La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) indicó que la nueva excepción para que los niños, niñas y adolescentes que viven con uno de sus padres puedan alternar de casa una vez por semana no es un régimen obligatorio.
La titular de la SENAF, Roxana Méndez, aseguró que esto se puede dar siempre y cuando entre los progenitores exista un acuerdo previo a la pandemia.
“Nos llegaron reiteradas consultas sobre este tema y se debe aclarar que esta nueva excepción no es un régimen de visita obligatorio que reemplaza acuerdos existentes previamente a la puesta en vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio”, explicó la Secretaria de Estado.
“Estamos pasando de una cuarentena en donde los niños, niñas o adolescente no se podían mover de un domicilio a que, una vez por semana, puedan hacer este movimiento para favorecer la comunicación con otro de sus padres o referente afectivo, que es un derecho. Pero esto no reemplaza u ordenar un nuevo régimen de comunicación”, indicó Méndez.
Entre ambos progenitores se determina (por acuerdos de hecho o escritos, o mediante resolución de un juez o jueza) la modalidad de cuidado o de régimen de comunicación, para regular los contactos entre hijos/as y progenitores no convivientes.
La nueva excepción ofrece una oportunidad para, teniendo en cuenta los intereses de los niños, niñas y adolescentes, que claramente deben ser escuchados, los padres puedan acordar una forma en que el niño o la niña mantengan una adecuada relación con ambos.
Lógicamente, si algún progenitor/a tiene alguna restricción legal para ver al niño o niña claramente no tiene ‘derecho’ a una semana de convivencia.
“El permiso, es una declaración jurada que tiene validez entre localidades y provincias y se trata de una oportunidad para que hijos e hijas puedan tener contacto con ambos progenitores, en caso que lo deseen”, concluyó Méndez.
Un estudio reciente publicado en la revista científica Science vuelve a poner en discusión uno de los grandes relatos de la humanidad: cómo y cuándo llegaron los primeros seres humanos al continente americano. Lejos de cerrar el debate, la nueva investigación introduce dudas profundas sobre uno de los sitios más emblemáticos y obliga a repensar décadas de consenso académico.
Por Alcides Blanco para NLI
Mapa del área de estudio. (A) Ubicación del sitio Monte Verde (estrella amarilla) en la región de los Lagos del sur de Chile, en relación con las morrenas terminales de la última glaciación (gris claro) y las llanuras de outwash (gris oscuro) asociadas a ellas. Las ubicaciones de la sección 1 (S1) y la sección 2 (S2) se indican con puntos negros. Los puntos blancos señalan localidades cercanas. (B) Mapa geológico del área del sitio Monte Verde que muestra las principales unidades geomorfológicas y las áreas del sitio identificadas por los investigadores originales en el valle de Chinchihuapi. El mapa base es un modelo digital de elevación generado mediante fotogrametría con drones.
La historia que creíamos conocer
Durante buena parte del siglo XX, el poblamiento de América fue explicado a partir de un modelo relativamente claro: grupos humanos provenientes de Asia habrían cruzado hacia el continente a través de Beringia —la franja de tierra que unía Siberia con Alaska durante la última glaciación— hace unos 13.000 o 14.000 años. Desde allí, se habrían desplazado progresivamente hacia el sur, ocupando el resto del territorio americano en un proceso relativamente rápido en términos históricos.
Ese esquema, conocido como el modelo “Clovis primero”, comenzó a resquebrajarse con el correr de las décadas, especialmente a partir de hallazgos en América del Sur que sugerían una presencia humana mucho más antigua. Entre ellos, el caso más emblemático fue el de Monte Verde, en el sur de Chile, que durante años fue considerado una prueba sólida de ocupación humana de más de 14.500 años de antigüedad.
Monte Verde no era solo un sitio arqueológico: era, en muchos sentidos, una pieza clave para sostener la idea de un poblamiento temprano y posiblemente más complejo, con rutas alternativas —incluso costeras— que desafiaban la visión tradicional centrada exclusivamente en el paso por el norte.
El estudio que vuelve a abrir la discusión
La nueva investigación publicada en Science propone una revisión profunda de ese escenario. A partir de un análisis detallado del contexto geológico y de las capas sedimentarias del sitio, los autores plantean que parte de la evidencia que sostenía la gran antigüedad de Monte Verde podría haber sido mal interpretada.
El sitio arqueológico de Monte Verde y el arroyo Chinchihuapi, escenario del debate sobre la antigüedad del asentamiento. Imagen: Todd Surovell/AP Photo/picture alliance
Según el trabajo, varios de los materiales que se consideraban asociados a actividad humana antigua no se encontraban en su posición original, sino que habrían sido desplazados por procesos naturales —como corrientes de agua o movimientos del terreno— y redepositados en niveles más antiguos. Este fenómeno habría generado una “superposición engañosa” entre restos humanos y sedimentos mucho más antiguos, alterando la lectura cronológica del sitio.
Como resultado, la nueva datación ubica la ocupación del sitio en un rango considerablemente más reciente, entre aproximadamente 4.000 y 8.000 años atrás, muy lejos de las cifras que lo ubicaban como uno de los asentamientos humanos más antiguos del continente.
Lo que está en juego: más que una fecha
La revisión de Monte Verde no es simplemente un ajuste cronológico. Lo que se pone en juego es la estructura misma del relato sobre el poblamiento americano. Si uno de los principales argumentos a favor de una presencia humana muy temprana en el sur pierde solidez, todo el modelo general debe ser reconsiderado.
Esto no implica un regreso automático a las viejas teorías, pero sí reequilibra el debate. La idea de una expansión desde el norte vuelve a ganar peso, en línea con el ingreso por Beringia, mientras que las hipótesis de ocupaciones extremadamente tempranas en el sur quedan bajo mayor escrutinio.
En este punto, el estudio también deja al descubierto una tensión propia del campo científico: la tendencia a consolidar ciertos hallazgos como verdades difíciles de cuestionar. Monte Verde había alcanzado un estatus casi intocable, y su revisión demuestra que incluso los consensos más firmes deben estar abiertos a la crítica.
La ciencia como campo de disputa
Lejos de la imagen de neutralidad absoluta, la ciencia también está atravesada por disputas, intereses y trayectorias. El poblamiento de América no es solo un problema técnico: es también una narrativa sobre los orígenes y sobre la construcción del pasado.
Durante años, la búsqueda del “sitio más antiguo” funcionó como una carrera simbólica dentro de la arqueología. En ese contexto, el nuevo estudio introduce una advertencia clave: no alcanza con encontrar objetos antiguos, es imprescindible comprender su contexto geológico y su relación real con la actividad humana.
Más que desacreditar investigaciones previas, lo que propone es una mirada más rigurosa, donde la evidencia no solo se mida por su antigüedad, sino también por la solidez de su interpretación.
Un pasado que sigue en construcción
El poblamiento de América continúa siendo un rompecabezas abierto, donde confluyen datos arqueológicos, genéticos y ambientales que no siempre encajan de manera simple.
Lo que deja en claro este estudio es que la historia no está escrita en piedra. Cada nuevo hallazgo, cada revisión metodológica, puede alterar lo que creíamos saber y obligarnos a repensar los relatos establecidos.
En definitiva, más que cerrar una discusión, este trabajo la vuelve a encender. Y en ese movimiento —incómodo pero necesario— es donde la ciencia encuentra su verdadera potencia.
La comparación entre la causa que derivó en la condena de Cristina Fernández de Kirchner y otros expedientes recientes que involucran a funcionarios del actual gobierno expone una tensión cada vez más evidente: mientras en un caso bastó con una presunción interpretativa —“no podía no saber”—, en otros, con abundancia de indicios y documentación, la reacción judicial y mediática parece notablemente más tenue.
Por Ramiro C. Ferrante para NLI
La historia judicial argentina ofrece múltiples ejemplos de selectividad, pero pocos tan paradigmáticos como el contraste entre la denominada “causa Vialidad” y las investigaciones que hoy rodean a distintos funcionarios del gobierno de Javier Milei. En el primer caso, el eje de la condena a Cristina Fernández de Kirchner giró sobre un razonamiento que excede la prueba directa: la idea de que, por su investidura, “no podía no estar al tanto” de las irregularidades atribuidas a la obra pública en Santa Cruz.
Esa formulación, que en términos jurídicos tensiona principios básicos como la responsabilidad penal individual y la necesidad de prueba concreta, fue sostenida tanto por sectores del Poder Judicial como por buena parte del sistema mediático dominante. Sin embargo, cuando se observan expedientes actuales —donde aparecen transferencias, vínculos contractuales, decisiones administrativas documentadas o movimientos patrimoniales verificables— la vara parece desplazarse hacia un estándar mucho más laxo.
La lógica de la presunción: el caso Vialidad
En la causa que culminó con la condena de Cristina Fernández de Kirchner, uno de los aspectos más controvertidos fue la ausencia de evidencia directa que acreditara su participación personal en maniobras ilícitas. No se incorporaron registros de conversaciones, correos electrónicos, transferencias bancarias ni documentos firmados por la exmandataria que vincularan de manera concreta su accionar con los hechos investigados.
La construcción acusatoria se apoyó, en cambio, en una inferencia estructural: que la entonces presidenta debía necesariamente conocer lo que ocurría en la asignación de obra pública. Esta interpretación, si bien puede tener peso político, abre un debate jurídico profundo sobre el alcance de la responsabilidad por jerarquía y sobre los límites entre presunción y prueba.
En términos estrictamente legales, la doctrina penal exige certeza basada en evidencia. Sin embargo, el fallo incorporó un razonamiento más cercano a la sospecha estructural que a la demostración empírica, lo que fue celebrado por sectores mediáticos que durante años instalaron la idea de culpabilidad como sentido común.
ANDIS, $LIBRA y otras causas: cuando la prueba no moviliza
En contraste, investigaciones recientes como las vinculadas a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el denominado caso $LIBRA o las denuncias por enriquecimiento que salpican a figuras del oficialismo presentan un cuadro distinto: aquí sí aparecen elementos materiales, registros administrativos y circuitos financieros que permiten trazar relaciones más concretas.
Sin embargo, la respuesta institucional no ha tenido la misma intensidad. En el caso de ANDIS, por ejemplo, se mencionaron irregularidades en la asignación de fondos y contrataciones que derivaron en cuestionamientos internos, pero sin avanzar con la celeridad que se observó en otras causas de alto impacto político.
Algo similar ocurre con el entramado de $LIBRA, donde la existencia de documentación, decisiones administrativas y posibles beneficiarios identificables no logró instalar en el debate público la misma noción de escándalo estructural que sí se construyó en torno al kirchnerismo.
El patrimonio y las explicaciones: el caso Adorni
El caso de Manuel Adorni resulta ilustrativo en este esquema comparativo. Las discusiones sobre su patrimonio, operaciones inmobiliarias y financiamiento de adquisiciones abrieron interrogantes que, en otro contexto político, probablemente habrían derivado en investigaciones más profundas y en una cobertura mediática sostenida.
Sin embargo, la reacción predominante fue la relativización o la rápida disipación del tema en la agenda pública. La diferencia no es menor: mientras en la causa Vialidad se construyó una narrativa de culpabilidad sin prueba directa, en estos casos la existencia de elementos verificables no alcanza para generar una presión equivalente.
El rol de Karina Milei y las sospechas de intermediación
Otro punto que alimenta la discusión sobre la doble vara es la aparición de versiones vinculadas a presuntos esquemas de intermediación o retornos —como el denominado “3%”— que involucran a Karina Milei. Si bien muchas de estas denuncias requieren aún confirmación judicial, lo cierto es que el tratamiento mediático ha sido, en general, más prudente o marginal.
En términos comparativos, basta recordar cómo hipótesis mucho menos documentadas en el pasado fueron amplificadas durante meses hasta consolidarse como verdades instaladas.
A diferencia de lo ocurrido con Cristina Fernández de Kirchner, donde la centralidad del cargo fue utilizada para inferir conocimiento y eventual participación, en el caso del actual presidente parece imponerse la lógica inversa.
Créditos del Banco Nación y decisiones administrativas
Las operaciones crediticias otorgadas por el Banco Nación a determinados actores también ingresan en este análisis. La existencia de expedientes, montos y condiciones específicas ofrece un terreno fértil para la investigación judicial. No obstante, nuevamente, la intensidad de la respuesta institucional dista de la observada en otras etapas políticas.
El contraste no implica necesariamente afirmar culpabilidades, sino señalar una diferencia en el estándar de exigencia: lo que en un caso se interpreta como indicio suficiente, en otro parece no alcanzar ni siquiera para activar mecanismos de investigación robustos.
En este punto aparece un elemento particularmente revelador: la forma en que el propio Javier Milei queda sistemáticamente por fuera de las hipótesis de responsabilidad. A diferencia de lo ocurrido con Cristina Fernández de Kirchner, donde la centralidad del cargo fue utilizada para inferir conocimiento y eventual participación, en el caso del actual presidente parece imponerse la lógica inversa. Aun cuando los hechos investigados involucran áreas sensibles del gobierno o funcionarios de su máxima confianza, la interpretación dominante —tanto en ciertos sectores judiciales como mediáticos— tiende a considerar plausible que Milei “no esté al tanto”. Esta asimetría no es menor: mientras en un caso la jerarquía implicaba necesariamente conocimiento, en el otro habilita una presunción de desconocimiento que lo excluye preventivamente del análisis de responsabilidades.
Medios, justicia y construcción de sentido
El punto de convergencia entre todos estos casos es el rol de los medios de comunicación en la construcción de sentido. La condena de Cristina Fernández de Kirchner fue precedida por años de cobertura sistemática que instaló una narrativa de corrupción estructural, incluso en ausencia de pruebas directas.
En cambio, las causas que hoy afectan a funcionarios del oficialismo no han logrado —o no se ha buscado que logren— ese mismo nivel de penetración en la opinión pública. La diferencia no es sólo cuantitativa, sino cualitativa: cambia la forma en que se interpreta la evidencia y el peso que se le asigna.
Una justicia bajo sospecha
La comparación deja al descubierto una pregunta incómoda pero inevitable: ¿existe un criterio uniforme en la administración de justicia o las decisiones están condicionadas por el contexto político y mediático?
Cuando una condena puede sostenerse en una presunción y otras investigaciones con mayor volumen de pruebas no avanzan con igual firmeza, la percepción de doble vara se vuelve difícil de refutar. Y esa percepción, más allá de las posiciones partidarias, erosiona uno de los pilares fundamentales del sistema democrático: la confianza en la justicia.
En definitiva, el problema no es sólo jurídico, sino institucional. Porque una justicia que parece medir distinto según el acusado deja de ser justicia para convertirse en un instrumento de disputa política. Y en ese terreno, la verdad —con pruebas o sin ellas— corre siempre el riesgo de quedar relegada.
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