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MEJOR COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL ACTIVA, PRIORIDADES DE LA NUEVA GESTIÓN EN EL COPLADE

El arquitecto Pedro Molina es el nuevo director del Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo (COPLADE) en Villa Regina, luego de un llamado a concurso que tuvo a concejales como evaluadores y se caracterizó por la participación de profesionales locales con un alto grado de conocimiento y compromiso, el mencionado profesional logró ser elegido en el mes de agosto como el nuevo director del consejo consultor.

Con él nos comunicamos para interiorizarnos sobre cuáles van a ser los ejes  y objetivos a seguir en este nuevo proceso de gestión. Su presentación del plan de gestión para el COPLADE se basó en la verdadera función que este organismo debe cumplir como ente de asesoramiento y presentación de proyectos.

Algo fundamental en lo que el arquitecto hace hincapié y que se debe tener muy en cuenta es la verdadera participación y acción de la sociedad a través de las instituciones y organizaciones intermedias que nos representan a la sociedad en general”. Son organismo claves para hacer de nexo entre lo que es la verdadera función del COPLADE en lo que respecta a aportes de proyectos y la conexión con el Concejo Deliberante.

También agregó Molina “hay una frase que me ha acompañado y yo digo, que Regina debe ser  un centro regional de turismo y servicio reconocida como ciudad cultural y polo de innovación con desarrollo productivo que promueve el crecimiento inclusivo y sostenible con posición de ser la ciudad con acceso al gran portal urbano del alto vale este. En esas pautas se encamina el plan de gestión y a lo cual nosotros debemos estar aspirando como ciudad y como región o micro región”.

A su vez marca tres puntos primordiales a trabajar:

  • Una parte territorial ambiental , donde existe en las acciones un pacto conla naturaleza.
  • El marco económico productivo de desarrollo económico, no visto desde lo local sino desde la micro región del Alto Valle Este (MAVE) en el aspecto socio cultural en la parte de inclusión y derecho a la ciudad.
  • Modernización municipal.

Además aclara que una de las fallas que ha tenido el COPLADE hasta ahora tiene que ver con el plano comunicativo desde el ente hacia la sociedad, asumiendo que el desconocimiento del consejo o de sus funciones por parte de la comunidad es una falla del ente mismo.

Considera Molina que se han hecho cosas desde el COPLADE pero no articuladas no se ha avanzado de una forma lineal ni estratégica, en ese aspecto debemos estar actuando y  trabajando consolidadamente con las instituciones”.

“Es un organismo que en cierta forma no es vinculante o sea las decisiones pasan a ser del CD, pero cuando la participación de la sociedad es fluida creo que hay un mayor aval de esos proyectos en la cual el mismo cd o ejecutivo tienen mayores factores o bases para que los proyectos se lleven a cabo independientemente de o se pueden generar los recurso”, finalizó el flamante director del COLADE.

El desarrollo sustentable
es aquel tipo de “desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades” y que está “integrado por tres elementos fundamentales: el ambiental, el económico y el social, requiriendo un perfecto equilibrio entre esos tres elementos constitutivos, sin que ninguno de ellos adquiera mayor relevancia que los demás, lo que permite un verdadero desarrollo integral del ser humano – desarrollo económico, social, cultural y político- puesto que el hombre es el centro de las preocupaciones”. Martínez y López Alfonsín (2008)

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    La Justicia frena el ajuste universitario y obliga al Gobierno a pagar salarios y becas

     

    Un fallo federal le puso un límite al intento del Ejecutivo de vaciar la ley de financiamiento universitario. La Justicia ordenó aplicar de inmediato la norma votada por el Congreso y dejó sin efecto el decreto con el que Milei buscó congelar salarios docentes y becas estudiantiles.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    La ofensiva del Gobierno nacional contra el sistema universitario recibió este martes un golpe judicial de peso. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11 ordenó al Poder Ejecutivo cumplir de manera inmediata la ley de financiamiento universitario y suspendió, de forma cautelar, el decreto con el que la gestión libertaria había intentado frenar la actualización salarial de docentes y la recomposición automática de las becas.

    La decisión fue adoptada por el juez Martín Cormick, en el marco de una acción de amparo impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras entidades del sistema universitario, que denunciaron el vaciamiento de una ley aprobada por el Congreso y ratificada tras la insistencia legislativa de ambas cámaras.

    Un decreto para vaciar una ley

    En su resolución, el magistrado declaró inaplicable el decreto 759/2025 en el tramo en el que condicionaba la ejecución de la ley 27.795 a que el Congreso definiera previamente las fuentes de financiamiento. Para la Justicia, ese argumento no solo carece de sustento jurídico sino que constituye, en esta etapa del proceso, una conducta arbitraria y contraria a la Constitución.

    Cormick fue explícito: una vez que el Congreso insiste con una ley —tal como lo prevé el artículo 83 de la Constitución Nacional— el Poder Ejecutivo no puede introducir variantes suspensivas ni condicionamientos encubiertos a través de normas de jerarquía inferior. En otras palabras, Milei no puede vetar por decreto lo que el Parlamento ya resolvió por amplia mayoría.

    Salarios licuados y derechos vulnerados

    El fallo hace lugar a la medida cautelar y ordena al Estado cumplir de inmediato con los artículos 5 y 6 de la ley, que establecen la actualización de las partidas destinadas a salarios docentes y la recomposición automática de las becas estudiantiles. La medida regirá hasta que se dicte sentencia definitiva.

    En sus fundamentos, el juez advirtió que el incumplimiento de la ley genera “perjuicios graves de imposible reparación ulterior”, al remarcar la pérdida sostenida del poder adquisitivo de los trabajadores universitarios. Según señaló, esa situación vulnera derechos laborales protegidos tanto por la Constitución como por tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional.

    Pero el alcance del daño no se agota en los bolsillos. Cormick subrayó que el deterioro salarial afecta de manera directa el derecho a enseñar y a aprender, pilares básicos del sistema universitario público que el Gobierno viene atacando desde el inicio de su gestión.

    El falso argumento del “ahorro fiscal”

    La resolución también desmonta uno de los principales argumentos del Ejecutivo: el supuesto interés público asociado al ajuste. Para el juez, el eventual ahorro fiscal que implicaría no aplicar la ley es marginal, con un impacto estimado en apenas el 0,23 % del PBI, una cifra insignificante frente al daño estructural que provoca el desfinanciamiento de las universidades.

    En ese sentido, el fallo advierte que el decreto cuestionado podría vulnerar el principio de división de poderes, al intentar subordinar la vigencia de una ley del Congreso a la discrecionalidad del Ejecutivo. Un esquema que, de consolidarse, abriría la puerta a un vaciamiento sistemático del rol del Parlamento.

    Un límite judicial al ajuste

    Si bien el juez aclaró que la cautelar se dicta en una etapa preliminar y no implica adelantar opinión sobre el fondo del asunto, consideró plenamente acreditados los requisitos legales para ordenar el cumplimiento inmediato de la ley.

    La decisión judicial vuelve a poner en evidencia que el plan de ajuste del Gobierno no solo choca con la resistencia social y académica, sino también con los límites constitucionales. Esta vez, fue la Justicia la que recordó que las universidades no se gobiernan por decreto y que las leyes votadas por el Congreso están para cumplirse.

     

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