El próximo lunes asumirá una nueva funcionaria en el Gabinete Municipal. La nueva Directora de Comunicación, Ceremonial y Protocolo será la periodista Angie López Fernández.
Con más de 10 años de trayectoria en la Televisión Pública Rionegrina, actualmente se desempeña como productora y conductora del programa “Tres al Medio”. También desarrolla tareas de comunicación para el Instituto Patagónico de las Artes y es Secretaria de la Fundación Solidaria “Juntos para Sumar”.
Se felicita a la nueva directora que asume el compromiso de seguir trabajando en pos de la comunicación del Municipio.
Hoy nos encontramos en medio de este conflicto. Una intención de imponer ideas de forma totalitaria con argumentos populistas sin respetar la tradición democrática actual de consenso.
El Departamento de Protección Civil de la Municipalidad de Villa Regina comparte las recomendaciones a tener en cuenta por los vecinos ante lluvias intensas. *Evitar salir de la casa y transitar por las calles. *En caso de tener que transitar: -Hacerlo a velocidad mínima con precaución -Ceder el paso a peatones y vehículos de menor…
En Defendiendo lo indefendible, Walter Block propone un experimento intelectual tan provocador como peligrosamente infantil: tomar a los personajes más odiados del capitalismo —usureros, proxenetas, chantajistas, traficantes— y presentarlos no solo como agentes económicos legítimos, sino como benefactores sociales injustamente perseguidos. Textualmente dice Block: “La filosofía libertaria condena únicamente la violencia no provocada, es decir, el uso de la violencia contra una persona no violenta o su propiedad.” El truco es simple, elegante y brutal: reducir toda la moral social a una sola regla, la no agresión física directa.
Para Block, si no hay violencia explícita —golpes, balas, cuchillos— entonces no hay crimen. Todo lo demás es sentimentalismo, prejuicio o histeria colectiva. La explotación, la miseria, la dependencia económica, el abuso estructural o la desigualdad extrema quedan mágicamente fuera del análisis. No existen como problema moral. No entran en el “radar” libertario. Block lo dice de esta manera: “La premisa básica de esta filosofía es que la agresión frente a no agresores es ilegítima” (…) “La filosofía libertaria condena únicamente la violencia no provocada, es decir, el uso de la violencia contra una persona no violenta o su propiedad.” Después, todo lo demás, vale.
Desde esta lógica, el mercado aparece como una fuerza casi sagrada: todo intercambio voluntario es beneficioso por definición. Si alguien acepta pagar intereses usurarios, vender su cuerpo, consumir drogas destructivas o trabajar por un salario miserable, el sistema queda absuelto. No importa el contexto, la necesidad ni la asimetría de poder: si hubo consentimiento formal, hubo justicia.
Después de esta brevísima interpretación de la introducción del libro de Walter Block descubrimos el “truco” del mago circense. Esta ética (para algunos sería la falta de ética) que se encuentra encerrada en este libro marginal queda liberada y sale de la oscuridad para convertirse increíblemente en una práctica de gobierno. No es casual que el presidente argentino haya reunido a su círculo más cercano de funcionarios y les haya regalado Defendiendo lo indefendible. No fue un gesto cultural, un estimula a la producción de libros o una simple provocación cultural: fue una bajada de línea ideológica. Un manual moral para gobernar sin culpa.
Vayamos a lo concreto, a los datos duros, al deleite de todo historiador. Mencionemos sólo cuatro ejemplos:
Caso 1. Las denuncias por el cobro de coimas del 3 % en la provisión de medicamentos para personas con discapacidad, que involucran a la hermana del Presidente, no representarían ningún problema moral bajo la lógica de Block. Nadie fue encañonado. Hubo un trámite, un intermediario y una aceptación forzada por la necesidad. Para el libertarismo radical, no hay corrupción: hay un incentivo dentro de una transacción “voluntaria”. El discapacitado no es una víctima; es un consumidor sin alternativas.
Caso 2. La frustrada candidatura de José Luis Espert, tras confirmarse su vinculación con el narcotráfico, tampoco colisiona con este marco teórico. Para el autor, el narcotráfico, mientras no medie violencia física directa en el intercambio, es apenas un mercado prohibido por el Estado. El problema no es el dinero sucio, sino que el Estado lo persiga. El narco no es un criminal: es un empresario ilegalizado.
Caso 3. La situación de la senadora Lorena Villaverde, a quien la Justicia le embargó sueldo y aguinaldo por haber vendido terrenos que nunca entregó, tampoco constituye una estafa desde esta ética. Walter Block diría que hubo contratos, firmas y compradores “voluntarios”. Si alguien confió, perdió y quedó sin nada, el mercado ya emitió su veredicto. La política y la justicia sobran.
Caso 4. El escándalo de la estafa con criptomonedas conocido como $LIBRA termina de cerrar el círculo. Según denuncias e investigaciones periodísticas, la participación del propio presidente fue un elemento imprescindible para que el esquema pudiera desplegarse: sin su aval político, simbólico y comunicacional, la operatoria no habría tenido ni alcance ni credibilidad. Sin embargo, bajo la lógica de Block, el problema vuelve a disolverse. Nadie fue obligado a invertir. Si alguien perdió sus ahorros, no fue estafado: fue un mal inversor. El daño desaparece. La responsabilidad política también.
Y es recién acá donde el gesto del libro cobra su verdadero sentido.
Primero: es una señal ideológica interna, no un chiste ni una provocación pública. Un presidente no regala libros al azar. Menos aún a su gabinete. Ese libro funciona como un manual doctrinario: no está pensado para convencer a la sociedad, sino para ordenar moralmente a quienes gobiernan. Es una bajada de línea: esto que hacemos no es un error, es teoría.
Segundo: redefine qué entiende el gobierno por corrupción. Block no niega la existencia de prácticas desagradables; las despenaliza moralmente. Si el único límite es la violencia física directa, entonces la corrupción administrativa, las coimas, las estafas contractuales, el tráfico de influencias o el dinero narco dejan de ser un problema ético. Pueden ser feos, pero no ilegítimos. El regalo del libro es un mensaje claro: no se sientan culpables.
Tercero: convierte los escándalos en coherencia. Cuando aparecen casos como coimas en medicamentos, candidatos ligados al narcotráfico o estafas inmobiliarias, el gobierno no los vive como contradicciones de su discurso, sino como daños colaterales aceptables. El libro explica por qué: si hubo consentimiento, firma o necesidad aceptada, entonces el mercado ya habló. La política no tiene nada que corregir.
Cuarto: es una pedagogía del poder. El libro enseña a gobernar sin culpa. A mirar a la víctima como “cliente”. A pensar al Estado como agresor y al poderoso como héroe incomprendido. Regalar ese texto es formar subjetividades de gobierno capaces de administrar el ajuste, la exclusión y la impunidad con una sonrisa tecnocrática.
En síntesis, ese regalo no es simbólico.
Es una confesión ideológica.
Es decirle al gabinete: si algo huele mal, tranquilos, no es corrupción; es mercado.
Y por eso Defendiendo lo indefendible no es solo un libro provocador: es un manual de anestesia moral, es un manual de gobierno, ideal para un capitalismo que necesita convencernos de que la crueldad es libertad y que la miseria ajena es, en el fondo, una elección personal.
Pd. Recuerden, que para ser libertario, hay que ser millonario o ignorante.
A fondo. Así está siendo la última semana del año en la gestión del cordobés Martín Llaryora con cuatro cambios en su gabinete en poco más de 48 horas, la chance de otra modificación más en el comienzo del 2026 y una reestructuración que tendrá un fuerte impacto en la gestión capitalina del intendente Daniel Passerini. Particularmente, en la sucesión del actual alcalde en el 2027; y en la estrategia electoral que Llaryora empezará a puntear una vez que culmine el Mundial.
Entre el sábado y el arranque de esta semana, Llaryora cerró dos ministerios que convirtió en secretarías, contuvo a quienes encabezaban esas carteras y las reacomodó dentro de Salud y Educación. Ése será el destino, respectivamente, de la saliente ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero; y de quien encabezaba Ambiente, Victoria Flores. Pero, además, este lunes se produjo el pedido de licencia de la legisladora Nadia Fernández para que desembarque dentro del Ejecutivo en la lucha contra el narcotráfico y bajo la órbita del ministerio de Justicia; y el cambio al frente de la jefatura de Policía con el ingreso de Marcelo Marín en reemplazo de Leonardo Gutiérrez.
Todas modificaciones que tienen como nítido objetivo demostrar volumen y territorio de la gestión en la capital cordobesa, además de sumar vocerías dentro de la administración llaryorista.
El gobernador cordobés confía en su gestión, cuando habla de esta en confianza cree que lo que le falta son portavoces, pero que la gente lo respalda. Por eso la decisión de acelerar el proceso de capilaridad en la capital cordobesa sin que esto se parezca una intervención en la administración de Passerini, aunque con la claridad suficiente como para que el mensaje le llegue a la dirigencia del peronismo cordobesista: Llaryora no va a negociar la sucesión de Passerini con ningún sector de la oposición.
Daniel Passerini
Rumor que después de las Legislativas trataron de instalar incluso algunos dentro del peronismo, pero que el llaryorismo puro desactiva por completo. «Decir eso es no conocer a Martín. No va a negociar, ni resignar nada de lo que ya tiene», lanzó a LPO un funcionario de primera línea.
Es más, todos los protagonistas de los cambios de estas horas tienen base en la capital cordobesa y van a tallar, en menor o mayor medida, en la sucesión de Passerini en dos años. Montero tiene partido propio, fue funcionaria en la Ciudad con Llaryora y es aliada directa del gobernador; Flores, también tuvo su paso por el Ejecutivo municipal y suma un dato relevante: será la punta de lanza para limar a Natalia de la Sota cuando la ocasión lo amerite. Fernández, en tanto, tiene respaldo viguista y también su territorio.
Además, los cambios en la Policía, de ser efectivos, van a posicionar aún más al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros; y el traspaso de un puro como Marcelo Rodio, desde Transporte a Cultura, significa también anotar otro jugador en los casilleros de los binomios peronistas por la Ciudad.
«Llenamos y llegamos al territorio, todos anotados con peso para la sucesión de Daniel (Passerini) que indefectiblemente es un pato rengo porque no tiene reelección. Entonces en el menú tenemos, sin dudas, más opciones que la oposición», señaló un llaryorista a LPO.
Llenamos y llegamos al territorio, todos anotados con peso para la sucesión de Daniel que indefectiblemente es un pato rengo porque no tiene reelección. Entonces en el menú tenemos, sin dudas, más opciones que la oposición
En simultáneo a los cambios de nombres, asoma también una narrativa sobre la que tallará el llaryorismo de hablar de «dos años de gestión» y un inicio en 2023. Algo que ya se viene haciendo de manera más solapada, pero que tuvo su pico hace unos días cuando el propio Llaryora se refirió públicamente y de forma muy crítica por la administración de la Caja de Jubilaciones y responsabilizó «a todos los partidos».
Y, por último, en la frialdad de los números la mesa chica de Llaryora entiende que cierra el año con la prudente distancia del presidente Javier Milei, sin la necesidad financiera o económica de otros (algunos no dan nombres, pero deslizan las complicaciones de Frigerio en Entre Ríos) y reconocen que el nexo operativo y de gestión con Casa Rosada sigue siendo ‘Toto’ Caputo. «Es el que tiene la firma para acceder al mercado internacional y con el que podemos llegar a tener una mejora a partir de abril por los fondos de la Caja», razonaron un par de ministros durante el fin de semana.
Por las dudas, en Córdoba el ajuste arrancó y el verano estará marcado por los recibos de sueldo con el impacto en los estatales y los cedulones con la rebaja impositiva que defienden desde El Panal.
La oposición inició contactos en el Congreso con el objetivo de lograr el número para voltear el DNU que reconfigura la SIDE, publicado bajo el número 941/25. El primer paso fue reclamarles a Victoria Villarruel y Martín Menem que conformen la Bicameral de Inteligencia y la de Trámite Legislativo, que es la que rechaza o valida los decretos dentro de los 10 días hábiles desde su publicación en Boletín Oficial.
Un diputado del interbloque de Provincias Unidas le dijo a LPO que la apuesta es llevar la discusión al recinto, en una sesión. «Tenemos el número», aseguró.
En efecto, las bancadas de Miguel Pichetto, la Coalición Cívica y PU emitieron un comunicado de rechazo y plantearon que «no existe necesidad ni urgencia que justifique abordar un tema tan sensible por fuera del Congreso, menos aún cuando continúan incompletas las comisiones bicamerales que deben controlar a los servicios de inteligencia y al propio uso de los DNU».
La Bicameral de Inteligencia se compone de 14 miembros, siete por cada cámara, mientras que la de Trámite Legislativo admite nueve en total, cinco por el Senado y cuatro por Diputados.
El recambio parlamentario obliga a las autoridades del Congreso a nombrar a los nuevos integrantes, respetando la proporcionalidad de los bloques.
En la Cámara Alta, el líder de la bancada peronista, José Mayans, impugnó el criterio definido por Patricia Bullrich con el concurso de los presidentes de los bloques antikirchneristas, por asignarle a Fuerza Patria menos lugares de los que les corresponderían en la comisión de Trabajo y la de Presupuesto y Hacienda. De hecho, el formoseño dejó vacantes las sillas de su espacio, como el paso previo a la judicialización contra lo actuado si se llegara a sancionar la reforma laboral que el gobierno debió postergar hasta febrero.
Oscar Zago.
En Diputados, por otro lado, la discusión por la integración encuentra al peronismo en otra posición. Aún cuando en la bancada de Germán Martínez se quejan que Menem «cambia el criterio o no tiene criterio para conformar las comisiones», La Libertad Avanza cuenta con un bloque de 95 diputados y Fuerza Patria con uno de 93. Los dos interbloques que le siguen en cantidad de miembros acreditan 22 cada uno y, si se calcula por sistema D’Hont, sería difícil que puedan colar algún representante en las bicamerales.
De hecho, un legislador comentó a LPO que Unidos está tratando de juntarse en interbloque con algún otro espacio «para poder dontear (en referencia al D’Hont) y meter uno en la de Inteligencia y otro en la Bicameral de DNU».
El problema sería que casi no quedan bloques donde pescar más integrantes. «Insistimos con (Marcela) Pagano hasta último momento para sumar a los cuatro de Coherencia pero no hubo caso», admitieron en Provincias Unidas.
No existe necesidad ni urgencia que justifique abordar un tema tan sensible por fuera del Congreso, menos aún cuando continúan incompletas las comisiones bicamerales que deben controlar a los servicios de inteligencia y al propio uso de los DNU.
Por lo demás, la Bicameral de Inteligencia no dictamina sino que elabora informes y, por definición, son secretos. Ese detalle hace que la oposición tenga la mira puesta en la Bicameral de DNU, que el año pasado terminó siendo presidida por Oscar Zago tras el episodio de las trompadas con Lisandro Almirón en plena sesión. Premiado con ese cargo, Zago salvó el decreto de Milei y Toto Caputo para el acuerdo con el FMI una semana después de las piñas.
Si la composición de esa bicameral mantuviera cuatro lugares para la Cámara Baja, la lógica indicaría que se repartieran dos sillas para los libertarios y dos para los peronistas. Las cinco que quedarían en representación del Senado podrían distribuirse entre los bloques de Mayans, Bullrich y el radical Eduardo Vischi, que lidera la tercera minoría.
Sin embargo, la oposición recuerda el antecedente del decreto con el aumento de los fondos de la SIDE que el Congreso volteó en 2024. En aquella ocasión, Mauricio Macri fue determinante: horas antes de la sesión en Diputados, convocó a un zoom con los gobernadores de Juntos y los referentes parlamentarios para ordenar el voto en contra del DNU. Hasta Diego Santilli se agarraba la cabeza en los pasillos del Congreso, diciendo que ya había salido por las radios a decir que estaba a favor la misma mañana que Macri mandaba a hacer lo contrario.
Esta vez, el bloque PRO difundió un comunicado de tibio respaldo al DNU 941/25. «Conformamos un equipo especializado que se encuentra analizando el decreto», dice en su primera oración, y agrega: «consideramos que la temática abordada es central para la seguridad y la defensa del país, por lo que nuestra postura inicial es actuar con responsabilidad institucional: ser prudentes y aguardar el dictado de los protocolos de aplicación y normativa complementaria, antes de fijar una posición definitiva».
Es imprescindible conocer los protocolos de uso, reglas de empeñamiento y alcances operativos, tanto para las tareas de contrainteligencia como para las facultades vinculadas a la aprehensión de personas, subrayando que esta última es de carácter restrictivo y excepcional.
Pese a que el texto afirma que «los cambios introducidos podrían resultar positivos», señala que «es imprescindible conocer los protocolos de uso, reglas de empeñamiento y alcances operativos, tanto para las tareas de contrainteligencia como para las facultades vinculadas a la aprehensión de personas, subrayando que esta última es de carácter restrictivo y excepcional, dado que el agente de inteligencia no puede revelar su identidad ni darse a conocer durante el ejercicio de su función».
El rechazo al decreto motivó, incluso, que la cordobesa Alejandra Vigo tuiteara. «Un tema tan relevante como es la modificación de la Ley de Inteligencia Nacional debe ser discutido en el Congreso de la Nación», expresó.
Entre los peronistas, salieron al cruce del gobierno los diputados Agustín Rossi, ex titular de la AFI, y Jorge Taiana, ex ministro de Defensa, lo criticaron con dureza. El santafecino consideró que el DNU transforma a los agentes de la SIDE en una «policía secreta» y alertó que otorga «carácter encubierto» a todas las actividades del organismo, mientras que Taiana advirtió que «se autonomiza la inteligencia del control civil por parte del Ministerio de Defensa».
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