El juez electoral de la provincia advirtió al Gobierno que la suspensión de las PASO debería definirse este año

El juez electoral de la provincia advirtió al Gobierno que la suspensión de las PASO debería definirse este año

Alejo Ramos Padilla destacó el rol de las PASO y pidió que las definiciones respecto de suspenderlas o no se tomen este año, antes de ingresar al año electoral. «Lo ideal es que estás decisiones se tomen en años no electorales», dijo el magistrado que tiene a cargo la logística de la elección en la provincia de Buenos Aires.

El juez con competencia electoral inauguró un congreso organizado por el Centro de Estudios en Derecho Electoral de la Universidad de La Plata y aseguró que «las PASO son un ordenador de la oferta electoral». Además, planteó que de suspenderse las primarias deberían buscarse mecanismos de participación para que los partidos pueden definir a los candidatos.

«No es posible que los candidatos se definan en una mesa única. Tiene que haber mecanismos dentro de los partidos. Si se eliminan hay que ver cómo se le da a la ciudadanía una oferta ordenadora», dijo.

Torquemada manaos

la declaración de ramos Padilla le mete presión al jefe de Gabinete, Diego Santilli, que tiene la misión de suspender las PASO para tratar de forzar una división del peronismo y así facilitar la reelección de Milei. Pero como reveló LPO, por la resistencia de Patricia Bullrich y los Menem, al jefe de Gabinete se le está complicando sacar la reforma este año.

El magistrado también planteó la necesidad de establecer ciertas regulaciones en las redes sociales durante los procesos electorales. Mencionó los casos de Jorge Taiana cuando durante la jornada electoral de 2025 se viralizó un video falso donde aseguraba que bajaba su candidatura. También el caso de Silvia Lospenatto junto a Mauricio Macri bajando la candidatura de la candidatura de la legisladora por la Ciudad.

No es posible que los candidatos se definan en una mesa única. Tiene que haber mecanismos dentro de los partidos. Si se eliminan hay que ver cómo se le da a la ciudadanía una oferta ordenadora.

Ramos Padilla dijo que en materia de redes sociales sólo existe un acuerdo de cooperación en la CNE. «No podemos estar ajenos a estas discusiones», dijo.

Las declaraciones del magistrado se dan en momentos en que las indefiniciones por parte del gobierno nacional y de la provincia de Buenos Aires inquietan a la Justicia Electoral. LPO adelantó que la posibilidad de una elección nacional y provincial unificada pero con dos sistemas distintos en territorio bonaerense entró en crisis en las últimas horas. El gobierno nacional pretende que la Cámara Nacional Electoral (CNE) cuestione las elecciones concurrentes con sistema de votación diferenciados.

En la Justicia Electoral existe preocupación por las dificultades logísticas, de seguridad y organización que conlleva una jornada electoral donde convivan el viejo sistema de boleta partidaria y la Boleta Única Papel en la inmensa provincia de Buenos Aires, que concentra el 40% del padrón nacional. La magnitud del proceso es innegable: incluye la logística de traslado, resguardo y depósito 200 mil urnas cuya responsabilidad recae en la Justicia Federal.

El juez electoral de la provincia advirtió al Gobierno que la suspensión de las PASO debería definirse este año

Sergio Torres.

Incluso trascendió la posibilidad de una acordada que recomiende a Axel Kicillof a volver a desdoblar la elección provincial, tal como ocurrió el año pasado. Sería una decisión que iría a contramano de las intenciones del gobernador que descartaba para el año próximo el desdoblamiento y se inclinaba hacia una elección unificada, que empuje su candidatura presidencial.

El gobierno pretende que la Cámara Electoral obligue a Kicillof a desdoblar la elección

En tanto, el juez de la Suprema Corte bonaerense, Sergio Torres, dijo que «los organismos electorales deben actuar con especial prudencia frente a cualquier reforma en el sistema. Los cambios en materia electoral son muchas veces necesarios, pero deben ser cuidadosamente planificados, suficientemente explicados y gradualmente implementados».

Asimismo, advirtió que «las reformas apresuradas, especialmente cuando se aplican inmediatamente después de ser sancionadas, pueden generar incertidumbre, dificultar la capacitación de los ciudadanos y sorprender a los actores políticos con nuevas reglas o procedimientos».

Según planteó el integrante del máximo tribunal bonaerense, cuando eso ocurre lo que está en juego no es solo una técnica electoral, sino la confianza de la ciudadanía y la integridad del proceso. Y resaltó que, desde la recuperación democrática de 1983, el sistema electoral argentino construyó «un activo particularmente valioso, la confianza ciudadana».

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  • Solicitan elevar a juicio la causa de la mujer trans que murió por no recibir atención médica en la cárcel

     

    Mónica Mego había quedado parapléjica estando detenida en la Unidad Penal 32 de Florencio Varela, como consecuencia de la falta de atención médica. Por las secuelas irreversibles que le dejó su problema de salud desatendido había quedado sobreseída pero nunca mejoró del todo y murió en 2022. Ahora el fiscal pidió que se enjuicie a siete integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense, un jefe y seis médicos por abandono de persona agravado, vejaciones, severidades y lesiones culposas. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) interviene como particular damnificado institucional en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. Por Agencia Andar/CPM.


    El fiscal Christian A. Granados, a cargo de la Fiscalía de Instrucción y Juicio Nº 9 Descentralizada de Florencio Varela, solicitó que se eleve a juicio la causa contra siete integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense por abandono de persona, severidades, vejaciones y lesiones culposas en el caso de Mónica Mego. Mónica era una mujer trans que estaba detenida en la Unidad Penal N° 32 de Florencio Varela cuando quedó parapléjica por no recibir tratamiento médico a tiempo. Las secuelas de su desatención fueron fatales.

    A inicios del 2019 Juan Manuel González, jefe de la Sección de Control perteneciente al área de asistencia y tratamiento de esa unidad, retrasó la atención médica de Mónica Mego a pesar de conocer su delicado estado de salud. Aunque era evidente que necesitaba atención de forma inmediata en un centro de salud extra muros por la complejidad el cuadro, demoró su traslado y la derivó a otra Unidad en el mismo complejo. A su regreso la alojó en un buzón o celda de contención y la atacó de forma reiterada mediante tratos humillantes. Quedó imputado por los delitos de abandono de persona calificado por las lesiones y severidades y vejaciones.

    Ese abandono concurrió con la negligencia del personal médico de la Unidad, y la víctima sufrió como consecuencia la pérdida total de movilidad en sus miembros inferiores, quedó postrada y con imposibilidad de valerse por sus propios medios. Por esto quedaron acusados los médicos que la atendieron en las unidades del complejo Florencio Varela, Matías Pérez Núñez, Walter Raúl Piñón, Elvira Tucto, Francisco Artola, Claudio Piccin y María Guzmán por el delito de lesiones culposas.

    El fiscal considera “que los médicos de las unidades que la atendieron actuaron de modo imprudente sin agotar los medios para dar con un diagnóstico y tratamiento en la Unidad, lugar en el que comenzaron a manifestarse de forma progresiva los signos y síntomas característicos de lo que se denomina síndrome medular”. Para esto se apoya, entre otras pruebas, en los peritajes de una junta médica especialmente constituida para analizar el caso que señaló que “los profesionales de esta Unidad Penitenciaria […] [efectuaron] una subvaloración del cuadro clínico” y calificaron de “desaprensiva” su conducta concluyendo que “violando el deber de cuidado, contribuyeron a aumentar el riesgo para la paciente Mego, circunstancia que pudo haber sido evitada”.

    La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) entrevistó a Mónica Mego en 2019 cuando estaba internada en el Hospital San Martín de La Plata, derivada desde la Unidad Penitenciaria hospital de Lisando Olmos; desde ese momento, coordinó acciones junto a su defensa e hizo presentaciones ante la justicia y otras dependencias del Estado, e impulsó una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

    En ese primer momento, la investigación penal tuvo una demora importante por el planteo de competencia entre los departamentos judiciales de Quilmes y La Plata. Luego de ese derrotero, la instrucción recobró impulso con la intervención de la UFI N° 3 de la Plata, a cargo de Gonzalo Petit Bosnic y la Ayudantía Fiscal de delitos ocurridos en cárceles de ese departamento judicial, quienes llamaron a los funcionarios penitenciarios a declarar en condición de imputados. En esa instancia, y ante la constatación de que la mayor parte de los hechos habían ocurrido en las cárceles de Florencio Varela, el juez de garantías se declaró incompetente y remitió la causa al departamento judicial de Quilmes, que recayó en la Fiscalía de Instrucción y Juicio Nº 9 Descentralizada de Florencio Varela. El fiscal Granados actuó rápidamente, tomó una declaración que estaba pendiente y solicito la elevación a juicio por abandono de persona, lesiones, severidades y vejaciones.

    A fines del 2021, Mego fue sobreseída mediante la aplicación de la doctrina y jurisprudencia de la pena natural entendiendo que los padecimientos que sufrió la mujer permitían prescindir de la pena que se le pudiera imponer. Pocos meses después, en marzo de 2022, la mujer trans murió a los 36 años. Luego de su muerte, la CPM acompañó a su familia oriunda de Perú y se presentó como particular damnificado institucional a fin de lograr la condena de los responsables de su muerte. Ahora, casi 6 años después del hecho, la causa está cerca de elevarse a juicio.

    Fuente: https://www.andaragencia.org/solicitan-elevar-a-juicio-la-causa-de-la-mujer-trans-que-murio-por-no-recibir-atencion-medica-en-la-carcel/

     

  • Ignora a Elon Musk y préstale atención a Russell Vought

     

    Elon Musk fue expulsado de la Casa Blanca de Trump. Su comportamiento errático y sus payasadas lo convirtieron en un blanco fácil para los medios de comunicación. Pero Musk siempre estuvo llevando a cabo la agenda del autor del Proyecto 2025, Russell Vought, que sigue teniendo mucho poder. Por Branko Marcetic |Traducción: Pedro Perucca (Jacobinlat) .


    l abandonar oficialmente la Casa Blanca, Elon Musk se quejó repetidamente de que él y su Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) se convirtieron en el «chivo expiatorio» de la administración, absorbiendo la culpa y la indignación por casi todo lo que hicieron el presidente y su equipo que no le gustó a la gente. Lo curioso es que esta es una de las pocas veces que el multimillonario de Tesla tiene razón en algo.

    Durante los últimos cinco meses, Musk fue una bolsa de boxeo muy útil para los demócratas, la izquierda en general, la prensa y cualquiera que quisiera dañar políticamente a la segunda administración Trump. ¿Y quién puede culparlos? Su extraño comportamiento, su flagrante corrupción y su antipatía general eran perfectos para generar clics y compartidos, por no hablar de que lo convertían en un blanco fácil para los críticos de Trump que buscaban vincular al presidente a un barco que se hunde, lo que tuvo consecuencias políticas reales para la administración.

    Así que no es de extrañar que, incluso mientras los medios de comunicación publican artículos en los que se hace un balance de la etapa de Musk en el Gobierno, la cobertura esté salpicada de sugerencias de que no se va de verdad y que seguirá ejerciendo influencia sobre la Casa Blanca de Trump desde afuera, por lo que será responsable de lo que esta haga a partir de ahora. Sin duda, esto será al menos en parte cierto, y el público parece estar de acuerdo. Pero intentar mantener el foco de atención en un Musk que ya se marchó puede que no sea tan eficaz políticamente como esperan los críticos, y se corre el riesgo de no comprender lo que realmente está sucediendo en la Casa Blanca de Trump.

    La realidad es que, aunque Musk era y sigue siendo un conveniente contrapunto político, incluso cuando estaba en el meollo de la acción en la Casa Blanca, solo hacía el trabajo sucio y práctico de otra persona: Russell Vought, el arquitecto del Proyecto 2025 y director de la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) de Trump.

    Cualquiera que desee pedirle cuentas a la administración Trump, por no hablar de intentar comprender lo que quieren hacer quienes la dirigen, debe dejar de centrarse en el multimillonario y fijar su atención en Vought. Si la política estadounidense fuera Kill Bill, Musk y su equipo DOGE serían los secuaces extravagantes y pintorescos con los que la Novia pasa la mayor parte de su tiempo y energía, mientras el anónimo Bill espera, impasible, y dirige los hilos desde salas oscuras alejadas de la acción.

    Cambiar el foco de atención a Vought será complicado, porque pasó este primer semestre de máxima indignación por los recortes a DOGE trabajando en silencio y fuera de la vista, porque es mucho menos mediático y menos propenso a generar clics y audiencias que el escandaloso Musk, y en general es una figura menos errática y más entrenada para los medios de comunicación, por lo que no es probable que cree el mismo conjunto de dolores de cabeza políticos para la Casa Blanca. Pero, aparte del propio presidente, él es la fuerza motriz de la agenda de Trump, y ahora va a empezar a actuar como tal.

    El Wall Street Journal informó hace ya un mes que, con Musk fuera de juego, Vought se convertirá ahora en el arquitecto oficial del programa de austeridad de Trump, trabajando con el Congreso para realizar más recortes y obtener la aprobación legislativa de algunos de los ya realizados bajo Musk, al tiempo que recorre los medios de comunicación para vendérselos al público. El domingo pasado, Vought estuvo en la CNN defendiendo los recortes y otras partes de la agenda de la Casa Blanca.

    Pero no es que antes estuviera de brazos cruzados. Vought fue, incluso antes de ser nombrado para un cargo en el Gobierno, el responsable de la desastrosa orden ejecutiva de Trump de enero que suspendía todas las subvenciones federales, que la Casa Blanca se vio obligada a revocar rápidamente. Toda la teoría jurídica y el enfoque en que se basa el DOGE —por la que que el presidente de los Estados Unidos puede simplemente negarse a gastar el dinero que el Congreso ya autorizó para diversos organismos y programas, y puede desmantelarlos o eliminarlos por completo a su antojo— proviene de Vought, que ha estado muy estrechamente involucrado en los recortes del DOGE desde su mismo inicio. En su conjunto, el segundo mandato de Trump siguió muy de cerca el Proyecto 2025, el plan político en cuya elaboración Vought desempeñó un papel fundamental. Y él mismo admitió el año pasado a unos periodistas encubiertos que seguiría influyendo en la política de Trump desde fuera del Gobierno, incluso si no se le concedía un cargo en la Casa Blanca.

    Si se analizan los presupuestos y las políticas que Vought redactó y defendió mientras trabajaba en el Congreso o como activista, se comprueba rápidamente que los recortes atribuidos a Musk se habrían producido de una forma u otra mientras Vought estuviera en la Casa Blanca. A lo largo de los años, se manifestó a favor de privatizar el Servicio Postal de Estados Unidos y derogar el Obamacare, así como de recortar o eliminar el Departamento de Educación, Medicaid, USAID, la radiodifusión pública, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la Autoridad Federal de Aviación y muchos más.

    También ayuda a ver hacia dónde es probable que se dirija la administración Trump en el futuro. Vought lleva mucho tiempo teniendo en su punto de mira a grandes prestaciones sociales como la Seguridad Social (que quiere privatizar) y Medicare, y hace dos años reconoció abiertamente que su objetivo es utilizar la actual oleada de recortes para acostumbrar al público a la idea, de modo que en algún momento se pueda atacar a estos grandes programas que antes eran «intocables».

    Pero esto es precisamente por lo que Vought podría, de hecho, convertirse para Trump en un lastre político tan grande como lo fue Musk: solo se necesitarían críticas sustantivas y bien dirigidas, menos propicias para los titulares sensacionalistas que las que suscitó Musk. Hasta ahora, eso no sucedió.

    La prensa liberal tendió a presentar a Vought como un temible «nacionalista cristiano», un término que no significa mucho para el ciudadano medio y que incluso puede resultar atractivo para un público que sigue siendo mayoritariamente cristiano y que, como cualquier población, considera que su propio interés nacional es su máxima prioridad. Mientras tanto, en su entrevista dominical con el director de la OMB, la periodista de la CNN Dana Bash, dedicó mucho tiempo al tema de la teoría de Vought sobre la «incautación» y su constitucionalidad, un tema jurídico importante pero arcano que probablemente no resulte muy interesante para muchos.

    Lo que es acertado y constituye una línea de crítica más eficaz es que la ideología de Vought —un fanatismo militante y antigubernamental que le lleva a considerar como completamente ilegítima la inversión pública en infraestructura y a querer eliminar o vender al mejor postor prácticamente todos los programas gubernamentales, desde Medicaid hasta la NASA— es ajena y poco atractiva para la mayoría de los estadounidenses modernos, incluida la propia base obrera de Trump, y que los perjudicará, a ellos y a sus seres queridos. Una mayoría récord de estadounidenses, la más grande en treinta años, ahora quiere que el gobierno haga más para resolver los problemas del país, no que haga menos o que apenas exista, como sueña Vought.

    Si se conoce la historia de Vought, se sabe que toda su carrera estuvo definida por el hecho de que sus objetivos políticos resultaron tan tóxicos para los estadounidenses de a pie, incluyendo a los votantes republicanos, que nunca pudieron promulgarse democráticamente. La gran queja de Vought es que cada vez que redactaba un presupuesto que eliminaba la asistencia sanitaria para la gente y disolvía la mitad del Gobierno (excepto el Pentágono, por supuesto), nunca se aprobaba, porque los miembros republicanos del Congreso que apoyaban de palabra su ideología antigubernamental se echaban atrás cuando al darse cuenta de que sus electores los destrozarían si se atrevían a ponerla en práctica.

    Esto es lo que finalmente llevó a Vought a Trump. Vought declaró abiertamente que tanto el consenso político estadounidense como la opinión jurídica mayoritaria están tan lejos de su visión antigubernamental y que la única forma de hacerla realidad es tomar medidas radicales y sin precedentes, como confiarle a un presidente todopoderoso la tarea de desmantelar por sí solo el gobierno federal y declararle la guerra a los demás poderes si se interponen en su camino. Esto es asombrosamente antidemocrático, pero también es antidemocrático por necesidad, en tanto está al servicio de una agenda política que resultaría repulsiva para la mayoría de los estadounidenses si estuvieran debidamente informados al respecto.

    De hecho, ya lo demostró: basta con ver la furiosa reacción pública a la suspensión de las subvenciones impulsada por Vought, que obligó a los miembros republicanos del Congreso a presionar a la Casa Blanca para que la revocara, o la ira que los republicanos están expresando en los ayuntamientos por el avance de presupuestos que diezman Medicaid, siguiendo el modelo trazado por Vought.

    La salida de Musk debería ser una oportunidad para volver a centrar la atención en Vought, que logró pasar bastante desapercibido durante los últimos cinco meses gracias a la búsqueda de atención del multimillonario de Tesla. Puede que Vought no sea un personaje tan pintoresco, pero si el público supiera con precisión lo que cree y planea hacer, quedaría igual de perturbado por su influencia en la Casa Blanca.

     

     

  • Julieta Corroza analizó las elecciones legislativas en Neuquén

     

    La senadora electa Julieta Corroza analizó el resultado de las elecciones legislativas 2025 en Neuquén, donde La Neuquinidad alcanzó más del 30% de los votos. La funcionaria habló sobre la nacionalización del voto, los desafíos federales y la necesidad de defender los intereses neuquinos en el Congreso.

    La Neuquinidad consiguió una banca en el Senado y otra en Diputados, consolidando presencia en el Congreso Nacional pese a la ola libertaria. “Hicimos una muy buena elección, sacando más de 30 puntos”, destacó Corroza, subrayando que el espacio provincial “por primera vez tiene representación en el Congreso de la Nación”.

    “Una elección nacionalizada debilitó a las fuerzas provinciales”

    En diálogo con AM 1400, Corroza analizó los resultados en un contexto que describió como de “nacionalización electoral”. Según la senadora electa, la polarización entre Milei y el kirchnerismo concentró el voto en fuerzas nacionales, afectando el rendimiento de los partidos locales. “Quedó claro que a lo largo de todo el país las fuerzas provinciales quedaron sumamente debilitadas”, explicó.

    Corroza señaló que las grandes ciudades como Neuquén capital fueron determinantes en ese proceso. “Nos costó un poco más en las ciudades grandes, donde la grieta estaba más instalada”, reconoció. En cambio, el interior neuquino y las zonas rurales mostraron un fuerte apoyo: “En el norte duplicamos los votos de La Libertad Avanza”, afirmó, destacando que allí se valora el contacto directo con intendentes y concejales.

    La actual ministra atribuyó parte de la dificultad a la confusión entre gestiones nacionales y provinciales: “La gente no pregunta si esto me lo manda el Gobierno Nacional o el Provincial. Pero cuando el Estado neuquino cubre vacíos —como en medicamentos o infraestructura— eso debería verse reflejado”.

    El voto urbano y el peso de la macroeconomía

    Para Corroza, el voto en las grandes ciudades refleja preocupaciones económicas nacionales más que realidades locales. “Los vecinos de Neuquén capital tienen intereses más ligados a Buenos Aires y a la macroeconomía”, explicó, marcando distancia con el electorado rural, que valora la gestión concreta de servicios.

    Citó como ejemplo el barrio Confluencia, donde el gobierno provincial financió obras de luz, agua, gas, cloacas, asfalto y una cancha de hockey, sin apoyo nacional. “¿Sabés cuánto aportó el Gobierno Nacional? Cero, cero, cero”, ironizó Corroza.

    En su evaluación, las elecciones legislativas intermedias siempre fueron un “talón de Aquiles” para los partidos provinciales, ya que no funcionan como un plebiscito directo sobre el gobierno provincial, sino como un reflejo del clima político nacional.

    Emoción y despedida: una campaña con sabor agridulce

    Julieta Corroza vivió el resultado con una mezcla de orgullo y tristeza personal. En el plano político, celebró la consolidación del espacio; en el personal, lamentó no compartir banca con su compañero de fórmula Pepé Ousset, con quien trabaja desde hace más de dos décadas.

    “Esperaba vivir este desafío junto a Pepé, que es mi gran compañero de trabajo y como un hermano en la vida”, expresó con emoción.

    El gobernador Rolando Figueroa felicitó al equipo de campaña en una reunión de gabinete, valorando el desempeño provincial frente al escenario nacional. “Nos felicitó por todo el trabajo, porque comparando con otras provincias hicimos una gran performance”, recordó Corroza.

    Desafíos federales y representación neuquina

    De cara a su llegada al Senado, Corroza afirmó que su prioridad será defender los intereses de Neuquén ante un Congreso dominado por fuerzas nacionales. “Mi preocupación es que en el Congreso que viene se discutirán temas muy importantes que van a impactar directamente a Neuquén”, advirtió.

    Entre ellos mencionó las regalías hidrocarburíferas, las reformas tributarias y el federalismo fiscal, cuestiones que definirán el reparto de recursos para las provincias productoras. “Voy a ser una voz que represente a todos los neuquinos”, afirmó, reafirmando su compromiso con el modelo de desarrollo provincial.

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  • La suba de tasa de EEUU empuja el costo de la deuda argentina arriba del 10%

    El salto de las tasas de interés en Estados Unidos empieza a cerrar la ventana que Luis Caputo esperaba aprovechar para regresar al mercado internacional de deuda. El rendimiento del Treasury a 10 años perforó el 5%, el nivel más alto desde 2007, mientras el riesgo país argentino volvió a la zona de 510 puntos….

  • Incómoda votación: Alberto Fernández entró a la escuela custodiado y salió a las apuradas

     

    El ex presidente, Alberto Fernández, apareció de manera pública para emitir su voto en las elecciones legislativas 2025 y, tras salir a las apuradas, expresó que se acercó para defender «la democracia».

    Desde la Universidad Católica Argentina en Puerto Madero, Fernández se acercó en su auto blanco y con una comitiva de seguridad para votar en el mismo lugar donde lo hace desde hace varias elecciones.

    Aunque no quiso dar extensas declaraciones, solo expresó que con su voto está «defendiendo la democracia». Minutos después se retiró y el vehículo escapó a gran velocidad de la UCA.

    La escena dejó en claro el clima de incomodidad que rodeó la votación del exmandatario, cercado por dos investigaciones en la Justicia: la de violencia de género iniciada por su expareja, Fabiola Yañez; y la causa Seguros, que investiga contrataciones irregulares durante su gobierno.

    Tras un largo tiempo en silencio en medio de las causas en su contra, Fernández levantó en las últimas semanas su perfil en las redes sociales, donde lanzó varias críticas al gobierno de Javier Milei.

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