Javier Milei descartó que el gobierno contemple algún plan de ayuda para los millones de argentinos endeudados. «Nadie les puso una pistola en la cabeza para endeudarse», los culpó.
Al igual que Luis Caputo, el presidente se desentendió de un problema que afecta al 12,8% de las familias argentinas, según el último informe del Banco Central. Según una encuesta de Opina Argentina, la mitad de los argentinos se endeudó para pagar gastos cotidianos, como la comida.
Milei dijo que el salto de la morosidad es un «problema entre privados». «¿Es correcto que yo le haga pagar a usted eso?», preguntó en una entrevista con Luis Majul.
El presidente sostuvo que «obviamente» los endeudados tienen responsabilidad y se mostró poco empático con la situación que atraviesan millones de argentinos. «¿Les pusieron una pistola en la cabeza para endeudarse? Bueno», afirmó.
«Decir que lo tiene que arreglar el Estado es pasarle la cuenta a todos los demás. Eso no está bien», agregó Milei y dijo que el gobierno «fomenta» que los bancos refinancien las deudas.
Los dichos de Milei están en línea con las declaraciones de Caputo, que sostuvo que «es un tema entre privados» y que los deudores tienen que hacerse cargo de sus decisiones. «Si yo te ayudo a vos porque tomaste mal un crédito… y yo no sé si vos tomaste mal el crédito porque no llegabas a fin de mes o porque alguien te había contado que Milei se iba y el dólar se iba a ir», indicó el ministro de Economía.
«Tampoco hay mucho que nosotros podamos hacer ahí. Es parte también de la gimnasia de los bancos. Nosotros en su momento le dijimos a más de un banco: ‘Si estás prestando plata al 10% mensual, los sueldos crecen al 2%, lo más probable es que esta gente no te pague'», completó Caputo.
Según la consultora EcoGo, hay 20,9 millones de argentinos con algún crédito vigente, pero el dato más alarmante es que 5,8 millones ya registran atrasos mayores a 90 días.
Quien es incapaz de instalarse, olvidando todo lo ya pasado, en el umbral del presente, quien es incapaz de permanecer erguido en un determinado punto, sin vértigo ni miedo, como una diosa de la victoria, no sabrá lo que es la felicidad o, lo que es peor, no hará nunca nada que haga felices a…
La presión de Donald Trump para reducir la dependencia de China en minerales críticos choca en Argentina con una realidad difícil de modificar: las empresas chinas siguen ganando posiciones en la minería y aparecen detrás de algunos de los proyectos más importantes que buscan aprovechar los beneficios del RIGI.
El fenómeno es particularmente fuerte en el litio. Si se suman los proyectos ya aprobados y aquellos que todavía esperan la luz verde del Gobierno, cerca del 70% de la capacidad productiva anunciada corresponde a desarrollos con participación directa de capital chino. No significa que China sea propietaria de ese porcentaje de la producción, pero muestra el peso que alcanzaron sus compañías en la expansión del sector.
«China tiene una ventaja difícil de revertir porque no solamente aporta capital, sino que controla buena parte de la cadena industrial del litio. Para Argentina es muy difícil pensar una expansión acelerada de la producción sin financiamiento o participación de empresas chinas», explicó a LPO un analista del sector minero.
La avanzada ya se observa dentro del RIGI. En junio, el Gobierno aprobó la ampliación de Cauchari-Olaroz, en Jujuy, operado por Minera Exar y con participación de la china Ganfeng Lithium, Lithium Argentina y la estatal jujeña JEMSE. La segunda etapa contempla una inversión estimada de entre US$1.166 millones y US$1.241 millones y permitirá llevar la capacidad hasta unas 85.000 toneladas anuales.
Un mes después fue aprobado Tres Quebradas, en Catamarca. El proyecto pertenece a Liex, controlada por Zijin Mining, que prevé desembolsar alrededor de US$709 millones para sumar una segunda etapa con capacidad para producir otras 40.000 toneladas anuales de carbonato de litio. Zijin controla el 100% del emprendimiento.
Entre los dos proyectos, las compañías chinas ya tienen participación directa en desarrollos aprobados por el RIGI que proyectan una capacidad conjunta cercana a las 125.000 toneladas anuales. Pero el número podría crecer con fuerza si Economía habilita algunos de los expedientes que todavía están bajo análisis.
China tiene una ventaja difícil de revertir porque no solamente aporta capital, sino que controla buena parte de la cadena industrial del litio. Para Argentina es muy difícil pensar una expansión acelerada de la producción sin financiamiento o participación de empresas chinas.
La apuesta más importante es Pozuelos-Pastos Grandes (PPG), en Salta. Ganfeng desarrolla el proyecto junto con Lithium Argentina y proyecta una inversión de US$3.000 millones. El plan contempla alcanzar hasta 150.000 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente, distribuidas en tres etapas. Una vez consolidada la sociedad, Ganfeng tendrá el 67% y Lithium Argentina el 33%.
«Si PPG finalmente entra al RIGI, el peso de Ganfeng en el mapa argentino cambia de escala. Es un proyecto que por sí solo puede alcanzar una capacidad superior a la de varias operaciones que actualmente están en producción», señaló la fuente consultada por LPO.
Ganfeng y Zijin tampoco están solas. CNGR Advanced Material presentó un proyecto para el Salar de Jama, en Jujuy, que contempla una inversión de US$1.151 millones y una capacidad de aproximadamente 22.000 toneladas anuales. A eso se suma Litio Ángeles, vinculado a Tibet Summit/Xizang Zhufeng, con una inversión estimada en US$726 millones para producir unas 50.000 toneladas.
La presencia china se extiende además fuera del litio. Uno de los casos más importantes es Veladero, la mina de oro y plata de San Juan controlada en partes iguales por Barrick y Shandong Gold. El Gobierno aprobó este año el ingreso al RIGI de la ampliación de las fases 8 y 9 del sistema de lixiviación, lo que incorporó a otra de las grandes mineras chinas al régimen.
El avance se produce mientras Milei profundiza su alineamiento político con Trump. Estados Unidos convirtió el acceso a minerales críticos en un asunto de seguridad nacional y busca reducir especialmente la dependencia de los suministros procesados en China. En febrero, Buenos Aires y Washington firmaron un acuerdo sobre minerales críticos, aunque el canciller Pablo Quirno aclaró que eso no implicaba excluir inversiones provenientes del gigante asiático.
«Washington puede intentar limitar la dependencia china en sus propias cadenas de suministro, pero es mucho más difícil pedirle a Argentina que rechace inversiones por miles de millones de dólares. El RIGI fue diseñado para atraer capital y no establece una diferenciación geopolítica sobre su origen», explicó el operador consultado.
Washington puede intentar limitar la dependencia china en sus propias cadenas de suministro, pero es mucho más difícil pedirle a Argentina que rechace inversiones por miles de millones de dólares. El RIGI fue diseñado para atraer capital y no establece una diferenciación geopolítica sobre su origen.
Ese punto expone una de las contradicciones de la estrategia de Milei. Mientras el Gobierno construyó una relación política privilegiada con Washington, la economía argentina mantiene vínculos difíciles de reemplazar con Beijing. China continúa siendo uno de los principales compradores de productos argentinos, tiene una presencia creciente en la minería y además mantiene un rol relevante en las reservas internacionales del Banco Central a través del swap de monedas.
La dimensión económica ayuda a explicar esa convivencia. Las exportaciones mineras alcanzaron US$4.742 millones durante el primer semestre, un salto del 74,4% frente al mismo período de 2025. En ese contexto, China compró el 20% de las ventas mineras argentinas, frente al 9% que tuvo como destino Estados Unidos.
El RIGI, mientras tanto, se convirtió en una pieza central de esa expansión. El régimen ya acumula 21 proyectos aprobados por una inversión total de US$46.708 millones y la minería es el sector con mayor presencia, con 12 iniciativas. Además, permanecen bajo estudio otros 23 proyectos por US$152.271 millones, siete de ellos mineros.
La paradoja es que mientras Trump intenta alejar a China de las cadenas occidentales de minerales críticos, el principal instrumento de Milei para atraer grandes inversiones puede terminar consolidando la posición de Beijing sobre algunos de los recursos más estratégicos de Argentina.
La pelea del embajador Peter Lamelas con el gigante de telecomunicaciones chino Huawei esconde un interés de Estados Unidos por quedarse con el control de la red de fibra óptica más grande de Argentina.
La amenaza de la Embajada de EE.UU. a los integrantes de la cooperativa CALF de Neuquén, la principal distribuidora eléctrica de la Patagonia, por un acuerdo con Huawei; y la
advertencia de Lamelas sobre la continuidad de las inversiones estadounidenses en Vaca Muerta, son parte de una estrategia de presión para quedarse con un objetivo mucho más ambicioso.
Fuentes del sector explicaron a LPO que el objetivo real de Estados Unidos es que el gobierno de Javier Milei les entregue el control de la Red Federal de Fibra Óptica (Refefo) que opera Arsat y fue desarrollada durante el gobierno de Cristina Kirchner.
La Refefo tiene, según datos oficiales, 36.500 kilómetros de fibra óptica desplegada y 31.500 kilómetros iluminados, es decir activos. Se trata de una infraestructura indispensable para el despliegue de 5G.
Aunque Arsat es superavitaria, el gobierno de Milei la quiere privatizar. Ese escenario es el que quiere aprovechar Estados Unidos para que Milei le entregue esa monumental infraestructura a una empresa estadounidense.
El trasfondo de este debate es la pérdida de soberanía digital de la Argentina, un tema que LPO ya alertó con la entrega por parte de Milei de las bases de datos del Estado nacional a empresas como Amazon, Google o Microsoft.
El ataque de Lamelas a Huawei esconde un interés de Estados Unidos por quedarse con el control de la red de fibra óptica más grande de Argentina
El ataque de Lamelas a Huawei durante el AmCham Energy Summit generó una fuerte reacción de la embajada de China, que calificó los dichos como «una calumnia sin ningún fundamento». «El gobierno chino nunca pide ni pedirá a las empresas recolectar datos para el gobierno, violando las leyes», sostuvo.
Los chinos acusan a Estados Unidos de tener una «mentalidad de guerra fría». «Estorbar el orden de mercado con medidas excluyentes no está en sintonía con la política argentina de apertura económica. Argentina no necesita que nadie le enseñe cómo atraer mejor inversiones extranjeras», dice la embajada china, en una defensa de la soberanía argentina que no se le ha escuchado nunca al canciller Quirno o Milei.
Huawei, en tanto, sostuvo en un comunicado que «es una empresa 100% privada, con presencia en Argentina desde 2001, que opera en estricto cumplimiento de las leyes y regulaciones de cada país». «Desde su fundación en 1987, Huawei ha construido un historial impecable en materia de ciberseguridad y protección de datos», resaltaron.
También desde la cooperativa neuquina CALF rechazaron la presión de Lamelas. «Nosotros no vamos a relegar una transacción comercial con Huawei, excepto que aparezca una empresa que nos dé un mejor producto y a mejor precio», sostuvo el vicepresidente de CALF, Carlos Quintriqueo, en radio Led. «El silencio por parte del Estado, eso es lo que preocupa», advirtió.
En tanto, el gerente de Tecnologías de la Información y Comunicación de CALF,
Sergio Fernández Novoa, dijo en radio Urbana Play que antes de hacer pública la amenaza de la embajada de EEUU le escribieron a Quirno, pero nunca contestó. «Le compramos a otras fábricas chinas, a fábricas europeas y le compramos mucho a fábricas estadounidenses. No tenemos un convenio de exclusividad ni con Huawei, ni con nadie. Le compramos al que nos ofrece mejor precio, mejor financiación y la tecnología que se adapta mejor para ese proyecto», explicó.
El informe se presentará el 9 de junio, desde las 17:00hs, en una audiencia pública desde la Legislatura de Neuquén. “La basura del fracking en Vaca Muerta” evidencia la historia de contaminación e irregularidades de uno de los basureros petroleros más importantes de Argentina: Comarsa. La Izquierda Diario, el Observatorio Petrolero Sur y Taller Ecologista analizaron 1182…
La Argentina de la “libertad” tiene cada vez más ciudadanos obligados a depender exclusivamente del hospital público. Desde el inicio del gobierno de Javier Milei, más de 1,2 millones de personas dejaron de contar con obra social, prepaga o mutual, mientras las obras sociales nacionales perdieron más de un millón de beneficiarios. El deterioro del empleo formal y el fuerte aumento de las cuotas de las prepagas aparecen como dos de los factores centrales detrás de una transformación que vuelve a cargar sobre el Estado las consecuencias de un modelo que prometía exactamente lo contrario.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
Hay números que permiten discutir una política económica y hay números que obligan a discutir qué sociedad se está construyendo. Los datos difundidos a partir de registros oficiales de la Superintendencia de Servicios de Salud y de la Encuesta Permanente de Hogares, relevados por el Instituto Argentina Grande (IAG), pertenecen a la segunda categoría: desde el comienzo del gobierno de Javier Milei 1.246.285 personas se incorporaron al universo de argentinos que no cuentan con obra social, prepaga ni mutual. La cifra surge de comparar los 9.428.131 ciudadanos que estaban en esa situación en el cuarto trimestre de 2023 con los 10.674.416 registrados en el primer trimestre de 2026. En paralelo, las obras sociales nacionales perdieron 1.028.412 beneficiarios desde noviembre de 2023, en un proceso asociado a la pérdida de empleo registrado y al deterioro de la cobertura laboral.
El resultado es contundente: quienes dependen exclusivamente del sistema público pasaron de representar el 32% al 35,6% de la población. No se trata, por lo tanto, de una modificación marginal de las preferencias de los usuarios ni de una simple reorganización administrativa de las obras sociales. Es una transferencia de personas hacia el sistema público de salud, en un contexto en el que el Gobierno nacional viene sosteniendo una política de ajuste y reducción del gasto estatal que también impacta sobre hospitales, programas sanitarios, medicamentos y organismos vinculados a la atención de la población.
El “mercado” de la salud expulsa a quienes no pueden pagarlo
La contradicción del modelo libertario aparece con particular crudeza cuando se observa qué ocurre con la medicina privada. El Gobierno puede presentar la desregulación como una ampliación de la libertad de elección, pero la libertad de elegir una prepaga desaparece cuando el salario no alcanza para pagarla. Y si, al mismo tiempo, se deteriora el empleo formal, también se debilita la principal vía mediante la cual millones de trabajadores acceden a una obra social.
Los datos relevados muestran precisamente esa combinación. La merma de afiliados coincide con la pérdida de puestos de trabajo formales y con el aumento de las cuotas de las empresas de medicina prepaga, dos procesos que fueron modificando las condiciones materiales de acceso a la cobertura. La consecuencia concreta es que familias que durante años contaron con una cobertura privada o de seguridad social comenzaron a abandonar esos esquemas y quedaron dependiendo del hospital público.
El fenómeno también puede observarse dentro de las propias obras sociales. OSECAC, vinculada a los trabajadores de Comercio, perdió el 20,2% de sus beneficiarios desde noviembre de 2023. En el caso de OSPRERA, correspondiente a los trabajadores rurales, la caída fue del 15,9%, mientras que OSPCN, que concentra a empleados estatales, perdió el 19,1% de sus afiliados. La única entidad mencionada en el relevamiento que logró expandirse fue OSDEPYM, vinculada al universo de trabajadores monotributistas.
La fotografía que dejan esos números es particularmente significativa porque las obras sociales no funcionan aisladas del mercado laboral: son una expresión directa de la estructura del empleo. Cuando se destruyen puestos registrados, se deterioran los ingresos o aumenta la precarización, también se resiente el sistema de seguridad social que se financia mediante los aportes de trabajadores y empleadores. Por eso reducir la discusión sanitaria a cuánto dinero se destina al Ministerio de Salud significa mirar apenas una parte del problema.
El dato que debería preocupar especialmente al Gobierno: los jóvenes
Hay otro número que desnuda todavía más profundamente el alcance del proceso. Entre los argentinos de 15 a 29 años, el 49,9% no cuenta con obra social, prepaga ni mutual y depende exclusivamente del sistema público. Son 438.790 jóvenes más en esa situación respecto del cuarto trimestre de 2023.
Es difícil separar este fenómeno de la crisis que atraviesa el ingreso de las nuevas generaciones al mercado laboral. Los jóvenes suelen ser los primeros afectados por la informalidad, los empleos de menor estabilidad y los salarios que pierden capacidad de compra. Si a eso se suma que las coberturas privadas aumentan por encima de la capacidad de pago de muchas familias, el resultado es previsible: la cobertura sanitaria deja de ser un derecho garantizado por la inserción laboral y empieza a depender cada vez más de la capacidad económica individual.
Y allí aparece una de las grandes paradojas de la experiencia libertaria. El discurso oficial plantea que el Estado debe retirarse para que los individuos puedan elegir libremente. Pero cuando el mercado expulsa a quienes no pueden pagar, esos mismos ciudadanos no desaparecen. Siguen necesitando atención médica. Van al hospital público, concurren a las guardias, requieren medicamentos, estudios, tratamientos y profesionales. El Estado no deja de existir: recibe la demanda, pero con menos recursos y mayores dificultades para atenderla.
La consecuencia puede ser un sistema sanitario cada vez más segmentado: quienes tienen ingresos suficientes conservan o compran cobertura privada; quienes tienen una relación laboral formal intentan sostener su obra social; y una porción creciente de la población queda directamente a merced del sistema público. La supuesta libertad de elección termina convirtiéndose, para millones, en una elección que nunca existió: pagar o quedarse afuera.
Una transferencia silenciosa hacia el hospital público
El dato central de este proceso no es solamente cuántas personas perdieron una cobertura. Es quién termina absorbiendo las consecuencias. Cuando una familia abandona una prepaga porque ya no puede pagar la cuota, la necesidad sanitaria continúa. Cuando un trabajador pierde su empleo formal, también pierde la estructura de cobertura asociada a ese trabajo. Y cuando una obra social pierde afiliados, su capacidad financiera puede deteriorarse, afectando también la calidad y disponibilidad de las prestaciones.
Por eso, el crecimiento de la población sin obra social, prepaga ni mutual debería ser leído como un indicador social y económico de primer orden. Entre fines de 2023 y comienzos de 2026, más de 1,24 millones de personas se incorporaron al universo que carece de esos tres tipos de cobertura.
La discusión excede, entonces, la clásica pelea entre “Estado” y “mercado”. En la Argentina, la salud siempre estuvo organizada alrededor de una combinación de sistema público, seguridad social y sector privado. El problema aparece cuando una de esas patas comienza a recibir cada vez más demanda mientras las otras pierden afiliados y capacidad de financiamiento.
Y mientras el Gobierno celebra la reducción de determinadas partidas como si fueran simples números de una planilla presupuestaria, del otro lado de esa planilla hay personas. Son trabajadores que ya no tienen obra social, familias que dejaron de pagar una prepaga, jóvenes que nunca lograron acceder a una cobertura y pacientes que, ante una enfermedad, terminan recurriendo al hospital público.
El modelo puede llamarlo “eficiencia”. Puede presentarlo como una consecuencia inevitable de ordenar las cuentas. Pero los números muestran otra cosa: una parte creciente de la sociedad argentina está siendo empujada hacia un sistema público que, paradójicamente, el mismo modelo económico pretende adelgazar.
La verdadera pregunta política ya no es cuánto puede reducirse el Estado. Es cuánto puede soportar una sociedad cuando cada vez más personas necesitan de él y, al mismo tiempo, el Gobierno decide retirarle recursos. Porque la salud no funciona como una mercancía cualquiera: cuando alguien deja de poder pagarla, no deja de enfermarse. Y esa cuenta, tarde o temprano, alguien tiene que pagarla.
Tras el encuentro concretado hace menos de una semana entre el Intendente Marcelo Orazi y la Primera Dama Fabiola Yáñez en Olivos, este lunes visitó la ciudad Claudia Silveiro de su equipo de trabajo para coordinar aspectos de la construcción del vacunatorio pediátrico anunciado en esa oportunidad. Silveiro fue recibida por el Intendente Marcelo Orazi…
