Los ‘Domingos de Plaza’ invitan a disfrutar de la música de los artistas reginenses. En este caso, a partir de las 21 horas, se presentarán Vero Obreque, Marea y La Locura en la Plaza de los Próceres.
Además se contará con Francisca y Zoe que con sus trocitos de arte, regalarán una dulce melodía y un dibujo a cambio de una bolsita de alimento para los perritos callejeros.
La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina recuerda a los vecinos y vecinas que se acerquen respetar las medidas de protocolo vigentes, para seguir cuidándonos.
El gobierno nacional confirmó que alcanzó un acuerdo con seis bancos internacionales para un préstamo repo de USD 3.000 millones que se utilizará para pagarle a los bonistas la deuda que vence este viernes, despejando así una incógnita que venía golpeando a los activos argentinos.
El Banco Central informó que el acuerdo es por USD 3.000 millones a un plazo de 372 días y con una tasa del 7,4% anual. La entidad que conduce Santiago Bausili indicó que utilizará como garantía parte de su tenencia de los BONARES 2035 y 2038.
El BCRA aseguró que recibió ofertas por USD 4.400 millones, pero decidió no ampliar el monto adjudicado. La cifra es considerablemente menor a los USD 7.000 millones que según Luis Caputo le habían ofrecido.
Se trata de un préstamo a corto plazo, pero que le sigue metiendo presión al gobierno para los próximos vencimientos. Caputo ya había cerrado el año pasado otros dos repos con bancos USD 1.000 millones y USD 2.000, también a pagar en 2027.
Superado el pago de los
USD 4.200 millones que vencen el viernes, a Caputo le quedan en el resto del 2026 algo más de 15 mil millones de dólares para pagar. El 9 de julio vencen otros USD 4.200 millones de bonistas. En tanto, el gobierno debe pagar USD 4.400 millones al FMI y USD 4.700 millones a organismos internacionales, entre otros compromisos.
LPO informó el martes que Economía presentó ante el Bank New York Mellon, representante de los bonistas, el aviso formal de que este viernes pagaría el vencimiento, una señal de que el repo con los bancos estaba cerrado.
Se trata de un préstamo a corto plazo, pero que le sigue metiendo presión al gobierno para los próximos vencimientos. Caputo ya había cerrado el año pasado otros dos repos con bancos USD 1.000 millones y USD 2.000, también a pagar en 2027. Superado el pago de los USD 4.200 millones que vencen el viernes, a Caputo le quedan en el resto del 2026 algo más de 15 mil millones de dólares para pagar
En la previa, en el mercado estimaban que el Tesoro tenía depositados en el Banco Central USD 1.963 millones, de acuerdo a los últimos datos oficiales de 2025. Parte del monto se explica por la emisión de USD 910 millones a una tasa superior al 9%, en la operación que Caputo vendió como el regreso a los mercados. Además, Caputo apuró a los nuevos concesionarios de las represas hidroeléctricas de la Patagonia para que depositen los USD 703 millones del canon.
Hasta ayer en el mercado estimaban que el gobierno tenía entre 2000 y 2500 millones de dólares y que la única opción para cubrir el resto era el REPO con los bancos, ya que la vía de una nueva financiación del Tesoro de EEUU parece cerrada.
Nadie en el mercado desconfiaba de que el gobierno pudiera afrontar el pago, pero las dudas eran sobre el costo que pagaría Caputo para acceder a los dólares.
A veces creo que la gente piensa que el pensamiento crítico es un pensamiento inteligente pero en general veo que es un ejercicio intelectual que se alimenta de sus propias debilidades. No estarán leyendo una suerte de horóscopo político que replican solapando un supuesto pensamiento propio? Se replica o se piensa? Criticar no es un…
El gobierno nacional publicó este viernes el DNU que modifica toda la estructura de la Inteligencia Nacional y amplía las facultades de los espías de la Side de Santiago Caputo, pero también equilibra la balanza de la interna libertaria y le da formalmente el manejo de la Ciberseguridad a Karina Milei, aunque continuará a cargo de un hombre del asesor.
El DNU que modifica la Ley de Inteligencia Nacional se había filtrado oportunamente el 31 de diciembre por la noche, cuando la atención estaba centrada en el brindis de fin de año. Ya en el primer día de 2026 varios diputados y senadores de la oposición salieron a advertir sobre la gravedad de la medida y denunciaron la creación de una «Gestapo libertaria».
El decreto le otorga mayor poder a la Secretaría de Inteligencia del Estado que controla Santiago Caputo a través de Cristian Auguadra. La SIDE queda como órgano superior del Sistema de Inteligencia Nacional, tendrá mayor libertad para manejar los fondos reservados y se amplía el poder de acción de los espías.
A partir de ahora, todas las actividades de Inteligencia tendrán carácter de encubiertas, los agentes podrán detener personas en flagrancia o con una orden judicial, y también podrán requerir información a todos los organismos del Estado nacional y de las provincias. Además, se habilita a los agentes proteger sus instalaciones y «repeler agresiones».
El crecimiento del poder de la SIDE para hacer operaciones de inteligencia, manejar fondos reservados y tener predominancia sobre otros organismos es un logro de Caputo, pero tuvo que cederle un área clave a Karina Milei. Desde el triunfo electoral que los Menem venían presionando para meter un pie en la SIDE.
A partir de ahora, todas las actividades de Inteligencia tendrán carácter de encubiertas, los agentes podrán detener personas en flagrancia o con una orden judicial, y también podrán requerir información a todos los organismos del Estado nacional y de las provincias. Además, se habilita a los agentes proteger sus instalaciones y «repeler agresiones».
Es que el decreto establece que el área de Ciberseguridad queda afuera de la SIDE y pasará a la órbita de la jefatura de Gabinete, que conduce Karina a través del vocero Adorni. Desaparece la Agencia Federal de Ciberseguridad y se crea el Centro Nacional de Ciberseguridad, que dependerá de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación.
El detalle es que Secretaría continuará al mando del caputista Darío Genua, pero ahora en el organigrama dependerá de Adorni y, por ende, de Karina Milei que por primera vez tendrá un pie en el sistema de inteligencia.
El área de Ciberseguridad es clave en el ecosistema libertario por la posibilidad de incidir en el manejo de los trolls y el patrullaje de las redes sociales.
La reforma de la Side generó una ola de críticas de la oposición, que de base cuestionó la legalidad del decreto de necesidad y urgencia. La Libertad Avanza tiene número suficiente para sostener en el Congreso un rechazo al DNU, por lo que seguramente el tema terminará judicializado.
El diputado lilito Maxi Ferraro calificó las modificaciones como «un retroceso histórico» y habló de «una gestapo para todos» respecto a la facultad que se otorga a la SIDE para aplicar «medidas de seguridad de contrainteligencia» en cualquier organismo del Estado, desde un ministerio hasta un hospital pasando por universidades o el Conicet. Otros diputados como el socialista Esteban Paulón habló de un «Estado policial» y el kirchnerista Agustín Rossi de «una policía secreta».
Desde el peronismo cuestionaron la disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar del Ministerio de Defensa, que implica que el área queda fuera del control civil y pasa a manos del Estado Mayor Conjunto.
Con el proyecto de reforma laboral del Gobierno quedan atrás los palabrerios cargados de incertezas: qué tan vetusto es el modelo actual, cuáles son los vectores de la adaptación al nuevo orden tecnológico y comercial global, y si este modelo —erigido a mediados del siglo XX y tantas veces reformado— debe ser definitivamente desarticulado, reconstruido o actualizado. Es una afirmación incómoda: para el gobierno libertario —y para todos los gobiernos neoliberales antes que él— las reformas laborales son un elemento central del programa económico.
Desde la oposición, el planteo respecto al mundo del trabajo es que el principal problema está en otra parte: las leyes laborales no crean empleo. Una verdad incontrastable, pero tal vez insuficiente. Entonces, ¿hace falta una reforma laboral? ¿La política del trabajo y sus regulaciones son tan centrales para el peronismo como lo son para los libertarios? ¿Qué lugar ocupa una reforma laboral en un programa inclusivo de crecimiento y desarrollo?
Una reforma perfecta
El proyecto de Ley de Modernización Laboral es la reforma de un modelo que apunta a transformar de raíz la estructura productiva y a promover lo que Schumpeter llamó una “destrucción creativa”: una destrucción de buena parte del tejido productivo –industrial–, como supuesta condición para el fortalecimiento de otros sectores, como el complejo energético y la minería.
Para dinamizar este proceso, promueve la rotación laboral y abarata los despidos mediante la creación del Fondo de Asistencia Laboral y a través del financiamiento estatal. Equivale a resignar 2.500 millones de dólares anuales del sistema previsional en concepto de contribuciones patronales. Si se aprueba esta norma, el modelo no permitirá ningún tipo de reconversión productiva que habilite la supervivencia de las empresas. El único camino será la mera destrucción —creativa, pero destrucción al fin— de un sinnúmero de empresas y un tendal de desocupados y puestos precarios.
Para lograr un país sin industria se necesita un país sin sindicatos. ¿O es al revés? Igual da.
Es la reforma laboral de un esquema macroeconómico cuya política antiinflacionaria tiene entre sus anclas principales la contención de los salarios. Con ese objetivo, institucionaliza la autoridad del Estado para fijar un techo a las paritarias.
El proyecto busca consolidar un modelo que no se apalanca sobre el mercado interno. Por ello, no precisa garantizar pisos salariales ni de derechos que fortalezcan el consumo local. Por eso descentraliza la negociación colectiva y permite que los acuerdos a nivel de empresa contengan peores condiciones que los que se negocian a nivel sectorial. Y también legaliza el fraude laboral promoviendo la contratación de trabajadores a través del monotributo.
La reforma laboral de Milei se integra a un modelo que abre indiscriminadamente las importaciones, y que a las empresas más afectadas les deja como única alternativa la subsistencia en base al pago de bajos salarios. Para eso también sirve la descentralización de la negociación colectiva y la institucionalización del techo a las paritarias.
Los sindicatos, para este esquema, son un claro obstáculo, porque pueden retrasar la “destrucción creativa” que afecta a los sectores intensivos en mano de obra, y pueden resistir el avance de una economía en base a salarios bajos y ausencia de derechos laborales. Por eso, el proyecto de ley busca ahogar financieramente a las organizaciones de los trabajadores, comprometer su sustentabilidad económica y limitar severamente la acción gremial.
Para lograr un país sin industria se necesita un país sin sindicatos. ¿O es al revés? Igual da.
Según este modelo de país, el bienestar de los trabajadores nunca —en ninguna circunstancia, ni territorio, ni tiempo— puede estar por sobre la rentabilidad de las empresas. Para eso la reforma laboral impulsa el banco de horas y otras formas de flexibilización de la jornada que desorganizan la vida de los trabajadores, elimina o debilita regímenes de protección a colectivos específicos (ley de teletrabajo, estatuto del periodista, entre otras) y convalida la precariedad del trabajo en plataformas.
Esta es la reforma, en definitiva, de quienes creen que los sindicatos, las leyes laborales y la negociación colectiva —instituciones que la Argentina se dio a sí misma después de 1983— son el principal obstáculo para que se radiquen inversiones y la economía crezca. El gobierno nacional está construyendo un modelo de país. Esta es la reforma laboral que necesita para eso. Una que desarticule instituciones construidas en democracia.
Qué reforma necesita Argentina
Un modelo de desarrollo con inclusión necesita esencialmente una reforma laboral que integre ese programa. Las reformas laborales no resuelven los problemas que el desarrollo —o, mejor dicho, la falta de desarrollo— deja tendidos. Pero son componentes clave de los modelos económicos y productivos que tienen entre sus principales prioridades la generación de trabajo de calidad. Por eso es importante definir cómo se articula la regulación del trabajo con ellos.
Los modelos de desarrollo que encuentran en el mercado interno un factor de dinamismo precisan reformas laborales que fortalezcan la demanda y, en particular, los niveles de consumo de los trabajadores. Para eso, incorporan esquemas de negociación colectiva que no profundizan las asimetrías naturales entre capital y trabajo, sino que las moderan. También priorizan la recuperación del salario mínimo, vital y móvil para incentivar el crecimiento de los ingresos de los trabajadores que se encuentran en la base de la pirámide salarial, e incluyen mecanismos de participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, de modo que los frutos de las mejoras en la productividad sean compartidos.
Esta es la reforma de quienes creen que las leyes laborales y la negociación colectiva son el principal obstáculo para que se radiquen inversiones y la economía crezca.
Los modelos de desarrollo que priorizan el fortalecimiento del mercado interno encuentran en los sindicatos un actor fundamental para consolidar la demanda e impulsar el consumo de quienes trabajan. Por eso, precisan asociaciones gremiales que participen activamente en la puja distributiva, promoviendo mayor equidad en la distribución de la riqueza. En consecuencia, otorgan un marco de garantías a la acción gremial y fortalecen los recursos de las organizaciones sindicales.
Los modelos de desarrollo cuyas políticas antiinflacionarias no se basan en la contracción salarial necesitan reformas laborales que impulsen mecanismos suprasectoriales de coordinación salarial, para promover el crecimiento del poder adquisitivo de los ingresos en una evolución acompasada de salarios, precios, tarifas y otros indicadores clave de la economía.
Los modelos de desarrollo centrados en la innovación, la incorporación de tecnologías, la generación de valor agregado y que apuntan a mejorar la competitividad por la vía alta —en base a la mejora de procesos y productos—, necesitan estrategias de incremento de la productividad de las empresas que no se basen en la intensificación y la híper explotación del trabajo. Por el contrario, necesitan trabajadores formados, comprometidos con sus empresas, que sean una fuente de innovación y pongan sus conocimientos al servicio de la mejora de la producción. Que sean reconocidos y bien remunerados por ese aporte. Para eso, las reformas laborales inclusivas incorporan mecanismos de participación de los trabajadores en la organización del trabajo, de reconocimiento de los saberes que esos trabajadores ponen a disposición de la producción y de distribución de la rentabilidad que surge como consecuencia del incremento de la productividad. Y con ese objetivo, las leyes fijan estándares laborales que incentiven a mejorar la competitividad de las empresas para alcanzarlos. Porque, a contramano del sentido común más ortodoxo, el debilitamiento de los derechos laborales no mejora la competitividad sino todo lo contrario, desincentiva la innovación porque habilita estrategias de negocios basadas en salarios bajos e incumplimiento de derechos.
Los modelos de desarrollo que buscan fortalecer la competitividad de las PyMES pero, a la vez, pretenden no dinamitar los ingresos del Estado, precisan reformas laborales y tributarias que incluyan esquemas progresivos de contribuciones patronales, que reduzcan al mínimo la carga de las empresas más chicas y compensen con las que tienen más margen para aportar.
Esos modelos de desarrollo precisan relaciones laborales a largo plazo, que puedan sostenerse incluso en contextos de crisis. Para eso necesitan reformas laborales que desincentiven la rotación laboral y políticas de estabilización del empleo que ayuden a las empresas a no tener que echar trabajadores en circunstancias de dificultades económicas porque, sobre todo para las PyMES, después es muy difícil volver a formarlos.
Los modelos de desarrollo que buscan un equilibrio entre la necesidad de rentabilidad de los empresarios y el bienestar de los trabajadores precisan reformas laborales que armonicen esos dos elementos. Esto implica definir condiciones laborales que aseguren el ejercicio efectivo de los derechos; establecer estándares que protejan la salud y seguridad laboral; diseñar formas de organización del tiempo de trabajo y de las vacaciones que respondan tanto a las necesidades operativas de las empresas como a las preferencias y expectativas de los trabajadores, entre otros conceptos.
Esa sería una reforma laboral que, en democracia y con el reconocimiento del protagonismo de los actores sociales, puede señalar un horizonte posible y deseable de producción y trabajo.
Sí, hace falta una reforma laboral
No solamente por las urgencias del mundo del trabajo, que son muchas, sino porque es urgente mejorar sustancialmente las condiciones de trabajo de quienes ya están protegidos por derechos laborales. Es urgente ampliar la protección efectiva con derechos laborales a todos los trabajos —asalariados e independientes— que hoy tienen vedado el acceso a la estabilidad, el descanso remunerado y una jubilación digna. La justicia social no puede llegar por vía judicial cuando los daños ya están hechos o cuando la precariedad ya está consagrada.
Una reforma laboral inclusiva es necesaria para atender mucho más que urgencias. No es la última milla del crecimiento y el desarrollo sino su condición. No es la posibilidad del derrame ni del goteo sino un componente esencial del vaso lleno. No es solamente el factor que haría inclusivo a un modelo o que garantizaría una distribución más equitativa del ingreso sino un componente esencial del desarrollo y la estabilidad política. Es un elemento central de un proyecto de país que crezca con inclusión.
UNA NECESIDAD, UNA OBLIGACIÓN Luego del accidente ocurrido en la tarde noche del lunes en Av. Gral. Paz a la altura de la chacra 91, a unos cinco kilómetros al sur de la ruta 22, en el cual falleció Evelyn Joana Alarcón (25) luego de ser impactada desde atrás por el conductor de una camioneta que escapó del lugar…
Nuestros bomberos llevan casi 58 años de colaboración ininterrumpida y desconsiderada para con la comunidad reginense. Hoy 2 de junio conmemoran su día a nivel nacional. Hoy los festejamos a ellos. A los bomberos. A él. Al bombero vecinx, amigx, estudiante, padre/madre, hijx, trabajadxr. Al que corre, pedalea, acelera. Para llegar a tiempo. Para quizás…
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