Javier Milei dio el visto bueno para que el gobierno firme con China la Adenda 12 que destraba las represas de Santa Cruz, la obra emblemática de Cristina Kirchner. La decisión permitirá la inmediata liberación de USD 250 millones de la potencia asiática y de manera casi simultánea se descuenta la molestia de la Casa Blanca.
Este mismo martes en su discurso de la Unión ante el Congreso de Estados Unidos, el eje de Trump fue reducir la influencia global de China. Y como reveló LPO México en exclusiva el secretario de Estado, Marco Rubio, encabeza una gira al Cariba para reducir al máximo la presencia de la potencia asiática en la refión, verdadero motivo de la decapaitación del régimen chavista.
La reactivación de las represas de Santa Cruz no son un guiño menos a Beijing, se trata de la obra de infraestructura más grande financiada por China fuera de su territorio.
Después de años de parálisis, renegociaciones y tensiones diplomáticas, Milei decidió reactivar un proyecto que excede lo energético: es una pieza central del vínculo financiero y geopolítico entre Argentina y China. Hasta Alberto Fernández frenó el proyecto, en ese momento por presiones del demócrata Joe Biden. Es decir, su rechazo es una política de Estado en la potencia del norte.
La reactivación de las represas de Santa Cruz no son un guiño menos a Beijing, se trata de la obra de infraestructura más grande financiada por China fuera de su territorio.
El albertismo frenó la obra contra la opinión del kirchnerismo duro, que defendía sostener el financiamiento chino como única vía realista para completar los trabajos en la provincia de Cristina y Máximo.
El nuevo entendimiento busca cerrar ese ciclo. La adenda 12 reordena las condiciones financieras, reconoce costos adicionales generados por los desplazamientos geológicos del terreno y habilita el reinicio pleno del proyecto.
En paralelo, se acordó un reconocimiento económico cercano a los 250 millones de dólares a favor de la UTE constructora por los sobrecostos acumulados durante los años de paralización.
La Unión Transitoria de Empresas está encabezada por la estatal china Gezhouba junto a los socios argentinos
Eiling e Hidrocuyo
que participaron desde el inicio del emprendimiento. En las últimas semanas comenzó a circular la versión de que los socios locales podrían salir del consorcio y que la obra quedaría exclusivamente bajo control chino.
Sin embargo, fuentes al tanto de la negociación aclararon a LPO que esa interpretación es prematura. Según explicaron, el documento que está por concretarse es un memorando de entendimiento que reconoce los deslizamientos, fija el esquema de compensaciones económicas y abre la posibilidad de ajustes internos en la composición societaria durante 2026, algo habitual en megaproyectos de infraestructura.
«No existe una cláusula automática que obligue a la salida de empresas argentinas ni está previsto el ingreso de nuevos socios», afirmo la fuente consultada.
El trasfondo excede lo contractual. Para China, las represas representan su obra insignia en el exterior y un símbolo del despliegue global de su financiamiento estatal. Para Argentina, la reactivación genera una tensión inesperada con la Casa Blanca, que MIlei busca amortiguar con gestos de alineamiento exagerado y personal con Trump.
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El Sindicato del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y Cabotaje Marítimo lanzó un paro de 48 horas contra la reforma laboral, en una medida de fuerza que bloquea las las exportaciones de granos y otros productos. Su secretario General, Mariano Moreno, advirtió que «al personal embarcado no le dejan ni el 14 bis», en referencia al artículo de la Constitución que garantiza los derechos laborales.
Según el dirigente gremial, el artículo 2° del proyecto que salió con media sanción del Senado «excluye de forma explícita al personal embarcado en su inciso g y lo pone en igualdad de condiciones que las personas privadas de su libertad, esto significa que ya ni siquiera se cuenta con los derechos más básicos que protegen al trabajador».
Moreno argumentó que «antes, si había un conflicto no previsto en el contrato de ajuste, se invocaba la Ley de Contrato de Trabajo para proteger al marinero o Capitán pero, con esta reforma, se asume que el régimen de navegación es autónomo». «Esto debilita la protección general porque la Ley de Navegación es de carácter comercial y administrativo, y no tiene la carga de justicia social y protección al trabajador que tiene un Convenio Colectivo de Trabajo o lo mínimo que garantiza la LCT», precisó.
La preocupación del sindicato es por lo que llaman la «monotributización» de su actividad. El líder gremial alerta que la incorporación de conceptos como transporte y flete a los contratos regulados por el Código Civil y Comercial, tal como consta en el artículo 2° de la ley en debate, «abre una puerta peligrosa para que las empresas argumenten que ciertos servicios no son empleo, sino una relación comercial entre partes independientes».
Fuentes sindicales explicaron a LPO que «si la medida de fuerza o el cese de actividades involucra el amarre y desamarre de buques, impacta de forma directa y genera demoras y atraso en la carga de granos y productos». «Principalmente en los puertos del UP River, desde San Lorenzo a Timbúes», precisaron.
La huelga comenzó durante la medianoche de este miércoles y se extendería por 48 horas. «Son 17 puertos que quedarían sin servicio y no pueden atracar los barcos», anticiparon en el gremio y agregaron que «si bien se puede mantener alguna guardia mínima en determinadas tripulaciones, el paro afecta a todo el comercio exterior».
Si la medida de fuerza o el cese de actividades involucra el amarre y desamarre de buques, impacta de forma directa y genera demoras y atraso en la carga de granos y productos
Los datos oficiales del sector Marítimo, Fluvial y Pesquero indican que el 100% de su personal está registrado, por la imposibilidad de evadir controles en los registros de embarcación. «De ser una actividad regulada y en blanco, podríamos pasar a ser un sector regido por acuerdos individuales y monotributo, lo que llevaría al desmembramiento de la profesión», alertó Moreno.
Por otro lado, los 9 gremios de la Federación Sindical Marítima y Fluvial (FESIMAF) iniciaron un paro de actividades en rechazo a la reforma laboral. Se trata de una decisión inédita motivada por la exclusión legal de los Marinos Mercantes en la nueva ley y la equiparación con presidiarios.
Un marino en actividad dijo a LPO que «quedar fuera de la ley implica que toda legislación aplicable caduca para este sector. La ley remite al sector a la Ley de Navegación, donde la relación de dependencia (vacaciones, aguinaldo, accidente) termina al desembarcar y firmar el fin del contrato. Esta precariedad legal no se aplica ni siquiera a taxistas, colectiveros o choferes de locomotora.».
En este marco, informan fuentes de la Marina que «se instruyó a los tripulantes remolcadores que no le presten asistencia ni de entrada ni de salida a los buques de pasajeros en todo el territorio argentino, tanto el puerto de Ushuaia, Puerto Madryn y Buenos Aires».
En ese marco, la FESIMAF informó que realizará una conferencia de prensa por la tarde de este miércoles con el eje puerto en el rechazo al tratamiento de la Reforma Laboral y, especialmente, a la modificación del artículo 1 del proyecto, que excluye a la Marina Mercante de la Ley de Contrato de Trabajo.
Quedar fuera de la ley implica que toda legislación aplicable caduca para este sector. La ley remite al sector a la Ley de Navegación, donde la relación de dependencia (vacaciones, aguinaldo, accidente) termina al desembarcar y firmar el fin del contrato. Esta precariedad legal no se aplica ni siquiera a taxistas, colectiveros o choferes de locomotora
La Federación de Estibadores Portuarios Argentinos (FEPA) también adhiere a la medida de fuerza y comunicó que garantizará el cumplimiento efectivo del paro en cada terminal portuaria, en rechazo a una reforma que según explicaron en el comunicado «pone en riesgo convenios colectivos, condiciones laborales y estabilidad en la actividad».
A su vez, el Sindicato de Conductores Navales (Siconara) anunció que el paro de 48 horas es ante la iniciativa legislativa que «pretende excluir al personal embarcado de la Ley de Contrato de Trabajo, dejándolo fuera de la protección laboral básica y ubicándolo bajo el Código de Comercio. Lo cual es una negligencia que reclamamos sea excluida ahora en Diputados luego de su aprobación en el Senado», señaló su secretario general, Mariano Vilar, quien agregó que se movilizarán el jueves 19/02 al Congreso Nacional.
Desde la organización sostuvieron que esta reforma, de aprobarse así, constituye «un ajuste laboral que atenta contra principios protectores elementales, deteriora las condiciones del transporte marítimo y generará impactos operativos directos sobre la logística y el comercio exterior del país, por eso nos movilizamos al congreso nacional esté jueves».
Vilar remarcó que los Conductores Navales «somos trabajadores argentinos en Argentina, en tierra o en el mar, y debemos regirnos por los mismos derechos que el resto. Pretenden excluirnos incluso del alcance de la justicia laboral, ubicándonos bajo el Código de Comercio como si no fuéramos trabajadores, incluyéndonos en otro regímenes, cómo los que se encuentran privados de su libertad».
«Esto no es modernización ni adecuación normativa: es un recorte de derechos. Pretenden convertir a los trabajadores embarcados en personal con menor tutela jurídica, debilitando garantías esenciales frente al abuso patronal», afirmó.
«Excluirnos implica poner en riesgo licencias y resguardos frente al fraude laboral. Además, tensiona el funcionamiento del sistema marítimo y podría afectar la cadena del comercio exterior si se consolida este retroceso. La actividad marítima es estratégica para el país. No aceptaremos que se avance en una legislación que degrade condiciones laborales y comprometa el normal desarrollo del transporte y la producción», cerró.
