La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) indicó que la nueva excepción para que los niños, niñas y adolescentes que viven con uno de sus padres puedan alternar de casa una vez por semana no es un régimen obligatorio.
La titular de la SENAF, Roxana Méndez, aseguró que esto se puede dar siempre y cuando entre los progenitores exista un acuerdo previo a la pandemia.
“Nos llegaron reiteradas consultas sobre este tema y se debe aclarar que esta nueva excepción no es un régimen de visita obligatorio que reemplaza acuerdos existentes previamente a la puesta en vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio”, explicó la Secretaria de Estado.
“Estamos pasando de una cuarentena en donde los niños, niñas o adolescente no se podían mover de un domicilio a que, una vez por semana, puedan hacer este movimiento para favorecer la comunicación con otro de sus padres o referente afectivo, que es un derecho. Pero esto no reemplaza u ordenar un nuevo régimen de comunicación”, indicó Méndez.
Entre ambos progenitores se determina (por acuerdos de hecho o escritos, o mediante resolución de un juez o jueza) la modalidad de cuidado o de régimen de comunicación, para regular los contactos entre hijos/as y progenitores no convivientes.
La nueva excepción ofrece una oportunidad para, teniendo en cuenta los intereses de los niños, niñas y adolescentes, que claramente deben ser escuchados, los padres puedan acordar una forma en que el niño o la niña mantengan una adecuada relación con ambos.
Lógicamente, si algún progenitor/a tiene alguna restricción legal para ver al niño o niña claramente no tiene ‘derecho’ a una semana de convivencia.
“El permiso, es una declaración jurada que tiene validez entre localidades y provincias y se trata de una oportunidad para que hijos e hijas puedan tener contacto con ambos progenitores, en caso que lo deseen”, concluyó Méndez.
La previa a la llegada de Milei a la localidad de San Lorenzo por el aniversario de la primera batalla que ganó San Martín contra el ejército Realista se recalentó en las últimas horas.
Un posteo cuestionando la decisión de Pullaro que se negó en su momento a liquidar los 800 millones de dólares que consiguió en los mercados internacionales disparó una catarata de críticas de parte de los libertarios al gobierno provincial.
Un posteo cuestionando la decisión de Pullaro que se negó en su momento a liquidar los 800 millones de dólares que consiguió en los mercados internacionales disparó una catarata de críticas de parte de los libertarios al gobierno provincial.
Todo empezó cuando funcionarios del equipo económico cuestionaran públicamente la decisión del gobernador de no liquidar en enero los fondos tomados para financiar obras en Santa Fe y ahora con la baja del dólar oficial, la provincia habría perdido más de $120 millones de dólares, según calculó el mismo Toto Caputo.
El cruce fue amplificado por Javier Milei y convirtió una discusión técnica en un nuevo frente político entre Nación y Provincia a hora de su llegada.
El presidente amplificó la polémica
Los libertarios sostienen que la decisión de Pullaro generó pérdidas millonarias para la provincia por la baja del tipo de cambio y por no haber colocado los fondos a tasa en pesos. Caputo llegó a hablar de un costo superior a los 120 mil millones de pesos y calificó la estrategia como una especulación sin sentido, con gastos en pesos financiados con dólares que permanecen sin liquidar.
En respuesta, el gobierno santafesino buscó correr la discusión del terreno financiero al político y de gestión. Cerca de Pullaro remarcaron a LPO que la provincia tomó deuda para inversiones duras en infraestructura y desarrollo productivo, y no para realizar colocaciones financieras. «Si el objetivo hubiese sido hacer inversión financiera, directamente no se habría tomado la deuda», señalaron.
En ese marco, defendieron la decisión de liquidar los dólares a medida que avanza la ejecución de las obras y rechazaron de plano la lógica del Gobierno nacional. «No gestionamos el Tesoro Provincial con criterios de un trader. Hablar de ganar o perder en colocaciones financieras implica aceptar riesgos que no pueden aplicarse al manejo de fondos públicos», afirmaron, en una réplica directa a los cuestionamientos del Ministerio de Economía.
TE SALIÓ MALPullaro tomó deuda en dólares y decidió no liquidarlos a pesos, cuando se había comprometido a hacerlo, especulando con una devaluación y con que el país entrara en default. El decía que Santa Fe no podía perder un peso y en apenas DOS MESES, nos costó a los…
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Osvaldo Jaldo le sacó el control de la Caja Popular de Ahorros al diputado Carlos Cisneros tras acusarlo de filtrar imágenes de sus vacaciones en las playas de Aruba y abrió un conflicto en el peronismo tucumano de alcance impredecible.
La Caja Popular es un cuasi banco que no tiene el control del Banco Central.
En el imaginario popular de los tucumanos, la Caja es del sindicato La Bancaria que en la provincia lidera Cisneros. Es una mega estructura que entrega créditos a empleados públicos, hace operaciones financieras y hasta tiene el manejo del juego provincial en sociedad con el empresario Roberto Sagra.
Es una gigantesca fuente de poder que controla Cisneros, que suele ser un aliado ineludible de los gobernadores peronistas, hasta que alguna disputa de poder los hace chocar. Una situación muy similar a la actual ocurrió una década atrás entre Cisneros y el entonces gobernador José Alperovich, que le intervino la Caja y generó una amarga pelea que sigue hasta estos días. No así con Juan Manzur, que logró convivir en paz con el diputado.
Como sea, luego de meses de tensión subterránea entre Cisneros y el actual gobernador, el episodio de Aruba terminó de descarrilar la relación. Este miércoles, a su regreso de las vacaciones, Jaldo dio una conferencia de prensa con un nivel de tensión política explícita, poco habitual en la política tucumana, donde son especialistas en golpearse por detrás.
Me tomé licencia por diez días hábiles por razones particulares, sin goce de sueldo. Algunos medios nacionales que han sido motivados, incentivados por personajes de esta querida provincia, que muy pronto se va a conocer quienes son. Esto ha sido un carancheo político.
«Me tomé licencia por diez días hábiles por razones particulares, sin goce de sueldo. Quiero agradecer a los medios locales que han respetado la vacaciones que me tomé con mi familia. No así algunos medios nacionales que han sido motivados, incentivados, por personajes de esta querida provincia, que muy pronto se va a conocer quienes son. Esto ha sido un carancheo político», afirmó Jaldo.
Si bien no mencionó a Cisneros en su conferencia de prensa, horas después quedó clarísimo a quien apuntaba cuando decidió intervenir la Caja, una decisión de altísimo voltaje político en Tucumán.
Jaldo nombró como interventor a Guillermo Norry, un dirigente que se desempeñaba como interventor del municipio de Alberdi, y desplazó al actual interventor de la Caja, José Díaz, que responde a Cisneros. El gobernador desde que asumió buscó una alianza con los intendentes -peronistas y radicales-, como parte de un entramado territorial que sigue pesando en la política tucumana.
Cisneros está acostumbrado a jugar fuerte, aunque el año que pasó acumuló conflictos con pesos pesado de la política provincial. Entró en guerra con Miguel Chaiben Terraz, presidente del Tribunal de Cuentas cuando este empezó a habilitar auditorias picantes sobre la ayuda social que distribuye la Caja Popular. Pero también chocó con Edmundo ´Pirincho´ Jiménez, octagenario jefe de los fiscales de la provincia, que avanzó contra algunos medios y disparado el conflicto avisó: «yo ya no tengo nada que perder».
Desde es momento, la gran pregunta que recorría la política tucumana era si Jaldo se animaría a dar el paso de tocarle la Caja Popular a Cisneros.
Cisneros está acostumbrado a jugar fuerte, pero el año que pasó acumuló conflictos con dos pesos pesado de la política provincial: el presidente del Tribunal de Cuentas,Miguel Chaiben Terraz y el jefe de los fiscales, Edmundo ´Pirincho´ Jiménez.
En 2024, tras sellar un acuerdo con el ex intendente de la capital, Germán Alfaro, el gobernador había amenazado con nombrarlo interventor de la Caja Popular. Pero quedó en la nada. El golpe a Cisneros se hizo esperar casi dos años en medio de tironeos y de mensajes cruzados, en la promiscua política tucumana.
Ahora, en la provincia esperan una guerra de guerrillas entre el gobernador y Cisneros que puede salpicar a otros dirigentes de peso, con el telón de fondo de las elecciones del 2027, donde todos los cargos ejecutivos se pondrán en juego.
En cuanto a la situación de la Caja, fuentes al tanto de la decisión, anticiparon a LPO que podría haber novedades desde el lado del Tribunal de Cuentas.
«Norry es un bonachón que va a hacer lo que pida Jaldo», afirmó a LPO un dirigente del peronismo tucumano, al analizar los márgenes de autonomía del flamante interventor.
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