La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) indicó que la nueva excepción para que los niños, niñas y adolescentes que viven con uno de sus padres puedan alternar de casa una vez por semana no es un régimen obligatorio.
La titular de la SENAF, Roxana Méndez, aseguró que esto se puede dar siempre y cuando entre los progenitores exista un acuerdo previo a la pandemia.
“Nos llegaron reiteradas consultas sobre este tema y se debe aclarar que esta nueva excepción no es un régimen de visita obligatorio que reemplaza acuerdos existentes previamente a la puesta en vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio”, explicó la Secretaria de Estado.
“Estamos pasando de una cuarentena en donde los niños, niñas o adolescente no se podían mover de un domicilio a que, una vez por semana, puedan hacer este movimiento para favorecer la comunicación con otro de sus padres o referente afectivo, que es un derecho. Pero esto no reemplaza u ordenar un nuevo régimen de comunicación”, indicó Méndez.
Entre ambos progenitores se determina (por acuerdos de hecho o escritos, o mediante resolución de un juez o jueza) la modalidad de cuidado o de régimen de comunicación, para regular los contactos entre hijos/as y progenitores no convivientes.
La nueva excepción ofrece una oportunidad para, teniendo en cuenta los intereses de los niños, niñas y adolescentes, que claramente deben ser escuchados, los padres puedan acordar una forma en que el niño o la niña mantengan una adecuada relación con ambos.
Lógicamente, si algún progenitor/a tiene alguna restricción legal para ver al niño o niña claramente no tiene ‘derecho’ a una semana de convivencia.
“El permiso, es una declaración jurada que tiene validez entre localidades y provincias y se trata de una oportunidad para que hijos e hijas puedan tener contacto con ambos progenitores, en caso que lo deseen”, concluyó Méndez.
La temporada 20/21 de Facundo Aldrighetti fue excepcional por donde se lo mire, volvió a competir en el Top Race Series y sin dudas fue protagonista de la competencia, por cuestiones reglamentarias al piloto regiense no le alcanzó y Franco Morillo se coronó campeón en la última carrera. Facu volvió a competir en el Top…
Alejandro Monteoliva desmintió la primicia de LPO sobre el levantamiento de custodias a las entidades judías, pero desde la comunidad lo confirman y aseguran que hay templos que siguen sin la protección de la Policía Federal.
Este medio reveló que la ministra de Seguridad sacó la custodia de 60 establecimientos vinculados a la colectividad judía y desató un conflicto con la DAIA. El traslado de los custodios se hizo con el pretexto de engrosar las filas del Departamento Federal de Investigaciones (DFI). El DFI es el «FBI argentino» que impulsó Patricia Bullrich, la antecesora de la actual ministra.
«A las noticias falsas y la desinformación, les respondemos con la verdad. La custodia en los establecimientos de la comunidad judía no se redujo: fue reforzada y se mantiene activa», dijo Monteoliva mediante un comunicado de su ministerio.
La desmentida se choca con la realidad. Por caso, desde un templo de Once, que dejó de ser custodiado desde días atrás hasta el cierre de esta nota, se quejaron ante las autoridades nacionales en reiteradas ocasiones y no pudieron tener una respuesta de Monteoliva.
Fuentes de la DAIA dijeron a LPO que esa falla se debe a internas dentro de la propia Policía Federal. De hecho, hay una preocupación creciente en el gobierno porque Monteoliva no ejerce el mando real sobre la fuerza. Tampoco tiene ascendencia en las fuerzas Martín Ferlauto, el joven secretario de Seguridad Nacional.
La ministra enfrenta un incipiente reclamo de parte de los efectivos que exigen una recomposición salarial como la que obtuvo Gendarmería durante la gestión de Patricia Bullrich, muy cercana a los gendarmes.
Monteoliva ya había padecido una situación similar en 2013 cuando fue ministra de Seguridad de Córdoba y tuvo que renunciar por el acuartelamiento de la policía. En ese momento fue considerada una de las responsables políticas del motín de la fuerza, que desembocó en muertos, heridos y saqueos.
Ya se disputó el 2do torneo de 3×3 organizado por @3x3basquetregina, el Torneo Aniversario – Copa ‘Cinesis’ que adhirió al aniversario 97 de Villa Regina tuvo la colaboración en la organización de la Dirección de Deportes de Villa Regina y se llevó a cabo en el gimnasio del Atlético Regina en calle Rivadavia. La jornada…
En medio de la embestida del Gobierno contra empresarios nacionales de relieve, en Casa Rosada se filtró que el repertorio de apodos que Javier Milei utilizó en redes para referirse despectivamente a industriales fueron craneados por Federico Sturzenegger.
El ministro de Desregulación suele salir al cruce de los referentes de distintas ramas de la industria que están siendo jaqueados por la política de apertura de importaciones que promueve el gobierno libertario.
Defensor del modelo chileno extractivista y con poco lugar para la industria, «El Coloso» -como lo apoda Milei- mantiene un particular encono con Paolo Rocca.
En enero de 2025, Sturzenegger liberó la exportación de chatarra a pesar del lobby del CEO de Techint para mantener las restricciones con el fin de garantizar el suministro local. Desde entonces, por los pasillos de la cartera de Desregulación se escucha el sobrenombre «Don Chatarrín» para referirse a Rocca.
Luego, con la derrota de Techint en la licitación de los caños del gasoducto de Vaca Muerta a Río Negro a inicios de este año, fue Sturzenegger el vocero del Gobierno en la embestida contra el grupo de Rocca y reveló: «Techint habría ofrecido los caños 40% más caros».
Con eso, la guerra con la T llegó a su pico máximo de tensión y Sturzenegger le sumó un componente más al apodo inicial contra Rocca. Y fue Milei el que lo dio a conocer cuando cruzó a «Don Chatarrín de los tubitos caros».
Envalentonado por el festejo presidencial a su particular invectiva para los sobrenombres, Sturzenegger sumó otras creaciones replicadas por Milei, como «Don Gomita Alumínica» en referencia a Javier Madanes Quintanilla, a quien el presidente acusa de cerrar Fate y dejar a 920 familias en la calle solo para extorsionar al Gobierno para que no levante protecciones arancelarias.
Pero Sturzenegger sigue eligiendo a Rocca como su objetivo. En su reciente paso por Nueva York en el marco de la «Argentina Week».
«Demostró que en el mundo puede operar como un emprendedor de clase mundial. ¿Por qué operar con reglas diferentes en la Argentina?», dijo.
Y agregó: «Si los pocos emprendedores de clase mundial que tenemos no abrazan esto, me sorprende. Porque en el largo plazo, la propuesta de negocio que este Gobierno está haciendo es tremendamente positiva para los negocios. Más interesante, más valiosa que quedarse como cazando en el zoológico en un mercado muy compartimentado»
La Cámara Federal de Rosario confirmó por unanimidad el procesamiento dictado contra el juez federal local Gastón Salmain, quien está acusado de haber pedido un soborno para autorizar a un fideicomiso a comprar 10 millones de dólares en plena vigencia del cepo cambiario para pagar deudas financieras en el exterior.
El tribunal validó el embargo resuelto por el juez inicial pero lo llevó de 200 mil dólares a 10 millones de pesos para garantizar la pena pecuniaria. Avaló también la prohibición de salir del país y la prisión preventiva domiciliaria contra el magistrado que no es ejecutable por los fueros que lo protegen como magistrado. Los delitos atribuidos son cohecho pasivo agravado, incumplimiento de deberes de funcionario público y prevaricato.
Los mismos planteos dispuso contra el coimputado Santiago Busaniche, un escribano santafesino señalado como lobista del más alto nivel de la Justicia Federal, que apareció como mediador de la gestión de sobornos entre el financista Fernando Whpei que administraba el fideicomiso que buscaba obtener los dólares y el juez Salmain que dispuso favorablemente la medida que aquel esperaba.
Otro punto decisivo es la confirmación de parte de la Cámara Federal de la gravedad institucional del caso, dado que involucra a un juez federal en ejercicio de sus funciones, lo que afecta la credibilidad del sistema judicial y el servicio de justicia. Esto último la defensa de Busaniche lo discutió el jueves pasado ante la Cámara Nacional de Casación que pide además recusar la actuación de los fiscales, que los camaristas rosarinos en este fallo volvieron a convalidar.
Por unanimidad, los camaristas federales Aníbal Pineda, Silvina Andalaf y Elida Vidal dieron por admitidos los delitos imputados en esta primera etapa del trámite penal. En esta los fiscales federales atribuyen a Salmain y Busaniche «haber formado parte de una asociación destinada a cometer delitos, dentro de la cual entre el mes de septiembre del año 2023 hasta el mes de abril del año 2024, pergeñaron la salida a cuentas en el exterior de U$S 10.000.000, mediante la manipulación contraria a derecho de un expediente judicial radicado en el Juzgado Federal N° 1 de Rosario».
En ese contexto y para lograr el objetivo premeditado, «Fernando Whpei utilizó su influencia y poder económico para que el magistrado Gastón Salmain en conjunto con Santiago Busaniche direccionen el proceso judicial y lo beneficien en los aspectos financieros relacionados con Attila Fideicomisos SRL, el Grupo Unión SA y Lancers SA, dicen los jueces. «A cambio de ello, Santiago Busaniche -por su aporte operativo- y Salmain -por su aporte como magistrado a cargo de la causa solicitaron el pago del diez por ciento de la diferencia del tipo de cambio al momento de la operación entre el dólar oficial y el dólar blue, suma que ascendía aproximadamente a U$S 200.000», dicen textualmente.
«Es así que, para cumplir con el plan criminal, Salmain, se reunió previamente con Whpei, al menos una vez en su asiento laboral el 02.10.2023, donde este le hizo entrega del último escrito de presentación que realizarían y el magistrado se manifestó sobre la viabilidad técnica del mismo, solicitando que lo demás lo arregle con Santiago Busaniche».
La pregunta de si esto deja más cerca a Salmain de un proceso de suspensión es una incógnita debido a la demora del Consejo de la Magistratura de la Nación de avanzar con los distintos expedientes disciplinarios abiertos hace meses.
La diputada santafesina Lionella Cattalini instó con una carta personal a todos los consejeros a dar una rápida definición de los legajos porque un juez que tiene varias causas penales en trámite, entre ellas cobro de sobornos, sigue controlando un juzgado civil y comercial donde se dirimen pleitos económicos. Pero fuentes del organismo que define sobre la conducta de jueces indican que Salmain solo podría ser suspendido después de que haya una resolución del plenario del cuerpo que disponga el inicio de su juicio político.
La defensa de Salmain objetó dos asuntos fuertes. El primero es que en el tribunal se hayan mantenido las camaristas Sivina Andalaf y Elida Vidal cuando ambas, dicen los defensores, aceptaron las recusaciones planteadas por Salmain contra ellas. «Las propias juezas reconocieron que correspondía su apartamiento por causal objetiva y ahora intervienen en este acto», sostuvieron.
Lionela Cattalini.
El segundo asunto es que el procesamiento a Salmain por cohecho por pedir una coima lo consideran basado en un hecho endeble, inverosímil y con una evidencia de baja robustez basada en la declaración de un imputado colaborador que es el financista Fernando Whpei. Justamente venían los defensores de Salmain de denunciar a Whpei y pedir que el caso se llevara en Buenos Aires. Lo que la jueza federal María Romilda Servini rechazó de plano lo que se interpretó como un puente intentado por el magistrado en aprietos para que todo el caso saliera de la jurisdicción de Rosario, lo que fue denegado.
El planteo defensivo de Salmain apunta a que no existe ninguna prueba de pacto, entrega, promesa concreta, acuerdo económico, o contraprestación funcional. «El procesamiento se apoya en conjeturas concatenadas y ello no satisface el estándar legal», dice.
Hay un momento en que vuelve a jugar fuerte indicando que hay una pretensión de atribuir a su resolución de ordenar al BCRA de vender dólares a una empresa como un supuesto caso excepcional o aislado cuando hay otros casos resueltos del mismo modo por distintos tribunales del país. En diciembre pasado Salmain en una audiencia, de viva voz, señaló uno que causó un ramalazo a nivel local.
Era un amparo, dijo Salmain hace tres meses, presentado por abogados del diario La Capital de Rosario que solicitaban en la misma época adquirir dólares en el mercado único libre de cambios (MULC), es decir a valor oficial, para pagar deudas contraídas en la compra del medio al Grupo América de Daniel Vila. Salmain hizo lugar a ese pedido. Reguló honorarios para el patrocinante que fue el abogado Jorge Mattos, socio del estudio jurídico que tiene directores en el diario conocido como decano de la prensa argentina. Y sostuvo que sus superiores de la Cámara Federal lo avalaron.
Pero el fallo de los camaristas rosarinos rechaza los planteos defensivos. Hay un párrafo que es muy categórico sobre el rol de Fernando Whpei como imputado colaborador. «Si bien es cierta la cautela con la cual debemos valorar el testimonio de un investigado arrepentido o colaborador (atento las desconocidas motivaciones que lo pudieron haber llevado a efectuar su declaración en un sentido u otro), en este caso dicho testimonio no solo que se condice con las demás pruebas objetivas existentes (entre ellas el impacto de antenas y mensajes de whatsapp), sino que especialmente la explicación de Whpei es la que permite actuar de forma lógica todo el extraordinario, irregular y antinatural que tuvo el expediente. civil en el cual el juez libró la orden contra el BCRA (que luego fue revocada por esta Cámara de Apelaciones)».
Otro momento demoledor de los camaristas es cuando se centran en la incomprensible actuación de Salmain. «Todo el actuar forzado del magistrado en el expediente civil se transforma en sí mismo en prueba o indicio de delito», plantean.
Lo que tiene de revelador ese enunciado es que revela algo que está permanentemente en el comportamiento de Salmain. Como cuando se quiso quedar con causas del imputado por corrupción ex jefe de la AFIP Carlos Vaudagna por hechos ocurridos en jurisdicciones ajenas. O como cuando intervino aceptando con un amparo para habilitar obras de un barrio privado cerrado por el gobierno santafesino por problemas de saneamiento hídrico. Para los que siguen de cerca los movimientos de Salmain como juez acaso lo más bizarro fue cuando, tramitando la causa en una fiscalía, él como juez se llevó copia del peritaje del teléfono de Vaudagna, que tenía una relación probada con él previa a la llegada a Rosario del magistrado. «En la práctica, es altamente improbable que un juez haga algo así. ¿Para qué? ¿Qué iba a hacer con el peritaje? ¿En qué marco lo iba a analizar? La conjetura fiscal en ese momento fue que como en el primer peritaje no salieron sus comunicaciones con Vaudagna se la jugó a quedarse con todos los casos.
En el fallo de la Cámara Federal conocido este viernes, los vocales parecen valorar la relación de confianza previa que había entre Busaniche y Salmain, dado que como lobista en cercanías de la Corte Suprema Busaniche había hecho gestiones para que designaran juez federal en Rosario al ahora cuestionado juez. Para concretar una maniobra como la apuntada por los fiscales, Whpei no tenía relación con salmain, y por eso se conecta para que haga de intermediario con alguien que sí tuviera ascendencia sobre el juez. Sin confianza y ascendencia sobre un juez estas acciones no son posibles.
Otro asunto irregular es que cuando se frustra el pago del soborno, dada una devaluación que generó una diferencia de cambio, Salmain que primero había oficiado al BCRA para venderle dólares al fideicomiso de Whpei súbitamente se declara incompetente, manda el expediente a Buenos Aires y realiza una denuncia penal contra Whpei por estafa procesal, como si lo hubieran engañado en el marco del trámite. Esa acción adquiere lógica a la luz de los dichos de Whpei como arrepentido. ¿Qué dice? Que no le pudieron pagar los 200 mil dólares acordados inicialmente y, devaluación mediante, le ofrecían 20 mil. Frente a ese cambio en el monto que lo beneficiaría, lo que cambió fue la conducta del juez.
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