Pablo Quirno publicó un misterioso posteo en X que alimenta todo tipo de especulaciones. El canciller escribió: «Vine a reunirme con el Presidente para darle «la Buena Noticia» que hará feliz a todo el pueblo argentino. Solo resta definir la fecha… qué linda Primavera…! Dios bendiga a los argentinos, que las Fuerzas del Cielo nos acompañen y VLLC».
Fuentes diplomáticas consultadas LPO surgieron que esta visita que sería durante el mes de septiembre podría ser la del Papa León XVI. «Traer al Papa en medio de la crisis es ideal», afirma este funcionario.»Está casi confirmado. Seguro será entre septiembre y noviembre», agregó.
El Gobierno atraviesa un momento de extrema tensión interna desatada por los escándalos de corrupción de Manuel Adorni que generó malestar con Patricia Bullrich, la guerra entre Santiago Caputo y sus milicias digitales con Martín Menem por el supuesto usuario falso llamado Periodista Rufus y los audios de «la concha mágica».
A eso, se la suma una situación económica compleja con alta inflación que el gobierno busca maquillar con los últimos números de recuperación de la actividad económica.
Quirno también apuesta a ser el reemplazante de Manuel Adorni en la jefatura de Gabinete en caso de una saluda por las irregularidades en su patrimonio y eso fue lo que le dijo a su entorno.
LPO reveló en exclusivo el mes pasado que Quirno volvió de la visita oficial al Estado de Israel en estado de éxtasis porque está convencido que tiene el apoyo de la eran del presidente para ser el próximo jefe de Gabinete. «Está agrandado, cree que tiene a Karina metida en el bolsillo», dijo a LPO una fuente libertaria.
Traer al Papa en medio de la crisis es ideal. Está casi confirmado. Seguro será entre septiembre y noviembre
El funcionario logró hacer equilibrio en la interna libertaria ya que es elogiado por el Presidente, es bien visto por Karina y no está bajo el fuego de Santiago Caputo. De hecho, mantuvo en la secretaría de Culto a uno de los suyos tras la salida de Nahuel Sotelo.
La llegada del Papa León XIV puede correr el eje de la crisis pero al mismo tiempo es darle espacio a un líder fuerte que continuó el estilo de Francisco y tomó una notable distancia de dos aliados de Milei con son Donald Trump y Benjamín Netanhayu.
La crisis financiera de Granja Tres Arroyos ya suma varios meses y ahora derivó en el cierre por tiempo indeterminado de la planta La China, en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. La empresa venía atravesando problemas graves, como anticipó LPO, y terminó pagando salarios cuotas. Los últimos acuerdos con los trabajadores preveían 10 cuotas para completar la quincena.
Joaquín de Grazia es el dueño de Granja Tres Arroyos y una de las espadas empresarias que defiende el modelo de Javier Milei y fue un acérrimo defensor de la reforma laboral que impulsó en gobierno y que está frenada en la justicia.
El grupo avícola le atribuyó la decisión de cerrar la fábrica a los «continuos conflictos sindicales» y a medidas de fuerza que, según denunciaron, paralizaron la operación y rompieron la cadena productiva de la región.
Sin embargo, la compañía venía arrastrando desde hacía meses una fuerte crisis financiera que afectó a todas sus plantas, con deudas a proveedores, criadores de pollos y trabajadores. La situación llegó a un punto crítico cuando las quincenas comenzaron a pagarse primero en dos cuotas, luego en cinco y finalmente en 10 veces y con incumplimientos permanentes en los cronogramas acordados.
«Se pactaba una fecha de pago y cuando llegaba el día la plata no aparecía», contó un trabajador del grupo que habló con LPO. La crisis también obligó a reducir jornadas laborales en distintas plantas de manera rotativa y los días que estaban parados, esa jornada se pagaba al 60% del convenio.
La crisis también obligó a reducir jornadas laborales en distintas plantas de manera rotativa y los días que estaban parados, esa jornada se pagaba al 60% del convenio.
El deterioro financiero de Tres Arroyos arrastró también a las plantas de la ex Cresta Roja que integran el grupo. La empresa ya había cerrado y desmantelado la Planta 1 de Ezeiza para concentrar toda la producción en Esteban Echeverría.
Cresta Roja llegó a tener unos 3500 trabajadores cuando comenzó su crisis en 2015. Hoy, en toda la cadena productiva que incluye producción de huevos, incubación, granjas de cría, molinos y frigoríficos, no llegan a 800 empleados.
%uD83D%uDD34 | Corte en Entre Ríos por conflicto en Granja Tres Arroyos.Trabajadores de la planta La China, en Concepción del Uruguay, tomaron el acceso al Monumento a Urquiza tras el cierre temporal de la empresa y atrasos en salarios. Crece la incertidumbre por los puestos en juego. pic.twitter.com/pQ2c5qE9bp
En el sector atribuyen buena parte de la crisis a la apertura de importaciones de pollo brasileño, que golpeó con fuerza el mercado interno en un contexto de caída del consumo y pérdida de competitividad para la industria local, como adelantó LPO.
A eso se sumaron las restricciones para exportar a principios de año por los problemas derivados por un brote de gripe aviar, que afectó a la producción destinada al mercado internacional. Ahora, el tema sanitario está resuelto, pero continúa el problema financiero que generó, dijeron a LPO fuentes que conocen bien la estructura productiva del grupo.
En el sector atribuyen buena parte de la crisis a la apertura de importaciones de pollo brasileño, que golpeó con fuerza el mercado interno en un contexto de caída del consumo y pérdida de competitividad para la industria local
En el comunicado difundido este miércoles, la empresa admitió además atravesar una «delicada situación financiera» producto de la caída exportadora, la pérdida de competitividad y el deterioro económico del sector.
En el comunicado, la empresa sostuvo que debió ingresar en un proceso preventivo de crisis, implementar retiros voluntarios y afrontar pagos salariales «de manera escalonada y en cuotas».
De todos modos, la compañía responsabilizó principalmente al gremio por el cierre de la planta de Concepción del Uruguay y denunció «paros constantes», «trabajo a desgano», ausentismo y situaciones de bloqueo contra empleados que querían continuar trabajando.
«Luego de agotar todas las instancias posibles de diálogo y ante la imposibilidad de garantizar condiciones mínimas de seguridad para operar, la compañía se vio forzada a tomar la difícil decisión de cerrar la planta por tiempo indeterminado», señaló la firma.
El gobierno de Axel Kicillof recurrió a la Corte Suprema reclamando anular un fallo que le ordena a la Provincia a pagar USD 3.895.000 a la Nación por una multa que, a la fecha de su liquidación, representa $ 5.511.425.000.
Es a raíz de un extenso proceso judicial derivado del incumplimiento de un contrato efectuado en agosto de 1999 por el que la Nación le cedía en préstamo por un año a la Provincia dos locomotoras General Motors de trocha media.
Al cumplirse el año, en agosto de 2000, el gobierno de Carlos Ruckauf no solo no abonó el canon mensual sino que tampoco devolvió las locomotoras. Por eso, comenzó a correr una multa de USD 1.000 por día.
En diciembre de 2017, cuando el gobierno de María Eugenia Vidal cerró Ferrobaires, esas locomotoras fueron devueltas a Nación. Pero en el reciente fallo de la Cámara, esa restitución no contó a la hora de aplicar el mecanismo de conversión monetaria.
Mientras, el gobierno de Javier Milei ya presentó la intimación para que la Provincia pague lo adeudado «bajo apercibimiento de ejecución».
La Provincia acusa una «contradicción» manifiesta del tribunal, ya que éste reconoció la restitución de las locomotoras en 2017 pero, simultáneamente, mantuvo un mecanismo de conversión monetaria de la multa bajo el supuesto de que nunca fueron restituídas
Es en ese marco que la Provincia se presentó ante la Corte pidiendo que se deje sin efecto lo que definió como una «escandalosa multa» impuesta en etapa liquidataria, en febrero último.
Los abogados del Estado bonaerense cuestionaron que, en el fallo de Cámara, el criterio de conversión monetaria de la multa se haya fijado sobre la base de que las locomotoras nunca se restituyeron, algo que sucedió en 2017.
En la presentación realizada días atrás a la que tuvo acceso LPO (ver abajo), el planteo de la Provincia habla de una «contradicción» manifiesta del tribunal, ya que éste reconoció la restitución de las locomotoras y fijó el corte temporal de la multa al 27 de diciembre de 2017.
«Pero, simultáneamente, mantuvo un mecanismo de conversión monetaria construido sobre el presupuesto fáctico contrario, o sea, la inexistencia de restitución hasta la fecha de liquidación». Es así que el tipo de cambio tomado no fue el de diciembre de 2017, sino el de febrero de 2026, con el dólar a $1.415.
«Tal escisión entre presupuesto fáctico y consecuencia jurídica configuró una solución arbitraria», acusaron los representantes del Estado bonaerense.
Así, la Provincia le pidió a la Corte que haga lugar a la cautelar solicitada, suspenda la ejecución y los plazos procesales ligados al cumplimiento de la sentencia. Además, solicitó que declaren la nulidad parcial de las resoluciones liquidatorias cuestionadas.
Los abogados del Estado bonaerense plantean que la sentencia «desconoce normas federales como la Ley 25.561, que dispuso la pesificación de obligaciones de contratos administrativos a la relación 1 peso = 1 dólar», por lo que advierten que se incurre «en arbitrariedad de sentencia».
En caso de no hacer lugar, pide la «morigeración judicial de la cláusula penal, por resultar manifiestamente exorbitante, irrazonable y contraria a la buena fe».
Desde la primera demanda en 2004, el proceso judicial por estas dos locomotoras tuvo un extenso derrotero.
En 2021, llegó la sentencia de primera instancia del Juzgado Contencioso Administrativo 11, que hizo lugar al planteo de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF) pero no fijó monto de condena.
En 2022, la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso confirmó la sentencia de primera instancia y ordenó una nueva liquidación. En 2023, con la etapa de liquidación, la Provincia planteó la pesificación de las obligaciones pero el juez lo rechazó.
Es ahí donde los abogados del Estado bonaerense plantean que la sentencia «desconoce normas federales como la Ley 25.561, que dispuso la pesificación de obligaciones de contratos administrativos a la relación 1 peso = 1 dólar», por lo que advierten que se incurre «en arbitrariedad de sentencia».
«Se llega a una condena exorbitante que excede incluso el valor real de las locomotoras que fueron entregadas a la provincia originariamente en locación pero luego afectadas al régimen de concesión de Nación a Provincia», advirtieron.
En caso de no hacer lugar la Corte al planteo, la Provincia pide la «morigeración judicial de la cláusula penal, por resultar manifiestamente exorbitante, irrazonable y contraria a la buena fe».
En ese punto, agregaron: «Mientras la deuda principal e intereses reconocidos ascienden a poco más de 3.3 millones de pesos, la cláusula penal mediante el mecanismo cuestionado supera los 5.500 millones de pesos. La magnitud de la diferencia evidencia por sí sola la pérdida absoluta de razonabilidad».
En un informe de marzo pasado, la subsecretaría de Hacienda provincial advirtió que, en virtud de la magnitud de los montos reclamados en esta causa, «no se cuenta con disponibilidad de recursos en la partida presupuestaria específica para afrontar dicho gasto en lo inmediato».
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