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NO VOTAR NO CAMBIA NADA

Como viene siendo una costumbre en la provincia, volvió a ganar Juntos Somos Rio Negro que tendrá su 4to mandato consecutivo, tercero del ahora senador Alberto Weretilneck. Un triunfo cantado si entendemos que el oficialismo llegaba a las elecciones con varios frentes de conflictos (caso docencia, salud y seguridad) pero sin oposición firme, y en gran parte fue por la estrategia cooptativa de las colectoras (principalmente la alianza con el camporista Doñate) puesta en práctica por el líder de Juntos para este 2023. Pero más allá del triunfo, JSRN no tiene demasiado para festejar ya que los números no son los que auguraban sus encuestas.

Rio Negro tiene 589mil electores habilitados, votaron 378.500. En la provincia el total de votantes fue del 66% del padrón electoral (75% en 2019). Uno de cada tres personas prefirió no ir a votar en una clara crisis de representatividad que hay que subsanar.

Hagamos un breve repaso para entender por qué propongo que el oficialismo tiene más para analizar que para festejar.

En 2019 una ignota Arabela Carreras consiguió el 52% de los votos para acceder a la gobernación, esto fue luego de una buena estrategia de Weretilneck que mientras se dirimía en la junta electoral si podía o no ser candidato a una re reelección puso el aparato político a disposición e hizo toda la campaña con su figura como eje, a sabiendas que no iba a poder ser candidato, cuando la junta electoral definió esto, la campaña ya estaba encaminada. Ese 52% conseguido sobre el total de votos, respondía a un casi 40% del total del padrón electoral.

En estas elecciones 2023 solo cosechó el 31% sin contar lo que le sumaron las colectoras (encabezó 3 listas), unos 10 puntos le acarreó la alianza con Nos Une Rio Negro del senador camporista Martín Doñate y unos 7 la UCR. Ese 31% del total de votos se convierte en un magro 18,5% del total del padrón, o si invertimos la lectura podríamos decir que un 80% del padrón electoral no acompañó al oficialismo este fin de semana. Ganó pero lejos está de festejar. La magia esta vez (otra vez), estuvo en la anticipación del escenario, en la lectura previa.

La estrategia de la alianza con Nos Une Rio Negro que le entregó 10 puntos a Weretilneck tuvo más peso desde lo disruptivo dentro del peronismo que desde lo que aportó en números, aunque es válido mencionar que con las 5 bancas a las que accedió en la legislatura Nos Une RN le estaría dando la mayoría en el recinto al oficialismo que consiguió 18 (la UCR le aporta otras dos). Como decía a Weretilneck le alcanzaba igual para ganar sin los votos de Doñate, pero puertas adentro del peronismo, la alianza disoció aún más la cuestión de un partido desestructurado con lucha de egos constantes que ya hace rato viene a los chancletazos.

Analizando números fríos, en unión las listas peronistas se hubiesen conformado en la segunda fuerza provincial con una buena oposición en la legislatura con al menos 10 bancas, evitando que el oficialismo tenga mayoría. Entre Silvia Horne (Vamos con todo) y Nos Une RN juntaron 20 puntos (36mil y 38mil votos respectivamente), más 5 puntos de Gustavo Casas Unidad para la victoria (16mil votos), serían apróximadamente un 25% (90mil votos aprox) muy cercano a Weretilneck que con su lista sin colectoras sumó 31 (109mil).

Un buen ejemplo de la tendencia verde negativa es el de su relación con Gral. Roca, una ciudad en la que el oficialismo no logró entrar. Si bien pudo ir achicando los márgenes sucesivamente desde 2015, de 20pts a 12 y a 5 en las PASO 2021, en las últimas elecciones municipales Soria volvió a pisar la diferencia de 20pts de hace 10 años atrás. En parte por la buena lectura de la intendenta roquense de separar las elecciones municipales de las provinciales. En estas provinciales 2023 en Roca JSRN (19pts) sin colectora estuvo por debajo de Horne (21pts) y de Cambia Rio Negro (25pts).

Cambia Rio Negro con Tortoriello a la cabeza hizo una buena campaña con casi 24 puntos (83mil votos) y 14 bancas en la legislatura lo que lo posiciona como la 2da fuerza provincial. Como decía, en la legislatura, el oficialismo tendrá mayoría sumando los aliados. Tiene 18 propias, más dos de la UCR, más cinco de Nos Une. El peronismo que no apoyó a Weretilneck tiene otras cinco bancas. ¿La sorpresa? los 10pts que sumó el partido libertario Primero Rio Negro encabezado por el (también) peronista Ariel Rivero con más de 30mil votos que le adjudicaron dos bancas en la Legislatura.

Para retomar el inicio y darle un cierre al contenido menos del 20% de los rionegrinos y rionegrinas habilitadas para votar eligieron acompañar al oficialismo y solo con eso le alcanzó para mantenerse en el poder. El 33% del padrón decidió no hacerlo en disconfomidad con la clase política, pero no hay nada menos disruptivo que no votar, ya que esa opción solo acrecienta las posibilidades de mantener el status quo, ese status que te lleva a tomar la decisión de no cumplir con tu deber cívico. Paradójico.

No votar no cambia nada.

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    El juez federal de Rosario Gastón Salmain está procesado por delitos de corrupción considerados de extrema gravedad institucional. Tiene prohibida la salida del país y el único motivo por el que no está preso es porque sus fueros como magistrado lo protegen. Pese a eso la Cámara Federal de Rosario le acaba de asignar un juzgado en la ciudad de Santa Fe, que se añade al tribunal de Rosario en el que sigue en funciones.

    Salmain es juez civil y comercial en Rosario pero el camarista federal Aníbal Pineda le asignó la subrogancia en el juzgado federal 2 de Santa Fe para cubrir la licencia del juez Aldo Alurralde que está de vacaciones entre el 9 y el 19 de febrero. Anteriormente le habían puesto a cargo también en la misma ciudad del juzgado federal 1. Por lo que manejará tres juzgados.

    El 26 de diciembre pasado Salmain fue procesado por el juez federal Carlos Vera Barros por intentar cobrar un soborno tras ordenarle al BCRA la venta de 10 millones de dólares en billetes a un fideicomiso explotado por el financista rosarino Fernando Whpei mientras regía el cepo bancario. El juez le impuso también un embargo de 200 mil dólares sobre sus bienes. Le imputaron los delitos de cohecho pasivo agravado, incumplimiento de deberes de funcionario público y prevaricato.

    Ahora la Cámara Federal de Rosario, pese a esta situación, coloca a Salmain en un juzgado nuevo, por la cual además cobrará una remuneración adicional, con la función de definir conflictos empresariales y también del fuero contencioso administrativo, que trata los litigios donde participa el Estado. ¿Por qué motivos hace esto con un magistrado que tiene diversos trámites opacos con denuncias en el Consejo de la Magistratura?

    Fuentes de tribunales dijeron a LPO que hay razones complejas que llevan a esta decisión. La primera es que la Cámara Federal tiene como tradición que no rompe hace más de 40 años asignar subrogancias al que está en la misma ciudad o en la más próxima y que solamente hay cuatro magistrados, ya cargados de trabajo extra, para cubrir once juzgados. Además el camarista Pineda, que firmó la resolución, tiene que resolver en semanas la apelación al mismo trámite por el cual Salmain está procesado por la coima en el fideicomiso.

    «Si saltea el mecanismo usual de subrogancias o directamente no le da una subrogancia con toda seguridad Salmain va a alegar prejuzgamiento y recusar al camarista que debía designarlo y que tiene que resolver el caso de los sobornos. Frente a ese dilema el camarista optó por asignarle la subrogancia y evitar ser apartado. Porque además Salmain de manera sistemática recusa a los jueces de cámara. En general con el argumento de que sufre un complot armado por magistrados y periodistas», le dijo a este medio un funcionario judicial.

    Es una situación controvertida porque para evitar ser recusado un camarista habilitó a un magistrado con dos procesamientos y con un historial previo de corrupción a manejar los casos de un nuevo juzgado. ¿No era preferible que lo recusaran a que un juez con esos antecedentes controle un juzgado más? Es la pregunta que palpita en el caso.

    A esta situación se llega por la demora del Consejo de la Magistratura de la Nación en tomar medidas rápidas contra un juez que tiene una secuencia de hechos viciados, de gravedad institucional, cuando hace más de ocho meses tiene denuncias diversas, incluso de una diputada provincial de Santa Fe, Lionella Cattalini.

    «Si el Consejo lo hubiera suspendido no habría que resolver ninguna subrogancia. Pero se tomaron cuatro años para empezar a actuar con Bailaque. Así que por ahí ocho meses para Salmain a los consejeros hasta les parece lógico», ironizó con bronca un funcionario de otro estamento de la Justicia Federal, en referencia a Marcelo Bailaque, magistrado de Rosario que está con prisión domiciliaria por hechos de extorsión y corrupción, que renunció como juez el año pasado pero fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura en 2020, que durmió los legajos cuatro años.

    La estrategia de Salmain es ganar tiempo con argumentos descabellados contra los jueces de cámara. Todo el accionar de la Cámara Federal está orientado a no darle motivos para apartar camaristas a fin de que las causas tengan celeridad»

    A fines de diciembre Vera Barros dio por válido el planteo fiscal de que Salmain gestionó un soborno para dictar una cautelar requerida por el financista Whpei, que alegaba tener que afrontar una deuda con una firma de Países Bajos en 2023. Le impuso al BCRA vender 10 millones de dólares en billetes. La sospecha de los fiscales, sustentadas en la declaración del arrepentido, es que era para llevarse 200 mil dólares, producto de la diferencia de cambio entre los billetes tomados a precio oficial y vendidos en el blue.

    En 2002 la Corte Suprema de la Nación echó del Poder Judicial a Salmain, que por entonces era empleado, por ofrecer una coima a una secretaria que manejaba los sorteos de expedientes, a fin de direccionar un caso al tribunal en el que se desempeñaba. Salmain es investigado porque omitió consignar esto en su curriculum al concursar en diversas ocasiones para ser juez, lo que logró en 2023, cuando lo designaron en Rosario y el ministro de la Corte Ricardo Lorenzetti asistió a su jura.

     

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    Miguel Pichetto desenmascaró la falta de argumentos jurídicos, políticos y económicos del gobierno para sancionar la reforma laboral. Después de impugnar la derogación de los estatutos en general y el del periodista en particular, el diputado rionegrino dijo que «no hay ningún elemento que indique que hubo un intento de modernizar» y subrayó lo que se dijo públicamente desde que se presentó el proyecto: «fue abordado por los grandes estudios de Buenos Aires vinculados con los sectores empresarios».

    Según el legislador, la reforma en debate «deja atrás definitivamente el sistema de protección del trabajador y va a un sistema donde se va a beneficiar fuertemente el sector más fuerte de la relación laboral, que es el sector empresario». «Revisando la ley y buscando esforzadamente para ver si había algún elemento o algún punto que favoreciera al trabajador, puedo decir que no hay ninguno», agregó.

    Completamente alejado de la narrativa predominante entre los liberales, consideró que los autores de la norma «se meten con el cálculo de despido para hacer una indemnización más débil, más frágil y que, indudablemente, es la búsqueda para no darle al trabajador lo que le corresponde». «Armaron un sistema híbrido que se llama FAL, que es el fondo de asistencia a despidos, en donde la plata la sacan debilitando el sistema jubilatorio», precisó.

    Tal como anticipó LPO, Pichetto expresó que «el FAL es un fondo creado para el negocio financiero del ministro Caputo, supuestamente para asistir a los fondos de despido de las empresas». «Vamos a ver, yo creo que va a servir de soporte, como siempre, al gobierno, que cuando necesite algún crédito, va a estar el fondo que se va a conformar con una parte sustancial del fondo de sustentabilidad», vaticinó.

    Schiaretti y los cordobeses le salvan el fondo de indemnizaciones a Milei, con una ausencia acordada

    Pichetto también reprochó el traspaso del fuero laboral a la Ciudad. «Se meten con el sistema institucional que regula el mundo del trabajo y no le avisaron a nadie, optaron directamente por avanzar con todo y liquidaron el fuero laboral», se quejó. 

    A su entender, los impulsores del proyecto creen que «la nueva justicia laboral que va a analizar las cuestiones individuales de contratos de trabajo va a ser conformada por la Ciudad y se presume que va a estar más vinculada al sector empresario». «Lo quiero ver este tema. Vamos a ver cómo funciona este sistema, no vaya a ser cosa que termine siendo peor», alertó.

    También pronosticó que sería peor el sistema de convenios por empresa. «En la primera etapa, el empresario grande puede tratar de conformar un sindicato más cercano pero, en la segunda etapa, ese sindicato va a ser tomado por un sector de la base que tiene una vinculación indiscutida con la izquierda», explicó, y citó los casos de la fábrica recuperada Zanón y el Hotel Bauen. Para Pichetto, la gestión sin patrón «ha terminado fundiendo la empresa» en ambos casos.

    Además, indicó que «se pierde una gran oportunidad para abordar un tema del trabajo hoy en la Argentina, que es el trabajo de las plataformas, un trabajo de opción desesperada cuando el hombre pierde el trabajo formal o incluso el trabajo informal, donde pierde el sistema de contención laboral y va a buscar en la plataforma una salida de emergencia para su propia vida».

    Se meten con el sistema institucional que regula el mundo del trabajo y no le avisaron a nadie, optaron directamente por avanzar con todo y liquidaron el fuero laboral.

    Finalmente, alertó que «esta ley se instala en un marco de recesión profunda con cierre de empresas». «Les recuerdo que es China el tema: cuando entra China, liquida todo, depreda todo y no se puede competir con China», graficó.

    En ese sentido, Pichetto aseguró que «este esquema de libre comercio no funciona». «Ya que lo quieren tanto a Trump, ¿por qué no siguen un esquema de protección y de defensa de la empresa nacional, como hace el presidente norteamericano?», concluyó.

     

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    Renuncia de Lavagna y números incómodos: cuando la inflación no le cierra a Milei

     

    La renuncia de Marco Lavagna al frente del INDEC, justo antes de la publicación de un nuevo índice de inflación, dejó al descubierto una situación tan delicada como inquietante: los números que debía mostrar el organismo no coincidían con el relato económico del gobierno de Milei. La decisión oficial de postergar la nueva metodología y cambiar a su máxima autoridad reavivó las sospechas sobre la intervención política en las estadísticas públicas, en un contexto donde la inflación real sigue golpeando los bolsillos mientras el Ejecutivo necesita vender un éxito que los datos no confirman.

    Por Roque Pérez para NLI

    La renuncia de Marco Lavagna al frente del INDEC, a pocos días de que se conociera un nuevo índice de inflación con metodología actualizada, encendió todas las alarmas políticas. No se trata de un cambio administrativo más: el movimiento ocurre en un momento clave para el relato económico del gobierno de Milei, que necesita mostrar una desaceleración sostenida de precios para justificar el ajuste brutal que atraviesan los hogares argentinos.

    Lavagna, que había sostenido un perfil técnico y de bajo ruido político desde su llegada al organismo, dejó su cargo justo cuando el Indec estaba en condiciones de publicar los primeros datos con una nueva fórmula de medición del IPC, basada en una canasta más actualizada y representativa del consumo real. La coincidencia temporal es demasiado evidente como para ser ignorada.

    Una salida en el peor momento para el relato oficial

    Según distintas reconstrucciones periodísticas, el nuevo índice no mostraba el resultado que el Gobierno esperaba. La inflación medida con la nueva metodología daba más alta de lo que Milei y el ministro Luis Caputo venían prometiendo, lo que implicaba un golpe directo al discurso de “desinflación exitosa” que el oficialismo intenta instalar.

    En ese contexto, la continuidad de Lavagna se volvió incómoda. El ahora ex titular del Indec habría insistido en publicar los datos tal como estaban previstos, respetando los criterios técnicos y los tiempos ya trabajados por el organismo. Del otro lado, el Ejecutivo optó por patear la implementación del nuevo índice, una decisión que, lejos de ser inocua, tiene impacto político inmediato.

    La versión oficial habló de “diferencias de criterio” y de la necesidad de esperar “condiciones más estables”. Sin embargo, puertas adentro del propio Estado nadie logra explicar por qué un índice terminado, probado y listo para difundirse debe ser guardado en un cajón justo cuando los números dejan de acompañar.

    Postergar datos también es una forma de intervenir

    Tras la renuncia, el Gobierno confirmó que Pedro Lines quedará al frente del Indec y que la nueva fórmula de medición de la inflación será postergada. En los hechos, se seguirá utilizando un índice que subestima consumos actuales, mientras los precios de alimentos, transporte, servicios y alquileres siguen golpeando el bolsillo real.

    La decisión no es técnica, es política. Medir distinto cambia el resultado, y cambiar el resultado altera el clima social. Milei necesita mostrar una inflación en baja para sostener el ajuste, contener el malhumor y negociar con el poder financiero. Publicar un dato que contradiga ese relato sería admitir que el sacrificio no está dando los frutos prometidos.

    El problema es que el Indec no es una consultora del Gobierno: es un organismo público cuya credibilidad fue duramente dañada en el pasado y que había logrado recomponer prestigio con criterios profesionales. Forzar salidas, demorar índices y acomodar tiempos vuelve a sembrar dudas que el país ya conoce demasiado bien.

    Cuando la estadística molesta

    La inflación no es una cifra abstracta: es el precio de comer, viajar, calefaccionarse y vivir. Si los números oficiales no reflejan esa realidad, el problema no es la gente, sino la estadística. Y cuando un director técnico se va justo porque los datos no cierran con el discurso presidencial, la sospecha deja de ser una hipótesis para transformarse en una señal política.

    La renuncia de Lavagna expone una tensión de fondo: entre la necesidad del Gobierno de sostener su relato y la obligación del Estado de decir la verdad, aunque incomode. En esa disputa, Milei parece haber elegido priorizar la narrativa antes que la transparencia.

    Porque cuando los números no le dan, el problema no es el índice. El problema es la realidad.

     

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