Milei en caída libre: una encuesta marca que el 65% de los argentinos desaprueba su gestión
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Milei en caída libre: una encuesta marca que el 65% de los argentinos desaprueba su gestión

 

Un nuevo relevamiento profundiza el deterioro de la imagen del gobierno de Javier Milei: la desaprobación ya alcanza niveles críticos y confirma una tendencia sostenida de desgaste político, económico y social.

Por Roque Pérez para NLI

El gobierno de Javier Milei atraviesa uno de sus peores momentos desde que asumió, y ya no se trata de percepciones aisladas sino de una tendencia consolidada. Según una encuesta de la consultora Zuban Córdoba, el 65% de los argentinos desaprueba su gestión, un dato que marca un quiebre en la relación entre el oficialismo y la sociedad.

La cifra no aparece en el vacío. Por el contrario, se inscribe en un contexto donde distintos estudios de opinión vienen mostrando un deterioro sostenido. Relevamientos recientes ubican la desaprobación en torno al 60% o más, mientras la aprobación cae por debajo del 40%, confirmando que el núcleo de apoyo libertario se achica mes a mes.

Un desgaste que ya no se puede disimular

El dato del 65% de rechazo refleja algo más profundo que una simple fluctuación estadística: evidencia un cambio de clima social. Incluso consultoras que inicialmente habían sido favorables al gobierno coinciden en que la imagen presidencial se encuentra en su punto más bajo desde el inicio de la gestión.

Este desgaste tiene múltiples causas. En primer lugar, la economía cotidiana no logra acompañar los indicadores macro que el oficialismo intenta exhibir. Aunque algunos datos muestran mejoras parciales, amplios sectores sociales perciben que el salario pierde poder adquisitivo, el empleo se precariza y el consumo sigue deprimido.

A esto se suma un fenómeno cada vez más visible: la fragmentación social. Mientras ciertos sectores vinculados a actividades financieras o extractivas logran sostener niveles de consumo, la mayoría de la población enfrenta un deterioro en sus condiciones de vida, lo que alimenta el malestar generalizado.

Corrupción, crisis política y pérdida de credibilidad

El otro factor clave en la caída de la imagen oficial es la acumulación de escándalos. Las denuncias de corrupción —como el caso de la criptomoneda $LIBRA o las investigaciones que salpican a funcionarios cercanos— comenzaron a erosionar uno de los pilares discursivos del gobierno: su supuesta lucha contra “la casta”.

En ese marco, la percepción social se vuelve cada vez más crítica. Encuestas recientes señalan que la corrupción, el desempleo y la inflación encabezan las preocupaciones de la población, configurando un escenario adverso para el oficialismo.

Pero además, hay un elemento político central: el gobierno parece haber perdido el control de la agenda pública. La narrativa que en un inicio ordenaba el debate —basada en el shock económico y la promesa de cambio— hoy aparece desgastada y sin capacidad de generar expectativas positivas.

De la promesa al desencanto

El núcleo del problema es que el contrato electoral empieza a resquebrajarse. Milei llegó al poder prometiendo sacrificios temporales a cambio de una mejora rápida. Sin embargo, esa mejora no se materializa en la vida cotidiana de la mayoría.

La consecuencia es directa: las expectativas se deterioran y el humor social se vuelve cada vez más negativo. El rechazo ya no se limita a sectores opositores tradicionales, sino que empieza a expandirse hacia votantes que inicialmente acompañaron el proyecto libertario.

En ese contexto, el dato del 65% de desaprobación no es solo una cifra: es una señal política contundente. Marca el pasaje de un gobierno con respaldo significativo a uno que enfrenta una crisis de legitimidad en expansión.

 

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    La Sala 7 de la Cámara del Trabajo provincial, con voto del juez José Luis Rugani, rechazó de plano la posibilidad de que las empresas paguen indemnizaciones por despido en cuotas. El caso «Ceballos c/ Iris Energía» se convirtió así en un leading case que pone en jaque uno de los pilares de la reforma.

    La empresa había intentado acogerse al régimen que permite a las pymes cancelar indemnizaciones en hasta 12 pagos. Pero el tribunal fue tajante: no se trata de una simple modalidad de pago, sino de una alteración del crédito laboral. En un contexto inflacionario como el argentino, el diferimiento implica una licuación del monto y, por lo tanto, una vulneración concreta del derecho de propiedad del trabajador.

    El fallo va más allá del caso puntual y entra de lleno en el debate constitucional. La Cámara sostuvo que el esquema de cuotas viola el artículo 14 bis -que garantiza la protección contra el despido arbitrario- y el artículo 17 de la Constitución Nacional, que resguarda el derecho de propiedad. Además, remarcó que las indemnizaciones tienen carácter alimentario, ya que están destinadas a cubrir necesidades básicas como vivienda, salud y alimentación.

    «la ley debe ser igual para los iguales en igualdad de circunstancias», y que el fraccionamiento genera una distinción arbitraria», subraya el fallo. 

    Pero no fue el único revés. En paralelo, otro fallo de la Justicia laboral cordobesa avanzó sobre un aspecto técnico pero clave de la reforma: el mecanismo de actualización de los créditos laborales.

    El juez Ricardo Giletta, desde la Sala Primera de la Cámara del Trabajo, declaró inconstitucional el artículo que establecía una tasa del Banco Central -más baja- para actualizar los créditos en juicios en trámite. La causa «Urbano c/ A. Giacomelli S.A.» sirvió como vehículo para cuestionar el nuevo régimen.

    Aunque el despido fue considerado justificado, el magistrado sí reconoció otros créditos salariales y, al momento de definir su actualización, desarmó el esquema de la reforma. Para Giletta, la aplicación de una tasa inferior genera una desigualdad injustificada entre trabajadores: quienes iniciaron juicio antes de la reforma cobran menos que quienes lo hagan después.

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    Recordó que la actualización de los créditos laborales no es un beneficio sino una condición necesaria para preservar su valor real. Por eso, ordenó aplicar el criterio anterior, basado en el CER, ligado a la evolución de los precios.

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