Los ‘Domingos de Plaza’ invitan a disfrutar de la música de los artistas reginenses. En este caso, a partir de las 21 horas, se presentarán Vero Obreque, Marea y La Locura en la Plaza de los Próceres.
Además se contará con Francisca y Zoe que con sus trocitos de arte, regalarán una dulce melodía y un dibujo a cambio de una bolsita de alimento para los perritos callejeros.
La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina recuerda a los vecinos y vecinas que se acerquen respetar las medidas de protocolo vigentes, para seguir cuidándonos.
La relación entre Lula y Donald Trump entre su pico de máxima tensión. El Gobierno de Lula activó este jueves el mecanismo previsto en la Ley de Reciprocidad Económica para responder a las medidas comerciales adoptadas por Washington. Antes de avanzar con eventuales contramedidas, Brasilia notificará a Estados Unidos y buscará una salida mediante consultas diplomáticas.
La decisión activa el mecanismo establecido por la Ley de Reciprocidad Económica (Ley Nº 15.122/2025) y representa un nuevo capítulo en la escalada comercial entre ambos países.
La Secretaría Ejecutiva de la Cámara de Comercio Exterior (Camex) compartió el pedido con los demás integrantes de su Comité Ejecutivo de Gestión, siguiendo el procedimiento establecido por el Decreto Nº 12.551/2025. En paralelo, el Ministerio de Relaciones Exteriores notificará al Gobierno estadounidense sobre el inicio del proceso y solicitará consultas diplomáticas.
La apertura del expediente no implica todavía la aplicación automática de nuevos aranceles brasileños pero contempla una instancia de diálogo destinada a intentar reducir o incluso eliminar los efectos de las medidas estadounidenses antes de que Brasil pueda avanzar con las contramedidas previstas por la legislación.
Brasil remarcó además que las consultas diplomáticas buscan reforzar la decisión de privilegiar el diálogo y la negociación en sus relaciones internacionales.
La apertura del expediente no implica todavía la aplicación automática de nuevos aranceles brasileños pero contempla una instancia de diálogo destinada a intentar reducir o incluso eliminar los efectos de las medidas estadounidenses antes de que Brasil pueda avanzar con las contramedidas previstas por la legislación.
En este marco, el gobierno brasileño volvió a rechazar los argumentos utilizados por Estados Unidos para justificar sus medidas comerciales. Según informan en el Palacio Planalto durante el último año se mantuvieron negociaciones con la Oficina del Representante Comercial estadounidense (USTR) y se presentaron pruebas destinadas a refutar las acusaciones de supuestas prácticas comerciales desleales por parte de Brasil.
Por eso, calificó las tarifas estadounidenses de «injustificadas y arbitrarias» y aseguró que continuará defendiendo su posición ante todas las instancias disponibles.
Además de activar el mecanismo de reciprocidad, la potencia sudamericana anticipó que continuará adoptando medidas para reducir los daños provocados por los aranceles estadounidenses sobre la economía y los ingresos de los brasileños.
El Ejecutivo brasileño también ratificó su estrategia de diversificación comercial, con la búsqueda de nuevos socios y mercados para los productos brasileños. A la vez, anunció que mantendrá medidas de protección para los sectores afectados mediante el Plan Brasil Soberano, destinado a preservar empleos y la capacidad productiva nacional.
De esta manera, Brasil da un paso formal hacia una eventual respuesta comercial contra Estados Unidos, pero mantiene abierta la vía diplomática. La próxima etapa será la ronda de consultas entre ambos gobiernos, que determinará si la disputa puede encaminarse mediante una negociación o si Brasil avanzará hacia la aplicación de medidas de reciprocidad.
Brasil da un paso formal hacia una eventual respuesta comercial contra Estados Unidos, pero mantiene abierta la vía diplomática. La próxima etapa será la ronda de consultas entre ambos gobiernos, que determinará si la disputa puede encaminarse mediante una negociación o si Brasil avanzará hacia la aplicación de medidas de reciprocidad
El escenario de tensión no puede quedar escindido del proceso electoral de octubre que definirá al próximo presidente de Brasil y en el que Lula y sus principales ministros denuncian una injerencia de Estados Unidos.
La semana pasada, Lula acusó a Marco Rubio de «odiar a Brasil» y de obstaculizar la negociación con Donald Trump. En el entorno del líder del Partido de los Trabajadores crece la teoría que es el Secretario de Estado el que quiere que la relación con la Casa Blanca e intervenir directamente en las elecciones en favor de Flavio Bolsonaro.
LPO adelantó que China decidió intervenir en favor de Brasil en la pelea con Estados Unidos por los aranceles a través de una solicitud formal para participar participar en las consultas iniciadas por el gobierno de Lula ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).
La solicitud de Beijing fue presentada bajo el artículo 4.11 del Entendimiento sobre Solución de Diferencias de la OMC bajo el argumento que posee un «interés comercial sustancial» en el caso debido a que las medidas estadounidenses también afectan a productos de origen chino.
La Secretaría de Obras y Servicios de la Municipalidad de Villa Regina informa que en la mañana de este lunes se comenzó a romper el cordón cuneta de la “margen sur” de calle Libertad desde calle José Hernández hasta Belgrano. Luego se continuará con los trabajos de hormigoneado por lo que se solicita la colaboración…
La crisis industrial sigue golpeando duramente al interior del país. Tras la noticia de los 300 despidos de Mirgor en Tierra del Fuego, ahora la multinacional anunció el cierre de una histórica fábrica en Mendoza y la desvinculación de 60 trabajadores.
Se trata de una planta de vegetales deshidratados que funcionaba desde hace 62 años en la localidad de Corralitos, en Guaymallén. Desde 2005 era operada por Unilever y sus tres líneas de producción estaban dedicadas a proveer a la marca Knorr.
Según informó el diario Los Andes, la empresa informó el lunes a los empleados que no se presenten a trabajar, una decisión que sorprendió al Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA). «A las 5 de la mañana empezaron a llamar a la gente para que no se presentara a trabajar», dijo el titular del gremio, Oscar Aciar.
El gremio dice que la empresa se comprometió a pagar las indemnizaciones al 100% de los 60 empleados más algunas sumas adicionales, lo que revela que la decisión del cierre no obedece a problemas económicos de Unilever si no a la decisión de cambiar el modelo de negocio.
Todo indica que la marca Knorr se proveerá ahora con productos importados, una posibilidad que le abre la apertura total de las importaciones del gobierno de Milei que está detonando la producción local.
«La decisión no afecta la continuidad de las operaciones de Unilever en Argentina ni de la marca Knorr, que seguirá desarrollando y comercializando sus productos en el país», sostuvo la empresa en un comunicado.
La planta de Guaymallén era un símbolo de la industria alimenticia mendocina y una referencia nacional en la producción de vegetales deshidratados.
Con el objetivo de brindar un espacio de atención integral, contención y estimulación acorde a las necesidades de los niños que asisten al lugar, el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) de barrio El Sauce se remodelará prácticamente en su totalidad. Esto será posible a partir de las gestiones realizadas por la Municipalidad de Villa Regina…
El TopRace presentó su 7ma fecha este fin de semana en el Circuito 9 del Autódromo de Buenos Aires, en lo que fue su segunda incursión en la temporada en ese circuito. El piloto rionegrino se ubica en la 4ta posición del campeonato. Un fin de semana que dejó mucha tela para que corten los analistas…
La decisión del Gobierno de avanzar sobre la regulación del mercado editorial abrió una discusión que excede el precio de los libros. Editoriales, librerías y escritores advierten que detrás de la promesa de mayor competencia puede producirse una concentración del mercado que termine afectando la diversidad cultural y la supervivencia de las pequeñas librerías.
Por Redacción de NLI
Hay discusiones que parecen económicas hasta que uno mira un poco más de cerca. La pelea que acaba de abrirse alrededor del mercado editorial argentino es una de ellas. El Gobierno de Javier Milei impulsa modificaciones que apuntan a desregular la comercialización de libros, mientras editores, libreros y autores advierten que el problema no es solamente cuánto costará un ejemplar dentro de algunos meses, sino qué libros estarán disponibles, quién podrá publicarlos y qué librerías sobrevivirán en un mercado dominado cada vez más por grandes cadenas y plataformas digitales.
La discusión tiene un punto particularmente sensible: la posible eliminación de la llamada ley de precio uniforme del libro, vigente desde hace 25 años. El principio es relativamente sencillo: un mismo título debe venderse al mismo precio de referencia independientemente de que sea ofrecido por una gran cadena, una librería independiente o una tienda situada en una ciudad pequeña. La intención histórica fue evitar que los actores con mayor capacidad financiera pudieran utilizar descuentos agresivos para concentrar el mercado y desplazar a los competidores más pequeños.
Lo que desde el Gobierno puede presentarse como una simple eliminación de una regulación que encarece los productos, desde el sector editorial es observado de otra manera. Un libro no funciona exactamente como una lata de gaseosa, un par de zapatillas o un teléfono celular. Su valor económico convive con una dimensión cultural: detrás de cada título existe un autor, una editorial, un traductor, un corrector, un diseñador, una imprenta, una distribuidora y, finalmente, una librería que decide qué colocar en sus estantes.
El problema no es solamente cuánto cuesta un libro
La Argentina tiene una tradición editorial extraordinariamente rica. Buenos Aires fue durante buena parte del siglo XX una de las grandes capitales editoriales de habla hispana y sus empresas publicaron a autores argentinos, latinoamericanos y europeos que encontraron en el mercado local una plataforma para llegar a millones de lectores.
Esa estructura, sin embargo, nunca estuvo compuesta exclusivamente por grandes compañías. Una enorme cantidad de pequeñas editoriales construyó catálogos especializados, recuperó autores olvidados, publicó poesía, ensayo, literatura infantil, traducciones y obras que difícilmente tendrían espacio en un mercado guiado exclusivamente por el volumen de ventas.
Ahí aparece una de las principales preocupaciones del sector frente a la desregulación. Si una gran cadena o una plataforma puede ofrecer determinados títulos con descuentos mucho mayores que una librería independiente, dispone de una capacidad para absorber temporalmente menores márgenes que un comercio pequeño difícilmente puede igualar.
El resultado podría parecer beneficioso en el corto plazo para el consumidor: un libro más barato.
Pero existe una segunda pregunta: ¿qué ocurre después?
Si las pequeñas librerías pierden ventas y cierran, desaparece también una red de establecimientos que cumple una función cultural que una plataforma digital no necesariamente reemplaza. El librero recomienda, conoce a sus clientes, organiza presentaciones, arma vidrieras temáticas y muchas veces funciona como mediador entre un lector y un libro que jamás habría buscado mediante un algoritmo.
La preocupación no es hipotética. Según el sector citado por El País, la Argentina llegó a multiplicar por tres la cantidad de librerías durante el período en que rigió el esquema actual, pasando de unas 500 a alrededor de 1.500. Al mismo tiempo, las ventas atraviesan actualmente una etapa de dificultades.
Cuando la cultura queda sometida solamente a la lógica del mercado
El debate toca una cuestión mucho más profunda y que excede al Gobierno actual: ¿un libro debe ser tratado exactamente igual que cualquier otra mercancía?
La respuesta depende de qué sociedad se quiera construir.
Desde una perspectiva estrictamente económica, eliminar regulaciones puede aumentar la competencia y permitir que determinados productos tengan descuentos mayores. Pero cuando se trata de bienes culturales aparecen externalidades que no siempre quedan reflejadas en el precio. Una sociedad no lee solamente aquello que vende más. También necesita literatura experimental, investigación académica, poesía, pensamiento político, historia, traducciones y obras destinadas a públicos pequeños.
Ese ecosistema es frágil.
Una librería ubicada en un barrio puede vender menos ejemplares que una plataforma nacional, pero puede ser el único lugar donde una persona encuentre determinada literatura. Una editorial independiente puede publicar a un escritor que todavía no tiene mercado. Una biblioteca puede utilizar una pequeña editorial para construir una colección especializada.
El mercado no necesariamente elimina esas expresiones porque sean malas. Puede hacerlo simplemente porque no son suficientemente rentables.
Y ahí aparece una diferencia fundamental entre la concepción del libro como mercancía y la concepción del libro como bien cultural.
No significa que las editoriales deban trabajar sin criterios comerciales ni que todos los precios tengan que ser regulados indefinidamente. Significa reconocer que la industria cultural tiene características particulares y que las decisiones económicas pueden producir consecuencias culturales difíciles de revertir.
Una discusión que recién comienza
El proyecto oficial también contempla la disolución del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, otro de los puntos que generaron rechazo dentro del sector. Para editores y escritores, la combinación de menor regulación comercial y reducción de instrumentos de promoción podría producir una concentración todavía mayor.
La discusión llega, además, en un momento delicado. Las librerías argentinas enfrentan una caída de ventas, mientras el poder adquisitivo de los lectores se encuentra condicionado por la situación económica general. En ese escenario, cualquier modificación que altere la estructura de precios puede tener efectos importantes.
La paradoja es evidente: un mercado editorial más desregulado podría eventualmente ofrecer algunos libros más baratos, pero también podría reducir la cantidad de actores capaces de sostener una oferta diversa.
No hay una respuesta sencilla. Y precisamente por eso la discusión merece algo más que consignas a favor o en contra de la libertad de mercado.
La Argentina necesita lectores. Necesita autores. Necesita editoriales. Necesita imprentas. Necesita librerías independientes y también grandes cadenas. Necesita que los libros sean accesibles, pero también que exista una producción cultural capaz de escapar de la lógica de aquello que garantiza ventas inmediatas.
Porque una sociedad que solamente publica lo que sabe que va a vender puede terminar teniendo un mercado eficiente y una cultura mucho más pobre.
El libro es una mercancía, por supuesto. Tiene costos, trabajadores, distribución y un precio. Pero también es memoria, conocimiento, imaginación y discusión pública. Y esa dimensión es precisamente la que convierte esta pelea aparentemente técnica por una regulación comercial en una discusión mucho más importante: qué lugar quiere darle la Argentina a la cultura cuando el mercado deja de ser solamente una herramienta y comienza a convertirse en el principal criterio para decidir qué merece existir.
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