Nuevo permiso para hijos de padres separados

La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) indicó que la nueva excepción para que los niños, niñas y adolescentes que viven con uno de sus padres puedan alternar de casa una vez por semana no es un régimen obligatorio.

La titular de la SENAF, Roxana Méndez, aseguró que esto se puede dar siempre y cuando entre los progenitores exista un acuerdo previo a la pandemia.

“Nos llegaron reiteradas consultas sobre este tema y se debe aclarar que esta nueva excepción no es un régimen de visita obligatorio que reemplaza acuerdos existentes previamente a la puesta en vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio”, explicó la Secretaria de Estado.

“Estamos pasando de una cuarentena en donde los niños, niñas o adolescente no se podían mover de un domicilio a que, una vez por semana, puedan hacer este movimiento para favorecer la comunicación con otro de sus padres o referente afectivo, que es un derecho. Pero esto no reemplaza u ordenar un nuevo régimen de comunicación”, indicó Méndez.

Entre ambos progenitores se determina (por acuerdos de hecho o escritos, o mediante resolución de un juez o jueza) la modalidad de cuidado o de régimen de comunicación, para regular los contactos entre hijos/as y progenitores no convivientes.

La nueva excepción ofrece una oportunidad para, teniendo en cuenta los intereses de los niños, niñas y adolescentes, que claramente deben ser escuchados, los padres puedan acordar una forma en que el niño o la niña mantengan una adecuada relación con ambos.

Lógicamente, si algún progenitor/a tiene alguna restricción legal para ver al niño o niña claramente no tiene ‘derecho’ a una semana de convivencia.

“El permiso, es una declaración jurada que tiene validez entre localidades y provincias y se trata de una oportunidad para que hijos e hijas puedan tener contacto con ambos progenitores, en caso que lo deseen”, concluyó Méndez.

La declaración jurada aprobada por la Resolución N°132/20 del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que puede conseguirse y completarse en https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2_anexo._decreto_ndeg_2972020_.pdf

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    Bombardear en nombre del pueblo

    Las últimas dos intervenciones militares internacionales coincidieron en buscar la “decapitación” de los gobiernos de los países contra los que apuntaron. La operación militar clandestina de la administración Trump en Venezuela tuvo como objetivo la “extracción” del presidente Nicolás Maduro. En el caso de los últimos ataques ilegales a Irán, los primeros bombardeos de Israel y de Estados Unidos buscaron asesinar a los principales líderes políticos de la República Islámica, entre los que se encontraban el ayatola y líder supremo, Ali Khamenei. Ambos ejercicios de la violencia tuvieron un punto de continuidad con los anteriores: se hicieron en nombre de los pueblos. En el caso de Venezuela, en nombre del pueblo estadounidense —construido como víctima de las prácticas narco-terroristas del gobierno latinoamericano— y del venezolano —caracterizado como deseoso de paz, libertad y prosperidad—. Como dato a tener en cuenta, a diferencia de intervenciones pasadas (en Afganistán, Irak o Libia, solo para mencionar algunas), en su discurso, Trump no mencionó la palabra democracia. En cambio, explicitó que Estados Unidos gobernaría el país para asegurarse su subordinación a los intereses norteamericanos.

    En cuanto al ataque contra la República Islámica de Irán, también se invocó la defensa del pueblo estadounidense, del israelí —ambos en peligro debido a que Irán fue caracterizado como el “Estado sponsor del terrorismo número uno del mundo”— y del iraní. Desde el estallido de las protestas de finales de diciembre y principios de enero en el país persa y en el marco del aplastamiento de las mismas por parte del gobierno, Trump les prometió “ayuda”. En su anuncio del comienzo de los bombardeos, al tiempo que los conminó a permanecer en sus hogares mientras estos durasen, les indicó “hacerse cargo de su propio gobierno” en cuanto terminaran. Y apuró: “esta podría ser su única posibilidad por generaciones”. Si bien en este caso se explicitó el objetivo de cambio de régimen, tampoco se articuló la palabra democracia. El anuncio de Benajmin Netanyahu corrió en el mismo sentido.

    La dinámica de las calles

    El antecedente inmediato a los ataques que comenzaron el pasado 28 de febrero fueron los de junio de 2025. Estos tuvieron como fondo los crecientes cuestionamientos a las acciones del gobierno de Israel en Gaza, que se dejaron oír tanto desde fuera del territorio israelí como desde dentro del mismo. Fuera de él, bajo la forma de flotillas humanitarias, manifestaciones colectivas de repudio y mediante el uso resonante de la palabra genocidio para describir las acciones de Israel en la Franja. Estos procesos se midieron cuantitativamente en una encuesta realizada por la consultora Gallup en la que se evidenció que, por primera vez desde el fatídico 2001, el pueblo estadounidense tiene mayor simpatía por los palestinos que por los israelíes.

    Dentro del territorio israelí, las protestas contra el gobierno por parte de los propios israelíes habían crecido cuantitativa y cualitativamente y se habían retomado las acusaciones por corrupción contra el primer ministro israelí, quien incluso llegó a ser acusado de cometer crímenes de guerra. Terminado ese episodio del ataque contra Irán, se retomaron las protestas contra el gobierno de Netanyahu: en enero pasado, miles de israelíes volvieron a manifestarse en las calles de Tel Aviv y Jerusalén/Al-Quds contra lo que consideran como una deriva anti-democrática en Israel apuntando contra la reforma judicial que busca imponer el gobierno y pidiendo la liberación del último rehén que queda en manos de Hamas. Como nota interesante, algunas de las pancartas expresaban críticas contra Trump.

    Las críticas al presidente de Estados Unidos también arreciaban en su territorio y la administración Trump enfrentaba sus propias movilizaciones. En este caso, gatilladas por la difusión de los archivos Epstein y contra ICE, la institución encargada de “extraer” a migrantes ilegales de suelo norteamericano, acusada de asesinatos, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y abusivas y la militarización de la cuestión migratoria. A fines de enero, los organizadores de estas manifestaciones demostraron su capacidad de coordinación y convocatoria masiva realizando el mismo día más de 300 protestas simultáneas en todo el país. La consigna: “ICE out of everywhere” (ICE fuera de todos lados).

    Iniciados los ataques actuales contra Irán, muchos de estos manifestantes se organizaron rápidamente para demostrar en las calles su repudio a la nueva guerra. El malestar con el uso de la fuerza por parte de la población de Estados Unidos también fue medido, en este caso, por una encuesta realizada en conjunto por Reuters/Ipsos. A través de ella se demostró que solo un 27% de los estadounidenses aprueban la guerra contra Irán. El repudio a la guerra pudo verse también en las calles de algunas ciudades de Turquía y en algunas capitales europeas.

    Las manifestaciones contra ICE fueron contemporáneas de una de las olas de protestas más importantes y masivas del pueblo iraní contra el gobierno desde la Revolución en 1979. En ellas participaron estudiantes, grupos de mujeres, organizaciones de trabajadores, comerciantes y organizaciones políticas. Las causas económicas que la impulsaron (alta inflación y fuerte devaluación del riyal iraní), rápidamente se articularon con otras de tinte político entre las que resonó de manera mayoritaria la demanda de la terminación de la República Islámica. El gobierno respondió con una represión brutal, dejando un saldo de entre miles y decenas de miles de muertos, dependiendo de la fuente. En su discurso de anuncio del ataque de 2026, Netanyahu afirmó que esas protestas habían sido posibilitadas por el ataque israelí del año anterior. Subrayar que estas manifestaciones fueron masivas no debe llevarnos a la conclusión apresurada de que el “pueblo” iraní está en contra del régimen. Lo que sí debe permitirnos concluir es que la República Islámica enfrenta oposiciones cada vez más contundentes y, dada la respuesta del gobierno, que la construcción de consensos le está resultando cada vez más dificultosa.

    La prueba de que el “pueblo” iraní no está contra el régimen y que —aún más— buena parte de él continúa apoyando la República Islámica, fueron las manifestaciones también masivas de congoja y enojo por el asesinato del ayatola Khamenei. Si bien existieron algunas expresiones celebratorias en las calles de Teherán y de la diáspora iraní, no se comparan en número con las manifestaciones populares de duelo.

    Desde la óptica shiíta, el asesinato de Khamenei por parte de Estados Unidos e Israel lo transforma en mártir. Esto tiene dos efectos relevantes. Primero, lo ubica en una línea histórica de muertes violentas en contextos de lucha contra la injusticia y la opresión. Segundo, traslada su muerte a la región sagrada. La noción de martirio lleva al asesinato de Khamenei a un más allá de trascendencia. Su muerte deviene, así, en una fuerza impulsora y lo hace centro de la devoción shiíta. Esto permite movilizar la identidad islámica. Lo que explica que estas manifestaciones de duelo se hayan replicado en distintos puntos del globo: Pakistán, India, Irak, Líbano, Bangladesh, Baréin, Yemen. Muchas de estas manifestaciones derivaron en ataques contra embajadas y consulados de Estados Unidos en esos países.

    Entre estas, son de destacar las manifestaciones ocurridas en Irak, Yemen y Baréin. En el caso de Irak, de mayoría shiíta, las manifestaciones de duelo llevaron a grupos de manifestantes a atacar la Zona Verde en Bagdad. Se trata de un territorio amurallado construido por Estados Unidos luego de su invasión a Irak en 2003 y en la que se encuentran residencias de diplomáticos, embajadas y consulados. En Saná, capital de Yemen, la activa y potente minoría shiíta logró una movilización masiva en la que se desplegaron banderas de Palestina, Yemen e Irán. También en Baréin existen actualmente levantamientos que derivaron en enfrentamientos violentos entre grupos pertenecientes a la mayoría shiíta y las fuerzas de seguridad de la monarquía bareiní. Los manifestantes reclaman dar apoyo a Irán y echar a la 5ta Flota de Estados Unidos, apostada en el reino árabe. Estas manifestaciones, comenzadas antes de esta nueva ronda de ataques sobre Irán, buscan un cambio de régimen.

    Durante los levantamientos que sacudieron al mundo árabe en 2010-2011, Baréin fue un caso que resonó puesto que fue el más afectado de los países del Golfo árabe. En esa oportunidad, el Consejo de Cooperación del Golfo, un organismo regional de seguridad colectiva que incluye a las monarquías árabes de la Península, intervino militarmente para defender al rey del país. Frente a estas nuevas protestas y enfrentamientos, el Consejo volvió a enviar tropas. Los países del Golfo se han abstenido de responder a los ataques de Irán contra instalaciones militares y políticas estadounidenses en sus territorios en respuesta a los ataques por parte de la potencia norteamericana. Diversas razones los movilizan, pero todos buscan conservar la estabilidad de la que por el momento han gozado en una región en la que movilizaciones populares, bombas y misiles son, hace varias décadas, moneda corriente. Una forma de asegurarla es no responder a Irán, no solo porque esos ataques podrían traer aún más incertidumbre, sino porque eso implicaría aliarse con Israel mientras sus poblaciones continúan apoyando la causa palestina.

    Desacoples y discontinuidades

    La historia de los enfrentamientos estatales se cuenta a través de dicotomías totalizantes, puesto que el ejercicio de la violencia no puede más que reposar sobre estas. Se escribe al respecto: se conmina a tomar posición. Los observadores hacen cálculos de fuerza, especulan y aventuran hipótesis, buscan y encuentran las razones, señalan posibles ganadores, identifican perdedores, advierten acerca de los peligros, iluminan algunas zonas, condenan a la oscuridad a otras.

    Aquí busqué apuntar a una zona que tiende a permanecer a oscuras para subrayar desacoples, movimientos en paralelo, heterogeneidades y discontinuidades. En fin, para destacar cómo la vida se resiste a dejarse atrapar en categorías y políticas cerradas y totalizantes. Son solo flashes que no entregan más que pistas fragmentarias, pero que buscan destacar el movimiento y la potencia vital que insiste debajo de las palabras serias y graves, circulando entre los estallidos estruendosos, resurgiendo una y otra vez de entre los escombros.

    La entrada El fuego camina conmigo se publicó primero en Revista Anfibia.

     

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  • Una nueva semana de colonia de vacaciones, en marcha

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  • La CGT presentó un amparo para frenar el traspaso del fuero laboral a la Ciudad

     

    La CGT presentó este viernes un amparo para frenar el traspaso del fuero laboral a la Ciudad, aprobado en la reforma laboral que sancionó el Congreso la semana pasada.

    La presentación de la central obrera se hizo ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N°7, a cargo del juez Enrique Lavié Pico.

    En la presentación, firmada por los triunviros Jorge Sola, Octavio Arguello y Cristian Jerónimo, la CGT reclamó «el dictado de una medida cautelar de no innovar que suspenda de inmediato la operatividad de los artículos 90 y 91 de la Ley de Modernización Laboral y del acuerdo de Transferencia aprobado por el art. 90 en cuanto disponen el cierre de treinta (30) Juzgados de Primera Instancia del Trabajo y de la Sala VII de la CNAT y la progresiva eliminación y cierre de la Justicia nacional del Trabajo, así como de las transferencias cuestionadas en el presente pedido de amparo».

    La central dijo que los artóculos de la reforma laboral constituyen «una afrenta al orden constitucional, a la división de poderes y al deber estatal de proceder de acuerdo al derecho vigente y, por sus efectos, conforman hechos de gravedad institucional».

    El traspaso del fuero laboral a la Ciudad, empujado por la Rosada, recibió una inédita resistencia desde las propias filas del gobierno.

    Como anticipó LPO, Patricia Bullrich hizo un intento desesperado por trabar el traspaso de los jueces nacionales a la órbita porteña porque sospechaba de un acuerdo entre Karina Milei y Daniel Angelici, que tiene una centralidad total en la justicia porteña. Bullrich creía que el acuerdo beneficiaría a Manuel Adorni, que llamaba a senadores para presionar con el traspaso.

    El acuerdo de Karina con Angelici que temía Bullrich terminó confirmándose días después con la designación de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia.

     

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