Milei vuelve a Bahía con Susbielles cayendo en las encuestas pero con la interna libertaria sin resolver

Milei vuelve a Bahía con Susbielles cayendo en las encuestas pero con la interna libertaria sin resolver

Javier Milei volverá este viernes a Bahía Blanca ,un año y medio después de su visita fugaz por la trágica inundación que azotó a la principal urbe del sur bonaerense.

Aunque el Gobierno recortó los fondos para reconstruir la ciudad y hasta le cobró al municipio los puentes de emergencia del Ejército tras la catástrofe, La Libertad Avanza (LLA) retuvo en 2025 una base electoral alta en Bahía que genera expectativas en el armado libertario de cara a la pelea por el municipio en 2027.

Por eso, la visita se hace con el pretexto de hacer anuncios enmarcados en el RIGI pero se da en clave electoral, acompañado de Diego Santilli, Sebastián Pareja y su hermana Karina, y con un encuentro previsto con los libertarios bahienses que arrastran largas tensiones internas sin resolver.

En 2023, Bahía fue precisamente el municipio donde más cerca estuvo LLA de ganar. En esa oportunidad, el candidato libertario Oscar Liberman quedó a 4 puntos de Federico Susbielles.

Hoy, los números del intendente peronista figuran muy por debajo de los 36 puntos que le dieron el triunfo en 2023. Según una encuesta de DC Consultores (ver abajo), Susbielles registra una intención de voto del 17,8%, mientras que Liberman lo supera por casi 15 puntos, con 32,3%.

Tras ganar en Bahía por 15 puntos, Milei recortó la mitad de los fondos para reconstruir la ciudad

Como sea, será determinante hacia dónde se oriente el 30% de indecisos, con muchos lanzamientos aún en ciernes. En esa encuesta, Liberman aparece también liderando la imagen en la ciudad, con 34,6% de positiva.

Sin embargo, el ex candidato a intendente y actual diputado libertario es resistido por Pareja desde las tensiones que surgieron entre ambos por el diseño de la lista seccional de la Sexta el año pasado.

Fuentes de la interna libertaria señalaron a LPO que Pareja buscó correr a Liberman de la comitiva bahiense que acompañará a Milei pero que finalmente el diputado provincial participará a pedido del propio presidente.

 Susbielles registra una intención de voto del 17,8%, mientras que Liberman lo supera por casi 15 puntos, con 32,3%. 

Desde hace algunos meses comenzó a trascender en Bahía que Pareja piensa en un candidato de perfil outsider para la candidatura a intendente y correr así a Liberman.

Circuló el nombre de uno de los ídolos del básquet bahiense, Pepe Sánchez, pero fue el mismo integrante de la generación dorada el que desmintió la versión: «No tengo intención de participar como candidato ni de asumir ningún cargo político», dijo.

De todos modos, Sánchez fue medido en la encuesta de DC , con una positiva del 24,1%. Otros dirigentes libertarios medidos en términos de imagen fueron la coordinadora local y concejal Franca Grippo (3,5%) y Felipe Fernandez (7,1%). El concejal muy cercano a Lilia Lemoine fue el encargado de confirmar la visita de Milei.

Guerra abierta entre el PRO y los libertarios por los Concejos

Del lado del PRO, aparece con más de 10 puntos la presidenta del Concejo Gisela Caputo. Ahí también es donde la alianza libertaria tiene un foco de discordia. La misma designación de Caputo al frente del deliberativo generó fuertes cruces con los concejales de Liberman.

Para la visita de Milei, fuentes de la política bahiense también dieron cuenta de tensiones entre dirigentes del PRO y LLA por el filtro de participantes a las actividades.

Milei recorrerá la Compañía Mega, que ingresó al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para ampliar su complejo industrial.

Caputo anunció un desembolso millonario de Dreyfus y es la segunda gran inversión de la cerealera en la era Milei

También, estará en Louis Dreyfus Company, que invertirá USD400 millones para una mega planta de procesamiento de granos, que podrá procesar hasta 4.000 toneladas diarias y será una de las mayores plantas de molienda de girasol del mundo. Más tarde, está estipulado un encuentro partidario en un hotel céntrico.

Es para ese momento que diversos gremios, organizaciones sociales y universitarias convocan a protestar contra las políticas de ajuste del libertario.

Entre quienes se manifestarán en rechazo al libertario aparecen la CTA, la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur (ADUNS) y la conducción local del gremio docente Suteba. 

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  • Río Negro: ratifican condena contra cinco prefectos por el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel

     

    La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena contra Sergio Cavía, Francisco Javier Pinto, Juan Obregón, Carlos Sosa y Sergio García, los cinco efectivos del Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina acusados de haber asesinado a tiros por la espalda al joven mapuche de 22 años Rafael Nahuel cuando escapaba de una brutal represión en la Lof Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi (Bariloche), el 25 de noviembre de 2017. La cámara consideró que «cometieron el delito de homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego con exceso en la legítima defensa». Tras el fallo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), querellante en la causa, afirmó que si bien «aprecia el fallo condenatorio, la sentencia no alcanzó a las autoridades de entonces, claramente involucradas en el hecho y, por tanto, responsables últimos de aquella acción criminal», en referencia a quien fuera en esos años la titular del Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich. Por ANRed.


    El fallo de Sala III de la Cámara Federal de Casación confirmó la condena dictada en diciembre de 2023 por el Tribunal Oral Federal de General Roca contra Sergio Cavía, Francisco Javier Pinto, Juan Obregón, Carlos Sosa y Sergio García, los cinco prefectos del Grupo Albatros acusados por haber asesinado a tiros por la espalda al joven mapuche de 22 años cuando escapaba de una brutal represión en la Lof Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi (Bariloche), el 25 de noviembre de 2017, en el marco de un operativo para desalojar un predio de Parques Nacionales recuperado por la comunidad mapuche.

    La cámara consideró que «cometieron el delito de homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego con exceso en la legítima defensa«. La condena también implicó la inhabilitación de los cinco condenados para ejercer cargos públicos.

    Rafael Nahuel en una manifestación el jueves 23 de noviembre en Bariloche. Foto: Eugenia Neme, Colectivo al Margen.

     

    El asesinato de Rafael Nahuel había sido juzgado en debate oral y público a instancias del Tribunal Oral Federal de General Roca – con la integración de los magistrados Alejandro Silva, Simón Bracco y Pablo Díaz Lacava – durante los últimos meses de 2023.

    Según su grado de participación en el crimen, todos recibieron la máxima pena para el delito imputado, pero ninguno fue condenado a penas superiores a cinco años y ocho meses de prisión, ya que ese es el límite previsto para la autoría del homicidio agravado con exceso de legítima defensa.

    La causa estuvo plagada de irregularidades y manipulaciones de parte de los propios prefectos y los medios comerciales masivos, que intentaron plantar pruebas y culpar a los/as manifestantes, incluso a quienes asistieron a Rafael Nahuel cuando fue herido con las balas de plomo de los prefectos, como Fausto Jones Huala y Lautaro González Curruhuinca.

    «La sentencia no alcanzó a las autoridades políticas»

    Tras la noticia, en un comunicado la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), querellante en la causa, afirmó que si bien «aprecia el fallo condenatorio, la sentencia no alcanzó a las autoridades de entonces, claramente involucradas en el hecho y, por tanto, responsables últimos de aquella acción criminal«, en referencia a Patricia Bullrich, en ese momento también ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri.

    Foto: Roxana Sposaro.

    En la misma línea, señaló que el fallo de la Cámara «estableció inequívocamente el obrar delictivo de esa fuerza de seguridad al mando de Bullrich» y «desmiente las afirmaciones que al momento de los hechos formulasen Patricia Bullrich y Mauricio Macri para encubrir y justificar la brutal acción represiva del Grupo Albatros», que fue realizada el 25 de noviembre de 2017, le costó la vida a Rafael Nahuel y dejó heridas de gravedad a Johana Micaela Colhuan y Gonzalo Coña.

    «Bullrich sigue incitando a quienes integran las fuerzas a su mando a que mantengan conductas violentas, violatorias del orden jurídico vigente, a sabiendas de que son ellos los únicos que terminan respondiendo ante los jueces por hechos execrables, que parecen desconocer que delinque no sólo quien cumple órdenes inmorales e ilegales sino también quien las ordena», agregó la APDH.

    En tanto, en declaraciones a ANDAR, el abogado Guillermo Torremare, miembro de la CPM y vicepresidente de la APDH agregó: «hay que considerar el contexto histórico en el que se inició y desarrolló la causa por el asesinato de Rafael Nahuel, con Patricia Bullrich y Germán Garavano como ministros de Seguridad y de Justicia de la Nación, respectivamente, y con discursos políticos que diariamente planteaban la absoluta inocencia de los prefectos implicados».

    «Lo que ocurrió es una verdadera cacería en la que se efectuaron más de 150 disparos de armas de fuego reglamentarias mientras las personas intentaban alejarse. El fallo de Casación sobre el asesinato de Rafael Nahuel, si bien no adoptó el criterio que pedíamos las querellas respecto a la calificación legal, es una crítica al accionar punitivo del Estado», consideró.

     

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  • Megacausa en Rosario: caen 14 ex policías por una presunta asociación ilícita

     

    La causa judicial que investiga una presunta asociación ilícita dentro de la Unidad Regional II de Rosario sumó un nuevo capítulo con la decisión de imponer prisión preventiva a 14 ex policías acusados de integrar una trama destinada a desviar fondos públicos. La maniobra habría funcionado durante al menos dos años mediante la adulteración en las cargas de combustible destinadas a los patrulleros.

    Con estas nuevas medidas, ya son 28 los involucrados en el expediente, entre ellos varios civiles y personal policial que permanecía detenido desde etapas anteriores de la investigación. Las prisiones preventivas para ese primer grupo fueron extendidas hasta mediados de mayo de 2026, lo que refleja la complejidad y el volumen del caso.

    La investigación avanza sobre una estructura que, según los elementos reunidos, habría operado desde el interior mismo de la fuerza. Entre los acusados aparecen ex jefes de áreas estratégicas de la Policía provincial, señalados como parte del entramado que facilitaba y supervisaba el desvío sistemático de recursos.

    Los cargos que pesan sobre ellos incluyen cohecho pasivo, peculado y participación primaria en defraudación agravada por perjuicio al Estado. En varios casos, se sumó además una imputación por falsedad ideológica, vinculada a la manipulación de documentación utilizada para encubrir las maniobras.

    La hipótesis fiscal sostiene que la organización logró consolidarse dentro de las secciones operativas de la Unidad Regional y que, mediante ese esquema, habría provocado una malversación cercana a los 45 millones de pesos. El mecanismo se apoyaba en registros adulterados, declaraciones fraguadas y un circuito interno que permitía sostener las maniobras sin levantar alertas inmediatas.