Luego de que el gobierno de Javier Milei anunciase el cierre del Instituto Nacional Juan Domingo Perón, el PJ nacional conducido por Cristina Kirchner denunció “persecución ideológica” y reclamó un convenio de traspaso para que el partido se haga cargo de los costos operativos y de conservación.
Junto a la disolución de este instituto de estudios e investigaciones históricas, sociales y políticas, se dispuso también el cierre de la Comisión Permanente Nacional de Homenaje al Teniente General Juan Domingo Perón.
Eso, en el marco del plan de cierre, fusión y centralización de organismos de la Secretaría de Cultura que impulsa el gobierno libertario. Días atrás, Manuel Adorni amparó la medida a una “carga presupuestaria injustificada”.
Frente a eso, el PJ nacional denunció que estos cierres se ejecutan “de manera discrecional y abrupta” y que “enmascara una persecución ideológica hacia cualquier institución, persona o entidad vinculada con el justicialismo y el movimiento peronista”.
EL PARTIDO JUSTICIALISTA Y LA DEFENSA DEL PATRIMONIO HISTÃRICO CULTURAL El gobierno de Milei dispuso la disolución del âInstituto Nacional Juan Domingo Perón de Estudios e Investigaciones Históricas, Sociales y PolÃticasâ y de la âComisión Permanente Nacional de Homenaje al⦠pic.twitter.com/n7zIPc4srZ
— Partido Justicialista (@p_justicialista) May 22, 2025
Por eso, envió una nota a Guillermo Francos proponiendo la suscripción de un convenio para transferir todos los bienes, objetos y documentos del Instituto al PJ Nacional, que asumiría “todos los costos operativos y de conservación”.
Ese planteo del PJ nacional surgió horas después de que el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, diera a conocer una nota que le envió a Cristina Kirchner pidiendo que el partido haga las gestiones pertinentes para hacerse cargo del Instituto.
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El karinista Sebastián Pareja se esforzó por despejar ante la prensa las dudas sobre la voluntad de Javier Milei de absorber al PRO, al término de la reunión que mantuvo junto a Karina Milei con los diputados Cristian Ritondo y Diego Santilli en Casa Rosada. “Dentro de nuestros objetivos no está aniquilar a una fuerza política como el PRO, bajo ningún punto de vista”, expresó el armador bonaerense de Karina Milei.
Al lado suyo, Ritondo preguntó a los periodistas si lo que buscaban era ver si se peleaban. Pareja acotó: “Parece que queremos ver si es un porcentaje. Si hay una sección electoral o lista de candidatos en que hay mejores actores de un bando o el otro o un partido o el otro”.
De la cita participaron también el subsecretario General de la Presidencia, Lule Menem, y el titular de la Cámara Baja, Martín Menem, los dos hombres de mayor confianza de Karina Milei.
Fuentes al tanto de lo conversado dijeron a LPO que “hay confianza”. “No nos van a traicionar pero uno tiene que ser realista cuando negocia”, reconocieron.
La referencia apunta a que los macristas apuestan a que renueven sus mandatos de diputados nacionales Santilli, Alejandro Finocchiaro y Florencia De Sensi, más algún legislador que reclame Mauricio Macri. “Esperemos que no se le ocurra meter a Fernando De Andreis o Guillermo Dietrich porque ya hay algunos que los están vetando”, anticipó a LPO un dirigente libertario.
Dentro de nuestros objetivos no está aniquilar a una fuerza política como el PRO.
El problema es que Ritondo y Santilli llegan a esta negociación con poca nafta, luego de la apabullante caída del PRO en Capital. “Los del PRO están entregados, pero Javier y Karina saben que, si no cierran con ellos, pueden perder la provincia de Buenos Aires”, agregó el dirigente consultado.
La necesidad de ganarle a Cristina ahora ya es un tema de impacto económico y por eso se metió el propio Milei, que el jueves pasado estuvo reunido dos horas con Ritondo. “Los empresarios están de acuerdo con el rumbo pero preguntan si va a ganar Cristina o va a volver el kirchnerismo porque, si es así, no invierten un peso”, afirmó a LPO un funcionario.
El temor de los macristas es que los terminen usando y no les den casi nada y por eso están pidiendo que el cierre de las lisas provinciales y de diputados nacionales sea conjunto, aunque las elecciones estén desdobladas. “Temen seguir la suerte de los radicales con peluca, que se fueron de la UCR y ahora no les da lugar en las listas”, explicó a LPO uno de los dirigentes libertarios que participa de las negociaciones.
La preocupación es por la distancia temporal entre el inicio de la campaña para competir por las bancas en la Legislatura bonaerense y el cierre de listas para las elecciones nacionales: “Si no tenemos armadas las listas y empiezan los quilombos típicos de la negociación, se puede pudrir todo”, arriesgan.
Ya en noviembre de 2023, un grupo de diputados macristas fue al Hotel Libertador para celebrar el triunfo de Milei en ballotage contra Sergio Massa y, al salir, uno de ellos le dijo a Ritondo: “estamos sobrados”. La tropa del PRO pensaba que podía copar el gobierno libertario con cierta facilidad pero, luego, no fue así.
Una condición (para el acuerdo) es que los diputados que asuman por nuestra lista tengan el compromiso de bancar.
Como sea, al término del encuentro de este lunes, Ritondo bajó una línea de claro alineamiento con el Gobierno: “una condición (para el acuerdo) es que los diputados que asuman por nuestra lista tengan el compromiso de bancar”.
Con esa cláusula en el aire, los macristas aspiran a bloquear el ingreso de legisladores radicales que no estén dispuestos a jugarse enteros por las leyes del oficialismo.
Por caso, ven con buenos ojos la posibilidad de incorporar al acuerdo al sector del radicalismo bonaerense que responde al senador Maximiliano Abad. Uno de los posibles nombres que se barajan para representar a la UCR bonaerense en la boleta de diputados nacionales es el de Fabio Quetglas.
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El gobierno mira con atención el impacto internacional de la condena contra Cristina. Con la confirmación de la Corte Suprema, la estrategia de la ex presidente pasará por la presión internacional a través de la sumatoria de apoyos políticos como el de Claudia Sheinbaum y Lula y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
LPO adelantó en exclusivo que el Grupo de Puebla es uno de los sectores que acompaña a través del Consejo Latinoamericano de la Justicia y Democracia que lideran la abogada brasileña Carol Proner y el ex juez español Baltasar Garzón, se trata de dos juristas prestigiosos y con mucha conexión en los ámbitos de la justicia internacional.
El equipo jurídico del Grupo Puebla cree que “el avance de Donald Trump y Milei sobre Cristina es evidente, bochornoso e ilegal” y por eso la decisión es presentarse ante la CIDH.
Una fuente que trabaja en este sentido explicó a LPO que “todavía no están definidos los pasos pero si está la decisión hacer una presentación ante la Corte Interamericana, pero eso tiene sus tiempos, porque primero tienen que resolver, están todos muy abocados a si le dan la domiciliaria”.
Por el otro, agregan, se está conformando el Comité por la Libertad de Cristina, en un esquema parecido al realizado para reclamar la liberación del ex vicepresidente de Rafael Correa, Jorge Glas, donde confluyen juristas, abogados de distintos países para realizar acciones de defensa de Cristina a nivel internacional.
En esa línea, en el Partido Justicialista reunieron a todos los dirigentes vinculadas con relaciones internacionales del peronismo para realizar acciones conjuntas.
Se está conformando el Comité por la Libertad de Cristina, en un esquema parecido al realizado para reclamar la liberación del ex vicepresidente de Rafael Correa, Jorge Glas, donde confluyen juristas, abogados de distintos países para realizar acciones de defensa de Cristina a nivel internacional.
Entonces, aquí tenemos tres frentes de acción para Cristina en el plano internacional. El Grupo de Puebla con Proner y Baltazar Garzón, los abogados personales Cristina como Carlos Beraldi y el Partido Justicialista en coordinación con los aliados regionales como el PT de Brasil, Morena en México y hasta algunos se animan a sumar al Partido Comunista de China con quien el PJ tiene una relación cercana e institucional.
Ex juez Baltazar Garzón.
Una fuente que esta trabajando con la ex presidenta aclaró que antes de llegar a la corte interamericana deben agotarse las instancias institucionales dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. “El reclamo puede ser una petición individual ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: CFK (como persona afectada), sus representantes legales, un tercero (ONG, un abogado o un ciudadano) con interés legítimo”, detalla.
Una vez hecho el pedido alegando violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la CIDH evalúa si se cumplen los requisitos formales como el agotamiento de recursos internos, el plazo de 6 meses desde la última resolución judicial definitiva y la no duplicación, es decir, que este en estudio en otra instancia internacional.
Tenemos tres frentes de acción para Cristina en el plano internacional. El Grupo de Puebla con Proner y Baltazar Garzón, los abogados personales Cristina como Carlos Beraldi y el Partido Justicialista en coordinación con los aliados regionales como el PT de Brasil y Morena en México.
Si la CIDH admite la denuncia, estudia el caso y determina si hubo violación de derechos (ejemplo, debido proceso, persecución política, etc). Luego emite informe de fondo que es más largo y más detallado con todos los hechos y derechos violados y recomendaciones al estado argentino. En esta instancia si el estado no cumple , la CIDH puede mandar el caso a la corte .
La CIDH puede emitir recomendaciones al Estado argentino, remitir a la Corte IDHSi Argentina no cumple con las recomendaciones dentro de un plazo, la CIDH puede enviar el caso a la Corte IDH (la víctima no puede hacerlo directamente).
Allí se analiza el caso y, si encuentra violaciones, puede condenar al Estado argentino, ordenar reparaciones y eventualmente exigir la nulidad del fallo o medidas para restituir derechos como el derecho a ser candidata.
Argentina tiene representación en la CIDH con Andrea Pochak que trabaja en este tipo de causas pero al ser argentina no va a poder tener voto.
Andrea Pochak, comisionada de la CIDH.
“Hay que tener en claro que la Corte Interamericana no es un tribunal de alzada o apelación de la justicia argentina. No tiene la facultad de dejar sin efecto una sentencia de la CSJN. En caso de se acepten los argumentos de violación al debido proceso puede decir que AR violó el Pacto de San José y pedir a Argentina que adecue su conducta como que haya un nuevo juicio”, puntualizó esta fuente.
Con todo esto, el gobierno está molesto por los costos que puede generarle esta situación tanto en las cumbres políticas como en otros ámbitos globales a partir de la denuncia en la justicia internacional.
Una fuente diplomática de buen diálogo con el canciller reconoció a LPO que “es una situación incómoda. Tres de cuatro socios del Mercosur se solidarizaron con Cristina, dos de los tres países latinoamericanos del G20 también”.
Es una situación incómoda. Tres de cuatro socios del Mercosur se solidarizaron con Cristina, dos de los tres países latinoamericanos del G20 también
Otro diplomático con experiencia en organismos internacionales dijo que “la condena estará presente en todas las instancias de representación. Los embajadores estaban complicados para lograr consensos antes de esto, ahora será peor”.
A su vez, sostiene que “está claro que Milei cree que con el apoyo de Estados Unidos alcanzó para defender esto pero el mundo y los acuerdos que tiene Argentina con otros países, especialmente con la región son muchos”.
“Decimos que somos la salvación de los valores de la libertad de Occidente y tenemos a la líder de la oposición presa y con respaldo internacional. Aunque no la quieran ver, nos quita prestigio internacional”, concluye.
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