Javier Milei le dio 3000 millones de pesos al dueño de Rapanui, Diego Fenoglio, porque se manifestó libertario.
“Tengo proyecto de hace 30 años de hacer un estadio para hockey sobre hielo y patín artístico en Bariloche, para 4.000 personas. Lo voy a hacer por Milei, no lo hubiese hecho si no hubiese estado Milei, lo juro por Dios”, dijo Fenoglio en enero.
Sus arrumacos al presidente rindieron frutos: el Banco de Inversión y Comercio Exterio (BICE), que depende del ministerio de Economía, otorgó $3.000 millones a la chocolatera para finalizar su nueva planta en Pilar.
El BICE informó que Rapanui inaugurará la quinta planta de la empresa el mes que viene. El chocolatero busca triplicar la producción de Franuí, los bombones helados de frambuesas bañadas en chocolate que se parecen a los Chomp de Frigor.
El BICE está copado por la banda de Toto Caputo, de hecho su vicepresidente es Martín Vauthier, uno de los Anker Boys. Uno de los directores es Felipe Núñez, otro de los integrantes del equipo económico del ministro que debutó esta semana con Vauthier en el streaming Carajo vinculado a Santiago Caputo.
El líder de los Peaky Blinders había puesto a Núñez en el equipo de Toto para que le maneje las redes y transforme el perfil tímido que tenía durante el macrismo en uno más jactancioso.
El último de los directores del BICE es Nicolás Scioli, hermano del ex motonauta, que se desempeñó como director durante toda la gestión de Alberto Fernández. Sobrevivió en el cargo por las gestiones del Pichichi, que ahora lo quiere de candidato en Tigre.
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El mediodía del feriado por viernes santo en Córdoba se vio alterado por el misterioso incendio que se desató en la sede del Apross, la obra social de los estatales cordobeses. La curiosidad radica en que esta misma semana, y en el marco de una investigación que se desarrolla en el fuero provincial a cargo de la fiscalía que lidera José Bringas, se llevaron adelante más allanamientos y numerosas detenciones que incluyeron el último miércoles a varios efectivos policiales. Entre ellos, un subcomisario.
Motivo por el cual la oposición coordinó rápidamente una salida en contra del oficialismo que lidera el gobernador Martín Llaryora y no fueron pocos los que comparan la situación con Iron Mountain, el siniestro que se produjo en Caba y que, de acuerdo con la denuncia de las víctimas sirvió para ocultar pruebas en contra de dirigentes del PRO que conducían los destinos de la gestión porteña por aquellos años.
En Córdoba, hace algunos meses el fiscal Bringas dispuso las primeras detenciones en el marco de la causa en la que se investiga una defraudación en contra del Apross. Las primeras aprehensiones se produjeron en febrero pasado y alcanzó 15 detenciones en enero por la acusación de emisión de recetas truchas, tanto en papel como electrónicas, para retirar medicamentos oncológicos e insulina de distintas farmacias para después venderlas en el mercado negro.
En marzo, Bringas avanzó y confirmó otros ocho arrestos donde el ardid era la elaboración de DNI y recetas truchas para obtener medicamentos para personas que padecían diabetes.
Y el miércoles de esta semana se produjeron las detenciones de otras 13 personas en distintos allanamientos en la provincia, donde cinco de los aprehendidos eran efectivos de la Policía (tres en actividad y dos retirados), que presuntamente integraban la mutual 16 de Noviembre. La cual asiste a efectivos policiales y a los familiares de estos en toda la provincia.
Este mediodía el incendio en el edificio ubicado sobre la Cañada, a cuadras del microcentro y en una jornada en la que no había empleados ni trabajadores, disparó todo tipo de conjeturas. Al punto que Apross se convirtió en tendencia nacional en redes sociales.
Uno de los primeros que salió al cruce fue el radical que conduce el bloque en Diputados, Rodrigo de Loredo, quien sostuvo: “el Apross fue noticia dos veces esta semana. El miércoles porque detuvieron a 13 personas, entre ellas cinco policías, por una estafa a la obra social de los estatales. Hoy, porque se incendia el edificio y quién sabe cuánta documentación de prueba se estará perdiendo. Siempre todo es oscuro en la Córdoba del peronismo”, dijo y agregó “si van a prender fuego todas las oficinas donde haya sospechas de corrupción, llamen a Nerón”.
Detrás de De Loredo se encolumnaron los radicales de los bloques de la Legislatura y el Concejo Deliberante.
En tanto, el hijo de Luis Juez, el concejal Martín Juez, también disparó en redes: “qué coincidencia, che… Cae la banda que vendía certificados truchos y a las horas, en feriado, justo cuando no hay nadie se incendia el edificio donde operaban. En Córdoba pasan cosas. Pero nadie pregunta nada. Cómo duele”.
La obra social estatal, por distintos motivos y a lo largo de todos los gobiernos del peronismo, quedó envuelta en diversas polémicas que atravesaron a las tres gestiones: De la Sota, Schiaretti y Llaryora. Y, particularmente con esta investigación, no son pocos los que apuntan a cuestiones no resueltas en la última renovación en el poder que tuvo el cordobesismo y diferencias que van más allá de lo generacional.
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