones que podríamos destinar a becas o sanidad, pero vamos a tener que proteger a nuestro tejido productivo, el campo, la industria y las pequeñas y medianas empresas».
La preocupación de los gobiernos europeos se disparó este martes por las primeras protestas de ruralistas frente al Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia que se replicó en distintos países en protesta a la escalada de los costos que acelere la tensión inflacionaria.
Los gobiernos buscan evitar una escalada del conflicto con un sector que no se anda con chiquitas a la hora de hacerse oír. En los últimos años, las protestas de productores se multiplicaron en Francia, Alemania, Bélgica y España con cortes de rutas, bloqueos a puertos y tractorazos contra las políticas ambientales de Bruselas y el aumento de costos productivos.
La relación de los productores con la Unión Europea viene tensionada por el acuerdo con el Mercosur. Los agricultores aseguran que el tratado comercial los va a perjudicar por el ingreso de alimentos sudamericanos de menor costos y exigencias regulatorias.
Ahora, el panorama se complica por la suba de insumos y en consecuencia, los gobiernos europeos buscan contener al campo para evitar que la crisis termine de quebrar el vínculo político. En definitiva, un triunfo de los sectores más proteccionistas que se vienen imponiendo en la discusión pública.
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