Los ‘Domingos de Plaza’ invitan a disfrutar de la música de los artistas reginenses. En este caso, a partir de las 21 horas, se presentarán Vero Obreque, Marea y La Locura en la Plaza de los Próceres.
Además se contará con Francisca y Zoe que con sus trocitos de arte, regalarán una dulce melodía y un dibujo a cambio de una bolsita de alimento para los perritos callejeros.
La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina recuerda a los vecinos y vecinas que se acerquen respetar las medidas de protocolo vigentes, para seguir cuidándonos.
El Gobierno publicó el Decreto 864/2025, donde define la “Política de Inteligencia Nacional”. Entre diagnósticos grandilocuentes, advertencias geopolíticas y un discurso de colapso institucional, Milei restituye la SIDE, concentra poder bajo la órbita presidencial y amplía la noción de amenaza. El resultado: un sistema de inteligencia más centralizado, con mayores atribuciones y con un marcado sesgo político.
La vuelta de la SIDE y el relato del derrumbe permanente
Entre referencias a los atentados de la AMIA y la Embajada de Israel, la muerte del fiscal Nisman y el “deterioro acumulado de más de treinta años”, el Gobierno construye una narrativa destinada a justificar un viraje político profundo: la disolución de la AFI y el retorno pleno de la SIDE.
El Anexo I del decreto afirma que la Argentina vive bajo “un proceso de vulnerabilidad permanente”, producto de decisiones erradas y de un aparato estatal incapaz de anticipar amenazas. Esa lógica funciona como fundamento para concentrar el sistema de inteligencia en la órbita directa del Ejecutivo. Milei plantea que la única manera de “proteger la República” es recentralizar el espionaje.
El texto sostiene que la AFI creada en 2015 habría fracasado y que las intervenciones sucesivas entre 2019 y 2024 no revirtieron la crisis. Esa línea argumental habilita el rediseño completo del Sistema de Inteligencia Nacional, bajo un nuevo paraguas institucional: SIDE, SIA, ASN, AFC y DAI, una arquitectura verticalista donde cada agencia tiene funciones específicas, pero todas dependen del poder político central.
Un diagnóstico internacional que habilita un Estado de excepción permanente
El Anexo introduce un mapa global donde conviven potencias en pugna, guerras híbridas, ciberataques, operaciones de influencia y disputas informacionales. En ese contexto, la Argentina sería un país vulnerable, sin músculo institucional para enfrentar amenazas externas.
Bajo ese diagnóstico, la inteligencia pasa a ser un instrumento estratégico, no sólo para prevenir riesgos, sino para moldear la política interna y externa. El documento afirma que la “superioridad de la información” es condición para la soberanía y que la “batalla por la subjetividad” —es decir, la disputa por el sentido común— forma parte del conflicto global. Dicho en criollo: el Gobierno coloca a la comunicación, a los medios y a las redes como terreno de disputa estratégica, lo cual abre la puerta a interpretaciones peligrosamente amplias.
En un país con la historia argentina en materia de espionaje, la mención explícita a la “contra-influencia” y a la manipulación informativa como amenazas internas genera preocupación. Más aún cuando el organismo encargado de evaluar esas “influencias” es la SIDE, nuevamente bajo mando directo de la Casa Rosada.
Los intereses estratégicos: un listado amplio que incluye desde recursos hasta subjetividades
El Anexo fija cinco “intereses vitales” del Estado: soberanía, integridad territorial, seguridad de la población, sistema democrático y recursos naturales. Los objetivos parecen razonables, pero la definición de amenazas es tan amplia que abarca desde potencias extranjeras hasta operadores económicos, grupos criminales, actores tecnológicos, influencias regulatorias, presiones informacionales y hasta condicionamientos al desarrollo nacional.
En ese marco, el sistema de inteligencia queda habilitado para monitorear actores públicos y privados, movimientos geopolíticos, dinámicas económicas, operaciones digitales e incluso procesos culturales. Cuanto más abarcativa es la definición de amenaza, más discrecional es su aplicación.
El Anexo establece diez grandes líneas estratégicas: comunicación estratégica, contra-influencia, ciberseguridad, crimen organizado, defensa de recursos naturales, presencia extranjera en el Atlántico Sur, terrorismo y competencia tecnológica, entre otras. La mezcla de objetivos militares, económicos, comunicacionales y territoriales muestra un sistema de inteligencia que se proyecta sobre todos los planos de la vida nacional.
Una política de inteligencia que amplía poder sin ampliar controles
El texto habla de profesionalización, modernización y capacidades técnicas. Sin embargo, no menciona nuevos mecanismos de control civil, parlamentario o judicial, ni herramientas para limitar excesos. El rediseño institucional se construye desde arriba hacia abajo, no desde la transparencia hacia la eficiencia.
El punto más problemático no es la creación de nuevas áreas especializadas —algo que otros países también hacen—, sino que la estructura queda totalmente centralizada en la SIDE bajo mando presidencial directo, en un gobierno que ha dado señales de intolerancia ante voces críticas, universidades, sindicatos y organizaciones sociales.
En ese marco, la noción de “influencia” o “manipulación informacional” como amenaza estratégica puede convertirse en un arma política, sobre todo cuando el texto asocia la disputa comunicacional con la seguridad nacional.
Más poder para la Casa Rosada, menos controles democráticos
El Anexo I del Decreto 864/2025 no es un documento técnico inocente: es la hoja de ruta de un sistema de inteligencia que vuelve a concentrarse, que opera sobre una definición amplísima de amenaza y que se apoya en un relato de crisis permanente para justificar un poder estatal extraordinario.
Mientras Milei dice defender la “libertad”, la reconstrucción de la SIDE bajo su autoridad directa consolida un modelo donde la inteligencia vuelve a ser un instrumento político. En tiempos de ajuste, conflictividad social y persecución a organizaciones populares, ese rediseño no es menor: se convierte en una pieza clave del proyecto de disciplinamiento.
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Con el Decreto 812/2025, Milei terminó de desmantelar al Instituto Nacional de la Yerba Mate y liberó el mercado en favor de los grandes molinos. El resultado llegó en horas: más de un centenar de productores misioneros suspendieron la zafra de verano ante precios de ruina, pagos a cuatro meses y un escenario de quiebra generalizada. La economía regional más emblemática del NEA entra en zona roja mientras crece la venta de chacras y la concentración avanza sin freno.
Por Roque Pérez para Noticias La Insuperable
El decreto que dinamitó el equilibrio
El Gobierno publicó hace unos días en el Boletín Oficial el Decreto 812/2025, una norma presentada bajo el rótulo de “modernización”, pero que en los hechos le quita al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) todas sus facultades regulatorias: precios, cupos de plantación, ordenamiento de oferta, mecanismos de transparencia y controles económicos.
El artículo reemplazado del Decreto 1240/2002 establece que el INYM no podrá dictar ninguna norma que “distorsione la oferta y la demanda”, lo que en criollo implica:
El organismo no podrá fijar el precio de la hoja verde ni de la yerba canchada.
Desaparecen los precios mínimos, única defensa histórica contra los valores de ruina impuestos por los grandes molinos.
Los productores pequeños pierden toda herramienta de negociación, quedando a merced de un mercado ya concentrado.
La desregulación hizo impacto: los yerbateros suspenden la zafra
La reacción llegó rápido y con una contundencia que no se veía en años. Más de 100 pequeños y medianos productores de Misiones resolvieron suspender el inicio de la zafra de verano, prevista para diciembre.
La decisión surgió en una multitudinaria asamblea en Campo Grande, donde el diagnóstico fue unánime: con los precios actuales no se puede cosechar sin perder plata.
Hoy:
El kilo de hoja verde se paga alrededor de $285.
Los costos de producción rondan los $425 por kilo.
Los pagos se están realizando a 60, 90 y hasta 120 días.
Y la quita del precio mínimo del INYM arrastra los valores aún más abajo.
Los chacareros afirman que esa baja no se traslada a góndola, donde los precios siguen subiendo. Es decir: pierden ellos, gana la industria.
“Nunca vimos tantas chacras en venta”
La productora misionera Luisa Fleitas, en diálogo con Radio Provincia de Misiones, sintetizó el drama de la región con una frase que recorrió toda la provincia: “Nunca se vio tantas chacras en venta. No queremos que grandes corporaciones nos saquen de nuestras tierras. La yerba es nuestra identidad”.
Fleitas describió la medida de Milei como “un jaque mate para las familias productoras” y cuestionó el cinismo del discurso libertario: “Es fácil hablar de libre mercado sin conocer cómo se trabaja día a día”.
La concentración que viene (o que ya llegó)
La cadena yerbatera está compuesta por:
Más de 12.000 pequeños productores.
Cooperativas y secaderos medianos.
Y unos pocos molinos que concentran buena parte del mercado.
Con la desregulación total:
Los pequeños pierden poder de negociación.
Los molinos imponen precios por debajo del costo real.
La concentración se acelera, replicando lo ocurrido en los 90.
La economía regional se descapitaliza a pasos agigantados.
El INYM nació justamente para evitar este escenario después del colapso de esa década. El decreto de Milei retrocede 20 años de protección pública.
¿Bajará el precio para los consumidores? La historia dice que no
Pese al argumento oficial de “competencia”, la experiencia histórica del mercado yerbatero es clara:
Cuando baja el precio que recibe el productor, el paquete de yerba no baja.
Cuando aumenta la concentración, el precio en góndola sube.
En los 90, con desregulación total, la hoja verde se pagaba miseria y el paquete aumentaba igual.
La yerba es un producto cultural y oligopólico: sin reglas, no hay competencia posible.
Un INYM reducido a un sello administrativo
El decreto obliga al organismo a revisar y derogar en 30 días cualquier norma que contradiga el nuevo esquema. En un mes, el INYM quedará reducido a:
Certificaciones de calidad.
Registros.
Funciones técnicas de bajo impacto.
En otras palabras: un cascarón vacío incapaz de equilibrar la cadena.
Las economías regionales en alerta roja
La yerba mate sostiene a miles de familias de Misiones y Corrientes. Sin un precio justo ni regulación estatal:
Se debilita la economía familiar.
Crece la venta de chacras.
Avanzan los grandes grupos económicos.
Se paraliza el comercio local por falta de circulante.
Y aumentan las deudas y los pagos rechazados.
La Asociación Misionera de Productores de Yerba Mate convocó a una reunión urgente para el jueves 27 en San Vicente, donde se prevén nuevas medidas ante lo que califican como un momento “insostenible”.
El ataque al INYM no empezó hoy
El sector ya venía golpeado desde el mega DNU de diciembre de 2023, que intervino el INYM y le quitó por primera vez la potestad de fijar precios. El nuevo decreto, firmado por Milei, Manuel Adorni y Luis Caputo, culmina ese proceso: prohíbe al instituto cualquier acción que afecte valores de mercado.
La zafra suspendida es apenas el primer síntoma de un terremoto productivo que recién empieza.
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